+ Energía, educación, telecom: junto, ya quedó

Dejando de lado la perspectiva local, ayer se concretó el conjunto de cambios que eran pavorosos para ciertos núcleos de la población, y que en otras circunstancias habrían sido motivo suficiente para incendiar al país. Al iniciar la semana, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó y mandó a publicar las leyes que constituyen el paquete de normas reglamentarias en materia de energéticos. Con ello queda consolidado el periodo de las llamadas “reformas estructurales”, que si una lección dejan es que tuvieron la capacidad de desmovilizar al país, para ubicarlo en rebeliones mínimas, y así poder sacar adelante este nuevo proyecto de nación que no sabemos qué tan benéfico o perjudicial será para el país.

En efecto, al finalizar la semana anterior el Congreso de la Unión dio por terminada la parte del proceso legislativo que les corresponde, y envió las 27 iniciativas de leyes en materia de energéticos ya aprobadas, para que el Ejecutivo continuara con el proceso y cumplir con el deber de promulgarlas, sancionarlas y mandarlas a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Todo ocurrió —incluyendo el acto protocolario de ayer— sin ningún contratiempo, sin ninguna protesta, y sin ningún incendio nacional. Todas las amenazas quedaron conjuradas a partir de la estrategia de focalizar las resistencias y no permitir que éstas se unieran.

Y es que a pesar de todo lo que se diga a favor o en contra del proyecto reformador del presidente Peña Nieto, lo único que hoy tenemos escasamente claro es que todo fue planeado de tal forma que se buscó la desmovilización y la imposibilidad de que todos los grupos disidentes al proyecto presidencial, unieran sus luchas. Pues resulta que los cambios hechos en el entramado institucional en su conjunto son enormes (en materia educativa, fiscal, en telecomunicaciones, en transparencia, en energéticos, y demás). Y a pesar de ello no hay mayores focos de resistencia que lo poco que queda en Oaxaca, y en algunas manifestaciones relacionadas con el impulso a una consulta popular para la reforma energética.

Este no es el escenario que se preveía hace dos años, cuando se anunció la intención de ir por un conjunto de reformas que eran particularmente sensibles para algunos grupos. Cuando se dijo, por ejemplo, que la reforma educativa sería un motivo para que los profesores incendiaran el país, no se tenía la claridad de qué era lo que se debía hacer para evitarlo. Al asumir el gobierno del presidente Peña Nieto, se tomó la decisión única de cortarle al SNTE su principal arteria política, con la detención de la profesora Elba Esther Gordillo. Pero prevaleció la inquietud porque el gobierno federal parecía despreocupado por dejar viva la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La preocupación no era ociosa. Hasta entonces, la Coordinadora era no sólo cabeza de la disidencia magisterial en el sureste de México, sino que fungía también uno de los principales vasos comunicantes entre todas las corrientes disidentes al gobierno federal desde inicios de la década anterior. La gran pregunta, entonces, era: ¿Qué hará el gobierno de la república si llegado el momento la inconformidad de la CNTE por la reforma educativa, se combina y se une con quienes se opongan a la reforma energética, y a su vez con quienes no estén de acuerdo, y salgan a las calles a manifestarlo, con las demás reformas?

¿Qué pasará —muchos se preguntaban, y con razón— si al final todos esos brotes se unen y conforman un solo frente que intente desestabilizar al país?

LA CIRCUNSTANCIA DE LOS TIEMPOS

La CNTE ha sido uno de los principales faros de la oposición en el país en los últimos tiempos. En 2006 apareció como un grupo robusto, organizado, suficiente y capaz de mantener en jaque a todo un gobierno, y de enfrentarse incluso a una maquinaria policiaca federal, a través de la fuerza del respaldo popular. Eso fue lo que demostraron cuando lograron el liderazgo indiscutible en el conflicto magisterial y popular de ese año en Oaxaca, y fue lo que todos los grupos le reconocieron en el ámbito nacional como auténticos líderes de la oposición en el país.

De ahí partía el riesgo en la actualidad. La CNTE, por ejemplo, habría sido uno de esos pocos grupos capaz de aglutinar a distintas vertientes de la izquierda mexicana —hasta las más radicales, incluso— si de lo que se trataba era de sostener una sola lucha en contra de las reformas estructurales en conjunto. No lo pudieron hacer porque el solo paso del tiempo, y el “timing” de las reformas estructurales, los obligó a claudicar en sus postulados democráticos y a centrarse en defender el feudo que les quedaba en Oaxaca, como un asunto ya no de fuerza política, sino de supervivencia.

En este escenario, resulta trágico que los grupos disidentes del país no tuvieran capacidad de unirse. Que, en el caso del magisterio de Oaxaca, el solo transcurso de los tiempos y las reformas, los obligaran a refugiarse en el territorio del estado para defender lo poco que les queda de un feudo que les fue arrebatado. Es trágico, primero porque en esas condiciones no hubo oportunidad de presentar una oposición efectiva a un conjunto de reformas que muy pocos saben y pueden entender qué tan favorables o dañinas pueden ser para el país.

Y esto es doblemente trágico porque, ya metidos en esa vorágine, los mismos grupos disidentes —y la CNTE en específico— no tuvo la claridad suficiente como para ser razonable, en tiempos en los que el mejor escenario para sus adversarios era que optara por la irracionabilidad —como finalmente lo está haciendo— para entonces descalificarlo de antemano y evitarle la posibilidad de ser un interlocutor capaz de dar una visión distinta a la que presentó, e impuso, el gobierno federal.

ARRINCONADOS

Ahora falta ver qué pasa con la ruta crítica de la reforma educativa en Oaxaca. El proceso es, en realidad, irrelevante: de todos modos, se armonice o no, se le cumpla o no el capricho a la Sección 22, de todos modos en enero entrará en vigor todo el conjunto de disposiciones en materia educativa, que de todos modos sujetarán al profesorado oaxaqueño y lo someterá a las nuevas reglas. Eso es irremediable. Más bien, y como lo apuntábamos desde hace tiempo, este proceso está sirviendo para dejar ver el tamaño de la debilidad institucional que tienen gobiernos estatales como el de Oaxaca.

Sanción: el descrédito de poderes locales

A pesar de los avances en la negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del SNTE, en Oaxaca continúa la duda en diversos sectores de qué pasaría si al final el Congreso del Estado decide simplemente no entrar al análisis de las iniciativas de ley educativa que pudieran presentarse para concluir el proceso de armonización con las normas federales, o si llega a darse el caso de que legalice el PTEO de la Sección 22.
En efecto, hoy en día todavía no existe certeza en Oaxaca de lo que pueda pasar. Reiteradamente, el gobernador Gabino Cué ha manifestado que antes de que inicie el próximo ciclo escolar —es decir, en menos de dos semanas— estará concluido el proceso de armonización de la legislación educativa local; y aunque con cierto recato, algunas voces en el Congreso local han comenzado a hacer afirmaciones en el mismo sentido.
El problema es que hasta hoy no se ha cumplido el punto clave del supuesto consenso que existe entre el magisterio y los poderes ejecutivo y legislativo: es decir, que no existe una iniciativa de reforma que sea la materialización del acuerdo entre el magisterio y los poderes, y que sea el reflejo de lo que todos quieren, sin romper con la Constitución federal. Hasta ayer, lo que había en el Congreso eran iniciativas presentadas por legisladores o por partidos en lo individual, pero no una iniciativa que fuese producto del pacto político del 10 de marzo firmado entre el Gobernador, la 22 y representantes del Congreso.
Esa incertidumbre, y la beligerancia del magisterio, es lo que ha alimentado la posibilidad de que de que finalmente el mentado proceso de armonización pudiera no ocurrir. Todos se ven presionados, pero en realidad no hay total claridad sobre qué efectos jurídicos concretos pueden tener quienes incurran, o perpetúen, la omisión legislativa del Congreso local. Podemos, sin embargo, inferir algunos escenarios. Veamos.
Si los diputados simplemente no hacen nada, estarían consolidando la omisión legislativa por la que el Ejecutivo federal ya presentó una controversia constitucional. La sentencia de esa controversia constitucional, seguramente tendría algunos de los efectos siguientes: condenar al Poder Legislativo a llevar a cabo la armonización en un plazo establecido; establecer las normas, o los criterios, que deberían aplicarse supletoriamente a los temas que debía abordar la ley sobre la que hay omisión; fijar una sanción específica a la autoridad administrativa ante el incumplimiento de su sentencia; y también fijar la consecuencia que podrían enfrentar los diputados ante la omisión legislativa.
En este último punto, vale la pena reflexionar sobre esa consecuencia que podrían enfrentar los diputados. Pues lo que a primera vista parece, es que esa consecuencia natural debía centrarse en el juicio político, ya que al omitir la armonización estarían cometiendo una violación directa a la Constitución. A su vez, el juicio político tiene como efecto que el servidor público que es hallado culpable, debe ser destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública durante un periodo determinado.
Y, frente a esto, vale la pena releer lo que, en el ámbito federal, establece la Constitución de la República. Ésta dice, en el tercer párrafo del artículo 110: “los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal y comunicada al Poder local que es integrado por ellos mismos, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

ARMONIZACIÓN INCONSTITUCIONAL
Ahora bien, ¿qué pasa si llegaran a convertir el PTEO en ley? Que habría una segunda controversia constitucional presentada también por el gobierno federal, a través de la cual lo que buscarían es la declaratoria de la Suprema Corte de que ciertos artículos, o toda la ley, fueran declarados inconstitucionales. Esto podrían lograrlo sin problemas. ¿Y después?
Seguramente lo que vendría es que la misma Corte, en su sentencia, establecería los parámetros de aplicación de las normas que supletoriamente debían regir las cuestiones en las que la ley educativa local habría sido declarada inconstitucional, o aún yendo más allá, establecería en la propia sentencia lo que debiera ser el marco de aplicación de reglas ante la inconstitucionalidad de la norma.
Todo esto vale la pena comenzar a considerarlo porque cualquier cosa puede pasar. Aunque hay promesas de que la ley educativa quedará lista el 18 de agosto, o antes, nada garantiza que eso pase, y mucho menos que lo aprobado sea armónico con la Constitución de la República.

LEGISLADORES IMPRUDENTES…
Quizá recuerden que fue un diputado federal oaxaqueño quien, en un arranque de valentía, en 2010 se atrevió a calificar como “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Quizá también se recuerde que dos diputadas federales fueron el hazmerreir del país cuando intentaron golpear, frente a las cámaras de televisión, a su homólogo, el extinto Guillermo Zavaleta. En ese mismo nivel, aunque un poquito peor, se encuentra el senador Benjamín Robles, quien al carecer de argumentos en el debate de la reforma energética intentó acusar de desvíos al fallecido padre del senador David Penchyna. Fue un poquito peor, porque a Robles lo calló el Presidente del Senado, lo vapulearon todos sus compañeros legisladores, y luego el propio Coordinador de la bancada perredista tuvo que ofrecer una disculpa por el exabrupto.

Alimentar división, clave ante reforma educativa

En medio de la revuelta política en Oaxaca, que ocurre en el marco de la discusión de la reforma educativa, la Sección 22 del SNTE puso en práctica una estrategia paralela, tendiente en tratar de dividir a las incipientes fibras políticas del PRI oaxaqueño. Está todavía por verse si en realidad su objetivo se cumplió, porque la intención magisterial no parece estar encaminada a minar a la fracción priista en el Congreso local por la armonización de la ley educativa, sino a dividir y confrontar a los dos principales grupos priistas en Oaxaca, de cara a la sucesión gubernamental que ya comienza a asomarse en la entidad.
En efecto, hace exactamente una semana la Sección 22 del SNTE echó a andar una estrategia inusitada —y aparentemente inexplicable— de ofensiva ante la inminencia de la armonización en materia educativa. Sin anunciarlo previamente y sin contar con el aval de la Asamblea Estatal, un grupo de maestros fue directamente a destruir las oficinas del PRI, y horas después hizo lo mismo en las respectivas casas de gestión del diputado federal Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña. Esto fue suficiente para reavivar, desde fuera, las eternas pugnas internas del priismo, que siempre han necesitado un motivo simple para encenderse.
¿Qué pasó? Que los mismos medios de comunicación que han sido los voceros históricos del movimiento magisterial acusaron, en los días siguientes, que todas esas acciones tenían el sello de uno de los ex gobernadores. A ese mismo ex Mandatario (José Murat) lo acusaron también —sin contar con mayores elementos, más que un puñado de señalamientos— de ser el artífice del bloqueo ocurrido durante algunas horas al acceso de las oficinas de un diario local.
El propósito no era difícil de adivinar: con las acciones de violencia por parte de la Sección 22, y los señalamientos hechos desde esa tribuna periodística, el propio magisterio y los aliados del régimen gobernante, intentaron construirle un terraplén estratégico al otro grupo político priista, antagónico al acusado, que hoy en día atraviesa por una situación casi de inanición en el escenario local. Todo, claro, con el ánimo de reanimar la pugna eterna entre los dos ex gobernadores, para hostilizar todavía más la relación entre sus respectivos grupos, y después aprovechar a su favor esa enésima fragmentación del priismo.
Revivir la pugna no era complicado. Tanto al magisterio como a algunos sectores afines al grupo gobernante, no les fue difícil calcular que con las acciones violentas de los profesores radicales, y los señalamientos posteriores de sus aliados, sería suficiente para que alguno de los dos grupos priistas se subiera a ese pleito prefabricado y lo hiciera suyo. Esto ocurrió casi de inmediato, cuando el grupo del senador Pérez Magaña (que es lo que queda del bastión que tuvo el ex gobernador Ulises Ruiz en la entidad) aprovechó el momento para tratar de rematar a sus supuestos agresores, alimentando la versión de que desde un ala del PRI habían salido las agresiones a las oficinas de los priistas.
En ello no hubo prudencia y tampoco cálculo político por parte de la facción priista que se subió al pleito. El grupo del senador Pérez parece asumir con suficiencia el contenido de una encuesta filtrada a la prensa hace algunas semanas, en la que él aparece como el puntero en las encuestas de conocimiento y preferencia de su imagen por parte del electorado. Y es que, es cierto: esa es una cuestión relevante; y justamente lo que trató de apuntalar fue su posición de puntero en las encuestas, atacando a sus adversarios dentro del PRI para tratar de exhibirlos ante la opinión pública como ambiciosos y violentos.
Sin embargo, el senador Pérez pasó por alto que cuando él fue electo como candidato a Gobernador, era el menos aventajado en las encuestas. Y sobre todo olvidó que para la candidatura que pretende (la de Gobernador en 2016) son tan importantes las encuestas como los consensos; y éstos últimos los rompió definitivamente, cuando su grupo abrió fuego en conjunto contra todos los aspirantes de la otra facción priista, comprando un pleito que no había sido originado directamente por alguno de ellos.

DIVIDE Y VENCERÁS
En política nada ocurre por casualidad, y ésta es la mejor prueba. Al actual grupo gobernante se le pueden reprochar todas las omisiones y yerros en la administración pública; pero no así que no conozcan, o no entiendan, o no sepan leer con claridad el escenario político estatal. Eso es lo que hicieron, y por eso intentaron echar a pelear —otra vez— al priismo local, para ver si de la división ellos salen gananciosos.
Por eso, la armonización de la legislación educativa en Oaxaca es sólo el marco y el pretexto para ese intento, que en realidad lo que está haciendo es dejar ver públicamente que las viejas alianzas siguen intactas. Desde 2006 el magisterio ha sido un aliado permanente del grupo que hoy gobierna en la entidad, y por eso —y por la aversión natural que todos comparten hacia el PRI— desde entonces no han dudado en hacer lo que sea necesario, con tal de generar escenarios que impidan la reconstrucción de una oposición sólida priista.
En ese sentido, hoy es claro que al interior del PRI sólo existen facciones. Unas quizá por razones circunstanciales tienen más poder y ascendencia que otras. Sin embargo, queda claro —y eso se ve a kilómetros— que en el fondo ambas facciones se necesitan mutuamente para poder volver a ser un partido ganador. De nada le sirve a uno de los grupos hacerse de la candidatura a Gobernador, si de antemano sabe que es mucho más fácil que sus adversarios dentro del PRI construyan una alianza con sus adversarios de otros partidos, a que lo hagan con ellos.

SUS ADVERSARIOS, FELICES
Por eso, si mantener la calma al interior del PRI es de por sí un reto mayor, debiera serlo mucho más evitar caer en las confrontaciones e intrigas que premeditadamente les fabrican desde fuera para echarlos a pelear. Lamentablemente, hoy parece que las diferencias políticas naturales se están entreverando con la desesperación, y eso es lo que provoca enfrentamientos estériles que a los únicos que benefician —y seguramente deben estarse riendo, felices de que esto pase— es a quienes figuran como los adversarios verdaderos de todo el priismo (ulisismo o muratismo, da igual) en Oaxaca, que en 2016 tratarán de ir, ellos sí juntos, a tratar de retener la gubernatura del Estado.

Momento crítico: armonizar o rendirse a S-22

Es muy probable que el proyecto de Ley Estatal de Educación que entregará la Sección 22 del SNTE al Gobernador del Estado, sea el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, trasladado a una iniciativa legislativa. Hasta hoy el magisterio ha dado señales claras de no querer ceder en sus posiciones. Y ante ello, los Poderes del Estado en Oaxaca tienen dos grandes escenarios posibles, que hoy en día deben valorar porque son base de la ruta que pueden tomar para salir de este compromiso.
En efecto, ayer martes el dirigente de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez adelantó que en breve entregarán al gobernador Gabino Cué la iniciativa de Ley Estatal de Educación “que emanó de los 37 foros que realizó el magisterio”. Informó que la Comisión Redactora —la cual, remarcó, está integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo— “presentará a la asamblea plenaria del magisterio el anteproyecto que llevarán a su Asamblea Estatal para definirlo”.
Además, Núñez manifestó que en esta propuesta “se expone la exigencia de que toda reforma constitucional debe responder a las necesidades de cada entidad”. Por ello, dijo, rechazan la imposición de las reformas federales “porque no corresponden a las necesidades ni a la realidad de un estado como Oaxaca”. En ese marco, el Dirigente Magisterial dijo que ayer martes recibirían el anteproyecto para primero presentarlo a la “plenaria del magisterio” (es decir, la Asamblea Estatal, porque así lo han establecido en los acuerdos de sus más recientes sesiones) para que una vez avalada por los representantes magisteriales, sea entregada al Gobernador en un acto público para que éste a su vez lo remita al Congreso del Estado.
Esta situación abre varios escenarios. El primero de ellos es que, en efecto, el proyecto de Ley Estatal de Educación que elaboró la Comisión Redactora de la Sección 22 y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, responda fielmente a los planteamientos planteados en líneas anteriores, y que entonces se aparte de lo establecido en el artículo tercero constitucional. Dados los antecedentes del magisterio, este sería el único escenario en el que ellos avalarían una propuesta de ley, que obviamente incluiría todos los planteamientos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca y rechazaría las disposiciones contenidas en la nueva legislación federal en materia educativa.
Analicemos, en este marco, ese primer escenario. Si los maestros están remarcando que la iniciativa emana de una mesa de trabajo conjunta, entonces está también dejando ver que la aprobación por parte del Legislativo sería casi de trámite —porque éste ya habría avalado su contenido en la mesa redactora—, y que también la promulgación y sanción por parte del Ejecutivo sería prácticamente manifiesta.
En ese escenario, la Sección 22 vería ya como una obligación la aprobación y publicación de dicha norma, independientemente de que su contenido fuera acorde con la Constitución federal. Y siguiendo esa misma lógica, vería como una abierta traición que el Gobernador del Estado modificara, al margen de la mesa redactora, el contenido de la iniciativa al mandarla al Congreso; o que fueran los diputados quienes, en Comisiones, dispusieran cambios a la iniciativa en el momento de emitir el dictamen que sería llevado al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
¿Cuál es el aspecto clave en este primer escenario? Que si se sigue al pie de la letra lo que la Sección 22 está queriendo hacer valer, entonces habría pronto una iniciativa cuyo contenido esencial sería el PTEO, la cual sería aprobada y promulgada casi en automático por la Legislatura y por el Gobernador del Estado, respectivamente… aunque ello sólo sería un pase directo a una segunda Controversia Constitucional, a través de la cual ahora el gobierno federal combatiría ya no la omisión legislativa, sino los preceptos de la nueva ley que no se ajustasen expresamente a la legislación constitucional de la cual dependen jerárquicamente.

PODERES EN REBELDÍA
El segundo escenario es mucho más simple, y también es posible. Esto es que aún avalando la Sección 22 este primer borrador de la iniciativa de ley educativa, el Gobernador y el Congreso le hicieran los cambios mínimos necesarios para cumplir con su deber constitucional de armonizar, antes que continuar ceñidos al pacto político por el que le quieren cumplir el capricho al magisterio democrático. Esto ocasionaría una convulsión a la que sólo habría que aguantarle el momento crítico. ¿De qué hablamos?
De que es muy probable que al final tanto el Gobernador como el Congreso local no tengan tanto margen como para apartarse de los deberes constitucionales y legales de armonizar, y terminen haciendo esa tarea con la Ley Estatal de Educación aún con el rechazo de la Sección 22 del SNTE. De ocurrir esa posibilidad, tendría un grave problema en las calles con los maestros que al verse traicionados saldrían a las calles a protestar, pero al mismo tiempo tendría de su lado todos los elementos para continuar el proceso de implementación de la reforma educativa, que ya están prácticamente en manos de la federación. ¿Cuáles son esos elementos?
Son, entre otros, la titularidad que reasumió la federación de la relación de trabajo con los profesores; las potestades salariales, la evaluación, o la posibilidad de apartarlos de sus funciones cuando no cumplan con las normas establecidas, e incluso rescindirles sus contratos ante la comisión de faltas graves.
Hasta hoy, el Gobierno de Oaxaca se ha visto ahogado por su debilidad institucional, y por la falta de herramientas para hacerle frente a ese poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE. Sin embargo, hoy tendría una oportunidad fundamental no sólo de reasumir la figura de autoridad que ha perdido, sino también de sacudirse de una vez por todas el lastre que significa para el gobierno, y para Oaxaca, el sometimiento total al mandato del magisterio democrático.

¿CLAUDICAR?
Continuar indefinidamente con esa supuesta voluntad democrática de consensar con la Sección 22 el contenido de la ley educativa, no tiene ningún buen augurio. El magisterio no impulsará otro documento que no sea su PTEO convertido en ley. Y frente a ello al Estado oaxaqueño no le quedaría más que claudicar, si lo que quiere es cumplir hasta el final la promesa del consenso. ¿De verdad está Oaxaca en condiciones de rendirse? La responsabilidad, y la respuesta, la tienen el Gobernador y los diputados de la LXII Legislatura.

+ Ruta, armonización; ¿Y el premio de consolación?

Faltan menos de dos semanas para el inicio del ciclo escolar, y sigue llamando la atención que la Sección 22 del SNTE sigua sin presentar, y sin conocer, el anteproyecto de Ley Estatal de Educación por el que tanto están luchando en las calles de Oaxaca. Esta cuestión toma una dimensión trascendental cuando el ofrecimiento del gobierno, el Congreso y el propio magisterio se centra en tener una ley educativa consensada antes de la cuarta semana de agosto. ¿Qué se esconde tras esos titubeos?

En efecto, dentro de los compromisos signados por el Gobernador del Estado, el secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, se encuentran tres que son cruciales hoy en día, porque explican —o deberían hacerlo— la aparente premura de todas las partes firmantes por contar a la brevedad con un proyecto de ley educativa que permitiera desahogar el procedimiento legislativo que establece la Constitución del Estado. Y es que aunque todos reconocen que el anteproyecto es urgente porque contar con una ley educativa armonizada lo es aún más, nadie parece —y menos la Sección 22— tener preocupación por desahogar este punto de inmediato.

¿A qué se comprometió específicamente la Sección 22 en la Segunda Declaración? Esto se encuentra detallado en los compromisos tres, cuatro y cinco, que a la letra dicen: “3. Se reitera el compromiso conjunto de intensificar los trabajos de la Comisión Redactora, reincorporándose en su seno la representación de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso local. 4. Se acuerda que la Comisión Redactora presente un informe periódico de avance del proceso de construcción del Anteproyecto de Iniciativa de la nueva Ley Estatal de Educación. 5. Establecieron como fecha para la conclusión del Anteproyecto de Iniciativa de Nueva la Ley Estatal de Educación, el 30 de julio de 2014; a partir de esa fecha, la Comisión Redactora dispondrá de 5 días hábiles para hacer entrega del documento al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en un acto protocolario”.

Hoy podemos ver que ninguno de esos compromisos se ha cumplido. Pero también, y sobre todo, debe distinguirse que el cumplimiento de esos acuerdos se encuentra fundamentalmente en el espacio de la Sección 22, que es la encargada de encabezar la Comisión Redactora; que la Asamblea Estatal de la 22 es la primera facultada para conocer del anteproyecto de ley, y que hasta ahora lo único que ha manifestado son apremios a la Comisión Redactora para que presente avances; que fue la Sección 22 quien se comprometió a presentar —hace ya varios días— el proyecto de iniciativa de ley; y que finalmente, al reconocer la voluntad del gobierno y del Congreso, y aliarse a ella, la Sección 22 tampoco está en condiciones para seguir jugando a dar ellos un albazo, o de ponerse a exigir condiciones que no sean las mismas de equilibrio que tácitamente le han puesto los diputados locales y el Gobernador del Estado.

En esas condiciones, vale la pena seguirse preguntando qué sigue para el magisterio luego de que se les agote el tiempo que aparentemente están ganando con la dilación de la presentación del anteproyecto de iniciativa de ley, y si están preparándose —y cómo— para anunciar la derrota que les espera.

LA RETIRADA

La Sección 22 fue derrotada por primera vez el año pasado, cuando por estas mismas semanas pero de 2013 se fueron a la Ciudad de México a establecer un plantón en contra de la emisión de la nueva legislación secundaria en materia educativa, que establecía normas como la del Servicio Profesional Docente, que le ponía fin a los privilegios que ellos habían acumulado en décadas de lucha.

Fueron a la capital del país, pero no pudieron ni frenar la aprobación y promulgación de las nuevas normas; ni consiguieron hacer que las razones de su protesta permearan en la sociedad para que les brindara apoyo; y ni siquiera pudieron resistir una incursión policiaca que los alejó del corazón de la Ciudad de México y los arrinconó en el Monumento a la Revolución, en donde hasta hoy mantienen un plantón que ya constituye sólo una protesta testimonial de la lucha contra la reforma educativa.

Cuando eso pasó los profesores decidieron regresar a Oaxaca para encabezar desde aquí la segunda etapa de su resistencia contra las reformas. Cuando eso pasó anunciaron que la lucha la darían desde Oaxaca, impidiendo que se concretara una norma educativa local acorde con los nuevos lineamientos federales, y empujando la posibilidad de que los Poderes del Estado en Oaxaca elevaran a rango de ley su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. En realidad, eso es lo que los profesores han intentado en todos los meses de lucha que llevan. Pero lo cierto es que ni siquiera decretando un segundo no inicio del ciclo escolar, podrán detener lo irremediable.

¿Qué es lo irremediable? Que, como lo afirmó el diputado Alejandro Avilés —quién sabe si con plena convicción, aunque sí con la presión que le genera el brete de la ley educativa y los chantajes de la Sección 22— no queda otro camino más que armonizar en el ámbito educativo. ¿Qué significa eso? Que así sea que la Ley Estatal de Educación remita todos los temas espinosos para la Sección 22 a la legislación federal, este proceso es irremediable y de todos modos tendrá que ocurrir porque de lo contrario únicamente se estaría maquillando una situación que ocasionaría más problemas para Oaxaca.

Entendiendo lo anterior, ahora lo que parece es que el famoso anteproyecto de ley educativa —el que sería viable para ser aprobado— no es tan complejo como parecen estarlo pintando los profesores de la Sección 22, y más bien lo que pareciera es que, mientras, todos ganan tiempo para una negociación que sea algo así como el “premio de consolación” para que la dirigencia magisterial justifique el próximo fin de las acciones de lucha y tenga algo qué llevarse en las manos cuando de todos modos sea derrotado en las cuestiones de fondo de este proceso.

¿HAY RUMBO?

Por esa razón la Asamblea Estatal de la Sección 22 está únicamente dando largas. Si leemos con atención el documento de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción emitido este fin de semana, no se logra apreciar un rumbo claro del movimiento. Es decir, no saben bien cuál es el escenario siguiente, y se resisten a aceptar que lo que va a pasar, para ellos, es irremediable.

+ Sección 22 espera respuesta, para justificar violencia

Es muy probable que durante todo el mes de agosto —y quién sabe cuánto tiempo más, aunque este es un mes crucial— los oaxaqueños veamos manifestaciones extraordinarias de violencia y radicalismo por parte de la Sección 22 del SNTE. La semana pasada los oaxaqueños ya vimos cómo, reviviendo escenas de 2006, los maestros revivieron su “brigada móvil” y fueron a atacar oficinas de legisladores y del PRI. Amenazan con hacer lo mismo en oficinas de otros partidos. Y a pesar de que indignan la violencia y la impunidad con la que actúa el magisterio, los oaxaqueños tendríamos que balancear con serenidad la relación costo-beneficio de no responder a sus agresiones.

En efecto, hoy como siempre la Sección 22 está demostrando la doble moral que lo caracteriza: por un lado, en los documentos que emite su Asamblea Estatal hablan de un movimiento pacífico, civilizado y democrático que busca el mejor escenario para sus trabajadores y para el pueblo de Oaxaca. Pero por el otro, guarda silencio y evita repudiar las acciones de violencia cuando son protagonizadas por sus agremiados.

Para muestra, un botón: En esos documentos (el informe de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción, que emiten luego de cada sesión de su Asamblea Estatal) la Sección 22 nunca establece como una de sus acciones consensadas la de ir a realizar actos violentos en contra de políticos, legisladores, partidos políticos o ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que esos nunca son acuerdos ratificados, de todos modos ocurren. Y lo que es más contrastante, es que si bien la 22 no manda —según— a sus maestros a realizar dichas acciones, tampoco repudia la violencia cuando es generada por sus partidarios.

Ahora bien, esas acciones tienen una intención específica, al margen de las motivaciones y conflictos partidistas que están enredados en el asunto. Esa intención es simple: la Sección 22 intenta que el gobierno estatal emprenda algún tipo de acción policiaca en su contra, y para ello está tratando de incrementar el nivel de virulencia con el que actúa en momentos muy específicos. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, en el marco de la Octava del Lunes del Cerro, cuando una brigada móvil de maestros intentó subir hasta el Auditorio Guelaguetza para tratar de impedir que los asistentes pudieran ingresar a ver el espectáculo.

Los profesores, en aquella ocasión, hicieron uso de diversas amenazas para intimidar a los cuerpos de seguridad, que no actuaron. Se fueron a plantar a los accesos al Cerro del Fortín y seguramente muchos profesores estaban dispuestos al enfrentamiento, el cual fue evitado por la pasividad de las corporaciones, lo cual fue inicialmente criticado al propio Gobernador del Estado, a quien se le ha acusado de no actuar en contra de los profesores, y de permitirles la impunidad en todas las acciones que emprenden.

Lo mismo pasó la semana pasada, cuando otra brigada de maestros fue a destrozar la sede del PRI y las oficinas legislativas del diputado federal Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña. De nuevo, el propósito de los profesores era, sí, enviar “mensajes políticos” a los partidos respecto al proceso de elaboración de la iniciativa de ley educativa, pero también era provocar a las autoridades estatales, a ver si en una de esas emprendían un operativo para detener o enfrentar a los profesores.

En las condiciones actuales de la Sección 22, toda acción en su contra lo consideran un acto de intimidación y de represión. Ellos están buscando desesperadamente la forma de hacerse de esa bandera —porque hoy en día no la tienen— y para ello están incrementando su nivel de violencia. Y frente a todo eso, los ciudadanos debemos ver el escenario con serenidad y preguntarnos si en realidad vale la pena enfrentar a los profesores en este momento, o —con una tolerancia que no debiéramos tener, pero que en este momento parece necesario— evitar darles el motivo que ellos andan buscando para redoblar las acciones en contra de todos. El 2006 dejó grandes lecciones sobre eso, que hoy en día los oaxaqueños debemos retomar y asumir con responsabilidad.

VIOLENCIA

En el 2006, recordemos, los maestros tenían más de tres semanas en paro indefinido y en plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, cuando el gobernador Ulises Ruiz decidió enviar a la policía a desalojarlos. La acción no fue producto de la casualidad o de un solo impulso del Gobernador. Fue, en realidad, resultado de haber recogido un conjunto de exigencias de la ciudadanía que se decía en contra de los excesos del magisterio y le exigía que pusiera orden y restableciera el Estado de Derecho.

¿Qué pasó? Que cuando el Gobernador decidió actuar, resulta que nadie lo respaldó. Todos esos grupos sociales que habían exigido acciones al gobierno decidieron esconderse y respaldarse en tímidas declaraciones que sólo se centraban en el orden pero sin recordar que ellos habían sido parte de quienes habían exigido el operativo.

Lo más importante de eso, y lo más grave, es que las acciones policiacas tuvieron el efecto contrario, porque ni pudieron desalojar a los profesores de las calles de la capital oaxaqueña, ni terminaron con su movimiento o con el paro de labores y, al contrario, provocaron daños exponencialmente mayores a la economía, a la ciudadanía, al orden público, y a todos, que no hubieran ocurrido de haber medido con distinto rasero la posibilidad de utilizar a la fuerza pública sin tomar demasiado en cuenta los efectos a mediano y largo plazo que ello tendría para todos los ciudadanos.

Por eso hoy en día vale la pena reconsiderar la posibilidad de que los oaxaqueños actuemos con prudencia. Perdemos más al regalarle a la Sección 22 el motivo que anda buscando desesperado para mantener sus acciones violentas, que permitiendo el paso del tiempo. No son meses fáciles. Eso lo preveíamos desde hace tiempo. Sin embargo este es el momento de la prudencia ciudadana y de evitar caer en el juego que intentan los maestros para perpetuarse en su lucha en contra de la ley educativa.

¿Y EL PROYECTO DE LEY?

Ya estamos en la primera semana de agosto, faltan dos para el inicio de clases, y lo único cierto es que no existe ni siquiera un proyecto de ley educativa con la cual puedan discutir los diputados. ¿Se mantendrá la expectativa de tener ley de educación antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015? Y de ser así, ¿cuánto costará esa negociación?

+ 2006-2014: historia de cómo acabar con liderazgo

Justo en el mes de agosto de 2006, la Sección 22 del SNTE se ganó, a pulso, el liderazgo nacional de la oposición política llevada al límite de la praxis política. En ese momento, ya estallado el conflicto magisterial y popular en Oaxaca, la Sección 22 consiguió aglutinar el apoyo y respeto de todo tipo de organizaciones disidentes en el país: desde los llamados “atencos” del Estado de México, hasta de organizaciones clandestinas que, así como diversos grupos de lucha social, hicieron presencia en la capital oaxaqueña para colaborar en la crisis que intentaba derrocar al gobernador Ulises Ruiz. Hoy, sin embargo, con todo y que en México nos encontramos en el momento emocionalmente más álgido de las reformas estructurales, el magisterio oaxaqueño está más solo que nunca.

En efecto, la historia actual del magisterio bien podría llamarse “¿Cómo terminar con un liderazgo avasallante en sólo ocho años”. Esto porque hoy es evidente que la Sección 22 viene atravesando por un proceso aceleradísimo de pérdida bases sociales y de respeto entre las organizaciones disidentes del país. Dicho estatus, la 22 se lo ganó “a la buena” cuando en agosto de 2006 consiguió terminar de volcar al estado de Oaxaca —había comenzado en dos meses antes, en la coyuntura del desalojo fallido— en contra del entonces gobernador Ruiz, que era emblema político del priismo de Roberto Madrazo Pintado.

Al lograrlo, el magisterio consiguió el respaldo y colaboración unánime, de las más importantes organizaciones y fuerzas políticas disidentes al gobierno en México. Sólo a partir de ello pudo explicarse que en Oaxaca hicieran presencia prácticamente todas las organizaciones de lucha social, que en ese y otros momentos habían librado batallas menos robustas con el gobierno federal.

Asimismo llegaron a la entidad representantes de los partidos de izquierda, que entonces también estaban identificados con sectores radicales y que buscaban la forma de cobrar la afrenta de que a Andrés Manuel López Obrador le hubieran robado —en su concepción— la Presidencia de la República. Incluso, en 2006 en Oaxaca también participaron organizaciones como el EPR, que en sus propias palabras permitieron la participación de varios de sus integrantes en calidad de “luchadores sociales”.

En los años que median entre el 2006 y la actualidad, la Sección 22 del SNTE de Oaxaca se ubicó en el escenario nacional como una organización sólida y disciplinada, que era de las pocas capaces de presentar una oposición real a los intereses del gobierno en turno. La sola presencia del magisterio en Oaxaca, provocó que el presidente Felipe Calderón visitara la entidad apenas unas cuatro o cinco veces en toda su gestión. Y que desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto no haya puesto un pie en la entidad. En ambos casos, el resquemor presidencial se ha centrado en la reserva a la posibilidad de venir a agitar un avispero que no les conviene azuzar, o en provocar un problema que se puede prevenir simplemente evitando su presencia en la entidad.

Así, si la sola capacidad de movilización y firmeza del magisterio provocan esas reservas en el gobierno federal, el proceso de reformas también abría una expectativa de que el magisterio oaxaqueño tomara por lo menos una parte del liderazgo nacional en la movilización en contra de lo que ellos denominan como la entrega del país a los capitales e intereses extranjeros.

Ello sí ocurrió en un principio. De hecho, desde la administración del presidente Calderón, la Sección 22 fue una de las pocas organizaciones políticas en el país que abiertamente manifestó y prestó apoyo a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando esa compañía fue liquidada por un decreto presidencial. Y, de hecho, cuando se aprobó la reforma educativa (que fue la primera del paquete de reformas estructurales del presidente Peña Nieto), la 22 no sólo manifestó su oposición con movilizaciones y paros de labores masivos en Oaxaca, sino que también tomó de forma abierta el liderazgo nacional de la CNTE, demostrando que en esencia el poder controlador del magisterio disidente de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, se encontraba fundamentalmente en el seno del movimiento democrático magisterial oaxaqueño.

MAGISTERIO, AISLADO

Frente a todas estas muestras de liderazgo nacional del magisterio como organización disidente al gobierno federal y las reformas estructurales, debemos preguntarnos: “¿Qué pasa ahora?” La pregunta no es ociosa: hoy, cuando las reformas constitucionales y legales federales son un hecho, y el magisterio oaxaqueño está dando la batalla más importante de su existencia (porque es la última gran oposición que les queda por presentar), resulta que la Sección 22 del SNTE se ve sola, aislada, sin mayor capacidad de movilización, y sin respaldo de los grupos más importantes que los apoyaron en otros tiempos.

Y es que llama la atención que a diferencia de otros tiempos, hoy no haya un solo sindicato, organización, grupo de lucha social, e incluso movimiento armado, que manifieste alguna postura, respaldo o hasta crítica al magisterio local. Parece, más bien, que el conjunto de situaciones que ocurren en el país, obligaron a bifurcar los intereses de todas esas organizaciones, y en ellas el magisterio oaxaqueño comenzó a demostrar que a diferencia de lo que afirmaba en años anteriores (que su lucha era por el país), hoy su verdadero interés se encuentra focalizado en no perder los privilegios salariales y de condiciones de trabajo, que ha ganado a base de sus años de lucha particular en Oaxaca.

La situación es clara: mientras algunos de los grandes grupos de lucha social buscan frenar la reforma energética o la entrega del petróleo a capitales extranjeros, el magisterio oaxaqueño está luchando porque se contrate a los normalistas o porque se apruebe una ley educativa local que sólo involucra sus intereses como trabajadores, y no los de toda la población.

S22, SE QUEDA SOLA

Pareciera, además, que ese aislamiento es también una especie de reproche por preferir su lucha particular a la lucha por el país, y por no saber mantener un liderazgo nacional en el que muchos genuinamente creían, pero que ellos se encargaron de minar con sus desviaciones ideológicas, con los titubeos de su resistencia en la lucha contra la reforma educativa (no han podido reponerse de la derrota de su plantón en la Ciudad de México), y por sus acciones de resistencia meramente testimoniales.

+ Consejeros fustigan rendición de cuentas

qué paradoja que hoy en día, en Oaxaca, uno de los ejemplos palmarios de la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas ocurra en la propia Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Oaxaca. resulta que ahí, donde debiera ser la casa de la transparencia, el ejercicio de los recursos públicos no le queda claro a nadie, las cifras siguen si cuadrar, y los consejeros (Esteban López José, Gema Sheyla Ramírez y Eréndira Fuentes Robles) se niegan a rendir cuentas a la sociedad.

En efecto, el problema de fondo en este organismo autónomo constitucional no sólo radica en la repartición de las cuotas y cotos de poder, sino también el manejo del dinero a su libre albedrío. Confiados en que el manto protector de los diputados finalmente les alcanzará para ocultar sus irregularidades, los integrantes de la Comisión de Transparencia decidieron optar por la amenaza y la intimidación a su personal —que no tiene responsabilidad ni potestad en la conducta de los titulares—, en lugar de preocuparse por hacer un papel decoroso frente a los oaxaqueños, al fungir como supuestos defensores de la legalidad y la transparencia.

Y es que de acuerdo al Informe de Actividades 2013, que aparece en el portal de la Cotaipo (http://bit.ly/1rImLon), en su página 85, dentro del apartado que corresponde a la Dirección de Administración, ésta reporta que los 33 millones de pesos que le asignó el Congreso para el ejercicio anual fueron ejercidos, quedando pendientes por ejercer sólo 84 mil pesos.

Al comparar el Informe de actividades 2012 de la propia Comisión, el gasto aparece desglosado por rubros, mientras que en el 2013 sólo se observan cifras globales ¿qué quieren ocultar en Transparencia? Así, en lugar de enumerar con detalle la forma en cómo fueron gastados los recursos públicos que se les asignaron —como se supone que debería hacerlo el órgano que se supone que está para poner el ejemplo en transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, sin que medie solicitud alguna—, los integrantes de la Cotaipo se limitaron a hacer una tímida enunciación de lo gastado.

Así, el citado informe sólo señala lo siguiente: Rubro autorizado ejercido: Servicios personales: 21 millones 713 mil 951 pesos con 09 centavos. Materiales y suministros: un millón 342 mil 253 pesos con 61 centavos. Servicios generales: nueve millones 77 mil 165 pesos con 42 centavos. Y bienes muebles, inmuebles e intangibles: un millón 140 mil 693 pesos con 09 centavos. Dando esto un total de 33 millones 274 mil 63 pesos con veintiún centavos, que corresponden al Presupuesto ejercido en 2013.

Y si esa sola enunciación de gastos espectacularmente cuestionables (por opacos) no fuera suficiente, en el rubro de servicios generales hay otra demostración de cuán poco comprometidos están los consejeros con la rendición de cuentas, en su propia casa.

Pues resulta que, por ejemplo, al explicar por qué hay una sola cifra global del rubro de Servicios Generales, el informe establece lo siguiente: “De igual forma, en este capítulo del gasto, se organizaron, programaron y controlaron los servicios generales, garantizando la contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos de la comisión, procurando siempre la obtención de mayores beneficios en calidad, precio y financiamiento en las etapas de contratación, recepción, control y suministro de los bienes y servicios adquiridos, a fin de administrar con responsabilidad los bienes muebles propios y arrendados, siendo los gastos más significativos generados en el año los servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía convencional y móvil, internet, redes y procesamientos de información, servicios de vigilancia, servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento, así como la difusión, impresos y publicaciones de programas y actividades oficiales de la comisión” (página 88 del Informe 2013).

¿Los diputados y la ciudadanía tendríamos por qué estar conformes con explicaciones azarosas, ofrecidas a la LXII Legislatura como mera justificación, respecto al destino de más de 33 millones de pesos?

MÁS OPACIDAD

Revisando la misma página institucional, puede verse una hoja escaneada que concentra el Presupuesto de Egresos 2013, enviado por la Cotaipo a la Secretaría de Finanzas (http://bit.ly/1k8a7jp). Esta es una verdadera joya para el análisis financiero y para las auditorías externas, que quizá algún día revelen cómo se ejerció el presupuesto en esa Comisión.

Para ejemplificar lo anterior basta con retomar algunos rubros, de los que nadie –más que los consejeros- en la Cotaipo saben en realidad cómo fueron gastados: 1.2 millones por concepto de Impresos y Publicaciones Oficiales, 800 mil pesos para Difusión, 720 mil pesos gastados en “Reuniones, Congresos y Convenciones”, además 450 mil pesos para “Exposiciones y Espectáculos”, cuando salvo algunas premiaciones de concursos realizadas con presupuesto testimonial y con reconocimientos que se reducen a un diploma maquilado en cualquier impresora, no hay noticia de que hayan sido organizados, ni tampoco enumeran nada de eso en su Informe de Actividades.

Estos son sólo algunos botones de muestra, de un asunto que tiene mucho más de fondo: desde el inicio se enumeró (ver Al Margen 17.05.2013, en http://wp.me/pIlC9-Ho) la enorme irregularidad cometida por los diputados de la LXI Legislatura al elegir como Consejeros a tres personajes totalmente ajenos a la transparencia.

El Congreso en aquel momento eligió a López José, que es contador público y que no revela ninguna especialización en materias relacionadas con acceso a la información; lo mismo pasa con Eréndira Fuentes Robles, que desde entonces se advirtió que tenía amplísima experiencia pero sólo en terapia y constelaciones familiares; y qué decir de Gema Sheyla Ramírez, que si bien cuenta con una maestría en Derecho Privado, tampoco tiene cómo demostrar experiencia en el tema.

IRRESPONSABLES

Es, sin duda, una irresponsabilidad aceptar un cargo de especialización cuando no se tienen los conocimientos y el reconocimiento público suficientes como para fungir como una autoridad en el tema. Pero lo es mucho más que siendo principiantes en el tema, no hayan tenido responsabilidad ni sentido común para al menos mantener a salvo el decoro personal, y la casa limpia para que si no lograban que se dijera algo bueno de ellos, tampoco salieran por la puerta de atrás, como finalmente terminará ocurriendo.

+ Examen docente, razón de la virulencia de S-22

El lunes Oaxaca vivió un día de locos, aparentemente por el radicalismo de una facción de la Sección 22 del SNTE que, en contra de los acuerdos alcanzados por su Asamblea Estatal, decidió ir a tratar de boicotear la Octava del Lunes del Cerro, en el Auditorio Guelaguetza. ¿Esta fue una acción fortuita de un grupo que simplemente desatendió las disposiciones magisteriales? No. En realidad, ese grupo de radicales apenas si alcanzó a reaccionar, sin ningún efecto, frente a la primera acción concreta que aplica la SEP en Oaxaca en el marco de la reforma educativa.

En efecto, ayer el periódico Reforma de la Ciudad de México informaba que a Secretaría de Educación Pública había “roto” el bloqueo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía a sobre el examen docente en Oaxaca y Michoacán. “La dependencia —abundaba la información— logró que ayer [justo el lunes] 176 aspirantes a maestros aplicaran los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), sin embargo no logró que cientos más se quedaran en sus estados por intervención de la CNTE. En total secrecía, la SEP armó un operativo y envió a Michoacán y Oaxaca camiones para que casi 5 mil aspirantes pudieran presentar su examen en la Ciudad de México”.

Según la nota, la CNTE impidió que los camiones con los egresados de las escuelas normales salieran de sus estados. “Sólo pudieron salir quienes estaban registrados de otras universidades. De Michoacán llegaron 55 y de Oaxaca 121 aspirantes, quienes presentaron los exámenes de ingreso”. ¿Qué significa todo esto? En concreto, que el gobierno federal está comenzando no sólo a aplicar las nuevas disposiciones legales en materia educativa, sino también a echar a andar el proceso de desmantelamiento del corporativismo sindical del magisterio, que tiene como base la alimentación continua —en los normalistas— de nuevos agremiados.

Este es un punto toral para la Sección 22, que aún en el marco de su intolerancia conocida puede tolerar muchas cosas, menos que de fondo le corten la alimentación de sus bases. Históricamente, los normalistas han sido parte esencial del gremio, al ser siempre integrantes de sus bases más radicales y de sus grupos de choque.

Desde hace años y hasta ahora, la Sección 22 encontró una oscura relación de “ganar-ganar” con los normalistas, que desde que el sindicato magisterial tiene el control de la mayoría de los procesos administrativos de la educación en la entidad, es quien por un lado ha ocupado la presencia y radicalidad de los normalistas para llevar a cabo la gran mayoría de sus acciones políticas y de presión a la ciudadanía; y por el otro, que en aras de agradar al sindicato al que consideran que le deben el trabajo, los normalistas se han ofrecido a ser la parte más frontal de la lucha magisterial, llevando a cabo todas las acciones que los propios profesores de base se rehúsan a hacer por considerarlas riesgosas, violentas o radicales.

Así, unos han buscado agradar al sindicato para después ser parte de sus beneficios; y el sindicato ha sabido siempre que el normalismo es —era hasta ahora— la base inagotable de militantes nuevos e incondicionales, que estaban dispuestos a hacer todo con tal de demostrar que son dignos representantes de la democracia sindical.

EL ZARPAZO

La decisión de la SEP de llevar a cabo el proceso de evaluación tiene por lo menos tres efectos: el primero, demostrar que aún en el radicalizado marco de oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno federal tuvo capacidad de aplicar un examen; el segundo, enviar el mensaje devastador de que por responsabilidad de la propia CNTE el gobierno federal ni siquiera pudo considerar a los estudiantes de las escuelas normales como prospectos para obtener una plaza de maestro, dejando el espacio a egresados de instituciones no controladas por el sindicato magisterial; y tercero, demostrar que de todos modos ninguna de sus protestas tuvo efecto alguno más que en sus propios agremiados.

Al final, todo queda en la propia cancha de los profesores democráticos. Pues aún frente a toda la presión que han aplicado al Gobierno del Estado para tratar de someterlo, el Gobernador del Estado reiteró el mismo lunes que uno de los temas que no estaban sujetos a negociación es el de la asignación de más de novecientas plazas de maestro que exige la Sección 22 para los normalistas.

Luego, aún en el marco de las protestas realizadas en Oaxaca por el magisterio (y esto hay que subrayarlo), de todos modos la SEP llevó a cabo su examen sin problemas en la Ciudad de México. Y aunque el lunes los profesores intentaron boicotear la Guelaguetza, de nuevo parecieron llevar a cabo esa acción únicamente para que quedara constancia de su enojo y oposición a la decisión ejecutada en la Ciudad de México, pero no para verdaderamente tratar de impedir o de incidir en la decisión tomada por la SEP.

En el fondo, también queda en entredicho la capacidad operativa y de movilización del magisterio, de la que tanto han alertado hasta sus propias bases. Si otra hubiera sido la situación y los tiempos, la Sección 22 habría dispuesto trasladarse en pleno a la Ciudad de México para tratar de boicotear las decisiones de la SEP e impedir el examen aplicado a los aspirantes. No lo hicieron. Y no fue así porque por un lado su protesta parece más bien testimonial, pero también porque parecen no tener una capacidad suficiente de movilización como para tratar de lograr un traslado masivo a la capital del país para una protesta como las de otros tiempos.

Por todo ello, aunque no es justificable, sí es “comprensible” que un contingente de profesores intentara boicotear fallidamente la fiesta de los Lunes del Cerro. Lo hicieron porque no hubo forma de parar el examen, que los afecta porque comienza el proceso de minar sus bases de apoyo. Pero también porque están en un estado de desmovilización e incapacidad que hoy debería alarmarlos más a ellos, que a nosotros como ciudadanos afectados.

MÁS BLOQUEOS

Alguien debe parar la anarquía y violencia de los transportistas: hace unos meses ya hubo un muerto y camiones quemados. Varias veces han ocurrido enfrentamientos a balazos. Ayer de nuevo la ciudad fue un caos gracias a ellos. ¿Qué necesita la autoridad para poner un remedio de fondo? ¿Más muertos? ¿Más violencia? ¿Que terminen incendiando Oaxaca? Es lo único que podría faltarnos.

Decisiones recentralizadas: ¿autoritarismo o relevo?

La semana pasada priistas de dos facciones distintas se enfrentaron en el marco de la toma de protesta del nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, sector agrario del PRI. Al margen de la disputa, de los intereses que cada grupo defendía, y del atropellado relevo en la dirigencia, lo que queda en el fondo es la decisión tomada desde la Ciudad de México de seguir decidiendo el rumbo del priismo local… sin considerar al priismo local.
En efecto, desde hace más de tres años varios grupos de priistas locales han exigido que se les tome en cuenta en las decisiones de su partido. A partir de diciembre de 2010 el PRI local se quedó sin su figura central, que era el Gobernador del Estado. Aunque parezca algo extraño, el reclamo del priismo en la orfandad era legítimo: hasta antes de la derrota de 2010, la voluntad del priismo local siempre había sido sustituida por la del Gobernador, en su calidad de Primer Priista del Estado. Y lo que exigían, era que por primera vez se les considerara, ahora que la figura del Jerarca había desaparecido.
Ello no ocurrió, por varias razones. La primera de ellas era la polarización natural, después de una derrota del tamaño del PRI en 2010. Aquí en Oaxaca, el PRI siempre había sido un partido de “carros completos”. Por eso, en la derrota, los priistas trataron primero de hacer un ajuste de cuentas que falló, porque el feneciente liderazgo de Ulises Ruiz continuó determinando el cacicazgo priista varios meses después de haber dejado la gubernatura.
Luego, el CEN intentó la política de los acercamientos, en aras de hallar un equilibrio que le permitiera a los priistas oaxaqueños darse una dirigencia propia. Envió a un primer delegado nacional (Jorge Sandoval Ochoa) que buscó sin éxito las avenencias. Luego llegó otro emisario que tampoco pudo hallar puntos de coincidencia de una militancia que demostraba ser menor de edad. Y finalmente, desde la Ciudad de México impusieron a los dos últimos dirigentes. Uno, Juan José Moreno Sada, que pasó de noche por la dirigencia. Y Héctor Anuar Mafud Mafud, que aunque llegó con respaldo sólido, no ha demostrado mayor capacidad de integración de los grupos priistas locales ni parece haber entendido bien el escenario de su dirigencia.
Y es que sólo a partir de conocer este panorama se pueden entender las decisiones actuales de la dirigencia nacional priista, y se pueden prever las relacionadas con los próximos procesos electorales. ¿Por qué las actuales? Porque hoy en día habría que preguntarnos con seriedad si la rotación de los sectores y organizaciones priistas —los sectores popular, agrario, juvenil, femenil y territorial, etcétera— está atendiendo a un proceso de verdad integrador (en el que la dirigencia priista de Oaxaca opina y contribuye a la decisión final), o si es sólo producto de negociaciones y decisiones tomadas de forma lisa y llana desde la capital del país.
En ese sentido, lo que ocurrió la semana pasada en la CNC es sintomático, porque lo ocurrido fue todo menos un albazo. Más bien, un Delegado Nacional fue enviado a conducir el proceso de renovación de la dirigencia del sector campesino. En apariencia todo se desarrollaba sin contratiempos, hasta que se atravesó el interés de la fracción del PRI en el Congreso local, para exigir un “proceso democrático” y repudiar las imposiciones que, según ellos, generaban división.
¿Qué buscaban? Que la decisión tomada en la Ciudad de México no se concretara en Oaxaca. Pero su molestia, en realidad, no tenía que ver con el rechazo a la verticalidad, sino con la intención de quedarse ellos —en un agandalle— con el sector, para ocuparlo después como un trampolín político para la elección federal intermedia de 2015, y también para tratar de demostrar —fallidamente— que influyen en las decisiones de su partido. Por eso el diputado Freddy Gil Pineda Gopar utilizó a sus golpeadores de siempre para que intentaran reventar la sesión en la que le tomarían protesta a Lino Velásquez. Lo hicieron, aunque sin poder evitar que se consumara la transmisión de la dirigencia, por la que el Delegado de la CNC había venido a Oaxaca.

LA RECENTRALIZACIÓN
Sólo un ingenuo podría creer que de verdad el PRI es un partido democrático. La prueba está en que, por ejemplo, el arribo de Mafud a la dirigencia priista fue producto de un consenso hecho en la Ciudad de México, después legitimado por el Consejo Político, que fue creado y convocado ex profeso para formalizar su nombramiento. Lo mismo ha pasado —y seguirá pasando— en los sectores priistas en los que habrá o hubo relevo. Frente a ese panorama, ¿alguien puede creer que de verdad se decide respetando o tomando en cuenta los tiempos, las formas y a la militancia, en esas decisiones?
Lo cierto es que no. Y eso es lo que agrava todavía más lo ocurrido en la CNC. Pues lo evidente es que ni la dirigencia estatal, ni los cenecistas, ni los diputados locales, parecen entender que lo que están haciendo no se traducirá en democracia interna o en respeto a la militancia, sino exactamente en lo contrario: si la CNC —o el CEN del PRI— envió a un Delegado a que operara el relevo, y éste se enfrentó a una turba que intentó impedir no su decisión, sino la decisión del CEN, entonces lo que está ocurriendo es que ese priismo local está nuevamente demostrando su minoría de edad y su incapacidad para entender la naturaleza de las decisiones de su partido, lo cual terminará, finalmente, alimentando la verticalidad del CEN del PRI.
Y es que, preguntémonos, ¿si Mafud se pronunció porque el cambio en la CNC se dé “con respeto entre los cenecistas, y con apego a los tiempos y formas” (en claro rechazo a la operación que vino a hacer el delegado cenecista Oscar Bautista), entonces fue porque no le preguntaron, o porque él mismo no está de acuerdo con decisiones idénticas a las que lo llevaron a él a la dirigencia priista?

OAXAQUEÑOS, SIN FUTURO
Si entendemos la lógica de estas decisiones, entonces podemos prever que dentro de unos meses, cuando se decidan las candidaturas y el rumbo del priismo local frente a las elecciones federales de 2015, tampoco le preguntarán a nadie en Oaxaca. Es decir, en la Ciudad de México nombrarán candidatos y los impulsarán —si quieren— al margen de la dirigencia estatal. Ese es el mensaje de fondo que trae aparejado el nombramiento de Velásquez, muy a pesar de todos los priistas oaxaqueños —Mafud, incluido— que no estaban de acuerdo con ello.