Quitar pluris pega directo a fuerzas opositoras

Si buscamos el matiz democrático de la consulta popular que impulsa el PRI para eliminar 100 curules y 32 escaños en las cámaras legislativas federales, simplemente no lo encontraremos. No existe una explicación lógica, coherente y sostenible en términos democráticos, de por qué una medida de ese tipo fortalecería la democracia representativa; pero lo que sí existen son razones muy concretas, de pragmatismo político puro, para entender por qué hoy el PRI intenta reducir el Congreso.
En efecto, desde hace algunos días el PRI inició en todo el país la recolección de alrededor de un millón y medio de firmas que necesita para acceder a una consulta popular, en los comicios federales de 2015, en la que preguntaría a la ciudadanía si está o no de acuerdo en que se reduzca la composición de las cámaras legislativas federales. El PRI dice que está atendiendo a un reclamo de la ciudadanía, y que además ese es uno de los compromisos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato. Sin embargo, parece que son otras razones (no dichas), las que impulsan esa posibilidad.
Lo primero que debemos preguntarnos es el momento de anunciar la consulta. El líder nacional del PRI, César Camacho, lo hizo apenas una semana después de que el Congreso concluyó los trabajos de la emisión de las leyes reglamentarias de las reformas estructurales. Lo hizo, además, en vísperas del momento electoral que se avecina. Y lanzó la propuesta como un “equilibrio” a la consulta que prepara el PRD sobre la reforma energética, o la discusión del salario mínimo que impulsa el PAN.
Y es que vista desde cualquier perspectiva, la del PRI es una consulta con resultados previsibles y garantizados. ¿Por qué? Porque en efecto, mucha gente exige que se reduzca el Congreso pero no para los fines que quiere el Presidente o el PRI, sino para evitar los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Es claro que el PRI está impulsando esta consulta con encuestas en las manos, y con la idea de que llevar a cabo este intento encierra un resultado que para ellos bien puede ser un ganar-ganar puro.
Es por eso que en este punto es donde vale la pena reflexionar en dos cuestiones. Primera, ¿quién gana y quién pierde en realidad con esta reforma?; y segunda, ¿cuál sería el efecto colateral de que una medida como ésta pudiera llegar a convertirse en ley, respecto a todo el proceso de reformas que se llevó a cabo recientemente y que al Presidente le interesa mucho perpetuar y evitar a toda costa que ocurra alguna contrarreforma?
Para entender la primera de esas dos cuestiones planteadas en líneas anteriores, es necesario preguntarse a quién le benefician más las diputaciones y escaños del Senado que se otorgan por la vía de la representación proporcional. La respuesta es simple: le benefician más al PAN, al PRD y a los partidos minoritarios, porque territorialmente el PRI tiene más influencia que ellos (tiene, por ejemplo, alrededor de 20 gobernadores, que no tienen problema en ganar la mayoría de los distritos electorales federales) y porque finalmente la representación proporcional lo que busca es equilibrar las fuerzas y dotar de espacios legislativos a los partidos en proporción no a los distritos ganados, sino a los votos obtenidos en las jornadas electorales.
Por eso, una consulta como ésta iría a impactar directamente sobre esos partidos, que verían particularmente mermada su presencia en las cámaras legislativas por la reducción de la representación proporcional.

GANAR-GANAR
Con menos curules y escaños, habría también menos presencia de los partidos de oposición, y entonces habría, valga la redundancia, menos oposición. Ese sería el efecto colateral de una posible reforma encaminada a reducir el Congreso, que el PRI evade explicar a la ciudadanía. Lo hace porque sabe que una explicación de esa es insostenible democráticamente, y porque no parece dispuesto a exhibir su intención de lograr un beneficio propio, a partir del engaño a la ciudadanía respecto a que ésta es una reforma que lo que busca es responder a sus intereses.
¿Por qué sería, además, un ganar-ganar? Porque el PRI y el Presidente están muy interesados en que no haya, por más mínima que sea, posibilidad de que alguna de sus reformas pueda sufrir modificaciones a partir de las acciones de la oposición. Concretamente, no querría ver mermada la reforma energética, a la que le apuestan tanto, o alguna de las otras reformas a las que les pusieron mucho de su capital político. Por eso están tratando de evitar eso “blindando” las reformas a partir de la modificación del esquema democrático de decisión por parte del Congreso.
Ese blindaje se da a partir del hecho de que el PRI irá a fortalecer su presencia territorial para ganar todos los espacios legislativos posibles por la fuerza de los votos, y al mismo tiempo buscará mermar a la oposición para que se quede en la vía de la representación proporcional, a la cual busca restarle espacios. De ese modo, al haber “mucho PRI” y poca oposición en las cámaras, no habrá forma de modificar la Constitución simplemente porque no habrá capacidad numérica para lograr tal objetivo.
Por eso los mexicanos debemos preguntarnos con seriedad si con esta supuesta reforma democratizadora queremos a un Congreso más débil y a un Presidente más fuerte. No parece la ruta correcta de una democracia que se encuentra en crecimiento. Más bien, parece la lectura pragmática –y perversamente hábil- de un tiempo político concreto en el que quien detenta el poder está luchando desde esa posición, para perpetuarse.
Este ya no debería ser un tema de estar de acuerdo o en contra de la reforma sólo por la militancia partidista. La discusión debiera partir de un contexto democrático, y de un análisis serio, en el que debiéramos preguntarnos exactamente qué queremos los mexicanos, y qué planea el grupo gobernante para permanecer en el poder con ventajas.

LA REFORMA Y LOS VACÍOS
Sí debe haber una reforma que replantee el poder. Pero necesita ser mucho más de fondo que la sola reducción de legisladores, sin pasar también por el replanteamiento del poder y la influencia del Presidente. El poder no permite vacíos. Y si alguien tomará la porción de poder que dejará suelto el Congreso al reducir su tamaño, ese será el Presidente, figura sobre la cual nadie discute si es también necesario acotar o replantear sus funciones. Aunque no lo aparenta, esto plantea una abierta tentación autoritaria no vista en los últimos tiempos en México.

Presión, institucionalizada; lucha social, en pleno

En las últimas semanas hemos visto cómo en Oaxaca la legalidad se ha relajado hasta límites insospechados. No es la primera vez que la autoridad estatal se queda arrinconada ante los grupos que organizadamente protestan y, rompiendo el orden, exigen respuesta a demandas que no siempre son legítimas. ¿Vale la pena hoy tolerar que organizaciones y sindicatos sigan en esa dinámica indefinidamente? Es urgente tomar conciencia de ello.
En efecto, si hacemos un recuento de las acciones de protesta de grupos sociales ocurridas en las últimas semanas, veremos cómo cada vez hay más lejanía entre los postulados “sociales” tradicionales y las demandas y disputas que hoy motivan las acciones de violencia. La Sección 22 del SNTE, por ejemplo, mantiene la ocupación de la plaza principal de la capital oaxaqueña, la cual está aparentemente justificada por las negociaciones que llevan a cabo con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación por la aplicación de la reforma educativa.
Quizá esa parte sea relativamente comprensible, pero no que le hayan abierto el paso a docenas de vendedores ambulantes que hoy aprovechan la presencia magisterial en el zócalo y alameda de la capital oaxaqueña, para comerciar productos sin ningún tipo de regulación, y respondiendo a intereses que no quedan claros –es más, ni los abordan, dejándolos deliberadamente como invisibles- ni en las negociaciones con el gobierno, ni en las justificaciones que el magisterio ofrece a la ciudadanía, y tampoco en los acuerdos que toma la Sección 22 al interior de su Asamblea Estatal.
Si esta violación al orden público doblemente aberrante, ocurre a plena luz del día y a la vista de todos, en Oaxaca también la autoridad está traspasando los límites de la tolerancia en otras cuestiones que también la ciudadanía comienza a ver sin sorprenderse. ¿Nos hemos detenido a pensar, por ejemplo, el grado de impunidad y laxitud que hoy en día tolera el gobierno al magisterio, como para que éste sea capaz de ir a tomar, por varios días seguidos, las oficinas de una compañía privada, sin que nadie los moleste tanto por la agresión y el acto de presión que están cometiendo en contra de un particular, como también por el hecho de que con su protesta rompen todavía más el orden y el derecho de paso de toda la población?
Algo muy similar ocurre con las acciones que en las últimas semanas ha emprendido la Sección 22 en contra de las oficinas de la Sección 59, de legisladores priistas, de edificios públicos, de negociaciones, y de todos los que de alguna forma se cruzan en su camino. El gobierno apenas si alcanza a argumentar que la dinámica social y política de Oaxaca es compleja y llena de particularidades, pero sin aceptar que hoy en día estamos dando pasos irremediables hacia una crisis profunda en cuanto a la noción de orden y a la capacidad que debe tener –y no tiene- el Estado para asumirse como autoridad.
¿Qué debemos esperar que pase con la Sección 22? ¿Que sitie nuevamente la capital de Oaxaca y decida romper el orden a gran escala, como ya lo han hecho en el pasado? ¿Por qué nadie le pide cuentas al magisterio ya no de los vidrios que ha roto y de las negociaciones que ha dañado en sus jornadas de lucha, sino de su oprobiosa tolerancia a la presencia de vendedores ambulantes en el zócalo citadino? ¿Sabemos, por ejemplo, a quién le sirven y mantienen todos los vendedores ambulantes que hoy se encuentran auspiciados y cobijados por el plantón que mantienen los trabajadores de la educación en zócalo citadino? Si sí lo sabemos, entonces alguien debería hacer algo. El problema es que la autoridad asume la posición de tolerante y democrática para maquillar lo asustadiza que es; y la ciudadanía se queda indefensa ante acciones que son cada vez más lesivas y violentas.

TODOS CONTRA TODOS
La Macro Plaza tiene menos de una semana en funcionamiento, pero ya lleva más protestas que días laborados. A ese lugar han ido a manifestarse transportistas, materialistas, profesores, taxistas y mototaxistas, que en realidad podrían también responder a las autoridades municipales corruptas que desean tener una participación en el “área de oportunidad” que ofrece la macroplaza a través de la tolerancia a la corrupción.
Hace unos días, por ejemplo, se fueron a manifestar taxistas que querían ser “respetados” en los espacios que dicen que les pertenecen en la nueva plaza comercial, ubicada en jurisdicción de Santa Lucía del Camino. Esa “pertenencia” está basada en realidad, en una única creencia de que la territorialidad también significa un derecho fáctico que en ese caso está a su favor. Por eso, aquellos taxistas fueron a protestar y a agredir a otras organizaciones, como si en realidad no existiera una autoridad de la materia, que en el último de los casos debiera ser la encargada de regular todas esas cuestiones, y no dejarse chantajear por ninguna organización, por numerosa que fuera.
El problema, en este caso, es que la noción de la legalidad y el sentido de la autoridad está totalmente rebasada. Sólo así puede entenderse que no haya noción entre las organizaciones de que primero debe estar la ley y después la fuerza, o de que ellos no pueden pensar sólo en agredir a todos los que se cruzan en su camino tratando siempre de imponer su criterio y sus intereses por la fuerza, y ya sin antes mediar el diálogo o respetar las acciones que pudiera emprender la autoridad para tratar de controlar situaciones de esta naturaleza.
Nada de eso ocurre hoy en día, y eso es preocupante. Ya no se trata sólo de que la lucha sea entre grupos y el gobierno, sino que hoy ésta se da, en los mismos términos, entre gremios y particulares, entre organizaciones de un mismo ramo, o entre ámbitos de gobierno que azuzan a grupos sociales para que vayan a protestar en contra de otros ámbitos de gobierno.

AUTORIDAD, AUSENTE
Esa pérdida de la noción de autoridad puede no tener retorno si la única intención de la autoridad, es la de seguir dando largas y canonjías a quienes deberían ser controlados pero tienen contra la pared a quien debiera ser la autoridad, pero no lo parece. Por eso, hoy la lucha social vive momentos de desenfreno que serán muy difíciles de remediar cuando se den cuenta que la tolerancia sólo sirve para concentrar más los vicios que hoy se permiten.

INE debe dar más certezas sobre proceso de elección

Desde hace algunas semanas se desarrolla el proceso de selección de quienes integrarán el Organismo Público Local (OPL) del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). La elección de los consejeros de ese organismo es relevante, porque constituye una de las primeras materializaciones de las nuevas reglas electorales. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿De verdad el INE está coronando la ciudadanización de los órganos electorales?
En efecto, la pregunta no es ociosa, a la luz de ciertas cuestiones que le quitan brillo a este proceso de reintegración de los organismos electorales locales, como el de Oaxaca. Una de las dudas razonables que por salud política que deben prevalecer en un proceso como éste, es si de verdad el INE está haciendo lo suficiente por garantizar la ciudadanización de los órganos electorales, y si de verdad está tomando las medidas adecuadas que brinden certeza a los ciudadanos de que realmente se eligió a las personas más calificadas para fungir como autoridad electoral.
Estas dudas tienen su razón: con la reciente reforma electoral, la Federación hizo patente que las entidades federativas son menores de edad en cuanto al manejo de sus responsabilidades electorales, y al mismo tiempo la Federación se asumió como el gran árbitro de esas cuestiones. Por eso le quitó a los estados la gran mayoría de sus facultades en el ámbito electoral, para convertir al IFE en un Instituto Nacional y darle alcances de leyes generales a normas que antes regían cuestiones electorales sólo en el ámbito federal.
Así, una de las razones de fondo para eliminar la jerarquía normativa en el ámbito electoral (municipal, estatal y federal) y crear una sola competencia (la nacional), fue que los estados no habían podido impedir la partidización de sus órganos electorales, ni habían logrado frenar la influencia de poderes fácticos que colonizaron a los órganos electorales locales y los pusieron al servicio del poder, alejándolos del interés de la ciudadanía.
A partir de eso se torna relevante la cuestión de cómo se están integrando los OPL. Pues se supone que con ello lo que el INE pretende lograr es inhibir la influencia de partidos y grupos políticos en la integración de los órganos electorales locales, para así garantizar que habrá independencia, especialización y legitimidad en las funciones electorales, y que de verdad estarán éstos integrados por las mujeres y hombres más calificados para realizar dichas labores. Se supone, pues, que con estos nuevos procesos el INE busca que los OPL se integren al margen de débitos políticos, tráfico de influencias, o “intereses” de los partidos porque sean ciertos personajes –califiquen o no en la evaluación de los conocimientos técnicos que deban acreditar- quienes sean parte de los órganos que fungen como autoridad electorales.
Por eso hoy en día es no sólo posible, sino necesario, preguntarse si de verdad el INE está llevando a cabo correctamente el proceso de selección de consejeros de los Organismos Públicos Locales, y si en esto de verdad está garantizando la claridad, la imparcialidad y la equidad respecto a todos los aspirantes.

LAS DUDAS
Quizá en un ánimo de hacer una convocatoria lo más amplia posible, el INE dejó abierta la posibilidad de que los integrantes del actual órgano electoral estatal (el IEEPCO) participaran en la integración del OPL. Esta no es en sí misma una cuestión que rompa con la equidad que debe prevalecer en este proceso.
Más bien, lo que sí genera una expectativa negativa es el hecho de que, en el caso del IEEPCO, la gran mayoría de quienes integran el Consejo General son agentes directos de los partidos que los postularon. Así pues, si se suponía que una de las cuestiones que el INE quería eliminar al absorber a los órganos electorales locales era la partidización de sus integrantes, hoy de entrada esa cuestión no se garantiza al dejar en la laxitud tanto la participación de esos personajes, como el ámbito de influencia que habrán de tener los partidos representados en el Consejo General del INE.
No obstante, vale la pena ir por partes. Primero, parece que el INE estableció un sistema de exámenes para dar certeza sobre el resultado de la elección de consejeros de los OPL. No obstante, en el establecimiento de ese mecanismo de exámenes no se estableció con precisión qué nivel de influencia tendría cada una de las etapas para la selección final de los consejeros. Dicho de otro modo: se estableció la elaboración de un examen de conocimientos y de un ensayo escrito, la valoración curricular y una entrevista, pero no hay certeza de qué valor específico tendrá cada una de esas etapas para la determinación de quién es, fundadamente, un candidato idóneo.
Luego, se dejó en la completa discrecionalidad la participación de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo en este proceso. Así, las reglas para la designación de consejeros del OPL sólo establecen que una vez que hayan sido aprobadas las listas de los aspirantes que avanzaron en las etapas de selección, éstas serán entregadas a los representantes de los partidos políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, “para sus observaciones y comentarios”.
¿Qué podemos entender como “observaciones y comentarios”? Pues esta aparente suspicacia se funda en el hecho de que ellos tienen una facultad discrecional de acordar, o pactar, la consideración en específico de alguno de los integrantes de esa lista de aspirantes al margen de sus resultados en la evaluación; o bien, pueden vetar la posibilidad de que uno de esos aspirantes seleccionados pueda llegar a ser considerado como potencial candidato a ocupar la responsabilidad de consejero electoral.

¿DEMOSTRARÁ EL INE TRANSPARENCIA?
En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.

Sólo una vía para control previo de una ley

Es preocupante que frente a un caso tan espinoso como el de la omisión legislativa del Congreso de Oaxaca, por la armonización de las normas educativas, el Secretario de Educación Pública intente defender la posición del gobierno federal con argumentos equivocados. Emilio Chuayffet demostró, en la primera alusión que hace a la situación actual de Oaxaca, que tiene firme intención de no permitir quebrantos a la Constitución, pero sin tener claridad de cómo conseguirlo.
En efecto, el lunes pasado en alusión al caso Oaxaca, el secretario Chuayffet, advirtió que “ahí donde no se han podido armonizar leyes con los objetivos de la política educativa de México”, se tiene el principio de “supremacía constitucional” que se puede ventilar en la Suprema Corte, “mediante una acción de inconstitucionalidad para que ésta diga cuál de las posiciones en conflicto o pugna prevalece”.
¿De verdad es posible defender la posición del gobierno federal, y el principio de la supremacía constitucional a que hace alusión el Titular de la SEP? ¿De verdad podría intentar una acción constitucional en este momento el gobierno federal? ¿Qué camino queda para tratar de conseguir algún grado de certeza respecto a la constitucionalidad de una norma que aún no se discute y aprueba, y sobre la cual lo único que existe son iniciativas de ley, presentadas ante el Congreso local pero aún no dictaminadas ni presentadas al Pleno por las comisiones a donde fueron turnadas las iniciativas?
En este punto podemos comenzar a distinguir las equivocaciones del secretario Chuayffet Chemor respecto a la forma en cómo prevé defender la supremacía de las normas educativas del ámbito federal, frente a las omisiones del Estado de Oaxaca, al menos en el momento en el que se encuentra el proceso de armonización de la norma educativa local con las disposiciones federales. Como todos sabemos, Oaxaca está, en ese ámbito, en la nada jurídica. Y de ahí deben partir ciertas consideraciones. ¿Cuáles?
Que, por un lado, el artículo 105 de la Constitución establece dos mecanismos de control constitucional, denominados Controversia Constitucional, y Acción de Inconstitucionalidad. El primero de esos mecanismos tiene por objeto que la Suprema Corte dirima controversias que se susciten entre poderes de un mismo ámbito de gobierno, o entre distintos ámbitos de gobierno, por leyes o actos realizados por uno de ellos, que afecten el ámbito de competencia de otro. Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad, tiene como fin plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
En este sentido, el secretario Chuayffet aseguró, concretamente, que la vía que pretende utilizar es la Acción de Inconstitucional. ¿Es esto posible actualmente para el caso de Oaxaca? De entrada la respuesta es “no”, por una razón muy evidente: que según el propio artículo 105 de la Constitución federal, las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se pretende impugnar.
Queda claro que en la situación actual de Oaxaca ni siquiera existe una ley estatal aprobada, que pudiera ser objeto del control constitucional por parte de la Suprema Corte mediante una Acción de Inconstitucionalidad; y que en el caso de ya existir, no sería la SEP ni el Presidente de la República los legitimados para poner en marcha ese mecanismo de control, sino en todo caso el Procurador General de la República, o el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Poder Legislativo del Estado, en contra de la ley estatal expedida por el propio órgano (artículo 105, fracción II, incisos c) y d) de la CPEUM).

EL (ÚNICO) CONTROL PREVIO
Con esto queda claro que con todo y su argumento de la supremacía constitucional (que es correcto) el Secretario de Educación Pública está equivocado porque hoy en día el único medio legal que tenía el gobierno federal para presionar a los poderes del Estado en Oaxaca a que apuraran la legislación en materia educativa, ya lo hizo valer cuando en abril pasado presentó una primera Controversia Constitucional en contra de la omisión legislativa de la Legislatura del Estado. Fuera de eso, hoy en día no tiene ningún otro mecanismo legal de presión, porque éstos sólo podrá hacerlos valer cuando se apruebe una ley y el contenido de ésta sea sometido a una revisión de constitucionalidad ante la Suprema Corte.
Curiosamente, sólo queda una vía de control constitucional, que es a nivel local, que no está en las manos de la federación sino de los poderes locales, y que debiera dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es? Es el mecanismo establecido en el apartado B, fracción IV, del artículo 106 de la Constitución del Estado.
¿De qué hablamos? Nos referimos, concretamente, a un mecanismo de control previo de la Constitucionalidad, que fue puesto recientemente en la Constitución local, pero del que sospechosamente nadie –quizá ni la misma Sala Constitucional local- parece hoy acordarse. ¿Qué dice la Constitución local al respecto? El precepto citado en el párrafo anterior dice, a la letra, lo siguiente: “Corresponde a la Sala Constitucional, en los términos que señale la ley: IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado (…) sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros”.
Esa es la única herramienta que le podría quedar para todo aquel que de verdad tuviese algún tipo de preocupación relacionada con las iniciativas presentadas ante el Congreso local en materia educativa. Ese es el único mecanismo de control previo que contemplan las leyes que rigen a los actos y los poderes involucrados en este asunto, a partir del cual el Tribunal Superior de Justicia podría hacer un primer balance sobre la constitucionalidad del contenido de esos proyectos de ley que ya existen en el Congreso local.

NO LO VEREMOS
Claro. Es brutal aceptarlo. Pero ese único mecanismo de control constitucional que existe hoy en día, no lo veremos ponerse en marcha. No, porque el Poder Judicial del Estado quiere ser ajeno a este lío. Y no, porque el Ejecutivo y Legislativo le están cuidando más la espalda a la 22, que la constitucionalidad.

ASE, incapaz de cumplir sus funciones, ¿por quién?

Estamos a poco tiempo de que termine el primer año de gestión de las autoridades municipales, y el cuarto de las autoridades estatales, y sólo podemos tener una seguridad: que la instancia fiscalizadora será incapaz de revisar las cuentas de cada uno de los ayuntamientos, y de los entes auditables, y que eso generará un nuevo dejo de impunidad que se sumará a los que todos conocemos. ¿Habremos de indignarnos? Seguro que sí. Pero dados los hechos, nadie debiera sorprenderse que al final ese fuera el resultado.
En efecto, cuando comenzó el año la sociedad oaxaqueña se estremeció cuando conoció amplias señales de corrupción e impunidad emergidas de varios ayuntamientos. De municipios como el de Xoxocotlán, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec, Zaachila, entre muchos otros, brotaron sendas noticias de que los nuevos ricos de cada una de esas regiones eran justamente las autoridades municipales que entregaron sus cargos al finalizar el año anterior.
Así, de José Julio Antonio o Adán López se conocieron sus nuevas fortunas y propiedades inmobiliarias amasadas en apenas tres años; de Eduardo Rojas Zavaleta se supo de la existencia de una cuadra de caballos con valor de varios millones de pesos; o de Salina Cruz se supo del tiradero dejado por la autoridad saliente, que con magia “limpió” todas sus cuentas al pasar a ser diputado local. La gran pregunta, en esos y muchísimos otros casos era: ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no hace algo para investigarlos, perseguirlos y sancionarlos?
La respuesta simple lleva a pensar en la complicidad y en los acuerdos políticos para evitar las persecuciones. Sin embargo, queda claro que en más de un caso —en la inmensa mayoría de ellos— lo que ocurre es la combinación de una voluntad institucional encaminada a mantener débil al órgano de fiscalización de la entidad; y de un Congreso que está más preocupado por vigilar a la Auditoría Superior con recursos y burocracia legislativa, que por ver porque ésta cumpla verdaderamente con sus funciones y tenga mayores herramientas para realizar su trabajo.
Esta combinación de factores hoy en día es un problema mayor. Pues queda claro que por un lado el gobierno estatal no ha procurado una verdadera evolución del órgano fiscalizador. A lo más que llegó en relación a la ASE, cuando anunció su proyecto de Reforma del Estado, fue a reitegrar el órgano fiscalizador y hacer un reparto “equitativo” de posiciones entre los partidos políticos. Por eso el Auditor es una posición del régimen gobernante (y del PRD), y cada uno de los subauditores responde a los intereses del PAN y el PRI. Pero fuera de eso no se le dio nada más a la ASE para que hiciera mejor su trabajo.
El Congreso tampoco lo hizo. Cuando dizque reformó a la Auditoría no le dio mayores facultades de fiscalización; no le dio más recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad basada en sus resultados.
Hoy, por eso, la ASE es una entelequia que está afectada por diversos factores que cancelan cualquier posibilidad de fiscalización real, de persecución a las autoridades corruptas, y de brindar confianza y resultados a la ciudadanía. Esta historia, que constituye una tragedia para el sector público, se explica a partir de datos duros como las enormes carencias presupuestales que tiene la ASE; la ausencia casi total de personal especializado en tareas de fiscalización; los salarios abrumadoramente bajos de la mayoría de los empleados de la ASE -que hacen suculenta la posibilidad de incurrir en actos de corrupción-; y la falta de apoyo del Estado para que ésta haga correctamente su trabajo.

UN ÓRGANO INCAPAZ
Lejos de ver porque la ASE hiciera mejor su trabajo, este año el Congreso le quitó presupuesto. Lo hizo para crear la llamada Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, que preside el diputado Adolfo Toledo Infanzón, a la que le destinó 18 millones de pesos, que no fueron producto de una ampliación presupuestal, sino de la “reorientación” de recursos que recibía la ASE. Por eso, es paradójico —por decirlo de forma decente— que el Congreso haya creado un ente que vigila al órgano fiscalizador, pero al mismo tiempo le haya quitado elementos de funcionamiento a ese ente (la ASE) que ahora ya es observada de cerca por una comisión legislativa.
Este asunto tiene más de fondo: la ASE de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto (que ahora, con los 18 millones que le quitó la Comisión de Vigilancia, es todavía más bajo); la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada funcionario, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.
Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?
Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que este año sólo podrá auditar a 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que de las 20 autoridades municipales que llevan auditadas, cuando menos 10 no entregaron información sobre el estado financiero en que recibieron sus administraciones municipales. Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Estado, que ni hace una Auditoría fuerte, ni genera las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio.

ES EL COLMO
Que haya ex autoridades municipales que además de no haber entregado la documentación comprobatoria de sus respectivas gestiones, todavía se den el lujo de “comunicarle” a la ASE que ellos tienen los documentos pero que necesitan que ésta “se los pida”, para que ellos las entreguen. Xoxocotlán uno de varios ejemplos.

Juntos, S22 es mayoría; pero en municipios, no

Cuando ocurrió el conflicto magisterial y popular de 2006, uno de los temas que puso sobre la mesa la administración estatal, fue la propuesta de municipalizar la educación, como una de las posibles salidas a las excesivas presiones políticas que ejercía el magisterio sobre el gobierno de Oaxaca. Hoy, en el marco de la reforma educativa federal, habría que preguntarnos por qué no tomar conciencia sobre el rol político y social que deben jugar los municipios en el ámbito educativo.
En efecto, la municipalización de la educación se ha manejado como una propuesta alternativa que garantizaría de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. sobre esto, se ha dicho que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso serían los Ayuntamientos.
Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos en cada municipio los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos. Ahí se encuentra la clave de lo que tendríamos que asumir como sociedad para recuperar una buena parte del control de los servicios educativos, que hoy los maestros de la Sección 22 asumen plenamente como propiedad de su sindicato y rehén de sus conflictos e intereses políticos. ¿Qué hacer?
Queda claro que hoy lo único que podría hacerse es retomar la función de control social de la educación pública, por parte de los Ayuntamientos, de los padres de familia y de la población en general. Pues, de hecho, todo lo relacionado con la administración de la educación ya ni siquiera es potestad del Gobierno del Estado, sino que fue reasumida por el gobierno federal, quien a partir de 2015 ya no le dará vista ni posibilidad de intervención a estados y municipios en ese sector. Lo que la federación no puede hacer, pero tampoco puede limitar a la ciudadanía, es la función de contraloría y vigilancia de las funciones que realizan los profesores.
En ese sentido, todos los ejemplos que tenemos a la mano revelan que en cada caso en el que los padres de familia y la población en general de una comunidad se organiza y confronta a los profesores, el resultado que obtienen es el compromiso de los educadores para no abandonar las aulas, incluso desatendiendo las actividades políticas y de presión que les marca su sindicato.
Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en varias escuelas de la Villa de Mitla, en donde incluso llegaron a enfrentarse violentamente profesores paristas y padres de familia, aunque al final el acuerdo para distender el conflicto se centró en que los paterfamilias permitirían el regreso de los profesores de la Sección 22 con la condición de que éstos no volvieran a cerrar las escuelas para irse a realizar actividades de su sindicato.
Por eso, en las circunstancias actuales bien valdría la pena intentar un proceso de concientización en el que los padres de familia y comunidades en general tomaran en cuenta la importancia de la organización, y tomaran el mismo ejemplo de los profesores de la Sección 22 pero ahora para ocuparlo a favor de la educación. Y es que a lo largo de su movimiento sindical, la 22 ha demostrado una y otra vez que la base de su fortaleza es la organización y la disciplina. Eso es lo que les ha permitido poner al Estado de cabeza cada que lo deciden; y su sólida organización es la que les ha permitido desmovilizar a todos los demás sectores sociales que bien podrían oponérseles pero que se desaniman sólo de ver su relativa superioridad numérica.
Sin embargo, ¿qué pasaría si en cada comunidad todos los habitantes se organizaran para exigir trabajo y resultados a los profesores de sus escuelas de educación básica?

¿DE VERDAD SON MUCHOS?
El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como centro de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?
Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?
La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones. En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.

LEALTADES
Puede entenderse, sin justificarse, que el gobierno estatal esté sometido institucionalmente por los intereses del magisterio. ¿Pero podría justificarse que el gobierno estatal siguiera sin hacer nada frente a esta necesidad urgente de emprender acciones para concientizar a las comunidades de que debe ser desde ahí donde se debe rescatar la educación? La centralización educativa difícilmente tendrá un efecto o alcance real para atender esos temas. Y la municipalización educativa debe ser social, cívica. De eso nos hace falta a todos tomar conciencia y poner manos a la obra.

+ Quitar legisladores resta legitimidad; ¿y privilegios?

No es casual que apenas días después de la conclusión del proceso legislativo de las reformas estructurales, fuera el propio PRI quien pusiera en la discusión una vieja propuesta para reducir el número de integrantes de las cámaras legislativas federales. Lejos de tener una intención democratizadora, la propuesta priista más bien parece encaminada a colocar un candado a los procesos reformadores de gran calado y a socavar la posible existencia de contrapesos en el poder que hoy ostenta el Ejecutivo federal. Lejos de la demagogia vale la pena revisar con cuidado esta propuesta para entender qué fines persigue.

En efecto, hace unos días el secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, entregó en la Mesa Directiva del Senado de la República el “Aviso de Intención” para realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista se centra en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos antes del 15 de septiembre próximo —sólo median alrededor de 25 días entre la presentación de la propuesta y su formalización— para que esta consulta popular se lleve a cabo en la misma jornada electoral federal de 2015.

Frente a todo esto surgen varias cuestiones que vale la pena analizar. Pues lo primero que salta a la vista es la prisa que parece tener el CEN del PRI por formalizar la propuesta y convertirlo en un tema de la agenda pública. El gobierno federal y el partido gobernante, esperaron a que concluyera la fase legislativa de las reformas estructurales por un asunto de cálculo y conveniencia. Pero una vez concluido dicho proceso lo irremediable parece ser la búsqueda de una riesgosa reducción del Congreso. Es riesgoso que para conseguir la aprobación popular, el PRI utilice argumentos endebles y esconda los que verdaderamente importan.

Específicamente, nos referimos a dos cuestiones: primera, que al reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.

El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.

¿REDUCIR EL CONGRESO?

Lo que en esencia todo Congreso busca representar, es la pluralidad de ideas y expresiones políticas de una nación. En México esa fue la razón para que se estableciera el principio de elección por representación proporcional en los legisladores federales. Sin embargo, para tener un mejor Congreso no necesariamente debe ocurrir una reducción de legisladores. Veamos.

Parece que muchos mexicanos no logramos centrar la razón de nuestra inconformidad. A muchos nos agravian los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Por eso, una reforma de verdad democratizadora a lo que debería ir encaminada es a quitar los salarios y privilegios excesivos, para devolverle el sentido de servicio a la función legislativa. Eliminar curules y escaños en realidad lo que busca es minar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo. ¿Por qué?

Porque un Poder Legislativo con menos integrantes significa únicamente la posibilidad de negociar y acordar con menos. Además, la reducción de legisladores es también proporcional a la pérdida de legitimidad en la toma de decisiones de gran calado. Si hoy en día, como lo apuntaba el doctor Diego Valadés, en México hay un legislador por cada 220 mil habitantes, con una reforma que disminuyera la integración legislativa, la representación popular se alejaría aún más de la ciudadanía. ¿A quién le sirve eso? Le sirve al Presidente, que se fortalece frente a un Poder Legislativo débil.

Además, la reducción de legisladores en los términos que se plantea no haría un Poder Legislativo más fuerte. No pasaría, por ejemplo, lo que se intentó en la Constitución de 1857 cuando se decidió disolver el bicamarismo para dejar sólo a la Cámara de Diputados eliminando el Senado. Al estar el Legislativo concentrado en lo que hoy conocemos como Cámara baja, sí existía una concentración de poder que lo que buscaba era justamente limitar la función del Presidente, que en los años previos había cometido todo tipo de excesos en el ejercicio de sus funciones.

En este caso, la reducción es simplemente de número pero se mantiene la división del Legislativo a través de la permanencia de las dos cámaras. Nada se dice sobre la eliminación de privilegios, y en realidad el “ahorro” económico no es sino la zanahoria con la que quieren justificar una medida que no contribuiría en prácticamente nada a democratizar un poco más el sistema político.

Por eso habría que ver con más detenimiento esta propuesta y cuestionar de fondo si junto con la reducción de legisladores habrá también una disminución de privilegios; o si con ello habrá también un replanteamiento de las funciones que tiene encomendadas el Presidente de la República. Ésta no parece una reforma saludable. Menos cuando el intento por arrinconar al Congreso viene apenas días después de que éste le hizo el favor al Presidente de aprobar las reformas que eran parte de su programa de gobierno.

PRIVILEGIOS

En una de las aristas de esta discusión debiéramos ver el caso de Oaxaca: aquí al Congreso en pocos años se le duplicó el presupuesto, pero la Legislatura no ha ganado credibilidad, eficacia o capacidad de resolución de problemas. Por eso, no es modificar lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Pero de eso, deliberadamente, nadie se acuerda.

Oaxaca se volvió infierno de violencia e indolencia

Ya nadie lo recuerda, pero el 21 de agosto de 2006 Oaxaca se volvió un infierno. La mañana de ese lunes, las calles de la ciudad amanecieron bloqueadas por profesores de la Sección 22 del SNTE e integrantes de la APPO, que en apenas unas horas montaron una verdadera toma de la capital oaxaqueña para enmascarar, en un ataque violento, la intención de hacerse de las principales estaciones radiofónicas para poder continuar su movimiento. Aún hoy resentimos los efectos de aquella maniobra perversamente planeada para involucrar a la ciudadanía en un conflicto que hasta entonces era sólo de grupos políticos.
En efecto, el 21 de agosto de 2006 era exactamente el día del punto sin retorno del conflicto magisterial de aquel año. Esa era la fecha en la que hace ocho años arrancaba el ciclo escolar 2006-2007, que los profesores se habían comprometido a iniciar a pesar de la crisis existente en la relación entre la Sección 22 y el Gobierno del Estado.
Era también el día fijado por el tribunal electoral federal para definir la apretada disputa electoral entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Por eso, los profesores oaxaqueños calcularon que ese era el día del punto sin retorno, en el que o iniciaban clases y optaban por la ruta de la concordia, o extendían indefinidamente el movimiento en contra del entonces gobernador Ulises Ruiz y contribuían a la desobediencia a la que llamaría el candidato presidencial derrotado de los partidos de izquierda.
La Sección 22 optó por esto último, y para ello utilizaron el pretexto de un ataque violento. Para eso, la madrugada de aquel 21 de agosto la Sección 22 fue blanco de un atípico asalto violento en las antenas de transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que habían ocupado desde el primer día de aquel mes, y que mantenían bajo su resguardo porque éste se había convertido en su principal canal de transmisión con la sociedad oaxaqueña, que hasta ese momento se había mantenido más o menos alejada de la crisis magisterial.
En dicho ataque —del que responsabilizaron al gobierno estatal, sin aportar una sola prueba que fuera referencia real de su autoría— ningún profesor fue lesionado, y más bien lo que ocurrió fue un ataque directo en contra de algunos aparatos de transmisión de las señales de radio y televisión oficiales. Eso bastó para que iniciaran una cadena de movimientos perfectamente coordinados con los que consiguieron la ocupación física y mediática de la capital oaxaqueña. Su estrategia consistió en ir a tomar las principales estaciones radiofónicas comerciales de Oaxaca de Juárez, y con ello magnificar el impacto social de sus acciones y mensajes.
En su justificación, los grupos que fueron directamente a ocupar las estaciones de radio —de las empresas Organización Radiofónica de Oaxaca y RPO, hoy grupo Radio México— afirmaron que el pueblo de Oaxaca había sido agredido, y que ante los impedimentos que encontraban para acceder a los medios de información públicos y privados, ellos habían encontrado el modo de “hacerse de ellos” para difundir sus postulados. Así, con un argumento tan sencillo como ese, justificaron esa abierta agresión a la ley y al derecho a la paz de miles de oaxaqueños.
Y, sabiendo lo que hacían, los grupos inconformes se fueron de lleno a explotar el capital que les permitiría la radio. Preveían que a partir de que iniciaran los llamados a la revuelta a través de las estaciones secuestradas, habría ríos de personas en las calles exigiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz.
En los hechos, no hubo tal situación. Sin embargo, gracias al poder y la influencia que tienen los medios sobre las masas, el conflicto pasó de pertenecer a un gremio y a diversas organizaciones sociales sin representación, a convertirse en un monstruo que no sólo evidenció las carencias y los enojos sociales más profundos, sino también el rostro más violento de la sinrazón, las mentiras, los excesos y la incertidumbre impulsados y justificados desde la radio.

OBJETIVOS DE FONDO
La primera razón que tenían los grupos inconformes para aducir un ataque armado a las antenas de la Cortv no sólo era la de tomar otras estaciones de radio, sino también reventar la consulta magisterial que, ya para entonces, se perfilaba en torno al inminente inicio del ciclo escolar.
El mito de la balacera en El Fortín fue el pretexto perfecto para que los grupos inconformes  justificaran sus acciones ilegales respecto de la radio; para que la Sección 22 cancelara la consulta debido a la nueva agresión; y para que el movimiento social buscara la masificación no sólo en la capital sino también en el interior del estado.
La segunda fase de las estrategias de lucha, para entonces, estaba ya en operación. Al ocupar las señales de radio, los asesores mediáticos de las organizaciones inconformes delinearon la metodología que les permitiría no únicamente atraer a la población hacia su causa, sino también asegurarles la idea de que lo que ellos estaban diciendo, era la verdad. Esa metodología estaba integrada por tres pasos: primero, la descalificación de todos los medios de información no identificados con sus causas. Segundo, el adoctrinamiento social. Y tercero, el llamado a la revuelta.
Si se revisa la actuación mediática de los grupos inconformes, la estrategia fue seguida al pie de la letra. Por eso, uno y otro medio de información electrónico o escrito que no comulgaba con sus acciones violentas, en las estaciones en poder de los inconformes fue tachado de vendido, traidor o gobiernista —e incluso literalmente vetado por la APPO—, mientras que ellos, sin decirlo pero demostrándolo, se habían erigido en un auténtico instrumento no sólo informador, sino también ideologizador a favor de su movimiento.
El objetivo de la Sección 22 y la APPO no era que su movimiento tuviera voz: más bien, el objetivo real era dirigir al movimiento desde las señales de radio. Y hasta finales de noviembre de 2006, lo lograron a cabalidad.

ELINFIERNO
Así, gracias a que la radio estuvo en manos enfermas y manipuladoras, es que Oaxaca fue blanco de los horrores de la violencia, de las barricadas, de los ataques organizados y del envenenamiento retórico de que fueron objeto durante varios meses, todos aquellos que optaron por mantener prendidos sus receptores radiofónicos durante el conflicto. Lo más lamentable, es que a ocho años de distancia, lo que reina es la impunidad: nadie recuerda ese episodio y todo quedó sujeto al frío juicio del olvido.

Atomización, escenario ideal para perpetuar olvido

Hace ocho años que ocurrió el gran conflicto magisterial y popular en Oaxaca y nadie, ni siquiera quienes perdieron directamente recursos y fuentes de empleo, parecen haber aprendido la lección. En 2006 el sector de empresarios y comerciantes establecidos de la capital oaxaqueña fue uno de los principales perjudicados por la revuelta magisterial, pero ni así lograron tomar las lecciones de aquel episodio para aprender a defenderse conjuntamente y tener la capacidad de ser verdaderamente resarcidos.
En efecto, pareciera que los sectores productivos de Oaxaca aprendieron muy poco de las lecciones que dejó el conflicto magisterial de hace ocho años, que para efectos de los quebrantos económicos, podemos resumir en dos: primera, que desorganizados no tienen ninguna posibilidad de conseguir algo verdaderamente provechoso para reactivar sus empresas y la movilidad económica (y los empleos) que generan; y segunda, que esa falta de organización y para generar efectos sobre las autoridades de los tres órdenes de gobierno a la larga generó un desgaste profundo a sus argumentos, los cuales hoy siguen siendo exactamente los mismos que hace ocho años, y sin embargo cada vez menos personas los creen. Veamos.
En 2006 pasaron muchas cosas, en medio de las cuales los sectores productivos tuvieron una participación importante. Esa participación fue, esencialmente, para respaldar las acciones que emprendía el gobierno y para apoyar las medidas que buscaran restablecer el orden arrinconando las protestas. Eso, sin embargo, tenía una doble intención. Pues lo que aparentemente querían los empresarios era orden y Estado de Derecho para poder trabajar. Pero en aquel momento, los líderes empresariales también querían provecho político y buscar un cargo de elección popular. Lo más importante los consiguieron –o estuvieron a punto- aunque en esencia los sectores productivos siguieron igual de quebrados que como quedaron después del conflicto.
Y es que quizá ya no lo recordemos con claridad. Pero el liderazgo de los empresarios y comerciantes de la capital durante el conflicto magisterial sirvió únicamente para beneficiar a unas cuántas personas. Pues acabada la crisis social en Oaxaca emergió el cuestionamiento al interior de diversos sectores de la iniciativa privada oaxaqueña, porque en poco tiempo muchos empresarios y comerciantes voltearon a ver a sus cámaras y representaciones empresariales luego de la actuación que tuvieron sus dirigentes en torno al conflicto magisterial, y se preguntaban: ¿cuál representatividad real?
El cuestionamiento, entonces, recaía sobre los denominados “líderes empresariales” como Fredy Alcántara o José Escobar —que eran dos de los personajes que desde entonces “sonaban” como potenciales candidatos a un cargo de elección popular por el PRI—, por la sencilla razón de que durante y después de la crisis social, usaron en su propio beneficio el nombre de las agrupaciones que encabezan para emitir posicionamientos, exigir apoyos económicos e incluso hacer “presencia política”.
Por eso, desde entonces algunos empresarios señalaban, por ejemplo, la pérdida de socios que ya padecían la delegación estatal de la Coparmex, que tenía al frente a José Escobar Gómez, cuyo único capital político para aspirar a diputado local y luego a presidente municipal de la capital oaxaqueña fue justamente ese; o la turbiedad con que también en aquellos tiempos se reeligió Adalberto Castillo González en la Canacintra en Oaxaca para luego salir por la puerta de atrás; o incluso el desdén con que miraban muchos hoteleros el tamaño de la representatividad que terminó teniendo sobre su gremio, Fredy Alcántara Carrillo, que también usó a sus representados sólo para obtener beneficios particulares, al convertirse él en subsecretario de Economía en el gobierno de Ulises Ruiz, dejando a los hoteleros sin ese gran beneficio colectivo que se supone que buscaba a través de la Asociación que encabezaba.

EL DESGASTE
Eso, junto con lo gastado de su discurso, tiene hoy a los empresarios contra la pared. Y es que nadie niega que las condiciones sociales en Oaxaca son complejas y que el gobierno ha demostrado una ineptitud infinita frente a cualquier posibilidad de garantizar el orden público. En este escenario, sin embargo, habría que preguntarse si los empresarios y comerciantes de la ciudad han podido pasar del discurso de la queja y la lamentación, al de las acciones concretas que puedan llamar la atención de la opinión pública a gran escala. La respuesta a esa pregunta, lamentablemente, es negativa.
Los sectores económicos de Oaxaca no han podido hacerlo porque no han tenido capacidad de transformar el mensaje que mandan con su inconformidad. Ellos siguen hablando, hasta el infinito, de la falta de condiciones de gobernabilidad para trabajar, y de las pérdidas que sufren por el magisterio. Pero sólo se limitan a pegar mantas a las afueras de sus negocios y a dar declaraciones que hoy en día han perdido el impacto que deberían seguir teniendo. Esto ocurre porque tienen ocho años diciendo lo mismo, y mientras repiten sus afirmaciones no reparan en que lo siguen diciendo en una sociedad que está igual de ahogada que ellos, y frente a un gobierno que está acostumbrado a no atender lo que ellos consideran irremediable.
En este sentido, es terrible que, por ejemplo, siendo un oaxaqueño el líder nacional del Consejo Coordinador Empresarial, y teniendo varios empresarios locales roce con sectores de importancia nacional e internacional, no logren llamar la atención de la opinión pública nacional para hacer valer sus denuncias.
Para mal de la colectividad, todos los oaxaqueños estamos en las mismas, y hemos escuchado hasta el cansancio el mismo discurso, pero lo cierto es que la ciudadanía puede hacer poco, y el gobierno no quiere hacer nada. Por eso hoy las denuncias de los empresarios y comerciantes más bien parecen tiros ahogados, que ya no logran tener ningún impacto en la posibilidad de que alguien les ponga atención y les brinde las herramientas para salir adelante.

OTRA VEZ
Ayer de nuevo los profesores de la Sección 22 causaron destrozos, a la vista de todos, incluyendo a la Policía Estatal. ¿Qué va a decir ahora Alberto Esteva? ¿Que como el de la 22 y la 59 es un lío interno de un sindicato entonces no se mete? Con razón las disputas internas como la de los transportistas, por ejemplo, en las que ha habido muertos y destrozos, ocurren siempre en la más artera impunidad.

Titular SSP no es experto, ni político. ¿Entonces?

En ese nivel de transparencia que quién sabe si algún día lleguemos a ver los mexicanos que hoy vivimos, el Gobierno del Estado debía explicar con claridad cuál es la razón por la que sostiene en el cargo a un funcionario como Alberto Esteva Salinas. Hasta hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública no ha demostrado cualidades profesionales, académicas o políticas como para ser un personaje idóneo para el cargo que ocupa. Los oaxaqueños nos preguntamos por qué sigue en el cargo. Pero el problema es que nadie responde.
En efecto, Alberto Esteva Salinas llegó a la Secretaría de Seguridad Pública con un cuestionamiento de origen. Su antecesor, un policía puro como Marco Tulio López Escamilla, dejó el cargo plagado de minas que explotaron desde que Esteva puso un pie en la SSP, y ésta le emitió una carta de antecedentes penales exhibiendo que tenía al menos dos órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas en su contra. Desde ese momento, quizá por una razón de purismos o incluso de evitar que un individuo no calificado llegara a ese cargo, a Esteva le brotaron los impedimentos que hoy en día no ha podido revertir con éxitos como titular de esa dependencia.
¿Cuál era el principal problema que tenía Marco Tulio López Escamilla? Que él no es un político, sino un policía, y que por ende frente a ciertas situaciones no tenía la capacidad para actuar con el tacto necesario como para controlar una situación que no necesariamente debía derivar en la fuerza verbal, o en la fuerza pública. López Escamilla actuaba al margen de cualquier tipo de razonamiento relacionado con una razón política que pudiera impedir la acción de la dependencia que encabezaba.
Quizá eso fue lo que buscó eliminar el Jefe del Ejecutivo del Estado cuando decidió optar por un político y no por un cuadro especializado en seguridad pública. Pues entre López Escamilla y Alberto Esteva se barajaron otros nombres de personajes que estaban menos contrapuestos entre sí. López Escamilla era el policía puro que llegaba al cargo más importante de ese estrato en una entidad federativa. Y Esteva es un personaje que si bien forjó buenas relaciones con el gobierno de la Ciudad de México —que luego se convirtió en referente para el nuevo modelo federal en la segunda era presidencial priista—, en realidad no contaba con ninguna experiencia técnica y operativa para el cargo que hoy desempeña.
Por eso el primer escollo que debió Esteva como titular de la SSPE fue justamente el de legitimar su nombramiento. No lo hizo: en lugar de ello decidió reñir desde el primer momento con la Legislatura del Estado, que finalmente decidió ratificarlo en el cargo no porque él hubiera tenido la capacidad de conseguir un consenso —incluso entre los propios partidos aliados del Gobernador— sino porque finalmente siguieron la lógica de que si el Ejecutivo como parte de sus responsabilidades lo proponía, entonces también sería corresponsable de lo bueno o malo que éste hiciera.

PELEAR CON TODOS
Luego, Esteva generó sus propios cuestionamientos cuando recién llegado a la SSPE anunció que disolvería los grupos de elementos antimotines, bajo la lógica de que el gobierno actual es democrático y no está hecho ni debe servir para reprimir al pueblo. Pero apenas semanas después de eso, se tuvo que tragar sus palabras cuando se vio obligado a utilizar a la fuerza pública para contener una manifestación violenta de normalistas que ocurría a las afueras de las instalaciones del IEEPO.
Luego, Esteva decidió emprender falsas campañas de proximidad social, ridiculizando a los elementos policiacos, distrayéndolos de sus actividades, y obligándolos a cumplir con funciones que no son propias de un elemento de seguridad pública. ¿Cuáles? Ir a regalar café y pan a los familiares de las personas internadas en hospitales públicos, fungir como payasos, paseadores o nanas de niños en las calles; obligarlos a ser parte de actividades como el cuidado de ardillas en la plaza principal de Oaxaca, o presentarlos como “amiguitos” de la gente cuando lo único cierto es que el policía debe infundir una sola imagen, que es la de autoridad.
Si ello no fuera suficiente, Esteva Salinas pronto demostró su incapacidad para tolerar la frustración y su poco entendimiento de la actividad política que se supone que lo mandaron a hacer a Seguridad Pública. Y es que a Esteva, quizá, no lo mandaron a que hiciera una precampaña política o a que diera rienda suelta a sus sueños de ganar por fin una elección en la entidad, sino a que fuera la mano tersa que aliviara algunas tensiones que había generado su antecesor en el cargo.
No lo hizo. Y no sólo eso, sino que hoy en día Esteva está más enfrentado con la ciudadanía que ningún otro Secretario de Seguridad Pública en el pasado reciente de la entidad, y aún así él continúa alimentando esa idea de que es un inepto como operador del sistema de seguridad pública estatal, y a su vez un pésimo político que lejos de consensar posiciones distintas que pueden derivar en el uso de la fuerza, siempre termina desmentido por la realidad, pero además riñendo con todos los que se cruzan en su camino.
Por eso hoy sería importante saber cuál es la razón que lo mantiene en su cargo como titular de la SSPE. Esto porque no es un político que sea la mano suave frente a la respuesta contundente que sólo puede dar la fuerza pública. No es un operador técnico ni táctico que pueda demostrar reducción en la tasa de los delitos de mayor incidencia (Al contrario). Y tampoco es un elemento que contribuya a generar concordia entre el grupo gobernante y los sectores radicales que siempre han existido en Oaxaca.
Así, al haber fracasado como conciliador, como operador, como político y hasta como simple sostenedor de las estrategias que ya existían, lo que Esteva debería hacer es irse. Sin embargo, no sabemos —y quizá no lo sepamos nunca— si es por testarudez, por un compromiso político que nosotros desconocemos, o simplemente por indolencia, se permita que continúe en el cargo que ostenta.

REINCIDIR
Es lo que hace la Sección 22, que no entiende razones. ¿Qué les molestó tanto que quitaran de la iniciativa de ley educativa que envió el Gobernador al Congreso? En esencia, les causó escozor que eliminaran el Transitorio 16, que establecía la contratación automática de los normalistas, cuestión que sí es claramente inconstitucional. Así, su ánimo por insistir los pone como necios y como congruentes, que es lo que según intentan parecer.