+ Sólo protestan cuando presionan a ellos

Hoy que el magisterio oaxaqueño y de otras entidades tiene bajo asedio a la capital del país, todos “descubren” los métodos duros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para hacerse presentes. En ese contexto, desde nuestra entidad deberíamos darle, al gobierno federal y a toda la Federación, la “noticia” de que Oaxaca sí existe y que eso de lo que tanto se alarman, siempre ha pasado en este estado olvidado por todos, y dejado hasta de la ley.
En efecto, este es hoy el escenario de la Ciudad de México: Los legisladores sesionando en un centro de convenciones. El Zócalo tomado y el Palacio Nacional acosado por el magisterio. Cientos de miles de ciudadanos afectados en sus actividades laborales. Cientos, seguramente miles de millones de pesos en costos. El aeropuerto internacional de la capital del país, casi secuestrado. Maestros asediando a televisoras y radiodifusoras para exigirles espacio. Y, como Espada de Damocles, pendiendo sobre la capital de la República la amenaza de que, ante cualquier oposición o intento de acción policiaca, los maestros darán la pauta para la ingobernabilidad, para la revuelta y para las acciones de sabotaje.
Ese escenario, es cierto, es aterrador… pero nadie puede decir que es algo desconocido para nuestro país. En ese sentido, hace algunas décadas, cuando hubo la amenaza de que las protestas estudiantiles se desbordaran y cayeran en el cuestionamiento franco a la autoridad o a la ley en la Ciudad de México, se aplicó la fuerza del Estado al grado de la represión brutal. Ese “fantasma”, es lo que ha impedido que la capital de la República se convierta en ese foco de insurrección que, aunque nadie lo reconoce, sí son hoy en día algunas entidades alejadas del centro del país, como lo es Oaxaca.
Por eso nadie debería asustarse de lo que pasa en la capital del país, y más bien deberían asumir que eso es un reflejo de todo lo que cada año ocurre en Oaxaca, ante el desinterés y la indolencia de todos los que ven a Oaxaca como una tierra aparte, y no como una entidad igual de importante que todas las demás en México, y que por ende necesita de forma apremiante de la atención tanto de la Federación, como de todas las entidades de la República.
Y es que, como hemos insistido en este espacio, en Oaxaca ya nadie se asusta por acciones de protesta como las que ocurren hoy en la capital del país, y tampoco lo haríamos si el magisterio tomara medidas aún más radicales, porque a la luz de las experiencias locales, las protestas pueden aún subir mucho de tono sin que, en el fondo, nada se altere. Aquí en la Verde Antequera, por ejemplo, es un tema que sí provoca enojo, pero que para efectos prácticos es casi irrelevante, es la toma del zócalo citadino y la instalación de un plantón masivo por parte del magisterio, que abarca más de cuarenta cuadras del primer cuadro del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, y que deja sin clases a más de un millón 300 mil niños y jóvenes que acuden a escuelas públicas.
Del mismo modo, en Oaxaca nadie se asusta ya —y más bien es tomado con la tolerancia que sólo da la desesperanza de saber que nada puede hacerse en contra—, cuando el magisterio de la Sección 22 decide obstruir el trabajo gubernamental ante la toma de sus sedes, ya sea la Cámara de Diputados, o los complejos administrativos que albergan a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
Lejos de asustarse, esa es la razón por la que todos los funcionarios oaxaqueños —todos, hasta los de niveles jerárquicos inferiores— cuenten con “oficinas alternas” para ir a refugiarse cuando sus sedes principales son ocupadas por maestros, por luchadores sociales, por campesinos o por quien sea que simplemente, en la exigencia de un satisfactor, decide obstruir el espacio y la actividad pública en el Estado.

FLAGELOS CONOCIDOS
No nos ufanamos de ser “experimentados” en el padecimiento de las protestas de grupos como el magisterio. Más bien, el sentimiento que queda es el de la doble vergüenza no sólo por haber permitido que todo eso ocurriera libremente bajo la figura de la tolerancia y del “estado de Derecho”, sino también porque en todo este tiempo Oaxaca ha sido algo así como un “territorio aparte” del resto del país. Aquí la legalidad ha sido puesta en entredicho a cada momento. Y aún ni ante los fuertes llamados de atención que fueron para todos los hechos del 2006, hubo voces responsables, de Estado, que tuvieran la determinación o la capacidad de hacer algo porque las cosas cambiaran.
En 2006 el magisterio desplegó, en Oaxaca, todas las tácticas que hoy está poniendo en marcha en la capital del país. Quizá no existe una numeralia exacta de todas las obstrucciones que realizaron en ese año. Pero si hacemos una revisión hemerográfica seguramente encontraríamos que fueron docenas de días los que el magisterio mantuvo aquí la toma del aeropuerto citadino, así como de otros puntos de concentración de medios de comunicación.
Si eso lo trasladamos a la actividad pública, podremos corroborar que fueron meses, sí, meses, los que el magisterio tuvo tomada la sede del Poder Legislativo, y otro montón de tiempo el que tuvo paralizada la gran mayoría de la actividad pública administrativa y judicial en la capital del Estado. Por eso, a nosotros los oaxaqueños lejos de causarnos sorpresa que hoy los maestros vayan a la Ciudad de México a emprender esas protestas que ya saben realizar, lo que nos sorprende es que aún frente a los llamados de atención, y la alerta que han sido en sí mismos los últimos años de acciones de protesta magisterial cada vez más radicalizada, nadie en el gobierno federal, nadie, parezca haberse dado cuenta que todo eso se estaba gestando, y que a la menor provocación eso mismo ocurriría en la capital del país, o cualquier otro en el que necesitaran concentrarse los maestros de Oaxaca.

TÁCTICAS GUERRILLERAS
Ahora, otro de los temas que parece sorprender a todos en la capital del país son las “tácticas guerrilleras” que puede emprender el magisterio para seguir protestando. ¿Eso es nuevo? Por favor: en Oaxaca las ensayaron, en tiempo real, durante meses. ¿O qué la toma de medios informativos, las barricadas, los bloqueos intermitentes, la brigada móvil, la comunicación por cohetones y las tácticas de defensa y resistencia ante las acciones policiacas fueron una casualidad? Todo eso estuvo siempre a la vista de todos. Que no lo hayan querido ver, y ahora se hagan los sorprendidos, es distinto.

+ La educación no debe pelear con la lucha social

El intercambio epistolar entre los profesores de la Sección 22 y los padres de familia de la Escuela Secundaria Número 84, de la Villa de Etla, es un claro ejemplo de lo perdida que se encuentra la guía respecto al compromiso del magisterio con la educación y con las causas sociales, y el respaldo que ya no tienen por parte de la sociedad y los padres de sus educandos. Es claro que todo está perdido cuando las personas que deberían respaldar una lucha, se convierten en rehenes de ésta, y cuando los luchadores sociales se convierten en victimarios de sus defendidos.
En efecto, la historia de la pugna entre profesores y padres de familia en la Secundaria 84 de la Villa de Etla no tiene mucho de complejo: ante el paro indefinido de labores que decretó la dirigencia de la Sección 22 previo al inicio del ciclo escolar, los paterfamilias se organizaron y pusieron un ultimátum a los maestros paristas: éstos tendrían que presentarse a trabajar a más tardar el día viernes 23 de agosto, o los padres de familia tomarían medidas como contratar a profesores externos para dar clases a sus hijos en las instalaciones escolares, o entregarían el centro escolar a los profesores de la Sección 59, que les ofrecieron cumplir con el calendario escolar sin un solo día de paro.
Así, puesto el ultimátum, profesores y padres de familia dialogaron y acordaron que el ciclo escolar arrancaría, en esa escuela secundaria, el viernes 23 con la presencia de cierto número de profesores (no todos), pero que ayer lunes 26 de agosto todos se presentarían a trabajar. Sólo que el día que pactaron para el regreso a clases, a los profesores no les pareció que los padres de familia tuvieran el control de las instalaciones, y que no se las entregaran de la forma “incondicional” que esperaban.
Ante esto, los profesores emitieron un comunicado señalando lo siguiente: “Al presentarnos nos encontramos que aún la escuela se mantenía cerrada con cadenas y candados en todos los accesos, impidiendo la entrada de maestros y alumnos. Obligándonos a firmar la entrada y salida en una hoja de cuaderno, como condición para entrar y salir del plantel, resguardado por un grupo de padres; permitieron la entrada de varios medios de comunicación acosando a maestros y alumnos dentro y fuera de las aulas, así mismo publicando fotografías en redes sociales”.
Señalaban, además, que los paterfamilias les inquirieron, de forma prepotente e injustificada, documentación oficial, y que “su verdadero interés no era el regreso de clases en favor de los alumnos, sino tener el control de nuestro centro de trabajo”. Y luego de rechazar las reformas educativas e “invitar” a los padres de familia a conocer la afectación que tendrían las reformas sobre la educación de sus hijos, resolvieron simplemente “no presentarse a la Escuela en tanto no se formalice la entrega total y absoluta de la institución, garantizando con esto la integridad de toda la comunidad educativa”.

REHENES
En respuesta al comunicado de los profesores, los padres de familia distribuyeron una dura respuesta en la que se quejan de la actitud de los profesores, niegan las supuestas agresiones y explican el motivo de su actuar, pero sobre todo les reprochan el ocupar la educación como una bandera para sus protestas.
“El desarrollo normal de la actividad educativa empezará cuando ustedes ‘Base Trabajadora’ –dice la respuesta de los padres de familia- dejen de hacer paros, marchas y demás actos de violencia que únicamente sirven para deteriorar la educación y formación de nuestros hijos. A los Padres de Familia no nos interesa tener en resguardo o control del edificio de la Institución en tanto, este sea aprovechado por y para los fines a que está destinado, cosa que no ocurre a la fecha (…) Por el contrario, vemos que a ustedes si les interesa tener el control no solo del edificio para aparentar que trabajan, además del control de los educandos, para utilizarlos de rehén ante sus ambiciones muy particulares.”
Y, en otra parte del comunicado, continúa: “El problema que se da en escuela, ha sido originado por la propia ‘Base Trabajadora’, precisamente por no trabajar, por sus múltiples ausencias en años anteriores, por no cumplir con los programas de enseñanza, por cobrar sin trabajar y todavía quieren más dinero, trastocando la ley, sus instituciones y lo más grave, en detrimento de la educación…”
En estas palabras, llama la atención el modo en que acusan al magisterio de tener como rehén a los educandos y a la educación, y la forma en que reprochan no sólo este paro, sino todas las acciones que han emprendido, en otros años, los maestros como parte de su lucha sindical. Esta visión, genuina sin duda, refleja uno de los grandes errores de los profesores: no haber podido nunca explicar su lucha y poner en calidad de adversarios a los padres de familia, que se supone que debían ser sus principales aliados en la lucha por la educación pública.
Y es que si para los profesores de la CNTE las condiciones en que realizan su trabajo educativo es un problema de fondo que los lleva a tomar la pobreza, la marginación y otros problemas sociales como parte de su lucha, hoy en día para la sociedad oaxaqueña ellos dejaron de ser defensores de los desprotegidos para pasar a ser parte del problema educativo. En esas condiciones, ¿cómo pedir comprensión para su lucha, si –como pasa en el comunicado antes mencionado- ellos mismos no pueden explicar los flagelos contra los que luchan? Por eso, los defendidos se sienten hoy rehenes. Rehenes de quienes –por no poder explicar su lucha- se supone que vienen a liberarlos aunque en realidad parecen hacer todo lo contrario.

OLVIDO OFICIAL
Nuestros compañeros de la Unión de Voceadores Oaxaca (UVEPLREO) lograron, hace algunos años, que el gobierno estatal, a través del Instituto de Vivienda, les otorgara lotes para la edificación de sus viviendas. La entrega fue a medias: físicamente les entregó el terreno pero no pueden avanzar en la lotificación del predio ¡Porque el mismo Instituto (hoy CEVI) “olvidó” exigir al vendedor original del predio que gestionara la “escritura madre” a favor del gobierno estatal, para que éste pudiera subdividir y entregar legalmente los pequeños lotes! Los voceadores llevan más de tres años en esa espera. ¿Apostará el director CEVI, Salvador Cerna Gil, y el titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra, a que termine el sexenio para no atender este asunto?

+ Moderación y radicalismo, ¿de fomento oficial?

Ha causado mucho estruendo a nivel nacional la acusación que pesa sobre el gobierno de Oaxaca de que, en la inminencia de las protestas por la reforma educativa en la capital del país, pagó por adelantado su salario a los profesores y otorgó un “bono especial” para financiar las movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México. Señalamientos como éste, en realidad, son reacciones de quienes han visto cómo en Oaxaca han apostado a jugar, al mismo tiempo, en los dos bandos posibles (el de la moderación, y el del radicalismo) del ala opositora a las reformas constitucionales en materia educativa y energética.
En efecto, en su columna Ayuda de Memoria del pasado sábado en el diario La Razón, el periodista Raymundo Riva Palacio enlazaba el pago de salarios y el bono extraordinario otorgado al magisterio oaxaqueño, con la demostración de fuerza y de capacidad de movilización que la Sección 22 dio toda la semana pasada en la capital del país.
“La pregunta que más se escucha estos días —escribía Riva Palacio— es quién financió a los maestros de Oaxaca para su protesta en la capital, que en una noche levantaron su ciudad con alrededor de siete mil casas de polyester. Llegaron en autobuses desde sus comunidades en Oaxaca, sin nadie que los detuviera y con recursos para iniciar la movilización…”.
La posibilidad del “financiamiento oficial” a una movilización siempre existe. Pero lo que queda más claro, es que afirmar que el magisterio oaxaqueño sólo se mueve y protesta a partir de fuentes externas de financiamiento, es tanto como no conocer las capacidades de la Sección 22, y hablar en la ignorancia. Veamos por qué.
El magisterio oaxaqueño tiene más capacidades y conocimientos que nadie para organizar manifestaciones, e incluso para vivir en la resistencia. Su lucha de más de treinta años les ha permitido siempre protestar con la ventaja del sueldo garantizado. No es de sorprenderse que siempre, en todos los gobiernos y frente a todos los gobernantes, el magisterio ha ido a protestar pero siempre con el salario en la bolsa, porque esa es una de las precondiciones que ponen para dialogar, y construir la solución a sus demandas.
La única ocasión, histórica, en la que no se les pagó sus salarios (que no fueron descuentos, ya que al final el reintegro fue del total de los sueldos retenidos) ocurrió de agosto a diciembre de 2006, en la última fase del conflicto magisterial, en el que el gobierno de Ulises Ruiz sí les retuvo alrededor de cuatro meses de salario hasta que regresaron a las aulas. Sin embargo, no es sólo el salario lo que les permite la movilización. En realidad, la Sección 22 ha construido un entramado de controles y métodos disciplinarios que hacen que los maestros acudan a las movilizaciones quieran o no hacerlo, y que sus demás compañeros los financien tengan o no dinero, e incluso al margen de si quieren o no aportar para los viajes, las comidas y los gastos de los enviados a las movilizaciones.
Todo, en la relación de ellos con su sindicato, son “puntos” que juegan a favor o en contra —según sea su participación en las actividades sindicales— para el momento que solicitan a su sindicato les mejore su salario, su ubicación o sus prestaciones. Así, quien marcha y protesta es beneficiario, pero también lo es quien aporta dinero para las movilizaciones sindicales. En esa relación, el esfuerzo y la competitividad laboral no importan. Y esa es una de las razones por las que rechazan la evaluación y el servicio docente de carrera, ya que eso le quitaría al Sindicato el control que tienen sobre la situación laboral de sus agremiados, para regresárselo al gobierno.
Ahora bien, si el magisterio oaxaqueño tiene una larguísima tradición de protestas y plantones, ¿alguien debería sorprenderse por lo bien organizados que están para instalar, en cuestión de horas, miles de casas de campaña, manteados y demás; y tener todos los enseres necesarios para pernoctar, comer, dormir y todo, en el lugar en el que se planten?
La verdad es que, en este caso, no parece ser el financiamiento oficial el factor decisivo, sino más bien el hecho de que la 22 está demostrando que los conocimientos abrevados en tantos años de manifestación hoy levantan innumerables sospechas y avivan las acusaciones en quienes no terminan de creer que un gremio sea capaz de movilizarse con tanta eficacia y de generar tanto caos incluso en un escenario tan complejo, como lo es la Ciudad de México.

EL JUEGO DE LAS REFORMAS
Al final, es claro que al gobierno de Oaxaca le están cobrando el tratar de jugar en las dos bandas de la política opositora a las reformas. La filiación perredista del gobierno local, de entrada ya lo puso en el ala que dirá “no” a las reformas del presidente Peña Nieto. Y ya bien ubicado en ese sector, el gobierno de Oaxaca busca también unirse públicamente a los moderados, pero sin soltar a los radicales con los que también tiene trabadas alianzas. ¿De qué hablamos?
De que en el caso de la reforma educativa, el gobierno y la Legislatura oaxaqueña aún no votan en contra de los cambios constitucionales. Ese es un tema ya irrelevante, porque la mayoría de los estados ya aceptaron la reforma y ésta ya tiene el carácter de norma constitucional. Pero lo que sí es importante es la postura que asume cada una de las entidades. Ahí, Oaxaca ha “nadado de muertito” sin decir “sí” ni “no” a la reforma (para no romper con los opositores moderados) pero tampoco detuvo a los radicales, que ahora mismo protestan en la capital de la República.
Lo mismo pasa con la reforma energética. Públicamente, el grupo gobernante local se ubicó entre los que seguirán los pasos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es el faro de la oposición moderada a la reforma que presentó el gobierno federal. Pero, como en el caso anterior, esa moderación local viene acompañada de la permisividad a la actuación de los grupos radicales locales, que seguramente tendrán una presencia importante en las acciones de resistencia que emprenda y encabece el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

EN DOS BANDAS
El grupo gobernante local, también tiene una alianza histórica con el tabasqueño. Seguramente no caminarán juntos, pero tampoco lo dejará descobijado y, así, hasta le dará ciertos apoyos disimulados. Eso es lo que les hace tanto ruido en la capital del país. Entienden el ajedrez del gobernante. Pero no alcanzan a comprender los alcances de la Sección 22.

Programas federales, detenidos quién sabe por qué

Han pasado casi nueve meses desde que inició la nueva administración del gobierno federal, y ya comienza a provocar alarma que Oaxaca sea la entidad federativa que presenta mayor rezago en todo el país, en el nombramiento de delegados y en la reactivación de los programas federales. En varios momentos hubo razones que justificaban el aplazamiento de dicha decisión. Pero hoy ya no queda claro si las pugnas al interior del priismo han sido más fuertes que la atención federal, o si existe una especie de pacto tácito para mantener estática la presencia federal en Oaxaca. E incluso puede ser que al gobierno federal únicamente no le interese nada relacionado con la entidad.

En efecto, aunque en la mayoría de las entidades de la República el nombramiento de delegados federales ha girado alrededor de varios factores, hoy puede verse que Oaxaca no es prioridad para el gobierno federal, y que a su vez el gobierno de la entidad parece no tener prisa en que se reintegren las delegaciones federales. Mientras en entidades como el Estado de México o Hidalgo (de donde provienen el Presidente y el Secretario de Gobernación) la reintegración de las delegaciones se dio en los primeros meses del año, Oaxaca sigue estando por completo olvidada de la atención federal. Hay razones para afirmarlo.

El primer y más poderoso argumento que sostiene la grave desatención a la entidad, radica en que hasta ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado nulo interés por la entidad, salvo en temas que son prioritarios como la atención de ciertos aspectos relacionados con la gobernabilidad, y la búsqueda de consensos con el grupo gobernante local para el tránsito de las reformas que ha venido realizando el gobierno federal a lo largo del presente año. Fuera de eso, ni el Presidente ni el Secretario de Gobernación, y en realidad muy pocos funcionarios de primer orden del gobierno federal, se han apersonado en Oaxaca para cumplir —como se supone que debe hacer el gobierno federal con todas las entidades que integran la Federación— con la formalidad política del refrendo del Pacto Federal.

El segundo asunto es tanto o más grave. Pues hoy la desatención federal ha provocado una especie de letargo en los programas que ejecuta y en los servicios que el gobierno federal otorga directamente a la ciudadanía en la entidad. En ese sentido, el hecho de que la gran mayoría de las delegaciones federales continúe acéfala ha provocado, en el aspecto más sensible, que muchos de los programas federales presenten hoy retrasos, subejercicios o deficiencias de funcionamiento que al final del día terminarán impactando negativamente en las propias estadísticas y resultados del gobierno federal (si es que los reconoce), pero que sobre todo terminarán reflejándose de forma perjudicial en los beneficios que directamente recibe la ciudadanía.

En este sentido, lo menos importante parece ser el hecho de que las cúpulas priistas en la entidad (no más de tres o cuatro personas) no se pongan de acuerdo en el contenido de la lista de nombres que se encuentran propuestos para ocupar dichos cargos en la entidad. En el fondo, lo más grave de todo esto se encuentra en el hecho de que la entidad se está quedando sin las herramientas indispensables para combatir diversos problemas sociales, que son la razón de la existencia de los programas y las inversiones que realiza el gobierno de la República.

PROMOVER LA PARÁLISIS

Todo esto se dimensiona cuando vemos, en temas concretos, todo lo que está en juego, y en riesgo, ante la desatención federal a sus propias dependencias y a los programas que aquí se ejecutan: en primer término, el gobierno federal tiene como eje de todos sus esfuerzos en materia social el programa llamado Cruzada Nacional contra el Hambre, que está destinado a combatir la carencia alimentaria, y una serie de atrasos de primera prioridad, no en todos los municipios pobres del país, sino sólo en los que presentan mayor índice de rezago social.

En este sentido, Oaxaca aglutina a más de 130 de los 400 municipios que son prioridad de atender en el presente año, ya no sólo por la Secretaría de Desarrollo Social y sus organismos desconcentrados y descentralizados, sino por todo el aparato burocrático federal que, según lo anunció el Presidente de la República, aglutinaría todos los esfuerzos juntos para que fueran juntas todas las dependencias las que se encargaran de hacer un trabajo integral en favor de las personas.

Si vemos todo eso a contraluz de lo que ocurre en Oaxaca nos daremos cuenta de la gravedad del problema: ¿Cómo está operando ese conjunto de esfuerzos en una entidad, en la que ni la Sedesol, ni sus programas más importantes, ni otras delegaciones de dependencias federales, tienen representantes en la entidad? Pues más allá de lo que se diga en el ámbito federal para justificarse, lo cierto es que aquí sólo están ocurriendo dos cosas:

O las dependencias están a la deriva, únicamente en manos de encargados que están dedicados a sólo ver el trabajo administrativo ordinario sin involucrarse (lo mismo porque no quieren que porque no los dejan) en temas relevantes que implican responsabilidad y manejo de recursos; o, como saben que tienen un pie afuera del gobierno federal, están aprovechando para hacer los negocios que tuvieron limitados en años anteriores y asegurarse —al menos económicamente— para los años que vienen, en los que ya no detentarán los cargos que —así sea de forma temporal— hoy tienen.

Al final, lo que parece estar atorado en medio de todo esto, es el procesamiento de una decisión compleja que, por eso mismo, el gobierno federal no tiene tiempo —ni interés ni prisa— por tomar. Hay cosas, quizá, más importantes que abrir el consenso entre los “notables” oaxaqueños. Mientras, están administrando lo que se puede, quizá porque eso tiene un costo menor que los enredos que tendrían que deshacerse para llegar a una decisión concreta.

PRIORIDADES

¿Tanto urge que los afines de uno u otro grupo tengan chamba en las delegaciones federales de la entidad? ¿De verdad los programas federales caminan solos? ¿Qué no vale atender las las necesidades de la gente? ¿Así cómo podrá refrendar el partido en el gobierno federal, que también le importa la gente que votó a favor de ellos en Oaxaca? Incluso, ¿después de esta demora injustificada, cómo sostener que las delegaciones sí siguen siendo importantes? Van 9 meses y el tiempo sigue corriendo…

+ Apretarán en SCT; después van a pelear

Muchos de los que tienen puestas las miras en el futuro político de Oaxaca deberían ver con detalle la maniobra que están haciendo, libremente, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, David Mayrén Carrasco, y el diputado local electo del PRI por San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, para asegurar el futuro político, aunque al final sólo uno de los dos saldrá ganancioso.

En efecto, lejos de cualquier enfrentamiento, Mayrén y Pineda Gopar parecen más bien estar coordinando acciones para hacerse, primero, del control de la delegación federal que materialmente se encuentra aún en manos de los funcionarios de la administración anterior. Pero esa alianza será sólo temporal: Mayrén y Pineda trabajarán de la mano sólo hasta el momento de las definiciones electorales de 2015, en la que ambos querrán ser candidatos a la diputación federal priista por el distrito electoral federal de Santiago Pinotepa Nacional… pero sólo uno podrá serlo. Pero para entender a cabalidad este asunto, es necesario ir por partes.

Desde hace dos semanas, Freddy Gil Pineda Gopar ha sido noticia en la entidad por las tres agresiones consecutivas que ha perpetrado en contra de personal de esa dependencia. En igual número de ocasiones, funcionarios administrativos de esa delegación han presentado denuncias penales por los hechos. Y en el mismo número de ocasiones, el también Edil con licencia de la comunidad de Santos Reyes Nopala ha dicho que sus irrupciones a la delegación de la SCT tienen como objetivo denunciar las arbitrariedades que han cometido servidores públicos en la ejecución de obras y en la atención a sus demandas y gestiones.

El problema es que, de entrada, parece demasiado capital político arriesgado por el Diputado Local Electo, sólo por unas gestiones. ¿Qué pasa entonces? Que como en política nada es casualidad, entonces esas irrupciones violentas tienen una explicación perfecta, y ésta tiene que ver con el control que hasta ahora no ha podido tomar, el Delegado, de la delegación que encabeza. Por eso, David Mayrén se está valiendo de los conocimientos de Freddy Gil en irrupciones y violencia porril, para poder hacerse de los espacios que hoy están legalmente ocupados por personas que no son afines a sus intereses, pero que pretende para la gente que integra su equipo.

En ese sentido, aseguran que Mayrén Carrasco se encontró con el freno que impone la Ley federal Servicio Profesional de Carrera, a la remoción de personal que es parte de ese programa en las delegaciones federales. Eso le ha impedido remover a personal que viene de las administraciones panistas, y tener libertad para colocar a sus propios funcionarios, que hoy ya laboran en una especie de delegación paralela, sólo que sin el acceso a las plazas y prerrogativas que sí podrían tener de pertenecer ya a la plantilla de empleados de la SCT.

Mayrén, en los meses que lleva como delegado, ha tenido ya varios desencuentros con los empleados de la delegación, por esa y otras causas. ¿Qué hizo? Que decidió echar mano de su paisano Freddy Gil Pineda Gopar, a quien no le da miedo eso de ponerse violento, para generar incertidumbre entre los empleados de la delegación y después aprovechar el río revuelto para iniciar los procedimientos administrativos (y/o “negociaciones”) que le permitan dar de baja a algunos empleados clave de la delegación (los que fue a agredir y cuestionar Freddy Gil, y otros más) para comenzar a ocupar esas plazas con personal que además de ser cercano a él, conoce también los mecanismos para que ahora la delegación responda a sus intereses, y desde ahí poder generar las condiciones para pelear la candidatura a la diputación federal, por la que tanto ha soñado (y ya perdió en una ocasión) el Delegado, que es también diputado local con licencia.

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

El ahora Diputado local electo por el Distrito IX de San Pedro Mixtepec, es paisano del Diputado local con Licencia por el distrito XI de Santiago Pinotepa Nacional. Ambos están identificados con lo que queda en Oaxaca del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y ambos son los dos únicos que tienen “futuro político” en el corto plazo en el PRI por la región de la costa. La explicación es sencilla: uno es presidente municipal con licencia, ganó los comicios con una cómoda ventaja, y será diputado los próximos tres años; el otro, ha tratado también de tener presencia importante en aquella región, ocupa una delegación federal de vital importancia en la entidad.

El problema es que ambos tienen en el futuro inmediato las elecciones federales intermedias que, aunque son en 2015, ya no están tan lejos. Pineda Gopar viene de ser Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala, y seguro no habrá querido invertir recursos y capital político para volver a ser Edil dentro de tres años. Con toda seguridad puede afirmarse que su proyección tiene como blanco seguir haciendo política para ganarse la candidatura a la diputación federal por el PRI.

Por su parte, con el paso del tiempo quedará claro que David Mayrén Carrasco quiere exactamente lo mismo. De hecho, en 2006 ya fue candidato por el distrito electoral federal 09 con cabecera en Pinotepa Nacional, pero perdió en aquellos históricos comicios federales (por desastrosos), en los que el entonces Gobernador había prometido sumarle un millón de votos al candidato presidencial, pero sufrió el peor descalabro de la historia del tricolor en la entidad, perdiendo nueve de las 11 diputaciones, las dos senadurías y obteniendo una votación ridícula para Roberto Madrazo Pintado.

En todo este tiempo, Mayrén ha acariciado la posibilidad de volver a ser candidato. Hoy está enfilado en el cargo que podría llevarlo a revivir ese anhelo. Sólo que sus ambiciones y su desesperación por tomar el control de la delegación de la SCT (y sus beneficios) lo llevó a trabar una alianza exactamente con el personaje que no debía: a la postre, Pineda Gopar le hará la vida imposible y terminarán dándose con todo ya no por el dinero o por las obras que ejecuta la delegación, sino por el futuro político, que –les guste o no- es el mismo para ambos, pero en el que no caben los dos al mismo tiempo. Ya veremos…

DELEGACIONES ACÉFALAS

Por cierto, ¿cuál es la razón por la que Oaxaca es la entidad con mayor rezago en el país, en el nombramiento de delegados federales? Explicaciones políticas puede haber muchas. Pero la inoperancia de los programas federales no lo explica nadie. Abundaremos.

Oaxaca y Michoacán, juntos en el paro

Sería inadmisible que, de nuevo, el magisterio de Oaxaca diera golpes consecutivos a la ciudadanía y los niños oaxaqueños, por un problema que ni estalló ni tiene solución en la entidad. Este fin de semana, anunciaron que en nuestro estado no iniciará el ciclo escolar 2013-2014 debido a que en días próximos se llevará a cabo la discusión legislativa, en el Congreso federal, de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. Nadie debía sorprenderse de este paro, que la Sección 22 anunció desde hace dos meses. Pero sí será injusto que el magisterio haga pagar a los oaxaqueños por un problema que no es propio de la entidad.
En efecto, desde el mes de junio pasado, las bases del magisterio oaxaqueño se pronunciaron a favor de no estallar el paro indefinido de labores, sino hasta cuando llegara el momento en que el gobierno federal y las fuerzas políticas nacionales presentaran al Congreso sus propuestas de reglamentación secundaria en materia educativa, y éste decidiera subirlas al pleno para ser votadas. El magisterio oaxaqueño resolvió también que buscaría incidir en las comisiones legislativas en las que habrían de discutirse esas propuestas de ley, para que en éstas hubiera también planteamientos magisteriales y no sólo las consideraciones y conveniencias del gobierno federal.
Nunca quedó claro si esto último fue hecho, o al menos intentado, por el magisterio, pero lo que sí quedó claro es que ellos buscarían aguantar hasta el último momento el estallamiento del paro indefinido, porque en el momento que lo hicieran buscarían accionar con toda la fuerza que tienen contenida. Ese momento es ahora, y por esa razón a nadie debía sorprender lo que haga la Sección 22, en compañía de otras secciones sindicales identificadas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como el magisterio de Michoacán, que tampoco iniciará el ciclo escolar el día de hoy.
En ese sentido, es claro que las motivaciones del paro indefinido se inscriben en el ámbito nacional, pero que por eso mismo esto no debía ser motivo para dos, o triples daños, simultáneos, a la ciudadanía y la educación en Oaxaca.
¿Por qué nacional? Porque la legislación secundaria de la reforma educativa es un tema que se discute en las cámaras legislativas federales, y porque la reforma educativa radicó en una modificación a la Constitución General de la República. En Oaxaca el magisterio recibió tal apoyo de los partidos y el gobierno, que por eso la Legislatura local dejó pendiente su voto relacionado con la modificación constitucional, y el gobierno ha incidido fuerte para evitar el desbordamiento de los grupos más radicales de la Sección 22, así como el estallamiento de un paro indefinido de labores antes de tiempo.
Sin embargo, lo importante en estos momentos ya no radica en cuidar el momento del estallamiento, para postergarlo, sino que ahora lo importante es evitar que a los oaxaqueños se nos castigue más de la cuenta. ¿De qué hablamos? De que, sí ya de por sí el solo hecho de que no inicie el ciclo escolar, y las escuelas se mantengan cerradas no sabemos si por una, dos o más semanas consecutivamente constituye un daño artero a los más de un millón de niños y jóvenes que se quedarán sin clases, por lo que ahora se debe pugnar —y suena mal, pero es la realidad— es porque la Sección 22 vaya hasta los sitios donde sus protestas pueden ser escuchadas y tomadas en cuenta (es decir, en la Ciudad de México) y no se dedique a jodernos todavía más a los oaxaqueños por un asunto que ni es local ni puede resolverse aquí.

MAGISTERIO DORMIDO
Por gracia de sus grupos más radicales, el magisterio oaxaqueño rechazó la propuesta de reforma educativa en la legislación secundaria que había construido junto con un grupo de especialistas y abogados del Gobierno del Estado.
Esa propuesta, que fue presentada por el propio gobernador Gabino Cué hace ya varios meses en las cámaras legislativas federales, no sólo no fue rechazada, sino que fue reconocida por diversas fuerzas políticas nacionales como una propuesta constructiva, de vanguardia y garante de los equilibrios que debían existir entre quienes apoyaron la reforma constitucional, y quienes pugnaban porque se respetaran cabalmente los derechos de los trabajadores de la educación. Esa habría sido una oportunidad inmejorable para que los profesores oaxaqueños tuvieran instrumentos legales legitimados y fueran a incidir, como tanto lo exigieron, en la discusión de las leyes que reglamentarán la reforma educativa.
El problema es que no lo hicieron, y ahora parecen desprovistos de cualquier otra herramienta que no sea su capacidad de movilización y su fuerza de choque. De hecho, ellos aseguraron que construirían una nueva propuesta, con sus especialistas y con sus agremiados, pero nunca establecieron el momento de presentación de la misma y, de hecho, no sabemos si en realidad se dedicaron o no a la realización de esos trabajos. Si no tienen esa propuesta, entonces no tendrán ningún elemento de verdad constructivo relacionado con la reforma educativa, y su protesta se reducirá a ir a exigir la abrogación de la reforma constitucional (que no ocurrirá), y para exigir la no aprobación de una legislación secundaria en la que no intervinieron, y que tampoco ocurrirá.
Por eso lo único que queda es esperar dos cosas: primero, que el paro indefinido de labores no se prolongue más de lo estrictamente necesario para dar cobertura al periodo extraordinario de sesiones en el que se discutirá la legislación secundaria de los artículos 3 y 73 constitucional; y segundo, que los ánimos no se vayan a desbordar aquí en Oaxaca, porque aquí todas las protestas serían estériles y dañinas, y ni contribuirían a detener las reformas que ellos pretenden, ni contribuiría a demostrar el rechazo a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Nada nos asegura que por lo menos una de esas dos cosas ocurra. Pero no debemos perder de vista que lo grave ya no es sólo el paro, sino las consecuencias indeseables que esto puede traer para todos en Oaxaca.

Y LA RESPUESTA OFICIAL
Por cierto, ¿alguien sabe en qué va la negociación entre el gobierno estatal y la Sección 22? Seguimos sin saber qué se ha negociado, en qué se ha cedido, qué ya se ha entregado y qué hace falta por cumplirle a la Sección 22. Ese no es un tema menor: son miles de millones los que están implicados en esa negociación que, indebidamente, sólo ellos conocen.

+ LXI Legislatura debe arreglar este desastre, ya

Es trágico para la democracia en Oaxaca, que sólo se hable de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad por los escándalos y las diferencias entre sus integrantes. Es lamentable porque el ejercicio del derecho a la información es uno de los temas torales de todas las democracias reales, pero aquí eso sirve únicamente para el escándalo, para la codicia y para el reparto de cuotas entre facciones y partidos políticos.
En efecto, de la Cotaipo no se conoce nada más que los asuntos personales de sus integrantes. En todo este tiempo, dicha Comisión no ha sido capaz de emitir un solo criterio relevante relacionado con el derecho a la información, ni ha resuelto asuntos polémicos y ni siquiera ha dado pautas sobre la pretendida “nueva generación” del derecho a saber, que se supone que se inauguró con la reforma constitucional relacionada con la transparencia, con la “evolución” del órgano garante, y con la reintegración de su Consejo General. De la Cotaipo sólo se habla gracias a la autodestructiva lucha de poder que prevalece a su interior.
Apenas en mayo pasado, en la Cotaipo había todo un aquelarre enfilado a la destitución de la consejera Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. A ella se le acusaba de haber asumido el cargo de integrante del Consejo General de la Cotaipo sin haber concluido el proceso de renuncia a una suplencia en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
Dicho señalamiento sirvió de base para que los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión solicitaran al Congreso que se iniciara el procedimiento de Juicio Político en contra de Ramírez, para que ésta fuera destituida del cargo e inhabilitada por no haber cumplido con los requisitos de ley para ser electa como Consejera de la Cotaipo. Era público que, lejos de cualquier cuestión de congruencia o acto de “contraloría social”, los Consejeros Ciudadanos estaban cumpliéndole el capricho a Esteban López José, a la sazón consejero Presidente de la Cotaipo, que nunca ha contado con el apoyo de Ramírez Ricárdez y por eso ha querido verla fuera de la Comisión.
Dicho intento no prosperó; pero eso no significó que las pugnas internas terminaran. Y esta misma semana vimos un nuevo capítulo de esta historia, en la que por querer desprestigiarse mutuamente sus integrantes, al final terminan lesionando de gravedad a la Comisión, y desalentando la confianza de la ciudadanía por el órgano que se supone que es garante del derecho a saber en Oaxaca. ¿Qué pasó?
Que “alguien” reveló que el Consejero Presidente de la Cotaipo, Esteban López José, está registrado como técnico en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y que por ende está habilitado y puede contratarse con los grupos beneficiarios de manera y recibir el pago por concepto de asistencia técnica.
Esta “denuncia” implica, en realidad, dos ilegalidades. La primera, que al ocupar López José el cargo de Consejero de la Cotaipo, no puede desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios, partidos políticos o en organismos privados, o en el desempeño de su profesión con excepción de la docencia o la investigación académica, siempre que no medie remuneración alguna, cosa que eventualmente sí podría ocurrir si se contrata como técnico en los programas federales que maneja dicha dependencia.
Y, según la publicación del diario Noticias (página 13-A, del lunes 12 de agosto del presente año), la segunda de esas ilegalidades radicaría en que, de acuerdo con los Lineamientos para la Habilitación al Padrón de Técnicos de los programas federales FAPPA y Promusag, “quien desempeñe un cargo como servidor público en los ámbitos federal, estatal o municipal está impedido en ser asesor técnico de un proyecto productivo”.

DESPRESTIGIO TOTAL
En términos reales, las acusaciones contra López José son meras posibilidades que, más bien, a lo que van encaminadas es a continuar con la guerra interna en la Comisión de Acceso a la Información. Son posibilidades, porque si bien López José sí podría haber tramitado registro ante la Sedatu, para acusarlo formalmente de haber violado las normas que rigen a la Cotaipo y pedir su destitución, tendrían también que probar que ha recibido remuneraciones económicas por el servicio de asesoría técnica que indebidamente estaría prestando en programas federales.
Sin embargo, eso es lo menos importante. En el fondo, lo que está ocurriendo con esa guerra de dimes y diretes, es que al final lo único que se está corroborando es que el Congreso eligió a un trío de “chambistas”, que carecen de nivel profesional y experiencia comprobables para desempeñar esos cargos (Ver Al Margen 17.05.2013), y que ni siquiera pueden ejercer, con mínima dignidad, la alta responsabilidad que les confirió el Congreso en nombre del pueblo de Oaxaca.
De hecho, es tan grave la situación por la que atraviesa la Cotaipo, que por eso la misma LXI Legislatura –que en uno de esos momentos de profunda oscuridad, tomó esa decisión tan contradictoria y lamentable respecto a la integración del órgano garante de la transparencia- ha dejado ver la posibilidad de aprovechar las recientes reformas federales en materia de derecho a la información, para enmendarse ellos solos la plana y componer las barbaridades que cometieron al elegir a López José, a Ramírez Ricárdez y a Eréndira Fuentes Robles como titulares de la Comisión de Acceso a la Información.
En el fondo, sí es urgente que se reintegre la Comisión pero ahora sí a través de un verdadero proceso de consulta a la ciudadanía, y tomando en cuenta los principios constitucionales que rigen el derecho de acceso a la información, además de ponderar los perfiles y los antecedentes profesionales de quienes aspiren a ese cargo. En este caso no lo hicieron. Por eso eligieron a dichos personajes, a los que sus ambiciones los han cegado, y sólo han contribuido a desprestigiar a la institución que integran, y a hacer nugatorio el derecho a saber en Oaxaca.

SIEMPRE EN GUERRA…
En el PRI oaxaqueño la constante son los pataleos. Entre los diputados electos los rounds de sombra tienen como centro una estéril lucha por la coordinación de la bancada, que desde hace semanas ya fue decidida en la Ciudad de México. Y ahora ya comienzan los pataleos por la dirigencia estatal priista que (¡Oh sorpresa!) también está siendo discutida y negociada en la capital del país. Vaya democracia.

+ Martínez Álvarez sólo habla de lo evidente

El martes pasado, a través de su cuenta de Facebook, el contador Jesús Martínez Álvarez relató una anécdota relacionada con el manejo de las finanzas públicas de Oaxaca. Además del contenido concreto de su publicación en las redes sociales, la revelación del ex Secretario General de Gobierno deja ver tres cuestiones concretas: primera, que a pesar de todos los intentos recaudatorios y de “disciplina fiscal”, las finanzas estatales nada más no cuadran; segundo, que los altísimos presupuestos siguen siendo una verdad a medias para la entidad; y tercero, lo desgastadas que se encuentran las relaciones entre la cúpula gobernante y el llamado Grupo Oaxaca.
En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. En principio, el relato de Martínez Álvarez versa sobre un asunto concreto: a) Que el gobierno estatal tiene —o tenía— invertidos dos mil millones de pesos a plazo fijo, por los que una institución bancaria pagaba rendimientos; b) Que esa cantidad de dinero, otorgaba rendimientos en dinero, pero también permitía que dicha institución bancaria prestara servicios adicionales al gobierno estatal; c) Que al margen de esos rendimientos —ojo— “se deposita una cantidad mínima o adicional para dárselos a quien maneja las finanzas”; d) Que los encargados del manejo de esos recursos habían decidido mover su inversión hacia una institución que no tiene sucursales ni presta servicios en la entidad, y; e) que por ese movimiento se habían beneficiado dos personajes en concreto, a quienes la nueva institución bancaria en la que se hizo la inversión les pagaría una suma adicional “por fuera” .
Esto, al margen del “rendimiento” extraordinario que quizá habrían recibido indebidamente los dos personajes a los que alude Martínez Álvarez, pone en el centro de la atención una pregunta clave: ¿Es posible que el Gobierno del Estado pueda disponer discrecional y libremente de una cantidad tan grande de dinero, proveniente o de los recursos de su recaudación propia, o de las transferencias que recibe de las arcas federales, para destinarlos a una inversión bancaria a plazo fijo sólo para generar intereses?
Este asunto es el que en primera instancia debe ser clarificado. Pues desde el inicio de la actual administración se han venido aplicando una serie de medidas para incrementar el monto de la recaudación estatal, basados en el hecho de que la cantidad de dinero que recauda el Gobierno del Estado es mínima, y que eso les reducía el margen de maniobra para llevar a cabo inversiones propias, o para exhibir los “pari passo” que establecen diversos programas federales para que el gobierno estatal pudiera acceder a recursos extraordinarios.
Esa recaudación se incrementó, es cierto, pero gracias a medidas como la resistencia del gobierno estatal a eliminar o modificar el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, la reducción de las exenciones en el Impuesto sobre Nómina para las empresas, o el cobro de derechos por la realización de espectáculos y eventos públicos, que en otro tiempo omitía cobrar el Gobierno del Estado, bajo la lógica de alentar el empleo o diversas actividades que de otro modo no podrían realizarse.
Como dato adicional, a diferencia de los recursos federales que son fiscalizados con mucho más detalle, los recursos provenientes de la recaudación estatal tienen mucho mayor margen de ser destinados con mayor libertad a fines e intereses propios de la administración estatal. Ahora bien, ¿es posible que puedan desviarse dos mil millones de pesos de recursos federales —que generalmente vienen “etiquetados” desde el presupuesto federal— para llevar a cabo una inversión a plazo fijo con el solo objetivo de obtener rendimientos? ¿O es que dicha “inversión” se hizo del “ahorro” realizado con recursos de procedencia estatal, y más específicamente, de los impuestos cobrados a los oaxaqueños?

¿Y EL ESTADO DE LAS FINANZAS?
El mismo martes, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas admitió que se va a contratar una nueva deuda para atender los problemas de la entidad. Señaló que “se buscará un financiamiento autorizado pendiente de contratar hasta por 2 mil 400 millones de pesos, que se clasifica como una deuda directa para proyectos estratégicos, infraestructura y reparación de daños causados en 2012”. Ante esta afirmación, no sobra la pregunta: ¿Y los presupuestos históricos de los últimos años para la entidad?
Ese es otro asunto que los oaxaqueños ya debemos ver con mucha menos alegría que antes: en los últimos años, o nuestros legisladores y gobernantes (locales y federales) nos han engañado sistemáticamente con la estratagema de los presupuestos federales “históricos” que se otorgan a la entidad, o en verdad algo ocurre con el gobierno estatal que sigue sin poder encontrar el camino adecuado para ejercer y comprobar, cada año, los recursos que la Federación le otorga, pero que al mismo tiempo le condiciona a la presentación de los proyectos respectivos, a la ejecución en plazos y forma específicos, y a la comprobación del destino que se le dio a dichos recursos.
Este es un tema que viene ligado con el anterior. Pues contrasta fuertemente que, mientras se revela que existen inversiones multimillonarias (dos mil millones de pesos son muchísimo dinero) destinadas sólo a la obtención de rendimientos y servicios bancarios institucionales (considerando en el supuesto, que en dichas operaciones nadie saliera particularmente beneficiado, como no sabemos si en realidad ocurre o no), también se diga que la entidad contratará nuevos empréstitos para hacer frente a sus compromisos y al desarrollo de proyectos estratégicos y de infraestructura que, según pensábamos, serían concretados a partir de los incomparables recursos que en los últimos años se han gestionado, y se han otorgado para nuestra entidad, desde la Federación.
Todo esto, sin duda, merece algo más que silencio…

FRÍAS RELACIONES
Jesús Martínez Álvarez es uno de los integrantes históricos del llamado Grupo Oaxaca. Desde que era servidor público estatal, sus constantes enfrentamientos con otros funcionarios dejaban ver fricciones constantes entre los diversos grupos que tenían influencia en el gobierno estatal. Su salida del gabinete, y la constante revelación de “anécdotas” dejan ver lo fría que está la relación entre quien gobierna y el Grupo Oaxaca, que siempre se ha adjudicado el destino (bueno o malo) de los últimos gobernantes, pero que hoy parece estar irremediablemente relegado.

+ Apretar reformas constitucionales, y después…

Visto en el mismo contexto, la estrategia del gobierno federal respecto a las reformas estructurales es clara, aunque peligrosa: en esta primera etapa de la administración, está apostando a sacar adelante todas las reformas constitucionales que pueda, para después menguar la presión —en todos los sentidos— en la discusión de la nueva legislación secundaria de las reformas constitucionales. Eso pasó con la reforma educativa, y es el camino que hoy se ve que se sigue en el tema de telecomunicaciones y las demás reformas que se han logrado. Para no variar, esa sería la misma ruta con la reforma petrolera. Sólo que la realidad es mucho más que números y votos en el Congreso.
En efecto, la semana pasada apuntábamos en este espacio que es muy posible que en la agenda de trabajo del periodo extraordinario que realizará el Congreso de la Unión a finales del presente mes, se incluya la presentación de la propuesta federal de la legislación que reglamente la reforma a los artículos 3 y 73 en materia educativa. Hasta el momento, no está firme la agenda legislativa del periodo extraordinario, y mucho menos hay claridad sobre el contenido de esas nuevas leyes. Sólo que nadie se cuestiona algo al respecto, porque todos parecen estar metidos en la dinámica del shock por la presentación de la iniciativa energética.
Esta distracción es nociva para la salud nacional. Es cierto que la reforma constitucional en materia educativa estableció los nuevos parámetros de evaluación y permanencia del profesorado, así como de los criterios de otorgamiento de las plazas docentes. Sí. Pero eso fue tan importante, como hoy lo es saber cuáles serán las reglas concretas que regirán cada uno de los temas establecidos en la Constitución en materia educativa. Y mientras muchos se encuentran distraídos en otros temas, el Ejecutivo parece estar teniendo puerto libre para presentar su propuesta de reforma y apostar a que la mayoría simple le permita sacar una legislación secundaria ad hoc a los intereses gubernamentales.
En ese sentido, es posible que en el tema educativo el gobierno federal tenga la ventaja que seguramente no tendrá en el tema energético. ¿Por qué? Porque en el sector educativo, el gobierno del presidente Peña jugó con ventaja al primero desarticular el liderazgo de la profesora Elba Esther Gordillo al frente del SNTE (que es el grupo mayoritario de profesores en el país) y neutralizar a la nueva dirigencia. En esas condiciones, la inconformidad de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, es menor frente a quienes no protestaron por la reforma constitucional en materia educativa.
Hoy, de nuevo, el Presidente juega con ventaja en ese tema, debido a que la atención nacional está puesta en la reforma energética y en las reacciones que ésta ha generado. Es muy posible que en ese marco de poca atención al tema educativo, y con la ventaja de no contemplar inconformidades mayores del magisterio nacional (salvo el corredor del sureste del país), pueda sacar sin problemas la legislación secundaria en la materia, y que con eso afirme que se concluyó el proceso legislativo de modernización del sector educativo, para dar paso finalmente a la implementación de las nuevas reglas en materia educativa, y dejar en el ámbito administrativo esa reforma ya concluida.

EL PETRÓLEO NO ES EL SNTE
Sin embargo, el impacto de la reforma en materia de energéticos es distinto. El presidente Peña Nieto, de nuevo le apostó al gran paso de sólo abrir los candados indispensables en el ámbito constitucional, para después dejarle la tarea de la reglamentación a una votación legislativa con menor grado de complejidad. Esto, sin embargo, es muy relativo.
Nos explicamos en lo relativo a las votaciones: en México tenemos una Constitución rígida. Es decir, que para realizar reformas a la Constitución, el propio Texto Fundamental establece un procedimiento especial, más complejo que el de una reforma a leyes ordinarias (que sólo requieren la mitad más uno de los votos en cada cámara), para conseguirlo. Así, para poder reformar o adicionar la Constitución, es necesaria la anuencia de dos terceras partes de los individuos presentes al momento de la votación en cada una de las Cámaras federales; y después, es necesaria la aprobación de la mitad más uno de las Legislaturas locales.
¿A qué viene todo esto? A que, en este caso, el presidente Peña Nieto está utilizando de nuevo toda su legitimidad política del arranque de la administración, y los instrumentos (como el Pacto por México) que creó para facilitar el tránsito de las reformas estructurales, para sacar adelante las reformas constitucionales. Para éstas sí necesita de la participación de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso, que sólo juntas alcanzan a superar el margen de votación que establece la propia Constitución para ser reformada. De nuevo, está dejando para luego la presentación de la legislación secundaria, dado que ésta representa un problema legislativo mucho menos complejo que el de las reformas constitucionales.
Esto, debido a que, en la Cámara baja, el PRI tiene 213 diputados. Por eso, para sacar adelante una reforma legal, sólo necesita 251 votos y eso los consigue gracias a su alianza con el Partido Verde y el Panal (que tienen, respectivamente, 28 y 10 diputados). En el Senado, el PRI tiene 54 senadores, y sólo necesita 11 votos más para concretar la mayoría simple.
Quizá por eso (por la facilidad de concretar reformas legales frente a la complejidad de las constitucionales), el gobierno federal está apostando a lanzarse fuerte por las reformas constitucionales, para después allanar el camino y “componer” sus proyectos en la reglamentación secundaria, ya teniendo a su favor la despresurización social que genera haber desfogado todo en la discusión constitucional, y el poco interés —relativo— que se le pone a las reformas secundarias. Esa es la ruta. Quién sabe si funcione para la reforma energética.

PAÍS, ¿EN LLAMAS?
No hay que dejar de ver la parte social. El tema petrolero, como lo apuntábamos, es un tema no sólo económico, sino de orgullo e identidad nacional. ¿El gobierno federal ya calculó el efecto social, adverso, que puede tener el intentar llevar a cabo un plan sin atender la despresurización de la efervescencia social? Esta situación es por demás compleja. Pero es tan real, como el hecho de que, por la reforma petrolera, pronto veremos manifestaciones que ni en sueños veríamos por la reforma educativa.

+ Petróleo: nuestro, pero que sí nos sirva

En días y semanas próximas, el debate relacionado con el futuro de los energéticos en México, y particularmente el petrolero, estará en el pináculo del debate nacional, y por eso lejos de abonar a la causa de la continuidad nacional, o de la privatización de la industria petrolera, por lo que debemos pronunciarnos es por un debate serio, libre de atavismos e ideas preconcebidas, y capaz de concebir los planteamientos más serios y más benéficos para nuestro país.
En efecto, el Presidente de la República ni siquiera ha presentado su propuesta de reforma energética al Congreso de la Unión, y en México ya se discute la privatización de Petróleos Mexicanos o de la propiedad de los hidrocarburos, como si esos fueran hechos inminentes, y como si todo fuera producto de una conspiración para entregar la riqueza petrolera nacional a los voraces oligarcas extranjeros que siempre han pretendido adueñarse de nuestro país.
En esto, el debate relacionado con la reforma energética no puede estar determinado por ideas preconcebidas, lo mismo a favor que en contra de la privatización. No puede ser así porque la sola realidad indica que en un tema tan complejo no pueden ni deben predominar las posturas monocromáticas que se aferran a favor o en contra de una sola posición, inamovible, o a otra exactamente en las mismas condiciones. Esto no puede ser así porque la discusión relacionada con Pemex es tan compleja y trascendente que los mexicanos estaríamos de antemano derrotados si nos conformamos con esa sola posibilidad, y no con la de un debate amplio.
En ese sentido, podemos entender que en México el tema petrolero sea particularmente complejo. Esto, debido no sólo a que de la industria petrolera depende una tercera parte del gasto público nacional y que así ha sido en las últimas décadas, sino sobre todo porque el tema petrolero implica también una victoria trascendental de nuestro país en relación a los intereses extranjeros, que incluso podría ser la única en la que verdaderamente México se pudo sobreponer a los intereses que se aprovechaban de la industria y la riqueza del subsuelo mexicano.
Y es que el petróleo implica la única batalla que, sin armas, México le ha ganado a Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, el gobierno mexicano entregó concesiones de explotación de hidrocarburos a empresas norteamericanas e inglesas. Éstas obtuvieron ganancias multimillonarias en nuestro país, y a cambio trajeron desarrollo tecnológico que marcaron el Porfiriato, en temas como el establecimiento de las comunicaciones ferroviarias, o el desarrollo a gran escala del telégrafo y otros medios de comunicación. Es cierto que hubo desarrollo y derrama económica. Pero también lo es, que lo que dejó en nuestro país esa industria en manos extranjeras, era nada respecto a lo que ellos habían ganado gracias a la explotación de los hidrocarburos.
Desde que se promulgó la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 27, que los productos del subsuelo eran de propiedad nacional, y que ésta tenía el dominio exclusivo para su extracción, explotación, transformación y aprovechamiento.
Sólo que ningún gobierno, hasta el del presidente Lázaro Cárdenas, se atrevió a cuestionar o revocar las concesiones que tenían empresas estadounidenses para la extracción de los hidrocarburos contenidos en el subsuelo, debido fundamentalmente a que todos sabían que los industriales norteamericanos que verían afectados sus intereses, eran los mismos que –se rumoraba, con muchas bases- que contribuyeron al fin del gobierno del presidente Díaz, cuando éste comenzó a permitir las inversiones inglesas en las riquezas y territorios mexicanos que los estadounidenses ya consideraban como suyos.
En ese sentido, si históricamente los norteamericanos habían despojado a México de sus territorios y riquezas desde la guerra de 1847 en la que se perdieron los territorios de Texas, Alta California y Nuevo México, luego vino otra ocupación y despojo que, entre muchos otros actos de intervencionismo (incluida la conspiración promovida desde la embajada norteamericana en febrero de 1913, que desembocó en la Decena Trágica, la muerte del presidente Francisco Madero y la instauración del huertismo) tuvo como tema central el petróleo.
Por eso, cuando el presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y recuperó la hegemonía nacional en el aprovechamiento petrolero, para los mexicanos ese fue también un acto de reivindicación de la dignidad nacional. Desde entonces, el petróleo es un tema no sólo de economía, sino fundamentalmente de nacionalismo, en el que muchos prefieren que éste se pudra en el subsuelo, antes que entregarlo de nuevo a manos extranjeras.

DEBATE COMPLEJO
Ese nacionalismo es el que distorsiona de fondo el debate. Pues quizá la propuesta presidencial en sí misma no sea privatizadora, y posiblemente ni siquiera tendría por qué serlo. El problema es que hay quienes –no sabemos si por convicción, o no- se autonombran como defensores del nacionalismo mexicano y a partir de eso se lanzan con consignas que fácilmente pueden ser compradas por otros fervientes nacionalistas, que en realidad no saben si la reforma energética será o no privatizadora, como tanto les dicen sus dirigentes.
En ese sentido, será imposible llegar a un acuerdo nacional respecto al futuro del petróleo si la discusión relacionada con la industria energética siempre está condicionada por eso, que bien podría ser una idea preconcebida, o un atavismo. Si no se tiene la claridad suficiente para saber qué es lo que verdaderamente necesita y conviene a nuestro país, entonces siempre estaremos dando vueltas en temas del pasado y en cuestiones que no deberían ser preponderantes para un tema estratégico como lo es el petrolero para nuestro país.

ERRADICAR LOS MITOS
Este debate debe ir de las ideas tirantes y extremosas, a las que puedan verdaderamente clarificar las implicaciones de una posible reforma, así como las necesidades de la industria y del Estado en relación al petróleo. No parece sana la posibilidad de tomar las calles en tono agresivo, si aún ni siquiera se conocen los detalles de lo que se pretende hacer con Petróleos Mexicanos. Dos cosas sí nos deben quedar claras: que para algún lado, y mejor si es para adelante, debe moverse Pemex. Y que la reforma debe privilegiar la industria y la generación de riquezas, antes que la sola conveniencia del gobierno por captar más recursos. El tema se intensificará aceleradamente. Ya lo veremos.