¿De qué sirven sus protestas representativas?

La Sección 22 del SNTE enfrenta un dilema profundo, que su dirigencia y sus bases no parecen comprender: para poder ganar las batallas en que se enfrascaron hacen falta acciones encaminadas a lograr sus fines, antes que a ser simples demostraciones de radicalismo, de falsa ideologización o de apego a sus principios sindicales. ¿Cómo quiere el magisterio imponerse como el grupo político predominante en la entidad, y conseguir que la ley responda a sus dictados, si las acciones que emprende van encaminadas a todo menos al logro de esos objetivos?
En efecto, el fin de semana previo la Asamblea Estatal de la Sección 22 decidió que durante las próximas semanas van a realizar un paro rotativo representativo en el zócalo de la capital oaxaqueña. A la par de ello están efectuando su programa anual de la Guelaguetza popular, y están también llevando a cabo diversas acciones de hostigamiento a representantes —según ellos— de intereses capitalistas y transnacionales que atentan contra el pueblo.
Todo eso lo están haciendo, básicamente para lograr tres objetivos: primero, que el gobierno federal tome la decisión de iniciar el proceso para derogar —porque “abrogar”, que significa dejar sin efecto todo un ordenamiento jurídico, es un término incorrecto que reiteradamente ocupa la Sección 22— el contenido reformado de los artículos 3 y 73 de la Constitución federal, relacionados con la evaluación de la educación y todo lo que fue adicionado con la llamada reforma educativa.
Segundo, que el gobierno y el Congreso estatal lleven a cabo el proceso de armonización de la ley educativa local en base a los planteamientos que ellos establecieron en su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), y no en lo que disponen la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, que los tres ámbitos de gobierno, y sus tres respectivos poderes, asuman que la Sección 22 es un portavoz válido y único del pueblo de Oaxaca —y de México— y comiencen a actuar en base a lo que ellos dictan, y no a lo que las oligarquías quieren para poder seguir subyugando al pueblo oprimido.
Detrás de esos planteamientos hay una larga lista de apoyos de las izquierdas, que respaldan ampliamente los planteamientos de la Sección 22, pero callando —o diciendo, y haciendo, francamente muy poco— para respaldar con hechos todo lo que el magisterio dice como gremio, como disidente, y como representante del pueblo.
Y es que queda claro que en realidad no hay alguien que con un sentido mínimo de oposición, pueda allanarse a lo que quiere el gobierno. Es decir, siempre va a ser posible creer que la evaluación de la educación puede y debe ser distinta a como la planteó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; también va a ser siempre posible creer y sostener que toda lucha a favor del pueblo es justa; e incluso es también factible estar de acuerdo en que sería saludable para la nación tener una oposición más robusta, más civilizada y más propositiva.
Todo eso es lo que se supone que la Sección 22 representa. Sin embargo, cuando se analiza su programa de acción encaminado a cumplir con esos objetivos, todo adquiere una dimensión distinta —que no necesariamente significa que sea algo superior a lo dicho en sus postulados.

LUCHA REPRESENTATIVA
Veamos: para lograr el objetivo de que se deroguen los artículos 3 y 73 de la Constitución federal en lo relacionado a la reforma educativa realizada el año pasado, el magisterio de la Sección 22 no necesita, ni le sirve, un paro representativo, ni un plantón, ni movilizaciones en Oaxaca, y tampoco trasladar sus protestas a la Ciudad de México. Los maestros, pues, necesitan entender que no sirve de nada tomar —e incluso ganar— las calles si eso no se traduce en acciones firmes para lograr sus objetivos.
¿Cómo hacerlo? Lo que tendría que hacer la 22 es conseguir que un grupo de diputados o senadores de la República impulsaran una iniciativa de reforma a esos artículos, y después hacer toda la presión posible para que los poderes federales votaran a favor de esa reforma que dejaría sin efectos el contenido constitucional que ellos repudian. Luego tendrían que presionar al Presidente de la República para que sancionara la reforma y la publicara en el Diario Oficial de la Federación. Así, y sólo así, verían cumplida su demanda. Obviamente en las condiciones actuales ni el Congreso federal, ni el Ejecutivo, estarían dispuestos a hacerlo. Pero queda claro que el magisterio tampoco está dando la batalla para eso.
Ahora bien, si lo que quiere la Sección 22 es que el Congreso de Oaxaca legisle lo que ellos proponen en el PTEO, es necesario que tengan toda la capacidad política, combinada con serenidad y contundencia, para incidir en el debate político de una reforma posible. Hay puntos concretos en los que ellos pueden lograr una victoria, si su objetivo es pugnar porque se tome en cuenta en la nueva ley la realidad de los pueblos y las necesidades de reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad.
Pero si lo que quieren es enmascarar en esos postulados nobles su intención de que el Congreso de Oaxaca inaplique lo establecido en la Constitución federal entonces no sólo estará cometiendo un despropósito, sino que también estará reiterando el autoengaño: esté o no lo que ellos quieren en la ley estatal, de todos modos el contenido íntegro de la reforma educativa será vigente y aplicable en Oaxaca a partir del 1 de enero de 2015, y esas reglas también les aplicarán a ellos.
Al final, parece que los maestros oaxaqueños están llevando a cabo todas esas acciones sólo para dejar constancia que dieron la batalla, aunque sabiendo de antemano que la van a perder. Están emprendiendo acciones para demostrar su inconformidad. Pero en realidad no están haciendo nada para conseguir los objetivos que se supone que se trazaron para cumplir y no sólo para contemplar.

ARMONIZACIÓN
La “gran” reforma que necesitan hacer los diputados oaxaqueños no tiene mucha ciencia. Más bien, están buscándole tantos pies al gato como sea posible. Al final, lo que van a terminar haciendo —y de todos modos habrá conflicto— es remitir todos los temas importantes de la Ley Estatal de Educación a lo que establecen las normas federales aplicables a cada caso concreto. Es, pues, algo así como una remisión simple. Todo lo que se aparte de eso será objeto de una nueva controversia constitucional. El tiempo lo dirá.

+ Falta de consenso, reflejo de crisis ideológica

El viernes pasado, en su asamblea estatal, la Sección 22 del SNTE decidió iniciar una jornada de movilización rotativa por regiones, como parte de la cobertura al proceso de creación de la nueva ley estatal de educación y de las respectivas mesas de negociación que tiene con los gobiernos estatal y federal. Aunque ésta parece una decisión sólida y con suficiente legitimación, en realidad al interior de la 22 parece que los sectores radicales están perdiendo la guía del equilibrio entre la movilización y el apego a los principios políticos que rigen a ese sindicato.

En efecto, aunque en apariencia las decisiones tomadas por la Sección 22 parecen seguir la misma lógica de siempre de la movilización-negociación-movilización, desde el mismo seno del magisterio existen voces que alertan sobre las desviaciones de la lucha magisterial y lo complejo que resulta en estos momentos creer que son todos los maestros quienes están asumiendo decisiones que, en realidad, están siendo tomadas por unos cuántos. Vale la pena entender esta vertiente de la crisis educativa de la entidad.

Y es que resulta que el pasado 18 de julio, producto de su Asamblea Estatal Extraordinaria, la Sección 22 fijó como su tarea número 33 lo siguiente: “Esta Asamblea Estatal después de haber realizado su consulta a las bases, en el marco de la defensa de la Educación Pública, por la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, por el respeto irrestricto a los acuerdos políticos y suscritos ganados por el MDTEO, por la construcción de una Ley de Educación para el Estado Libre y soberano de Oaxaca donde se incluyan los resolutivos de los 37 foros sectoriales, por una comisión de la verdad que de justicia al pueblo de Oaxaca y preparar las condiciones de unidad a nivel nacional para continuar la lucha por la abrogación de las contrareformas a los art. 3º y 73 constitucionales así como de sus tres leyes reglamentarias punitivas, declara una jornada de movilización rotativa por regiones, iniciando el día 21 de julio de 2014 en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca…”

Esta es la respuesta, según la Sección 22, al proceso de construcción de la ley educativa y a las mesas de negociación con los gobiernos estatal y federal. En dicho resolutivo asumen que el proceso legislativo de la ley educativa se llevará a cabo conforme a lo firmado en la declaración política del 10 de marzo pasado, sin albazos, y por eso no disponen el establecimiento de cerco alguno en las instalaciones del Congreso del Estado.

Sin embargo, más allá de haber dispuesto la movilización rotativa y las acciones para el mes siguiente —hasta antes del inicio del nuevo ciclo escolar— habría que preguntarse qué proceso ha seguido la toma de esas decisiones y qué grado de legitimidad tienen éstas en realidad.

LAS DESVIACIONES

Ayer, en las páginas del diario Noticias aparece un texto de Ricardo Rojo, que constituye una de las críticas internas más agudas que se le han hecho a la Sección 22 en los últimos tiempos. El articulista comienza dando dos datos que son reveladores, respecto a la Asamblea del 18 de julio, y a la forma en cómo en base a una consulta a las bases, se tomó la decisión de ir al paro rotativo.

El primero de esos datos, es el siguiente: que el pasado viernes se instaló “una forzada” asamblea estatal, con sólo 444 representantes de un total de 856. Es decir, que si la Asamblea Estatal funciona con un quórum de la mitad más uno, para poder llevarse a cabo necesitaba la presencia de 429 delegados. Y el hecho de que sólo hayan acudido 444 de los 856, revela que las decisiones tomadas en esa Asamblea fue sólo con el 51.86 por ciento del total de representantes magisteriales.

Y el segundo dato que ofrece Ricardo Rojo es tanto o más revelador. Afirma que “según números reportados por el profesor Francisco Villalobos, Secretario de Organización”, la consulta a las bases a partir de la cual se tomó la decisión de realizar plantones masivos rotativos regionales en el zócalo citadino tiene como base “un dato frío resultado de una consulta: 14,418 profesores en favor, de un total de 78,233”.

Después de eso, Rojo alude el documento orientador para la jornada de lucha nacional y estatal, en el que la 22 llama a la unidad a todas sus bases magisteriales, y a continuar de manera organizada, con acciones contundentes y multitudinarias, para que con imaginación y capacidad de análisis, puedan responder a los intentos del gobierno porque abandonen la lucha.

Frente a este llamado, y lo contrastante de los números con los que la Asamblea de la Sección 22 está tomando decisiones, Ricardo Rojo reflexiona: “Estos párrafos revelan el trasfondo de una política perversa y colaboracionista si nos concretamos -sencillamente- a responder las siguientes preguntas: a) ¿tomar acuerdos con una tendencia de 14418 profesores de un total de 78233 contribuye a la unidad de su movimiento o a su división?, b) ¿No es desgastante y riesgoso andar persiguiendo diputados, aplicadores de exámenes, cierres de edificios y calles con asistencia disminuida y mantener un plantón con 37 elementos en la ciudad de México siendo un movimiento de masas poderoso?, c) ¿Acaso no pueden poner en marcha “toda su imaginación” para recrear el escenario neoliberal en el que ya cayeron? (lucha aislada, sin apoyo social, alejada de los temas nacionales como el de la entrega de la nación con la reforma energética, trampa de los diputados PRIistas y PANistas que anunciaron un albazo en la cámara local, etc.)…

“d) ¿Son los plantones regionales en el zócalo acciones de “unidad, contundentes y multitudinarias”?, e) ¿Con estas acciones “contundentes y multitudinarias” se logrará la abrogación de las reformas y adiciones a los artículos 3º y 73 de la constitución y sus leyes secundarias?, f) ¿El boicot a la Guelaguetza Oficial les devolverá las escuelas tomadas por la sección 59, la aprobación de la Ley Estatal de Educación de Oaxaca y dará respuestas a su Pliego Petitorio Estatal y Nacional?, g) ¿A quién sirve realmente una jornada de lucha en estas condiciones?”

CRÍTICA DE FONDO

Hay varios temas brutalmente dolorosos para la Sección 22, y también para la democracia en Oaxaca, que necesita de ellos. ¿Cómo lograr la abrogación de una ley? ¿Cómo recuperar su respaldo social, y las escuelas en poder de sus adversarios? Esos son dos de varios temas. Más bien, lo que parece es que el radicalismo está llevando a la 22 a la lucha irremediable, y al final a sólo darse un tope con la pared.

Guelaguetza oficial vs la magisterial: dos de lo mismo

Por noveno año consecutivo, la Sección 22 del SNTE presenta su propia edición de la fiesta de la Guelaguetza, en un intento por convencer a la ciudadanía de que ese es un esfuerzo genuino, auténtico y alternativo en contra de las decisiones comerciales del Gobierno del Estado, pero guardando silencio respecto al lucro en el que ellos también incurren frente a toda la ciudadanía por insistir en presentar una fiesta espejo —con vicios y desviaciones, incluidos— de los Lunes del Cerro, que en realidad no aporta ni rescata nada de la cultura de Oaxaca.
En efecto, la llamada “Guelaguetza magisterial” nació al calor de la refriega popular del 2006, cuando los maestros boicotearon la festividad de los Lunes del Cerro, y a cambio de eso montaron su capricho de una representación alternativa a la que se presentaba en el Auditorio Guelaguetza, para que el pueblo asistiera gratuitamente a admirar los bailes y las representaciones culturales de las comunidades indígenas de nuestro estado.
En aquella ocasión, los cuestionamientos contra los maestros se centraron en el boicot a la Guelaguetza, pero no en la insistencia de su propia representación. Y en los años siguientes, la ciudadanía olvidó preguntarse cómo logró subsistir la Guelaguetza magisterial, y qué interés persigue en realidad, al margen de ser una actividad “disidente” a las festividades oficiales.
Vale la pena preguntarse, por ejemplo, qué aportaciones culturales tiene la Guelaguetza magisterial; qué tradiciones y expresiones originarias de los pueblos ha rescatado; qué elementos comerciales ha eliminado; y, sobre todo, cómo se financia y cómo habría conseguido tomar distancia de los Lunes del Cerro que organizan los tres niveles de gobierno en Oaxaca.
Comenzar por el tema de las tradiciones no es irrelevante: se supone que los maestros son quienes tienen una capacidad mucho mayor de palpar las verdaderas expresiones culturales en los pueblos, a partir de que son un gremio que tiene presencia en la inmensa mayoría de las comunidades de la entidad, incluso las más alejadas. Si los profesores de verdad tuvieran una vocación de rescate cultural de los pueblos indígenas, para ellos sería muy fácil corroborar que en verdad lo que viene a Oaxaca a presentarse es lo auténtico de los pueblos, porque ellos seguramente tendrían representantes permanentes en los mismos. Sin embargo, nada de eso ha sido relevante para el magisterio, que más bien ha venido haciendo presentaciones muy similares a las que organiza el gobierno en el Auditorio Guelaguetza.
Asimismo, hoy como cada año, la dirigencia de la Sección 22 pretende hacer creer a la sociedad oaxaqueña que con la llamada Guelaguetza oficial “se lucra con la cultura de nuestros pueblos”, y a partir de ello invita a que la ciudadanía acuda a la Guelaguetza magisterial, que se presenta en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y que es gratuita.
¿De verdad el solo hecho de que la Sección 22 no le cobre a quien quiera ir a ver sus representaciones, le quita a su Guelaguetza el elemento del lucro económico y la hace ser una festividad cercana al pueblo? Aunque en apariencia podríamos afirmar que sí, para poder dar una respuesta cabal habría también que preguntarse de dónde salen los recursos con los que la Sección 22 costea todos los gastos que implica esa representación, y si para ello recibe ayuda gubernamental o sólo lo costea a partir de las cuotas de apoyo que le impone a cada uno de sus agremiados.

LUCRO, SIMILAR
Cada año, el Presupuesto de Egresos de la Federación dispone de fondos para que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, el gobierno del Estado de Oaxaca, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, organicen y dispongan todo lo necesario para las festividades de la Guelaguetza. El objetivo es que el gobierno organice la celebración, pero que toda la derrama económica que genera en turismo, en impuestos y en comercialización de ciertos aspectos de la festividad, convierta ese gasto en inversión y genere ganancias no para el gobierno, sino para todos los sectores de la economía que tienen movilidad a partir de esos eventos.
Frente a todo esto, demos por hecho que la Guelaguetza oficial le cuesta al pueblo porque la fiesta es costeada con impuestos, y luego además debe pagar por asistir a verla. ¿Y la Guelaguetza magisterial no tiene ninguno de esos elementos? Pues para empezar, el gobierno estatal y la dirigencia magisterial debían dejar bien claro si utilizan o no fondos públicos para llevar a cabo dicha celebración que, a su vez, está diseñada para ser una contracara de la Guelaguetza oficial, y que con ello intenta contrarrestar los efectos que busca la inversión hecha en la celebración de los Lunes del Cerro, para generar movilidad económica e impuestos.
Es claro que si en esto no hay claridad (pues cada año, desde el gobierno de Ulises Ruiz y hasta la fecha, se habla de los recursos que le facilita el gobierno a la Sección 22 para que pague su celebración, porque ésta así y lo exige y lo hace parte de su pliego anual de demandas), sí debiera haberla en la forma en cómo el gobierno se boicotea solo en sus fines con tal de cumplir el capricho del magisterio, el cual además sí le cuesta a la ciudadanía porque el dinero que les da el gobierno proviene de impuestos que pagamos todos los oaxaqueños.
Lo más lamentable de todo, es que en estos nueve años la 22 se ha dedicado a hacer una celebración espejo de la oficial. En este año, para comprobarlo no hace falta más que con ir a ver cómo anuncian su Guelaguetza: con monumentales lonas impresas colocadas en las fachadas de sus edificios sindicales, que son exactamente iguales —sólo cambian algunos colores y tipografías— a las que cada año manda a hacer el Gobierno del Estado y el Municipio de Oaxaca de Juárez para promocionar las festividades que ellos organizan.
¿Qué aporta la Guelaguetza magisterial? Nada. ¿Cumple su función de no lucrar con la cultura de los oaxaqueños? No. ¿Cuánto nos cuesta a todos? Es alarmante que el gobierno y el magisterio guarden silencio respecto a ello.

TODO O NADA
Los maestros no van a dejar de protestar. Ellos quieren todo, sin cortapisas. Quieren, pues, una rendición incondicional del Estado —como ha sido en los últimos lustros— a favor de sus intereses. El jaloneo por la ley educativa tiene, pues, muchos capítulos pendientes. La 22 se juega todo. Vienen, reiteramos, días muy difíciles para Oaxaca.

Lorenzo San Pablo, oculto crimen de Estado

Están equivocados quienes dan por hecho que con el encarcelamiento de Bulmaro Rito Salinas, se está haciendo justicia respecto a los hechos delictivos del pasado reciente en Oaxaca. La captura de Rito es, a lo mucho, una más de las venganzas entre grupos políticos que finalmente tendrá un arreglo en la misma arena de los intereses políticos, donde se decidió su captura. Pero si de verdad el gobierno estatal quiere dar una muestra de fondo de que está dispuesta a hacer justicia, debería desempolvar, investigar, y perseguir a los responsables, y afrontar las consecuencias institucionales, por el asesinato del activista Lorenzo San Pablo Cervantes.
En efecto, para entender cabalmente la trascendencia del homicidio de San Pablo Cervantes, vale la pena hacer memoria respecto a lo que pasaba en Oaxaca en agosto de 2006. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Si recordamos, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón, a finales de mayo; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.
En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.
En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.
Ese hecho, aunque —para bien o para mal, según sea el caso— hoy pase totalmente desapercibido, constituyó el inicio del periodo más violento por el que ha atravesado Oaxaca. Fue a raíz del asesinato de San Pablo Cervantes, que los grupos sociales —y demás organizaciones que acompañaron a la Sección 22 y la Asamblea Popular durante el conflicto magisterial— que apoyaban a la APPO, comenzaron a exigir que la población saliera a las calles a instalar el mayor número de barricadas posibles, y fue lo que generó un periodo de violencia social que nunca antes había ocurrido en Oaxaca, y en el país, en el cual mucha gente más salió violentada en su integridad o sus derechos fundamentales.

RESPONSABILIDAD DE ESTADO
Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.
¿Por qué entonces si hablamos de la justicia respecto a los excesos del pasado, nos alegramos —y quizá hasta nos demos por satisfechos— ante la aprehensión de Bulmaro Rito? Es muy posible que Rito, como varios otros integrantes del régimen anterior, haya cometido excesos y auténticos saqueos a las arcas estatales. Pero es insuficiente pensar que con ello quedan saldadas las cuentas del pasado, y que entonces ya se puede dar borrón y cuenta nueva a todo lo que ocurrió durante ese periodo.
Una cosa son los posibles delitos cometidos en el ejercicio de la función pública (como el peculado, o desvío de recursos, que hoy está tan de moda), y otros los delitos flagrantes —como el asesinato de San Pablo Cervantes, que fue atacado en desproporción, y que además estaba desarmado— que incluso pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad también pesaría sobre Ulises Ruiz y sus funcionarios.
Al final eso es lo que más restituiría a toda la sociedad: que el gobierno asumiera su responsabilidad, y por un lado decidiera investigar, a través de sus propias instancias de procuración de justicia —y al margen de las poses demagógicas de las “comisiones de la verdad”— para esclarecer esos auténticos crímenes cometidos en aquel periodo; y que por el otro extremo el gobierno asumiera su verdadera responsabilidad de Estado y buscara, voluntariamente, la reparación de los delitos cometidos, entendiendo esto no sólo en el ámbito de las restituciones económicas, sino estableciendo todo un esquema de reparación enfocado a que nunca más un crimen de esos volviera a cometerse en nuestro estado.
Esta última parte sí le correspondería asumir al gobierno de Gabino Cué. Lamentablemente los encargados de velar por los derechos humanos en este gobierno reducen el tema a activismo y lucha social, dejando cuestiones sustanciales, como las reparaciones, entre las cosas que no les generan interés promover.

ENTREVISTA EN PRISIÓN
¿Cómo está eso de que un reportero puede entrar a una penitenciaría a entrevistar a un recluso, con una grabadora digital o, aún más, con un teléfono celular con el que lo videograba? Por el morbo, muchos no repararon en el detalle, pero eso fue lo que pasó con Bulmaro Rito, que ya fue “entrevistado” dentro de Ixcotel. ¿Así de relajadas están las medidas de seguridad para ingresar al penal? ¿Quién lo permitió? Eso debe explicarlo el titular de la SSP, Alberto Esteva Salinas.

Jerarquía entre ámbitos de gobierno, determinante

El proceso de armonización de la legislación educativa estatal con la federal, es importante para Oaxaca y para la Federación por las implicaciones políticas que tiene, pero no por las legales. Aunque en el ámbito político, Oaxaca tiene una prueba de fuego ante la encrucijada que resulta por la necesidad de armonización, junto con la oposición de la Sección 22 del SNTE a las nuevas reglas constitucionales —y el apoyo del régimen local al magisterio—, es claro que ello bien puede ser constitucionalmente intrascendente. Es importante entender por qué.
En efecto, la nueva legislación en materia educativa estableció rubros que hasta ahora no existían. El más sensible de ellos es el establecimiento de todo un sistema de evaluación de la actividad docente, que es aplicable para todos los profesores de educación pública básica del país. Contra este sistema en concreto, es que los trabajadores afiliados a la Sección 22 han manifestado su rechazo, y por esa razón han desplegado un conjunto de acciones —que no hemos visto desplegado completamente, hasta ahora— para tratar de impedir que la legislación federal baje al ámbito estatal.
En ese sentido, la 22 cree que con eso, y con la posible elevación de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) a rango de ley, podrá escabullirse de las nuevas reglas establecidas en la Constitución de la República. Suponer eso es un error, pues aún impidiendo por completo la armonización de las leyes estatales con las federales, de todos modos seguirán prevaleciendo las normas federales. Hay razones relacionadas con los principios de jerarquía normativa, que son muy concretas y que fundamentan lo que afirmamos.
¿De qué hablamos? De que necesitamos entender la trascendencia del artículo 124 constitucional, que a la letra dice: “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Este precepto deja ver la existencia de dos competencias: una originaria, que es la de las entidades federativas; y una derivada, que es la federal. Por eso ese artículo debe ser entendido a partir de las facultades que toma la Federación como ámbito de competencia, y todo el resto —no enumerado— que es lo que se queda en el ámbito de las entidades federativas para su libre reglamentación.
Entender la trascendencia de este artículo es fundamental por una razón simple: hasta antes de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso de la Unión no tenía la facultad de legislar en materia de evaluación docente. Y tomemos en cuenta que, primero, ese rubro no existía en ningún ordenamiento legal, y que, acaso, la evaluación se quedaba en meros acuerdos administrativos sin base constitucional; y segundo, que de haber existido hasta antes de la reforma federal de 2013, ese sistema constitucional de evaluación debió legislarse en los estados y no en la federación, porque las entidades federativas eran quienes tenían la libertad de legislarlos, a partir de que la Constitución federal no le daba facultades al Congreso de la Unión para emitir disposiciones legales en esa materia.
No obstante, tenemos que volver a este punto para comprender que al ya contemplar el artículo 73 de la Constitución federal, en su fracción XXV, la facultad para establecer un Servicio Profesional Docente que cumpla con lo dispuesto en el artículo tercero, entonces esas disposiciones son de observancia general en toda la República y el responsable de su aplicación es esencialmente el gobierno federal, independientemente de que sean o no acordes con las legislaciones estatales.

BATALLA POLÍTICA
Oaxaca se encuentra en una encrucijada, que no pone en riesgo, en el mediano y largo plazo, la vigencia de la reforma educativa federal. Más bien, la encrucijada se encuentra en la posible incapacidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para poder procesar la armonización de las normas educativas en un marco de gobernabilidad y diálogo con la Sección 22, y en los efectos negativos que ese fracaso tendría ante los ojos de la nación, y del mundo, que a partir de ello terminarían de constatar que en la entidad no gobiernan los poderes constituidos, sino un poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE.
Ese fracaso, y el escarnio, tendrían su principal costo en el ámbito político, pero no en el educativo. Pues queda claro que tanto la Sección 22, como el mismo gobierno estatal y el Congreso local, pueden pasar todo el tiempo que deseen tratando de simular que trabajan en el proceso de armonización educativa, sin demostrar resultados de nada, y de todos modos el 1 de enero del año próximo el gobierno federal tomará posesión de los rubros más importantes de la evaluación de los docentes en la entidad, y entonces comenzará a recortar servicios y beneficios que tienen los profesores, y a normar todos los procesos que hoy se encuentran en manos de la Sección 22 y que por mandato de la Constitución federal, ahora deben ser regulados por la SEP.
Así, por ejemplo, los profesores de la 22 podrán seguir obstaculizando la realización de los exámenes de oposición para la asignación de nuevas plazas, y lo que hará la Federación es reservar esos espacios para cuando haya condiciones, sea en un mes o años después. Lo mismo ocurrirá con quienes no participen en el censo de docentes, o con quienes se nieguen a reconocer a la SEP como autoridad.
Así, mientras no haya condiciones, la SEP no abrirá nuevas plazas; quien no participe en el censo, no cobrará su salario, y quien se niegue a reconocer a la SEP, no será objeto de los servicios que ésta otorgue. En todos los casos, quien pierde es el magisterio, y no el gobierno federal, que aún en el caso de que no haya armonización, de todos modos vendrá a tomar posesión de lo que, por mandato de la Constitución de la República, ya tiene atribución para comenzar a regular.

DOÑA LIZBETH
Un tema que no debe dejar de considerarse respecto a la persecución judicial de ex funcionarios, es que existen versiones de que a principios de 2011 la entonces titular de la ASE, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, entregó a los principales integrantes del régimen anterior, sendas cartas de liberación de responsabilidad por —según— haber solventado definitivamente la comprobación de sus respectivas funciones como servidores públicos. De existir esos documentos liberatorios, sería muy difícil fincarles una responsabilidad actualmente. ¿Será?

Lo paradójico: nadie sabe por qué BRM está preso

Con la detención de Bulmaro Rito Salinas revivió un conjunto enorme de exigencias de justicia que, sin embargo, lo más seguro es que no sean atendidas nunca. Aunque las apariencias indican que Rito fue apresado para que rinda cuentas ante la justicia por los excesos cometidos por el régimen ulisista, lo cierto es que lo que lo tiene en prisión es sólo una acusación aislada, que quizá nada tenga que ver con los hechos por los que la ciudadanía cree que fue detenido. Por eso, es importante clarificar por qué exactamente está detenido y, sobre todo, no permitir que con ello se olviden los excesos por varios otros integrantes del régimen anterior.
En efecto, hasta hoy lo que se ha dicho de Rito Salinas y el proceso penal por el que fue aprehendido, son sólo datos sueltos. El jueves, por ejemplo, se informó que el delito por el que se le había girado una orden de aprehensión, era el de peculado. A cuentagotas se supo, días después, que el quebranto real por el que se le acusa es de sólo cuatro millones de pesos (cantidad insignificante, en relación a todo lo que su fama pública indica que se llevó de las arcas públicas), y que el juez le había negado la libertad provisional bajo el argumento de que Rito es “un peligro para la sociedad”. Sólo son trascendidos los que aportan algunos datos más específicos sobre la averiguación previa, tales como el tiempo en el que cometió el presunto quebranto y las razones concretas por las que se le considera probable responsable.
Así, sólo dos cosas son claras hasta ahora: primera, que Rito no está preso ni por los llamados “crímenes del 2006”; y segunda, que Rito tampoco está recluido en prisión porque el gobierno de Gabino Cué haya logrado desenmarañar el enredo que presuntamente le permitió hacer inmensos negocios al amparo del poder, o porque de fondo hubiera descubierto la forma en cómo habría hurtado recursos de las arcas estatales. No, porque aún con todas las afirmaciones infundadas y las especulaciones, lo único cierto es que Rito está preso por una acusación aislada, que es mucho menos trascendente y robusta de lo que parece.
Y la situación que enmarca todo ese conjunto de especulaciones y apariencias, se encuentra en el hecho de que hasta hoy la Procuraduría no ha tenido la disposición —y seguramente no la tendrá, porque no le conviene— de dar a conocer todos los pormenores del asunto. Más bien, lo que hizo fue aprehender a Rito y filtrar algunos datos sueltos, para luego dejar correr la imaginación de la ciudadanía, que desde el primer momento especuló sobre la acusación de fondo, sobre el monto de la posible caución, sobre el origen de la acusación, y de las motivaciones políticas y hasta las supuestas “negociaciones secretas” entre el gobierno de Cué y el ulisismo para allanarles el camino a la impunidad (Ver por ejemplo el artículo de Ricardo Rojo, ayer en el diario Noticias).
Sin embargo, queda claro que la sola aprehensión de Rito en ningún sentido es un sinónimo o una demostración sólida de justicia; y más bien, lo que ahora debe ocurrir es una acción firme de la ciudadanía para evitar que las promesas de revisión de las cuentas del pasado se detengan en el proceso judicial contra Rito; o que con ello terminemos absolviendo a varios que también tienen cuentas pendientes con la justicia.

MAOH, BERNABÉ… ¿Y?
En su edición de ayer lunes, TIEMPO daba cuenta que la PGJE y la Interpol “intensificaron la búsqueda de Miguel Ángel Ortega Habib, quien tiene órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado por un monto superior a mil 200 millones de pesos”. Ese y algunos otros personajes tienen, ciertamente, cuentas pendientes con la justicia. Pero, en el caso concreto de cada uno, habría que distinguir de dónde derivan esas responsabilidades y quién tiene el deber de buscarlos y procesarlos judicialmente.
Pues resulta que en el caso de Ortega Habib, son ampliamente conocidos los detalles relacionados con la detención, hace casi cuatro años, de dos familiares suyos acusados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de poseer indebidamente cantidades de dinero superiores a los mil 200 millones de pesos. Esos son delitos federales que derivan en una responsabilidad de búsqueda y detención que, en el caso de realmente existir, tendría que recaer en las instancias federales de procuración de justicia, y no en la Procuraduría local, que no tiene facultad para conocer de delitos relacionados con el fisco federal.
Así pues, la presunta orden de aprehensión que fue girada en contra de Ortega Habib, formalmente tampoco tendría que ver directamente con la acción de la justicia oaxaqueña, pues no es lo mismo que la Secretaría de Hacienda haya determinado que Ortega o sus familiares poseían esa cantidad de dinero sin haber declarado su procedencia, que asegurar que ese dinero tiene como origen las arcas estatales oaxaqueñas. Eso lo podemos inferir, pero las verdades judiciales no se crean en base a inferencias o suposiciones, sino a hechos probados.
Por eso lo ideal sería que a Ortega se le hubiera podido probar que, en efecto, retiró esa cantidad de dinero del erario oaxaqueño para desviarlo en su beneficio. Ahí sí habría una responsabilidad directa relacionada con su gestión, y entonces el gobierno estatal tendría toda la calidad para colocarse una estrellita en la frente, quizá no por haberlo detenido, pero sí por haber podido instaurarle una acusación relacionada con su función como Secretario de Finanzas.
Y lo mismo debiera ocurrir con Armando González Bernabé, y varios otros personajes —nunca debiéramos olvidar el nombre de Jorge Franco, que hoy parece absuelto por el solo hecho de haberse distanciado del ulisismo— sobre los que hoy se especula muchísimo pero no se sabe bien a bien si los delitos por los que se les está procesando son sólo acusaciones aisladas y parciales —como la que pesa sobre Rito—, o si verdaderamente son consecuencia de una investigación real y a fondo de su actuación como servidores públicos.

¿COMISIÓN DE LA VERDAD?
Muchos ilusos creen que esa investigación y determinación integral de la responsabilidad penal de los funcionarios del ulisismo, podría darse a partir de la conformación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, aquí y en China esas comisiones no sirven para instaurar juicios sino, valga la expresión, para conocer la verdad sobre un conjunto de hechos en un tiempo determinado. ¿Lo entenderán?

+ Con su detención, gobierno rompe ruta sucesoria

Hasta hoy, no ha habido una sola voz que salga al paso para defender a Bulmaro Rito Salinas, quien el jueves pasado fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, acusado del delito de peculado. Llama la atención la ausencia de voces a su favor, porque al margen de su pésima fama pública como político y como funcionario, Rito fue dirigente de un partido, y fue también uno de los hombres claves del régimen gobernante anterior al actual en Oaxaca. ¿Por qué nadie ha salido a defenderlo?

En efecto, la noche del jueves se dio a conocer la inesperada aprehensión de Rito Salinas. No era algo que pareciera estar en el panorama político local, porque en los últimos años el gobierno de Gabino Cué dio pocas muestras de disposición y capacidad para perseguir a los funcionarios de la administración anterior; también era inesperada porque apenas una semana antes la Contraloría había anunciado la inhabilitación de Rito y otros ex funcionarios, lo cual constituye esencialmente una sanción administrativa y pecuniaria, pero no relacionada con la comisión de delitos. Y fue imprevista porque parecía que había cierto equilibrio entre los grupos políticos, tanto en el ámbito priista como frente a sus adversarios. No obstante, la detención de Rito debe entenderse no sólo en el contexto penal, sino sobre todo en el contexto político, que es donde encuentra su intención principal.

Y es que, por un lado, Rito es algo así como la encarnación de la corrupción y el tráfico de influencias, de información y de beneficios, desde el gobierno. Él estuvo involucrado en la gran mayoría de los escándalos políticos de los últimos tiempos, a través de los cuales funcionarios o políticos cercanos al régimen intentaban beneficiarse de decisiones oficiales. Así, por ejemplo, Rito fue clave en el malogrado negocio de los parquímetros que se intentaron colocar en el Centro Histórico de Oaxaca.

Fue también pieza esencial de la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Fue también ejemplo de las presiones que se ejercían desde el propio gobierno para condicionar, premiar, castigar a municipios con la asignación de obra. Y Rito fue algo así como el buque insignia de quienes, desde el poder, buscaron siempre beneficiarse de cada una de las decisiones oficiales que implicaban la inversión pública de recursos, convirtiéndose en “socios” de los ejecutores.

Sin embargo, Rito no está en prisión por alguno de esos negocios hechos al amparo del poder, los cuales le dieron una fortuna económica incuantificable. Más bien, la Procuraduría le instruyó una averiguación previa al detectar que durante su gestión pudo haber desviado poco más de cuatro millones de pesos para su beneficio personal. La acusación no está plenamente probada —sólo lo estará cuando un juez lo declare culpable de la comisión del delito, y le imponga una condena—, y más bien lo que está ocurriendo es un conjunto de acciones oficiales para encerrarlo y, ahora, para mantenerlo en prisión.

A pesar de que la intención oficial es sencilla de distinguir, lo que en este caso está facilitando las cosas es la falta de oposición frente a un asunto como éste: Rito Salinas fue todo en el PRI y en el gobierno; pero a su paso se dedicó a destruir todo lo que encontró en su camino, igual que como lo hicieron los principales integrantes del régimen anterior. Por eso, cuando tomó la decisión de ir tras Rito al gobierno no le costó ningún trabajo capturarlo y encerrarlo, marcando con ello una modificación de fondo de las variables con las que operará para la sucesión gubernamental de 2016.

LA CORRUPCIÓN Y LOS “ALIADOS”

Rito fue uno de los principales aliados de Ulises Ruiz, porque era su socio en muchos de los negocios en los que el primero aparecía como el traficante de influencias, pero que lo hacía con el consentimiento y la sociedad del segundo. Por eso, a pesar de la calidad permanente de político impresentable que tuvo Rito, Ruiz no sólo no lo defenestró ni lo marginó nunca, sino que reiteradamente dio muestra de querer tenerlo cerca, de tolerarlo y de mantenerlo como uno de sus operadores principales.

Sus mismos “lazos” económicos son los que permitieron que Rito y Ruiz siguieran operando juntos aún después de terminada la gestión, de la que ambos fueron ampliamente beneficiados. Esa operación tuvo siempre como intención reconstruir las estructuras políticas con las que llegaron al poder, a través del acercamiento con representantes actuales del poder público, priistas y de otros partidos. Así, desde que dejaron el poder se habló con insistencia de la buena relación que existía entre Rito y Benjamín Robles Montoya; y también de cómo éste en algún momento intentó ser interlocutor con otros grupos priistas que también intentan reconquistar el poder en Oaxaca.

Rito nunca lo logró ninguno de sus cometidos principales, pero Ruiz tampoco calculó que tenerlo demasiado cerca hoy le sería tan costoso. Pues es claro que con esta detención, el gobierno de Gabino Cué le dio un golpe de muerte no a las posibilidades del PRI de regresar al gobierno en 2016, sino específicamente al grupo ulisista, que es el único que siempre continuó dando cobijo político a Rito, y que también busca regresar al poder en Oaxaca —y para eso trabajaban— con al menos dos posibles candidatos.

El problema es que aún siendo Rito un operador del PRI, ningún sector de su partido salió a decir algo en su defensa, o por lo menos a lamentar el matiz político que tiene esta detención. Nadie se atrevió, primero, porque el mismo Rito extinguió cualquier posibilidad de que alguien creyera algo positivo de él; segundo, porque las posiciones políticas desde las que alguien pudo haber salido al paso para defenderlo se encuentran en manos de sus adversarios dentro del PRI.

Y tercero, porque sólo a sus propios socios les seguía siendo necesario continuar teniendo cerca a un personaje como Rito, que no se apestó el jueves pasado cuando lo metieron en la cárcel, sino que voluntariamente vivía desde hace años en una caudalosa podredumbre, en la que él mismo decidió chapalear a costa de mantener a flote los negocios que le dieron un dinero que hoy, en prisión, no le sirve para nada.

NERVIOSOS

Si Rito ya cayó y su responsabilidad es institucional, ¿cuántos personajes más de Coplade —y del gobierno en general— durante la administración anterior habrán de correr la misma suerte? Varios de los que pensaron que ya la habían librado, deben —o deberían— estar pensando seriamente en irse de Oaxaca.

Los mecanismos de participación ciudadana, olvidados

Una de las razones por las que en nuestra sociedad se repite muchas veces un escenario que la mayoría repudia, es porque no hemos aprendido a quejarnos ni a conocer y poner en práctica los mecanismos que establecen las leyes que nos rigen. Cada seis años —y no necesariamente en los tiempos electorales, sino mucho antes— los oaxaqueños nos declaramos hartos de nuestros gobernantes. Pero lo único que hacemos es lloriquear, pero sin hacer nada verdaderamente efectivo como para remediar la situación que nos aqueja. No es que un gobernante deba ser necesariamente la cruz de sus gobernados. Es que con nuestra conducta nosotros así lo decidimos.
En efecto, hoy en día —como cada periodo de gobierno— hay mucha gente que se dice harta del gobierno en turno, sea municipal o estatal, porque la expectativa que generó al inicio de la gestión no fue cumplida, o porque el gobernante en concreto no era la persona, o el político, o el administrador que la ciudadanía esperaba, o los problemas públicos ameritaban. Cuando eso ocurre, irremediablemente comienzan los lloriqueos de la ciudadanía, que muchas veces se traducen en desánimo o en una desaprobación verbal del gobierno en turno. El problema es que no pasamos de ahí.
¿A poco no hoy en día es común escuchar a mucha gente, que hace apenas cuatro años era ferviente seguidora de quienes hoy nos gobiernan, repudiar airada y públicamente a las personas por las que votaron y por las que incluso trabajaron en campañas para captar votos a su favor? Cuando esa conducta aparentemente crítica se pone en marcha, el ciudadano común asume que con eso la afrenta del mal gobierno está lavada, compensada o hasta vengada, y con ello concluye su faceta detractora al gobierno en turno. Nunca, ni los grupos organizados en Oaxaca —y mucho menos la ciudadanía—, ha tomado acciones verdaderamente contundentes para ir políticamente en contra de un gobernante en funciones, así como en algún momento la Sección 22 del SNTE quiso tomar acciones pero por la equivocada vía de las calles.
Esas posibles acciones para ir políticamente en contra del gobernante en funciones, o al menos para exigirle directamente los resultados que se esperan de él o que previamente fueron prometidos, tienen que ver no sólo con tener una actitud valiente, beligerante o contestataria. En el fondo de lo que se trata es de conocer la ley, pero además de estar convencido de que lo que dicta la norma es lo correcto y que además es el mecanismo idóneo para sancionar a un gobernante que no cumple lo que promete.
Sin embargo, frente a esta situación lo que es claro es que los oaxaqueños, y los mexicanos en general, desconocemos las normas que nos rigen, y por eso para la gran mayoría de nosotros ciertos instrumentos fundamentales para la vida en comunidad —como la Constitución de la República, o la Constitución local—, son más bien objetos lejanos, repugnantes, repulsivos e incomprensibles.
Esto parte, en gran medida, de que conocer la ley no es parte de nuestra cultura. Y que contrario a lo que ocurre en países verdaderamente democráticos —en los que conocer la Constitución es parte de la educación básica que recibe cualquier niño en la escuela primaria—, aquí prácticamente nos enseñan a repudiar, a desconocer y a desestimar a la Constitución o las normas jurídicas en general como instrumentos efectivos para cambiar o mejorar el estado de cosas.
En el caso de Oaxaca, resulta que existen en la Constitución mecanismos específicos para sancionar, para exigir resultados y obligar a un gobernante a que escuche a la ciudadanía; o para poner a discusión las decisiones que toma, e incluso para revocarle el mandato; pero también resulta que a pesar del supuesto hartazgo nadie pone en práctica dichos mecanismos ni hace algo más que quejarse.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Contrario a lo que se piensa, la ley sí contempla esos mecanismos para obligar a un gobernante a hacer mejor su trabajo. El problema es que el grueso de la población no los conoce. Y al gobierno en turno —sea del color que sea— lo que más le conviene es precisamente mantener “ocultos” esos mecanismos para que nadie les exija hacer lo que tienen el deber de cumplir.
¿De qué hablamos? De que la Constitución de Oaxaca establece por lo menos seis mecanismos de participación ciudadana, que son letra muerta. Éstos son el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la audiencia pública, el cabildo en sesión abierta, y los consejos consultivos. Quizá en nuestra vida cotidiana el único que más o menos conocemos son las audiencias públicas. Pero hoy en día también sabemos que éstas, en la práctica, sirven para muy poco —si no es que para nada.
¿Qué son? El plebiscito, dice la Constitución local, es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio, pueden objetar las decisiones administrativas del Gobernador del Estado. El referéndum, por su parte, es la consulta a los ciudadanos del Estado que se realiza por medio del sufragio, para que expresen su voluntad sobre la creación o reforma de normas generales y/o de normas secundarias.
Por su parte, la revocación de mandato está sujeta a reglas que establece la propia Constitución, pero procede cuando, cumpliendo los requisitos de procedibilidad que señala la ley, un número determinado de ciudadanos logra someter al propio Gobernador a un proceso de ratificación o revocación de su mandato, una vez que haya transcurrido cuando menos la mitad de la gestión para la que fue electo.
Luego, sobre las audiencias públicas, la Constitución dice que las autoridades administrativas estatales y municipales, deberán realizar audiencias públicas y periódicas para que los ciudadanos del Estado, de manera directa, les planteen asuntos de interés público. El problema es que no establece ningún mecanismo o deber para canalizar esas inquietudes, y por ello este mecanismo ha degenerado en un mero acto para la foto, sin mayor capacidad de respuesta o de incidencia en los problemas de la gente.

¿Y LOS OTROS MECANISMOS?
¿Alguien conoce algún municipio que haya puesto en práctica el mecanismo de Cabildo en Sesión Abierta? Como ese sería un mecanismo más deliberativo, parece que no es alentado por las autoridades municipales. Al final, queda claro que nos perdemos en el lamento pero no hemos aprendido, como ciudadanos, a utilizar la ley a favor de nuestras supuestas inconformidades.

+ Daños a la educación, vigentes; el medio, erróneo

Dice la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —disidente del magisterio democrático de la 22— que en breve iniciarán una caravana motorizada rumbo a Costa Rica, para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones al derecho a la educación que comete el Estado en contra de sus alumnos al negarle la documentación oficial que acredite sus estudios, y las transgresiones a sus derechos como trabajadores. Qué bueno que la disidencia tenga ganas de denunciar los abusos que cometen el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 en contra de la educación y de ellos. Qué mal que intenten hacerlo por la vía equivocada.

En efecto, todos en Oaxaca sabemos que sobre el gobierno y el sindicato magisterial pesa una enorme responsabilidad por el daño al derecho a la educación de los niños, y los derechos laborales de los trabajadores afiliados a la Sección 59. En el caso de los educandos que asisten a instituciones públicas, el daño es evidente: cada año en Oaxaca se pierden por lo menos cuarenta días efectivos de clase, los cuales constituyen una quinta parte del total de días de instrucción que marca el calendario oficial de la SEP. Todo lo anterior, sin contar con la deficiencia educativa, el escalonamiento de clases, la falta de preparación —comprobable— de muchísimos profesores y el pésimo ejemplo de comportamiento público que ellos le dan cotidianamente a sus alumnos, cuando emprenden sus jornadas de lucha.

En ese mismo sentido, todos conocemos los quebrantos que conjuntamente cometen el gobierno y la Sección 22 del SNTE, en contra de sus disidentes. Para nadie es un secreto que desde la administración del gobernador Ulises Ruiz, el IEEPO se vio presionado a nunca darle reconocimiento ni interlocución a la 59, a pesar de ser una facción reconocida en Oaxaca por la dirigencia nacional del SNTE, y a no prestarle ningún tipo de apoyo en sus labores educativas. La razón es evidente: la 22 tiene el control casi total del instituto educativo, y además ejerce presión política permanente sobre el gobierno para que no entable diálogo con sus opositores.

Así, los profesores de la Sección 59 han vivido marginados y relegados de los beneficios económicos y de condiciones de trabajo que los integrantes de la 22 tienen a manos llenas. Y no sólo eso, en un acto de colusión obligada, el gobierno de Oaxaca ha venido obligando a los padres de familia de centros escolares en poder de la 59, a que renieguen de esos profesores que no hacen paros ni abandonan a sus alumnos, a cambio de que ellos les entreguen la documentación oficial que acredita la instrucción de sus hijos. Así, para “regularizar” un centro escolar en poder de la 59, ésta debe entregarla sin condiciones a la 22, afiliarse forzadamente a ella, y aceptar sus condiciones sin posibilidad de reniego.

Todo ello constituye violaciones evidentes a derechos fundamentales. En el caso del derecho a la educación, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que de conformidad con los artículos 3 y 4 constitucionales, constituye un derecho fundamental de los gobernados, recibir la educación en las instituciones que autorice la ley. Y ha dicho que los Tratados Internacionales consagran el derecho a la educación como interés supremo el del menor, así como la obligación de dar un trato digno y sin discriminación por maestros, escuelas e instituciones similares.

Y en el caso de los maestros afiliados a la 59, las violaciones a sus derechos son evidentes: si ellos están legalmente contratados para prestar la función docente, tienen derecho a recibir un salario justo y a tiempo; tienen también derecho de ejercer libremente su derecho al trabajo, sin presiones ni condicionamientos no establecidos en una norma. Y, en el caso de su filiación sindical, ellos tienen el pleno derecho de no ser presionados ni coaccionados para hacerse parte, o dejar de pertenecer, a un sindicato. Ello viola sus derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, pero sobre todo lo dispuesto en el artículo 9, respecto a la libertad de asociación, siempre que sea con un fin lícito, como lo es la conformación de un sindicato.

LAS EQUIVOCACIONES

Si la violación a todo ese conjunto de derechos es tan evidente, y en todos el Estado tiene responsabilidad, ¿entonces por qué la intención de la 59 es loable pero equivocada? Por una razón simple: en nuestro continente, el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tiene reglas específicas de funcionamiento, que deben seguirse de forma general para evitar equivocaciones y que, con ellas, la violación a derechos fundamentales se consolide.

¿De qué hablamos? De que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece los mecanismos de acceso al sistema interamericano de justicia en relación con los derechos fundamentales. Específicamente, la Convención —también conocida como Pacto de San José— dispone que para que la Corte Interamericana pueda conocer de cualquier caso relacionado con violaciones a derechos humanos “es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50”.

¿Qué dicen esos tres artículos? En esencia, que todo asunto que llegue a la Corte Interamericana debe haber sido conocido previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien es la facultada para someter al conocimiento de la Corte un asunto del que ya conoció previamente y sobre el cual emitió una recomendación sin efectos vinculatorios.

De esto se deduce, pues, que la puerta de entrada a la Corte está en la Comisión; y que si la Comisión no decide enviar un asunto al conocimiento de la Corte, ésta no puede actuar de oficio, e incluso tampoco a petición directa de quienes consideran agraviados sus derechos fundamentales.

VIAJE INÚTIL

Y, sobre todo, es claro que si los profesores de la Sección 59 tienen ganas de poner en marcha los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, no necesitan ir hasta Costa Rica —pues irán a perder tiempo, dinero y energías, en un viaje internacional que no servirá más que para que ellos conozcan las naciones por donde pasarán— sino más bien documentar todas y cada una de las violaciones que se han cometido en contra de la niñez oaxaqueña y su derecho a la educación, y de ellos respecto a sus derechos laborales, sindicales y hasta políticos, para ponerlos a consideración de la Comisión Interamericana. Ese es el camino correcto. Lo demás, es sólo demagogia.

+ IEEPO: institución anárquica por laxitud oficial

Los profesores de la Sección 22 del SNTE se oponen a la reforma educativa, porque aseguran que ésta es regresiva, privatizadora y atentatoria contra los principios de la educación y los derechos de los maestros. Quizá tengan razón. Pero es imposible no pensar en una reforma profunda al sistema educativo local —y nacional—, cuando en el fondo la crisis de la educación tiene como origen la connivencia y la corrupción de los gobiernos con los educadores.

En efecto, incluso antes de la reforma reciente al artículo tercero, la Constitución de la República ya establecía los lineamientos fundamentales de la educación que imparte el Estado, pues decía que ésta debía ser pública, laica, gratuita y obligatoria. Ninguno de esos principios fue tocado por el Constituyente, que el año pasado reformó ese artículo para establecer nuevos lineamientos, que complementan mas no derogan los principios ya establecidos. ¿Qué se añadió? Las nuevas disposiciones constitucionales establecieron un sistema de evaluación de los trabajadores de la educación, que no existía.

¿Por qué molesta tanto a los profesores esa nueva disposición? Porque, primero, les quita el monopolio del control de la situación laboral que las dirigencias sindicales, y los regímenes políticos, tenían sobre el grueso de los trabajadores de la educación; segundo, porque elimina los criterios discrecionales y políticos a partir de los cuales se determinaba la situación laboral y salarial de cada trabajador de la educación; y tercero, y más importante, porque ello elimina la manipulación y la corrupción entre el profesorado, además de los privilegios no obtenidos mediante un sistema de competencias en el ámbito profesional.

En concreto, ¿qué pierden? Lo que pierden los maestros, como en el caso de Oaxaca, es el control del instituto educativo. Aquí, desde hace más de veinte años los profesores tienen una influencia determinante en el IEEPO. Ellos han tenido el control de la mayoría de los procesos administrativos del sector educativo, y del sistema de permanencia, escalafón, premios y castigos a sus trabajadores, incluso por encima de lo que el gobierno —que tendría que ser la autoridad única en este ámbito público— pudiera disponer.

En todo este tiempo, el sindicato magisterial operó bajo dos principios fundamentales para mantener el control de sus agremiados: primero, darle a todos privilegios superiores, e inmediatos, que no habrían podido ganar en corto tiempo gracias a su trabajo, bajo los cuales los sujetaba a mantenerse permanentemente interesados en tener una relación aceptable con el sindicato que así como les había dado todo, también podía quitárselos.

Y segundo, construir —ya teniendo el dominio total del instituto educativo— un feroz sistema de disciplina, a partir de la cual los premios y castigos en el ámbito educativo se determinaban a partir de criterios políticos y no profesionales. Así, quien tenía una participación activa en las actividades sindicales (como ir a las marchas, participar en los paros de labores, etcétera) tenía también garantizada una situación salarial siempre en situación de mejora, así como condiciones privilegiadas de trabajo.

LA PERMANENCIA

En el documento “Acuerdos, tareas, pronunciamiento y plan de acción” emanados en la Asamblea del celebrada el 2 de julio pasado, la Sección 22 del SNTE determinó, como la primera y más importante de sus tareas, la siguiente: “Que el Equipo Técnico de la Comisión Redactora de la Ley Estatal de Educación de la Sección XXII, inserte en la redacción sobre la permanencia y la inamovilidad de los trabajadores y demás derechos fundamentales del trabajador, en el caso de los normalistas que el ingreso al servicio educativo sea mediante su examen profesional”.

En dicho enunciado se encuentran dos de los intereses fundamentales de los maestros democráticos. Primero, que todos los trabajadores en activo gocen, o sigan gozando, del privilegio de la permanencia y la inamovilidad, que ya no existen en la Constitución de la República, y que por ende tampoco pueden existir en la Constitución, porque sobre el tema ya existen disposiciones específicas que rigen la permanencia y la remoción de los trabajadores según los parámetros establecidos previamente.

El segundo de esos intereses se centra en los normalistas, que en los hechos son el alimento permanente de sus filas, con aliados que lo que buscan son los privilegios salariales y de condiciones de trabajo, que no podrían tener bajo condiciones de competencia y trabajo distintas a las que ofrece la Sección 22 y el IEEPO, pero al que acceden a cambio de convertirse en participantes incondicionales de las acciones políticas de lucha del magisterio democrático.

Por eso la Sección 22 del SNTE exige que el ingreso al servicio educativo de los normalistas, sea mediante su examen profesional. Es decir, automático. Porque al tener como único requisito presentar su examen profesional —con el que acreditan haber aprobado los estudios para ser profesor de educación primaria, sin que ello signifique necesariamente que tienen también las aptitudes requeridas para estar frente a grupo y gozar de salario y prestaciones como las que tienen los trabajadores de la educación— lo que están haciendo es buscar que se garanticen condiciones que también son contrarias a la Constitución.

¿Qué queda en el fondo? Que los maestros de la 22 están buscando que el sistema educativo no pase por la revisión de los procesos de corrupción. El poder actual del magisterio no se puede explicar si no es a partir de la voluntad de los gobiernos de entregarles privilegios a cambio de favores políticos, y también a partir de la definición de los profesores de que sean mecanismos de corrupción y manipulación los que determinen la educación.

Al final estamos seguros que si la educación en México fuera de verdad de primer mundo, y competitiva, no habría necesidad de hacer una reforma. Ésta tiene como punto de partida la urgencia de terminar con la corrupción y los vicios que se han arraigado en el sistema educativo, los cuales frenan la educación de calidad que todos anhelamos.

REFORMA EDUCATIVA

Reiteradamente la Sección 22 afirma que ellos van por una verdadera reforma educativa. Sería bueno conocerla, más allá del PTEO, que es un verdadero mamotreto, para corroborar la noción que tienen de la educación más allá de sus intereses y motivaciones políticas e ideológicas. ¿Aceptarían esa posibilidad?