+ Posible, estar a favor o en contra: pero bien hecho

La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas –y éstas se encuentran tan desvalorizadas- que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República, cuando México es un país que tiene 32 entidades, todas con distintos intereses, posiciones y visiones respecto al petróleo y los energéticos.
En efecto, ayer que la discusión legislativa en el Senado estaba a punto de pasar de las comisiones al pleno, legisladores del PRD optaron por su tradicional estrategia de tomar la tribuna de la cámara alta, para tratar de impedir que la discusión iniciara y siguiera avanzando la consolidación de la reforma legislativa, en las cámaras federales. Antes, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional –partido en ciernes, del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador- habían instalado un cerco a las instalaciones del Senado, intentando con ello evitar que los legisladores pudieran llegar al recinto senatorial. Además de que esos intentos son ilegales, éstos también han demostrado su ineficacia ante un asunto de tal envergadura como el que enfrenta la nación con la reforma energética.
Y es que en el fondo la discusión radica sobre la posibilidad de que el Estado mexicano permita o no que capitales privados, y extranjeros, se involucren en tareas de exploración y extracción de petróleo y gas. La visión nacionalista que defienden los partidos de izquierda en el país, intenta evitar que manos ajenas al Estado mexicano tengan intervención en esas tareas, y plantean una reforma a Petróleos Mexicanos para dotarlo de las herramientas que necesita. La otra visión, la del gobierno federal (respaldada por el PRI y el PAN) busca la salida más práctica: que, como en otros países, el Estado mexicano permita la intervención privada para hacer más competitiva a la industria, para permitirle avances en un lapso menor de tiempo, y para compartir riesgos en las labores de exploración en las que hoy el Estado es el único que gana o pierde, con la búsqueda de nuevos yacimientos en aguas profundas.
Queda claro que esas dos visiones son irreconciliables. Así lo han aceptado el PRI y el PAN de la mano con el gobierno federal, y también así lo asume el PRD y los demás grupos de izquierda en el país, que juntos dicen que no darán tregua en sus respectivas posiciones. Los partidos que impulsan la reforma energética decidieron dejar atrás los pactos de pluralidad para erigirse en un abierto grupo aliado que se limitarán a la tarea de sacar juntos la reforma constitucional, uniendo el número de votos que necesitan en las dos cámaras legislativas federales. Y enfrente, los grupos de izquierda intentan frenar la reforma con lloriqueos, con marchas, con cercos y con toma de tribunas legislativas.
Juntos parecen no comprender que la nación es mucho más que tres partidos; que México es mucho más que dos cámaras legislativas, y que 500 diputados y 128 senadores. México es una federación, formada por 31 entidades y un distrito federal, los cuales deberían ser tomados en cuenta e involucrados de forma determinante en una reforma de tal calado como la que se intenta. Nadie lo ve. Y lo más triste es que parece que los mismos estados no asumen su importancia en este momento tan decisivo para la nación.

VOLVER A LA CONSTITUCIÓN
México, lo sabe cualquier abogado, tiene una Constitución que establece un método rígido para realizarle reformas o adiciones. Esto es, que contempla un procedimiento especial, distinto y más complejo, que la forma en que se puede concretar una modificación a leyes ordinarias.
De hecho, el artículo 135 constitucional establece: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.”
Ya metidos en la dinámica política tradicional de nuestro país, podríamos descalificar esta vía por considerar que en México las cosas se arreglan de otra forma. Es decir, con protestas, en las calles, o con toma de tribunas legislativas. No entendemos que todas las posibilidades siguen abiertas, porque el hecho de que el PRI y el PAN en el ámbito federal acuerden una reforma, no significa en automático que ésta alcanzará el nivel de constitucional, y que por ende se volverá obligatoria para todo el país.
Por eso es momento de que todos regresemos a ver la importancia que tienen las entidades federativas (Oaxaca entre ellas) en todo este proceso, y que todos asumamos que este es el momento en que todos los ciudadanos -al margen del PRI, del PAN, del PRD o de López Obrador-, dejemos los intentos demagógicos para defender a nuestra Constitución, y lo hagamos por las vías que la propia Carta Magna nos ofrece. Es decir, que si no estamos de acuerdo con reformas como la energética, a los mexicanos nos queda, antes que las calles o que la resistencia, la segunda –e igual de importante- parte del 135 constitucional, que establece que las Legislaturas locales deben también dar su anuencia para que una reforma alcance verdaderamente el rango de constitucional.
No valoramos esa situación; las mismas entidades federativas no valoran su posición e importancia en un momento como éste. Es lamentable porque entonces queda demostrado que el centralismo en nuestro país es aprovechado por quienes quieren decidir todo desde la ciudad de México, pero también por las entidades que no asumen su importancia, y que aún se creen simples provincias de un virreinato que dejó de existir hace casi dos siglos en nuestro país.

POSICIÓN EN OAXACA
Aquí habrá una situación particular con la reforma energética: para aprobarla, la Legislatura necesita el voto de la mitad más uno de sus integrantes. En Oaxaca, la LXII Legislatura tiene mayoría simple priista. Pero oficialmente gobierna el PRD. Y no sólo eso: el gobernador Gabino Cué ha sido un decidido partidario de personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasará?

+ Gobierno siempre ha dado dinero; hoy lo desperdicia

A nadie debería sorprender que cada año el gobierno estatal entregue recursos económicos millonarios a organizaciones sociales afines a su causa: lo que sorprende es que a pesar de que esos montos son destinados a proyectos productivos que no siempre se realizan, o que en muchos de los casos son destinados a fondo perdido, de todos modos el gobierno hoy en día esté sometido no sólo al peor chantaje por parte del magisterio, sino de esas mismas organizaciones sociales que hacen y deshacen a placer, y exigen como si no recibieran nada y como si no tuvieran beneficios y trato envidiable frente a cualquier gobierno en toda la República. Eso, y no el propagandismo de los últimos días, es lo que debería sorprender.
En efecto, el fin de semana medios informativos de la capital del país como Reforma y Proceso, daban cuenta de que en los últimos tres años, el Gobierno del Estado ha entregado más de mil millones de pesos a distintas organizaciones sociales, varias de las cuales han demostrado tener como práctica común la realización de bloqueos, marchas, manifestaciones y paros, además del constante ejercicio de la violencia y el chantaje como medios de negociación.
Según lo que publicaban esos medios, entre las agrupaciones beneficiadas, según una investigación de Reforma, están corrientes pertenecientes a la Sección 22 y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyendo las que realizan el plantón en la Ciudad de México desde julio pasado. La nota resaltaba que a sólo 15 organizaciones el gobierno estatal les entregó los mil millones de pesos en cuestión, y que el senador perredista Benjamín Robles Montoya es el promotor político de 10 de las 15 agrupaciones indígenas, obreras, campesinas y de transportistas que han sido beneficiadas por el gobierno.
Incluso señalaba que dos de las 15 agrupaciones civiles actúan en la Sección 22. La más radical es el Frente Popular Revolucionario (FPR), a la cual el gobierno oaxaqueño asignó casi sesenta millones de pesos en los últimos dos años, “aun cuando considera [el propio gobierno] que practica el secuestro de funcionarios y el bloqueo de instalaciones públicas, como estrategia de lucha”.
Otras de las organizaciones beneficiadas son Antorcha Campesina, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Frente Amplio de Lucha Popular, que en los últimos años ha cobrado fuerza por su capacidad de movilización, por la diversificación de sus actividades hacia temas como el mototaxismo y el autotransporte irregular, el comercio ambulante y la invasión de tierras, también conocida como paracaidismo, en distintas regiones del Estado.
En este sentido, es claro que la intención de lo publicado el fin de semana era desacreditar al gobierno respecto al supuesto financiamiento de actividades ilícitas, dejando ver que el gobierno de Oaxaca paga a organizaciones que están adheridas a la Sección 22 del SNTE y a grupos beligerantes como el Ejército Popular Revolucionario.
El fondo del asunto se encuentra en generar presión en el hecho (incalificable, e inadmisible, en sí mismo) de que los cuatro profesores que se encuentran recluidos en un reclusorio de la capital del país, acusados del secuestro de dos menores, hijos de un empresario local y sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, han tenido una feroz defensa por parte del magisterio democrático, quien en la misma Ciudad de México ha puesto como uno de los temas determinantes para la negociación relacionada con la implementación de la reforma educativa, que esos profesores (a los que incluso califican como “presos políticos”) sean liberados.
Y según ha filtrado el gobierno federal en los últimos meses, esos cuatro profesores presuntamente pertenecen a una banda delictiva, ligada a un grupo guerrillero (que en este caso sería el EPR), que practica el secuestro como una forma política de “recuperación” o de “confiscación” a personas que ellos califican como oligarcas, o como capitalistas, o simplemente como enemigos del movimiento popular.

LO SORPRENDENTE ES EL CHANTAJE
Si bien es clara la intención de la información, y más por el hecho de que coloquialmente se dice que el Frente Popular Revolucionario es el brazo político y la cara visible del Ejército Popular Revolucionario, lo cierto es que en realidad es poco posible que puedan vincularse las actividades de esas organizaciones, con el funcionamiento de la Sección 22 o el EPR (que tienen su propia estructura, funcionamiento, autonomía de decisión, y fuentes de financiamiento, de las que hemos hablado ampliamente en este espacio).
Lejos de lo que se pretende, lo que debería sorprender —e indignar a todos los oaxaqueños— es el hecho de que a pesar de que esas organizaciones reciben cantidades millonarias de dinero cada año —que en muchos casos no pueden ser ni siquiera fiscalizables—, esa entrega surge de compromisos y padrinazgos políticos que además ni siquiera redundan en una mejor gobernabilidad o cuando menos en algo de paz social y respeto a la ley en Oaxaca.
Veamos el asunto en perspectiva: hoy en día, esas organizaciones reciben más dinero que nunca, pero también presionan más que nunca a la autoridad. Sólo la semana pasada, la Sección 22 recuperó violentamente dos instalaciones educativas, apoyada por los grupos de choque pertenecientes al FPR. Del mismo modo, el FALP (otro de los grupos de lucha social beneficiados, el cual es encabezado por Jesús López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local) protagonizó este fin de semana —y eso también ha sido recurrente— hechos violentos en municipios conurbados a la capital oaxaqueña, relacionados con la invasión y defensa de predios irregulares, o rutas de transporte, sobre los que ellos tienen control.

DINERO, A LA BASURA
Lejos del estruendo, deberíamos preguntarnos y preguntarle al gobierno estatal: ¿esos recursos, esos mil millones de pesos, entregados para proyectos productivos y en ayuda de programas sociales, pueden ser fiscalizables, y el gobierno puede dar cuenta de su destino? Si esos dineros los entrega a cambio de paz social, ¿entonces por qué de todos modos Oaxaca sigue siendo una entidad ingobernable, determinada por las reglas y los chantajes de organizaciones de lucha social, que son cobijadas y alentadas desde el mismo gobierno, pero que lo tienen de rodillas? El senador Robles Montoya debía también explicar lo anterior porque en gran medida esos beneficios se obtienen por su gestión, y en su nombre.

+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

+ Oaxaca y Michoacán, dos ejemplos de ello

Hace exactamente siete años, el gobierno federal que encabezaba el presidente Vicente Fox Quesada se vio obligado a enviar ayuda a la entidad, luego de cinco meses de mantener en el deliberado olvido el conflicto magisterial de Oaxaca. La intención presidencial era la de desaparecer los poderes y preferir la “salida fácil” antes que resolver de fondo un conflicto del que todavía todos pagamos las consecuencias por la insistencia en salidas parciales. Hoy, cuando Michoacán se encuentra bajo un verdadero estado de emergencia, de nueva cuenta la gran “propuesta de solución” del PAN es otra vez apostarle a aprovechar la oportunidad para cuestionar a sus adversarios, valiéndose engañosamente de la desaparición de poderes para lograr ese objetivo que, de nuevo, no resuelve en nada los problemas de fondo que enfrenta esa entidad federativa.
En efecto, la Constitución de la República establece la figura de la desaparición de poderes, pero sólo como un recurso extraordinario cuando se han agotado todos los demás mecanismos que establece la misma Constitución para enfrentar los casos de emergencia que pudiera enfrentar alguno de los estados que forman el Pacto Federal.
En el caso de Oaxaca, en mayo de 2006 el magisterio inició su jornada de lucha anual en pos de un incremento salarial. La protesta se alargó y, de forma desastrosa, el gobierno estatal tomó la decisión de desalojarlos. Eso provocó una reacción en búmeran que finalmente terminó impactando en la pérdida de la gobernabilidad, y lastimado gravemente el orden público y los derechos de toda la ciudadanía.
Cuando ello ocurrió, el gobierno del presidente Fox insistía en que el conflicto magisterial era un tema exclusivo de Oaxaca, y que sobre ello el gobierno federal no tenía ni injerencia ni interés en intervenir, en lo que mañosamente consideraba como un conflicto de índole local. La Federación asumía esa postura, porque tenía una clara animadversión contra el entonces gobernador Ulises Ruiz. Y para conseguir el supuesto constitucional para quitarlo del cargo, tenía que dejar que la situación de conflicto e ingobernabilidad se agravara a tal punto, que pudiera considerarse que prevalecían condiciones propias para la desaparición de los poderes. A eso le apostaron y Oaxaca pagó las consecuencias.
Ya en los meses de septiembre y octubre de aquel año, el gobierno federal presionó al Senado para que éste viniera a corroborar qué situación prevalecía en la entidad, con el objeto de desaparecer los poderes. Fue, de nuevo, un tema político el que frenó tal intención cuando el PRI amagó con hacer algo similar al entonces presidente electo Felipe Calderón que, como Ruiz en Oaxaca, había ganado los comicios por un estrechísimo margen, y estaba legitimado por un número relativamente corto de electores en relación a sus adversarios políticos. Así, el gobierno federal nuevamente frenó sus intenciones, y el Senado concluyó que en Oaxaca no había condiciones suficientes como para desaparecer los poderes. El gobernador Ruiz continuó en el cargo pero, como lo hemos dicho, Oaxaca pagó –y sigue pagando- las consecuencias.
Hoy en Michoacán las cosas están en situación crítica. En la madrugada del domingo, pasado hombres armados atacaron instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad y varias gasolineras en diversas ciudades de aquella entidad, ocasionando apagones y caos.

LA “SOLUCIÓN” PANISTA
Ante esta situación, ayer la bancada panista en el Senado de la República demandó la desaparición de poderes en Michoacán “ante la ingobernabilidad y los hechos de violencia que se han recrudecido en los últimos días”. Según una nota del periódico Excélsior, el senador –de origen oaxaqueño, por cierto- Roberto Gil Zuarth exhortó al Ejecutivo Federal “a que solicite a la Cámara Alta proceda en la desaparición de poderes en la entidad”, que desde hace una semana es gobernada nuevamente por Fausto Vallejo.
En esta situación, además de la manipulación política coyuntural que implica esta “solicitud”, hay un feo engaño a través del cual el panismo trata de desentenderse de un problema que no es del Ejecutivo federal, ni del gobernador Vallejo, sino de los Tres Poderes Federales, y de los tres ámbitos de gobierno. ¿Por qué? Porque la situación que vive Michoacán es extraordinaria y no es responsabilidad de un solo individuo o de un gobierno. Además, en un caso como éste, la decisión debe ser de Estado, y debe ir a tratar de remediar este gravísimo problema, antes que tratar de tomar partido con asuntos propios de la política del día a día.
Por si esto fuera poco, el senador Gil incluye en un mañoso error al pedir que el gobierno federal que solicite que el Senado proceda a la desaparición de poderes, como si Michoacán fuera un territorio federal, y no un Estado parte de la Federación. En este sentido, el artículo 76, fracción V de la Constitución federal, establece que es el Senado quien debe declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, y que el Presidente sólo participa en ese proceso proponiendo la terna de entre la cual el Senado nombrará a un Gobernador provisional que llamará a elecciones. Por eso, de entrada, es mañoso y grosero contra el pueblo michoacano, el supuesto llamado del senador Gil al gobierno federal, para que solicite la desaparición de los poderes en Michoacán.
Además, tratando de hacer quedar en mal al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al del gobernador Vallejo, el senador Gil olvida deliberadamente la obligación que le impone el artículo 119 constitucional no sólo al Ejecutivo, sino a los Tres Poderes Federales. El precepto dice, a la letra, en su primer párrafo, que “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo…”

CENTRALISMO PANISTA
Para el PAN, según los hechos, el Pacto Federal es una burla de la que pueden hacer escarnio cada que una entidad federativa que para ellos no es importante, se encuentra en una situación de crisis. Eso demostró en 2006 en Oaxaca, cuando por su repulsión hacia el gobernador Ruiz dejaron que el estado se pudriera. Y es lo que hacen ahora al asumir una postura insensible, oportunista y alevosa, ante la gravísima situación por la que atraviesa el lastimado estado de Michoacán.

+ Protección efectiva: no tutelas ni paternalismos

La semana pasada la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO) emitió un posicionamiento frente a la posibilidad de que la LXI Legislatura aprobara una iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio Periodístico que, además de tener un contenido poco útil para la seguridad de los periodistas, incluía el establecimiento de ciertas medidas que no sólo no eran útiles para el ejercicio periodístico, sino que en sí mismas generaban un estado de polarización inútil entre todos los actores periodismo en Oaxaca. Ante las posiciones, y las reacciones, urge un debate civilizado que evite absurdos de los que luego todos nos arrepintamos.
En efecto, la ACO emitió un posicionamiento en el que en esencia hace los siguientes planteamientos: a) se dice a favor del establecimiento de protocolos que garanticen la seguridad de periodistas y de los medios de comunicación, necesarios en una entidad como la nuestra.
b) Denuncia lo que califica como “un nuevo embate” hacia los medios de comunicación de nuestro estado, pues por segunda ocasión en menos de tres años se promueve en el Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley que tiene que ver con medios de comunicación y periodistas, pero sin el consenso de los mismos medios de comunicación.
c) Señala que, al intentar convertir en ley esta iniciativa, la LXI Legislatura no sólo sería omisa al proceso de diálogo que debe fundamentar la creación de una ley, sino cometerían el error jurídico y legislativo de sobrerregular o intentar regular lo que ya está considerado en la Constitución y en diversas leyes federales; y,
d) La ACO manifiesta que actuará unida ante este embate y exige al Congreso abrir los espacios de diálogo para emitir normas consensadas y legitimadas pues no hacerlo, dice con razón, un peligro para la libertad de expresión y abre la puerta a grupos de personas con intereses particulares y extraperiodísticos alejados al bien de Oaxaca.
Las reacciones de los grupos parlamentarios no se hizo esperar, así como tampoco la de algunos sectores de los medios informativos que han sido engañados y utilizados por esos grupos de personas con intereses particulares y extra periodísticos a los que se refiere la ACO, para sacar adelante una norma que ni protege a los trabajadores de la información, ni es útil para tener un mejor ejercicio periodístico en la entidad.
¿Qué dijeron desde las fracciones parlamentarias? El coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López aseguró que ninguna ley debe ser aprobada al vapor, sin escuchar las demandas y propuestas de los distintos segmentos sociales directamente involucrados con cada legislación, y por eso se pronunció porque grupo parlamentario del PRI sólo apoye una iniciativa consensada y legitimada.
De forma mucho más discreta, el diputado Juan Mendoza, de la fracción panista, dijo que la citada iniciativa “no será presentada al pleno legislativo hasta que se consense con todos los sectores involucrados”. Con resignación, Mendoza adelantó que antes de llevar al pleno la propuesta de Ley de Protección del Ejercicio del Periodismo en Oaxaca, se convocará a una mesa con todos los actores del sector periodístico para que enriquezcan la iniciativa.

QUEBRANTOS, ¿DÓNDE?
Algunos sectores de la prensa se mostraron dolidos por esta decisión. Sostenían, por ejemplo, que por la inexistencia de esa ley muchos compañeros se encuentran en la desprotección. Esto, en efecto, puede ser así en ciertos casos. Pero una ley como la que pretendían impulsar no terminaba con ninguno de esos problemas y, al contrario, generaría otros que ellos mismos ni siquiera vieron, y que manos ajenas al gremio periodístico introdujeron con fines distintos a los que nos interesan.
¿Por qué no termina con los problemas? Porque, en el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la información, éstos deben cumplirse en base a las leyes que ya existen en materia laboral, de seguridad social, de vivienda y fiscales, y el no hacerlo constituye un incumplimiento que debe ser denunciado y atendido por las autoridades federales competentes. Quien no cuente, por ejemplo, con Seguro Social, debe denunciarlo ante esa instancia para que a la empresa se le sancione. El gremio periodístico no es un sector socialmente vulnerable, ni mucho menos, como para suponer que una ley especial deba constatar derechos que ya se encuentran en sus ordenamientos.
Ahora bien, en el caso de los ataques a periodistas, lo que debe hacerse es establecer, y exigir con todo el vigor posible, los protocolos para la actuación de la autoridad frente a hechos relevantes y para la protección de quienes dentro de la prensa realizan actividades de riesgo. Esos son temas programáticos que deben ser establecidos y puestos en marcha, y no cuestiones declarativas —y en la práctica, inservibles— como las que engañosamente pretendía la ley citada, los cuales no resolverían nada.
Algo que causa más alarma aún es el hecho de que en los entresijos de esa ley se establecieron temas como el de la “profesionalización” y la “capacitación” que buscaban beneficiar a otros. ¿Quién sería el encargado de “capacitar” y de “profesionalizar”? Porque queda claro que los recursos para hacerlo los pondría el Estado (cuestión que de sí es impropia). Incluso, ¿a quién le interesaba tanto que se institucionalizara esa veta de chamba para capacitar a los comunicadores, y que incluso se creara un organismo “rector” de las relaciones entre medios de comunicación y periodistas, que tuviera injerencia —y hasta querían que tuviera autoridad— entre unos y otros?

UTILIZADOS
Insistimos: deben establecerse mecanismos para salvaguardar la integridad de los trabajadores de la información y los derechos de todos —no sólo de los periodistas— contemplados en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. Pero ni la ONU, ni los organismos internacionales de la materia, ni nadie, considera que sea a través de los supuestos mecanismos que se contemplaban en la iniciativa que iba a ser aprobada. Por ello, el consenso debe ser amplio y debe aprobarse una ley que sea útil para los informadores y para la vida pública. Querer hacerle un traje a la medida a los oportunistas de siempre, que quieren dictar las reglas de los medios sin nunca haber sido parte de uno de ellos, ni haber ejercido el periodismo en alguna de sus nobles y variadas formas, es tanto como regalarles una oportunidad que ni merecen —pero que sí andan buscando con oportunismo y ventaja—, ni que los periodistas estamos para desperdiciar.

+ Estéril, puja entre grupos por los cargos

Estamos a escasas cinco semanas de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cumpla su primer año de gestión, pero en Oaxaca aún se encuentran vacantes algunas de las más importantes delegaciones federales. Esto, es cierto, tiene su explicación en el aparente desdén que profesa el gobierno de la República por nuestra entidad, pero también en la interminable disputa que han sostenido los diversos grupos priistas por esos cargos. Lo trágico del asunto, es que mientras se libra esa batalla por los cargos, las remuneraciones, los presupuestos y los afanes políticos, hay otros “pescadores” que disimuladamente han aprovechado el río revuelto para sacar ventaja. En varias delegaciones se puede dar cuenta de ello.
En efecto, desde principios de año comenzó la batalla por las delegaciones. Partidarios de los grupos políticos de cada uno de los ex gobernadores, comenzó a buscar los espacios, primero, para regresar a la senda del presupuesto, pero también para tratar de reactivar la labor política que en Oaxaca se había acabado para los priistas luego de la derrota de 2010. En el primer semestre de 2013, sólo pudieron acomodarse Jorge Toledo en la delegación de CDI, Manuel García Corpus en Sagarpa, y David Mayrén en la SCT, además de algunos otros que no realizan funciones administrativas y presupuestales relevantes para la entidad.
En ese sentido, parecía que la batalla por las delegaciones federales era también un asunto político, y no un tema técnico y administrativo. En algunos de los casos, como el de Jorge Toledo, éste hizo valer su calidad de senador suplente del PRI, incluso más que su evidente cercanía al ex gobernador Ulises Ruiz, para ser nombrado delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y en el caso de García Corpus y Mayrén, ellos llevaron a cabo negociaciones que pasaron o por las aspiraciones por la dirigencia del PRI, o por el impulso del gobierno estatal. Pero, en casi todos los casos, el común denominador era la medición de fuerzas entre grupos políticos y la presión por obtener una delegación como trampolín para los comicios federales intermedios de 2015.
En ese camino se quedaron varias delegaciones, comenzando por Sedesol y pasando por Sedatu, pues ambas, por su amplitud presupuestal y por los programas sociales que administran, parecían las más redituables para el interés económico o político de los grupos priistas que intentan restablecer su predominio en la entidad.
En la Sedatu (que maneja programas con presupuestos millonarios, como Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa, Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, Vivienda Rural, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, Rescate de Espacios Públicos, Vivienda Digna, Hábitat, Joven Emprendedor Rural, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios), fue la propia ex diputada federal Sofía Castro quien soltó el rumor de que sería nombrada como delegada. Más tardó en difundir la información y una fotografía en la que aparece con el titular de Sedatu (aunque no en un acto de toma de protesta, como pretendió hacer ver) que sus adversarios políticos en hacerle ver que su llegada a esa delegación se convertiría en un problema y en una fuente de cuestionamientos para el gobierno federal. Hoy en día, según el portal de transparencia de la Sedatu, la delegación en Oaxaca sigue apareciendo como vacante.

APROVECHADOS
En el caso de Sedesol, ésta delegación pasó por un largo impasse —los primeros meses de la nueva administración federal, por la entrega-recepción; y los siguientes por el periodo electoral, en el que nadie quería suspicacias— en el que continuaron trabajando los funcionarios calderonistas, hasta que luego de los comicios fue nombrado un nuevo encargado de la delegación el político poblano José Antonio Aguilar San Sebastián. Aquí surge una nueva vertiente de esta historia de desencuentros entre los grupos priistas de la entidad, que demuestra fielmente que las luchas intestinas nunca dejan algo positivo.
¿Por qué? Porque en la Sedesol sí registraron bien que el conflicto político del priismo oaxaqueño haría intransitable el nombramiento de un delegado salido de los nombres que se barajaban. Y ahí se incrustó otra disputa, poco disimulada pero ajena a la política local, entre los subsecretarios Ernesto Nemer y Juan Carlos Lastiri, y entre uno de éstos y la propia secretaria, Rosario Robles.
¿Qué pasa? Que la secretaria Robles ha marcado amplia distancia de Nemer, porque ve en él (que es mexiquense, y secretario del ramo cuando el presidente Enrique Peña era Gobernador de esa entidad) a su posible relevo en caso de ser removida. En esa distancia, Robles trabó alianza con Lastiri (que es de origen poblano) para acotar los espacios a Nemer y atajar su posible crecimiento político. Sólo que de esa alianza han comenzado a salir manejos poco claros, que toman como base revueltas locales como la que ocurre en Oaxaca, que impide que se defina, por decisión política en la Secretaría de Gobernación, la conformación de la delegación en la entidad.
Y es que pocos ven, que mientras sigue su curso la disputa por la delegación entre los priistas locales, la Sedesol envió no sólo a un poblano, paisano del subsecretario Lastiri, como encargado de la delegación, sino que ésta poco a poco se ha ido llenando de funcionarios enviados desde aquella entidad. Eso no tendría nada de cuestionable, si no fuera porque de las propias organizaciones de la sociedad civil, y de las comunidades, comienzan a emanar señalamientos de que los encargados de la Delegación aprovechan la aparente confusión para recomendar contratistas, proveedores, o para dirigir los programas hacia ciertos fines que no necesariamente son para los asuntos y provechos para los que fueron creados.

¿A NADIE LE IMPORTA?
Los grupos priistas locales están ocupados, y perdidos, en sus disputas personales. Y no alcanzan a ver, y quizá ni les importa, no sólo que aquí la delegación esté siendo usada para beneficiar a particulares a través del presunto tráfico de influencias, sino que de ello tengan conocimiento incluso en las oficinas de Sedesol de la Ciudad de México y nadie haga algo para detenerlo. No harían nada, obvio, porque desentenderse les sería conveniente. Y aquí, mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta…

+ Privilegiar democracia y los consensos

La renovación en la dirigencia estatal del PRI debiera implicar el primer ejercicio verdaderamente democrático, de inclusión y de consensos. Los procesos electorales que se avecinan serán determinantes no sólo para los grupos políticos locales, sino que tendrán una implicación nacional que hace apremiante dejar atrás el marasmo de los últimos años para construir verdaderas oportunidades de competitividad electoral.
En efecto, desde hace tres años la dirigencia priista tiene un funcionamiento meramente virtual. Durante ese tiempo, en Oaxaca han pasado dos procesos electorales –el federal de 2012 y el intermedio local de este año- en los que el PRI ha salido medianamente librado: en los comicios federales fueron arrasados a pesar del arrastre que tenía Enrique Peña Nieto como candidato presidencial; en el del presente año, los tricolores salieron más o menos bien librados, pero no gracias a la unidad del partido o al establecimiento de estrategias concretas: en todos los casos fueron factores muy concretos (y hasta casualidades) lo que determinó cada uno de los triunfos y las derrotas del tricolor en las diputaciones y las alcaldías.
En todo esto, el papel que ha jugado la dirigencia es lamentable. Pues al día siguiente de que Ulises Ruiz dejó la gubernatura (y habiendo ya heredado a Eviel Pérez Magaña como inoperante dirigente priista), la lucha por el PRI tomó un matiz imparable de ferocidad que a la larga provocó que el CEN tomara sucesivas decisiones salomónicas enviando a delegados con funciones de Presidente que, en los hechos, han servido para poco.
¿Por qué? La respuesta es simple: primero Jorge Esteban Sandoval Ochoa y luego Salvador Sánchez, si bien eran priistas de cierta ascendencia, también quedaba claro que venían a Oaxaca a cumplir un trámite partidista y a administrar la inercia que llevaba esa historia de confrontaciones y discordancias sin límite entre los grupos políticos locales. Sandoval hizo ciertos esfuerzos por la unificación, que finalmente no llegaron a ningún puerto, y Salvador Sánchez decidió retirarse del encargo priista en la entidad, abrumado por la resistencia de los grupos priistas para fomentar un arreglo definitivo a sus diferencias.
Luego llegó a Oaxaca, con promesas de generar un parteaguas en la dirigencia del tricolor y presumiendo el respaldo del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, Juan José Moreno Sada. Éste, a pesar de todos los activos que tenía como dirigente (oaxaqueño, legitimado por el CEN, con militancia y con un paso aceptable por la política local) pronto demostró su bisoñez, su incapacidad para estar a la altura de las disputas y para imponerse como líder, e incluso su poca disposición para generar un proceso real de unificación y revitalización al interior del partido.
Por eso, si las cuentas del PRI oaxaqueño (buenas o malas) no salieron así gracias a Moreno Sada, éste tampoco puede presumir que hizo algo distinto que sus antecesores. Meses después de su llegada quedó claro que, como Sandoval y Sánchez, llegó también al PRI para cumplir un trámite, para agarrar una chamba y una cómoda candidatura, y para administrar los problemas del tricolor, pero sin resolver uno solo de ellos.

EL FUTURO
En dos años habrá comicios federales, y de ahí se perfilará la ruta por la gubernatura en el año siguiente. El PRI, hoy en día, se encuentra en posibilidad de tener importantes activos para esos dos procesos. Cuando menos dos funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto buscarán ser candidatos a Gobernador de Oaxaca (Alejandro Murat Hinojosa y Héctor Pablo Ramírez Leyva). Quienquiera que sea el Abanderado del PRI en 2016, lo menos que necesita es un partido unificado, revitalizado y capaz de ser la plataforma de la campaña, antes que sólo esperar a que al candidato haga todo el trabajo y gane solo las elecciones.
Por eso es importante no sólo la renovación de la dirigencia, sino que ésta ocurra a través de un proceso ejemplar, amplio, unificador e inclusivo de todas las corrientes y expresiones priistas. ¿Cómo? De entrada, que contrario a lo que quieren algunos aspirantes a la dirigencia (que, invocando equivocadamente los estatutos, alegan que hay quienes no pueden aspirar de nuevo a la Presidencia del PRI), los espacios de participación se abran de la forma más amplia posible, para que en ese proceso quepan todos los que aspiran a ese cargo.
Luego, que haya garantía de que quien asuma el cargo, lo haga a través del consenso de las principales expresiones del PRI, y que también cuente con el aval nacional para llevar a cabo ese proceso de reorganización de las estructuras del PRI por todo el Estado, que no se ha hecho desde los comicios para Gobernador en 2010. Ésta, pues, debe ser una dirigencia alejada de las poses, de los proyectos personales, y de la frivolidad, y dedicada por completo al trabajo territorial y al establecimiento de las condiciones para las competencias electorales que vienen.
¿Quiénes buscan ese cargo? Los que han levantado la mano son muchos. Pero en realidad no son más de cuatro los que tienen posibilidades reales de llegar al máximo cargo priista en la entidad. Éstos son Jorge González Ilescas y Heliodoro Díaz Escarraga, además de Francisco Ángel Villarreal y Francisco García López. Son, acaso, los únicos cuatro con capacidad de aglutinar los consensos a su favor, que no están vetados de origen por alguno de los notables del priismo oaxaqueño (los ex gobernadores) y que tendrían la fuerza y capacidad suficiente para hacer de la dirigencia un espacio de trabajo y no la inservible zona de confort que hasta ahora ha sido para quienes han tenido ese cargo.
Todo debiera comenzar por una elección estatutaria, que estableciera un periodo definido, con el compromiso de que éste debe completarse, sea por tres o por cuatro años. Y sobre todo, que estableciera una ruta clara de consensos de trabajo partidista antes que de facción, y que dejara constancia que, luego de la derrota, en el PRI pueden ser ya mayores de edad con posibilidad de regirse democráticamente con autonomía, de cara a sus compromisos electorales en el corto y mediano plazo.

¿Y VILLACAÑA?
A otro que también tendrán que escuchar, en esta definición, es al Edil electo de la capital, Javier Villacaña Jiménez. ¿Ya vieron que él podría tener voz para definir pero, si no está en esa posibilidad, también la tendrá para vetar? Al final, Villacaña será también parte en la búsqueda de los consensos.

+ Es deber personal, profesional y de gobierno

Quizá para el secretario de Salud del gobierno estatal, Germán Tenorio Vasconcelos, la exigencia de su renuncia sea un capricho por parte de quienes tienen “algo” en su contra. Lejos de eso, las claras muestras de negligencia médica hacen patente la necesidad de su salida incluso como un parteaguas para que el gobierno tome medidas radicales en los servicios de salud que ofrece a la ciudadanía. Hay varias razones para pensar en su renuncia inmediata al cargo que ostenta. Éstas son algunas de ellas.
1. La razón personal. Si bien Germán Tenorio no es el directamente responsable de las negligencias médicas ocurridas en el Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, y tampoco de las que ocurren a diario en incontables comunidades del amplio territorio oaxaqueño, sí queda claro que él es la cabeza de un conjunto de funcionarios que sistemáticamente han dejado de lado su responsabilidad pública y profesional, y por eso en primera instancia debiera ser indispensable que, como muestra de voluntad tanto para la investigación y deslinde de responsabilidad en el caso de Jalapa de Díaz como para poner el ejemplo de lo que debe hacer un ciudadano, un funcionario, y un profesionista responsable cuando se enfrenta a una situación como esa.
2. La razón profesional. Como médico y profesional de la salud que es, resulta insostenible que Germán Tenorio anteponga el interés de su responsabilidad como secretario de Salud a su ética y capacidades como médico, y públicamente dé por válido que los servicios de salud que el gobierno ofrece a la ciudadanía, pueden llegar a ser tan deficientes como para permitir que una mujer dé a luz a una criatura en el jardín de un centro de salud, sólo porque ésta llegó en horas laboralmente inhábiles; o tolerar que hasta antes de la presión mediática nacional e internacional, la dependencia a su cargo no hubiera removido a uno solo de los responsables por temor o por presión del Sindicato. Ser parte –por acción u omisión- de estas situaciones, pone a cualquier profesional en una situación de indignidad y contraria a lo que juró hacer por la sociedad cuando protestó como profesional en el ejercicio de la medicina.
3. La razón pública. Germán Tenorio es médico, pero también es servidor público. Frente a los hechos de Jalapa de Díaz y sus desafortunadas reacciones, él debería asumir con entereza y responsabilidad que aún cuando sus detractores no tengan razón, y su salida no sea en sí mismo necesaria, él no puede permitir que su testarudez, su irascibilidad y su resistencia a asumir la responsabilidad con valor y humildad, sigan provocando daños al gobierno para el que trabaja. Finalmente, como “político” su compromiso puede ser con el gobernador Gabino Cué. Pero más allá de esa situación meramente de conveniencias, lo que también debe asumir es que él es un agente del Estado y que con su actuación pone en evidencia a todo el Estado Mexicano. ¿Al secretario Tenorio no le queda claro –incluso cuando cobra su salario- que él no es sólo un subordinado de Gabino Cué, sino el Titular de los Servicios de Salud en Oaxaca, y también el delegado del gobierno de la República en esa materia? Su actuar deja mal parado no sólo al gobierno estatal –con quien tiene débitos directos- sino también al gobierno federal, que es la cara visible del Estado Mexicano frente al mundo, el cual también está saliendo fuertemente lastimado por una situación como ésta.
4. La razón de gobierno. El mismo gobierno, el estatal y el federal, no debían ser tan tolerantes frente a una situación como ésta. Por mantener la integridad del Estado, deberían exigir la renuncia del secretario Tenorio y de todos los que son legalmente corresponsables de estos hechos. Y es que lo habíamos dicho en otro momento y lo reiteramos: si una situación como ésta hubiera ocurrido en otro país, las medidas que se hubieran tomado para remediarlo hubieran pasado no sólo por la destitución de toda la cadena de mando que permitió o que provocó esa situación (como una forma de desagravio a la sociedad ante los funcionarios negligentes), sino también por el establecimiento de nuevas medidas, de Estado, para evitar que la vida y los derechos de todas y cada una de las personas (pues los derechos de todos, en el campo o la ciudad, valen por igual) fueran vulnerados por situaciones que el gobierno tiene en sus manos evitar.

¿QUÉ SIGUE?
El Estado oaxaqueño pagó de por sí un costo altísimo por los hechos mismos de Jalapa de Díaz. Con su difusión, todos pudimos saber lo que pasó ahí, pero el hecho ya existía. Ese costo se duplica con cada traspié de los funcionarios estatales que al no poder manejar la situación, prefieren encarar y retar a la prensa antes que asumir la responsabilidad que les corresponde. Y por si algo más faltara, la situación llega a niveles de intolerancia cuando todos los funcionarios se conforman con prometer “investigaciones” para deslindar responsabilidades del caso, como si con eso se pudiera regresar el tiempo y evitar lo ocurrido, o como si esa fuera la llave mágica para que algo así nunca más volviera a ocurrir.
En el fondo, con las “investigaciones” lo que se pretende es darle carpetazo al asunto. ¿Qué ganará la sociedad con saber si el responsable de los hechos de Jalapa de Díaz fue el médico que no quiso atender a la parturienta, si fue la enfermera quien no quiso llamar al médico para que conociera el asunto, si el responsable fue un tema administrativo o burocrático, o si finalmente todos, hasta el Secretario de Salud, son directamente responsables por los hechos? Los directamente afectados ganarán justicia frente a los derechos que les fueron vulnerados. Pero más allá de eso, este asunto no habría servido para nada si no sirve también como escarmiento, como lección y como punto de referencia para todos. La investigación de los hechos, en todo caso, tendría efectos limitados. Pero un tema como la salud no puede conformarse con tan poco.

LA RESISTENCIA
Lamentablemente, casi todos ven el asunto como una mera cuestión de intereses y de “chambismo”. Dicen “que se vaya Germán Tenorio”… para luego proponer a alguien afín a cualquiera de los grupos que se disputan el poder en Oaxaca. Siendo así, a la salud se la sigue llevando el carajo, porque lo que se disputan son los cargos, los negocios y las responsabilidades. ¿Qué de plano estamos tan mal como para seguir siempre viendo eso como algo “normal”?

+ Falso debate sobre el fuero, para cubrir espaldas

La detención del diputado local electo por Nueva Alianza, Luis Díaz Pantoja, parece ser ocasión para reabrir un viejo y falso debate sobre la existencia del fuero y la supuesta “utilidad” que tiene para evadir la acción de la justicia. Para quienes gustan del propagandismo y el amarillismo, este caso constituya una demostración más de que la narcopolítica está presente y que por esa razón el fuero debe ser eliminado, para que los cargos públicos dotados de inmunidad constitucional ya no sean una tentación para los capos de la mafia. Esta es una apreciación tendenciosamente inexacta.
En efecto, luego de que la semana pasada se diera a conocer que varios de los hermanos Díaz Pantoja habían sido detenidos por autoridades federales, acusados de delitos relacionados con delincuencia organizada, en Oaxaca y en el país se reabrió el supuesto debate sobre la eliminación del fuero en la Constitución federal. Más disimuladamente, otros cuestionaron al Partido Nueva Alianza por postular a gente de dudosa reputación política y personal. Y casi nadie reconoció que el problema no es el fuero constitucional sino el poco temor que tienen los partidos políticos a caer en la tentación de que los intereses le ganen a la responsabilidad y los principios democráticos que debe observar toda representación popular.
Y es que todavía estaba fresca la detención de Díaz Pantoja cuando ya políticos y oportunistas estaban hablando sobre la urgencia de terminar con el fuero constitucional de legisladores, dadas las “pruebas existentes” de que la narcopolítica es una forma reiterada por la que buscan la inmunidad y la evasión de la acción de la justicia. Propios y extraños casi dijeron “al ladrón” y se fueron contra el fuero no tanto para cerrar una llave de impunidad, como para desviar la atención de los temas de fondo que están relacionados con el poco cuidado, y la complicidad, de los partidos en la postulación de personas que no tienen calidad moral para ser candidatos y, potencialmente, representantes populares dotados con privilegios contemplados con la ley.
Quienes van en esa dinámica ponen como ejemplo al ex diputado Julio César Godoy Toscano, quien siendo candidato a diputado por el PRD en Michoacán fue implicado en el llamado “michoacanazo”, por el que el gobierno del presidente Felipe Calderón implicó a una treintena de candidatos a presidentes municipales, así como a dicho personaje, que además es medio hermano del entonces gobernador de aquella entidad, Leonel Godoy Rangel.
Godoy Toscano, como bien sabemos, evadió la acción de la justicia pero aún así ganó la elección constitucional. Luego, no llegó a asumir su cargo el día de la apertura de sesiones de la LXI Legislatura federal. Y, en una franca acción que buscaba llevar la contra al gobierno calderonista, Godoy fue escondido y escoltado por otros legisladores del PRD y el PT para que entrara al recinto legislativo, a hurtadillas, a tomar posesión de su cargo y gozar del fuero no tanto para evadir las averiguaciones previas en su contra, sino para evitar ser detenido y encarcelado, cosa que finalmente ocurrió cuando la presión política hizo que el PRD lo presionara para solicitar licencia a su cargo y éste quedara en posibilidad de ser aprehendido para enfrentar, en prisión, los delitos de delincuencia organizada que se le imputaban.
Ese, el de Godoy Toscano, es un caso “histórico”. Pues fuera de él, ni los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps, ni Ricardo Anaya, ni la profesora Elba Esther Gordillo, ni prácticamente nadie, ha llegado a tener fuero constitucional para evadir la posibilidad de enfrentar un proceso ante las autoridades jurisdiccionales que lo requieran para esos efectos.

FUERO Y EVASIVAS
¿Quiénes tienen fuero constitucional? Según el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos son los servidores públicos que gozan de inmunidad constitucional: los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. “La Cámara de Diputados –finaliza diciendo dicho precepto- declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”
¿Por qué ellos? Porque técnicamente ellos cumplen funciones de Estado que no pueden quedar sujetas a la posibilidad de que algún particular, e incluso alguna institución, los presione para cumplir una de sus atribuciones, o bien para dejar de hacerlo, a través de la instauración de un proceso judicial.
En el fondo, lo que sigue estando en entredicho es la inmunidad que tienen los partidos políticos para seguir echándole la culpa al fuero y evadir de esa forma sus responsabilidades. ¿Quién postuló a Díaz Pantoja? Fue la dirigencia estatal, con el aval de la dirigencia nacional. A ellos, y no al pueblo que ni siquiera votó por él (lo hizo indirectamente, aunque en realidad a muy pocos votantes les interesa siquiera saber quiénes son sus candidatos por la vía de la representación proporcional) es a quienes les toca ofrecer una explicación de qué fueron los atributos políticos que los llevaron a postular a ese personaje, qué antecedentes le conocían como para estar seguros de que era su mejor carta; cómo solventó él mismo su calidad moral y política. Y, sobre todo, cómo todos juntos confrontaron eso con el conocimiento popular y las posibilidades de que un personaje así pudiera aparecer formalmente ligado a temas impropios del ejercicio de la política.

EXPLICACIONES
Por esa razón, la dirigencia estatal debe explicar con toda claridad las razones no de la detención, sino de la postulación de dicho personaje. Ellos deben también asumir la responsabilidad política que implica el haber impulsado, sostenido, avalado o permitido la postulación de un personaje así. Se trata de subir el nivel de la política. No de ponerlo por los suelos. Y es preocupante que una dirigencia tan joven esté envuelta en un escándalo mayúsculo como éste.

+ ¿Saben en gobierno qué implica la reparación?

Quizá algunos funcionarios del gobierno estatal no sepan que la reparación que merece toda persona que ha sido lesionada en su integridad y derechos por una acción u omisión del Estado, no es ni una concesión graciosa ni una prestación potestativa. Esto viene al caso porque a pesar de que el secretario Germán Tenorio ofreció ya una disculpa a la indígena mazateca Irma López Aurelio, quien hace unas semanas dio a luz a un bebé en el patio del centro de salud de San Felipe de Jalapa de Díaz, ésta es tan tibia y desatinada, que más bien debería ser un ejemplo de lo que no se debe hacer.
En efecto, ayer el secretario Tenorio publicó en su página personal de internet (http://germantenorio.com/2013/10/09/comunicado-de-prensa/) un “comunicado de prensa”, en relación a los hechos antes descritos, asentando lo siguiente: “Se ha abierto una minuciosa y profunda investigación para deslindar responsabilidades y determinar qué fue exactamente lo que sucedió, porque (sic) sucedió y que (sic) acciones habrá que tomar para evitar que ni una sola mujer oaxaqueña vuelva a pasar por una situación tan traumática.
“Hemos solicitado la intervención de un organismo con participación ciudadana (…) como lo es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, para que atienda y resuelva este asunto sustentado en su alto y probado nivel de competencia e imparcialidad. Asimismo, estamos en la total disposición de acatar las resoluciones que emita al respecto la CEDH en caso de determinar que se vulneraron el Derecho a la Salud, el Derecho a la Integridad Física y el Derecho a no ser Discriminado de Irma López Aurelio, su hijo y su familia. Una vez que las investigaciones concluyan y acrediten quien o quienes, intencional o involuntariamente, incurrieron en esta evidente negligencia, habremos de aplicar todo el peso de la ley, sancionando a la o las personas responsables sin consideración alguna y sin distinción del cargo que ocupen.”
Luego, el Secretario de Salud señala, como si fuera un alivio y como si esto no fuera deber del Estado sino una concesión, que “tanto Irma López Aurelio como su hijo Sabino fueron posteriormente atendidos y les fueron ofrecidos y les serán ofrecidos todos los servicios

de salud que el caso amerita y actualmente, ambos, se encuentran en perfecto estado de salud”.
Luego, Germán Tenorio aprovechó la ocasión para decir que “a pesar de las limitaciones y de las dificultades naturales que enfrentamos para llevar los servicios de salud a los 570 municipios, hemos logrado reducir prácticamente en 14 por ciento la muerte materna entre las mujeres oaxaqueñas…” seguido de una larga enumeración de acciones e inversiones que hacen parecer que la intención del comunicado más era un comercial sobre los “logros” de los Servicios de Salud, que un posicionamiento relacionado con los hechos que los relacionan con ese alumbramiento en San Felipe Jalapa de Díaz.
Casi al final, y de forma tibia e intrascendente, el secretario Germán Tenorio establece lo siguiente: “En lo personal ofrezco una disculpa a Irma López Aurelio, a su hijo Sabino y a su familia por lo ocurrido y les reitero el compromiso de seguir trabajando hasta el limite (sic) de mis capacidades para que en Oaxaca ni una sola familia vuelva a pasar por lo que ellos pasaron.”
¿Eso es todo? ¿Una disculpa, y ya? ¿Remarcando que ésta es sólo “en lo personal”? ¿Y la responsabilidad de los Servicios de Salud, y del Estado, qué? ¿A poco esperarán hasta que un “organismo público ciudadano” plenamente colonizado por el grupo gobernante como la CEAMO, determine una responsabilidad, para tomar acciones tendientes a que evitar que un hecho así vuelva a ocurrir? ¿Y dónde queda ya no digamos que la obligación, sino la noción de cómo y en qué medida se debe reparar el daño a los directamente afectados?
Suponer que la señora Irma López Aurelio, su hijo, y su familia, así como toda la sociedad, quedarán (y quedaremos) resarcidos con el solo hecho de que a los afectados “les fueron ofrecidos y les serán ofrecidos todos los servicios de salud que el caso amerita y actualmente, ambos, se encuentran en perfecto estado de salud” es un verdadero atentado a la inteligencia de todos. Pues esto lo que revela en realidad, es una mera pose del Secretario de Salud (que además se hace mucho más cuestionable frente a un hecho incontrovertible, registrado en una sola imagen) y no una intención o compromiso real para asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia sin esperar a que alguien les diga qué deben hacer para reparar esta negligencia.

UNA DISCULPA, ¿Y YA?
Los funcionarios estatales oaxaqueños relacionados con el caso de Irma López Aurelio y su hijo, esperarán –como buenos burócratas- a que sea una instancia la que dictamine lo evidente: que a esas dos personas se les transgredieron gravemente varios derechos relacionados no sólo con la salud, sino también con el derecho fundamental a la no discriminación, y al deber del Estado de garantizar la integridad de esos mexicanos. El Secretario entendió quizá la necesidad de disculparse, pero su disculpa es insuficiente por varias razones.
Primera, porque lo hace a título personal y no en voz de todo el gobierno, y el Estado, del que él es un empleado pero del que también puede ser un portavoz; segundo, porque su disculpa podría ser simplemente una pequeña parte de la reparación moral que el Estado oaxaqueño le debe a los afectados y a toda la sociedad; tercera, porque de ninguna manera debe aceptarse que con la sola disculpa personal del Secretario, el Gobierno del Estado, y los Tres Poderes del Estado, consideren que fue solventada la situación y que no es necesario hacer algo más para dar por terminado este asunto. Queda claro que lo que es indispensable hoy en día, es la reparación efectiva de los daños ocasionados. Y que esa reparación implica mucho más que la sola actitud de modestia del Secretario de Salud ofreciendo una disculpa.

LA REPARACIÓN
Lo decíamos en nuestra entrega pasada, y lo ratificamos hoy: el Gobierno del Estado no debe esperar a que una Comisión de Arbitraje Médico, o una Comisión de Derechos Humanos, determinen responsabilidad o medidas para reparar un hecho como éste. Debe hacerlo motu proprio y de forma integral, si es que de verdad tiene noción de lo que es la verdadera tutela del Estado. Debe resarcir ejemplarmente a los afectados. Y, porque un hecho como éste lastima a toda la sociedad, debe decir pública y detalladamente, qué medidas tomarán para que algo así nunca vuelva a ocurrir.