+ Federación no abona a desarrollo similar de policías

Ayer, un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica declaró a la prensa internacional que “las policías estatales y municipales de México están seriamente infiltradas por el crimen organizado”. Esto lo aseguró el subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield. Lamentablemente, no dijo algo nuevo, pero tampoco dijo algo que en realidad le preocupe a los poderes federales, que hacen muy poco por remediar esta situación.

El contexto no podía ser peor. Estas declaraciones se generaron a partir de la preocupación del gobierno estadounidense, luego de que las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua ordenaran que dos mil 500 policías de la ciudad se hospedaran en hoteles en febrero después que pistoleros emboscaron y eliminaron a cinco policías. Al día siguiente aparecieron mensajes firmados por el nuevo Cartel de Juárez por toda la ciudad, que decían que iban a matar a un agente por día si el jefe de policía no renunciaba.

Ante esto, el Subsecretario dijo: “México eventualmente tiene que decidir cómo va a resolver el problema. Ya sea con el modelo colombiano, gastan mucho dinero en guardaespaldas”. Esto lo aseguró Brownfield tras precisar que la Policía Nacional colombiana destina cerca de 10 mil agentes —entre el 8 y 9% de su presupuesto total— a labores de custodia.

La nota, publicada por el periódico Excélsior, dice que “Brownfield señaló que las policías estatales y locales dan la percepción de que son parte del problema y no de la solución, aunque aclaró que a nivel de ‘las fuerzas federales han superado eso’. ¿Construirán comunidades separadas para policías, fiscales y jueces para que puedan darle protección dentro de las comunidades? ¿Harán (con los agentes estatales y locales) como hacen actualmente con los federales, que los rotan cada tres o seis meses para que no puedan ser identificados o atacados?”, planteó el funcionario.

Y, en otra parte de la información, señalaba lo siguiente: “Al ser una federación, igual que en Estados Unidos, el 90% de los fiscales y cortes en México corresponden a las instancias estatal y local. La infiltración es un problema muy serio, pero en las instituciones federales es actualmente menor que en las estatales y locales”, señaló.

Todo esto debemos verlo en una perspectiva más cercana de lo que parece. Porque lo que dice el Gobierno de Estados Unidos es tan cierto como los problemas que todos los días tenemos en todo el país: Las Policías Estatales, y las Municipales, en todo el país, no reciben el monto de inversión que, proporcionalmente, debiera corresponderles en relación a la cantidad de dinero que destina el gobierno federal para su policía.

Pero también debiera haber más atención, desde todos los frentes, para que todo lo que se encuentra alrededor de la persecución del delito fuera también modernizado y puesto acorde a las necesidades que tiene el país en materia de seguridad pública. Sin esos elementos, lo único que puede esperarse es mayor rezago y mayor impunidad en todo lo que respecta a la justicia.

ESTADOS, OLVIDADOS

Uno de los elementos clave del federalismo radica en el desarrollo igualitario y proporcional de todas las partes integrantes. Se supone, pues, que Estados independientes se unen en una Federación para proporcionarse mayores posibilidades de bienestar. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que hoy nos ocupa? Si el federalismo mexicano fuera real, entonces, sin necesidad de haber una policía nacional, sí habría corporaciones policiacas independientes, eficaces, confiables y, sobre todo, capaces de cumplir con las tareas que le encomiendan la Constitución y las leyes.

Y es que, en efecto, tal parece que buena parte de las policías estatales y municipales son más parte del problema que de la solución, en los temas de seguridad que agobian a nuestro país. Para el gobierno federal siempre es muy fácil descalificar a las policías estatales y tildarlas de no confiables, de corruptas y de poco eficaces. Pero en realidad, habría que ver cuántos recursos le destinan los tres ámbitos de gobierno a sus corporaciones, y qué grado de responsabilidad tienen con este tema en general.

En ese sentido, debemos entender que si la de la seguridad pública es una facultad constitucionalmente concurrente entre los tres ámbitos de gobierno, es justamente porque es uno de los temas que implica mayor sensibilidad y atención por parte de todas las autoridades, y porque es un imperativo que la ciudadanía exige siempre, en todo momento, a todas sus autoridades. Si esto es así, entonces la inversión debiera ser también concurrente y los avances en todos los rubros debieran tener ese mismo destino.

El problema es que no es así. Porque mientras las entidades federativas invierten cada año varios puntos porcentuales en sus corporaciones de seguridad, el gobierno federal apenas si invierte uno o dos puntos al millar, para atender las corporaciones policiacas estatales y municipales. La falta de inversión, en todo esto, es lo que genera que los policías estatales y municipales no ganen lo suficiente; que no tengan la suficiente infraestructura y armamento, y que todo eso los convierta en presa fácil de los criminales organizados que, o los cooptan para ponerlos a su servicio, o los matan con toda facilidad.

Por eso el gobierno de Estados Unidos no se equivoca cuando dice que estas corporaciones son parte del problema y no de la solución de la inseguridad y la violencia. Pero tampoco lo hace cuando señala que todo lo demás del aparato de procuración de justicia también tiene serios rezagos. Los fiscales (ministerios públicos) y los jueces locales también corren ese mismo problema, derivado de las mismas deficiencias: bajos salarios, bajos niveles de control, nulas pruebas de confiabilidad y excesiva vulnerabilidad a las tentaciones o a la violencia criminal que es impune.

PROMOVER IMPUNIDAD

¿Cómo pensar en que de verdad se protege a los ciudadanos con esas deficiencias, que son estructurales? Por eso esto es un círculo vicioso: porque el gobierno federal descalifica a las corporaciones estatales y municipales, pero hace poco para rescatarlas. Éstas quieren hacer más de lo que pueden, pero no tienen dinero para mejorar sus condiciones. Y el gobierno estadounidense, como buen fiscal de todo, ofrece menuda ayuda exhibiendo estos problemas que ya debieran estar atendiendo los tres niveles de gobierno. Pero no lo hacen.

+ Ningún grupo se responsabiliza del poder

Dice la sabiduría popular, que en política la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota es huérfana, porque nadie se hace responsable de ella. En Oaxaca, con el régimen de la alternancia, la victoria electoral tuvo muchos padres que, sin embargo, hoy no se hacen responsables de ese poder y, al contrario, lo desconocen para continuar medrando con las redituables banderas de la oposición iracunda.

Este caso raro lo vemos ahora, en un ambiente inédito de supuesta transición democrática y cogobierno de un grupo mayoritario de fuerzas políticas, pero que contrasta con una cada vez más desbordada gobernabilidad que se va de las manos de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del gobierno.

Si se supone que el Gobierno del Estado se encuentra integrado por una administración de coalición; si se supone también que en el Congreso el conjunto mayoritario de fuerzas son las mismas que integran el gobierno; y si se supone que los principales grupos que en otros tiempos fueron oposición, son los que colonizaron los partidos para acceder al poder, ¿entonces por qué crece todos los días la percepción de que el Gobernador se encuentra solo, en medio de un mar plagado de enemigos reales, pero también de aliados que hacen más daño que los propios adversarios?

Esta situación es ampliamente perceptible: la administración del gobernador Gabino Cué asumió el mando estatal respaldado no sólo por la fuerza de los votos, sino también de un amplísimo movimiento ciudadano que se manifestó a su favor quizá no tanto asumiendo su proyecto, sino como una forma de repudiar a los regímenes anteriores. Sólo así puede explicarse el amplio margen de ventaja, y las inmejorables condiciones de aceptación y credibilidad ciudadana en las que asumió el poder.

Sin embargo, queda claro que el problema no ha sido ese —e incluso tampoco sus adversarios— sino más bien el control de sus propios aliados. Por una razón de mera atracción natural, en los largos años en que el ahora Gobernador del Estado creó las condiciones de su candidatura, se rodeó de otros adversarios naturales de los regímenes priistas.

Por eso, más por coincidencia que por convicción, unos y otros se convirtieron en aliados y llegaron juntos a una batalla electoral formidable, en la que se tuvieron que valer de todos los medios (legales e ilegales) posibles para ganarle a adversarios priistas que usaban bien esos mismos métodos. Hoy puede verse, sin embargo, que los aliados electorales no tenían los intereses genuinos por el gobierno, que sí tenía el ahora Gobernador, en relación no a los beneficios sino a las responsabilidades.

Quedó claro que la gran mayoría de los grupos que apoyaron en campaña al Gobernador, lo hicieron viendo el triunfo electoral como el fin, y no como el medio para abonar la democratización de la sociedad oaxaqueña. Al ver la victoria electoral como meta, inmediatamente después decidieron comenzar a cobrar los dividendos de un gobierno que ni siquiera conocían, y al que tampoco querían.

Fue por eso que los aliados paulatinamente pasaron a ser un lastre, para finalmente convertirse en el dolor de cabeza del Gobernador del Estado. Éste, a pesar de todo, se encuentra efectivamente solo; y hoy ni siquiera parece posible que dentro del gabinete de gobierno tenga muchos aliados. Cuando mucho son dos o tres, pero todos los demás se encuentran, como los demás grupos que se convirtieron en satélite de los beneficios de las arcas y las potestades gubernamentales.

EL PODER ES HUÉRFANO

Cuando mucho, son dos grupos bien definidos los que se pelean el control del poder estatal en Oaxaca. Uno de ellos, es el llamado Grupo Oaxaca, y el otro es el de los “aliados” más recientes del Gobernador, quienes aún pujan dentro del mismo gobierno por adquirir más espacios de administración o gobierno, o de arrebatar a sus contrapartes los cotos que unos y otros conservan.

Sin embargo, fuera de ellos nadie parece preocupado por el poder… pero todos se encuentran ávidos por medrar con el presupuesto, por seguir obteniendo espacios de impunidad, o simplemente porque el gobierno no se meta con los feudos territoriales o sectoriales que ellos han creado. Tal parece, pues, que en Oaxaca el poder sí es huérfano, y que todos pretenden seguir apadrinando la oposición y la derrota.

Y es que no se necesita ser un gran conocedor, para poder darse cuenta que en Oaxaca ahí radica buena parte de todos los conflictos que enfrenta el gobierno con sus propios aliados. La gran mayoría de éstos, salieron justamente de la lucha social, gremial, política o de choque. La gran mayoría de ellos conseguía que el gobierno les hiciera caso sólo a través de la vía radical. Y hoy, cuando tienen el poder, se dieron cuenta que la vía institucional es, económicamente, mucho menos redituable que sus vías “tradicionales” de lucha.

Sólo así se puede entender que hoy el gobierno se cuide más de sus aliados que de sus enemigos. Los aliados se convirtieron en ellos, hermanados en una lucha en la que no les quedaba de otra. Mientras tanto (y afortunadamente para el gobierno, que tiene menos conflictos, y para Oaxaca que enfrenta menos calamidades), los supuestos adversarios (la oposición priista) no terminan siquiera de organizarse para asumirse como una oposición y tratar de luchar por el poder.

El resultado de todo esto, es que de todos modos no hay certidumbre en la gobernabilidad. Tampoco la hay en quiénes son los aliados reales del Gobernador, que sí buscan abonar a la gobernabilidad y a la paz social de la entidad. Mucho menos se tiene claro quién puede tener la convicción partidista para asumir posiciones claras. Y no parece haber forma de atajar la posibilidad de que sean los mismos funcionarios estatales, o sus enviados, los que sigan enloqueciendo a esta triste sociedad, que pareciera que por creer en “el cambio”, ahora por culpa de un mal entendimiento de la alianza y la responsabilidad, está pagando consecuencias nefastas de ello.

BOMBA DE TIEMPO

Las autoridades estatales y federales se resisten a reconocer que el Hospital Civil “doctor Aurelio Valdivieso” es una auténtica bomba de tiempo. El temblor del pasado 20 de marzo le provocó daños importantes a su estructura, que ahora se minimizan. ¿Y a poco, por ejemplo, nadie ha visto las gravísimas deficiencias que presenta en cuanto a salidas de emergencia y demás medidas de protección civil? ¿Esperarán a una tragedia para reconocer lo evidente? Aguas.

+ Gobierno está hecho bolas; bandazos lo demuestran

Ya no le queda a la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, el papel de “fiscal de hierro”. Hasta ahora no ha podido honrar su supuesta imagen de dura persecutora de los corruptos y rateros tanto del gobierno actual como del anterior. Y si pretende que abordando el tema de los complejos administrativos puede sacar algún dividendo positivo, lo único que revela con sus declaraciones es que, para variar, también desconoce el fondo real de ese gran fraude para Oaxaca y que, como opción, prefiere la vía demagógica.

Y es que, en efecto, el temblor del pasado 20 de marzo reveló que los complejos denominados Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no son tan resistentes y modernos como aseguraron sus constructores. Edificios que realmente cuentan con esas características, no crujirían con un sismo de magnitudes previsibles (pues todos sabemos que un temblor de 7.8 grados en la Escala de Richter, aquí no es raro) en una zona sísmica como la nuestra. Sin embargo, este motivo es perfecto para un verdadero acto de justicia y transparencia, y no para que unos cuántos traten de sacar ventaja política de un asunto que en realidad desconocen.

Primero veamos por qué este puede ser, si no un acto de justicia resarcitorio, al menos sí reconstituyente en el ámbito moral. La respuesta a esto es bastante sencilla: lo primero que los oaxaqueños queremos saber —incluso antes de enterarnos de los ruidosos nombres de los ex funcionarios involucrados— es cómo ocurrió la contratación del crédito; qué empresa fue la verdaderamente encargada de la construcción; quiénes fueron los beneficiarios de las ganancias económicas, y cuánto costará no sólo tomando los montos financiables, sino las cantidades reales que pagarán las arcas oaxaqueñas con todo e intereses a lo largo de los 15 años que tienen vigencia los respectivos Contratos de Prestación de Servicios a través de los cuales se construyeron Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Ese sería un primer acto de justicia, porque independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de ello, los oaxaqueños al menos estaríamos en posibilidades de saber quién fue “el padre” de esas dos creaturas que hoy sangran la economía pública de la entidad.

El primer problema al que nos enfrentamos todos los oaxaqueños —no sólo los funcionarios, que parecen poco interesados en saber, o en dar a conocer esa historia—, es que ni siquiera sabemos cómo ocurrió todo. Por eso mismo, no estamos en condiciones de al menos sospechar de las responsabilidades. Y mucho menos de señalar, con bases irrefutables, a los posibles autores de tan infame negocio a costa de todo.

Ahora bien, el segundo problema es no menos importante: El Gobierno del Estado debiera estar preocupado por clarificar perfectamente todo ese asunto, para primero ir por lo urgente, sin dejar de atender lo importante. Es decir, que primero deben conocer todos los entresijos de la transacción, para saber a quién cobrarle los daños ocasionados por el sismo en los complejos administrativos, y después determinar si hubo una responsabilidad en algún sector del funcionariado del gobierno anterior, e ir tras de ellos.

El problema es que, en realidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de la Contraloría, optan por la vía demagógica y prometen lo que no van a cumplir. No lo harán porque no saben la vía. Porque pretenden cobrar una afrenta política, cuando en realidad este es un asunto que presenta aristas de responsabilidad por otras vías. ¿Serán capaces de culpar a los ex funcionarios de Obras, por un asunto que en realidad está relacionado con otras instancias? Según lo visto, sí son capaces…

¿QUIÉN CONSTRUYÓ?

Los gobiernos implementan los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, cuando necesitan hacer inversiones en infraestructura de grandes magnitudes y no disponen de todos los recursos económicos para hacer la inversión total en un periodo relativamente corto de tiempo.

A través de ese esquema comparten responsabilidades con un particular dispuesto a invertir. Éste último es quien pone la inversión y el desarrollo del proyecto, y después el gobierno le paga una especie de “arrendamiento” de la obra construida por un periodo determinado de tiempo, para que el particular recupere su inversión y obtenga sus ganancias. Pero durante el tiempo que dura la prestación del servicio por parte del particular, éste es responsable del funcionamiento y operación de lo desarrollado, y sólo cuando termina el contrato éste transmite toda la responsabilidad y la propiedad del mismo al gobierno.

Eso fue lo que pasó con el Gobierno de Oaxaca y las empresas que invirtieron en la construcción y administración de Ciudad Administrativa y Judicial. Por eso mismo, si hoy el gobierno de Gabino Cué Monteagudo tiene intención de ir contra algún ex funcionario, a los primeros que deben voltear a ver son a aquellos que contrataron la obra y la recibieron en las evidentes condiciones de riesgo que demostraron tener en el reciente movimiento sísmico.

Para desgracia de quienes ven todo con ojos de afrenta política, la obra no fue construida, ni autorizada ni nada por ex funcionarios como Eviel Pérez Magaña. A él deben esculcarlo, si es que de verdad quieren perseguirlo, por otros temas. Pero en el caso de Ciudad Administrativa, en realidad, a quienes tienen que voltear a ver es a todos los involucrados en los esquemas financieros y quienes, en nombre del gobierno, contrataron responsabilidades que, además de ser excesivas, generaron ganancias a mismos ex funcionarios que ahora mismo gozan de cabal impunidad.

Finalmente, lo primero que deben considerar es la clarificación total de qué pasó con los complejos, para luego buscar la forma de hacer justicia con sus intereses políticos. No hay otro modo de abordar este asunto.

OPACIDAD

Clarificando totalmente este asunto, también honrarían la “transparencia gubernamental”, que al menos en este caso no ha operado. A ese principio, el Gobierno del Estado tampoco le ha hecho mucho caso. Haría mucho más la secretaria Woolrich asumiendo esta promesa de campaña, que lanzando advertencias que, más que temor, revelan su grado de fanfarronería. Y sus resultados, hasta hoy, no le ayudan.

+ Ciclos históricos: los sexenales son de realce

En dos meses se cumplen cinco años de la detención-desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Desde entonces, el eje común de los movimientos armados en México ha sido el del silencio prolongado, la denuncia reiterada, y ciertas manifestaciones de reagrupamiento. Sin embargo, como tal estrategia no es eterna, ni el país es estático, entonces no se debe perder de vista la posible modificación de sus formas de lucha.

Grupos armados como el EPR hicieron su última aparición ofensiva desde el 2006. En aquel año, tuvieron una participación determinante dentro del movimiento magisterial y popular de 2006 en Oaxaca, y buscaron influir —y de hecho lo hicieron— desde esa trinchera en las definiciones políticas que ocurrían paralelamente en la contienda presidencial. La crisis magisterial de aquel año hizo que, al menos en Oaxaca (un tradicional bastión de votos para el PRI) los partidos de izquierda arrasaran no sólo al priismo tradicional, sino también al panismo que buscaba tener cierta influencia dentro de los estados del sur de la República Mexicana.

No obstante, una vez concluido el proceso electoral, y el movimiento magisterial y popular en nuestro estado, de nueva cuenta el EPR se replegó y centró sus objetivos en comenzar a denunciar los efectos devastadores que tendría la lucra contra el crimen organizado (que entonces se preparaba a emprender el gobierno federal), no sólo contra la paz y la gobernabilidad de distintas regiones del país, sino también contra la estabilidad y las libertades de los grupos que, desde los distintos niveles de la oposición, buscaban cambios de fondo para el país.

Esa era la fase en que se encontraban los grupos armados más importantes del país, cuando en mayo de 2007 ocurrió la detención-desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿Qué pasó? Que según manifestaciones del propio EPR, esos y otros milicianos eperristas participaban en el movimiento magisterial, y las secuelas de éste, en su calidad de luchadores sociales. Denunciaban, junto con ello, que el gobierno de Ulises Ruiz los había detenido y que posiblemente los había entregado al Ejército, para que éste los torturara y los obligara a proporcionar datos vitales sobre la organización de sus estructuras paramilitares.

Este hecho modificó por completo el esquema que se tenía hasta entonces. El EPR dejó de lado sus objetivos previamente trazados, y luego de hacer una especie de “pase de lista” de las células eperristas de todo el país (a través de sendos comunicados enviados a su Comandancia General, desde todos los estados de la República donde tienen presencia), comenzaron a realizar importantes acciones de sabotaje en instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, con el objeto de exigir tanto al gobierno federal, como al de Oaxaca, la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos.

Luego de varias acciones llevadas a cabo con eficiencia y éxito, en septiembre de ese mismo año ellos mismos decretaron un alto unilateral al fuego, y desde entonces han venido exigiendo, a través de la vía de la denuncia, el cumplimiento de su demanda relacionada con los desaparecidos, pero también haciendo una suerte de “preparación” del escenario para iniciar otro proceso de denuncia ante instancias internacionales, por los casos de desaparición forzada de personas que han dejado de ser investigadas en nuestro país.

VISITA PAPAL

Fue justamente en el marco de la visita a México del papa Benedicto XVI que el EPR volvió a hacer acto de presencia, aunque por naturaleza marginal, en el escenario nacional. En el presente año ha emitido al menos cuatro comunicados, aunque en 2011 tuvo un silencio de alrededor de cinco meses continuos, luego de una etapa de gran actividad comunicativa.

En sus últimos escritos de comunicación, el eperrismo ha venido manifestando que el tiempo de la tregua no es eterno. Y en este último comunicado, hace referencia específica a un posible cambio de forma de lucha, que bien podría ocurrir en el marco de los tiempos trascendentales que vive nuestro país en estos cuatro meses que están por venir.

Y es que en este último comunicado, fechado ahí mismo en Guanajuato el pasado 23 de marzo, el EPR manifiesta que “El PAN y todos los grupos económicos y políticos ultraconservadores buscan con la visita de Joseph Ratzinger recibir las bendiciones papales para explotar y oprimir sin remordimiento moral alguno; legitimar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo; convalidar una historia de violencia institucionalizada contra los trabajadores desde los tiempos de la colonia; fortalecer el andamiaje de la enajenación y alienación de los trabajadores para que acepten sumisamente la sobreexplotación económica y la opresión política; y, seguir criminalizando desde el poder político y económico a la mujer negándole sus derechos más elementales, en donde ésta no es sujeto social, sino objeto de uso.

“Calderón y su gobierno espurio buscan la bendición y anuencia del Vaticano de su guerra contra el pueblo en nombre la protección de la ciudadanía, el falso combate al narcotráfico sólo ha significado una masacre permanente contra el pueblo…”

No obstante, luego de denunciar el posible nexo de complicidad entre los grupos criminales y el Estado que se manifiesta en el “alto al fuego” decretado esos días en la región que visitó el Papa, la Comandancia de Zona de Guanajuato es enfática en señalar que “estas tierras también se forjan voluntades y conciencias de rebeldía e insurgencia popular” y que “al mismo tiempo dejamos de manifiesto ante la opinión pública y la militancia de nuestro partido el respaldo a nuestra dirección nacional en torno a la táctica de lucha en la presente etapa.”

CAMBIO DE FORMAS

¿Qué significan esas últimas palabras? Por un lado, que se refrenda la estrategia de la denuncia que vienen haciendo desde hace casi cinco años, pero también la posibilidad latente que ha manifestado la Comandancia General, de que puede ocurrir el final de la tregua decretada, para dar paso a nuevos actos de sabotaje, o a otras formas de lucha hasta ahora no exploradas. El largo tiempo que han pasado en la reorganización y el silencio, dan cuenta de un posible reagrupamiento táctico. Y todo podría pasar en un país tan sexenalmente crispado, como el nuestro en estos momentos.

+ El “gran negocio”, ahora resultó el “gran fraude”

Sólo quien no conoce los detalles de la construcción de Ciudad Administrativa, se traga el cuento de que, con el sismo del pasado 20 de marzo, simplemente “aparecieron” las cuarteaduras que hoy tienen fuera de funcionamiento cuatro de los ocho edificios que integran ese complejo gubernamental en Oaxaca. Esos daños estaban anunciados desde el principio. Y si sus constructores pecaron de pillos al esconder las fallas, los funcionarios actuales han pecado de ingenuos al no hacer revisión real de las edificaciones; al creer, además, que esta es una circunstancia fortuita; y que antes del temblor los edificios se encontraban en perfectas condiciones.

En efecto, seguramente es una desproporción pensar que los edificios tengan daños estructurales. Hoy, hasta las construcciones más sencillas, en una zona sísmica como Oaxaca, son construidos bajo ciertos estándares de ingeniería que minimizan los riesgos de colapso, o daño estructural, en las edificaciones. Esto explica por qué los daños ocasionados por el sismo del pasado martes sólo ocurrieron en zonas semi urbanas o, de plano, en poblaciones rurales; pero por qué prácticamente ninguna edificación en la capital oaxaqueña tuvo afectaciones considerables.

Esa razón sencilla nos permite prever que los edificios de Ciudad Administrativa difícilmente puedan tener daño estructural. Sin embargo, lo cierto es que el movimiento telúrico sí provocó daños considerables a los falsos plafones, cristales, pisos y paredes cuando menos en cinco de los ocho edificios. Esos daños, pueden explicarse perfectamente sólo recordando el proyecto original de Ciudad Administrativa, los fallos en su construcción, y los parches que le pusieron tanto para esconder lo mal hecho, como también para encarecer deliberadamente el costo de la obra, y obtener mayores ganancias económicas de ella.

En efecto, tal y como lo dimos a conocer en este espacio desde el mes de octubre de 2007, Ciudad Administrativa originalmente era un proyecto noble, económico y funcional. Quienes idearon el primer proyecto (mismo que prevaleció, pero con docenas de parches) lo hicieron bajo un concepto arquitectónico denominado “brutalismo”, el cual implica bajísimos costos y austeridad total en acabados, privilegiando con ello la inversión para cuestiones de funcionalidad y seguridad.

De hecho, en el proyecto original de Ciudad Administrativa no estaba nada de lo que resultó dañado con el sismo de la semana pasada. Es decir, no se contemplaban ni los falsos plafones, ni los pisos de loseta, ni las divisiones de cristal o tablaroca. ¿Por qué? Porque la idea era construir edificios con pisos únicamente con acabados en cemento firme, divisiones mínimas, sin aire acondicionado, sin lujos, y sin ocultar todo lo que finalmente quedó bajo los pisos de loseta y los techos cubiertos con plafones. Eso es lo que implica el brutalismo.

Sin embargo, dos factores fueron determinantes para que todo eso fuera finalmente incluido en la construcción de los edificios. Uno fue el económico, y otro, el de cubrir las fallas que presentaba la construcción de ciudad administrativa, incluso antes de ser entregada al Gobierno del Estado para su uso. Veamos primero el factor económico.

A la empresa que finalmente construyó los edificios, le convenía encarecer la obra. Esto porque, a mayor inversión, mayor crédito generaba con el Gobierno del Estado, y con ello habría más intereses a favor y más ganancias para los “inversionistas” (que eran socios de los más connotados integrantes del entonces grupo gobernante).

Por eso, para poner pisos de loseta a los más de 48 mil metros cuadrados construidos que implican los ocho edificios, se tuvo que hacer una inversión extraordinaria, que rondó los 25 millones de pesos (suponiendo que el m² de piso marca Intercerámic, como el que tienen todos los edificios, valga unos $500.00, instalado). Esa misma extensión tuvo que ponerse de falsos plafones, los cuales tienen un costo por m² de unos 500 ó 600 pesos, instalado. Es decir, que sólo para cubrir ese “lujo” (que no estaba considerado en el proyecto original) se necesitaron unos 50 millones de pesos adicionales al ya de por sí elevado costo de la obra.

DAÑOS CONOCIDOS

En este y otros espacios lo señalamos desde hace años. Y la cita, que es textual, explica los daños que hoy tiene con pánico a miles de trabajadores que ocupan los edificios dañados de Ciudad Administrativa. Dijimos desde octubre de 2007: “Conforme fue avanzando la construcción de la obra, aparecieron errores notables. Uno, es que los edificios se inundan. Otro, que al no respetarse los lineamientos de la construcción de las lozas de concreto que sirven como pisos y techos de los edificios, ya presentan cuarteaduras. Y quizá el más notable, que a pesar de los retrasos y la constante modificación del proyecto original, la infraestructura de la edificación presenta deficiencias estructurales que no serán sencillas de subsanar, y que en su momento evidenciaran la falta de previsión social en el proyecto.

“Para remediar las inundaciones, señalan, es necesario replantear —y reconstruir— todo el sistema hidráulico de la obra. Detalle que, comentan quienes conocen la obra, no ha sido revisado estructuralmente. Las cuarteaduras, lejos de ser subsanadas, fueron escondidas con la colocación de falsos plafones y pisos de loseta (…) Lo anterior, más otros defectos técnicos, ha venido representando incrementos en el costo final de la obra. De ello nació el planteamiento de la empresa constructora encabezada por (Neftalí) García Arango, de aumentar el monto del crédito en 185 millones de pesos más. De algún lugar tenía que salir el dinero para costear los añadidos y las reparaciones que presentaba desde su construcción la Ciudad Administrativa.”

FRAUDE EVIDENTE

Es claro que los plafones y los pisos sólo evidenciaron grietas que ya existían. Es también evidente que los muros de tablaroca y los cristales crujieron, porque no son parte original, sino meros parches, de un proyecto que no estaba planteado con esos elementos. Más que lamentarse por los daños, lo que habría que agradecerle al sismo es que puso al descubierto las pillerías de quienes construyeron Ciudad Administrativa, y la ingenuidad de quienes recibieron el complejo ya no digamos sin revisar el estado real de los edificios, sino sin siquiera leer lo que en la prensa ya se decía sobre los daños al mismo. Todo está al descubierto. No hay crimen perfecto.

esin

+ Fortalecer el Federalismo… ¿pero cuándo?

Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores debieran estar insatisfechos, y hasta preocupados, por lo que hasta hoy ha realizado ese organismo en México. Aunque la unión de Mandatarios estatales fue en sí un signo claro de los nuevos tiempos de la democracia a principios de la década pasada, hoy un organismo como la Conago debiera buscar nuevos derroteros y, sobre todo, nuevas metas respecto a los temas en los que se involucra, los resultados que arroja, y las causas del federalismo que pretende fortalecer. Lo que hace es muy poco, frente a lo que necesita el país.

Es claro que de nada sirve que los Gobernadores tengan reuniones periódicas; que viajen y gasten recursos en encuentros onerosos (que más se parecen a reuniones diplomáticas que a encuentros de trabajo), para terminar concluyendo que todo sigue tan mal como siempre, que hay muchos retos por delante, y que aprovechen la ocasión para vacacionar por las distintas entidades de la República. Eso, en buena medida, es a lo que se resume hoy la Conago.

Y es que, aunque en su presentación, se señala que la Conago es “un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México” y que “La Conago funciona como un espacio institucional permanente para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal”, en realidad los resultados objetivos que ha obtenido la Conferencia son menores a los que debieran alcanzarse en un país como el nuestro.

En ese sentido, debemos tomar en consideración que México no sólo es un país geográfica y socialmente plural e inmenso, sino que el tipo de problemas que hoy enfrenta son directamente proporcionales a su pluralidad y extensión, y en buena medida esos problemas tienen su origen y agravamiento, en la prolongada falta de relaciones de coordinación y respeto entre los distintos ámbitos de gobierno para abordar no sólo los asuntos urgentes sino, sobre todo, los importantes.

Lo grave es que ese descuido trajo ha traído como consecuencia el agravamiento acelerado de una serie de problemas que hoy son auténticas calamidades para la sociedad mexicana. Esos temas no sólo tienen que ver con las disparidades en el fomento al desarrollo, o en la atención social que la Federación da a las entidades federativas de forma diferenciada —incluso, esos problemas rebasan los solos temas de reparto presupuestal equitativo— para convertirse en verdaderas para la gobernabilidad, para el Estado de Derecho, y para las potestades fundamentales del Estado.

Por citar un caso específico, hoy la discusión sobre la seguridad pública se encuentra dominada por completo por el discurso federal, frente a unas entidades federativas que si bien se ven superadas por sus insuficiencias presupuestales, también es cierto que se resisten a entrar a discutir con, seriedad y propuestas, las posibles medidas alternativas a los modelos y exigencias que pone la Federación para atender ese rubro, que constitucionalmente se encuentra establecida como una facultad concurrente para los tres ámbitos de gobierno.

Si bien es cierto que el de la seguridad pública es un ejemplo actual y específico, es claro que existen una serie de asuntos que son torales para la gobernabilidad y para el desarrollo nacional, que están lejos de poder ser discutidos en un foro de grandes alcances, como el de la Conago. El problema es que los Gobernadores no le han dado la importancia a esa organización, y tampoco han querido poner sobre la mesa los temas del federalismo que no sólo comprometen o involucran a la Federación, sino que también los obliga a ellos.

¿CONFORMISMO?

De entrada, dos temas son interesantes: primero, que la Conago es un órgano de existencia meramente política, ya que no se encuentra establecida en disposición jurídica o reglamento alguno (y por ende tiene una capacidad meramente declarativa y política, pero no los alcances suficientes como para hacer valer sus determinaciones con la fuerza de la ley).

Y segundo, que quizá por esa razón, los Gobernadores se resisten a dejar la posición de comodidad que siempre los ubica como víctimas de una Federación voraz (que acapara todo y no reparte como debería), y no como partes integrantes de un gobierno nacional, en el que por esa sola razón, tienen capacidad de pedir lo que les corresponde, y posicionarse seriamente en los temas que les incumben.

En ese sentido, bien habrían hecho los Gobernadores al entablar sendas discusiones para unificar una serie de asuntos (que no sólo son de carácter tributario, sino que también tienen implicaciones incluso relacionadas con la seguridad pública), a partir de los cuales podrían comenzar a dar soluciones verdaderamente integrales y de fondo, a unos ciudadanos que no esperan menos de eso de su gobierno.

Un tema que seguramente sería provechoso, y que sería digno de un foro como el de la Conago, es el relativo a la unificación de los impuestos vehiculares y, sobre todo, del registro de vehículos que debe haber. Hoy, por el descuido de los Gobernadores (y por las decisiones recaudatorias o populistas, que llevaron a sostener o eliminar el impuesto sobre tenencia de vehículos de forma particularizada en cada entidad) convirtió el asunto del emplacamiento en un auténtico dolor de cabeza. Éste tiene que ver no sólo por la preferencia del “dónde pago”, sino sobre todo del tipo de registro que a partir de ahora se tiene de todos los vehículos de todo el país, y el grado de certeza real que éste ofrece.

Este, entre muchos otros, sería un tema extraordinario y útil para toda la sociedad, emanado de un foro legitimado como la Conago. Lamentablemente, quizá porque los Gobernadores mexicanos aún no asumen su posición política de primer nivel, prefieren seguir teniendo un organismo de bajo nivel, que estudia todo pero que no alcanza a proponer las soluciones que el país necesita con urgencia.

TEMBLOR

Ayer se registró el que, sin duda, es el movimiento sísmico más fuerte de la última década. Los oaxaqueños, ante la contingencia, demostramos cierto grado de civilidad y conocimiento sobre lo que debe hacerse en ese tipo de casos. Y, por fin, funcionó la alerta sísmica. El temblor de ayer pudo haber sido catastrófico. El que no lo fuera se debe a la experiencia acumulada y, raro en nosotros, al arraigo de nuestra cultura de la prevención en estos potenciales desastres.

+ Gobierno, sometido por adversarios… y aliados

Echemos a andar la memoria, y regresemos a la situación que prevalecía en Oaxaca en julio de 2010. Lo que podamos recordar, confrontémoslo con lo que ocurre hoy aquí mismo. Podremos ver que esto que vemos, pareciera una dolorosa reedición del pasado, en la que de nuevo regresamos al peor de los escenarios.

¿Qué ocurría en ese momento en específico? Era el periodo inmediatamente posterior a los comicios estatales. El PRI había perdido la gubernatura del Estado a manos del candidato opositor, Gabino Cué Monteagudo. Producto de eso, el gobierno comenzaba a preparar el proceso de transmisión de poderes. El agonizante grupo que gobernaba entraba en una completa situación de caos, enmarcada aún por la soberbia y la falta de autocrítica.

Los ganadores de la contienda electoral comenzaban a hablar de la “transición” y del ajuste necesario de cuentas. Y mientras todo eso pasaba en las élites del poder, la gobernabilidad se desbordaba con marchas, bloqueos, actos de presión y afrentas directas por parte de los grupos de lucha social, que buscaban acomodo, o ganancias, de ese momento que parecía el más crítico para Oaxaca.

Hoy pareciera que estamos en una situación exactamente similar. Aunque ya no existen pugnas electorales inminentes, lo que parece es una auténtica situación de caos. Esto porque, por un lado, el Gobierno del Estado en momentos parece rebasado por la compleja situación de la gobernabilidad, pero también por la falta de operatividad y eficacia en diversas áreas que son clave para el control social, y que al fallar convierten en caóticos asuntos que inicialmente pareciera que son fácilmente controlables.

En el extremo opuesto, se encuentra un partido opositor que, si bien no ha encontrado el modo de autogobernarse, sí emprende intentos abundantes de poner en predicamentos al gobierno en turno. Las distintas manifestaciones regionales del PRI, hoy, saben que tienen nada que perder, y por eso se animan a azuzar todo tipo de expresiones de inconformidad por parte del gobierno en turno. Saben que los costos políticos que puedan pagar como oposición, son de antemano menores a los que ya pagaron como gobierno.

Y aunque pareciera que ese escenario está compuesto por esos dos factores, en realidad hoy Oaxaca tiene al menos otra ala determinante para la gobernabilidad del Estado, que si bien es sui géneris, sí debemos asumirla en su magnitud y también en los vicios y problemas que representa. Ésta es, el ala de los “aliados” del régimen.

En efecto, hoy, contrario a como ocurría tradicionalmente, no todos los integrantes del gobierno son aliados del mismo, y no todos los grupos sociales que se colaboraron para que el gobernador Cué llegara a su cargo actual, están dispuestos a ayudarlo, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad.

Los “aliados”, actualmente, son los que en buena medida tienen de rodillas al Gobierno del Estado; son también los que todos los días cobran favores de impunidad y daños a la ciudadanía. Y son incluso los que más exigen “respeto” y retribución a los favores que le hicieron al ahora régimen gobernante durante los tiempos electorales, y que hoy los cobran a precio de oro.

Todo eso genera una combinación explosiva: el Gobierno se ve fácilmente rebasado por las circunstancias. Grupos ajenos y propios, se encargan todos los días de generar conflicto y caos. Todos se dicen aliados para medrar con los favores de la campaña. Y los verdaderos opositores se tiran a matar (la gobernabilidad, la paz, o lo que sea) porque saben que la posición que tienen es tan peligrosamente cómoda, que les puede permitir sacrificar casi todo su capital a sabiendas de que, si pierden, perderán poco, y que si ganan, ganarán mucho. Esto es hoy Oaxaca. Y esto, según podemos recordar, no es más que uno de esos augurios que aquí se hicieron cuando muchos se desbordaban en júbilo por los supuestos “tiempos de cambio” que estaban por llegar.

TIEMPOS DE CAOS

A propósito de los peligrosos tiempos de ingobernabilidad y caos para Oaxaca, hace 20 meses, el 25 de julio de 2010, apuntábamos en esta columna que “Si este nivel de crispación continúa —como bien podría ocurrir—, lo que viviremos en los meses próximos será una reedición del caos. La visión real de no pocos de quienes asumirán —o reasumirán— el poder a partir del 1 de diciembre, se centra en la persecución a ciertos personajes del actual régimen, en la legitimación popular a base de golpes judiciales espectaculares, y a la revisión escrupulosa que culmine con la persecución de funcionarios corruptos.

“Frente a ellos, la visión priista es mucho más pragmática, pero igualmente contundente: para ellos, la derrota del pasado 4 de julio es un descalabro relativo. Todos han declarado que van por el 2012 porque, efectivamente, ese es el punto en que pretenden centrar su venganza y persecución a quienes los apabullaron recientemente.”

Y advertíamos: “Ninguna de esas dos visiones pasa por la prudencia. Al contrario. Mientras ocurre uno u otro escenario, lo que quedará en medio es Oaxaca, con todos los problemas que unos y otros se fabriquen para llenarse de piedras el camino. Lo más seguro es que veamos un gobierno con importantes tintes de persecución, y a una oposición priista recalcitrantemente vengativa, provocadora de conflictos, y capaz de bloquear cualquier acuerdo o avance importante en el Congreso del Estado.

“Como ninguno de los dos grupos está indefenso, ambos harán todo, y se valdrán de todo, para atacarse. El problema es que en su riña, le subirán el tono a los problemas de la entidad. Y eso, en global, dejará ver el verdadero rostro de los partidos y sus integrantes, así como lo engañosas que habrían sido aquellas promesas tanto de transformación, como de paz y progreso.”

EL DESENGAÑO

Hoy, lamentablemente, estamos viendo esos rostros verdaderos: el de un gobierno que no tiene capacidad para cumplir ni siquiera las promesas más básicas que hizo como grupo opositor que buscaba el poder. Pero también vemos a una oposición irresponsable, que con tal de tener ganancias pone en jaque no sólo al gobierno, sino a toda la sociedad, y que tampoco ha cumplido sus promesas democráticas de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. La cereza, en todo esto, la ponen los “aliados” que menuda ayuda le dan al gobierno alimentando todos los días el caos. Eso es Oaxaca. Para mal de todos.

+ Engaño a la ciudadanía, su “apertura a sociedad”

Si en política existe algo peor que el autoritarismo y la imposición, eso seguramente es la simulación y el autoengaño sobre el supuesto ejercicio de la democracia. Eso es lo que le ocurre en Oaxaca a los partidos que integran las llamadas “fuerzas de izquierda”, que no sólo están haciendo todo tipo de arreglos cupulares para imponer a sus intereses, sino que también están simulando apertura a la ciudadanía y democracia en los procesos internos, a través de los cuales están tratando de dirimir las postulaciones al Senado y las diputaciones federales.

En efecto, si desde el primer momento hubo sospechas de que tanto el Partido de la Revolución Democrática, como el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, estaban jugando a la democracia para luego legitimar la satisfacción de los intereses de los grupos y tribus que los integran, la carta hecha pública este sábado por el doctor Hugo Sarmiento, precandidato ciudadano a diputado federal por el distrito 08 de Oaxaca, no deja lugar a dudas.

En la misiva, publicada en la página 13 de TIEMPO, en su edición del pasado 17 de marzo, el doctor Sarmiento establece que decidió inscribirse como precandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano y el PRD, motivado por grupos de la sociedad e integrantes del gremio que él encabeza (la Sección de trabajadores del IMSS en Oaxaca), y por contar con un proyecto social definido. Sin embargo, el motivo de la carta es presentar su renuncia como precandidato por dichos partidos, aduciendo la falta de democracia en Oaxaca “en donde priva la manipulación política, de encuestas y voluntades, además de un desaseo político”.

¿A qué se refiere el doctor Sarmiento? A algo que muchos sospechábamos; algo con lo que también las dirigencias de los tres partidos han querido engañar a la sociedad; e incluso  con lo que algunos, sí se fueron con la finta. Es decir, con el hecho de que el supuesto “proceso democrático” para elegir a sus candidatos era una mera simulación (con todo lo que eso implica), y que finalmente todo habría de ser decidido como es su costumbre: imponiendo, repartiendo según los grupos y las cuotas; y pasando por encima, sin ningún pudor, de quienes sí exigen democracia en esos partidos.

Y es que, desde lejos podía verse —casi desde el primer momento—, que independientemente de las promesas de equidad y democracia en el proceso interno por las fuerzas de izquierda en Oaxaca, de todos modos era muy alta la posibilidad de que todo terminara definiéndose según sus viejas tradiciones de reparto y acaparamiento, y no de democracia.

Señales claras de esta última práctica —sin duda nociva para la democracia—, fueron los aspirantes que surgieron de la nada, prometiendo todo, y asumiéndose como “ciudadanos”, pero presumiendo al mismo tiempo apoyos tanto de la cúpula de esos partidos, de sus tribus, de sus parientes o parejas sentimentales que tienen cargos de dirigencia en ellos, e incluso de altos funcionarios y grupos políticos del Gobierno del Estado.

Todo eso se contraponía claramente con la supuesta democracia y equidad que privaría en la contienda, las cuales fueron motivación clara para que algunos ciudadanos auténticos, emanados de gremios o de la sociedad civil, se inscribieran para tratar de competir de forma democrática, someterse a muestreos específicos y tratar de conseguir una postulación a los cargos que estarán en juego en el proceso electoral federal del presente año.

DAÑO A LA DEMOCRACIA

Con todo esto queda claro que si hay algo peor que la antidemocracia, esto es la simulación de la democracia. ¿Por qué? Porque el autoritarismo, la imposición y el acaparamiento, cuando menos alientan a luchar por revertirlos, e incluso se convierten en la bandera de quienes sí quieren la democracia. Pero, ¿qué pasa con quienes prometen honrarla, y para ello hasta demuestran sus convicciones confeccionando procesos democráticos, reglas, equidad y competencia, pero que al final terminan traicionando todo para resolver la competencia según sus viejas y viciadas tradiciones partidarias?

El resultado de ello, sin duda, es el descrédito total a la democracia. Pues eso lleva a que tal práctica sea vista como un mero mecanismo de legitimación para los intereses de los actores determinantes, y también —y eso es lo más riesgoso— como una forma potencial de engañar a la sociedad de que ellos sí están siendo democráticos, cuando realmente están distorsionando todas sus promesas con tal de dar no lo que dice la mayoría, sino exactamente lo que quieren sus dirigentes.

En el caso específico del PRD y los partidos satélite que lo ronda, el intento no sólo es cuestionable sino también deficiente. Cuestionable por el hecho del engaño que realiza a quienes sí creyeron en su supuesta apertura interna a la democracia y a las expresiones ciudadanas, y decidieron participar de esos actos que finalmente lo único que han hecho es coronar la simulación. Y deficiente porque, según es su costumbre, para decidir los perredistas ni siquiera estuvieron dispuestos a guardar las formas mínimas que debieran seguir aquellos que pretenden imponer pero sin provocar rupturas y descontentos.

No lo hicieron así. Ellos prefirieron manipular, como dice el doctor Sarmiento, las encuestas y las voluntades, no para ayudar al aspirante más idóneo a conseguir la candidatura, sino para cumplir, de la forma más burda y desaseada, los caprichos e intereses específicos de sus cúpulas, y del gobierno al que siempre han servido. Qué lamentable es todo esto no para el PRD (o para el doctor Sarmiento, y para todos aquellos que invirtieron tiempo, ánimo, esfuerzos, dinero y capital político por creer en la promesa perredista), sino para la democracia.

MUCHOS RIESGOS

Finalmente, eso demuestra que partidos como esos, en estados como Oaxaca, son doblemente peligrosos. Son un riesgo para la sociedad por la impúdica antidemocracia que ejercen, pues no les da vergüenza siempre terminar postulando a personajes ligados a sus cúpulas de siempre, al margen de cualquier proceso democrático o de demostración de la aceptación o fuerza ciudadana que dicen tener. Pero también son un riesgo, porque según se puede ver, ellos no tienen temor, ni pudor, ni vergüenza, en asegurar públicamente que harán algo, y terminar traicionándolo también a la vista de todos. Su “proceso democrático” para elegir a sus candidatos a diputados federales en Oaxaca, así lo demuestra. Dios nos libre de esa “democracia”. 

+ Martín Vásquez rompe con los cacicazgos

Buena parte del desastre en que se convirtió la negociación por las candidaturas a las diputaciones federales y el Senado de la República en el Partido Revolucionario Institucional de Oaxaca, fue provocado por los mismos operadores que, se supone, tenían el deber justamente de generar los consensos, y no de confrontar a la militancia al grado de la ruptura. El resultado de todo esto no sólo impactó en las impugnaciones exitosas sobre más de la mitad de las postulaciones, sino que eso también abrió un boquete al poder de los fácticos Jefes Políticos del priismo oaxaqueño.

En efecto, es necesario ver con más detenimiento todo lo ocurrido en la última semana en el priismo oaxaqueño. No son gratuitos, ni fortuitos, los recursos de impugnación que fueron interpuestos ante los tribunales electorales de la Federación por las postulaciones del priismo oaxaqueño, como tampoco fue mera coincidencia que la lista de candidatos por la vía plurinominal asignada para Oaxaca sufriera cambios drásticos de último momento, y generara otra turbulencia entre los grupos de poder del tricolor en la entidad. Todo tiene una explicación.

Más allá de lo jurídico, las impugnaciones interpuestas a las convenciones distritales del priismo oaxaqueño tienen una motivación clara: que los operadores del Revolucionario Institucional, decidieron actuar simplemente aplicando las reglas tradicionales del priismo, que no toman en consideración que aquí ya no hay Gobernador ni un solo Jefe Político del PRI; que muchos grupos influyentes quedaron en cierto grado de orfandad, y que por esa razón hoy actúan con un margen mayor de libertad; y que por esa razón era necesario generar consensos para evitar las rupturas derivadas de la imposición.

El problema es que, tanto el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Osornio, como el entonces dirigente del priismo oaxaqueño, Eviel Pérez Magaña, decidieron aplicar sus normas como capataces, y no como operadores. Quizá su desbordante grado de soberbia, de insensibilidad o de indolencia, no les permitió ver que sus decisiones no podían ser tan verticales como antes, y que ante la falta de negociación y de convencimiento, lo que naturalmente ocurriría sería la interposición de recursos jurídicos por parte de los agraviados.

Esto, en particular, deja ver dos fallas enormes de esos dos supuestos “operadores” del priismo oaxaqueño. La primera radica en su indisposición para generar diálogo y consenso entre todos los factores del priismo, y conseguir candidaturas medianamente reconocidas por todos los grupos, aún por los perdedores (cosa que no ocurrió, por el afán de privilegiar los intereses de los tres Jefes Políticos del priismo —que no son otros que los ex Gobernadores).

Y la segunda, que es todavía más grave: Si sabían de antemano que sus determinaciones carecían de consenso, y que por tanto serían impugnadas ante los tribunales jurisdiccionales competentes, lo menos que debieron hacer es una pulcra construcción jurídica de sus expedientes, al menos con los requisitos mínimos que marca la ley.

El problema es que fallaron en la primera de las tareas (ante lo cual, incluso lo ilegal se convalida por la aceptación expresa de los directamente involucrados), y de ahí derivaron las impugnaciones. Y en esa tarea también perdieron, porque ni siquiera tuvieron el cuidado mínimo para no dejar jurídicamente endeble lo que, políticamente, habían construido de la peor manera posible.

Ese fue el primer legado fatal de Pérez Magaña y de Osornio, y de ahí derivó otra crisis en el priismo oaxaqueño, que posiblemente marque nuevos rumbos sobre el poder y la influencia real que tienen los Jefes Políticos sobre el partido, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.

SALTARSE LAS JERARQUÍAS

Algo que provocó particular molestia entre los aliados del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, no fue sólo que éste no fuera tomado en cuenta para la construcción de la lista de candidatos a diputados federales y senadores por la vía de la representación proporcional. Lo que, en realidad, les hizo más ruido y molestia, fue la aparición de los ex aspirantes a la Senaduría por Oaxaca, Martín Vásquez Villanueva y María de las Nieves García Fernández. ¿Eso qué tiene de trascendente?

Tiene de trascendente que su aparición en las listas de candidatos por la llamada “vía plurinominal”, en realidad no pasó por la aprobación de los notables del priismo oaxaqueño, y también fue una demostración fehaciente de que no todo el poder está depositado en los Jefes Políticos, y que, en ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional puede tomar determinaciones que rebasan esa supuesta influencia determinante que tienen sobre lo que ocurre en Oaxaca.

Y es que la inclusión de Vásquez Villanueva y de García Fernández en la lista de candidatos a diputados por la vía de la representación proporcional, fue tomada como una afrenta, que luego los aliados del ex gobernador Ruiz trataron de remediar amagando al Comité Nacional con renunciar a sus candidaturas y espacios partidistas, si se decidía la permanencia de Vásquez y García como candidatos plurinominales. Fue, de hecho, la reacción al por qué ellos sí habían sido considerados como abanderados, y no el Jefe de ese grupo político.

Lo cierto, en todo esto, es que hechos como ese —o como la permanencia de María del Carmen Ricárdez Vela en la dirigencia estatal del priismo, la cual tampoco pasó por la aceptación expresa de los Jefes Políticos— comienzan a demostrar las grietas que tiene la verticalidad que se ha seguido practicando en el priismo, y que hoy, sin un Gobierno que respalde y haga coercibles las decisiones políticas, simplemente parece que comienza a perder el vigor de otros tiempos.

CANDIDATOS CUESTIONADOS

Lo otro que queda demostrado con todo esto, es que quienes quisieron construir sus candidaturas a partir de la estructura del tricolor oaxaqueño, también están en entredicho. Hoy, nadie puede asegurar que verdaderamente sean las mejores opciones todos aquellos que fueron impulsados desde las estructuras tricolores. ¿De verdad hay sustancia política en Elizabeth Acosta López, que “creó” su candidatura desde la Secretaría de Gestión Social del PRI? La misma pregunta le acomoda al impresentable Alejandro Avilés Álvarez, o al mismo Eviel Pérez Magaña. ¿Es democracia o mero reparto? Ya el tiempo dirá.

+ ¿Porqué mayor instrucción no trae más honestidad?

Hay varias ideas sobre las tendencias políticas de los mexicanos que, de tanto decirlas, se convirtieron en lugares comunes y, además, con el paso del tiempo demostraron su alto grado de falsedad.

Una de ellas decía que ante un mayor nivel educativo, los hombres y las mujeres dejaban los pensamientos conservadores y comenzaban a simpatizar con los partidos o grupos políticos más progresistas del país. Otro decía que el país estaba ahogado en el atraso y la corrupción gracias a la falta de preparación de sus funcionarios. Y uno más, decía que la corrupción se debía exclusivamente a un partido político, por ser el eterno gobernante y el estimulador de todos los vicios que laceraban al país. Hoy está demostrado, para mal de México, que poco o nada de eso, es cierto.

El primero de los mitos aludidos (de entre muchísimos que existen en el país), sostiene que sólo las sociedades más educadas tienen simpatía por los partidos más progresistas. A partir de ello se explicaba, con razón, que varias de las entidades de la República en las que sus habitantes tienen un mayor grado de preparación y cultura, eran las que simpatizaban con fuerzas progresistas de izquierda como las que conformaron el Partido de la Revolución Democrática. Una de ellas, paradigmática, era el Distrito Federal.

Eso se decía hace dos décadas, y no faltaba razón para ello. De hecho, aunque no en el rumbo que lleva el gobierno federal, pero sí en su propia lógica, la capital del país ha sido ejemplo de la lucha por la alternancia política y, sobre todo, por el rechazo a la hegemonía priista. Sólo así puede explicarse que desde la primera ocasión en que a los habitantes de la capital de la república se les permitió votar para elegir a sus gobernantes y a sus representantes populares, éstos se manifestaran arrolladoramente a favor de los candidatos impulsados por las fuerzas progresistas del país.

No obstante, debiéramos preguntarnos si esa premisa aplica para todas las entidades federativas y sociedades políticas de México. Y es que, aunque el Distrito Federal es ejemplo de lo anterior, queda claro que en sociedades que no tienen el grado de desarrollo de la capital del país, también han optado por las opciones políticas de la izquierda.

¿A qué se debe esto? La respuesta parece fácil: A que, en estos tiempos —en los que ganar significa todo aunque después no se sepa para qué se quiere el poder—, es más fácil comprar que convencer.

En esa lógica, los partidos progresistas de la izquierda, que tienen una capacidad natural de convencer a todos aquellos que tienen un grado mediano de conciencia social, también decidieron “competir” con las “vías naturales” de la política partidista del país. Es decir, con las prácticas del clientelismo, la compra de votos, la utilización abierta de programas sociales del gobierno como imán para simpatizantes y la cooptación de votantes a partir de dinero o prebendas, y no a partir del convencimiento real y específico de los ciudadanos que simpatizan con sus causas.

Esta práctica rompió aquel mito de manera brutal. De hecho, la izquierda comenzó a imitar las malas prácticas de sus oponentes con tal de conseguir el poder, pero a la vez continuó engañando a todos con la idea de que ellos constituyen el cambio real que el país necesita. Es posible que sí sean. Pero con tal de conseguir el poder (ellos y todos los partidos que luchaban contra el oficialismo, antes de la alternancia partidista del año 2000), incluyeron a personas y grupos sin ideología, y comenzaron a vender como izquierda lo que no era. Hoy, finalmente, el resultado impacta en un enorme menoscabo a la verdadera democracia.

OTROS MITOS

¿El país está ahogado por la falta de preparación de sus funcionarios? Queda claro que no. Es evidente, en esa misma lógica, que lo que agobia al país se llama corrupción. Y que ésta, en nuestro país, no ha respetado partidos, ideologías, preparación académica y grados universitarios.

Resulta grave —y con tristeza debemos reconocerlo— que en México han sido igual de corruptos los funcionarios preparados lo mismo en las universidades públicas que en las privadas; han sido lo mismo los funcionarios preparados en México que en el extranjero. Y, de hecho, la corrupción ha venido cooptado todos los niveles del gobierno, independientemente de que sus funcionarios sean priistas, panistas, perredistas, verdes o panalistas. El daño, por tanto, es estructural y, sobre todo, cultural (y hasta endémico) de nuestra sociedad.

¿Cómo cambiarlo? El remedio demagógico siempre ha sido el de crear instancias de fiscalización. Hoy, se supone, existen innumerables filtros relacionados con la eliminación de la corrupción. Para eso existen órganos internos de control, contralorías, vigilancias y hasta auditorías superiores de la Federación y de los Estados.

¿Eso ha resuelto algo? Queda claro que no: La corrupción se ha venido perfeccionando en la misma medida que se elevan las facultades de los órganos fiscalizadores. Y por eso, hoy resulta que los corruptos en México tienen un grado envidiable de perfeccionamiento y preparación, porque sólo así consiguen darle la vuelta a las leyes y las instituciones creadas para ese efecto.

El problema es que la educación no ha cambiado. Es relativamente poco lo que se ha logrado para conseguir que, por voluntad y por convicción, los funcionarios y los ciudadanos dejen de ser corruptos y tengan mayor disponibilidad para cumplir la ley. Mientras eso no ocurra, de todos modos seguiremos dando vueltas en el mismo círculo vicioso, en el que quien hace la ley hace también la trampa, y en las que todos resulta que elevan el nivel de control, justamente buscando que también se incremente el nivel de la corrupción… y que al final de todos sigan estimulando la corrupción sólo que con mayores niveles de perfeccionamiento.

¿LA CORRUPCIÓN SOMOS TODOS?

Hay quienes, todavía de una forma absurdamente maniquea, aseguran que la corrupción y las malas prácticas de gobierno eran propias de un partido político. Esencialmente, dicen que el PRI era el único partido corrupto, en el que todos sus militantes y funcionarios hicieron del erario una caja chica de la cual se beneficiaron. La realidad les ha dado la pauta real: corrupción hay en todos los partidos, porque independientemente de la alternancia ésta no puede ser erradicada. Cómo decir que la corrupción tiene un nombre y un membrete específico, si las cifras indican que ésta sube y sube independientemente de quién gobierne.