+ Normalistas, primeros que la aceptan

Es un avance que el Gobierno del Estado haya logrado alcanzar acuerdo con los estudiantes de las escuelas normales oaxaqueñas para que éstos accedan a nuevas plazas de trabajo a través de concurso y no de contratación automática. Lo es porque aún con todos los aspectos negativos que tiene la enfermiza relación Estado-magisterio, esto significa ya un avance en la aplicación de la naciente reforma educativa. Es mucho lo que está en juego, y por esa razón el Estado debe cuidar todas las formas para evitar —lo creamos o no— que este avance termine en la basura.

En efecto, como un problema tan complejo como el magisterial no es monocromático, desde el inicio debía entenderse que la aplicación de la reforma educativa no debía ser intempestiva, sino más bien de una forma tan gradual que fuera casi imperceptible. Si así se han implementado todas las grandes reformas en nuestro país, esta no podría ser la excepción.

De hecho, decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de marzo que, en el marco del diálogo y la democracia, el gobierno debía actuar con sensibilidad política para procurar avenimiento antes que discordancias con todos los actores educativos en Oaxaca. “Quizá —apuntábamos— el gobierno de Oaxaca tenga el deber de graduar la aplicación de las nuevas normas constitucionales para evitar el choque violento entre prácticas de facto y normas recién legisladas, siempre que esto no constituya una agresión frontal al nuevo texto constitucional, y que no ponga en riesgo la relación del Estado oaxaqueño con la Federación”. Hoy, aún con ese primer acuerdo entre el gobierno, los normalistas y la Sección 22, suscribimos esa aseveración. ¿Por qué?

Porque esencialmente, el gobierno de Oaxaca construyó un acuerdo con los normalistas inconformes, para que a cambio de la contratación automática que éstos exigían, accedan a las plazas de trabajo a través de exámenes regionalizados que permitan que la Federación otorgue los recursos para la creación de esas nuevas fuentes de trabajo.

Viendo este acuerdo, es claro que aún cuando no reconoce la intervención ni del gobierno federal ni del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el gobierno y los normalistas sí acordaron dos puntos que son esenciales. El primero de ellos tiene que ver con el otorgamiento de plazas a través de concurso; y el segundo, que esto lo harán para justificar la creación de las nuevas plazas para que, con eso, el gobierno federal le dé cobertura presupuestal al pago del salario de esos nuevos trabajadores de la educación.

Esto es un avance sustancial, aunque ciertamente es insuficiente. Es positivo porque, en el pasado se han otorgado plazas a los normalistas a través del esquema de la contratación automática, sin que para ello existiera mecanismo de control —o filtro alguno— para regular quiénes ingresan al servicio magisterial, y porque también se hacía sin cobertura presupuestal, contribuyendo a incrementar los ya de por sí abultados pasivos económicos del IEEPO.

Sin embargo, es insuficiente porque lo ideal sería que los normalistas se ajustaran ya no digamos que al nuevo contenido de la norma constitucional federal, sino a los esquemas que existían desde los tiempos de la Alianza por la Calidad en la Educación, que ya imponían importantes mecanismos de acceso a plazas y beneficios económicos, pero que nunca fueron reconocidos por la Sección 22, porque según ellos imponía esquemas que caían en la privatización educativa y que no tomaban en consideración las particularidades sociales y educativas de una entidad como la nuestra.

DESCUIDOS POTENCIALES

Sin embargo, el hecho de que este acuerdo constituya un avance de ninguna manera equivale a que el gobierno le pudo ganar una partida completa a los profesores democráticos de la Sección 22, o que a partir de ello éstos acaten por completo los nuevos esquemas federales.

Por ejemplo, los normalistas ya aceptaron un esquema de exámenes regionalizados para acceder a las nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, ¿Quién va a aplicar estos exámenes? ¿Quién va a ejecutar la evaluación? Y ¿Quién establecerá los criterios, parámetros, contenidos y alcances de este examen regionalizado? Es muy probable que en el momento de aplicarlo, los profesores democráticos exijan que sea el IEEPO, o una comisión mixta creada entre ellos y el gobierno estatal, quienes implementen el examen, lo califiquen y determinen quién puede acceder a las plazas. Si el gobierno cede en eso, en automático estará echando a la basura el avance de este acuerdo inicial. ¿Por qué?

Porque el IEEPO está en manos de la Sección 22. Porque, además, las comisiones mixtas no son sino una mascarada para esconder el entreguismo oficial que durante años ha habido del gobierno frente a los maestros. Además, porque si los maestros pretenden “evaluar” a los normalistas como lo hacen cuando son estudiantes, entonces el resultado anticipado consistirá en que todos aprobarán el examen con las mejores calificaciones, y que por tanto todos deben tener el derecho de una plaza de trabajo.

Esto último lo afirmamos por lo siguiente: porque quienes conocen los archivos de las escuelas normales, dicen que ahí desde hace años no hay un solo reprobado. Es más, no hay un solo alumno con promedio general de menos de ocho. Pues si un directivo o profesor exige más de la cuenta, o no accede a asentar calificaciones favorables, los normalistas crean conflicto para exigir su destitución. Y lo han hecho docenas de veces.

Por eso la actuación oficial debe ser milimétrica para no dar un paso y terminar retrocediendo dos. Esto es fundamental porque puede ser la punta de lanza de un nuevo marco de entendimiento y, sobre todo, de aplicación de la ley. Descuidar la trascendencia del avance equivaldrá a demostrar que, de nuevo, el poder fáctico de los maestros se impone al mandato de la ley, y que finalmente todo puede deponerse en aras de no quebrantar la ley. Aguas.

UNA BURLA

La del PRI estatal con sus “anuncios previos” de quiénes serán sus candidatos a diputados. Revelan sólo una cosa: que ahí tienen todo tan revuelto, y tan desordenado, que ha sido imposible que resuelvan una cuestión como las precandidaturas. Mientras, la Coalición se ríe de ellos y están metidos de lleno en la precampaña. El partidazo sigue dando muestras de estar reducido, literalmente, a su mínima expresión.

+ Volver a lucha democrática, no a chantaje

Para cualquiera que no conozca la historia y el origen de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o del movimiento magisterial en Oaxaca, fácilmente podría creer que éstos nacieron como lo que hoy son: grupos de presión que abiertamente chantajean al Estado. No obstante, lejos de todo eso se encuentra un origen ciertamente noble y, aunque hoy parezca increíble, de importantes rasgos democráticos. Si la educación debe pasar por un urgente proceso de reencauzamiento, debería ocurrir lo mismo con esos grupos que, además de haber deformado sus objetivos, hoy por eso son los principales obstáculos para una mejor educación.

En efecto, en Oaxaca no es raro que los propios maestros de denominen como “democráticos” y que en esa lucha democrática fundamenten sus acciones y su irreverencia frente al Estado. Sin embargo, hoy en día muchos desconocemos cuál es la razón o la causa por la que se califican como democráticos. Y por eso mismo, se nos hace una enorme contradicción que alguien que se pone ese calificativo, sea también quien cierre las escuelas, quien tome las calles, marche, se plante, proteste y trate de manera permanente de tener arrodillado al gobierno. Ante esto hay dos preguntas esenciales que debemos respondernos: ¿Dónde está ese origen democrático y, sobre todo, por qué es urgente que regresen a él?

Vayamos a responder la primera pregunta. Ayer domingo, en su columna del periódico Excélsior, el periodista Pascal Beltrán del Río aportaba datos valiosos sobre el origen de la CNTE que, hoy en día, no todos conocemos. Retomemos algunos de ellos: “La CNTE surgió en diciembre de 1979, como resultado del I Foro de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE. Dicho foro fue convocado por los Consejos Centrales de Lucha (CCL) de Chiapas, Morelos, Tabasco y La Laguna, organismos creados para apoyar la movilización de los maestros chiapanecos contra el retraso de pagos y el alto costo de la vida en ese estado…”

“En pocos meses, la inconformidad magisterial se extendió a los estados de Tabasco y Morelos, así como a La Laguna, donde se formaron los CCL. Y se iniciaron movilizaciones nacionales contra el SNTE, que dirigía Jonguitud, y la SEP. Con motivo de la manifestación del Día del Trabajo de 1980, el magisterio oaxaqueño tomó las calles y desconoció a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, que entonces encabezaba Fernando Maldonado Robles, quien era, a la vez, secretario general del PRI estatal. Durante los meses de mayo y junio de 1980, los profesores de Oaxaca inventaron un nuevo método de lucha: el plantón. Durante semanas, 20 mil maestros se instalaron frente a las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México.”

Beltrán del Río narraba cómo esa disidencia magisterial tomó rápidamente el control de varias secciones sindicales, particularmente en Guerrero, Michoacán y Oaxaca; cómo a través de la CNTE se constituyó un movimiento opositor efectivo a Vanguardia Revolucionaria, que era la corriente política que dominaba al SNTE a través de Carlos Jongitud Barrios, y cómo Vanguardia enfrentó violentamente a la CNTE a través de asesinatos como el del profesor Misael Núñez, hasta que finalmente en 1989 el presidente Carlos Salinas de Gortari terminó de tajo con la dirigencia de Jongitud, abriendo paso a la era de Elba Esther Gordillo.

¿Qué efecto tuvo eso sobre la CNTE? Dice Beltrán del Río: “Su entonces dirigente, Teodoro Palomino, celebró la caída de Jonguitud como resultado de la presión de los “maestros democráticos” (así se les conocía entonces) y no de la decisión de Salinas”.

Además de esto, y corriendo en carriles paralelos, la CNTE se convirtió en un grupo de presión ya no dedicado a la democratización sindical, sino a la obtención de canonjías. Y todo esto se conjugó a la perfección con el proceso de descentralización educativa iniciada en la década de los noventas, en la que la administración educativa recayó en los gobiernos estatales y éstos, por sus debilidades propias, se convirtieron en blanco de grupos como la CNTE en otras entidades, y como la Sección 22 en Oaxaca.

“DEMOCRÁTICOS”, ¿POR QUÉ?

Volvamos al tema de Oaxaca. Pues aunque hoy está extraviado, el origen de la Sección 22 era loable y democrático. Ellos, en la insurgencia magisterial de 1980, se levantaron en contra de su sindicato, del gobierno, y del PRI, para exigir que las decisiones políticas de su sindicato se tomaran en consideración a lo que todos los agremiados preferían, y no desde las cúpulas del tricolor, o del gobierno en turno.

Esa fue una de las razones fundamentales por las que se denominaron como “democráticos” y por la que recibieron un amplísimo apoyo que todavía se vio reflejado en 2006, cuando la sociedad oaxaqueña apoyó ampliamente su movimiento y repudió de manera efectiva al gobierno de Ulises Ruiz que los había reprimido. Si se revisa la historia de ese movimiento (es esencial para ello el libro de Isidoro Yescas y Gloria Zafra, la Insurgencia Magisterial de 1980, que tuvo una reedición por parte del IEEPO hace unos siete años) podrá verse que hubo objetivos verdaderamente democráticos, y que durante casi toda la década de los 80’s su lucha fue siempre cuesta arriba, consiguiendo victorias titánicas frente a gobiernos y administraciones del SNTE que se negaban a reconocerlos y a darles validez como interlocutores.

¿Dónde se perdieron? En el momento en que claudicaron en la lucha democrática, y bajo esa bandera se dedicaron a conseguir victorias ya inscritas en el ámbito de sus intereses económicos y políticos. Haberlos incluido en el IEEPO, por ejemplo, en sí misma no era una mala idea. Pero todo se pervirtió cuando ellos tomaron eso como una victoria y usaron ese poder para fortalecer su movimiento por encima del Estado y de la educación. Lo mismo pasó con los métodos de lucha, que si bien sirvieron para la democratización al inicio del movimiento, luego se convirtieron en armas que apuntaron hacia el gobierno y la sociedad para orquestar verdaderos chantajes.

DEBER DE TRANSFORMARSE

Por eso, fuera de todo apasionamiento, debe haber una transformación natural de las formas de lucha del magisterio democrático. Deben volver, aunque suene redundante y hasta contradictorio, a la democracia. Es decir, a la búsqueda del bienestar para las mayorías, pero no a través de la lucha contestataria y radical. Eso sería lo ideal, aunque ciertamente hoy se ve como algo prácticamente imposible.

+ Capital será clave para comicios estatales de 2016

El pasado miércoles, de visita en Oaxaca, la secretaria General del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, afirmó que los candidatos a diputados locales y presidentes municipales para las elecciones del próximo 7 de julio, serán “quienes representen la mejor rentabilidad electoral y no necesariamente quien gane la encuesta”. ¿De verdad están viendo todos en Oaxaca la trascendencia que tienen las definiciones de las próximas horas, para el mediano y largo plazo de un partido como el PRI?

En efecto, en el tricolor oaxaqueño todas las definiciones están, literalmente, hechas bolas, y eso genera un nivel de preocupación casi proporcional a la inesperada visita de la Número Dos del PRI nacional. A horas de darse las definiciones que marcarán el rumbo del priismo local para los próximos años, y para la sucesión gubernamental estatal, en Oaxaca no le encuentran la cuadratura al círculo. Y la insistencia por decisiones cupulares está a punto de generar un quebranto de grandes proporciones.

Oaxaca capital, en primer término, es un tema de enorme preocupación para la dirigencia nacional por varias razones. Una de ella, la más cercana, era la que señalábamos ayer en este espacio, y que tiene que ver primeramente con el hecho de que una mala decisión en la definición de la candidatura a la alcaldía, terminaría condenando a la derrota, en automático y colateralmente, a los dos candidatos a los distritos que abarcan las zonas norte y sur de la capital oaxaqueña.

Pero además hay otras razones de mayor peso a mediano plazo. Y es que quien sea el próximo alcalde de la capital oaxaqueña tendrá la calidad natural de aspirante a la gubernatura del Estado. Si eso lo tienen claro los partidos que integran la coalición, y por eso están elaborando una cuidadosa definición en consenso con el grupo gobernante, en el PRI también tienen esa noción. La diferencia es que mientras los aliancistas están generando un consenso, los priistas están en el riesgo más grave de generar, por su feroz jaloneo, una ruptura que no sólo los anule en la carrera por la Presidencia Municipal, sino que además los elimine del mapa para los comicios de 2016.

Por eso la Secretaria General del CEN vino a poner en claro que, para esa definición, no sólo se trata de ganar una encuesta sino de generar certeza sobre la solidez de quien sea candidato a la Presidencia Municipal de la capital oaxaqueña. Y lo que de entrada queda claro, es que esa sola visión choca de manera frontal con la forma en cómo el Comité Directivo Estatal está procesando la definición para la candidatura y, en general, cómo la llevado todo el proceso.

En este caso en específico, el haber descuidado las formas, podría terminar generando tanto daño en el ámbito de la apertura, como lo habría hecho el no permitir ningún tipo de proceso y reducir todo a una designación directa. ¿De qué hablamos? De que hoy la dirigencia priista tiene un problema inicial con la existencia de doce precandidatos. De ellos, cuando mucho cuatro son los que tienen posibilidades reales de alzarse con la candidatura.

Todos los demás parecen más oportunistas —y salidos de la nada— que aspirantes reales a un cargo que será particularmente disputado. Esto se convierte en un problema cuando, de entrada, el mensaje del CDE y del CEN fue en el sentido de que habrá una candidatura de unidad. Es decir, de que finalmente quien tenga la delantera habrá de ceder espacios a todos los demás. Si eso es así, lo que terminará ocurriendo es la pulverización de una potencial buena candidatura, y la disminución de posibilidades, cuando de lo que se trata es que todos sumen.

Pero además, ¿cuál es el criterio actual sobre la competitividad y la “rentabilidad” en el PRI estatal? Queda claro que no hay. No tienen noción de él, o no lo conocen, o no lo quieren poner en práctica. Y es que de los doce aspirantes a la alcaldía, ¿cuántos realmente tienen la capacidad de competir? ¿Cuántos tienen un capital político real, y una competitividad electoral comprobable, y cuántos sólo se inscribieron al proceso buscando la oportunidad de abrir un margen de negociación respecto a su declinación y la “suma” ante el candidato ganador?

Ese es un problema enorme del proceso actual para definir al candidato a la alcaldía citadina. Y todo se termina de enrarecer, cuando se entrelaza con el reducido margen que están dejando para las definiciones en las diputaciones locales.

VISOS DE ILEGALIDAD

La aceptación o rechazo de precandidaturas a las 25 diputaciones locales debió haber quedado resuelta desde el pasado 13 de marzo. Tarde y a prisas, emitieron una prórroga que venció el pasado día 18. Cuando llegó el plazo, de la nada sacaron una segunda extensión de tiempo que venció ayer jueves a mediodía. Hasta las primeras horas de la tarde, la Comisión Estatal de Procesos Internos ni había publicado una definición sobre quiénes aparecerán como precandidatos, ni tampoco había emitido una tercera prórroga al plazo que ellos mismos establecieron.

¿Qué pasa? Que hay una insistencia terca por aceptar sólo 25 precandidaturas (una por cada distrito uninominal) para evitar las precampañas y tener, finalmente, “candidatos de unidad”. Sólo que la conducción política de tal decisión ha sido desastrosa. Esto porque, simplemente, no han tenido capacidad ni para hacer operaciones de tejido fino para ir descartando aspirantes para evitar rupturas, y tampoco para actuar en base al pulso real en los distritos. ¿Cómo quieren resolverlo? Como siempre, con el reparto de candidaturas según grupos y débitos políticos, sin tomar en consideración los efectos negativos que puede tener tanto el reparto en cuotas como el rechazo tajante de hombres y mujeres que, siendo aspirante, pueden tener capitales electorales importantes al margen de los padrinos o la pertenencia a grupos políticos.

Ese no es un asunto menor, que hoy ya se combina con los temas legales. ¿De veras en la Comisión de Procesos Internos están seguros de estar haciendo lo correcto? ¿De verdad van en la ruta política y legal correcta? El asunto no parece tan sencillo. Ahí habrán de tener un enorme dolor de cabeza, a partir de hoy, independientemente de la forma en cómo terminen resolviendo el asunto de las precandidaturas.

QUE SIEMPRE NO…

…habrá paro indefinido. ¿Cuánto le costará al gobierno, y al Estado, esa definición de la Sección 22 del SNTE? Es todo, menos un acto de buena voluntad con Oaxaca. Ojo…

+ Pacto por Oaxaca: trascendental que se cumpla

No es obra de la casualidad que ayer viniera a la capital oaxaqueña la secretaria General del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, a firmar el llamado Pacto por Oaxaca entre los aspirantes a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez. El acuerdo tiene como objeto que todos se ciñan a la decisión que tome el partido. Pero, en el fondo, las miras parecen estar puestas en el grave riesgo que hoy corre el priismo de que el resultado de esta elección se les descuadre por completo.

En efecto, hace apenas unos días el líder nacional del PRI, César Camacho, llamaba a los Comités Directivos Estatales de su partido a estar atentos y no cometer error alguno en la postulación de sus candidatos con miras a las elecciones el próximo 7 de julio (La Jornada, 18 de marzo de 2013). Camacho sostenía además, que hoy en el país existe una franca competencia electoral que obliga al partido (el PRI) a contar con un escrutinio jurídico necesario para que no existan debilidades en la postulación de candidaturas y causas partidarias. Y remataba diciendo que el PRI debe trabajar para que no haya ninguna debilidad en la postulación de candidatos y en sus causas partidarias “producto de una acción u omisión que tengan que ver con el descuido de alguno de nosotros”, sentenciaba.

El llamado es franco y literal: los Comités Estatales no deben fallar en la selección de sus candidatos, porque el PRI pretende regresar al “carro completo” en todas las entidades en las que hay comicios. Y si la visión del PRI nacional se centra en obtener la mayoría de los triunfos, lo cierto es que en Oaxaca parecen estar transitando en sentido contrario. Es sintomático, por eso, que la propia Secretaria General del CEN haya venido a poner orden. Y lo es mucho más que, para dar la pauta, haya puesto en el centro de la discusión la disputa interna por la capital oaxaqueña.

Aquí, en Oaxaca de Juárez, se vive una batalla que, en sí misma, no tendría por qué ser distinta de cualquiera de otros tiempos. De hecho, desde hace tres lustros la definición priista por la alcaldía citadina se ha dado por procesos internos (reales o simulados); pero la diferencia entre antes y ahora es que hoy no hay Jefe Político (Gobernador) que ponga orden o conduzca el proceso hasta una definición más o menos consensada. Además, hoy más que nunca la capital será referente electoral y político de lo que pueda pasar con el PRI en los próximos años.

Vayamos por partes para entenderlo. ¿Qué tendría de diferente esta contienda de las anteriores? En que hoy no existen los límites. Además, en que hoy la competencia por el cargo puede romper fibras políticas sobre las cuales no existe mecanismo de curación. Si la ruptura es posible, no hay dique de contención alguno que naturalmente pudiera contener la crisis. Y, lo que más preocupa a la dirigencia nacional, es que la derrota en la capital oaxaqueña pueda ser premonitoria de varias derrotas en cascada en las diputaciones locales.

El riesgo no es menor. De hecho, contrario a lo que exigía Camacho Quiroz, en Oaxaca de Juárez intentaba procesarse la definición por la alcaldía citadina según los métodos tradicionales del último grupo gobernante priista de Oaxaca. Es decir, simulando un proceso, lanzando todos a una batalla sobre la cual no habría otro resultado más que el desgaste de todos, para finalmente tomar una decisión cupular obligando a todos a ceñirse a ella.

Eso es lo que trató de hacer el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz hasta hace dos días, a través de su abanderado José Escobar Gómez. Abrió una contienda interna, supuestamente democrática, en la que decidió participar una docena de personas. Se abrieron los frentes de guerra, particularmente con el único contrincante real, que es el diputado Javier Villacaña. Y finalmente intentaban torcer los mecanismos partidistas para que, artificialmente, la candidatura recayera sobre Escobar.

No sólo no les salió, sino que en el riesgo real llamaron la atención del CEN. Allá en la Ciudad de México sí calculan que al perder la alcaldía citadina estarían automáticamente perdiendo las dos diputaciones locales por los distritos que comprenden la capital oaxaqueña. Y si ese fenómeno se repite en las principales capitales regionales de Oaxaca (Huajuapan, Juchitán, San Pedro Mixtepec, Tuxtepec, etcétera) como producto de la imposición de candidatos a Presidentes Municipales, entonces el fantasma del blanqueo (es decir, de la derrota total en distritos y municipalidades) estaría muy cerca del priismo oaxaqueño.

PROCESOS CONCATENADOS

Y es que hoy en día los procesos electorales están ampliamente ligados para un partido como el PRI. De hecho, como los comicios son concurrentes, el mayor cuidado debiera estar en la postulación de candidatos a Presidentes Municipales en los grandes centros de población.

En el caso de Huajuapan de León, por ejemplo, una postulación errónea en la alcaldía provocaría no sólo una derrota municipal, sino que automáticamente anularía a quien aparezca como candidato a diputado. ¿Por qué? Porque alrededor del sesenta por ciento del total de votación de ese distrito se encuentra en la ciudad de Huajuapan. Y como el voto diferenciado no es característica propia de Oaxaca, entonces al perder el candidato a Munícipe, también estaría perdiendo el abanderado para la diputación por ese distrito.

Algo similar ocurre en Oaxaca de Juárez. Y aquí el asunto es todavía más delicado, pues la alcaldía citadina trae aparejadas dos diputaciones locales. El asunto se repite, casi de manera similar, en las ocho regiones del Estado, en las que los dos procesos electorales tienen ligaduras específicas que los hacen ir juntos, de forma irremediable, en la ruta del éxito o del fracaso.

Por eso el Pacto por Oaxaca es una especie de “llamado a Juan, para que lo escuche Pedro”. La lucha electoral en la entidad se inscribe en un escenario nacional, y no sólo en los caprichos del ex gobernador Ruiz, o los de cualquiera de los otros ex Mandatarios. Ojalá que, por salud democrática del Estado, haya claridad en la toma de sus decisiones y no terminen en disputas estériles que sólo le dejen el camino libre a la coalición gobernante.

DOS VERSIONES

No deja de ser desconcertante que dos entes de un mismo gobierno den versiones distintas de un mismo hecho. ¿Por qué la Segego dice que habrá descuento a los maestros paristas, y el IEEPO dice que no? ¿No sería más fácil acordar líneas conjuntas antes de hablar? En esas condiciones, todos pierden.

+ Cambios y unidad palidecen ante maniobras

Hoy en el PRI oaxaqueño, se enfrentan de manera tajante las viejas tradiciones con la necesidad de mantener una unidad endeble y cuestionada. Estando a horas de definir las candidaturas a las diputaciones locales, pueden apreciarse las consecuencias del choque entre las apariencias de unidad e inclusión que pretendieron dar, y la preservación de las viejas prácticas relacionadas con el acuerdo cupular y la imposición de candidatos. Sin una efectiva labor política y de legalidad, es imposible empatar ambas cuestiones. Por eso el PRI se enfrenta a lo que aparenta ser otra irremediable ruptura.

En efecto, por lo menos en tres ocasiones se han intentado hacer sendas “operaciones cicatriz” al interior del priismo, y las tres, según lo visto, han fracasado. La primera se hizo el año pasado, cuando enviaron como primer delegado con funciones de presidente a Jorge Esteban Sandoval, que poco pudo y quiso hacer para generar un proceso de sanación al interior del priismo. A lo más que llegó, fue a incluir a algunos cuadros marginados en el Comité Directivo Estatal, y a tratar de dialogar con todas las corrientes que se encontraban en la ruta de la confrontación. Sin embargo, al no dejarse cooptar por ninguno de los grupos éste optó por su salida en noviembre pasado.

En su relevo vino Salvador Sánchez, que tampoco hizo mucho. En realidad, éste llegó trayendo como “cascabel” a Alejandro Avilés, que no iba al PRI a realizar proceso de inclusión o de reconciliación alguno, sino a cuidar los intereses de su grupo político. El margen de acción de Sánchez fue nulo, y una vez que comprobó que lo habían traído a Oaxaca sólo a legitimar las maniobras del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz para acaparar el mayor número posible de candidaturas, y que ni siquiera habían dejado en sus manos las decisiones más obvias y el manejo presupuestal del CDE del PRI, también optó por irse.

El tercer proceso de inclusión parecía ser el definitivo. Desde el CEN priista enviaron a Juan José Moreno Sada a encabezar los trabajos del tricolor, acompañado del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales, como delegado general del CEN. En apariencia, esta tercera renovación buscaba dos efectos: primero, el establecimiento de límites a las pretensiones del grupo del ex gobernador Ruiz; y segundo, la generación de un proceso de inclusión y reforzamiento de las estructuras políticas del PRI de cara a la elección de diputados que se avecina.

En esa tesitura parece entenderse, por ejemplo, que el registro de aspirantes a cargos de elección popular se haya alejado de las prácticas del pasado; aunque, de entrada, todo parece que esa aparente apertura tendrá un final desafortunado. ¿Cuál era la tradición priista? La práctica usual consistía en que los únicos aceptados a los “procesos internos” (es decir, los precandidatos) eran registrados, con la cargada, en un solo bloque de 25 aspirantes.

Eso daba la idea de que esas eran las fórmulas “oficiales”, y que todo aquel que se registrara al margen de esa práctica lo hacía o por rebeldía, o por el ejercicio de un derecho que para las decisiones priistas era inocuo, o simplemente por hacerse el aparecido, pero que en realidad todo estaba definido y el acto de registro era como un “pre-destape” de quienes luego serían candidatos.

Todo eso ocurría, claro, cuando había Gobernador priista, y cuando el orden, la disciplina y los amagos políticos al interior del PRI, se hacía desde el Palacio de Gobierno. ¿Por qué erraron en esta práctica? ¿Dónde estuvo la falla? Y, sobre todo, ¿Por qué, por un aparente error de “cálculo democrático”, tienen hoy atorada una definición que en otros tiempos habría sido una de las menos trascendentes?

SE HICIERON BOLAS

En tono triunfalista, desde diciembre el entonces delegado con funciones de Presidente del CDE (Salvador Sánchez) decía que por cada distrito electoral había por lo menos seis cartas fuertes para pelear las diputaciones, y que había igual número de cuadros priistas dispuestos a ir a buscar las presidencias municipales. Quizá por eso, para dar una imagen de fortaleza y de gran capacidad de convocatoria y de cuadros con posibilidades de triunfo, el PRI estatal abrió la posibilidad del registro a casi todo aquel que quisiera participar como precandidato. El problema es que si eso lo hicieron bien, están fallando en todo lo demás. ¿Por qué?

Porque descuidaron tanto el tema legal, como la operación política. Lo legal, en el sentido de que en estos momentos, por la sola dilación, cualquier resolución de la Comisión de Procesos Internos del PRI ya viola las disposiciones de la convocatoria. Además, en aras de privilegiar los acuerdos cupulares, terminarán negando registros a quienes sí cumplen con los requisitos. Y digan lo que digan, esas resoluciones no soportarán la revisión por parte de los tribunales jurisdiccionales, que se atiborrarán de recursos de impugnación una vez que todos los agraviados recurran a defender sus derechos.

Eso último, evidencia que la operación política ha sido también nula. Antes, la tradición imponía que el Gobernador priista dictaba la lista definitiva de candidatos, y a todos los que se habían quedado en el camino o les ofrecía una alternativa (cargo, prebenda o dinero), o una amenaza abierta, para evitar la ruptura. El problema es que hoy no hay Gobernador que ponga orden al interior del PRI. Por eso, para hacer transitar el acuerdo cupular, debieran haber procesado el orden y la disciplina con formas verdaderamente políticas de negociación de posiciones y espacios. No lo hicieron. Y por eso hoy tienen atorado el anuncio de las candidaturas.

¿Qué queda? En realidad es poco. Si nada sale del curso que lleva hasta hoy, la dirigencia de Moreno Sada quedará empañada por esta gran ruptura en varios de los distritos electorales. Él mismo, no ha tenido ganas, ni capacidad, de hacer una mejor operación política, porque según parece, su margen de intervención es también aparente. Y todo quedará reducido a la frase eterna del gatopardismo, que por más que intentan, sigue siendo pecata minuta en el PRI: “Algo debe cambiar para que todo siga igual”.

RUPTURAS

Un punto álgido está en Huajuapan, donde grupos como el de Celerino Salazar podrían generar un gran cisma ante la imposición de Baruc Alavés como candidato a diputado. Otra gran ruptura podría generarse aquí mismo en Oaxaca de Juárez. Sería una historia priista más, de quien tuvo entrada de caballo, y podría tener salida de burro.

+ Pemex: apertura vs “razones históricas”

Hoy se cumplen 75 años de que el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de la industria petrolera mexicana, e hizo efectivo lo que establecía el artículo 27 constitucional relativo a que el suelo, subsuelo, mar territorial y espacio aéreo son propiedad de la nación. Aunque hoy a nosotros se nos hacen temas obvios tanto lo relacionado a la industria petrolera como lo que concierne a la propiedad de la nación de las tierras y aguas que comprenden la república, lo cierto es que de ese momento histórico surgieron diversos asuntos nacionales que hoy deberíamos conocer mejor, para comprender lo que ocurre hoy en día en nuestro país.

En efecto, hoy que se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, hay un conjunto de datos y antecedentes históricos que todos los mexicanos deberíamos conocer. En principio, esto tiene que ver con la industria petrolera como tal, pero también con los cambios constitucionales que derivaron de la Revolución y que impactaron profundamente en los gobiernos posteriores a la era revolucionaria. Si hay razones para entender por qué muchos consideran a Cárdenas como el mejor presidente que ha tenido este país, varias se encuentran en este momento histórico.

Vayamos por partes. Desde 1917 que fue promulgada, la Constitución federal —que era de un corte demasiado socialista y nacionalista en relación a los intereses extranjeros establecidos en México— disponía en su artículo 27 que la propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Si esto ya de por sí causaba escozor particularmente a los intereses norteamericanos, el contenido del cuarto párrafo de ese artículo constituía una verdadera afrenta a sus intereses. ¿Qué señalaba?

Decía, como hasta ahora, lo siguiente: “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos (…) Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.”

¿Por qué tanta molestia? Porque desde finales del siglo XIX la industria petrolera, junto con la explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos había estado por completo en manos de norteamericanos. Incluso hay versiones que sostienen que fue el gobierno vecino el que incitó la caída del presidente Porfirio Díaz cuando éste comenzó a alentar la industria petrolera de capital inglés en nuestro país. Esto nos da una idea de que los norteamericanos conocían perfectamente la riqueza petrolera mexicana, y que la querían sólo para ellos.

Por eso a los norteamericanos no les gustó el contenido del artículo 27 constitucional, y por esa razón se negaron a reconocer a gobiernos como el de Álvaro Obregón. A éste lo obligaron a firmar el Tratado de Bucareli en 1923, en el que bajo la justificación de que el gobierno mexicano se comprometía a pagar quebrantos cometidos a ciudadanos norteamericanos durante la Revolución, en realidad lo que buscaba el gobierno estadounidense era asegurar que el contenido del artículo citado no fuera retroactivo, y que particularmente no se tocara a la industria petrolera, cuyo aprovechamiento se encontraba en manos de capitales y empresas norteamericanas.

EXPROPIACIÓN PETROLERA

Para hablar en lenguaje coloquial jurídico, podemos decir que hasta antes de 1938 el artículo 27 constitucional era vigente, pero no positivo. Es decir, que ya se encontraba en la Constitución pero que no era aplicado. Desde que asumió el gobierno el presidente Cárdenas, comprendió que los tiempos cambiaban y que era imposible continuar sufriendo por las carencias económicas y las limitaciones en el aprovechamiento de las riquezas naturales, cuando al mismo tiempo el capital extranjero se estaba sirviendo de la explotación libre de recursos como el petróleo.

El presidente Cárdenas, además, entendía también que los tiempos habían cambiado y que para lograr los cambios trascendentales, la vía de las armas ya no era la única viable. En su gobierno se inauguraron las grandes movilizaciones de los sectores populares (obrero, campesino, etcétera) para presionar al Estado a conseguir esos cambios. Y una de las primeras grandes movilizaciones ocurrió no en contra del gobierno de Cárdenas, sino justamente alentado por éste para presionar a la aplicación del artículo 27 constitucional y para frenar a los poderes fácticos que se oponían a ellos.

El presidente Cárdenas se encontró, además, a una industria petrolera que, en manos de extranjeros, se sentía autónoma, extraterritorial y al margen del imperio constitucional. Los intentos que hacía su gobierno para intentar que éstos tuvieran una relación menos ventajosa para sus intereses y más acorde con el interés nacional, fueron infructuosos. Por eso, cuando vio que el inicio de la Segunda Guerra Mundial era inminente, decidió emprender el proceso de nacionalización de la industria petrolera mexicana.

¿Por qué en ese momento? Porque entendió que, en el contexto histórico, Estados Unidos no tendría capacidad para enviar a su flota naval a amedrentar a México, cuando su prioridad era la gran guerra que estaba a punto de estallar en Europa. Por eso, a partir de la nacionalización del petróleo el artículo 27 constitucional tuvo vida propia. Aunque también por eso los mexicanos, y las fuerzas políticas, tenemos tantas reticencias a hablar de la apertura de la industria petrolera al capital privado, e incluso tenemos hasta atavismos sobre ese tema.

¿NO A LA APERTURA?

La del petróleo es la única “guerra” por un interés, que México le ha ganado a Estados Unidos. Ellos nos arrebataron la mitad del territorio, se sirvieron de nuestros recursos y hoy en día siguen usando nuestra fuerza de trabajo barata en los inmigrantes. Por eso muchos prefieren que el petróleo nacional se pudra en el subsuelo antes que abrir la industria al capital privado o a las empresas estadounidenses. Es un asunto emocional que, sin embargo, debemos superar para darle viabilidad a una industria que, nos guste o no, representa el pilar del gasto público y la economía en México.

+ Resarcimiento no sólo debe ser de tipo económico

El pasado jueves, la subsecretaria de Gobernación del gobierno federal, Lía Limón, ofreció disculpas a nombre del Estado mexicano y propuso una solución amistosa a un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. La propuesta del gobierno de la República causó polémica, y hasta escozor, no sólo por el hecho de que en México tenemos referencias casi nulas sobre la reparación moral ante un hecho ilícito, sino también porque en un caso tan particular como ese no ha habido justicia.

En este caso es necesario ir por partes. Los pobladores de Atenco entraron en conflicto con el gobierno federal desde los primeros años del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste tenía como uno de los grandes proyectos de su administración, la construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, y la población elegida fue justamente esa, que se encuentra en el Estado de México. Los habitantes se levantaron en protesta ante el hecho de que el gobierno federal pretendía comprar sus terrenos en siete pesos por metro cuadrado, y porque, a decir de ellos mismos, no los había tomado en cuenta en la planeación del proyecto ni les había pedido su opinión o su acuerdo para llevar a cabo la obra.

La protesta de Atenco fue una primera gran demostración de fuerza y de oposición organizada a un gobierno, en los tiempos de la transición. Los pobladores de esa comunidad se resistieron firmemente a que el proyecto avanzara, e incluso amenazaron con la violencia cuando se intentó forzar una solución que permitiera la edificación del aeropuerto. Finalmente, el gobierno federal terminó cancelando el proyecto y haciendo sólo un remiendo al problema aeroportuario de la capital del país, construyendo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los llamados “atencos” lograron su objetivo pero se convirtieron en un dolor de cabeza tanto para el gobierno federal, como para el del Estado de México. En 2006, un asunto verdaderamente intrascendente (la remoción de ciertos espacios públicos de vendedores de flores en esa población) generó un enfrentamiento que luego escaló a niveles de violencia nunca esperados. Los atencos agredieron a varios policías hasta dejarlos gravemente heridos.

Y luego éstos respondieron con un brutal operativo en el que detuvieron a los principales líderes de la comunidad, pero en el que también cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos de muchas personas, al golpear salvajemente a muchos de ellos, violar o agredir sexualmente a mujeres o allanar ilegalmente los domicilios de docenas de personas.

Esto generó una situación compleja ya no sólo para el gobierno del Estado de México, sino para éste y para el gobierno federal. Las denuncias sobre los excesos cometidos por los elementos policiacos de inmediato saltaron a la escena pública. Y lo más grave es que aún con eso, y con la exigencia de justicia a nivel nacional e internacional, ningún mando policiaco fue destituido o sancionado como se esperaba, y solamente dos policías fueron a prisión acusados de la comisión de delitos relacionados con esos hechos.

Ante la tibia respuesta del Estado mexicano, un grupo de mujeres violadas por los policías acudieron a instancias internacionales para buscar no un arreglo, sino justicia. De ahí que fuera tan estruendosa la disculpa de la subsecretaria Limón, y tan difícil de entender el arreglo amistoso que ofreció el gobierno de la República a las víctimas de esos hechos, que hoy exigen justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

LA REPARACIÓN

Entendamos este asunto en dos vías distintas: una es el arreglo que propone el gobierno federal, y otra es la demanda de justicia. Si lo vemos en el sentido simple, con indemnizar a las víctimas el Estado estaría cumpliendo con parte de su deber; pero, en realidad, lo que parecen exigir, y con toda razón, las mujeres agredidas, es que quienes las agredieron vayan a prisión, y que ellos y sus superiores sean procesados por los delitos que en conjunto cometieron.

Ahora bien, ¿qué es la reparación? Cuando nos habla de esto el Código Penal, a lo que se refiere es a la reparación del daño. Y dice que ésta comprende la restitución de la cosa obtenida por la comisión de un delito, y que si esto no fuera posible, el pago del precio de la misma; además, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

¿Eso es todo? Evidentemente no. Porque, como vemos en este caso, no sólo se trata de la reparación en términos económicos. Sobre esta nueva visión de la reparación, quien ha dado luz es la Corte Interamericana en sus sentencias. En el caso Radilla Pacheco, por ejemplo, la CoIDH concluyó que esa sentencia constituye “per se” una forma de reparación; además, que El Estado (mexicano) deberá conducir la investigación y los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla, para determinar las correspondientes responsabilidades penales.

También condena al Estado mexicano a hacer las reformas necesarias para acotar el fuero militar y para adecuar el delito de desaparición forzada de personas a los estándares internacionales. Incluso, en ese caso la CoIDH sentenció al Estado mexicano a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional diversos extractos de la Sentencia, incluyendo la parte resolutiva de la misma, así como la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco. Parte de la sentencia obliga también al Estado a promover todo tipo de acciones para que un delito como éste no vuelva a ocurrir.

DISCULPAS, ¿PARA QUÉ?

El Estado mexicano hoy busca el arreglo amistoso con las víctimas de Atenco, porque sabe que de no hacerlo así el asunto llegará a la Corte Interamericana, y terminará con una sentencia condenatoria. Por eso pretende adelantarse a los resolutivos pidiendo disculpas y ofreciendo la reparación económica. El problema, en este caso, es que de fondo no han hecho justicia, porque fueron omisos en procesar a los responsables. Este será uno de los temas que perseguirá al presidente Enrique Peña Nieto durante todo su gobierno. ¿Apuestan?

+ Culpar a todos, salida fácil para justificar incapacidad

Como si una burla nos hiciera falta a los ciudadanos, los normalistas sostienen el clásico argumento magisterial de que todas las acciones de protesta y presión que ejercen, son por culpa del Gobierno del Estado. Este lenguaje procaz y arrebatado, en realidad es reflejo fiel de lo que los normalistas consideran sobre la validez y legitimidad de sus demandas, aún cuando éstas impliquen quebrantar la ley y obligar al gobierno a arrodillarse frente a ellos. Por eso, ahora menos que nunca el Gobierno del Estado debe ceder.

En efecto, de nueva cuenta ayer los normalistas marcharon, secuestraron unidades de servicio y transporte público y emprendieron acciones de presión para tratar de obligar al Gobierno del Estado a que cumpla su demanda de contratar a casi mil “estudiantes” de la Normal Superior que exigen el otorgamiento automático de su plaza de trabajo. Aunque hoy más que nunca abundan los argumentos y las razones legales en su contra, los normalistas están decididos a seguir adelante apelando a la tolerancia del gobierno y a la pasividad de los ciudadanos.

¿Qué dicen los normalistas? Sostienen, por ejemplo, que el Gobierno del Estado es responsable por la nueva toma de autobuses ocurrida la mañana de ayer jueves; que la toma de autobuses fue para presionar a las autoridades a dar respuesta a los cuatro puntos de los 20 que conforman el pliego petitorio en los aspectos en los que no se ha avanzado; que “lamentan” la “cerrazón” del gobierno estatal que derivó en la toma de camiones; advierten también que, en la medida que las autoridades educativas se nieguen a dar respuesta a los estudiantes normalistas, en esa misma medida su movimiento “irá intensificando sus acciones de protesta”. E incluso calificaron sus acciones como una “cruzada” para lograr la contratación inmediata de 930 estudiantes, que es la exigencia principal que tienen con el IEEPO.

Los normalistas pueden tener el derecho de exigir, pero es claro que la obligación recíproca del gobierno es no ceder. No debe ser así porque hoy en día este no es sólo un problema de negociación política o de diálogo, sino que además del tema legal (relacionado con la comisión de delitos) que parte de las violaciones a la ley y a los derechos de particulares cometidos en la lucha magisterial, también hoy el gobierno estatal se enfrenta al hecho de que, lo acepte o no todo el Estado oaxaqueño, la reforma educativa que contempla las evaluaciones y que elimina definitivamente prácticas como la de la contratación automática, es norma constitucional en todo el país y debe ser cumplida como tal.

En estas circunstancias, ¿el gobierno debe continuar siendo condescendiente con los normalistas o con los profesores de la Sección 22? Seguramente en el marco del diálogo y la democracia debe actuar con sensibilidad política y debe procurar avenimiento antes que discordancias. Quizá, en este sentido, el gobierno de Oaxaca tenga el deber de graduar la aplicación de las nuevas normas constitucionales para evitar el choque violento entre prácticas de facto y normas recién legisladas, siempre que esto no constituya una agresión frontal al nuevo texto constitucional, y que no ponga en riesgo la relación del Estado oaxaqueño con la Federación.

Sin embargo, en temas tan sensibles como el de la contratación automática, el gobierno debe ser firme. En ese aspecto, lo que está en juego es no sólo la gobernabilidad o la relación de los profesores con el gobierno, sino la hipoteca literal que se está haciendo del futuro de la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños.

CÓMPLICES, ¿PARA QUÉ?

A todos nos enfada que los normalistas desquicien la capital oaxaqueña un día sí y otro también. A todos nos molesta que, en la defensa de sus intereses, agredan frontalmente los derechos y la economía de la mayoría, y que pisoteen el Estado de Derecho como si aquí el orden se rigiera según la ley del más fuerte y no, como se supone, por el imperio de la ley. Seguramente a nadie le gusta que todo eso pase, y que el gobierno parezca tan plácido como si todo en Oaxaca marchara en orden.

Lo cierto es que no es así, porque esta beligerancia magisterial es signo de la presión que vive al interior por no poder conseguir la satisfacción de todos sus intereses. El magisterio oaxaqueño está acostumbrado a jugar sin perder. Y el hecho de que un “gobierno aliado” les esté hoy negando la posibilidad de que sus cachorros normalistas tengan contratación automática, los tiene al borde de la locura. Si todo sigue como hasta ahora, dentro de no muchos días veremos a otros sectores magisteriales aliarse con los normalistas que no consiguen su contratación. Y si no se hace una política de filigrana lo que podría ocurrir es un conjunto de protestas de gran magnitud que rebasarían el ámbito estatal, pero que entrañarían más riesgos para el propio magisterio.

¿De qué hablamos? De que los normalistas hoy protestan solos por algo que el gobierno está obligado a no darles. Si soportar todas sus acciones de lucha es el precio que la propia ciudadanía tiene que pagar para eliminar la contratación automática, entonces seguramente la mayoría estará dispuesta a aguantar la presión y sostener silenciosamente la postura oficial de no ceder ante el magisterio.

¿Cuál sería el riesgo de que los normalistas se aliaran con sus ascendientes para hacer una gran protesta? Que si de por sí la Sección 22 es tan mal vista por el gobierno federal como lo era la dirigencia de la profesora Elba Esther Gordillo, hacer una protesta que rayara en la revuelta social sería tanto como atraer la atención de un gobierno federal que, según se ha visto, no se anda por las ramas. Y si de por sí es indispensable que el gobierno de la República intervenga en la relación Estado-magisterio en Oaxaca, un escenario así le daría todas las herramientas para hacerlo, y para llegar imponiendo condiciones a partir de la idea que defienden, con razón, de que nadie puede tener más poder, ni estar por encima del Estado.

NO CEDER

Por eso, todos debemos insistir: el gobierno de Oaxaca no debe ceder. Bajo ninguna circunstancia. Este peaje que estamos pagando los oaxaqueños con las acciones del magisterio y de los normalistas, no debe ser en vano. Y no. No se trata de pelearse o de provocar otra revuelta. Se trata de que la crisis traiga aparejada la oportunidad de tener una relación más legítima entre el Estado y los maestros, que derive en mejor educación para nuestros hijos. Eso es todo.

+ Vicios, de años; solución debe ser conjunta

Si una persona de otro país viera el grado de beligerancia del magisterio oaxaqueño, seguramente pensaría que no sólo en Oaxaca, sino en todo el país, se vive una situación de Estado fallido. En los más de 30 años que lleva la lucha magisterial, el Estado en conjunto le ha permitido a los profesores una serie de tropelías que hoy son tomadas como cosa de todos los días. Cualquier arreglo de fondo con el magisterio en Oaxaca tendría que comenzar, necesariamente, por no volver a permitir eso que para nosotros es algo ya casi cotidiano.

En efecto, si hacemos el recuento invariablemente debemos comenzar por los paros de labores a los que recurrentemente acude la Sección 22 para llevar a cabo sus movilizaciones, protestas y plantones. ¿Qué figura legal protege al “paro de labores”? jurídicamente, ninguna. Pues todavía hay quien confunde las acciones magisteriales con lo que conocemos como una huelga.

Y una huelga, según la ley, consiste en la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores que tiene por objeto, entre otros, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción; obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión; obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia; o exigir la revisión de los salarios contemplados en su contrato de trabajo.

¿Los maestros oaxaqueños caen en alguno de esos supuestos? Evidentemente, no. Ellos decretan sus paros fundados únicamente en su fuerza política y en su capacidad numérica. Nunca han llevado a cabo una sola movilización, ni actividad de presión, ni paro, fundado en el reconocimiento a su derecho de huelga que podría hacer sobre ellos la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, o a la legitimidad de sus demandas fundadas en la ley. Si en algún punto comienzan las torceduras en la relación magisterio-gobierno, esto es en el hecho de que tanto el gobierno federal como el de Oaxaca, históricamente le han reconocido a la Sección 22 un derecho fáctico a la realización de paros (porque no constituyen huelga), y ha tomado esos paros ilegales como punto de partida para negociaciones de todo tipo.

No obstante, junto a los paros hay otros aspectos colaterales. ¿Si los paros son ilegales, y si su lucha es tan democrática como aseguran, entonces los profesores de la Sección 22 corren con la carga de los días de salario que se les descuenta cuando no van a trabajar? La respuesta también es no. Los profesores oaxaqueños reciben su salario anual íntegro, a pesar de que no completan ni las dos terceras partes de los días efectivos de clase que contempla el calendario oficial, y de que no permiten ningún tipo de evaluación que corrobore sus conocimientos.

Ahora bien, vayamos al tema de los plantones y las movilizaciones magisterial que recurrentemente se tornan violentas, pero sobre las cuales exigen respeto fundados en lo que dice la Constitución al respecto. ¿Qué dice la Carta Magna al respecto? En la fracción II del artículo 9 de la Constitución federal, se establece que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

¿De veras son así las protestas magisteriales? ¿De verdad debe considerarse como legal un conjunto de actos que ciertamente están destinados a realizar una protesta, pero que están hechos sobre la base de la afectación a terceros, y que además de la violencia que se ejerce, tienen como objeto no hacer valer un derecho, sino esencialmente protestar contra la autoridad y presionarla quebrantando el orden, la gobernabilidad y hasta las reglas básicas de la urbanidad?

CACHORROS DE LA ILEGALIDAD

La situación de los normalistas es aún más compleja. Pues estos ni siquiera tienen la calidad maestros (es decir, de empleados del gobierno), y ya llevan a cabo protestas tanto o más violentas que los profesores en activo. ¿Por qué lo hacen?

Porque ellos consideran que siendo tanto o más radicales que los profesores, y llevando a cabo acciones “contundentes”, se encuentran en posibilidad de congraciarse con su dirigencia magisterial. Buscan todo eso, porque aunque pareciera contrario a toda lógica, es el sindicato magisterial y no la autoridad educativa, quien tiene en sus manos la posibilidad de otorgar mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los nuevos profesores. Los normalistas, por eso, ven en el radicalismo, un “área de oportunidad” a partir de la cual pueden iniciar su vida laboral en mejores condiciones que sus compañeros que no tienen interés en estar bien con la dirigencia magisterial.

¿Y sobre la contratación automática? Ésta podría ser bien recibida, y bien aceptada por la ley y por todos, si ese pase automático fuera el resultado de verdaderos años de preparación y esfuerzo por demostrar disciplina, trabajo y conocimientos. ¿Alguien cuestiona, por ejemplo, que los egresados del Heroico Colegio Militar, del Aire o de la Heroica Escuela Naval, sean contratados automáticamente por las fuerzas armadas, y que incluso se les dote de un grado militar? No. Y es así, porque todos saben que quien egresa de esas instituciones se ganó a pulso el grado y el empleo que el Estado le ofrece. ¿Habría algún punto de comparación entre una contratación automática del Colegio Militar y uno de una escuela normal? No. Y, con el perdón de quien pueda sentirse ofendido, es hasta ridícula la comparación.

Los grandes males de la relación Estado-magisterio debe comenzar a ser resueltos por temas como éstos. No se puede esperar ninguna legalidad ni respeto, cuando lo que se ha promovido durante tres décadas ha sido exactamente lo contrario. El gobierno federal y el del Estado deben entender que el principio de todo está ahí. Para dar soluciones de fondo.

EL CARGO Y LA VERGÜENZA

Hay un dicho que recientemente es muy recurrido en la política local. Dicen que hoy, a quienes andan en política, el cargo les puede durar tres años, pero que la vergüenza les va a durar toda la vida. El problema es que nadie lo toma en serio. O nadie tiene vergüenza, o a nadie le importa el grado de devaluación que tiene hoy el ejercicio político en la entidad.

+ Cambiar relación gobierno-S/22-ciudadanía

Fácticamente, el Gobierno del Estado aceptó el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, aunque hoy es claro que eso ni tiene perspectivas de mejorar sustancialmente la educación, ni reestructura la relación política entre el gobierno y el magisterio democrático, ni genera puentes de entendimiento y concordia entre ambos (el gobierno y el sindicato) con la ciudadanía. ¿Qué podemos ganar entonces los oaxaqueños ante esta alianza entre el gobierno y los profesores de la Sección 22 del SNTE?
En efecto, el único punto de referencia que existe en nuestro país de una reforma de gran calado en esa materia, es lo que acaba de hacer el gobierno federal. Y, en ese sentido, lo único material que esencialmente ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es meter a prisión a la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales. Curiosamente, todos aplauden al Presidente, pero no porque la reforma educativa genere cambios en automático en la educación o porque mejore los índices educativos en el país. En el fondo, las loas parten del hecho de que el poder presidencial demostró su voluntad de cambio logrando dos hazañas que hasta hace poco parecían imposibles: uno, la reforma constitucional; y dos, el descabezamiento de la dirigencia sindical.
¿Por qué hacer el contraste entre el ámbito federal y Oaxaca? Porque fundamentalmente, el contraste de la reforma educativa que acaba de consolidar el gobierno del presidente Peña Nieto se encuentra aquí, donde la Sección sindical del magisterio plantea una visión alternativa de la mejora educativa. Se supone (porque esa es la justificación) que ambas visiones de la educación tienen como fin el brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, es harto contrastante la forma en cómo un gobierno y otro (el de Oaxaca y el federal) intentan generar esa mejora. ¿Por qué?
Porque el gobierno federal decidió dejar atrás los pactos de complicidad, y actuar. El solo hecho de consolidar una reforma educativa que no había sido dictada desde los escritorios del SNTE, para luego descabezar a la dirigencia que intentaba oponerse al cambio, permitirán al gobierno federal, en el mediano plazo, tener un margen holgado de movilidad para llevar a cabo los cambios graduales que requiere la educación pública (incluso, si en este momento el gobierno federal decidiera suspender todo movimiento alrededor de la educación, y no implementara ninguno de los cambios establecidos en la reforma constitucional, de todos modos pasaría a la historia por haber desmantelada la nociva hegemonía sindical en el ámbito educativo).
En cambio, ¿qué ha hecho el gobierno de Oaxaca? aquí se optó por el camino que, según quedó claro en la experiencia federal, es el equivocado. Pues aquí en Oaxaca lo único que queda perfectamente claro es que la alianza y la complicidad entre el gobierno y el sindicato es más fuerte, y por tanto rebasa por completo, cualquier perjuicio que esta alianza pueda ocasionar a la educación, a la ciudadanía, a la gobernabilidad e incluso al futuro de los niños y jóvenes oaxaqueños.
¿Por qué esta alianza es inamovible para el gobierno de Oaxaca? porque, según parece, ellos están claramente convencidos de que la Sección 22 integra el bando de los buenos; que ellos no pueden ni deben abandonar esa postura; y porque, del mismo modo, están convencidos de que sólo así podrán mantener la gobernabilidad.
Sin embargo, ante los hechos quedan muchas preguntas: ¿De veras la 22 integra a tal grado el bando de los buenos, aun cuando su apoyo social es francamente imposible de comparar con el que tuvo en otros tiempos, como los del conflicto magisterial de 2006? ¿De veras es posible seguir creyendo que ese es un camino para mantener la gobernabilidad, hoy que Oaxaca es una entidad más que nunca sometida a los caprichos e intereses de los maestros democráticos?

CAPACIDAD DE RESPUESTA
No perdamos el punto: en el ámbito federal el gobierno tuvo la capacidad de responder a los problemas que enfrentaban. Por eso apuraron la reforma constitucional y tomaron medidas con la profesora Gordillo. No es posible saber hoy cuál será el alcance material que tenga el nuevo contenido constitucional. Pero sí nos queda perfectamente claro que el gobierno consiguió poner sobre la mesa la certeza de que es el Estado quien dicta las normas, y que el margen de negociación tiene límites que no pueden traspasarse.
Eso es lo que en Oaxaca no existe. A la luz del público, el gobierno está completamente replegado a los intereses magisteriales y con eso ha dejado de atender el interés de la mayoría y los derechos de todos aquellos que nos convertimos en víctimas colaterales de una disputa en la que, como ciudadanos, tenemos todas las soluciones lejos de las manos. Por eso, para el grueso de los oaxaqueños el gobierno no sólo no está haciendo lo correcto alimentando la lucha magisterial, sino que incluso está dando la espalda a los oaxaqueños que quieren ver soluciones distintas a las que se plantean hasta el momento.
Se supone, entonces, que el gobierno y la Sección 22 intentan generar aceptación del PTEO y de su supuesta defensa de la educación pública, para que luego tengan la legitimidad de convertir todos esos planteamientos en ley. ¿Van por el camino correcto? Evidentemente no. Porque lejos de legitimar el contenido de su programa, o la justeza de su lucha, lo que están haciendo es socavar, hasta el fondo, cualquier apoyo ciudadano que pudieran tener,  minar por completo la aceptación de su plan alternativo, y también restar cualquier posibilidad de aceptación de cuestiones como el pase automático para los normalistas.
Por eso es imposible sostener de largo plazo la lucha magisterial en alianza con el gobierno. Éste último no podrá tener la capacidad de continuar guardando silencio frente a las acciones del magisterio, que hoy hace lo que quiere sin que haya fuerza o poder que le haga al menos moderar sus formas de lucha. Si la idea es que la ciudadanía acepte a los democráticos, van en un sentido exactamente contrario al que pretenden.

VAN POR LA REPRESIÓN
En enero de 2012, los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, provocaron un enfrentamiento sangriento a partir de la toma y secuestro de unidades de servicio público. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Los normalistas buscan romper el orden a otro nivel. Es imposible pensar en la represión, pero también lo es que el gobierno siga como su cómplice, sólo guardando silencio. Aguas.