+ Escisión: el mejor escenario para Peña Nieto

Si el triunfo de Enrique Peña Nieto pone al PRI, su partido, en el predicamento entre la posibilidad de evolucionar o de regresar al pasado, algo más o menos similar ocurre con las principales fuerzas de oposición, que hoy se encuentran en la disyuntiva no sólo de generar auténticos liderazgos para los próximos seis años, sino incluso de mantenerse consistentes para dar la batalla democrática a quienes por poco ganan la mayoría legislativa que habría de permitirles el control absoluto de las decisiones más importantes del país. Este no es un asunto menor.

En efecto, si —como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer— el PRI hoy se encuentra ante la definición interna de volver al pasado a través de la figura del Presidente omnímodo, o de que éste asegure su supervivencia a través de asegurar las excesivas libertades de los gobernadores, e incluso de que juntos forjen principios sólidos para una gobernabilidad democrática de mediano y largo plazo; en la oposición tienen sus propios retos y éstos tienen que ver con la posibilidad de construir liderazgos que puedan competir por la renovación del poder presidencial en 2018, pero antes, tienen el desafío de llegar juntos y unidos a una competencia por el país, que no será fácil.

¿De qué hablamos? De que, al menos en la Cámara de Diputados, la posible alianza fáctica del PRI, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza, junta los 251 diputados que son necesarios para aprobar reformas legales, e incluso para aprobar juntos el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si con eso ya tienen ganada la mitad de la batalla, para conseguir la otra parte que les falta (que es lo relativo a los cabildeos para que sus reformas legales se aprueben en el Senado), cuentan con la ventaja del poder presidencial, que tiene amplias posibilidades de romper muchos de los candados que pudieran existir para consolidar los acuerdos.

En todo esto, las ventajas del PRI son directamente proporcionales a las dificultades que esto representa para la oposición, en la posibilidad no de obstruir las reformas (y generar el inmovilismo legislativo que ha sido característico de los últimos años en nuestro país), sino de lograr que todas las modificaciones constitucionales y legales, sean producto del consenso y de la atención al verdadero interés general, y no sólo capricho o voluntad de un solo hombre (el Presidente) o de un partido, en detrimento de toda la nación.

Esto no parece fácil. Hasta ahora, lo que puede verse es que existen más coincidencias entre el PRI, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y el PAN, que entre éste último y el PRD. Lo lógico sería pensar que los dos principales bloques de oposición pudieran generar las coincidencias necesarias para ir a presentar una contraposición inteligente y consistente al partido en el poder, y para conseguir los equilibrios que son necesarios para una nación democrática.

El problema es que en México esa lógica ha ido siempre en sentido contrario. Y por esa razón, en todos los momentos el segundo principal opositor asume al otro opositor (el que tiene la primera minoría en las cámaras legislativas) como su principal adversario, y termina aliándose con el régimen en el poder para tratar de acabarlo, como si uno y otro opositor se disputasen un poder que en realidad no tienen.

Ante esta disyuntiva se presenta la particular situación dada a partir de la separación de Andrés Manuel López Obrador del bloque de fuerzas de izquierda que hasta ahora ha ocupado los principales espacios opositores en el país; y el establecimiento de un raro maridaje entre el PRI y el PAN que parece tener como objetivo un cogobierno similar al que hubo en los últimos doce años, sólo que ahora con el cambio de partido en poder presidencial.

RUPTURA COSTOSA

Andrés Manuel López Obrador se fue del Partido de la Revolución Democrática, y aseguró que tampoco mantendrá su alianza con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional entrará en un proceso de reflexión para determinar si se convierte en una Asociación Civil o termina siendo un Partido Político con registro ante el Instituto Federal Electoral.

Como quiera que sea —y más si decide comenzar el trabajo para la constitución de un partido—, todo esto podría generar una pulverización aún mayor de las fuerzas de oposición que debieran estar haciendo ya el trabajo de contraposición inteligente a los intereses oficialistas. ¿Por qué?

Porque si López Obrador comienza a trazar la ruta de un nuevo partido, casi de inmediato comenzarán a oficializarse las escisiones de los tres partidos que lo acompañaron en estos últimos años. Lo acepten o no en el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, muchos de sus nuevos diputados, senadores y hasta gobernadores, le deben la oportunidad al tabasqueño. Y posiblemente podrían comenzar a buscar la posibilidad de constituirse como una bancada independiente, sin fracción parlamentaria como tal, pero sí identificada plenamente con los intereses lopezobradoristas, y con cierta fuerza para plantear ciertos temas en una agenda legislativa propia.

Esto es muy posible. Sin embargo, es evidente que si ya de por sí las fuerzas de oposición no tienen solidez ni identidades definidas (mucho menos compromisos firmes o esquemas programáticos conjuntos para sacar adelante reformas de consenso con el oficialismo y las otras expresiones opositores), mucho menos lo tendrían si, paralelamente al PAN y al Frente que constituyen el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, existiera otro bloque de los afines al lopezobradorismo, que tratarían de apuntalar sus propios intereses, y que posiblemente éstos no serían compatibles con los de las otras fuerzas opositoras.

JUEGO DE PODER

Esto, aunque podría constituir una ganancia política para Morena y López Obrador, sería una derrota para el país. Una derrota no porque la oposición sea la panacea, o porque el oficialismo tenga inopinadamente las respuestas a todos los problemas del país, sino más bien porque todo régimen político en el que no existen los contrapesos necesarios para frenar al poder y para incluir lo que no está contemplado, es tan excesivo y nocivo que no puede ser considerado propio de una democracia. Ese es el riesgo que se corre a nivel de país. Y en el ámbito de las entidades federativas, y los municipios, esta atomización podría ser mucho más acentuada, y la disputa menos civilizada. Porque es poder lo que está en juego.

Martes 11 de septiembre de 2012. 

 + Gobernadores, ¿Querrán perder libertades?

Uno de los grandes cuestionamientos que han pesado desde siempre alrededor de un posible triunfo (ahora constatado y definitivo) del Partido Revolucionario Institucional en la elección presidencial, es que esto representa la conservación más pura del estado de cosas que ha prevalecido en el país, y que aunque necesita cambiar, no lo hace. Si esto aplica para los intereses económicos y monopólicos más importantes, también es así alrededor de los asuntos políticos más trascendentes, como lo es la relación de la Federación con las entidades federativas.

En efecto, con el PRI se mantiene el estado de cosas en todos los partidos y fuerzas políticas del país, y el recuento de la situación actual y futura de cada uno de ellos, así lo confirma. Y es que, comenzando por la casa política del Presidente, en el PRI las cosas no sólo no cambiarán, sino que posiblemente volverán a la misma situación de antes. Hasta hoy, no ha habido, por ejemplo, ninguna manifestación pública de los gobernadores de las entidades federativas emanados del PRI, respecto a qué posición política adoptarán ahora que de nuevo habrá Presidente de esas mismas siglas.

Eso, aunque no se vea, es fundamental. En los tiempos del PRI en el gobierno, en el que éste funcionaba como un régimen de partido hegemónico, los gobernadores priistas eran apenas apéndices del poder presidencial. Fácticamente, éste gobernaba por extensión los estados de la República en manos del priismo, y sólo excepcionalmente los gobernadores tenían potestades de mando en sus entidades, aunque sólo en los temas e intereses que no estaban dispuestos expresamente por el poder presidencial o el gobierno de la República.

En estos doce años en los que no hubo presidente priista, los gobernadores de ese partido no sólo ocuparon los espacios políticos vacíos, sino que capitalizaron la atomización del poder presidencial que había desaparecido, para convertirse en auténticos mandamases regionales de los territorios que gobernaban. La alternancia de partidos en el poder presidencial provocó, como efecto inmediato, que los gobernadores adquirieran plena independencia del otrora poder hegemónico presidencial. Y en particular, los gobernadores del PRI se convirtieron en auténticos Señores de las entidades que gobernaban.

Todo eso quedó demostrado en la elección presidencial de 2006. Aunque ya pocos lo recuerdan, en los años previos a aquella elección presidencial, Roberto Madrazo Pintado, a la sazón presidente nacional del PRI, pasó por encima de todo, y de todos, para hacerse de la candidatura presidencial de su partido. Para conseguir ese objetivo, no sólo se peleó con gente como Elba Esther Gordillo o marginó a personajes como Enrique Jackson Ramírez (que era otro fuerte aspirante a esa candidatura), sino que también presionó y obligó a varios gobernadores priistas a que lo apoyaran, lo mismo a cambio de promesas de esperanza, que de auténticas presiones en las que condicionaba el no apoyo a la persecución federal, una vez que éste llegara a la Presidencia.

Al final eso fue lo que en aquellos tiempos fue ingrediente fundamental para la derrota priista. Los gobernadores, independientes ya y sin miedo a la confronta con el poder presidencial, pactaron con el panismo y con el perredismo, en el norte y sur de la República, respectivamente, la traición a su candidato presidencial. Una razón explicada fielmente por el poder para esa aparente sorpresiva felonía, radicó en el hecho de que fueron los mismos gobernadores del PRI quienes le cerraron la puerta a Madrazo, por el temor de que éste accediera al poder presidencial para limitarlos, para someterlos y para regresar a aquella figura del poder presidencial omnímodo que ellos mismos no estaban dispuestos a aceptar nuevamente.

¿Qué pasará ahora? Lo más seguro es que Peña Nieto dejará sueltos a los gobiernos priistas. Aunque el problema de fondo es que, si la solución al problema democrático y funcional del país no tendría que ser el regreso del otrora poder hegemónico, tampoco será la perpetuación de los gobernadores como Señores Feudales que hacen lo que les pega la gana, sin que nada o nadie se les pueda poner enfrente para cuando menos fiscalizarlos u obligarlos a cumplir con ciertos cánones democráticos en sus respectivos gobiernos.

¿NUEVO FEDERALISMO?

El federalismo mexicano está trazado por dos rutas paralelas. Una es la del llamado federalismo disfrazado de centralismo; y el otro es el del llamado “feuderalismo”. Ninguno de los dos es parte de una democracia y un gobierno saludable como al que se supone que aspiramos los mexicanos.

El federalismo centralizado es nocivo porque éste sólo ha atendido a la concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de las entidades federativas. Esta forma fáctica fue la que predominó durante toda la época del priismo hegemónico, y sólo fue desterrada políticamente (pues en los asuntos fiscales del país, el federalismo sigue siendo tan débil, que por eso la federación continúa cobrando casi la totalidad de los impuestos que generan ingresos a las arca nacionales) luego de la alternancia de partidos del año 2000.

Por su parte, el feuderalismo es lo contrario. Este tiene que ver con las libertades excesivas que consiguieron los ejecutivos de los estados luego de la alternancia de partidos del año que comentamos. A través de esa figura también fáctica, las entidades se convirtieron en territorios que sólo dependen de la federación en términos del ingreso, pero que se resisten a rendir cuentas como deberían, y en los que los gobernadores dedican gran parte del tiempo a frivolidades, a tratar de entrometerse en los asuntos políticos que no son de su incumbencia, y a traficar con los recursos económicos que debieran estar destinado al desarrollo de las entidades que gobiernan.

POSTURA INDEFINIDA

Hasta hoy no ha habido definición sobre si los gobernadores priistas seguirán asumiendo sus libertades como hasta ahora; tampoco ha habido definiciones de si el nuevo Presidente buscará convertirse en el hombre fuerte de su partido no sólo en el ámbito federal sino también en los estados gobernados por las siglas que él representa; o si finalmente terminarán compartiendo un poder en el que todos se respetan a partir de la dinámica de no tocarse ni cuestionarse. Esa sería la salida más fácil. Aunque equivaldría a sostener el estado de cosas actual, que abona a la gobernabilidad, pero que es nocivo para el país.

+ Connivencia con EEG y con gobierno estatal

Azael Santiago Chepi está a punto de dejar la dirigencia de la Sección 22 del SNTE y, ante el ocaso de su poder, ya comenzó a defenderse de todas las acusaciones que pesan en su contra. En su propia voz, dice que su gestión fue ejemplar, que cumplió los objetivos trazados por el gremio magisterial, y que todas las acusaciones de traición y connivencias con el poder estatal, no son más que ataques que intentan desacreditar un periodo en el que el magisterio dejó el camino cuesta arriba para disfrutar los dividendos de las apuestas políticas que hicieron. Todo eso parece cierto, aunque sólo superficialmente.

En efecto, en una entrevista publicada ayer domingo en la Agencia Quadratín Oaxaca, Santiago Chepi negaba que durante su gestión ante este gremio (la Sección 22 del SNTE) se haya prestado a negociaciones en lo oscurito o al entreguismo como en algunos momentos grupos al interior del sindicato acusaron. “No hubo montos millonarios, ni reuniones en lo oscurito, me voy con la frente en alto de haber cumplido con el mandato que me encomendó mi delegación y la base magisterial (…) no tenemos nada que esconder ni que ocultar. Se han dado muchos señalamientos, mucha calumnia, una política sucia que nos han tachado de gobiernistas, priistas, traidores, vendidos, gordillistas, lo cual forma parte de una política delimitada”, expresaba.

¿De verdad Azael Santiago Chepi se va tan limpio como dice? Todo eso está en duda. Pues, por principio de cuentas, pocos dirigentes sindicales como él, han tenido un desempeño tan marcado por la opulencia intempestiva y por las actitudes impropias de quien ostenta la titularidad de un poder tan importante como el del Sindicato Magisterial.

A nivel de sus actitudes personales, Santiago Chepi ha demostrado ser un tipo a quien la abundancia y el poder le llegaron de repente, y que por eso tuvo actitudes tan nocivas, como el hecho mismo de asumirse públicamente como influyente y retar a las autoridades (hasta a los policías uniformados, pues) a que le hicieran algo pasando por encima de su investidura de dirigente magisterial. Escándalos personales protagonizó muchos. Y eso, de entrada, marca su gestión por el abuso del poder que tuvo temporalmente en las manos.

Sin embargo, es claro que eso es lo menos grave. Y es que, en su calidad de dirigente de la Sección 22, a Santiago Chepi le tocó únicamente poner la cara para legitimar lo que otros negociaban. Nunca en la historia del magisterio democrático oaxaqueño, los dirigentes de la Sección 22 habían obtenido tanto del gobierno estatal en turno; del mismo modo, nunca el profesorado oaxaqueño había tenido un gobierno tan sometido a sus designios, y tan dispuesto a dar todo a cambio de evitar el conflicto. Eso, es cierto, es consecuencia de la acción política de la Sección 22, pero no de Santiago Chepi.

¿Qué hacía Santiago Chepi entonces? Él tenía la encomienda de salir a legitimar los acuerdos y las negociaciones que otros líderes sostenían. Los arreglos, pues, se hacían en otro lado y él tenía el deber de masificarlos y legitimarlos. ¿Por qué se prestaba a esa práctica de paralelismos y simulaciones? Porque él resultaba personalmente beneficiado de esos millonarios y oscuros arreglos (económicos, políticos, salariales y demás), a partir de los cuales la Sección 22 perdió gran parte de su combatividad, y la intercambió por la codicia de quien exige más para obtener más, y luego vuelve a exigir no para defender sus posiciones políticas, laborales e ideológicas, sino para tener más recursos disponibles en las manos.

Por eso, aunque lo niegue, en esta primera cuestión, no puede hablar ni de independencia ni de gestión ejemplar ni de grandes resultados. Sí, la dirigencia seccional que él encabezó obtuvo mucho dinero y prebendas para los maestros. Pero lo hizo a costa de entregarlos, y ponerlos de rodillas, para que el Gobierno del Estado no perdiera los hilos de la gobernabilidad que tanto trabajo le ha costado sostener. Sólo eso.

CONNIVENCIA

CON LA MAESTRA

Por otra parte, Chepi asegura no ser tampoco un “gordillista” como se le acusa. A pesar de la combatividad y del seguimiento que la Sección 22 del SNTE de Oaxaca le da a los dictados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —principal grupo disidente del Comité Nacional del SNTE, que encabeza la maestra Elba Esther Gordillo—, en el aire quedan algunas dudas, sustantivas, sobre la presunta poca distancia que existe entre el Dirigente de la 22 y la Lideresa nacional del magisterio.

Todo esto lo ha expresado, con puntual conocimiento de causa e importante capacidad de análisis, el investigador de temas educativos, y una de las personas que más conoce en Oaxaca sobre la relación de la Sección 22 y los ámbitos estatal y federal de gobierno, Samael Hernández Ruiz. Éste, en un artículo publicado en varios medios hace algunos días, hace puntualizaciones que objetivamente revelan la cercanía entre la dirigencia de Santiago Chepi y la profesora Gordillo.

En este sentido, Hernández Ruiz señala que: “No deja de llamar la atención que la S22, con todo y su discurso de “independencia” y “democracia” sindical siga atada a los designios de doña Elba Esther y no decidan de una buena vez ser un sindicato estatal, así podrían ahorrarse la molestia de que cada vez que necesitan su convocatoria, tengan que rogarle al SNTE que se las otorgue. Eso fue lo que sucedió este año con la convocatoria para el congreso y el consecuente pre congreso democrático. Tuvieron que solicitar la emisión de la convocatoria, negociando y apoyándose incluso en operadores de alto nivel dentro del gobierno del estado. La anuencia de Elba Esther para autorizar el congreso de la S22, debió salirle cara al gobierno del estado, ¿Qué habrán negociado a cambio?

La autorización puso en aprietos al dirigente de la S22 Azael Santiago Chepi, porque no pudo explicar cómo es que, sin más, llegó por correo la tan ansiada convocatoria. Los dirigentes de los grupos políticos que operan al interior de la S22, con un colmillo más que retorcido, seguramente no se tragaron la versión de la sorpresiva autorización del dichoso congreso; pero aceptaron las condiciones con tal de asegurar las fechas del relevo cuanto antes.

¿MUY MUY LIMPIO?

Estos son sólo algunos detalles que dejan ver lo que fue una dirigencia “ejemplar” como la que dice haber encabezado Santiago Chepi. Pronto vendrán de nuevo las convulsiones propias del cambio de dirigencia. Ojalá no sea en detrimento (más) de Oaxaca.

+ La horizontalidad, ajena a su tradición

Qué bueno que dentro del Partido Revolucionario Institucional, las distintas expresiones partidistas por fin están saliendo del marasmo que las había dominado, y comienzan a proponer posibles salidas al brete que representa la renovación de su dirigencia estatal. Aunque hay quienes le apuestan a los mismos arreglos cupulares de siempre, queda claro que cualquier solución que le apliquen a este problema tendrá que ser a través de la construcción de consensos y salidas adecuadas. No obstante lo anterior, pensar en una dirigencia colegiada —como lo han propuesto algunas corrientes priistas— parece lo mismo un destello de romanticismo político, que una respuesta inadecuada para un problema inminente como lo es su falta de definiciones políticas.

En efecto, en los últimos días el llamado Frente Renovador por un PRI para todos, lanzó una propuesta que, aunque de entrada parece interesante, en realidad tendría que ser revisada con detalle y, sobre todo, tendría también que estar acorde con los documentos básicos de un partido indubitablemente vertical como lo es el tricolor. ¿Qué propuso ese Frente Renovador?

A través de un comunicado, enviado a los medios informativos la mañana del pasado miércoles, el Frente señalaba lo siguiente: “La renovación del Comité Directivo Estatal del PRI demanda la unión de esfuerzos y la participación de todos los grupos y corrientes internas, por lo tanto pensar en una dirección colegiada que dé cabida a todas las voces, es una opción que la militancia debe analizar seriamente para poner fin a la etapa de división que nos ha costado muy caro, por los importantes espacios políticos que se han perdido”.

Luego, ayer jueves, mediante otro comunicado, el consejero Político Nacional del PRI, y funcionario en el gobierno de Ulises Ruiz, Moisés Molina Reyes, refrendaba la propuesta del Frente Renovador, asegurando que “sólo con el consenso de todas las corrientes y grupos internos podremos recuperar la unidad del PRI en Oaxaca, por lo que la propuesta de formar una presidencia colegiada sería una alternativa viable”. Habría que repensar una propuesta de esta magnitud. ¿Por qué?

En primer término, porque una propuesta verdaderamente seria en este sentido, debiera ser algo más que un mero llamado enunciativo y por eso, cuando menos debiera también venir acompañada de contenido programático específico. Es decir, que la propuesta de una dirigencia priista colegiada tendría que venir acompañada de todo un esquema de trabajo a partir del cual pudiera reflejarse una arquitectura legal viable para llevar a cabo el proceso de constitución de una auténtica asamblea estatal no de priistas notables, sino de toda la militancia, así como del proceso de selección de esa presidencia colegiada, y las reglas y límites que ésta tendría para actuar y decidir frente al priismo local y nacional.

De entrada eso no parece fácil, y menos cuando toda esta propuesta se enfrenta al hecho de que estatutariamente no existe forma de generar estructuras de dirigencia distintas a las establecidas en los documentos básicos, y ésta tampoco respondería a la tradición priista que, les guste o no, lo acepten o no quienes lo proponen, no está acostumbrada a tener estructuras horizontales, y seguramente tampoco sabría que hacer frente a ellas.

PROPUESTAS, PERO VIABLES

La propuesta de una dirigencia colegiada (a través de un “triunvirato”, o de una “dirección colectiva provisional”, como la que en su momento tuvo la APPO, conformada por una treintena de individuos) es inviable desde donde se le vea. Si el primer problema de aceptar una propuesta así sería el estatutario, y luego el legal, y posiblemente hasta el constitucional, el segundo problema —tanto o más grave que el primero— radicaría en que esa dirección colegiada fuera funcional, y después que fuera respetada por la militancia.

Y es que más allá de los romanticismos, el PRI no puede alejarse de sus prácticas y tradiciones. Sería ridículo suponer que, en automático, el priismo pudiera pasar del estado de anarquía y confrontación en que se encuentra actualmente, a uno de democracia plena y respeto a las formas de convivencia y reglas estatutarias, sólo con la conformación de una dirigencia colegiada.

Si algo ha mostrado la historia de este país, es que en nuestra tradición política el poder no se comparte. Por eso en todos los partidos, en los sindicatos, en los grupos, e incluso en el mismo Estado, siempre, los mandos son unipersonales, porque la posibilidad de compartir el poder siempre se ha inclinado a la traición y no al equilibrio. Por todo eso, en nuestro país los partidos no tienen vicepresidentes; el Poder Ejecutivo tampoco lo tiene. Y por eso existen líderes impresentables, pero poderosos, como Elba Esther Gordillo.

Derivado de todo eso, lo que el PRI oaxaqueño tiene que buscar es salidas acorde a lo que ellos han estado acostumbrados a ver y a asumir como parte de su tradición de mando. Pasar de una forma a otra de forma intempestiva no sólo no contribuiría a resolver sus problemas actuales, sino que generaría otros que hoy ni siquiera imaginan, y que tendrían que ver ya no con la unidad o con la aceptación de todos los priistas, sino más bien con el funcionamiento cotidiano del partido y con la eficacia que podría llegar a tener en los momentos decisivos.

Por eso, lejos de fantasear, el PRI debe buscar salidas acordes al consenso y el restablecimiento de sus formas tradicionales de hacer política. Esto es, no a través del avasallamiento, como se acostumbró en los últimos años, sino más bien a través de la conjunción de las principales fuerzas e intereses de una sociedad, alrededor de un solo proyecto político que pudiera incluirlos a todos. Así nació el PRI hace 83 años. Y así el priismo oaxaqueño podría llegar a una auténtica solución acorde con lo que son y con lo que conciben como democracia.

SIN BRÚJULA

Qué tan mal, pero de veras tan mal, estarán en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que el IEAIP les tiene que puntualizar que las Recomendaciones que emita ese órgano, así como el seguimiento y en su caso, cumplimiento, ¡es información considerada por la Ley de Transparencia como pública, por lo que debe estar a disposición de cualquier persona!      ¿Y es que, qué creen? Que la flamantísima dependencia que encabeza el pasante de abogado, Arturo Peimbert, ni siquiera tiene página web… No se ayudan con esa “publicidad” del trabajo que dicen que hacen.

Qué curioso resulta el hecho de que hoy los principales detractores de las instancias de control y fiscalización del Estado, sean los propios aliados e integrantes del régimen. Esto no ocurriría en circunstancias aparentemente normales. Y aunque de entrada tratan de presentarlo como signos de tolerancia o de autocrítica, lo cierto es que algo grave hay de fondo: todos aquellos que acusan, tienen algo de razón. Y eso está para pensarse y repensarse.

En efecto, en su edición de ayer martes, TIEMPO presentaba declaraciones de la diputada local por Movimiento Ciudadano, Margarita García García, en las que cuestionaba duramente el desempeño tanto de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, y del auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo.

De Auditor dijo que “en la Auditoría Superior del Estado a cargo de Carlos Altamirano Toledo se ha actuado con opacidad. Allí “chinto tapa a chinto”. Allí así existan pruebas de corrupción no se puede avanzar mucho. Ese es el gran problema que tenemos en la ASE. No hay gente con suficiente calidad moral para hacer señalamientos, sancionar corruptelas y exigir sanciones”. Y de la contralora Woolrich señaló que “cuando el gobernador Gabino Cué nombró a Perla Woolrich como secretaria de la Contraloría consideramos que sacaría todos los problemas que estaban pendientes. Sin embargo hay mucha opacidad. Y así en todo el gobierno pusieron a personas que no dejan trabajar. Gente de todas las corrientes. Unos hacen negocios y otros están pensando si se apuntan para ser candidatos a diputados locales o presidentes municipales. Esto es lo que genera desconfianza en la ciudadanía”.

Por si todo eso no hubiese sido lo suficientemente entendible, la legisladora remató diciendo algo que, al parecer, no sólo ella, sino mucha gente considera: “No sé qué está pasando. Parece que a los funcionarios de la actual administración les quedó grande el cargo. Desconocen muchas cosas. Les tienen miedo a los ex funcionarios y esconden todo bajo el pretexto de que el peculado no es un delito grave. Arman mal las querellas ante la Procuraduría y ésta tampoco cumple sus funciones. Sería una incongruencia echarle flores a los funcionarios que no están haciendo bien las cosas”.

Siguiendo las palabras de la diputada: ¿De verdad les quedó grande el cargo? ¿De verdad desconocen muchas cosas? ¿De verdad —lo que sería el colmo— le tienen miedo a los ex funcionarios? Nada de eso. En realidad, todos —incluida la misma diputada, que en su momento apoyó la integración de expedientes y el inicio de procedimientos administrativos a ex funcionarios, desde una torcida visión política y no con el rigor jurídico requerido— están siendo víctimas de su propia bravuconería, y hasta de lo suelto de la lengua con la que dijeron que harían justicia y castigarían a los “saqueadores”, antes de comprobarles los delitos y obtener de los tribunales competentes las sentencias condenatorias con las que podrían conseguir los resultados que prometieron.

VÍCTIMAS DE SU LENGUA

Más allá de los vicios actuales que existen en la Auditoría Superior, por las mañas que han desplegado algunos de sus funcionarios corruptos para traficar con influencias y obtener dividendos económicos indebidos de ello, es evidente que Carlos Altamirano Toledo llegó al cargo con un vicio de origen. Ese vicio fueron las acusaciones de gobiernismo y servilismo con las que se legitimó la renovación de la estructura y la titularidad, y a partir de lo cual también se prometió que a partir de ahora habría resultados distintos, y mejores, a los que se habían obtenido en la gestión anterior.

Algo similar ocurrió con la Contraloría. Cuando la panista Perla Woolrich arribó al cargo prometió ir sobre los saqueadores de la administración anterior. No sabía bien quiénes eran, ni cuánto se habían robado y, lo más importante, cómo comprobaría legalmente el saqueo, pero ella dijo que habría ex funcionarios en prisión, porque era “lo que el pueblo quería”. Hasta hoy no ha podido hacerlo.

Y no ha podido no porque les tenga miedo, porque le haya quedado grande el cargo, o porque sea su cómplice. Más bien, no ha podido por el simple hecho de que la distancia entre decir y hacer es grande. Y porque, en rigor, no basta con suponer que alguien cometió un ilícito sino que, para el derecho, lo que interesa es lo que se puede comprobar. Y hasta ahora han podido comprobar mucho menos de lo que han supuesto. Y derivado de esto, han podido conseguir mucho menos de lo que han prometido.

En el fondo, su aparente incapacidad es previsible. Consideraron que con el solo cambio de régimen todo se facilitaría y se conseguirían resultados casi por inercia. Eso es naturalmente imposible. Han podido hacer poco, porque las estructuras administrativas y gubernamentales siguen siendo las mismas. Y porque ni Perla Woolrich ni Carlos Altamirano Toledo son tan brillantes, como para que su solo arribo a esas dependencias marcara una diferencia sustancial en la forma en que conducen sus procedimientos, en que prueban sus dichos, y en que consiguen lo que prometen.

En el caso de Perla Woolrich, hace mucho tiempo dijimos que tarde o temprano pagaría el costo por sus acusaciones a priori, y por condenar por adelantado a aquellos a los que aún no les comprobaba el saqueo cometido, e incluso ni siquiera les había iniciado los procedimientos administrativos o penales respectivos. Hoy ya lo paga, porque a casi dos años de gestión no ha tenido la capacidad ya no digamos de encarcelar a alguien, sino de sostener los argumentos con los que los acusó y los condenó —y los linchó— mediáticamente.

PROMESAS EXALTADAS

Al final, es evidente que la única confabulación habida en toda esta historia, es la de la bravuconería y las promesas fantasiosas que unos y otros hicieron al calor de la borrachera democrática por la alternancia de partidos en el poder en Oaxaca. Hoy, funcionarios como Perla Woolrich y Carlos Altamirano ya se encuentran en la fase de la resaca, y sólo hasta entonces comienzan a ver que cometieron muchos errores hablando de más y prometiendo lo que no sabían cómo habrían de cumplir. Por eso, hoy no son sus opositores quienes ocupan su tiempo en acusarlos, sino son sus mismos compañeros de coalición. Qué tan mal estarán que hasta en su propia casa, y ante cualquier ocasión, hablan mal de ellos.

+ Criticar es fácil. Hacer algo positivo, no

Una vez que pasó la calificación de la elección presidencial, en Oaxaca quedó abierta la posibilidad de la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI. Si una de las preguntas fundamentales radica en cómo se llevará a cabo ese potencial proceso de renovación, otra tiene que ver con la incertidumbre que radica frente al hecho de que prácticamente todos los grupos locales al interior del tricolor oaxaqueño se han vuelto disidentes, y lejos de proponer y ensayar soluciones, unos y otros se han dedicado a profundizar los enconos y marcar las desviaciones de quienes, al igual que ellos, también son priistas.

En efecto, si dice el refranero que en toda sociedad la victoria está llena de padres, pero la derrota es huérfana, en Oaxaca eso se ha reflejado en la realidad una y otra vez. Desde el 2010, en que perdieron la gubernatura del Estado, casi la totalidad de los grupos priistas se convirtió en detractor del pequeño grupo que controlaba el partido. Y hasta entonces, con su oposición enjundiosa, no han hecho sino abonar a una situación caótica en la que no ha habido propuestas ni construcción, sino simples descalificaciones y críticas que no reconstruyen el priismo local.

Y es que, aún cuando en realidad todos fueron corresponsables de la derrota electoral (desde el momento en que todos aceptaron a Eviel Pérez Magaña como candidato, y prefirieron conservar la chamba antes que poner en alerta sobre los riesgos democráticos y de poder en su partido), a partir de la derrota electoral casi todos se sintieron con la calidad moral para no estar de acuerdo con el manejo partidario, y para “denunciar” a quienes —a la vista de todos, y desde hacía años—, se habían apoderado del tricolor para ponerlo al servicio de sus intereses.

Aunque todos los priistas oaxaqueños tenían ante sí la enorme oportunidad de convertirse, por primera vez, en voces y grupos de oposición, todos prefirieron continuar en la dinámica de sólo desacreditar a sus contrapartes, sin hacer la labor que correspondía frente a un gobierno que, con sus fallas, ha dado tantas oportunidades de capitalización política… a una oposición que ha sido totalmente inexistente.

¿Qué han hecho los grupos? Casi desde que tomó posesión el nuevo gobierno, los priistas se dedicaron a boicotearse y, en gran medida, a fomentar la colonización que ha hecho el oficialismo de parte de sus estructuras. Los priistas se boicotearon desde el momento en que apuntaron sus armas hacia sus contrapartes tricolores y no hacia el oficialismo, y también lo hicieron cuando, por deslealtad y arribismo, se permitieron ser comprados y financiados por funcionarios del gobierno estatal, que habían recibido la orden de colonizar al priismo para convertirlo en un satélite silencioso de los intereses oficiales.

Incluso, hace unos meses hubo una temporada en la que parecía que había una suma imparable de “voces legítimas”, de priistas, que se alzaron para lanzar críticas al priismo, en una supuesta actitud de inconformidad y deseos de democracia. Lo hacían, sin embargo, como una forma de enviar mensajes a los financiadores oficiales para que también los tomaran en cuenta y los incluyeran dentro de la lista de beneficiarios de lo que querían convertir en una oposición orgánica y manipulada que simulara ser la disidencia comprometida, que en realidad no era.

OPOSICIÓN ¿DE QUÉ TIPO?

Al calor de la derrota, se han construido varios grupos que dicen tener la solución a la pasividad priista y a la baja competitividad que ahí prevalece. Muchos son los que señalan, los que descalifican y los que “alertan” a los demás priistas sobre los intentos de acaparamiento, pero ninguno hace algo por construir su partido. ¿A qué nos referimos?

A que la derrota es pareja para todos. Y en dos años, los priistas oaxaqueñas han sufrido dos derrotas electorales consecutivas, que hablan de las profundas divisiones del partido, pero también de la falta de interés de todos sus militantes para generar condiciones favorables para la competitividad. Si en 2010 la derrota de Pérez Magaña, y de un alto número de candidatos a diputados, se debió al cobro de facturas ciudadanas por el mal gobierno de Ulises Ruiz, en 2012 la derrota se construyó no sólo por el efecto López Obrador que les fue adverso, sino sobre todo porque la gran mayoría de los priistas jugaron a perder —y a perder todo, todos—, sólo por ver derrotados a los otros priistas que, según ellos, fueron candidatos por la imposición de los viejos liderazgos.

Lo cierto es que, más allá del discurso disidente, nadie ha construido nada ni ha hecho algo por su partido. Ser crítico apenas si es una pequeña parte de un todo que hoy se encuentra desierto gracias a que nadie quiere moverse, para no beneficiar a los de junto, a quienes consideran espurios, acaparadores, saqueadores e ilegítimos.

Al final, queda la duda: ¿Cómo esperan ser parte de un proceso de renovación y de reconciliación, cuando su única aportación ha sido a partir de la crítica? Si el priismo identificado con el ex gobernador Ulises Ruiz tiene entre sus haberes las peores derrotas y la peor fama pública, el priismo identificado con otras expresiones internas y grupos disidentes tiene tras de sí el estigma reciente no sólo de haber permitido que su partido se desmoronara, sino que, con sus martillazos y su pasividad, contribuyeron grandemente a desmantelar una estructura en la que, finalmente, todos cabían a partir de las reglas impuestas por el Jefe Político en turno.

¿Qué quieren los priistas? ¿Democracia? ¿Y cómo piensan lograrlo? Pues queda claro que aún la democracia plena que románticamente muchos anhelan, no servirá de nada ante la circunstancia de que se queden sin partido. Y no. No se trata de quedarse así porque los expulsen, sino porque todos han contribuido a que “el partidazo” hoy no sea otra cosa más que una entelequia, en la que no hay poder, ni hay democracia, ni hay competitividad, ni hay nada.

Por ese camino, ahí van bien…

MUCHAS MULTAS

La Auditoría Superior del Estado presume que multará a unos 70 ayuntamientos por no haber entregado sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo reconoce —como si fuera mérito propio— que más de 400 autoridades municipales sí entregaron sus cuentas anuales. ¿De veras no hay ningún criterio político y, aún peor, económico, y hasta de tráfico de influencias, en esas multas? Sería gravísimo que se comprobara que, al menos en ese caso, los municipios estaban mejor… cuando estaban peor.

+ Cambian las fuerzas, dentro y fuera del PRI

Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo de México, y eso impone una nueva correlación de fuerzas en estados como Oaxaca. ¿Qué coordenadas deben observarse ante esta declaratoria, y ante su inminente toma de posesión el próximo 1 de diciembre como Presidente de la República? Estas son sólo algunas líneas fundamentales.

Enrique Peña Nieto llegará al poder dotado no sólo de un grado importante de legitimidad política, sino también acompañado de un Congreso que necesita muy poco para lograr los acuerdos y reformas que necesita para dar viabilidad a su administración. En este escenario, el Presidente contará con una coalición legislativa en la Cámara de Diputados (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) que, junta, alcanza los 251 votos necesarios para aprobar reformas legales, nuevas leyes ordinarias y el Presupuesto anual; y cuenta con cierta apertura de la bancada panista para entrar en acuerdos y eventualmente conseguir los 333 votos necesarios para aprobar reformas a la Constitución de la República. ¿Qué tiene que ver eso con Oaxaca?

En el primero de los aspectos, esa nueva relación de fuerzas entre el Presidente y el Poder Legislativo se relaciona con nuestro estado, a partir del hecho de que nuestra entidad no tiene una bancada fuerte; que tampoco tiene una bancada en la cámara de diputados, que cuente con cierta identidad o relación con los nuevos grupos dominantes; e incluso que tampoco existe claridad en cuanto a la construcción de las posibles fortalezas de las bancadas oaxaqueñas dentro de la cámara baja, y del Congreso en general.

A partir de eso puede entenderse la aceptación expresa, y el reconocimiento del gobernador Gabino Cué al nuevo gobierno. El Mandatario oaxaqueño parece tener claro que una bancada legislativa federal afín, brinda estabilidad a cualquier régimen —pero que de lo contrario puede convertirse en un auténtico lastre no para su gobierno, sino para la entidad—.

En este caso, sin embargo, es al Gobernador a quien más le interesa no tener una relación tirante ni disputas iniciales con un gobierno federal que tiene mayoría legislativa. Por eso, es el propio gobernador Cué quien está dando la pauta de que Oaxaca tendrá una relación respetuosa e institucional, y que no hará propios los conflictos electorales del partido del que emanó.

Ahora bien, en el caso de la pingüe representación priista por Oaxaca, la situación es compleja. En los últimos años, uno de los argumentos que dio mayor rentabilidad a los diputados federales del PRI, fue su supuesta eficacia en el logro de mayores recursos económicos para la entidad, reflejados en el Presupuesto de Egresos. Aunque no se trata de soslayar sus posibles méritos, también es cierto que en la pasada Legislatura federal las circunstancias fueron particularmente favorables para que ciertas fracciones priistas estatales (las numéricamente fuertes) tuvieran posibilidad de intercambiar su voto por recursos, ya que entonces la bancada priista fungía como bisagra de los acuerdos con el gobierno federal y el PAN, para que éstos alcanzaran el rango de ley.

Hoy no habrá nada de eso. En gran medida, el presupuesto para la entidad estará sujeto a las negociaciones que entablen el gobierno federal y el estatal, operando como mediadores los legisladores afines a uno y otro grupo; pero a partir de eso puede entenderse que habrá una imposibilidad casi total de que algún diputado priista se ufane en asegurar que algún monto del presupuesto para la entidad fue mérito suyo.

Esa circunstancia, posiblemente aleje —saludablemente— a los diputados del PRI de su clásica idea de ser simples gestores de recursos, y los aliente a buscar otras causas y otros temas a partir de los cuales también pueden ser útiles a su partido, a Oaxaca y a quienes votaron por ellos. Quizá a partir de entonces podríamos saber si esos legisladores tienen cierta idea del trabajo legislativo, o si simplemente fueron a vegetar, a cobrar su dieta, a saciar sus frivolidades, y a vivir cómodamente los años que les dure el cargo.

REHACER EL PRI

La declaratoria de Peña como Presidente Electo también marca el inicio de la carrera por la recomposición del PRI. Varios han manifestado su deseo de ser tomados en cuenta para el cambio de dirigencia. Sin embargo, nadie tiene aún certeza de cuánto se emitirá la convocatoria para el cambio de dirigencia, y muy pocos se han manifestado en favor de ciertos imperativos que son ineludibles para quien pretenda ser candidato. ¿De qué hablamos?

De que, en las circunstancias actuales, la elección del nuevo Dirigente del PRI oaxaqueño no puede ser de extremos. Es decir, no puede emanar de la simple consulta a los tres ex gobernadores (ni satisfacer el deseo de uno de ellos, en detrimento de los otros dos), como tampoco puede ser a través de una elección abierta. El primero de los casos sólo ahondaría las discordancias actuales. Y aunque la elección abierta parece hasta un romanticismo democrático, es evidente que en los hechos eso llevaría a una colisión irreparable en la que el priismo oaxaqueño —por sus prácticas corruptas, y los vicios de la manipulación, que no han abandonado— terminaría de destruirse.

En esta lógica, la elección debe pasar por el abandono de los ánimos de ruptura y descalificación que muchos han utilizado en los últimos tiempos como moneda de cambio. Será dirigente, por decisión del presidente Peña Nieto, quien garantice concordia y aceptación por parte no de todos, sino de la mayoría de los grupos oaxaqueños; y será dirigente quien expresamente manifieste que llega al PRI únicamente para dedicarse a las labores partidistas, sin escarnios y sin aspiraciones a cargos públicos en el corto y mediano plazo. Alguien, pues, que se asuma como priista, y que sin ambiciones se comprometa a trabajar por su partido.

DIRIGENTE, ¿DE DÓNDE?

Ese dirigente no vendrá, obviamente, ni de la luna ni de otro país. Tendrá que ser un oaxaqueño que reúna los requisitos de certidumbre que son necesarios. ¿Quién puede hacerlo? Aunque no se aprecia aún todo el universo de aspirantes a la dirigencia, el único que sí ha manifestado expresamente su compromiso con la concordia, con el consenso y con alejarse de cualquier futurismo en cargos públicos y de elección popular, para dedicarse sólo a los asuntos partidistas, es el ex diputado federal, Jorge González Ilescas. Los demás tendrán que comprometerse, o descartarse. Eso se dirimirá también a partir de ahora, que Peña ya es Presidente Electo.

+ Salomón  va desplazar todo, por sus intereses

El problema alimentario de nuestra entidad, y de nuestro país, va más allá de los discursos o de los lugares comunes dichos para justificar las inversiones públicas que no ayudan en nada a resolver la falta de alimentos. Uno de los mecanismos creados en México, por impulso directo de organismos multinacionales, para frenar la dependencia alimentaria son las Agencias de Desarrollo Rural, en las que, se supone, deben participar los tres órdenes de gobierno para evitar desviaciones. Eso, que es algo reconocido y aceptado internacionalmente, en Oaxaca está en vías de convertirse en un objeto de manipulación por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, que encabeza Salomón Jara Cruz.

En efecto, las Agencias de Desarrollo Rural son organizaciones ubicadas en el interior de la República, que se dedican a promover la organización de grupos campesinos y prestarles servicios de promoción, organización, asistencia técnica y capacitación administrativa. Las Agencias de Desarrollo Rural, cuentan con una estructura de operación multidisciplinaria integrada por técnicos y personas con perfil social en el ámbito rural, con arraigo y conocimiento de la región donde operan, en su mayoría hablantes de la lengua local, y enfocados en proyectos para el desarrollo en zonas marginadas.

En ese sentido, cada Agencia de Desarrollo rural es la entidad responsable de la operación del fondo PESA (Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, operado por el gobierno federal a través de la Sagarpa) en la región en que se encuentren, y de la aplicación de la metodología para el logro de resultados y del impacto esperado. Cada Agencia es seleccionada por el Grupo Operativo Estatal del PESA, contratadas por los estados —ojo con esto— y validadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

¿Cómo participa cada uno de esos ámbitos? La FAO es quien proporciona la metodología a los gobiernos de los países integrantes para llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y el fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra, en cada región del territorio de que se trate. Los gobiernos nacionales (en el caso de México, el gobierno federal) implementa el programa a través de una Unidad Técnica Nacional que funge como instancia operativa, y de la Sagarpa, que aparece como instancia jurídica; pero es ejecutada directamente por los gobiernos de las entidades federativas, que en el caso de Oaxaca es la Sedapfa, que encabeza Salomón Jara Cruz, y es también validada por instancias contratadas por el mismo gobierno ejecutor.

¿Por qué son atractivas las Agencias de Desarrollo Rural? Porque, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, y cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. De hecho, para 2013 la Sedapfa tiene contemplado incrementar el número de Agencias a 58.

Al hacer cuentas, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura de Oaxaca, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para desplazar a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas— que, como Agencias de Desarrollo Rural, están haciendo trabajo a favor del fomento y expansión de la pequeña producción agrícola en todas las comunidades oaxaqueñas, y poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales.

ENGAÑO TOTAL

El programa PESA, según la información disponible en su página web www.pesamexico.org, se compone por la participación de la ONU, a través de la FAO respecto a la metodología, del gobierno federal, que es quien pone los recursos económicos, y de las entidades federativas que están encargadas de operar el programa, y contratar a todos aquellos que serán los ejecutores materiales, y que, se supone, deben estar certificados por el gobierno federal e incluso por la FAO. Esta división del trabajo pretende involucrar a distintos ámbitos para generar en todos ellos el sentido de la responsabilidad y el compromiso a favor de las comunidades marginadas. Sin embargo, en el caso oaxaqueño eso parece ser ocasión perfecta para la manipulación. ¿Qué pasa aquí?

Que la dependencia que encabeza Jara Cruz está haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias que han trabajado exitosamente en los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas. Pretende hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y pretende sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para ese programa, pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que el PESA está destinado.

Esto significa que a Jara el campo no le interesa. No le interesa, por ejemplo, que las Agencias de Desarrollo Rural, dejen de elaborar diagnósticos sobre el potencial de producción agrícola de cada región, así como proyectos de inversión para que el gobierno federal, y organismos internacionales, inviertan recursos extraordinarios en programas de fomento a la producción, que al mismo tiempo buscan disminuir el riesgo de dependencia alimentaria que presenta nuestro país.

Lo que le interesa es beneficiar a sus incondicionales, sin importarle su falta de capacitación y los previsibles malos resultados. Lo que le interesa es ir por esos 350 millones de pesos, que son recurso fresco para la manipulación, la desviación y el acaparamiento que lo ha caracterizado desde su llegada al gobierno estatal.

BOMBA DE TIEMPO

La puesta en operación de los taxis rosas, por parte de la impresentable CNP, constituye un acto de provocación no sólo al gobierno, sino a otras organizaciones de transportistas, como la UOTEO, que encabeza el también impresentable Teódulo Vásquez. Lo más curioso es que el banderazo de salida de los taxis, fue dado por supuestos “aliados” del régimen. De locos.

+ PAN: Moneda de cambio para el futuro…

La elección estatal de 2013 comenzó el pasado 2 de julio. Una vez que se conoció el resultado de los comicios federales, y de la reconfiguración del poder en todos los rincones del país, los partidos arrancaron las tareas para afianzarse, o recuperarse, en el escenario local. A partir de ello, comenzamos a ver movimientos —de todos tipos— dentro de todos los partidos políticos. Y por esa razón, dentro de no mucho tiempo volverá a ser tema del momento la discusión relativa a las coaliciones como medio de preservar el poder.

En Oaxaca, es claro que la coalición que hoy gobierna no tiene tintes de ser una coalición de gobierno y, acaso, tampoco una coalición legislativa. De hecho, lo único que hasta el momento ha demostrado ese maridaje de partidos, es que a cambio de quién sabe qué (porque no es gratis) están dispuestos a apoyar las iniciativas del Titular del Poder Ejecutivo. Esa es la premisa y ese es el fin.

Esta coalición de pragmatismo se hace evidente desde el momento de que la coalición carece de contenido programático y de compromisos serios y causas comunes bien definidas. Los documentos a través de los cuales trataron de pasar de la alianza electoral a la coalición de gobierno, hoy se encuentran olvidados, junto con buena parte del contenido ideológico de cada uno de los partidos.

En esa desenfrenada lucha por conservar el poder, han privilegiado sólo las decisiones que buscan el relumbrón y la consolidación de su presencia. Pero hasta ahora, en las reformas legislativas, en el programa de gobierno, e incluso en los fines que persigue en común el bloque que domina los poderes Ejecutivo y Legislativo, no existe un contenido ni definiciones claras o de una predominancia de la derecha, o de una preponderancia de izquierda, e incluso tampoco de que ambos bloques hubiesen antepuesto algo de su ideología o intereses, en aras de construcciones o causas comunes establecidas y comprometidas en programas de trabajo.

Por eso, esta coalición que hoy gobierna sólo puede explicarse a partir de la lucha por la preservación del poder. Supieron bien que una vez que pudieran tener cierta competitividad, y un candidato a gobernador innegablemente fuerte en el terreno electoral como lo fue Gabino Cué Monteagudo, todo lo demás vendría por añadidura. Acostumbrados a no rendir cuentas a nadie, ni comprometerse a nada, una vez que ganaron asumieron el hecho de que un Congreso sin coalición era sinónimo de pluralidad (y con ello de dificultades mayores en la construcción de consensos). Y por eso decidieron ir por su coalición y decir que este era el instrumento idóneo para la democracia.

Los hechos han demostrado lo contrario. Es cierto que el Congreso ha aprobado reformas que pudieran ser trascendentales. Sin embargo, es también evidente que el costo político de ello ha sido hasta ahora subestimado; y también es evidente que esas reformas responden a otras necesidades e intereses que no necesariamente son el contenido programático e ideológico de una coalición legislativa como la que dicen ser, y que más bien tienen que ver con la preservación del poder.

LA NEGOCIACIÓN QUE VIENE

Si la nuestra fuera una democracia de verdad, entonces hoy debiéramos estar hablando de qué coincidencias políticas o ideológicas podrían ser determinantes para la construcción de una coalición entre dos fuerzas políticas de distintas inclinaciones. Aunque pareciera natural que las llamadas “fuerzas de izquierda” (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) se unieran en torno a un solo proyecto, es claro que ello no tendría por qué inhibir una discusión relativa a qué causas son las que defenderían en común, y qué objetivos deberían de trazarse al conformar una alianza electoral.

Si eso debiera ocurrir entre las fuerzas de izquierda, ¿qué tendría entonces que suceder ante el intento de unificación de partidos tan distantes como el PAN y el Partido de la Revolución Democrática o, también, de fuerzas con pocas coincidencias claras como lo es el albiazul con el Revolucionario Institucional? Tendría, en primer término, que ocurrir un proceso intenso de legitimación al interior de todas las fuerzas, pues no sólo se trata de indicar a los militantes y simpatizantes por quién deben de votar, sino de convencerlos de que esa ruta les permitiría, sí, alcanzar el poder, pero también llevar a cabo un programa de gobierno firme, basado en más sustancia que la sola lucha por el poder.

Para eso tendría que haber una negociación, pero de causas. Sin embargo, lo que realmente ocurre es una negociación de posiciones e intereses, en la que sólo se traba el compromiso político e ideológico, una vez que están asegurados los espacios y las condiciones en que deba ocurrir el reparto en el poder al tenerlo ya en las manos.

En un escenario como esos, resulta que quien se convertirá en moneda de cambio es, paradójicamente, el partido que menos aventajado resultó del último proceso electoral. Este es Acción Nacional, quien a partir de ahora tendrá que comenzar a construir no sólo su escenario de reconstrucción interna en todo el país, sino que en Oaxaca habrá de buscar el sostenimiento no de su plataforma política o su ideario, sino de la posición de preponderancia que ocupa en los Poderes del Estado y en el escenario político local.

Finalmente, en ese terreno es en el que los oaxaqueños veremos la negociación y el jaloneo por la construcción de las coaliciones y los bloques de partidos para los comicios estatales de 2013. No esperemos —porque nunca han ocurrido— discusiones ideológicas ni jaloneos por definiciones ni congruencias, porque lo que todos buscarán es afianzar sus posibilidades de remontar o sostener el poder que ya consiguieron.

Por eso mismo, veremos de nuevo postergada la posibilidad de ver una coalición legislativa o de gobierno. Y por eso seguiremos engañándonos con el discurso del gobierno de coalición, cuando ésta únicamente ha sido una coalición por el poder. Así sea del PRI, del PAN o de cualquier otra fuerza política. Porque, en el fondo, todas son iguales.

DESTELLOS NEGROS

Los que comienzan a dar nuestros flamantes nuevos diputados federales y senadores por Oaxaca. Sería bueno que a partir de ahora comenzáramos a vigilarles su productividad, propuestas y compromiso con el trabajo legislativo que hicieron prometer. Hace tres años, los que ahora se fueron, prometieron lo mismo. Y sólo entregaron baja productividad, ausentismo e indolencia por el compromiso hecho con la ciudadanía.

+ Proteger, sin violar legalidad y garantías

El pasado lunes, una patrulla de la Policía Estatal baleó a unos individuos en la comunidad de Reyes, Etla, en lo que luego el Secretario de Seguridad Pública Estatal calificó simplemente como “un incidente” y como “una confusión”, sin reconocer la gravedad de un hecho plagado de errores y de vacíos en los protocolos de seguridad que utilizan los elementos policiacos estatales para interactuar con la ciudadanía. Independientemente de la justicia que debe recaer sobre los responsables materiales del hecho, esta “confusión” no debe ser minimizada y, al contrario, debe servir como lección para que jamás vuelva a ocurrir algo como esto.

Un incidente es, por definición, un hecho que resulta ser accidental a otro, y que por ende sólo afecta marginalmente el resultado del asunto principal de que se trate. En este caso, sin embargo, el “incidente” en el que ocurrió una “confusión” entre elementos de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de cuando menos una persona. Y esto, además, estuvo enmarcado por la huida de los elementos policiacos responsables de realizar los disparos, y la posterior “presentación voluntaria” de los mismos ante las autoridades ministeriales para el “deslinde de responsabilidades”.

Esto es, en realidad, inaceptable. En diversas declaraciones de prensa, las autoridades encargadas de seguridad pública intentaron hacer pasar por válida una versión que, de cara a la ley y al rigor que debe acompañar a los cuerpos de seguridad, resultan inadmisibles. ¿Por qué?

Primero, porque lo ocurrido fue un ataque directo y artero, y no la respuesta a una agresión; segundo, porque no hubo un motivo fehaciente para justificarlo; tercero, porque el accionar de los uniformados fue a todas luces desproporcionado ante la actitud de los “sospechosos”. Y porque si damos por válida la explicación de las autoridades de seguridad, entonces tendríamos que estar aceptando, y legitimando, la posibilidad de que ante cualquier posible “desobediencia” a la autoridad fuese razón suficiente para que ésta dispare no para disuadir, sino para ultimar.

Veamos el asunto por partes. Pues, por ejemplo, en entrevistas radiofónicas, el comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, intentó explicar el nerviosismo y el ataque de los uniformados en la “actitud sospechosa” de los individuos a los que dispararon. Ese argumento (que quizá podría ser válido en términos coloquiales) es imposible de ser aceptado ante la ley y las garantías que tienen todas las personas de acuerdo con la Constitución de la República.

Pensémoslo detenidamente. ¿Qué es, legalmente, una “actitud sospechosa”? Es una respuesta imposible de responder, porque eso es algo tan subjetivo, que cada persona, cada corporación, cada elemento y cada mando policiaco, podría tener una definición propia de la “actitud sospechosa”, y posiblemente hasta un parámetro para identificarla y actuar en consecuencia, de acuerdo con cada circunstancia específica.

No obstante, lo cierto es que cualquier autoridad seria, y ante cualquier investigación o “deslinde de responsabilidades” igualmente bien constituido, el argumento de la “actitud sospechosa” es inaceptable, incluso hasta por ser terminológicamente impropio. De hecho, de aceptar la “actitud sospechosa” estaríamos también validando la posibilidad —que materialmente es real— de que cualquier autoridad, en cualquier circunstancia, y al margen de las garantías que nos otorga la Constitución, pudiera molestarnos, detenernos, revisarnos y transgredir nuestros derechos humanos más básicos.

Y aunque en los hechos así ocurre, sería contrario a toda lógica legitimarlo a través de argumentos inconsistentes e insuficientes ya no digamos para explicar un hecho como el aquí señalado, sino hasta para explicar la actuación en general de los cuerpos policiacos.

HACER JUSTICIA

Por ejemplo, el 3 de febrero de 2008, en un hecho más o menos similar, elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva que mantenían un operativo especial en inmediaciones de San Pedro Pochutla, dispararon contra siete jóvenes que viajaban en una camioneta que no detuvo su marcha ante las indicaciones de alto. En ese hecho, y tratando de justificarse también en la actitud sospechosa de los jóvenes, asesinaron a dos y lesionaron a otros tres. Según las notas de aquellos momentos, tras los hechos, cinco uniformados fueron detenidos por sus mandos y puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia.

En aquella ocasión, los uniformados, y la propia corporación, trataron de justificar el hecho en el posible nerviosismo por el asesinato del director de la Policía Auxiliar, Alejandro Barrita Ortiz, que había ocurrido cinco días antes de aquellos hechos. Sin embargo, al ser consignados, el Juez de Primera Instancia dictó auto de formal prisión en contra de los elementos por hallarlos probables responsables de la comisión de los delitos de lesiones calificadas con agravante de alevosía y ventaja, abuso de autoridad, y homicidio calificado también con agravantes de alevosía y ventaja.

Los familiares de los detenidos solicitaron también que se determinara la responsabilidad penal de quien fungía como delegado regional de seguridad pública en la Costa, aunque eso finalmente no ocurrió. Y aunque la entonces Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca emitió una recomendación (la CDDH/230/(17)/OAX/2008) en la que solicitaba que “los elementos de la Policía Estatal reciban instrucción y capacitación respecto de la conducta que deben observar, y se establezcan ejes y acciones para la prevención de conductas como las acreditadas”, eso, según los hechos, tampoco ocurrió.

Por eso, la SSPE debe darle la magnitud adecuada a los hechos ocurridos, y no sólo debe dejar de minimizar el hecho, sino facilitar las investigaciones para que algo así no vuelva a ocurrir. Los protocolos de seguridad deben servir para proteger, y no para agredir (o matar). Y la ciudadanía debe confiar en que su Policía sabe distinguir y ponderar hechos, y no sólo ordenar y tirar a matar cuando no se cumpla a pie juntillas lo que exigen a los particulares.

JUSTICIA CIEGA

Por todo ello, un acto verdaderamente de justicia debía dar, como es debido, a cada quién lo que corresponde. Lo que ya debía también haber ocurrido es, primero, la disculpa pública debida (no sólo a los deudos, sino a toda la sociedad), y la reparación del daño en todos los sentidos por lo cometido. ¿Eso ocurrirá? Esperemos que sí.