+ Provocaciones más inexperiencia, igual a conflicto

En un destello de humor mordaz, seguramente alguien en el Gobierno del Estado asegurará, si no es que ya lo hizo, que la beligerancia magisterial y el potencial conflicto que está en riesgo de estallar con la Sección 22 del SNTE, también es herencia del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Quizá eso sea lo que haya dicho o pensado el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, quien en más de una ocasión ha asegurado que ahí se encuentra el origen de todos los males que vive Oaxaca. Sólo que, en el caso de los hechos de ayer, éstos deberán de verse con más responsabilidad y menos simplismo, y no sólo a la luz del pasado, sino de los errores cometidos frente a una protesta en la que no había un solo motivo para que se saliera de control, y provocara el inmenso lío que ahora amaga con afectar a todos los oaxaqueños.

¿Qué ocurrió ayer? De acuerdo con la información preliminar dada a conocer en el transcurso del día por algunos medios informativos digitales, todo pareció comenzar cuando un grupo de profesores de la Sección 22 se acercó a las inmediaciones del Palacio de Gobierno, para tratar de romper el cerco que habían instalado elementos de las policías Estatal y Federal, para resguardar el espacio que sería objeto de la visita del presidente Felipe Calderón.

Según lo informado, al tratar de romper este cerco, los elementos estatales y federales repelieron la agresión, y ahí se inició una gresca que un par de horas más tarde se recrudeció, y que por la tarde ya alcanzaba matices similares a los vistos recurrentemente durante el conflicto magisterial y popular de 2006.

Al caer la noche, se informaba que la dirigencia magisterial había ya llamado a sus bases para iniciar un mega plantón; que, por otro lado, dos aviones con más elementos federales estaban camino a la capital oaxaqueña; y que los profesores de la 22 de nuevo instalarían barricadas y cercos de seguridad para protestar por lo que ellos ya calificaban como un acto de represión.

Todo esto parece tener una lógica exacta, si lo observamos a la luz de lo vivido y padecido por los oaxaqueños durante el conflicto magisterial de hace cinco años. No obstante, parece indispensable ir a la causa de la causa, para comprender con más precisión qué ocurre ahora, y cuál fue el hecho que detonó esta gresca que luego se convirtió en amenaza para la ciudadanía.

Sólo a partir de ello, y de tomar en consideración todos los elementos objetivos, y no sólo las percepciones, podremos forjarnos un criterio más exacto sobre lo ocurrido la mañana y tarde de ayer.

RECUENTO DE HECHOS

Un primer elemento que es indispensable tomar en cuenta, es el relativo a la ausencia de casualidades o actos fortuitos. ¿Por qué decir eso? Porque ante una visita presidencial, los órganos estatales y federales encargados de la gobernabilidad y el control político, construyen escenarios posibles y a partir de ello dialogan y negocian todas las posibilidades que se pueden dar en ese momento.

En esa lógica, la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, ya tenían perfectamente claro que la mañana de ayer los profesores marcharían y protestarían en el marco de la visita presidencial. Unos y otros —la dirigencia magisterial, y tanto la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro, como el secretario Particular del Gobernador Cué, Benjamín Robles— ya habían negociado y acordado con el magisterio que éstos tendrían entera libertad para marchar y protestar en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. A cambio, la 22 había pactado no tratar de llegar hasta el sitio en donde se encontraría el presidente Calderón, y el Mandatario Estatal.

Ese pacto, tan natural como las relaciones políticas entre los dos factores políticos más importantes del Estado, fue roto por algo que no resulta ser sino una verdadera imprudencia, y por alguien que no puede ser ubicado más que como un mero inexperto en la contención de manifestaciones o disturbios sociales que debe hacer toda corporación policiaca.

¿De qué funcionario y hecho hablamos? Nos referimos al secretario López Escamilla, y a su imprudente actitud no sólo de pretender dialogar con los manifestantes, sino también de poner en riesgo su vida y tratar de jugar al súper héroe frente a personajes que precisamente iban a buscar un error para tratar de generar violencia.

Así, al pasar los profesores por el lugar donde de manera retadora se encontraba instalado el secretario López Escamilla, aquéllos lo encararon y éste reaccionó cayendo en la provocación. Todo eso derivó en que el Titular de SSPE instruyera a sus elementos a detener a quienes lo estaban retando, a pesar de las recomendaciones del Estado Mayor Presidencial para que no lo hiciera.

Además, desatendiendo aquel principio básico de que la policía se encuentra sólo para resguardar, garantizar el orden y obedecer, y no para dialogar, el Titular de SSPE trató de entablar diálogo con los profesores que se manifestaban. Éstos, como era de esperarse, lejos de dialogar lo tomaron a traición y lo vapulearon como seguramente nunca antes nadie había golpeado físicamente a un Secretario de Seguridad Pública.

Así, lo que comenzó siendo un asunto que no debía pasar a mayores, motivado ciertamente por la combinación de la inexperiencia de un funcionario, con la beligerancia y el radicalismo de militantes fanatizados como los de la Sección 22, ya por la noche amenazaba con escalar de nivel y convertirse en un intento de reedición del conflicto magisterial.

La contención de ese tipo de manifestaciones debe desarrollarse en una lógica y estrategia específicas, las cuales tendrían que ir necesariamente más allá de la sola ingenuidad, imaginación e incluso visceralidad o inconsciencia de un funcionario. El problema hoy es que de nuevo la educación amenaza con perder el trecho apenas ganado en los últimos cinco años. Y la ciudadanía ve con desconfianza y temor los errores de un gobierno que, lamentablemente, pagamos todos.

¿Y LA SEGURIDAD?

Por cierto, habría que hacer una comparación quizá poco afortunada, pero sí bastante reveladora: en abril de 2010, la entonces secretaria de Seguridad de Michoacán, Minerva Bautista, fue atacada a balazos; más de dos mil disparos de AK-47 no fueron suficientes para lastimarla. Aquí en Oaxaca, una turba de radicales golpeó, sin más ni más, a quien ocupa esa responsabilidad en el gobierno estatal. Esas fallas son riesgosas y vergonzosas.

+ Censura: Acallar, provoca el efecto contrario

El pasado 3 de febrero, un grupo de diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, colocaron en la Cámara de Diputados una manta en la que hacían alusión al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Al día siguiente, al dar cuenta de esa información, la periodista Carmen Aristegui dijo en su noticiario radiofónico de la cadena MVS que era necesario que la Presidencia de la República aclarara el punto.

La supuesta difusión de un rumor, el despido de la presentadora de noticias por parte de la empresa, la posible molestia del gobierno federal por el cuestionamiento, e incluso el posible acto de censura, más que un potencial (e ilegal) control de la libertad de expresión por parte del gobierno federal, más bien parece una medida a todas luces errónea que, por donde se le vea, consiguió el efecto exactamente contrario al buscado.

Como si fuera una analogía perfecta, está demostrado que cualquier transgresión a la libertad de expresión resulta ser particularmente estruendosa. Ya en otras ocasiones, cuando algún medio informativo de la capital de la República decidió no publicar información u opinión de algún columnista, reportero o articulista, los cuestionamientos no se hicieron esperar, y mucho menos cuando en algo dicha decisión tuvo que ver, o fue “recomendada” o “sugerida” desde el poder público.

Si el gobierno federal tiene hoy la sensibilidad e inteligencia suficientes como para entender cómo debe ser una estrategia de medios efectiva, debe de saber que una lección primordial tiene que ver con evitar a toda costa interferir de manera visible en la estabilidad de los medios informativos, y de quienes trabajan en él. Todas las lecciones, en todos los lugares del país, indican que cuando se intenta aplicar censura por parte de un gobierno a la prensa, lo que termina ocurriendo es siempre un enorme estruendo que deja mal parados a todos, y santifica a trabajadores de la información que no necesariamente lo merecen.

Si volteamos a Oaxaca veremos muestras tangibles de ello. Hace seis años, el gobierno del entonces recién asumido gobernador Ulises Ruiz Ortiz decidió estallar una huelga en un medio informativo impreso de la capital oaxaqueña.

El objetivo, desde el poder, era el de acallar a un grupo político que tenía en su poder un diario; la inconformidad oficial radicaba en el constante cuestionamiento y señalamiento que hacía dicho medio al régimen gobernante, y a que su oposición no alineado y antioficialista le daba, naturalmente, ascendencia entre el público lector y le brindaba una credibilidad que en realidad no se basaba en otra cosa, más que su imagen de mártir y de perseguido por el poder.

En aquella ocasión, el pleito era eminentemente político, y no necesariamente por la libertad de expresión. En realidad, ésta era el vehículo, y la gasolina, de aquella disputa que tenía una naturaleza distinta. Finalmente, luego de meses de hostigamiento, de argucias legales, e incluso de un conflicto social en el que esa huelga fue uno de los ingredientes indiscutibles, el gobierno de Oaxaca entendió que tratar de acallar, así, cualquier forma de expresión a través de la prensa, no sólo era aventurado, ilegal, antidemocrático y antiético: también entendió que el saldo le era descomunalmente adverso, y que lejos de haber logrado cualquier “control” de la libertad de expresión, lo único que se había ganado era el repudio y la reprobación de la opinión pública nacional e internacional, que sin ver el pleito político de fondo, juzgaron todo como una afrenta abierta a la libertad de expresión. El medio informativo aludido finalmente ganó desde todos los frentes. Y los censores terminaron dependiendo de ellos.

EL CASO ARISTEGUI

Dos factores se contraponen de manera profunda en cuanto a la libertad de un periodista para expresar sus ideas: esa, la de la libre expresión, es una garantía consagrada por el Texto Constitucional vigente, por todas las leyes nacionales e internacionales y, sobre todo, convalidada y defendida por la sociedad misma.

No obstante, ésta se ejerce a través de empresas de medios que, aunque tienen la función pública fundamental de informar, en el fondo no son más que eso: empresas que se encuentran siempre sujetas a intereses, a conveniencias, a presiones económicas, apremios y también compromisos que, regularmente, algo tienen que ver con el poder.

Eso es lo que parece quedar en la base del pleito entre Carmen Aristegui y la empresa MVS. Si bien es cierto que la periodista debía tener garantizada su libertad de actuar y decir lo que deseara, en el marco de su ejercicio periodístico y la libertad de expresión, también lo es que todo esto se encuentra sujeto no sólo al arbitrio de la empresa y a sus conveniencias, sino también a sus normas internas y el contrato que firmó con la periodista.

Hasta hoy, nadie conoce el contrato laboral que firmó Aristegui con MVS, como tampoco existe dato preciso alguno que dé cuenta de cuál es el contenido del código de ética del que tanto se ha hablado, y que se ha dicho que fue la base para determinar su despido. Por si fuera poco, en base a esos dos elementos, nadie sabe cuál fue el criterio o el argumento para poder decidir que ésta se separara de sus funciones.

Si el gobierno orilló a su despido, lejos de ser una demostración de autoritarismo, lo que queda claro es que esa decisión no fue sino una soberana estupidez. Si lo que querían era acallar y neutralizar a Aristegui, consiguieron todo lo contrario porque no hicieron sino empoderarla.

Del mismo modo, si lo que trató MVS de quedar bien con el gobierno, consiguió todo lo contrario. Si finalmente el régimen del presidente Felipe Calderón no hizo nada para censurarla, y más bien fue una decisión particular u oficiosa de la empresa de medios, entonces el gobierno federal está pagando erróneamente un alto costo por el señalamiento de censura que hoy generalmente se le endilga.

PREOCUPANTE

En efecto, preocupa lo que ocurre en el Gobierno del Estado, que no encuentran ni la pauta indispensable para echar a andar su estrategia de medios. Si lo que pretenden es creer que con la “grilla” y el acaparamiento van a ganar, están equivocados. El “bono de credibilidad” del medio oficial, se desgasta rápida e irremediablemente. Y al estarle apostando todo a esa vertiente pronto los dejará solos, y más vulnerables de lo que ya son frente a las cotidianas fallas del llamado “gobierno de transición”.

+ ¿Qué hacer con la obra? Sensibilidad y demagogia

La velaria inconclusamente colocada en el Auditorio Guelaguetza es, en sí misma, una peligrosa disyuntiva para el Gobierno del Estado: en los dos extremos, la decisión entre permitir la conclusión de la obra o retirarla, representa una enorme pérdida para Oaxaca. Lejos de los manotazos o las apuestas por el olvido, la administración estatal debería comenzar a tomar decisiones más cercanas a la sensibilidad, y por tanto más alejadas de la demagogia.

Hoy, es claro que si algo se convirtió en icono de los excesos, de la suntuosidad y de la insensibilidad del gobierno que encabezó Ulises Ruiz, eso bien pudo ser la velaria del Auditorio Guelaguetza. Desde sus inicios, esa fue una obra controvertida, repudiada, cuestionada, señalada, e incluso tachada de inservible y faraónica, a la que, además, nunca se le pudo dar una explicación o justificación verdaderamente sustentada.

Si vemos el asunto en una perspectiva más clara, nos daremos cuenta que en realidad la velaria no fue sino una demostración más del tipo de gobierno que se ejerció en los pasados seis años. ¿Alguien recuerda cómo, y en qué condiciones, se realizó la remodelación del zócalo y la Alameda Central, en pleno corazón de la capital oaxaqueña? ¿Alguien recuerda cómo se decidió la remodelación de calles, parques, banquetas y demás que se hizo en el sexenio anterior?

En efecto, todo se hizo a través de la imposición, de los manotazos y de no tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. El gobierno de Ruiz, un día decidió que el zócalo citadino necesitaba remozamiento. Y sin proyecto, ni perspectiva, ni aprobación ciudadana y mucho menos con el respaldo de expertos, se lanzó a la empresa de levantar todas las lozas, pisos, canteras, jardineras, fuentes y demás de la Plaza de Armas. Y el costo que pagó —no sólo por eso, sino por los árboles caídos, por las protestas y por el repudio ciudadano—, fue alto: ahí se comenzó a gestar, en su contra, el conflicto magisterial y popular que en 2006 haría de Oaxaca un caos.

Sin embargo, pareciera que el gobierno de Ulises Ruiz no aprendió la lección. Contra viento y marea concluyeron una obra de remodelación del zócalo citadino, que hoy en día de nuevo ha sido absorbida por el maltrato y los excesos propios de una ciudad convulsionada permanentemente, como la nuestra.

Lo peor del asunto, es que todo lo relativo a esas decisiones controversiales, fue visto por el sector oficial como un asunto de medición de fuerzas, y no de la sensibilidad que se supone que debe tener todo gobierno para escuchar a sus ciudadanos. Cuando la ciudadanía manifestaba su genuina oposición, el gobierno lo tomaba como un asunto de afrentas políticas y entonces lejo­s ­de atender el ­llamado, endurecía las posiciones.

Protegían no sólo el posible negocio que pudiera estarse desarrollando a partir de la autorización de abundante obra pública, sino que también trataban de proteger con ello aquella engañosa imagen de “firmeza” e inamovilidad que, según su lógica, hacía al gobierno fuerte y respetable.

En realidad, la reiteración de esa caótica imagen de “fuerza” del Gobierno del Estado, no fue sino una implacable demostración de cuán insensible, autoritario e impositivo puede llegar a ser un gobierno, que sistemáticamente se niega a escuchar a todos los que se encuentran a su alrededor.

VELARIA COSTOSA

La obra del Auditorio Guelaguetza no sólo lleva implícito un altísimo costo económico, sino también político. De quedarse para la posteridad, esa velaria será como una verruga en el rostro de la capital oaxaqueña, que siempre nos recordará quién fue, y qué nos legó, el gobierno de Ulises Ruiz. Empero, de retirarla, también quedará la huella indeleble de cuánto dinero, por un negocio o por un capricho, finalmente fue tirado a la basura por no contar con el respaldo de la ciudadanía.

Hoy la velaria del Auditorio constituye un brete para el gobierno de Gabino Cué. Éste, al anunciar que la obra será concluida, se ganó la animadversión y el rechazo de importantes sectores de la sociedad oaxaqueña que no ven bien ni la obra, ni la complacencia oficial, ni las largas que se le están dando a la realización de una investigación seria para deslindar responsabilidades, y corroborar que en realidad la obra tiene el costo económico que sus constructores cobraron a las arcas estatales.

Sin embargo, viendo el asunto más fríamente podremos darnos cuenta de algo: ¿si se supone que la administración de Ulises Ruiz pagó la obra para que ésta fuera realizada hasta su total conclusión, entonces cuál debería ser el argumento del gobierno actual para impedir su culminación?

Es claro que al permitir que la obra se concluya, e incluso exigiendo su terminación, el gobierno estaría cumpliendo con su deber de corroborar que la empresa constructora no estuviera disfrutando recursos por una obra no realizada. De lo contrario, libremente le estaría regalando recursos que de uno u otro modo hacen falta en Oaxaca.

Así, es evidente que el problema no es que el gobernador Cué haya dicho que la obra se concluirá: el problema es cómo y en qué contexto lo dijo. Al haber primero asegurado que ésta se sometería a consulta, para luego decir que no y que la obra primero se terminará, es tanto como retractarse o aliarse a los intereses que primero había señalado negativamente. Y eso, aunque sea en apariencia, en política tiene un costo muy elevado.

Finalmente, el gobierno estatal no podrá, porque no tendrá los márgenes suficientes, para darse el lujo de que el olvido ciudadano convalide la obra. Necesariamente tendrá que someter a una consulta ciudadana el destino de esa velaria, y deberá actuar en consecuencia. No hacerlo, lo colocará fácilmente en la posición de estar refrendando todo aquello que primero repudió.

No lo puede hacer ahora, es cierto. Pero el reto desde ahora será no sólo someter la velaria a consulta, sino que desde ahora envíe los mensajes correctos a la ciudadanía, para que ésta no siga creyendo que ya se alió, por intereses, con sus adversarios.

UNA BURLA

¿Cómo se atreven a asegurar, las autoridades policiacas estatales, que la inseguridad ha disminuido? ¿No tendrán conocimiento, o minimizan, los secuestros, asaltos y extorsiones que se han recrudecido en las últimas semanas en Oaxaca? Son sinvergüenzas, o se engañan solos con cifras alegres. Lamentable.

Es un paso importante que el gobernador Gabino Cué Monteagudo anuncie que no habrá más bonos extraordinarios para los trabajadores de primer nivel en el Gobierno del Estado, durante su administración.

Aunque Oaxaca es una entidad carente de recursos económicos en abundancia, ya se había convertido en una práctica común la relativa a que los funcionarios de responsabilidad gozaran de sobresueldos discrecionales, que no sólo atentaban contra el principio de austeridad del servicio público, sino que también vulneraban gravemente el basamento de la transparencia y la rendición de cuentas que debe sustentar a todo gobierno democrático.

Particularmente, la administración del gobernador Ulises Ruiz hizo de los bonos discrecionales una práctica común, que de nuevo convirtió en un atractivo negocio el ocupar un cargo de responsabilidad en el Gobierno del Estado.

Aunque los sobresueldos habían sido reducidos paulatinamente hasta ser eliminados en anteriores administraciones, en el sexenio 2004-2010 buena parte de los secretarios de despacho, directores, coordinadores y demás empleados superiores del gobierno estatal, recibían habitualmente cantidades importantes de dinero por concepto de bonos extraordinarios, gestionados discrecionalmente a través de nóminas confidenciales autorizadas desde el más alto nivel.

En la mayoría de los casos, sin embargo, esos sobresueldos no compensaban el desempeño demostrado en la gestión pública, los resultados obtenidos en las responsabilidades encomendadas, y ni siquiera correspondían a criterios claros, sino simplemente a la decisión particular del gobernante para otorgarlos.

Toda la discrecionalidad que rodeaba a esos bonos —que eran ampliamente conocidos a nivel interno en las instancias administrativas desde donde se gestionaban para los funcionarios de primer nivel—, quedaba en evidencia cuando un ciudadano común pretendía saber, a través de los derechos que le otorga la Ley de Acceso a la Información Pública, a cuánto ascendía el salario neto que mensualmente percibía un funcionario a nivel de secretario o director general.

La respuesta, dada desde las mismas oficinas públicas, siempre fue la misma: remitían al ciudadano al tabulador oficial de salarios puesto a disposición del público como información de oficio; y en razón de ello nunca se dio cuenta —porque no iban a poner en evidencia esos sobresueldos— de los bonos o sobresueldos extraordinarios que éstos recibían a partir de nóminas confidenciales. De una manera poco ética, evadieron cumplir con uno de los principios fundamentales que, se supone, determinan hoy a todo gobierno democrático.

Así, cuando de manera expresa se cuestionaba sobre esos sobresueldos, siempre existían negativas, evasivas o retos para que fuera el ciudadano quien demostrara que, en efecto, se otorgaban esas retribuciones.

Esto demostró largamente que aún cuando un gobierno pudiere autodenominarse como austero y transparente, en realidad mucho de todo esto tiene que ver no sólo con las disposiciones de ley o con la voluntad de transmitir verdades completas al ciudadano que pregunta cuánto ganan los funcionarios; sobre todo, tiene que ver con la verdadera disposición de no otorgar beneficios económicos desmedidos a quienes en realidad deberían ajustarse al monto de su salario.

INEQUIDAD SALARIAL

Por si todo eso fuera poco, el otorgamiento de esos bonos extraordinarios también rompió con un principio de equidad y justicia para los empleados de nivel jerárquico medio que, sin temor a equivocarnos, en la última década han sido quienes, salarial y laboralmente, han sido más castigados. Habría que comenzar a poner atención a ese sector de los empleados públicos a los que se les debe mucho más que salarios justos.

Hablamos, particularmente, de los empleados denominados como “mandos medios” y trabajadores de confianza. Son todos los que se encuentran en medio, entre los funcionarios de responsabilidad —que integran la jerarquía más alta de servidores públicos locales, y que van desde secretarios de despacho, hasta directores de área—, y los trabajadores de base, que tienen asegurado un salario y la pertenencia a un sindicato, y que por tanto se encuentran más allá de todo vaivén político o cambio de administración en el gobierno estatal.

¿Por qué poner atención particularmente en ellos? Porque éstos han sido reiteradamente castigados salarialmente. Si se revisa con detalle, éstos han tenido menores incrementos salariales que el resto de los trabajadores. Si bien, ganan más que un empleado de base, también es cierto que sus responsabilidades están potencializadas de manera importante.

Esos empleados, hacen el trabajo que por la presión, la premura o el nivel de especialización requerido, no hacen los basificados. Y son exactamente esas mismas razones, las que hacen que los mandos superiores les deleguen a ellos muchas de las tareas que generalmente no realiza un director de área, coordinador, subsecretario, o secretario de despacho. Son, por tanto, quienes más trabajan de entre todos los empleados del gobierno estatal.

A éstos nadie les ha hecho justicia salarial y, por el contrario, lo que ha ocurrido es que el mismo gobierno estatal ha venido abaratando y degradando esas plazas que debían ser de particular importancia. Hoy, por ejemplo, un empleado de nivel Jefe de Unidad —que carga con responsabilidades importantísimas—, no gana más de 15 mil pesos mensuales; pero el nivel jerárquico inmediato superior, el de Director de Área, gana por lo menos el doble de ese salario. Pero las disparidades, en realidad, son visibles al revisar innumerables ejemplos que existen en el tabulador oficial de salarios de los empleados de confianza.

¿HACER JUSTICIA?

Sería saludable ir acortando esas brechas salariales que hoy existen entre los mismos empleados públicos. No se puede exigir un altísimo grado de eficiencia, ni preparación académica de primera, cuando los salarios no corresponden a las responsabilidades encomendadas. El gobierno estatal, sin embargo, sí lo ha hecho a lo largo de muchos años por insensibilidad, por conveniencia y, en el fondo, porque se aprovecha de la necesidad de trabajo de miles de profesionistas, que prefieren la explotación gubernamental en puestos de confianza, a ser parte de aquella masa amorfa, y masiva, llamada desempleo.

Twitter: @ortizromeroc

+ Nueva Constitución: ¿Qué opinan los expertos?

Este 5 de febrero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 94 años de vigencia. Aunque éste ha sido un documento en constante cambio y perfeccionamiento, hay muchos que opinan que nuestro Texto Constitucional debe ser reformado, mientras que otras voces aseguran que antes de pensar en realizar cambios estructurales, lo primero que debe hacerse es respetar la norma vigente.

En cualquiera de los casos, vemos que en nuestro país el dilema constitucional es plenamente vigente, y que debía ser algo más que una discusión remarcada, en uno de los extremos, por la ignorancia; y en el otro, por el excesivo intento de hacer elitista una discusión que debía ser —sin el demérito propio de la expresión— mucho más mundana.

Prácticamente a diario, los mexicanos hallamos quejas de nuestro gobierno, sistema político, democracia, forma de representación, e incluso por el funcionamiento del mundo burocrático y la forma en cómo la ley es tan poco respetada. Fundamentalmente, ubicamos esos problemas en el extremo de la ley; pero le damos muy poco crédito, por nuestra propia conveniencia, al extremo de las personas. ¿De qué hablamos?

De que, esencialmente, éste es un problema legal, pero también es un problema de respeto de la ley. Es decir, que en la misma medida que la ley es buena o mala, o es también la disposición y la cultura que tenemos las personas para comprenderla y respetarla. En ningún lugar del mundo existen las normas perfectas capaces de regular a todos los individuos independientemente de su voluntad por la legalidad, como también es simplemente ideal e inexistente el sitio en el que la convivencia sea perfecta, y en donde, por tanto, sea innecesaria la existencia de leyes.

Esto es esencial para entender muchos de nuestros problemas como nación. Si bien es cierto que la Constitución General de la República es de las más antiguas a nivel continental, también lo es que ésta ha tenido una observancia voluntaria y dinamismo tal, que hoy el Texto Constitucional vigente, en poco se parece al que fue promulgado en 1917.

No obstante la Constitución, a pesar de ella, o por responsabilidad de ella, vemos que hoy nuestra nación está llena de convulsiones que irremediablemente nos llevan a preguntarnos si las leyes domésticas regulan la vida institucional correcta o si, por el contrario, es necesario darle un nuevo rumbo al país a través de la Constitución.

En ese sentido, el argumento reduccionista habría de llevarnos a creer que las leyes vigentes no sirven y que por tanto es urgente renovarlas. Por el contrario, una postura excesivamente conservadora, podría decirnos que el camino es el correcto, y que no es necesario ningún replanteamiento constitucional en nuestro país.

Esa primer postura es la común de muchos ciudadanos; y la segunda, es la siempre asumida por los gobernantes en turno, que si bien no tienen todos los mecanismos para concretar sus proyectos de gobierno, sí terminan resignándose a hacer lo que se pueda durante su gestión, sin atreverse a tratar de tocar un marco institucional hoy marcado por la pluralidad, como también por la falta de acuerdos, liderazgos e incluso de gobernabilidad entre quienes tienen en sus manos el futuro de nuestra nación.

¿NUEVA CONSTITUCIÓN?

En ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué piensan al respecto algunos de los constitucionalistas más importantes de México. Recientemente, la revista especializada El Mundo del Abogado, hizo la pregunta “¿Necesitamos una nueva Constitución?” a varios de los más importantes investigadores en materia constitucional. Las opiniones son diversas y enriquecedoras. Aquí, resumidas, reproducimos tres.

Diego Valadés opina que “Desde hace varios años existe la necesidad de una profunda reforma constitucional. La decadencia de varias de nuestras instituciones está en el origen de muchos problemas actuales del país. Sin embargo, los dirigentes políticos no han tenido la capacidad suficiente para llevar a cabo la reforma de Estado. Una de las consecuencias de esta omisión es el acentuado envejecimiento de la norma suprema.

Además, la sociedad se ha acostumbrado a las violaciones a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. El ejército y la marina sólo habrían podido participar en tareas de seguridad si se hubieran suspendido las garantías en los términos del artículo 29. El hecho es que hoy los partidos políticos guardan silencio y la sociedad acepta las violaciones constitucionales. Este fenómeno se conoce como anomia e implica la pérdida de adhesión espontánea a la Constitución. Sólo una reforma de excepcional importancia podría restituir a la Constitución su muy menguado prestigio. De no ocurrir así, en el mediano plazo será inevitable un nuevo pacto político…”

Miguel Carbonell, por su parte, dice que “La Constitución mexicana de 1917 ya cumplió su ciclo histórico. Si la comparamos con muchas de las constituciones de América Latina veremos con claridad su evidente retraso, su falta de sistematicidad, sus contradicciones internas, su anquilosamiento, sus insuficiencias. No tengo la menor duda de que el país requiere un nuevo texto constitucional, apropiado para la consolidación de una democracia moderna, con un catálogo bien ordenado y completo de derechos fundamentales y con mejores arreglos institucionales en lo que concierne a la división de poderes.”

En contraposición, Elisur Arteaga Nava apunta que “Es la ignorancia lo que lleva a proponer el tema de una nueva Constitución. No hay problema nacional que no encuentre solución en el texto actual. Esto es válido a pesar de los muchos defectos que hay en ella. En este momento lo urgente es que gobernados y gobernantes conozcan la Constitución, respeten su texto, que los jueces se atengan a lo que ella manda, sin importar quiénes son parte en los procesos de que conocen. No estaría de más dejarla reposar cuando menos un año, no reformarla, no manosearla con reformas mal pensadas o innecesarias. Éste pudiera ser un buen propósito de año nuevo.”

RESPETAR LA LEY

En el fondo, el imperativo más importante debía ser, independientemente de si urge o no una nueva Constitución, el del respeto a las leyes vigentes. Es cierto que la institucionalidad podría ser mejor con nuevas leyes, pero también lo es, que podría haber un mejor panorama con un mejor sentido de legalidad. Y ni eso, que toca a los ciudadanos, tenemos.