+ Mujeres y jóvenes deben participar en igualdad

Una de las “innovaciones” que contiene el nuevo Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEEO), es el establecimiento del principio de “paridad de género”, a través del cual se pretende que al menos el cuarenta por ciento de todas las postulaciones partidistas a cargos legislativos estatales sean para mujeres. Este supuesto avance, en realidad no hace más que revelar el grado de atraso que tienen los partidos políticos oaxaqueños en su civilidad y prácticas internas reales; y en el mediano plazo, revelará también que su falta de apertura para el ejercicio de la política los llevará a una crisis de cuadros (mujeres) no sólo con posibilidades de ser postuladas, sino de ganar una elección.

En efecto, el numeral 7 del artículo 153 del recién aprobado Código Electoral oaxaqueño establece que “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad de género.”

Esta disposición constituye la oficialización de un raro tipo de discriminación que, aunque inicialmente se aprecia como positiva, en realidad es también un reconocimiento de la incapacidad de los partidos para generar una práctica paritaria entre hombres y mujeres, e incluso también la proclividad de ciertos grupos minoritarios por querer ganar los espacios a través de cuotas, y no de competitividad y trabajo electoral real.

Y no. No se trata de ser triunfalistas, como tampoco de simplemente ubicarse en el ámbito de lo políticamente correcto, o incluso del pesimismo, sin apreciar en toda su magnitud la realidad política que nos rodea en Oaxaca. Y es que si inopinadamente nos ubicamos en la primera de las hipótesis, podríamos decir —lejos de cualquier intento de análisis— que con esa disposición establecida en el CIPPEEO las mujeres ganarán los espacios que hasta ahora les han negado los hombres que controlan los partidos y las postulaciones en la entidad.

Si nos inscribimos en esa postura, entonces estaríamos diciendo que el siguiente paso tendría que ser el del establecimiento de una cuota para jóvenes, y después diríamos, al ser conseguida, que ese habría sido el último paso para conseguir una democracia plena… hasta que buscáramos incluir a la vida partidista y legislativa, a otro sector minoritario. Sin embargo, estaríamos claramente equivocados. El hecho de que el Código Electoral haya establecido una cuota de género, apenas si nos sirve para corroborar el grado de atraso real que tiene nuestro sistema político y de partidos. ¿Por qué?

Porque, en primer término, algo tan potestativo y libre como la vida interna de los partidos, y sus definiciones, ahora se verá determinada por obligaciones legales que deberán cumplir, independientemente de que existan o no los espacios para la participación de las mujeres en los asuntos partidistas y el trabajo proselitista o, lo que es peor: que más allá del hecho material de que en los partidos políticos haya no sólo mujeres suficientes, existan también féminas capaces de aportar lo necesario para la vida pública de la entidad, y no sólo ser parte de una cuota que sirva para cumplir un requisito legal, y para ocupar espacios en las Legislaturas sin productividad ni propuestas.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

En todo esto, el primer paso deberá constituir en fortalecer la vida democrática al interior de los partidos. Pensemos no sólo en partidos como el Revolucionario Institucional, Acción Nacional o el de la Revolución Democrática, sino en fuerzas claramente testimoniales como el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano o el Partido Unidad Popular. ¿A cuántas mujeres les permiten esas fuerzas políticas la participación no sólo en el trabajo territorial, sino que les permiten el privilegio de las postulaciones?

En el caso de los llamados partidos grandes, la participación de las mujeres en política es más o menos tolerante, y tolerada. Sin embargo, la propia realidad nos indica que en esos partidos el grado de apertura hacia las mujeres no es el deseable. Y no sólo porque éstas tengan pocos espacios, sino porque hasta ahora los partidos en general han fracasado terriblemente en la posibilidad de generar simpatías entre los distintos sectores de mujeres que podrían tener una participación destacada en la vida pública. Por eso, en los partidos son pocas las mujeres que participan; difícilmente existen relevos generacionales entre ellas; y de las que participan, muy pocas tienen la capacidad real para ser competitivas y de ganar comicios en igualdad frente a otra mujer u hombre.

Si eso sucede en los partidos grandes, lo que pasa en los partidos “morralla” es aún peor. En ellos, ni siquiera existe la discusión sobre las cuotas de género o sobre la necesidad de participación de las mujeres, porque éstos evitan generar simpatías entre más personas que no sean las que integran el grupo dominante y, en la práctica, el único que existe en el partido.

Pensemos, por ejemplo, en el Partido Unidad Popular, que hasta donde podemos recordar no había realizado postulaciones de mujeres a cargos relevantes de elección popular, hasta que, más por rentabilidad electoral que por tener auténtico convencimiento sobre la apertura de la política a las mujeres, abanderó a María de los Ángeles Abad Santibáñez como candidata a la gubernatura del Estado.

Eso, aun cuando no es mucho, es lo más que se puede decir de los partidos pequeños, que han evadido, y se sienten ajenos a este tipo de disposiciones. Lo que demuestran todos, en el fondo, es que su alto grado de cerrazón y antidemocracia genera las condiciones necesarias para que en la ley se obligue a algo que debía ser natural.

¿CUOTAS O CUALIDADES?

Las mujeres, los jóvenes, y todos, debían tener igualdad y equidad de condiciones para participar en política con las mismas posibilidades. Sus cualidades principales no se encuentran en el género, sino en sus capacidades políticas e intelectuales, y en la sensibilidad y fuerza que puedan tener para defender las causas de todos. Creer que los espacios se ganan sólo por cuotas es tanto como resignarse a la incapacidad natural. Y, en un cierto paternalismo, sentarse a esperar a que la ley les dé lo que ellos no pueden conseguir.

+ Agenda integral; diputados, más que gestores

Lunes 27 de agosto de 2012

A escasos días de tomar posesión como integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ya sostuvo una primera reunión de trabajo con algunos de los nuevos legisladores federales por Oaxaca. Aunque según lo informado, el tema fundamental que se trató fue el presupuestal, es evidente que la sinergia entre el gobierno y los diputados y senadores debiera ir más allá de la sola gestión de recursos. El problema es que nadie quiere comprometerse a hacer más que el trabajo presupuestal. Y quién sabe si verdaderamente el gobierno pueda contar con ellos como aliados hasta para el tema presupuestal.

Existen varias razones para la duda. En primer término, uno de los temas que, paradójicamente, estuvo totalmente ausente de todas las campañas políticas, fue el de las verdaderas propuestas legislativas. El proceso comicial en el que fueron electos los 17 legisladores federales que ya sostuvieron su primera reunión de trabajo con el gobernador Gabino Cué, no fue distinto de todos los anteriores. Es decir, que más allá del clientelismo y los vicios para la cooptación del voto, este proceso fue de meras inercias, lugares comunes y propuestas genéricas. Los hechos así lo indican.

En este sentido hubo dos vertientes. La primera, que fue la más cómoda, y que utilizaron prácticamente todos los candidatos a diputados federales, fue la de seguir el discurso de su candidato presidencial, y de ceñirse a los slogans preestablecidos por agencias de publicidad para las campañas electorales.

Frases como “primero los pobres” o “Vamos por el cambio verdadero”, fueron los únicos compromisos que signaron de manera más o menos firmes los nuevos legisladores con sus representados. Ninguno trabajó en la construcción de una verdadera agenda legislativa, posible y acorde con los intereses de los ciudadanos a los que representa. Por eso, en la gran mayoría de ellos no existe una referencia clara de cuál será el compromiso, la bandera o la causa que seguirá como legislador federal.

En el extremo opuesto se encuentra la otra vertiente. Esta es la de la propuesta propia de quien aspira a un cargo ejecutivo, y no a una curul o a un escaño en el Congreso federal. Esa fue la lógica que siguió, en particular, la campaña al Senado de la República del michoacano Ángel Benjamín Robles Montoya.

Éste, en diversas ocasiones retó públicamente a los demás aspirantes a la Cámara alta a que presentaran propuestas en temas relacionados estrictamente con el gobierno (desarrollo social, vivienda, economía, salud, etcétera), y no con el Congreso, y particularmente con la Cámara de Senadores a la que finalmente llegó, pero también sin compromisos claros relacionados con los temas que sí tiene atribuciones constitucionales de conocer ese Poder y esa representación legislativa en específico.

Lo más grave es que si Robles Montoya erró gravemente en su intento por hacer una mini campaña de Gobernador, en lugar de centrarse en los temas que sí son propios el Senado, los demás legisladores electos están en condiciones peores que él, si lo vemos desde la perspectiva de que la gran mayoría de ellos demostraron no tener ninguna idea clara, ni compromiso, sobre qué irán a hacer a las cámaras legislativas.

Al parecer, todos se conformarán con la simple tarea de “cachar” temas al aire en las comisiones legislativas en las que les toque participar, de ocupar sus curules y escaños para incidir en la política y en la vida pública de la entidad, y de tratar de incidir en la política interna de la entidad, en sus partidos y en los cacicazgos que representan. De ahí surgen muchas de las dudas sobre la verdadera visión de Estado y de lo que es verdaderamente el Poder Legislativo, que puedan tener nuestros nuevos diputados federales y senadores por Oaxaca.

LO PRESUPUESTAL

SIEMPRE INTERESA

La determinación del presupuesto que se asignará a Oaxaca el próximo año, en gran medida partirá de la relación que construya, o que ya haya construido, el gobernador Gabino Cué con el Partido Revolucionario Institucional. Pues aun cuando en la entidad tiene una mayoría abrumadora de diputados y senadores aliados (fundamentalmente perredistas), lo cierto es que la LXII Legislatura federal arrancará trabajos con un PRI que, entre él y sus aliados, conforma una mayoría simple (250+1) necesaria para impulsar, solo, el Presupuesto de Egresos de la Federación, con grandes posibilidades de que sea ratificado por el Senado de la República, en el que también tiene cierta ventaja.

Si esto es así, ¿entonces qué harán los legisladores por Oaxaca? Lo obvio: se encargarán de vigilar y hasta “corretear” el presupuesto que se asigne. Eso les interesa y les conviene por naturaleza. Pues cada diputado tiene una faceta material de gestor, y a partir de eso incide en el otorgamiento de parte de esos recursos económicos para las comunidades que representa y en las que tiene intereses políticos.

Y es que todos los legisladores, sin excepción (pues así lo han hecho siempre), buscarán llevar recursos para sus comunidades no sólo para generar bienestar, sino sobre todo para afianzar sus cacicazgos y liderazgos, y para a partir de eso poder colocar a presidentes municipales, diputados locales, y hasta a sus propios sucesores… todo en una escala en la que el manejo, la gestión y hasta la aplicación de los recursos públicos son un lucrativo negocio del que ellos son parte, porque también obtienen ganancias (y no pocas).

Por eso a todos los diputados les interesa ser gestores. Por eso, también, por razones naturales, a los diputados no les temblará la mano para ir a pelear por más presupuesto. Quien diga que ha pasado por una Legislatura federal sin darle “pellizcos” a los recursos que consigue, miente aparatosamente.

Por eso, todos están centrados en esos temas. Y por eso todos desdeñan la posibilidad de ir a defender otras causas que no sean las presupuestales. Esta, aludiendo al refranero, es una nueva forma no de darles, sino ponerlos donde hay. Y miren que ahí hay mucho.

MUCHO BLA, BLA, BLA…

El de instancias como la Secretaría de la Contraloría, que cada que puede revela nuevas cifras sobre los cientos de expedientes que existen en contra de funcionarios de la pasada administración. El problema es que todo se queda en expectativas, porque de los tres mil 400 millones de pesos que constituyó “el saqueo”, y de “los saqueadores”, aún no se sabe nada. El discursito no les servirá para siempre. Faltan hechos.

+ Sólo mantener la paz no es insuficiente

Parece cíclico el hecho de que, ante ciertos hechos, el gobierno —independientemente del color partidista en el poder— tenga que salir al paso para reiterar que hay gobernabilidad y que lo que ocurre es parte de la actividad política relativamente normal de la entidad. También es cíclico que la oposición (también independientemente de los partidos y colores que la compongan) denuncie que el siguiente paso es el estallido social, pero que no sólo no hagan nada para remediar la situación, sino que abonen a su enrarecimiento. Si Oaxaca desea mejorar realmente sus condiciones, debe ir más allá de lo que se consigue hasta ahora y lograr verdaderamente avances en materia de control político.

En efecto, lo que ocurre hoy no es distinto de lo que ha pasado en otros años. Crímenes inundados de tintes políticos; protestas de grupos sociales; agresiones entre particulares, hechos delictivos de gran calado, y cuestionamientos interminables por parte de grupos opositores. Ante ello, prevalecen las dos versiones (la oficial y la opositora) que pretenden resolver todo sólo en el terreno de lo discursivo, pero que realmente tienen poca capacidad y elementos para poder incidir de mejor forma en los asuntos públicos, como la gobernabilidad o la paz social.

Todos, sin embargo, se conforman con lo que hay. Hasta ahora, el gobierno se ha seguido conformando únicamente con mantener las condiciones mínimas de paz. Ocurren ciertos hechos que son considerados como relevantes, pero que son minimizados y considerados como cuestiones aisladas. La oposición, por su parte, cumple con su posición de denunciar, pero anticipadamente asume que el responsable de la gobernabilidad es, valga la redundancia, el gobierno. Y ellos, por consiguiente práctica de la política mexicana, deciden no ser parte de la solución, sino continuar siendo parte del problema.

¿Qué ocurre entonces? Que el resultado es todo lo mediocre de siempre. Aprovechan el hecho de que los oaxaqueños nos hemos acostumbrado a asumir como “normales” ciertas condiciones sociales y de gobernabilidad, que para otras sociedades serían simplemente inaceptables.

El gobierno toma ventaja como eso para continuar sosteniendo la gobernabilidad simplemente con alfileres sin esforzarse más; y la oposición se encarga de administrar esas agujas pero sin abonar a su consolidación y, al contrario, procurando que las condiciones sean lo más extremas posibles para que a partir de eso puedan continuar medrando y obteniendo ganancias políticas, a costa de los daños a terceros y de la desgracia de las personas.

Lo grave de todo este asunto es que siempre son otros lo que pagan el costo de sus ambiciones y deficiencias. La gobernabilidad, siempre termina siendo la moneda de cambio en todos los conflictos. Y entonces ésta deja de ser herramienta y se convierte en rehén de los grupos que pretenden apoderarse de ella, pero también del gobierno que al no poder sostenerla con las bases firmes, constitucionales y democráticas que debería, nos engaña descaradamente, haciéndonos creer que gobernabilidad es ese austero sostenimiento de la paz social apenas con las condiciones mínimas —y a veces ni eso— para que los particulares podamos llevar a cabo ciertas actividades.

Frente a esas condiciones inaceptables, los ciudadanos deberíamos exigir civilizadamente, y no conformarnos con lo poco que se puede procurar respecto a la gobernabilidad.

¿Y EL PACTO?

Un gobierno verdaderamente comprometido con la gobernabilidad debía convocar no sólo a la firma de un gran pacto a favor de Oaxaca, sino al cumplimiento de condiciones estrictas para generar no sólo condiciones de paz social pendidas de hilos, sino auténticas condiciones de gobernabilidad en la que todos puedan gozar de derechos a cambio de cumplir con los deberes. Esa debiera ser, es cierto, una tarea de los particulares, pero también de los grupos de lucha social, del gobierno y de los supuestos aliados con los que gobierna.

Uno de los aspectos fundamentales, que está perfectamente diagnosticado políticamente pero que sigue sin atenderse, es el relativo a la atención efectiva a la problemática social y a los problemas políticos. Y es que muchos. Muchísimos conflictos se desbordan no porque las diferencias entre grupos sean irreconciliables, o porque las demandas sean inalcanzables para el gobierno.

En la gran mayoría de las ocasiones, los líos surgen porque no hay voluntad para resolverlos; porque la desidia puede más que la capacidad de atención y resolución; porque quienes tienen el deber de conocerlos están distraídos en cuestiones banales; o porque, en más de un caso, resulta ser que los encargados de resolver el problema son los mismos que lo están generando y alimentando no de causas, sino de chismes y de banderas.

A la par de ello, se encuentra el auténtico control de la gobernabilidad, que al menos en Oaxaca no existe. Aquí, lo acepten o no, existe un control atomizado de la gobernabilidad. Y es que ésta es imposible de sostener, cuando existe un encargado de la política interna totalmente disminuido y apático de sus responsabilidades; cuando existen otros personajes que, sin tener esa encomienda, pretenden incidir en la gestión política de la entidad; y cuando todos quienes se encuentran alrededor de esos conflictos están más preocupados por asuntos diversos que por verdaderamente dar respuestas a los ciudadanos, citadinos y del interior del estado, que muchas veces deben llegar al grado de la protesta para hacer valer sus peticiones y para ganar la atención de las autoridades.

En todo esto, debíamos preguntarnos si el pacto de gobernabilidad tantas veces sostenido por la Secretaría General de Gobierno, es una herramienta útil. Pues ha quedado claro que todo ha sido tan poco vinculante como los llamados a misa. Y que de todos modos las cosas siguen pendiendo del cauce mínimo en el que hay paz, pero que esa paz no puede asumirse como gobernabilidad o como el control que el gobierno dice sí tener.

MEDIDAS URGENTES

Las que debían tomar las más altas esferas del Gobierno del Estado, con el director del Cecyteo, Víctor Raúl Martínez Vásquez. Ante su nula actuación frente a las protestas del MULT, la agresión que sufrió anteayer uno de sus principales dirigentes, y el señalamiento de responsabilidad que hace en su contra el movimiento triqui, lo menos que debieran hacer es pedir su separación del cargo para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades correspondiente. Es lo mínimo que debiera ocurrir.

+ Sindicato o grupo de lucha social, el “dilema”

La discrecionalidad de las negociaciones anuales, es sólo una de las aristas del complejísimo problema que representa para el Estado su trato con la Sección 22 del SNTE. El problema de fondo, es que el magisterio oaxaqueño ha capitalizado con enorme ventaja su “indefinición” entre ser un gremio progresista que lucha por la situación y los derechos de los trabajadores, o ser un grupo de lucha social que, según su misma lógica, representa al “pueblo de Oaxaca”. Mientras se siga tolerando esa vaguedad deliberada, el gobierno y los oaxaqueños continuaremos lidiando con un grupo fuerte pero sin moral ni palabra, que es capaz de tomar por rehén a sus supuestos representados con tal de conseguir sus intereses.

En efecto, la víspera el artista plástico Francisco Toledo decía sobre las discrecionales negociaciones “a puerta cerrada” que cada año entablan el gobierno y la Sección 22 que “Las autoridades saben qué pueden ofrecer en las negociaciones, pero los ciudadanos nunca saben lo que se hace, se ofrece o el teje y maneje de los arreglos a los que se llegan; por eso, desde siempre se ha querido saber que ocurre entre ellos”.

Por eso proponía, como conclusión de un foro educativo al que convocó en días pasados, que tanto el gobierno como la Sección 22 “permitan a la sociedad civil participar en los procesos de búsqueda de una solución a la situación de la educación en Oaxaca, a través de realizar una serie de reuniones con miembros de distintos grupos civiles, entre ellos padres de familia, representantes de cámaras de comercio, intelectuales, e iglesia, cada año antes y después del mes de mayo para conocer las peticiones del sindicato magisterial y la postura gubernamental respecto a la mismas. Esto, con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de negociación cuya resolución nos impacta a toda la sociedad”.

Aunque es una propuesta sensata, y sin duda democrática desde sus principales flancos, parece a todas luces inviable ante las prácticas intransigentes de la Sección 22 y la tibieza del gobierno estatal para no sólo ceder ante las presiones magisteriales, sino para entablar un auténtico proceso de negociación en el que, idealmente, pudieran concederse múltiples y recíprocas concesiones.

En los últimos años, ha quedado claro que, en ese caso en específico, la Sección 22 se ha negado sistemáticamente a abrir sus procesos de negociación a la sociedad. En ese, y todos los casos que atañen a su relación laboral y económica con el Gobierno del Estado, siempre se asumen simplemente como un gremio que se encuentra defendiendo los intereses de los trabajadores que lo integran.

Por eso, exigen que la negociación no sea transparentada (incluso, para cuestiones como esa podrían servir las señales de radio y televisión gubernamentales) y, hasta hace pocos años, tampoco permitían que los resultados de esa negociación fueran expuestos por la parte oficial. La única verdad válida era la de ellos, aunque en ella no dijeran del resultado completo de sus negociaciones.

Hoy, sin embargo, uno de los máximos logros que ha obtenido la administración estatal radica en poder hacer públicos los resultados de la negociación. El punto clave esta que el problema de fondo no radica en el solo resultado de las negociaciones, sino en el hecho de que nadie sabe cómo se llega a él y, sobre todo, a qué acuerdos extra sindicales llegan los representantes oficiales y los dirigentes sindicales, para poder pactar lo que finalmente informan a la sociedad como resultado de sus negociaciones.

Se engaña todo aquel que crea que las negociaciones anuales del gobierno y la Sección 22 incluyen sólo los contenidos en el pliego petitorio, y que no se valen, unos y otros, de exigencias u ofrecimientos de prebendas como herramientas para “aflojar” una negociación que los mismos profesores paristas hacen cada año más compleja y ríspida.

NEGOCIACIÓN TRANSPARENTE

En la negociación anual de la Sección 22 y el gobierno, lo que se transige es la entrega de recursos públicos. Por esa sola razón, un proceso de negociación totalmente abierto y transparente no transgrede los principios sindicales (aunque sí sus prácticas discrecionales, que no son intrínsecas la vida o democracia gremiales) y sí debía ser derecho de conocimiento de todos los oaxaqueños. Finalmente, lo que se negocia son recursos de todos, y todos debíamos saber cómo se alcanzan tales acuerdos.

La finalidad de esa demanda, ciertamente, es política. Y es política simplemente porque nos atañe a todos (pues la definición clásica del hecho político, dice que éste es todo aquel que incumbe al interés general). Sin embargo, eso, que debía ser un acto democrático fomentado por la misma Sección 22, es negado en todos los sentidos posibles. A los maestros “democráticos” no les interesa incluir a la sociedad (o “al pueblo de Oaxaca”, como ellos dicen) en esos procesos, sino más bien les interesa medrar con esa bandera para otros fines, cuando éstos son no políticos, sino de la lucha social que realizan en paralelo a sus prácticas sindicales.

Y es que los maestros de la 22, sólo esgrimen su defensa y representación del pueblo de Oaxaca, cuando se trata de asuntos que rebasan la esfera sindical, pero que también les atraen o les interesa o les conviene. En innumerables ocasiones, los maestros democráticos se han inmiscuido en asuntos que originalmente no les incumbían, y para hacerlo se justificaron en el hecho de que ellos rebasan las solas finalidades sindicales, y son auténticos defensores del pueblo de Oaxaca.

No lo son. Y es que si lo fueran, entonces lo primero que harían es abrir las negociaciones con el gobierno estatal, para de ese modo no solamente permitir que todos los oaxaqueños se enteraran de qué y cómo se negocia, sino también para que a partir de eso se establecieran compromisos firmes no con el gremio o la política o la gobernabilidad, sino con la educación.

DEMANDA IMPOSIBLE

No lo hacen, ni lo harán, porque todos los procesos de la Sección 22 están hechos para recibir todo a cambio de nada. Dicen defender al pueblo de Oaxaca aunque nunca le han procurado un verdadero bien. Dicen también defender la democracia aunque, como dice el refrán, sólo en la casa de sus vecinos. Dicen defender la educación. Pero con todo y todo, Oaxaca sigue estando en el cabús de los índices educativos del país. El problema es que a la 22 se le tolera todo. Y como lo saben, van por todo, a cambio de nada. Porque nadie se los puede exigir.

+ Díaz Bautista y detractores: son iguales

No extraña que hoy haya una feroz guerra dentro del partido Movimiento Ciudadano. Ese partido, que fue quien inicialmente impulsó al hoy Gobernador del Estado en sus primeras aventuras políticas a principios de la década pasada, se encuentra en un insólito estado de abandono, propiciado no sólo por su baja competitividad electoral sino también por la voracidad de quienes lo han dirigido en los últimos años. Su desgracia no viene de ahora. Y lo que hoy padece es sólo uno más de los resabios de una disputa que ya es añeja.

En efecto, las disputas por Movimiento Ciudadano tienen nombre y apellido. Por un lado, se encuentra el grupo identificado con Alberto Esteva Salinas, y por el otro el que ha impulsado el hoy senador electo del PRD, Benjamín Robles Montoya. Los vaivenes del otrora Partido Convergencia siempre han tenido como riel principal la disputa entre militantes de arraigo y advenedizos. Y a partir de eso puede explicarse gran parte de lo que actualmente ocurre.

Hoy el control del partido lo tienen los benjaministas, a través de la figura de Saúl Rubén Díaz Bautista. Su arribo al partido fue parte de una batalla en la que se midieron Robles y Esteva no ante la militancia anaranjada, sino ante los grupos de poder que hace justamente dos años se encontraban aún en la “borrachera democrática” de la victoria en los comicios de Gobernador.

Aunque varios militantes convergentes intentaron participar en lo que se supone que sería el proceso abierto para la elección de dirigente, la línea fue implacable en el sentido de que el único que debía registrarse era el derrotado ex candidato a la alcaldía de Santa Lucía del Camino, Díaz Bautista. Y lo más que alcanzaron a negociar los grupos estevistas, fue la entrega de la Secretaría General del entonces PC a la diputada local, Margarita García García.

Eso, como era de esperarse, no resolvió nada. Pues la cohesión y las buenas cuentas que dejó Mario Arturo Mendoza Flores como líder estatal del partido naranja, pronto se convirtieron en desencuentros y abiertas peleas en quienes se habían quedado con el partido. El Presidente no tenía ningún tipo de acuerdo o simpatía con la Secretaria General. Y pronto vino a una nueva disputa feroz, cuando desde la dirigencia nacional se propuso el cambio de nombre, y de plataforma electoral, para pasar de PC a Movimiento Ciudadano.

En aquellos momentos, en los primeros meses del 2011, Mendoza, García y varios otros militantes naranjas iniciaron una nueva cruzada para intentar detener a Díaz Bautista, quien apoyado por la línea oficial, y sólo por algunos personajes como el regidor Ricardo Coronado Sanginés, finalmente consiguió por la fuerza convertir al PC en Movimiento Ciudadano.

De nuevo, como premio segundón, a la diputada García la integraron como parte de la nueva Comisión Operativa Nacional. Pero a cambio, esa negociación —que no tuvo ningún beneficio real para los convergentes inconformes en la entidad— arrojó el hecho de que Díaz Bautista no sólo no perdiera poder, sino que lo concentrara, a través de su nuevo cargo de dirigencia, único, de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal.

Cuando esto ocurrió, ya los agravios eran mucho mayores. En el tránsito de Convergencia a Movimiento Ciudadano ocurrieron hechos como la agresión de que fueron objeto, en julio del año pasado, la diputada García, cuando en conjunto con Mendoza, llamaron a una conferencia de prensa en la sede naranja, y fueron agredidos por un grupo de porros que, a la voz de “Benjamín senador” disolvieron el encuentro y lastimaron a varios de los integrantes. Unos meses después, el ex presidente Mendoza sufrió un atentado, sobre el cual, misteriosamente, no existe una sola foja de investigación ministerial, pero sí muchas sospechas de que tuvo como origen la disputa y los agravios por el PC.

¿PUROS Y ADVENEDIZOS?

Esta disputa tiene varios puntos de referencia. El primero de ellos, es el hecho de que los grupos que han militado por más de una década en Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, no pueden aceptar, ni lo harán nunca, que un personaje que no es oaxaqueño, que nunca hizo trabajo de partido, y que sólo se ha servido de su cercanía con el Líder Moral de Convergencia en Oaxaca, tenga hoy el control casi total no de la militancia, sino de las siglas, y de la capacidad de éstas para determinar quién será postulado a un cargo de elección popular.

Otra de las razones tiene que ver con la pérdida de rumbo que, a su juicio, provocaron con el cambio de nombre del partido y la transformación a MC. Fueron sólo razones de práctica política, y de conveniencias, las que motivaron a Robles y sus operadores dentro de Convergencia, a dar su anuencia oficial para que el PC se convirtiera en lo que hoy es. La razón de eso era congraciarse con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y conseguir, a través de eso, que las postulaciones de la coalición nacional de fuerzas de izquierda, únicamente los favoreciera a ellos.

Una más tiene que ver específicamente con el hecho de que consideran que, ante los dos triunfos electorales seguidos, ahora tiene más valor que nunca el poder de la postulación del grupo dominante dentro del MC, y particularmente de quien se ostente como Coordinador Estatal. Como lo dijo en alguna entrevista Coronado, los inconformes tienen puestos los ojos en 2013. Lo que no dice, es que ellos están en la misma sintonía, y que Díaz Bautista, él, y algunos otros, impulsados desde el poder y desde el perredismo, también se saborean la posibilidad de ser postulados.

Por eso esta disputa no es por la democracia, sino simplemente por el poder. Todos quieren lo mismo. Aunque lo real es que, asombrosamente, MC es hoy una fuerza disminuida, abandonada por el poder y entregada únicamente a Robles, que quién sabe si tenga capacidad para generar hoy los votos que tanto presume. Se pelean por las sobras. Eso es lo más lamentable.

INOPERANCIA TOTAL

Es la que demuestra el director del Cecyteo, Víctor Raúl Martínez Vásquez. ¿Recuerdan que hace unos días integrantes del MULT le cerraron las oficinas centrales del Colegio por varias horas, en demanda de la instalación de un centro educativo en la comunidad de El Rastrojo, que es parte de la zona triqui? Entonces, Martínez decía que todo eran calumnias. Pero ayer le volvieron a cerrar sus instalaciones. ¿Qué espera para resolver ese tema? ¿Qué esperan en el gobierno estatal para removerlo, ante tanta inoperancia?

+ Juárez engaña a artesanos de Mitla

Daniel Juárez López es uno de esos personajes que se sostienen en la administración estatal, gracias a las inercias que han frenado la gran sacudida, y los cambios que son urgentes en el gabinete de gobierno. Su paso por la Secretaría del Trabajo (una de las grises innovaciones de este régimen) ha sido tan intrascendente como costosa para la propia imagen gubernamental. Sin embargo, lejos de rectificar, él y quienes integran esa dependencia parecen esmerarse aún más por hundir la poca credibilidad que tuvieron desde el inicio de este gobierno.

En efecto, de Juárez López y la dependencia que encabeza se ha dicho muy poco, positivo, en la presente administración. Quedó claro que él llegó al poder gracias no a sus avanzados conocimientos en materia de trabajo o de administración, sino por las “cuotas” que pagó el Gobernador del Estado a uno de los grupos políticos que lo apoyaron en los tiempos de campaña. Y es que si tradicionalmente el PRD y las fuerzas de izquierda en Oaxaca oaxaqueño se componen no de tribus, sino de familias y cacicazgos, el caso del petismo local (que es un mero membrete, porque no podría pasar por el más mínimo examen de la militancia probada) no es la excepción.

En el caso del Partido del Trabajo, éste ha sido históricamente controlado en Oaxaca por los López. De hecho, el cuestionado ex presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López tuvo el control de la representación oaxaqueña del PT durante años, hasta que finalmente por un discrecional “acuerdo político” con las fuerzas de izquierda entregó el petismo a Otilia Galindo.

Galindo fue una desgracia para el petismo. El tiempo que tuvo a su cargo a la comisión ejecutiva del PT en Oaxaca utilizó discrecionalmente los recursos económicos provenientes de las prerrogativas estatales, a grado tal que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los multó por su opacidad y falta de comprobación de los recursos recibidos. Eso, sin embargo, no fue lo más grave, sino que un conflicto familiar y sentimental metió en una dinámica de ruptura a Galindo y el clan perredista de los Jara, y todo esto provocó que la dirigencia nacional petista terminara devolviendo la representación oaxaqueña a los López, a través de su hijo Daniel Juárez.

El único mérito de Juárez López era haber sido hijo político de Mariano Santana López, y haber ganado cierta simpatía en la dirigencia nacional petista. A su llegada a Oaxaca, se metió de lleno a la campaña por la gubernatura, y no perdió tiempo en tratar de ganar espacios en la negociación de las posiciones que estaban en juego en la elección estatal. Aunque no tenía nada que ofrecer en los tiempos de campaña, más que el membrete partidista y sus prerrogativas, consiguió colocarse, él, como parte de la planilla de candidatos a regidores que acompañaban a Luis Ugartechea en la búsqueda de la alcaldía oaxaqueña.

Una vez que Gabino Cué ganó los comicios, y que Ugartechea también triunfó arrastrado por esa victoria, Juárez fue uno de los principales beneficiarios del gobierno “plural” que ofreció a los oaxaqueños. El Gobernador del Estado integró un gabinete en el que marcó claramente los espacios que se reservó, pero también los que entregó a cada una de las fuerzas que lo habían acompañado en la campaña proselitista. A los clanes perredistas les entregó dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrícola; al PAN la Contraloría… y al PT le dio la recién creada Secretaría del Trabajo, en la persona del único personaje conocido y visible de ese partido: Daniel Juárez.

UN SECRETARIO INCÓMODO

Aunque se dice progresista, Daniel Juárez actuó conforme a los mejores tiempos del régimen de partido hegemónico. De sus espacios privados saltó al PT, para luego hacerse de una regiduría en el Ayuntamiento citadino, y finalmente terminó como Secretario del Trabajo. En todo esto, tuvo siempre bien pertrechado a su hermano David Juárez, a quien primero lo colocó como su suplente en la Concejalía citadina, y después le dejó de facto el cargo de dirigente petista que también abandonó para integrarse a las grandes ligas de la administración estatal.

Su gestión ha sido cuestionada no sólo por la versión de que se había llevado una cartera sin pagar en una tienda departamental, sino sobre todo porque la dependencia que encabeza no ha hecho sino duplicar las atribuciones que tienen las dependencias federales encargadas de los asuntos del trabajo, y tratar de acaparar todos los espacios posibles no para mejorar sus procesos, sino para hacerse de las posiciones administrativas que representan espacios como las juntas de conciliación y arbitraje.

En el caso específico de Juárez, éste ha protagonizado diversos escándalos relacionados con la discrecionalidad con el uso de los recursos, el mal trato al personal que tiene asignado, y por incurrir en prácticas tales como traficar con el combustible e insumos de vehículos oficiales, que físicamente están inservibles.

Esos antecedentes negativos, sin embargo, continúan. Hoy mismo, sobre Daniel Juárez y la Setrao pesa un grave señalamiento que revela la voracidad y la capacidad de engaño que tienen en contra de las personas a las que dicen defender. Y es que desde hace meses, un grupo de artesanos proveniente de la Villa de Mitla, fallidamente ha intentado cobrar a esa dependencia la elaboración de las cortinas que colocaron en los cinco pisos que ocupan, en un edificio ubicado enfrente de Ciudad Universitaria.

Los afectados aseguran que, personalmente, Juárez López contrajo el compromiso de la elaboración con el artesano Noel Olivera Díaz, quien tuvo que integrar al trabajo a otros artesanos para que juntos pudieran terminar el trabajo para entregarlo en tiempo y forma. La administración de la Secretaría del Trabajo recibió la factura desde el mes de enero pasado, y desde entonces no han hecho sino dar largas a los artesanos, a quienes les adeudan una cantidad superior a los 127 mil pesos.

SECRETARIO ESCURRIDIZO

Los afectados aseguran que, por lo menos, antes el Secretario del Trabajo les daba la cara para prometerles un pago que cada vez ven más lejano, y que involucra el trabajo de docenas de personas que, además, pusieron materias prima por las que también se endeudaron. Hoy, dicen, ni siquiera les toma la llamada. Por eso ya preparan otro tipo de acciones en contra de quien consideran un timador, al que no le tiembla la voz para prometer, pero que tampoco le avergüenza pisotear su propia palabra.

+ ASE: disputas, común denominador

Hace exactamente un año, el miércoles 17 de agosto de 2011, fue electo como Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo. En aquel entonces fue electo bajo la demagógica premisa de “Nunca  más un auditor al servicio del Ejecutivo del Estado”. Y sin embargo, éste provenía del propio gobierno estatal. Y lo más lamentable: su gestión ha tenido como común denominador el ausentismo, el silencio y la interminable disputa por los espacios de una institución que, más que cualquier otra, debía estar al servicio del pueblo de Oaxaca.

En efecto, Altamirano fue electo como Auditor bajo los efectos de las nuevas leyes, pero también bajo la predominancia de las viejas prácticas políticas que, según dijo el nuevo régimen, se acabaría con la alternancia de partidos en el poder. Y es que sólo quien no tiene memoria, ya olvidó que con tal de expulsar a los titulares de los órganos autónomos impuestos por el régimen anterior, la LXI Legislatura aprobó una reforma constitucional en la que se reorganizaban esas estructuras, y que particularmente la renovación en la ASE se vio enmarcada por una lúgubre negociación en la que la extitular, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, intempestivamente presentó su renuncia para retirarse a la vida privada, cuando antes había dicho que haría todo lo posible por sostenerse en su cargo.

Toledo, según las notas de aquel momento, fue electo porque la mayoría de los diputados que todavía integran la LXI Legislatura, consideraron que era quien tenía “el perfil más alto” y “más conocimiento en materia de fiscalización”. Sin embargo, en aquel momento los diputados no sólo se engañaban por los supuestos más altos méritos profesionales de Altamirano frente a los demás aspirantes, sino que además pasaron deliberadamente por alto que el requisito más importante de quien es nombrado como titular o integrante de un órgano autónomo, radica justamente en la demostración de autonomía frente a la influencia, el poder y las presiones del Ejecutivo, a quien se supone que va a fiscalizar.

Nada de eso tenía Altamirano Toledo, y aun así fue electo. No era quien tenía los más altos méritos profesionales, porque según quedó demostrado en la misma lista inscripción de candidatos al cargo de Auditor Superior ante el Congreso del Estado, en ella había personajes que ciertamente no tenían méritos políticos —ni cargos partidistas ni de representación popular—, pero que sí demostraban tener conocimientos superiores de contabilidad gubernamental, fiscalización, control y auditoría. Altamirano Toledo no era el del perfil más alto, comenzando porque él es economista, y la profesión idónea para ese cargo es la de Contaduría Pública. De hecho, Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, es contador Público Certificado.

Pero además, suponiendo que hubiera podido superar la barrera de la no idoneidad profesional, Altamirano de todos modos no era idóneo para el cargo, por la sencilla razón de que su función inmediata anterior fue estar al servicio del Titular del Poder Ejecutivo como Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Si el régimen que lo favoreció, lo hizo dando a entender que defenestraban a los titulares anteriores de los órganos autónomos por haber estado al servicio del gobernante en turno, entonces lo que finalmente ocurrió fue un grosero “quítate tú para ponerme yo”, que en nada cambiaba el estado objetivo de cosas, y que tampoco garantizaba autonomía y eficacia en la realización de sus funciones.

Por eso se explica con toda perfección el hecho de que Altamirano fue electo bajo las nuevas leyes, pero también determinado por las viejas prácticas. Y si la forma en que llegó a su cargo estuvo afectada por esas vicisitudes, su función como tal tiene tantos o más cuestionamientos que los ocasionados en su vapuleado arribo a la ASE.

ASE, PARTIDIZADA

A estas alturas, ya no sorprende que la autonomía de, valga la redundancia, los órganos autónomos haya sido remplazada por la partidización. Y es que en el caso de la ASE, desde la elección de Altamirano Toledo inició una lucha feroz por los demás espacios, que ya pasó por el nombramiento de los dos subauditores, pero que no termina porque hoy la Auditoría funciona en varias bandas distintas, y además se encuentra afectada por los excesos que provoca la disposición de las plazas y los espacios, y la utilización de las atribuciones de la Auditoría para beneficio privado.

En efecto, en noviembre del año pasado fueron electos Ramón Icazbalceta y  Jaime Ruíz como subauditor de Fiscalización, y de Planeación y Normatividad Técnica, respectivamente. De nuevo, el nombramiento de cada uno de ellos estuvo determinado por sendas negociaciones políticas entre las fracciones parlamentarias. Y por esa razón, el primero de los subauditores fue impulsado por la fracción priista, y en el segundo nombramiento tuvo preferencia la bancada del Partido Acción Nacional.

Eso no resolvió ninguno de los problemas. Hoy, aunque a veces por decoro lo disimulan en público, los dos subauditores tienen fuertes enfrentamientos con el equipo del Auditor Superior que, sin tener atribuciones, ha querido no solamente acaparar las más importantes funciones de la Auditoría, sino que pretende también poner a disposición de particulares información confidencial de la institución, con el objeto de que éstos presten servicios de “consultoría y asesoría” a municipios y demás sujetos fiscalizables que, de forma inminente, son susceptibles de sanciones por parte de la ASE.

Esa invasión de competencias, y los señalamientos sobre la posible venta de información confidencial, ha generado dentro de la Auditoría un nivel de rispidez e ineficiencia que no debía ser propio de una institución que tiene tanto trabajo, que es a su vez tan importante para un estado como Oaxaca. Pero mientras, el Auditor prefiere ocupar su tiempo en otros asuntos, y simplemente ostentar testimonialmente el cargo que le confirió el Congreso el año pasado. Todo lo deja en otras manos que, tarde o temprano se verá, no habrán de entregar resultados positivos de las funciones que realizan.

“AL SERVICIO DE…”

Por cierto, con su silencio, la ASE convalida lo que a diestra y siniestra dice la Contraloría: que en esta administración no hay una sola irregularidad. Quién sabe si sea eso, o que no han encontrado nada… porque nada han dicho sobre el resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública Estatal 2011. Esa eficiencia, pues, se dice pero no se ve.

+ Matrimonios gays, conflicto trascendente

Hay aspectos estrictamente objetivos que ponen a prueba la capacidad de adaptación de las decisiones políticas que se toman en función de la mera conveniencia y el pragmatismo político. Aunque en Oaxaca existe una coalición de partidos determinada en gran medida por las fuerzas de izquierda, y que en gran medida ellos tienen influencia tanto en el Congreso local, como en la representación oaxaqueña ante las cámaras legislativas federales, aquí existen enormes resistencias para entrar a la discusión de temas que, en otras entidades, son defendidos y abanderados justamente por las fuerzas partidarias más progresistas. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca provoca una discusión escandalosamente vergonzosa, porque quienes debieran impulsarla prefieren continuar en la omisión.

En efecto, es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional (fundada en la primacía constitucional de los derechos fundamentales, como el relativo a la no discriminación por la causa que fuere) está encaminada hacia la ampliación total de los derechos.

El problema es que en la entidad, una discusión (legislativa, social, y a veces hasta informal) como esa, queda irremediablemente atrapada entre el conservadurismo de la sociedad, los atavismos de ciertos grupos sociales, y las viejas tendencias a considerar que la discriminación por razón de preferencias sexuales es “normal” —y hasta justificada—, debido a que vivimos en una sociedad “de machos”.

Materialmente, parece complicada la posibilidad de que un debate de esos pueda trascender de lo social a lo legislativo. Y sin embargo, nos topamos con la paradoja de que hoy tanto el gobierno estatal, como una parte importante del Poder Legislativo local, están determinados por las fuerzas de izquierda, que en otras entidades de la República han sido quienes han encabezado con todo denuedo la lucha a favor de derechos de las minorías, como el que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio legal, y adquirir los derechos y obligaciones que ese acto trae aparejados; o que, en su caso, la ley contemplara una figura jurídica distinta del matrimonio, para proteger y dar seguridad jurídica a las parejas del mismo sexo.

Y es que aún con todo eso, en Oaxaca el Código Civil continúa estableciendo que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La ley civil continúa teniendo esa redacción, a pesar de que desde hace varias Legislaturas locales, las fuerzas de izquierda han tenido una representación importante, y que al menos en los últimos años ha tenido una presencia legislativa determinante, que bien podría haber empujado ya una reforma que —viéndolo desde una perspectiva garantista y no atávica— impulsara a Oaxaca no específicamente como una entidad “gay-friendly” (amigable con los gays), sino más bien como un estado en el que se reconocen y garantizan los derechos “tradicionales”, pero también los de las minorías, que ya se encuentran tutelados por la Constitución de la República —y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, que también son ley suprema del país—, y que por ende debieran ser refrendados por las normas jurídicas estatales.

RESISTENCIAS

El problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos.

Y es que, en este caso, la Primera Sala de la Corte atrajo un recurso de revisión en el que diversas autoridades estatales impugnaron un amparo, en el que un juez federal declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil local, y ordenó que no le fuese aplicado a una pareja, conformada por dos mujeres, que había solicitado a la Dirección del Registro Civil su deseo de contraer matrimonio, y que cuyo acto les fue negado en virtud de que el Código Civil local establece que éste sólo puede realizarse entre un solo hombre, y una sola mujer y que, en el caso del recurso de revisión que interpusieron las autoridades oaxaqueñas a la resolución del juez federal, establecen que una demanda sobre omisión legislativa debe sobreseerse, porque no es posible obligar al Congreso a realizar una reforma.

Este caso específico, cobra trascendencia nacional porque en el estudio que realice la Corte podrá analizarse cómo se deben proteger los derechos a la igualdad, identidad y no discriminación en razón de la preferencia sexual, así como el alcance a la protección de la familia contenida en el artículo cuarto constitucional. Todo esto, además de que a partir de ello podrían definirse criterios generales relacionados con las omisiones legislativas, y protección a ciertos derechos como el de la identidad, la igualdad y la no discriminación.

Sin embargo, y más allá de lo estrictamente jurisdiccional, lo que queda en el fondo es el cuestionamiento no sólo por las endebles convicciones de la izquierda oaxaqueña respecto a causas que son abanderadas nacionalmente por esos partidos, pero que en Oaxaca simplemente se dejan pasar como si no fueran importantes, o como si no fueran parte de las agendas nacionales a las cuales ellos debieran estar ceñidos.

MALAS JUSTIFICACIONES

Todo esto, además, choca con otras cuestiones. Una de ellas, que ha sido justificación de coaliciones como la oaxaqueña para no entrar en ese tipo de temas, radica simplemente en que como esos temas no fueron establecidos en la agenda de trabajo aliancista, entonces no habrán de ser tocadas. ¿Y dónde queda la convicción política e ideológica de cada partido? Lo que se revela es que las alianzas están hechas sólo para ir por el poder. Casos objetivos, como éste, así lo demuestran.

+ Denuncia, a tiempo; diputados la ignoraron

Detrás de la imagen de tolerancia, congruencia y democracia que Flavio Sosa Villavicencio ha tratado de construirse en estos últimos años como diputado local, se encuentra el mismo agitador de siempre. La historia que lo involucra con la comunidad de Trinidad Zaachila no sólo revela su voracidad y su capacidad de generar conflictos en aras de obtener una ganancia económica, sino también su doble moral (y la de todos los diputados) al disimular la relación de complicidad que tiene con el impresentable defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

En efecto, la relación de Sosa con Trinidad Zaachila no es nueva. De hecho, en otros momentos se denunció públicamente, en diversos medios informativos locales, de los delitos que podrían estar cometiendo Sosa y algunos integrantes de la organización Comuna de Oaxaca que él encabeza, en conjunto con Peimbert Calvo, que para entonces fungía como coordinador de Mediación para el Desarrollo del Gobierno del Estado.

Esos señalamientos, provenían fundamentalmente de una denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en febrero del presente año, los señores Jonás Llandez Vásquez, Oscar Castellanos Martínez y Manuel Sánchez Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal, Tesorero y Síndico Municipal de la comunidad de Trinidad Zaachila, respectivamente.

En esa denuncia, los representantes de la autoridad municipal de Trinidad Zaachila describen cómo Caminos y Aeropistas de Oaxaca les responde de una supuesta solicitud realizada por ellos, misma que, a decir de los denunciantes, nunca se había tramitado. En el documento, CAO les indica que su comunidad cumple con todos los requisitos para la realización de la obra solicitada, la cual se trataba de una pavimentación de la comunidad de Trinidad a Santa María Roaló, y de ahí al núcleo rural La Guadalupe, por un monto de cuatro millones 792 mil 372 pesos, misma que realizaría una empresa que, según los propios dichos de la autoridad, previamente habían asignado Arturo Peimbert Calvo, y el eterno colaborador de Flavio Sosa, César Mateos Benítez.

Según la denuncia —de la que no hace falta más que buscar en Google, para hallar imágenes de los documentos originales, firmados y sellados por los denunciantes— se enteró el Presidente Municipal, cuando los vecinos le reclamaban la razón por la cual había autorizado las afectaciones de sus terrenos, a lo cual el Munícipe contestó que él no sabía nada.

Cuando los vecinos le mostraron los documentos corroboró que, en efecto, alguien había falsificado la papelería oficial, los sellos y las firmas con las que presentaron la referida solicitud. Incluso, en la denuncia penal referida, puede leerse que el Presidente Municipal señala enfáticamente a Peimbert Calvo por haberlo presionado en diversas ocasiones, e incluso amenazado, para que firmara un documento que él identifica como una carta poder, y que como se negaron rotundamente, entonces recurrieron a la falsificación de documentos por la que presentaron la denuncia.

ÁNIMOS DE VENGANZA

A partir de esto, puede entenderse con toda claridad esta denuncia pública que ahora realiza el edil Jonás Llandez. Según refieren quienes conocen a fondo el tema, no lo había hecho antes, debido a que cuando se hizo público el contenido de la denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría del Estado, recibieron nuevas amenazas debido a que Peimbert Calvo era candidato a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Pareciera que por esa razón, la voracidad de Peimbert Calvo y Flavio Sosa Villavicencio quedaron momentáneamente suspendidas, pero que una vez que el ex Coordinador de Mediación del Gobierno del Estado quedó firme en su cargo, éstos volvieron a la carga ahora ya no sólo para culminar los millonarios negocios derivados de la asignación irregular de obra pública para ese municipio, sino también —y sobre todo— para cobrarle al Munícipe la afrenta por haber tenido la osadía de denunciarlos penalmente.

¿A poco no, teniendo como antecedente directo toda esta historia, se entiende perfectamente la denuncia que hace el Edil en contra de Flavio Sosa, César Mateos y Arturo Peimbert Calvo? Pues, específicamente, Llandez refiere que Mateos Benítez llegó a las comunidades de Santa María Roaló, San Miguel Tlanichico y el núcleo rural La Guadalupe, para aconsejar a sus habitantes “que pelearan por obras y por la asignación del presupuesto directamente”, y agregó que cuando se iniciaron las negociones, fue el hoy defensor Peimbert Calvo quien tomó el caso. Incluso —decía la nota de TIEMPO en su edición de ayer— fue él quien suscribió los acuerdos, como representante de estas localidades, y agregó que, coincidentemente con todo lo narrado, en Santa María Roaló “se realiza una pavimentación sin autorización de la autoridad”.

Nada de esto es oculto. Más bien, Sosa y los diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local (Marlene Aldeco, Pavel López, Max Vargas y Carlos Martínez), apenas si pueden disimular el hecho de que aún a sabiendas de estos inaceptables antecedentes de Peimbert como agitador y estafador de municipios rurales, cada uno de ellos accedió a impulsarlo como el candidato idóneo para ese cargo.

Todos accedieron a impulsarlo, porque Peimbert abiertamente habría comprado sus votos y habría dado espacios en la nueva estructura de la DDHPO a los cercanos de cada uno de ellos, e incluso a otros ex candidatos a Defensor a los que cada uno de esos diputados pretendió inicialmente impulsar, pero que finalmente se quedaron relegados ante el apabullante “convencimiento” que generó Peimbert en ellos a partir de sus ofertas.

IRRESPONSABLES

Hoy Flavio Sosa debía enfrentar su responsabilidad por estar “casualmente” involucrado en algunos de los más riesgosos conflictos sociales que existen en comunidades oaxaqueñas y que potencialmente pueden convertirse en baños de sangre. Y los demás diputados debían también dar la cara al pueblo de Oaxaca y explicar la razón por la que decidieron impulsar a un individuo nocivo para la gobernabilidad, para la ley y sobre todo para los derechos humanos, como el supuesto “defensor” del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Es inadmisible que en Oaxaca todos los actores públicos continúen engañándose, y tratando de engañarnos, con el juego de la democracia en el participan y se benefician, pero en el que no creen ni respetan. La otra reforma electoral, indispensable en la entidad, es la relativa a la transformación de las prácticas de los partidos. Mientras los hombres y mujeres que integran los institutos políticos mantengan sus prácticas actuales, podrán seguir reformando la ley ilimitadamente, y de todos modos la práctica política seguirá siendo igual de sospechosa y deslegitimada, como hasta ahora.

En efecto, hoy los partidos políticos no terminan aún de reponerse de la borrachera democrática que significó el inusitado triunfo de la coalición de partidos en 2010. A partir de entonces, todas las fuerzas que respaldaron al ahora Gobernador del Estado, tenían una representación casi testimonial en el Estado, que se vio magnificada por el tamaño del triunfo electoral de un solo hombre (Gabino Cué) que los arrastró hacia la posición que hoy tienen.

El principal argumento común de legitimación ante los electores, era que ellos representaban la erradicación de las prácticas clientelares y corruptas del PRI. Sólo los ingenuos les creyeron. Y por eso es indispensable esa reforma a los partidos que, de antemano sabemos, difícilmente ocurrirá mientras las fuerzas políticas estén determinadas por quienes actualmente las conforman.

¿Por qué sólo los ingenuos creyeron tal argumento? Porque todos aquellos que sí conocían el supuesto autoritarismo priista, sabían a la perfección que la contraparte de ese autoritarismo eran los partidos que hoy se dicen representantes del cambio. Ellos, durante décadas, mantuvieron una posición de minoría que siempre les fue conveniente, porque ese era el argumento que utilizaban para entablar negociaciones con el partido hegemónico, y obtener prebendas a cambio de silencio, o del apoyo disimulado a las decisiones priistas. Por eso, la oposición siempre fue retórica. Pero la connivencia fue tan real como los beneficios, personales y de grupo, que permanentemente obtuvieron de esa relación.

Por eso mismo, sabemos de antemano que aún con la alternancia de partidos en el poder, el estado de cosas a ras de suelo no cambiará. Y es que, lo acepten o no, todos los supuestos representantes del cambio en los partidos políticos, siguen siendo los mismos que en otros tiempos se dedicaron a medrar desde sus posiciones de oposición, que hicieron de sus partidos agencias de colocación para amigos e incondicionales, o se sirvieron e ellos como sendos patrimonios familiares.

Y es que si revisamos la actuación histórica de los grupos que determinan a los partidos que hoy son parte de la coalición legislativa, y de la misma oposición priista, fácilmente podemos darnos cuenta que todos representan esa misma estrechez de miras, y el sentido patrimonialista de ver el ejercicio del poder. Es casi invisible la diferencia entre priistas, panistas, perredistas y petistas. Todos, en general, han actuado en base a la práctica no de un régimen u otro, sino de una época que ya debe quedar atrás.

Si revisamos la actuación de las cúpulas priistas, podremos darnos cuenta que la hegemonía de los cuatro ex gobernadores ha podido más que las demandas de democratización y apertura de diversos sectores de militantes que quieren atención e inclusión. Si vemos al panismo, en lo que ha sido hasta hoy, podremos corroborar que se han dedicado a lucrar con su posición de “fuerza nacional”, aunque en Oaxaca tienen una representatividad por demás limitada.

Si vamos al PRD, incluso, veremos que éste se sigue determinando a través de clanes y tribus, y que en Oaxaca, como en los tiempos más arcaicos del sistema de partidos, el perredismo está dominado por un puñado de familias que determinan no sólo sus cargos de dirigencia partidista, sino que cada uno de ellos tiene su propia cuota en las cámaras legislativas (basta revisar los “merecimientos” familiares que convirtieron en diputados a los perredistas Juanita Cruz Cruz, Pavel López Gómez, Aleida Serrano Rosado, Tomás Basaldú, etcétera). Si vemos hoy la representación popular que tiene el PRD oaxaqueño, veremos que ello no corresponde a lo que la militancia real quiere y espera, sino a lo que dicen dos o tres clanes que tienen ahí incrustados a sus parientes más cercanos.

EL CAMBIO, URGENTE

Eso debe cambiar con urgencia. Debe también modificarse la forma tan burda en cómo se relacionan los representantes de cada partido con el poder y con la misma ciudadanía. Los partidos debieran encontrar en el corto plazo, soluciones distintas para volver a legitimarse ante la sociedad, y para generar escenarios en los que el resultado sea distinto de lo que es hoy. Cambian la ley electoral para que otros sean los comprometidos (y los perjudicados), pero ellos siguen beneficiándose de la inmovilidad que promueven para sus propios intereses.

Por eso hay que ver no con triunfalismo, sino con reservas, la reforma electoral recién aprobada. Los partidos promovieron cambios al Instituto Electoral, al régimen de usos y costumbres (o “sistemas normativos internos”, como pretenciosamente se denominan ahora) y a la forma y reglas de los procesos electorales, pero nada dicen de la forma en cómo ellos se presentan a la sociedad. Eso es, al final, lo único que deberían transformar, y con ello no habría necesidad de modificaciones legales, ni de negociaciones, ni de “sacrificios”. Sólo que eso es lo que nunca cambia.

Y es que si cambiara, para mejorar, la forma en cómo conducen su praxis política los partidos, entonces se acabarían de tajo las intromisiones en los sistemas normativos de las comunidades indígenas; también veríamos una disminución sustancial de las prácticas indebidas para comprar, coaccionar o inducir el voto. Incluso, si hubiera aunque sea mejoras parciales dentro de las fuerzas políticas, se reduciría la proclividad a quebrantar la ley que ellos mismos propusieron y legislaron.

REFORMAS INÚTILES

Al final queda una pregunta: ¿De qué sirven las “reformas de avanzada”, si los mismos que hicieron la propuesta serán quienes quebranten la ley? Mientras los partidos no se reformen a su interior, e insistan en seguir conservando la purulencia que hoy los inunda, todo seguirá siendo parte de este mismo juego demagógico en el que todo se modifica, para que nada cambie.