Sin ningún rubor dice el dirigente de la Sección 22 de la SNTE, Rubén Núñez Ginés, que el magisterio oaxaqueño “no teme hacer pública las cuentas financieras que maneja”, pero que esa decisión es exclusiva de la asamblea estatal. Si de verdad están tan seguros de no temer revisiones, ¿estarán dispuestos a transparentar no los recursos económicos —que, en relación a lo que manejan, es lo de menos— sino el conjunto de decisiones educativas que toman discrecionalmente, y que hoy están del todo en sus manos?

En efecto, la pregunta no es ociosa. Pues si al gobierno federal —ahora en manos del PRI— le escandalizó el hecho de que la educación pública estuviera en manos del sindicato magisterial, y tomó decisiones de gran calado para terminar con la hegemonía sindical en ese rubro, ahora debería venir a Oaxaca a ver lo que aquí ocurre. Seguramente terminarían abrumados por la hegemonía total que tiene aquí la Sección 22 sobre la educación y sobre la gobernabilidad, pero también por el grado de sometimiento e “independencia” que ejerce en relación al Gobierno del Estado.

Y es que, como se ha venido diciendo con insistencia, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió terminar de tajo con el liderazgo sindical de la profesora Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, cuando se dieron cuenta que ésta sería el principal obstáculo para la reforma educativa. En varias ocasiones, el Titular de la Secretaría de Educación Pública había afirmado —y esto se tomaba como un acto temerario— que la rectoría educativa regresaría al Estado mexicano.

En esa misma ruta apuntó la reforma al artículo tercero constitucional. Y finalmente, se vieron obligados a descabezar al SNTE a partir del manejo de los recursos económicos. Éste, sin embargo, constituyó el medio para la deposición de Gordillo, pero no un objetivo en sí de la reforma educativa, del gobierno federal, o de la nueva relación entre el Sindicato y el Gobierno.

Eso es lo que, según parece, no entienden, o no quieren entender ni el gobierno de Oaxaca ni la Sección 22 del SNTE. Seguramente por eso, el Gobierno de Oaxaca se ha limitado a decir, respecto al proceso que enfrenta la maestra Gordillo, que debe ser procesada conforme a derecho; y el dirigente Núñez sostiene que el magisterio oaxaqueño no teme hacer pública las cuentas financieras que maneja. Evaden claramente el hecho de que, en el fondo, el asunto álgido que hoy tiene tras las rejas a la maestra Gordillo no tiene tanto que ver con el manejo irracional de los recursos sindicales, sino más bien con la necesidad de recuperar el control de la educación.

¿Realmente la Sección 22 maneja muchos recursos económicos en numerario? Con posibilidad de equivocarnos, podemos decir que no. Pues si bien es cierto que en las negociaciones anuales entre el magisterio democrático y el gobierno de Oaxaca se pacta la entrega de recursos económicos al Comité Ejecutivo Seccional, esto no constituye una cantidad relativamente considerable respecto al número de maestros que tiene agremiados.

Y justamente respecto al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, una de las demandas más añejas que tiene la Sección 22 radica en eso: en que la cúpula nacional que encabezaba la profesora Gordillo entregue a la Sección magisterial oaxaqueña los recursos económicos que les retiene a todos los trabajadores de la educación por concepto de cuotas sindicales.

En el fondo, ¿por qué no le temen a la revisión de sus cuentas o del manejo financiero que tiene el sindicato magisterial en Oaxaca? Porque sus cantidades y su manejo económico es nimio. En realidad, el gran negocio de los sucesivos dirigentes, de los líderes de las facciones internas que confluyen en la 22, y de todos aquellos que tienen alguna ascendencia en el movimiento, está institucionalizado: se encuentra en las plazas que ostentan, en los montos económicos que cobran sin que nadie sepa bien a bien son merecedores de éstos; en las prebendas que les da el gobierno estatal, y en los recursos que les son entregados personalmente, fuera de toda fiscalización, en efectivo, y para ellos personalmente, luego de cada negociación anual de su pliego de exigencias.

MANEJO MAYOR

A la maestra Gordillo la están procesando judicialmente por haber dispuesto de alrededor de dos mil millones de pesos del Sindicato magisterial, para sus lujos y gastos personales. La Sección 22, sin embargo, tiene cuando menos 20 años (el tiempo que lleva el IEEPO materialmente bajo su dominio) manejando gran parte del presupuesto educativo, las decisiones en el sector, y las relaciones laborales con sus agremiados.

Esto parece increíble, pero es totalmente cierto. Oaxaca tiene un presupuesto anual de alrededor de 14 mil millones de pesos para el sector educativo. Y aunque la 22 dice tener las manos limpias, y que sus cuentas pueden ser del todo auditables, nada dicen del hecho de que ellos con sus decisiones manejan buena parte de esos 14 mil millones anuales; que éstos deciden gastarlos en función de sus intereses políticos, del pago de favores relacionados con sus cuestiones sindicales y políticas, y de la discrecionalidad con la que manejan la educación en Oaxaca.

Por eso, la Sección 22 puede decir cualquier cosa, menos que tiene las manos limpias. No se trata del recurso en numerario que pudieran manejar, sino más bien del enorme conjunto de decisiones de autoridad que se encuentran en sus manos, y del control total que tienen en la educación. Ellos son amos y rectores de todos los aspectos relacionados con la educación. Y nadie —ni el gobierno, ni la sociedad, ni los propios maestros, ni los padres de familia— ha cuestionado o intentado desmantelar ese enorme poder que, por su sola concentración, es nocivo para los niños que no son bien instruidos, y también para los oaxaqueños que prácticamente todos los días pagamos el tributo de que ellos sean —oh paradoja— los dueños de la educación pública en Oaxaca.

SÓLO SUEÑOS…

¿De verdad siguen creyendo los priistas que aspiran a una delegación federal, que éstas (y más las importantes como Sedesol, CDI u Oportunidades) les serán entregadas en base al solo criterio electoral del gobierno federal? Esa decisión pasará, irremediablemente, por el aval del Gobernador del Estado. Esto es lo que ha ocurrido en otras entidades en las que ya renovaron a los delegados federales. Y es lo que, para mal de muchos que ya se ven despachando en oficinas federales para contrapuntear al Gobernador, pasará en Oaxaca. ¿Apuestan?

Fue maestra, mas no fortuita, la forma en cómo, en menos de una semana, el gobierno federal terminó con el absolutismo sindical que ejercía Elba Esther Gordillo en el SNTE. Esto pudo ocurrir por la decisión de autoridad que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también por el claro agotamiento de las estructuras magisteriales que, sin titubear, le dieron la espalda a la maestra en un momento en que, según parecía, lo que estaba en riesgo eran los derechos de los maestros y no el liderazgo de la Dirigente. ¿En Oaxaca podemos rescatar algo de todo eso?

En efecto, el liderazgo de la maestra Gordillo era tan totalitario como el que aquí ejerce la Sección 22 sobre los profesores, e incluso sobre el Estado. De hecho, durante las dos últimas administraciones federales, el SNTE se apareció como uno de los más influyentes poderes fácticos del país que fue capaz no sólo de mantener su vertical estructura de mando y sus conquistas, sino que también fue premiado con espacios en el sector público como la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP o la Lotería Nacional, y que incluso, en franco desafío a la partidocracia gobernante en México —y en clara violación a la ley electoral, que expresamente prohíbe la creación de partidos a partir del corporativismo sindical—, fue capaz de crear un partido que hoy encabeza su hija que, por si algo faltara, hoy es Senadora. ¿Si la Maestra tiene tanto poder, cómo fue posible que cayera en desgracia total en menos de una semana?

Su debacle puede explicarse en dos vías: la primera, que tiene que ver claramente con el hecho de que su poder se relativizó ante la legitimidad electoral y la aceptación política del nuevo gobierno priista. A diferencia de los dos Presidentes emanados del PAN (para los que la Maestra era política y electoralmente determinante), el presidente Enrique Peña Nieto no necesitó a la Maestra para esos fines; encontró, además, a un liderazgo sindical desgastado por su propia permanencia y por los excesos que había cometido. Y, además, todo esto se combinó con la amenaza que lanzó Gordillo al nuevo gobierno, de bloquear el paso de la reforma educativa, que era el primer gran proyecto político de este sexenio, y que debía constituir la primera batalla ganada de una administración federal que se jactaba de fortaleza.

Por eso, en menos de tres meses descabezó a la dirigencia magisterial. Para lograrlo, garantizó que el golpe se focalizara en la Maestra y no en el Sindicato. ¿Qué hizo? A la par de ejecutar su detención, comenzó el proceso de descalificación mediática, focalizando el mensaje en el uso excesivo y personal que la profesora Gordillo hacía del dinero que se les descuenta a los profesores de su salario por concepto de cuotas sindicales. Luego, envió señales de que el conflicto era con Gordillo pero no con el total de la dirigencia o con los integrantes del Sindicato.

Y finalmente, casi a la par del golpe político, operó el relevo en la dirigencia magisterial, garantizando que el nuevo líder fuera alguien que cuando menos pudiera dar certeza de serenidad, diálogo y reconocimiento al gobierno federal como la máxima autoridad del país, dejando atrás la actitud desafiante que había tenido la maestra en los últimos años, frente a los dos gobiernos anteriores.

¿Cuál es el resultado de todo eso? Que, según parece, operado ese conflicto y hecho el control de daños en la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno federal no tendrá mayor problema en comenzar el proceso de implementación de la reforma educativa. Si en México la mayoría de las grandes reformas han sido prácticamente imperceptibles para el grueso de la población por tener como estrategia de fondo su implementación pacientemente gradual, esta no será la excepción. Con eso garantizarán que, quizá en una década, se aplique a plenitud de la reforma educativa, garantizando, sí, un sector educativo más ordenado y competitivo, pero ahorrándose el choque violento que generan las reformas implementadas de forma intempestiva.

¿Y OAXACA?

Para no variar, es claro que —aún con el hartazgo de la ciudadanía por las acciones magisteriales— en nuestra entidad vamos aún varios pasos atrás en la relación política entre el sindicato magisterial y el gobierno estatal. Aquí, es claro que estamos en la etapa del gobierno débil, que necesita la legitimación de un sector fuerte como el magisterial; pero que éste “vende” su apoyo a cambio de espacios oficiales, prebendas y libertades que rayan en el exceso.

El símil es exacto: pues igual que la profesora Gordillo, en Oaxaca la dirigencia magisterial es absolutista y omnipotente. Es decir, nadie tiene control sobre la forma en que manejan los recursos que tienen al alcance. Al igual que la profesora Gordillo, la dirigencia magisterial local les intercambia a los maestros los privilegios por la democracia. Es decir, mantiene a salvo sus derechos, pero a cambio de no cuestionar a su dirigencia.

Pero si todo esto fuera poco, sin ningún rubor la Sección 22 tiene no una Subsecretaría bajo su control, sino a todo el Instituto Educativo de la entidad. Pues exceptuando al Director General del IEEPO (que, para variar, es hoy un espantajo totalmente sometido a los intereses de la 22), todos los cargos directivos de la dependencia son nombrados por el Sindicato.

Quizá por la costumbre ya no nos sorprende. Pero es vergonzoso en extremo el hecho de que públicamente se peleen por coordinaciones como la de Secundarias Técnicas, cuyos cargos debían ser nombrados por un acto de autoridad y no por prebendas al sindicato magisterial. ¿Cuál es el problema de todo? Que el gobierno estatal hoy no tiene capacidad para alejarse del apoyo de la 22, a pesar de que éste le ha hecho perder un enorme capital político ante la ciudadanía con tal de mantener esa costosa alianza.

¿Y LA LEGITIMIDAD?

Lo sorprendente de todo es que esta administración en Oaxaca llegó con todo menos con carencia de legitimidad. De hecho, Gabino Cué llegó al gobierno con una victoria abrumadora y con una mayoría legislativa que, sólo con dos votos de la oposición, puede hacer cambios constitucionales. ¿Cuál es el problema? Que el Gobernador no tiene aliados. Sus compañeros de alianza son un conjunto de codiciosos y convenencieros que sólo buscan su beneficio. La 22 es sólo uno de ellos. Pero no puede terminar esa alianza, porque romper con ellos sería romper con todos. Y así, toda fortaleza quedaría diluída.

+ Este es más que “politización de justicia”

El encarcelamiento de la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pone a prueba mucho más que la sola resistencia y fortaleza política del naciente régimen del presidente Enrique Peña Nieto. Más allá de los entretelones de la polémica nacional, y de los juicios del tribunal popular y de la opinión pública, es evidente que queda una enorme prueba para las instituciones del país. El reto es hacer justicia. Y eso implica someter a todo el aparato de justicia a una prueba de ácido que hasta ahora no se conocía en nuestro país.

En efecto, cuando la noche del pasado martes el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunciaba la aprehensión de la dirigente magisterial, señalaba que lo hacía en base a una investigación que inició apenas en el mes de diciembre de 2012, en la que participaron el Servicio de Administración Tributaria y la PGR. Afirmó que habían hecho un análisis a dos de las ochenta cuentas bancarias que tiene ese Sindicato, y que lo indagado era apenas el 10 por ciento de todos los movimientos de dinero que eran susceptibles de presentar irregularidades.

Eso sin embargo, aceptaba el Procurador, era suficiente para tener indicios claros de la comisión de delitos. Y la fortaleza de la Averiguación se sustentaba en el hecho de que ésta había sido ya consignada a un juez federal, y éste habría librado una orden de aprehensión en contra de la maestra Gordillo, que había sido ejecutada la misma tarde del martes, cuando ella concluía un vuelo privado desde los Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca.

La noticia corrió como reguero de pólvora y la polémica llegó de inmediato. En una extraña alineación de fuerzas, toda la opinión pública se ciñó de inmediato a una sola línea: la de la indignación por los movimientos bancarios y la ostentosidad de la vida de la maestra Gordillo, la adhesión (tácita, pero incondicional) a las acusaciones que le formulaba la PGR, y la afirmación, a priori, de que ella es culpable de los delitos que se le imputan.

Tal postura se entiende desde el criterio político, desde el cual —seguramente— desde las altas esferas del poder presidencial solicitaron a los principales medios informativos adherirse a esa línea, y muchos otros lo hicieron simplemente por estar convencidos de que la Profesora debía caer en algún momento, y porque en esto encontraron el momento perfecto para ver realizado ese deseo.

Por eso, desde la misma noche del martes hubo una sola línea: la de repetir hasta el cansancio las acusaciones del procurador Murillo Karam; la de exhibir los lujos y la ostentosidad con la que vivía la profesora Gordillo; la de hacer recuentos interminables sobre su vida pública, sobre sus desencuentros con la opinión pública, y sobre la fiereza de su liderazgo dentro del sindicato magisterial; e incluso sobre sus escándalos personales, sobre sus hijos, sobre el partido político que creó y sobre la asombrosa supervivencia política que le permitió ser una líder de la vida pública durante casi cinco lustros como presidenta del Sindicato más grande de América Latina.

EL TRIBUNAL POPULAR NO ES JUSTICIA

Ahora bien, pensemos en lo siguiente: si bien ante el Tribunal de los medios, el de la opinión pública, e incluso el popular, Elba Esther Gordillo ya es responsable por los delitos que se le imputan, lo cierto es que en el terreno de la justicia real, la constitucional, ella sigue siendo inocente y por ende debe tener tan garantizadas sus garantías fundamentales como sí lo tuvo el gobierno federal para acusarla. Aunque esto suena a defensa, en realidad lo que intentamos es fijar esta discusión también en el ámbito de la justicia, para que no sólo se quede en lo que dice u opina la mayoría, o en las sentencias que se pueden generar a través de las pantallas de la televisión y no de los tribunales.

¿Por qué es importante y, sobre todo, por qué afirmar que este caso pone a prueba a todo el aparato de justicia del Estado Mexicano? Porque en estricto sentido, lo que veremos a partir de ahora será una intensa batalla judicial, en la que se medirá la capacidad de la defensa de la profesora Gordillo, frente al sostenimiento de las acusaciones que ya formuló en su contra el Estado mexicano.

Conseguir una orden de aprehensión y encarcelar a alguien, es menos complicado que sostenerlo en prisión pasando por el tamiz de la revisión de las distintas instancias judiciales, y también hacerlo de cara a la sociedad mexicana. Hace 23 años, orquestar el “Quinazo”, y mantener en prisión a Joaquín Hernández Galicia fue mucho más fácil, que hoy intentar hacer lo mismo (una manipulación abierta de la justicia) con la profesora Gordillo. A finales de los 80s no existían las garantías judiciales efectivas, ni la apertura que hoy existen. Y México no estaba sometido con tanta intensidad al escrutinio de los tribunales e instancias internacionales de protección de los derechos humanos, como sí lo está ahora mismo.

Por eso todo el aparato está a prueba. Estará a prueba la PGR para tener la capacidad de sostener, técnica y jurídicamente, las acusaciones que formula y  basarlas en pruebas y no en la fuerza política del poder presidencial. Estarán también a prueba los tribunales de justicia federales, que tienen el deber, como nunca, de ser escrupulosos para dictar justicia de manera imparcial (independientemente del costo que eso tenga) a una mujer que de antemano ya es considerada como culpable ante el tribunal de la opinión pública y de la mayoría de los mexicanos, pero no ante la justicia como tal.

Finalmente estará también a prueba la misma sociedad mexicana, que deberá demostrar si tiene capacidad para entender los nuevos tiempos que vive este país, y entender la forma en que se conduzca este proceso. El golpe fue espectacular, y el momento de la desarticulación de esos poderes fácticos es espléndido. Sin embargo, el péndulo de todo esto radica en la justicia. Y ésta puede o no dejar satisfechos a todos cuando realmente se conozca la verdad, probada, de todas estas acusaciones.

¿Y LA 22?

El magisterio de la Sección 22 no está tan contento, como pensaríamos. ¿Por qué están en alerta? Porque saben que el fantasma de la justicia sobre Elba Esther Gordillo pende sobre ellos como Espada de Damocles. En otros momentos sería día de fiesta. Pero hoy lo malquerientes de Elba están tan aterrados como ella, que ya está en prisión.

+ Si gobierno cede, sólo ahondará crisis

Hoy que la reforma educativa es Norma Constitucional, a secciones magisteriales como la 22 de Oaxaca sólo les queda inconformarse ante lo que se entiende ya como un hecho consumado. Los nuevos criterios constitucionales, son inversamente proporcionales a las conquistas y los privilegios que hoy tiene el magisterio. Y sólo quedan dos caminos: o los profesores se ciñen a la reforma, o en los acuerdos estatales el Estado hace más grande y riesgosa la bomba de tiempo que significa el sostenimiento deliberado de los privilegios del magisterio oaxaqueño.

En efecto, el pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Constitucional y ayer mismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos transitorios del decreto promulgatorio se establece que las modificaciones entran en vigor a partir de hoy, 27 de febrero; que en un plazo no mayor a 60 días se constituirá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y que en un término no mayor a seis meses deberán ser aprobadas tanto la Ley del INEE como las reformas a la Ley General de Educación, para adecuarlas al nuevo texto constitucional.

En particular, la fracción II del Quinto Transitorio de la Reforma es frontal con los maestros que se resisten a la evaluación. Pues ahí se dispone el uso de la evaluación del desempeño docente “para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente”. Y además dispone: la evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional.

¿Qué significa esto? En términos sencillos, que además de la creación de un Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa (para que la autoridad tenga, en una sola plataforma, los datos necesarios para la operación del sistema educativo), se dispone el establecimiento de la tan temida evaluación a todo el personal educativo del país. Y claramente se advierte (ver el párrafo anterior) que a esto quedará sujeto el servicio profesional docente, del cual se entiende (porque esa es la esencia del servicio de carrera en cualquier área) quedarán sujetos la admisión, permanencia, evaluación y separación de las funciones de todos los maestros del país.

Eso es justamente lo que no quieren los profesores —o más bien, la dirigencia magisterial— en Oaxaca. A partir de la evaluación docente están anclando todas sus protestas. Desde el pasado lunes los normalistas, que fueron los primeros afectados por la reforma, comenzaron un conjunto de movilizaciones que a partir de hoy serán secundados por los profesores en activo de la Sección 22.

Aunque el objetivo formal (de lograr la derogación de la reforma educativa) es prácticamente imposible de lograr, en realidad lo que intentarán hacer es doblegar nuevamente al Gobierno del Estado para que, aún a costa de la bomba de tiempo que significa la deuda educativa, y el fantasma de la revuelta social, decidan desconocer de facto la reforma constitucional y mantener los privilegios económicos, laborales y políticos, de los trabajadores de la educación. Veamos si no.

EL FANTASMA DEL 2006

A partir de hoy los maestros tratarán de presionar al Gobierno del Estado en varias rutas. Primero, le exigirán que cumpla sus exigencias a partir del hecho de que fueron aliados y que el trabajo electoral de la Sección 22 también fue útil para que la coalición de partidos opositora al PRI ganara los comicios de 2010. Segundo, podrían llegar al paro indefinido de labores. Tercero, tratarán de espantar con el fantasma de la crisis popular y con los actos de ingobernabilidad. Y quizá hasta intenten hacer escalar su movimiento hacia algo regional, si es que los acuerdos entre el gobierno federal y el SNTE no fructifican en aspectos que disipen el conflicto regional que sí podría ocurrir.

Sin embargo, el caso de Oaxaca es particular. Aquí, por ejemplo, se ha mantenido la contratación automática de todos los normalistas que egresan, independientemente de que desde hace varios años la federación no destina recursos para la creación de esas nuevas plazas, y de que nadie tiene certeza sobre la formación académica real que tienen esos nuevos trabajadores de la educación (porque ni siquiera les son expedidos documentos oficiales como normalistas, y porque desde hace años ninguno de los egresados de las Escuelas Normales, ninguno, ha logrado titularse como profesor de educación primaria). Por eso, por un acuerdo político, tomado cada año en las negociaciones del mes de mayo, el gobierno cede a la creación de esas nuevas plazas, que son soportadas únicamente por la presión de la Sección 22 y por el pasivo económico que tiene el Gobierno del Estado en el ámbito educativo.

Eso es lo que pretende potenciar la Sección 22: la presión al Gobierno del Estado para que éste sea quien sostenga sus logros, conquistas e impunidad laboral, a costa de endeudarse, de recortar otros programas sociales para destinar los recursos al gasto educativo, o de que sea éste quien presione a la federación para el otorgamiento de dinero extra, pero únicamente sobre la base de la amenaza por el potencial conflicto social que implicaría el no ceder a las presiones y chantajes de la Sección 22, y no por el cumplimiento a las nuevas normas constitucionales relacionadas con la educación.

El objetivo es bastante claro. La 22 pretende llegar a ese momento, porque ha visto con toda claridad que el gobierno ha estado siempre dispuesto a hipotecar el futuro (y aquí aludimos textualmente al director testimonial del IEEPO, Antonio Iturribarría) con tal de “no rascarle los huevos al tigre” hoy mismo, para cumplir lo que, les guste o no, es norma constitucional. Si siguen ahondando la deuda seguramente resolverán el problema en el corto plazo. El problema es que nadie de los funcionarios y gobernantes actuales estará en funciones cuando esa bomba explote. ¿Entonces, dónde queda la responsabilidad?

LÁGRIMAS Y RISAS

Algunos en el PRI estatal, ayer, tenían unas caras inusitadamente largas ante el cambio de dirigencia. Otros sonreían en pleno. A unos se les cayó el proyecto. Otros vinieron de la nada. ¿Qué no debe ocurrir? Un nuevo avasallamiento, o una nueva ruptura de los equilibrios. Es, quizá, lo que aún no alcanzan a ver.

Quizá la historia reciente de la dirigencia priista en Oaxaca se escribió en diciembre pasado, cuando un día se presentaron a tener una reunión, en la sede nacional del PRI, en la ciudad de México, un grupo de priistas oaxaqueños encabezados por el entonces delegado con funciones de Presidente, Salvador Sánchez. Ahí quedó claro cuál era el interés de fondo del grupo que había impulsado al nayarita. Y esas señales fueron registradas por la dirigencia nacional del PRI, que apenas dos meses después está desincorporando formalmente la influencia ulisista a través de la llegada de Juan José Moreno Sada a la dirigencia estatal del tricolor.

Vayamos por partes. Cuando ocurrió ese encuentro, en el mes de diciembre, en la cuenta oficial de Twitter de la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega, se publicó una fotografía de la reunión que habían sostenido con la clase política oaxaqueña. Alrededor de Salvador Sánchez se encontraban, además de Alejandro Avilés (delegado con funciones de Secretario General del CDE en Oaxaca), otros personajes que nada tienen que ver con la actividad formal del priismo local. Ahí estaban nada menos que Bulmaro Rito Salinas, María del Carmen Ricárdez Vela, el diputado David Mayrén Carrasco y otros que, en común, tenían la única cualidad de no pertenecer al Comité Directivo Estatal, o a los sectores o adherentes al PRI en Oaxaca. ¿Qué hacían ahí?

En términos llanos, a lo que todos ellos habían ido a la Ciudad de México era no a acompañar a Salvador Sánchez, sino a empujar la exigencia de que el CEN del PRI debía destinar cuando menos 120 millones de pesos para el proceso electoral que se llevará a cabo en este año en Oaxaca. Fueron también a discutir las estrategias electorales y a justificar el monto económico que solicitaban a su dirigencia nacional.

Y el resultado de esa reunión se puede entender en dos partes: la primera, que a Sánchez le quedó claro que todos esos que lo acompañaban, que no formaban parte de la dirigencia ni de los sectores, iban porque su interés estaba en el dinero y no en el partido; y la segunda, que cualquier cantidad de dinero que se enviara de la Ciudad de México a Oaxaca para la actividad electoral intentaría ser acaparada por varios de ellos, cerrándole a él cualquier margen para la disposición del dinero, y provocando otra guerra interna por el control de los recursos. Por eso, después de esa reunión, comenzó a pensar en irse de Oaxaca y dejar botado el cargo, como finalmente ocurrió.

Eso era exactamente lo que le convenía al ulisimo. Por eso, ni Alejandro Avilés ni los dirigentes de sectores opusieron mayor resistencia, ni mostraron preocupación, por la repentina salida de Salvador Sánchez de la dirigencia. De hecho, desde antes le habían hecho ver que su figura era decorativa porque el control de todo estaría en otras manos. Y por eso simplemente guardaron silencio ante la renuncia de Sánchez… no fuera a ser que se arrepentía y les descuadraba el escenario de libertad que tanto trabajo les había costado construir.

LAS VUELTAS DEL AGANDALLE

Hagamos un alto en este punto y tomemos en cuenta otra historia que corre en una vía paralela a la de Salvador Sánchez y los priistas delegados del ulisismo en Oaxaca. Pues es necesario también recordar que hace más o menos un año, cuando estaban en vía de definición las candidaturas a diputados federales, en la región de la Cuenca del Papaloapan alzó la mano (para querer ser candidato) un personaje que desde el gobierno de José Murat se encontraba en la actividad privada. Éste era Juan José Moreno Sada.

Moreno Sada es un empresario que tiene una importante ascendencia en su región, pero que seguramente entendió que después del gobierno de Murat no tendría mayores posibilidades de aspirar a cargos de elección popular. Por eso esperó a que pasara el tiempo del gobierno de Ulises Ruiz, y fue hasta 2012 que externó su inquietud por convertirse en candidato a diputado federal por aquella región. ¿Qué pasó? Que, sin ningún decoro, Eviel Pérez Magaña pasó por encima de sus aspiraciones para decidir —fuera de todo proceso interno, encuestas o expresión de la militancia— que el candidato sería su sempiterno asesor jurídico y diputado local en el sexenio de Ruiz, Jaime Aranda Castillo.

¿Qué pasó entonces? Que como varios otros priistas, Moreno Sada amenazó con renunciar al PRI y generar una escisión en la Cuenca del Papaloapan; y que, en consecuencia, desde la Ciudad de México le extendieran la invitación de integrarse a la Fundación Colosio, que entonces encabezaba nada menos que el mexiquense César Camacho Quiroz.

Ahora volvamos a la historia de la vacante en la dirigencia priista de Oaxaca. Porque hace apenas unas semanas, cuando se fue Salvador Sánchez, desde la Ciudad de México se decidió que el nuevo delegado con funciones de presidente sería el ex diputado federal Jorge González Ilescas. Esa decisión había sido tomada ya en la dirigencia nacional del PRI, pero de nuevo fue el grupo del ex gobernador Ruiz, y el propio ex Mandatario, quien entonces amenazó con romper. Esto tensó la situación. Y cuando César Camacho Quiroz tomó conocimiento de esta nueva asonada del ulisismo con tal de no soltar la dirigencia (y los recursos, y las candidaturas, y todo lo demás…), se decidió por el colaborador oaxaqueño, que meses antes había dejado en la Fundación Colosio para que, por instrucción directa del Presidente Nacional del PRI, viniera a hacerse cargo del tricolor en Oaxaca.

Así llega Moreno Sada a la entidad. Viene no sólo a establecer nuevos equilibrios en concordancia con el ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, sino también a generar nuevos consensos trayendo consigo toda la legitimidad y fuerza de la dirigencia nacional. Viene también a demostrar cómo la política es cíclica, y cómo los carniceros de ayer se convirtieron en las reses de estos tiempos. Ajustará sus propias cuentas. Y seguramente, ahora no habrá pataleo ni berrinche que pueda frenar este relevo que, según se prevé, ocurrirá hoy mismo.

¿Y LAS PLURIS?

Si se sigue la tradición priista, Moreno Sada ocupará un lugar en la lista de candidatos pluimoninales. ¿Quedará Avilés, que es secretario General, en mejor posición que Moreno Sada? ¿Moreno se podrá imponer para encabezar la lista? ¿Si éste queda en el lugar 1, Avilés estará dispuesto a recorrer su candidatura al número 3? La cuota de género les hará ruido. ¿Y Beatriz Rodríguez se quedará cruzada de brazos? Esta puja va para largo…

+ Capital: su último intento de imposición

El grupo del ex gobernador Ulises Ruiz que aún se encuentra en Oaxaca pasa por uno de sus peores momentos de crisis. Ya no sólo se trata de los daños ocasionados por las sucesivas derrotas electorales o por el descrédito del ex Mandatario como figura política dentro y fuera del PRI en el ámbito nacional. En realidad, su crisis actual se basa en el bajísimo nivel de quienes representan a ese grupo, y de su menguada capacidad personal y electoral como figuras de poder. El caso de la capital oaxaqueña es un ejemplo claro de cómo únicamente a través de una imposición podrían mantenerse a salvo.

En efecto, la historia de esta debacle está enmarcada por un hecho irrefutable: que mientras estuvieron en el poder, el grupo del entonces gobernador Ruiz desdeñó a prácticamente todas las figuras de peso y ascendencia política, y tuvo una marcada proclividad por mantener cerca sólo a quienes eran amigos incondicionales, a tenían particulares capacidades en la ingeniería electoral, o a quienes podían garantizarles ganancias económicas a través del manejo presupuestal o de las maquinaciones administrativas para convertir en privado el dinero público.

Cuando gobierno se acabó y vino la derrota electoral, el agonizante grupo en el poder comenzó a pulverizarse. De inmediato, las figuras a las que nunca les permitieron cercanía decidieron alejarse voluntariamente. Aquellos que siempre habían tenido la calidad de empleados, también se fueron a buscar otros horizontes. Algunos más, que sentían convicción por su partido o por las banderas que defendían, decidieron quedarse en el PRI pero siempre con el desacuerdo de quienes se quedaron a cargo de la dirigencia formal del mismo. Al paso de poco tiempo, se dieron cuenta que quienes se habían quedado con la encomienda de cuidar al grupo y el poder que les quedaba, eran los menos preparados y competitivos, para la nada sencilla labor que tenían enfrente.

¿Quiénes eran? Era Eviel Pérez Magaña, que asumía haberse quedado como depositario de la dirigencia priista únicamente para buscar, desde esa plataforma, la senaduría que finalmente sí consiguió. En la representación legislativa del PRI se quedó el diputado Francisco García, quien se ganó su “liderazgo” también por gracia del grupo al que pertenecía pero no porque tuviera algún tipo de control o ascendencia sobre los demás diputados de su fracción.

A cargo de la ingeniería electoral se quedó Alejandro Avilés, que si bien puede ser bueno para ciertas labores de mapachería, no tiene nada ni de líder ni de dirigente. En los sectores del PRI también quedó un puñado de personajes cuyo único mérito era la amistad o el compromiso contraído con el gobernante caído. En esas condiciones, era previsible que la competitividad electoral del PRI fuera tan mala como el desastre electoral que finalmente provocaron en los comicios federales de 2012, en los que sólo pudieron conseguir la proeza de no salir blanqueados en todos los distritos electorales.

Sin embargo, a pesar de la situación las cosas no cambiaron significativamente. A través del chantaje y la exigencia de las prebendas y los espacios de poder, el ex gobernador Ruiz ha mantenido a todos los personajes en los que delegó su poder en Oaxaca, aunque lo cierto es que todos ellos siguen ahí a través de la vida artificial que les transfunde su Jefe Político. Y no conformes con ello, hoy pretenden seguir viviendo a través de los acuerdos y las imposiciones, pero no de la competitividad real o de la construcción de opciones electorales consistentes y basadas en el trabajo, y no en los compromisos o los caprichos del grupo al que se pertenece.

LA DEBACLE EN OAXACA DE JUÁREZ

Javier Villacaña es un priista que en sus haberes cuenta únicamente con el sencillo mérito del trabajo permanente en las zonas por las que ha querido competir electoralmente. Político de carrera, éste ha hecho del PRI y del trabajo en zonas populares, la base de sus aspiraciones, porque en realidad no cuenta con grandes méritos administrativos, empresariales o profesionales a partir de los cuales sustente la aspiración por la alcaldía de la capital que ha tenido desde hace tres lustros. Sin embargo, como la política se funda en la voluntad popular, su trabajo es meritorio para legitimar sus aspiraciones políticas.

¿A qué se enfrenta Villacaña? Se enfrenta al hecho de que no es el candidato del ex gobernador Ulises Ruiz, y a que por eso intenta ser atajado por quien éste pretende colocar como aspirante a la alcaldía citadina. Y es que, también con clarísimos indicios, el grupo del ex mandatario impulsa al empresario José Escobar Gómez, que ciertamente puede contar en sus haberes con ciertos méritos empresariales, pero nada más.

De hecho, sus aspiraciones por la Presidencia Municipal no se fundan en el hecho de que Escobar sea parte de una familia de empresarios exitosos, ni en sus méritos políticos propios (que, de hecho, en política no tiene ninguno), sino únicamente en la circunstancia de que es el favorito del ex Mandatario, y en que éste intentará asegurar la posición a través de sus conocidas negociaciones y presiones en la capital del país con las cúpulas priistas, pero no a través de la opinión general, a las encuestas, o a la consideración y el respeto a la militancia de su partido.

El problema es que Escobar representa claramente a ese grupo de méritos dudosos y de vida artificial que pretenden subsistir en la política priista de nuestra entidad. El grupo ulisista ya fue vencido por Villacaña hace unos meses, cuando intentaron atajarle la llegada a la Mesa Directiva del Congreso local. El ulisismo legislativo fue quien maniobró en su contra. Y ahora que pretende llegar a la candidatura a Edil por la capital oaxaqueña, tratarán de hacer lo mismo para imponer a Escobar. Aunque si lo logran, será únicamente para que la ciudadanía le recete, de nuevo, una derrota segura para el ulisismo priista que sigue sin entender que la política en los tiempos de oposición debe ir más allá de los compromisos y los caprichos a los que están acostumbrados.

EL ÁRBITRO, AUSENTE

Todo esto se enmarca por la ausencia total del árbitro electoral. Es lamentable para nuestra democracia que el IEEPCO, que encabeza Alberto Alonso Criollo, sea más que nunca una autoridad aparente, que no tiene capacidad ni siquiera para simular su preponderancia como mando institucional en la materia. Villacaña, Escobar y los demás van con todo, a una guerra que no tiene reglas y tampoco tiene autoridad. Terrible.

El gobierno estatal debía tomar con más reservas varios de los conflictos que hoy existen en territorio oaxaqueño, porque el potencial desbordamiento de cualquiera de ellos podría devenir en situaciones de crisis no sólo para los derechos de los particulares, sino también para la seguridad del Estado. Por eso, es indispensable que se apliquen medidas de distención que efectivamente toquen las fibras sociales, y no solamente continuar en las rutas política y policiaca que hasta ahora han demostrado ser un fracaso.

En efecto, en Oaxaca podemos contar varios conflictos que son inminentes. Dos de ellos, los más conocidos, se encuentran en la zona del Istmo de Tehuantepec, y son el de la resistencia de varias comunidades frente a la construcción de un parque eólico, y el que ocurre en la zona de Los Chimalapas por el conflicto limítrofe con el estado de Chiapas. Otro importante, aunque negado, es el de la creciente inseguridad en la zona de la costa oaxaqueña.

Y por si fuera poco, varios conflictos de límites entre comunidades se están combinando con factores de pobreza, marginación e inseguridad y, juntos, dan como resultado un peligroso coctel que cualquier día podría derivar en enfrentamientos, en nuevos grupos de autodefensa, o en células de la guerrilla. Por esa razón es indispensable explorar la vía social que hasta ahora parecen tener desatendidas las instancias estatales y federales.

¿Por qué asegurar que hasta ahora la vía política y la policiaca son un fracaso? En primer término, es posible afirmar que para conflictos de esta naturaleza, la salida policiaca es únicamente la inmediata aunque ésta no soluciona ni siquiera parcialmente (al contrario, ahonda la discordancia) el origen real del conflicto, y por esa razón debe ser usada únicamente como una forma de contención y de disuasión, pero no para intentar resolver un problema que tiene otras causas.

La vía política, que sí podría ser idónea, en Oaxaca ha fracasado. Pues es evidente que aún con la pesada burocracia que hoy tiene el gobierno estatal para la atención política y social de los conflictos (Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Módulos de Desarrollo, Sistema DIF, Secretaría de Asuntos Indígenas, etcétera) hasta ahora no ha tenido la capacidad para atender los conflictos que ha enfrentado.

Veamos si no, y pongamos como ejemplo los conflictos en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ahí, tanto en el conflicto por la instalación del parque eólico, como en el relacionado con Chimalapas, el gobierno ha intentado únicamente la vía política y para eso ha enviado docenas de veces a funcionarios del gobierno estatal que intentan generar condiciones de diálogo con los grupos y comunidades involucradas, y por esa vía, tratar de darle cauce a los conflictos existentes.

El problema es que aún cuando las comunidades y los grupos no se resisten a sentarse en mesas de negociación, e incluso se prestan a llegar a ciertos acuerdos para encauzar algunos de los conflictos, lo cierto es que las respuestas oficiales son insuficientes y, en muchos casos, hasta desganadas. ¿Cuántas veces se han quejado los habitantes de las comunidades de Los Chimalapas porque a pesar de las promesas que han ido a hacer los representantes del gobierno estatal, nunca han cumplido con atender sus demandas y dotar de servicios a esa comunidad que ellos mismos califican como olvidada?

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD

El problema es que hay conflictos que no pueden dejarse a la buena voluntad de los habitantes en conflicto o de los funcionarios que quieran o no cumplir las promesas que hacen a los inconformes. Aquí mismo en Oaxaca, y en varias ocasiones, ha habido conflictos que luego devienen en conflictos violentos de índole social a raíz de la deficiente atención que se les da a éstos. Las regiones de la sierra sur, y de la costa oaxaqueña, son prolíficas en ejemplos de ello.

Aquí en Oaxaca la guerrilla siempre ha sido la opción para muchas comunidades. Ese tipo de conflictividad ha sido alimentada por grupos que llegan hasta ahí para adoctrinar y entrenar a los habitantes, pero sobre todo es generada por ciertas condiciones extremas de pobreza y marginación que llevan a esas personas, a caer en la idea de que da lo mismo vivir en esas condiciones, que morir buscando cualquier tipo de atención o mejora en su calidad de vida.

Cuando el gobierno intenta dar a esos conflictos una solución política o policiaca, el resultado es el fracaso. Es así por el solo hecho de que mientras a la gente no se le quite el hambre, la sed o las enfermedades, ni se atiendan sus reclamos sociales más urgentes, de todos modos quedará latente la causa de fondo que dio origen al conflicto. Y al aplicar esas dos medidas, lo más que se logrará es llegar a una cuestión dilatoria que no tendrá impacto real para las comunidades.

Hoy, la existencia de varios conflictos debe llamar la atención al gobierno para actuar en otros ámbitos. Más de uno de ellos, tiene origen en la falta de atención y en la insuficiencia de las medidas sociales que se han tomado para atender sus rezagos. Más de uno de esos conflictos debe ser abordado desde la lógica estrictamente social, dejando de lado cualquier intento de brindar una solución “política” o de fuerza.

Para eso deben hacer mucho más, otras instancias que hasta ahora parecen desligadas de esos temas de seguridad. Es trágico, en este sentido, el enfrentamiento que existe al interior del gabinete de gobierno estatal. Pues deberían actuar en coordinación y sensibilidad instancias como la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública, éstas con la de Desarrollo Social; y todas juntas con la de Asuntos Indígenas, que hoy está subutilizada, devaluada y marginada de cualquier intervención en los temas que sí son prioritarios y que tienen que ver con la seguridad interior del Estado.

No pensar en esas soluciones sociales de fondo, es tanto como engañarse respecto a los conflictos, y condenar a Oaxaca a la repetición de hechos sangrientos que en el pasado han enlutado a cientos de familias en el interior del Estado.

INTRANSIGENTES

Da risa cómo los de la Sección 22 caen en la provocación. Claudio X. González, de Mexicanos Primero, vinieron no a dar cifras, sino justamente a que los “democráticos” dieran muestras de su intolerante “civilidad”. Lo hicieron. Y con sus demostraciones, pronto serán protagonistas de una segunda parte de “De panzazo”. ¿Apuestan?

+ Mareña vs Comuneros: “razones” evasivas

Es grave que en el conflicto por la construcción del parque eólico más grande de América Latina, en el Istmo de Tehuantepec, estén totalmente ausentes los argumentos sólidos y las razones exactas de por qué debe o no construirse un complejo de esta naturaleza. Si ya de por sí debiera ser preocupante para cualquier gobierno la existencia de un conflicto y un riesgo social como el que entraña Mareña en aquella región, lo es todavía más que éste continúe alimentado únicamente por la sinrazón y las ambiciones de ciertos grupos.

En efecto, es necesario ir sin rodeos a las cuestiones concretas. Pues por un lado, Mareña asegura que cuenta con todos los permisos necesarios, que sí ha llevado a cabo trabajo de campo en los pueblos involucrados, que ellos han sido los promotores de la consulta a las comunidades, y que la construcción del parque eólico no afecta al medio ambiente o a las prácticas, usos, costumbres y tradiciones de los habitantes de la Barra de Santa Teresa y que, al contrario, con el desarrollo eoloeléctrico habría también beneficios sociales y económicos para los pobladores.

En el otro extremo están los ecologistas, que fundamentalmente basan sus argumentos en contra del desarrollo eólico en tres ejes: El primero, por el daño a la ecología y al medio ambiente que generaría la instalación en la zona de los más de cien aerogeneradores. El segundo, porque la empresa Mareña Renovables ha llevado a cabo toda la planeación del desarrollo sin tomar en cuenta en sentir de los pobladores y dueños originarios de aquellas tierras, o aparentando que lo hace a través de engaños abiertos o consultas simuladas. El tercero, radica en la razón de que Mareña ha corrompido autoridades, ha comprado los permisos de construcción y las autorizaciones legales necesarias, y ha intentado comprar conciencias con su poderío económico.

Es claro que aún ante el estruendo de algunos de esos argumentos, ninguno —en cualquiera  de los dos extremos— ha sido probado fehacientemente sus aseveraciones y, más bien, han maniobrado de todos los modos posibles para hacerse rehenes unos de otros, sin hallar hasta el momento los equilibrios que —por indolencia o incapacidad— se han negado a generar los gobiernos estatal y federal para darle una solución definitiva a ese conflicto.

En ese sentido, es necesario reconsiderar (porque lo contrario equivale a aceptar a pie juntillas lo que dice Mareña) todo lo que ha asegurado la empresa. Pues en los últimos meses, ésta ha intentado asumir el papel de víctima de las circunstancias sin considerar que aquí se enfrenta no sólo a los vicios y la voracidad de los grupos de lucha social o la indolencia oficial, sino también a un conjunto de comunidades indígenas que, les guste o no, no tendrían por qué no exigir respeto a sus derechos, e inclusión y atención respecto a sus preocupaciones y problemas.

Hasta hoy, Mareña ha hecho públicamente un conjunto de promesas que, sin embargo —y habría que ver las razones de fondo de ello—, no ha dejado satisfecho a nadie. Ha intentado una estrategia de legitimación que no ha tenido el menor impacto (justamente porque intenta ubicarse como la víctima, poniendo de forma inapelable a sus opositores como  victimarios e intransigentes, y nulificando todas sus razones, independientemente de su contenido); y ahora pretende presionar a todos con el argumento del retiro de su inversión, como si con esto se reparan los errores que ellos mismos han cometido en el intento de aprovechamiento de la zona y en la inversión, de la que nadie resultaría más beneficiado que ellos mismos.

RAZONES VACÍAS

Pero a la par de las razones de Mareña se encuentran las de sus opositores. Y el gran problema que surge en esto, es que todas las voces de rechazo que han surgido, provienen de líderes sociales y de “delegados” de las comunidades, sobre los que nadie sabe bien a bien si tienen una representación legítima, si esgrimen argumentos válidos o respaldados por los habitantes directamente involucrados en las zonas aprovechables, o si en verdad defienden sus argumentos con denuedo y solidaridad legítima con su tierra, o lo hacen en busca de extorsión o de botín económico a partir de su resistencia.

Y es que hoy, por ejemplo, los opositores a Mareña hablan de los daños ecológicos y al medio ambiente que podría traer a la región la sola construcción de los aerogeneradores. Esto lo aseguran aún sin tener fundamentos sólidos, y sin contar con datos, análisis o estudios que fundamenten sus aseveraciones. Si en realidad ese daño fuera inminente, ya estarían aquí en Oaxaca varios de los grupos internacionales más serios de defensa del medio ambiente. Y lo cierto es que, sobre eso, el único fundamento que tienen los opositores es su sola palabra, y una postura adoptada por mayoría de razón, que sin embargo no está basada en datos indubitables sobre lo que aseguran.

En ese mismo canal corren las demás razones. ¿De verdad habrá un daño irreparable a la forma de vida de los habitantes de esa región? ¿El daño será tal que se acabarán actividades como la pesca o la agricultura? ¿De verdad las comunidades no han sido escuchadas ni incluidas en el proyecto eólico por la sola negativa de Mareña Renovables para hacerlas parte del desarrollo que pretende ahí en su territorio? Incluso, ¿de veras la corrupción y la compra de conciencias ha sido tan delirante como lo aseguran quienes hoy se oponen al proyecto y dicen que la corrupción ha sido la única herramienta de Mareña?

Y es que en todo esto una última opción podría radicar en el solo hecho de que, aun sumidas en la pobreza, y rechazando el desarrollo y los beneficios que traería Mareña, los habitantes de las comunidades involucradas simplemente podrían no querer que ahí se instalaran los aerogeneradores. Podría pensarse que esto sería tanto como nulificar su bienestar y su futuro. Sin embargo, junto a la intransigencia y las maniobras de la empresa y de sus opositores, es imposible dejar de ver ésta como otra de las posibilidades sobre la resistencia a la instalación de los aerogeneradores.

URGE UN ÁRBITRO

Por eso es necesario que exista un árbitro legitimado, interesado y eficaz, que elimine la visión monocromática de este asunto, y termine también con el litigio mediático que sólo descalifica, miente y amenaza, y de verdad logre que todos los directamente involucrados (no sus personeros) lleguen a un acuerdo. El problema es que el gobierno sólo profesa indolencia y evasivas sobre este asunto que, como va, no tendrá solución en el corto plazo.

+ Causas democráticas, olvidadas; sólo hay codicia

Independientemente de su trágica coalición con el PRI, en Oaxaca la historia del Partido Verde es la que mejor ejemplifica cómo todo un partido, y un conjunto ideológico y de causas, son utilizados para satisfacer intereses personales y familiares, pero nunca para llevar a la vida pública la agenda de temas y causas por defender, en beneficio de todos, que se supone que plantea al igual que todos los institutos políticos. La del Verde es una trama escabrosa que no debe escapar a nuestra memoria.

Como ya lo señalábamos en nuestra entrega de ayer martes, y en otras, quizá desde inicios de la década anterior el PVEM en Oaxaca sólo ha estado en dos pares de manos: unas son las de la ex dirigente Ana Luisa Zorrilla; y las otras, las del actual dirigente, Rogelio Enríquez Palma. El resultado de esas dos largas gestiones ha sido decadente y resuelto en únicamente resolver los problemas y los proyectos personales de una y otro. Lo peor es que, hoy, en su extravío, el Verde tiene contadísimas posiciones que, por descuido o por decisión, están mucho más cerca de los partidos y los gobiernos opositores al PRI, que en sus propias trincheras cuidando los intereses partidistas que, se supone, les son comunes.

Pero vayamos por partes. Pues como sabemos, la mayor raja es la que han sacado, o intentado sacar, los sucesivos dirigentes del Partido Verde en Oaxaca. Pues aunque hoy está en un estado de aparente retiro de la política local, es evidente que quien más dividendos políticos obtuvo por el manejo del Verde fue Ana Luisa Zorrilla. El problema es que esas ganancias fueron únicamente para su persona, pero sin extenderse a más integrantes de ese partido, o traducirse en votos o simpatías electorales.

Quizá, como sociedad desmemoriada que somos, hayamos olvidado el paso de Zorrilla Moreno por el ámbito público en Oaxaca. Sin embargo, es necesario no olvidar que durante la administración del gobernador Ulises Ruiz fue la única militante del Verde que obtuvo cargos públicos de relevancia, y que esto lo hizo gracias a los favores y los espacios que le concedió el grupo gobernante, y gracias también a la representación proporcional que le posibilita la ley.

Y es que quizá, de otro modo —es decir, por la vía electoral directa— Ana Luisa Zorrilla no habría podido ser ni diputada local en la LIX Legislatura (2004-2007), y mucho menos habría podido ser, en automático y sin mediar periodos, regidora de Hacienda (“y Ecología”, según le acomodaron la denominación en el cabido para que su cargo tuviera decoro) en la administración municipal de José Antonio Hernández Fraguas en la capital oaxaqueña de 2007 a 2010.

¿Cuál fue la aportación de Zorrilla en esos dos espacios? A la luz de los hechos, puede verse que ninguna. Y es que cuando afirmamos que ninguna, es ninguna. Pues como diputada no sólo no aportó elementos o agenda pública respecto a los temas que defiende su partido, sino que tampoco pudo hacer algo para acrecentar su militancia. Más bien, conformó una camarilla en la que repartió los cargos de dirigencia. Y decidió siempre esperar los tiempos para conseguir un nuevo acomodo. ¿Y luego como concejal? Tampoco. Pues si ni siquiera tenía conocimientos de administración o contabilidad como para ser regidora de Hacienda, tampoco tenía interés en adentrarse en los temas relacionados con el medio ambiente, que habían sido la puerta de entrada para que gozara de las prerrogativas, prebendas e ingresos económicos que el cargo le permitía.

HISTORIA DE DESGRACIAS

En 2008, por las razones que ya comentamos en nuestra columna de ayer, ocurrió el enroque entre Ana Luisa Zorrilla Moreno y Rogelio Enríquez Palma. Éste último —y su esposa, Rosa Lizbeth Caña Cadeza— era quien, finalmente, contaba con los afectos y los débitos del grupo que entonces gobernaba la entidad. Sólo que a pesar de ello, su historia al frente del Verde sólo ha sido de fracasos. Veamos si no.

Antes de llegar a la dirigencia del Verde, en 2007, Enríquez Palma y Caña Cadeza (que había sido la procuradora de Justicia de Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que por ello tenía importantes riesgos de ser señalada y responsabilizada por varios de los hechos violentos de ese año) ya habían intentado que ésta última fuera diputada local.

Apareció en la lista de candidatos plurinominales. Sólo que nunca calcularon que luego del conflicto, y de toda la crisis política que generó el gremio magisterial, al año siguiente el PRI ganara en los 25 distritos electorales locales, y generara un pequeño caos al no poder meter a ninguno de sus plurinominales. (Si se recuerda, esa fue la causa por la que el entonces dirigente priista, Jorge Franco, intentó negociar la derrota en uno de los distritos electorales de la capital oaxaqueña, para abrir posibilidades de que él mismo entrara a liderar su fracción, ya que ocupaba el sitio uno en la lista de plurinominales).

Luego, en 2010 fue Enríquez quien se empeñó en llegar al Congreso por la vía de la representación proporcional. El problema es que su partido no pudo conseguir el margen mínimo de votación para tener representación legislativa. Y aún cuando en los tribunales electorales locales había peleado y ganado la posición que hoy ocupa el diputado y líder panista, Juan Mendoza Reyes, finalmente la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó definitivamente ese primer fallo y confirmó esta nueva derrota para los Enríquez Caña.

Hoy van, por tercera ocasión, a buscar una curul. Esto ocurrirá, seguramente, en la persona de Caña Cadeza. Sólo que si antes el ambiente era adverso, hoy lo es mucho más, pues el Verde local enfrenta innumerables recelos ante el PRI como su aliado, y seguramente no habrá ningún vaso comunicante real para hacer un trabajo conjunto, y que lo poco que tenga el tricolor lo ocupe para arrastrar a un Verde, por el que efectivamente no votarían más que quienes ocupan sus cargos de “dirigencia”.

LAS OTRAS “VERDES”

Un lector puntualiza a este espacio: en 2010 el Verde no fue borrado del todo. Sí obtuvo una posición aquí en la capital oaxaqueña, en la persona de Elsa de la Luz Martínez Iturribarría. Sólo que ésta, regidora de Ecología y por el Partido Verde, está totalmente entregada al gobierno del panista Luis Ugartechea, a tal grado que su filiación Verde está totalmente desaparecida, y que su hermana María del Pilar Martínez Iturribarría funge hoy como directora del DIF Municipal. Por eso decimos que el PVEM sólo ha servido para unos cuántos…

+ La Coalición, de dientes para afuera

Hoy, si algo tienen en común el PRI y el Partido Verde en Oaxaca, es la devastación y la derrota. Por si esto fuera poco, la relación entre esos dos institutos políticos se encuentra en uno de sus peores momentos. Por eso, el convenio de coalición que formalizaron este fin de semana ante la autoridad electoral, parece más un “matrimonio forzado” que la unión de fuerzas que, en los hechos, es sólo aparente, de sospechas y reservas comunes, y de mucha mala gana.

En efecto, el Verde es un partido que no existe en Oaxaca. A lo largo de los últimos años, y a pesar de la protección y la vida artificial que le dieron los gobiernos priistas, fue palpable que el PVEM nunca pudo tener más de 500 militantes activos en la entidad. El gran mérito de las sucesivas dirigencias del Verde consistía únicamente en respaldar incondicionalmente al gobierno tricolor en turno, en estar siempre dispuesto a ser un satélite del priismo y en alimentar la apariencia de fuerza invencible que tenía el PRI en la entidad para intimidar a sus adversarios políticos.

Así pudo sobrevivir la dirigencia del Partido Verde durante todo el último gobierno priista de la entidad, a pesar de que era en el PRI y en el gobierno, y no en las instancias del propio Verde, en las que se resolvía el rumbo y las definiciones políticas de ese partido. En eso se explica que desde el día en que fue defenestrada Ana Luisa Zorrilla como dirigente del PVEM, y se dispusiera el nombramiento de Rogelio Enríquez Palma como su sucesor, comenzara una batalla estéril dentro de ese partido para conseguir una definición que ciertamente no les pertenecía y que tampoco abonaba a su frágil estructura y cohesión interna.

¿Qué pasó? Que al ser impuesto Enríquez por el entonces dirigente priista, Jorge Franco Vargas, el grupo que acompañaba a Zorrilla se inconformó a tal grado que desde entonces iniciaron una serie de batallas legales por la definición legal de la dirigencia pevemista, que hasta hoy se encuentra inconclusa. ¿Cuál fue el resultado de ello? Que el Verde “invirtiera” su poquísimo capital y militantes en librar esas batallas sin sentido, y que por ello dejaran totalmente descubierto el trabajo político que debían realizar para atraer a nuevos simpatizantes, registrar a nuevos militantes y captar más votos en los sucesivos procesos electorales.

En todo eso fracasaron estruendosamente. En los comicios de 2010, a pesar de todas las inercias y las ventajas que aparentemente tenían al ir en coalición con el partido gobernante, y de tener como candidato a un abanderado relativamente bien posicionado, como lo era Eviel Pérez Magaña, el Partido Verde no obtuvo más de 20 mil votos en toda la entidad. Esto lo llevó a la devastadora situación de no conseguir una sola diputación de las que le habían tocado como cuota por mayoría relativa, a no alcanzar el porcentaje mínimo de votación como partido local, y a perder la representación legislativa que pudiera haberle tocado por la vía de la representación proporcional.

Aún así, sus batallas internas continuaron. Y esa crisis se agravó al pasar del tiempo, cuando la dirigencia del Verde se distanció del tricolor; cuando el mismo PRI perdió la ruta del orden y la disciplina interna, y se enfrascó en batallas terribles por los despojos de su propia dirigencia; y cuando finalmente el grupo que se había quedado con el membrete del Partido Verde terminó estando más cerca del PAN que del PRI apenas en los comicios federales del año pasado.

LA ÚLTIMA TRAICIÓN

Esta historia de débitos y pagos, y de coaliciones forzadas, es ampliamente conocida en Oaxaca, y de ella hemos dado cuenta ya en otras entregas. Es ampliamente sabido, por ejemplo, que Rogelio Enríquez Palma llegó a la dirigencia estatal del Verde respaldado no por su larga militancia en la región de la Cuenca, sino gracias a los favores que en su momento recibió del otrora poderoso priista, Jorge Franco Vargas.

Todos en Oaxaca saben, también, que antes y después de la sustitución de Rogelio Enríquez por Ana Luisa Zorrilla, el Verde no ha alcanzado a tener más que un pequeño puñado de afiliados; que antes y después de aquel cambio, los cargos de elección popular (legislativos y municipales) que obtuvo la dirigencia fueron por cuotas y negociaciones, pero no porque los ganaran en las urnas. Y que antes y después de ese cambio, el Verde ha sido un membrete en Oaxaca, en el que no han parado las pugnas internas entre los dos grupos que se sienten dueños del partido.

De ese débito entre Enríquez y Franco parten las desavenencias actuales con lo que queda del PRI local. Apenas el año pasado, Franco Vargas trabajó de cerca con Diódoro Carrasco Altamirano como candidato del Partido Acción Nacional al Senado. A éste, le vendió la engañosa idea de que pondría a su disposición las estructuras y el control político que aún mantenía del priismo —cuestión que demostró lo aparente del poder de Franco. Y lo más que pudo conseguir (contante y sonante) fue la declinación a favor de Carrasco, de Joaquín Ruiz Salazar, a la sazón candidato a Senador por el PVEM. Esto, claro, con la anuencia de Enríquez Palma, que necesariamente debió aprobar el apoyo a Carrasco, y que lo hizo por la presión, por el apoyo o por el débito que tenía con Franco Vargas por haberlo llevado, desde 2008, a la dirigencia del Verde.

Por todo eso, este fin de semana los dirigentes del PRI y Verde fueron al IEEPC más obligados por las circunstancias que convencidos de que nuevamente tendrán que ir juntos. Las cúpulas nacionales de ambos partidos traen un acuerdo de gran calado, que rebasa a la posibilidad de decisión que exista en Oaxaca.

Por eso, aquí armaron su alianza en un ambiente de confrontación y frialdad; por eso hablaron de no permitir imposiciones antes que de estar seguros de los triunfos o de la viabilidad de su unión. Por eso esta coalición será sólo aparente: todos se adhirieron de dientes para afuera. Y lo único que es seguro es que no harán ni ápice de trabajo conjunto, porque hoy son más los recelos y las desavenencias que los intereses comunes (no necesariamente encaminados al interés público, sino a sus propias ambiciones) que en otros tiempos los unieron.

QUÉ DIFERENCIA

Este es un signo más del resultado electoral que se avecina: la coalición PAN-PRD-PT logró superar sus diferencias y arreglarse para ir juntos. Pero el PRI, que ni dirigente tiene, no ha hecho más que alimentar sus disputas internas, y ahora pelearse con su único aliado. Una verdadera lástima.