+ Diputados: ¿cooptación o desdén por su labor?

Aún cuando pudiera parecer positivo el retorno de la tradición política, en la que el Gobernador del Estado visita personalmente la sede del Congreso del Estado para entregar su informe anual de gobierno, es claro que, al menos en esta ocasión, fue una inmejorable oportunidad desperdiciada por todos los involucrados. Aunque todos manifestaron voluntad por la reedición del informe presencial, queda claro que nadie quiso darle al menos las formas democráticas mínimas de un supuesto Estado en transición, como el nuestro.

Quienes conocen la historia política reciente de nuestra entidad, afirman que fue en 1994 la última ocasión en que un Gobernador del Estado (en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano) visitó el Congreso para entregar personalmente el informe sobre el estado en que se encuentra la administración pública del Estado.

A partir de entonces, los Mandatarios en turno prefirieron dejar de lado esa tradición —que en algún tiempo fue considerada, al estilo presidencialista, como “el día del Gobernador”—, pero no porque consideraran a ésta como una forma política caduca o representativa de la imagen antidemocrática que intentaban eliminar.

Más bien, con el aval de la Constitución (que no obliga a la visita del Gobernador al Congreso, para entregar el Informe), decidieron terminar con este esquema por los problemas que les ocasionaba. Más que la adulación y los elogios de antaño, éste era un día de protestas, marchas multitudinarias, y hasta potenciales enfrentamientos. Dejaron atrás el protocolo, pues, por las incomodidades que éste ya generaba, y no por una vocación democrática de avanzada.

A partir de entonces, la entrega del Informe fue un mero acto protocolario (ahora protagonizado por un subordinado del Gobernador, que sí estaba obligado a sortear todo tipo de inclemencias durante el acto), que luego se complementó con el establecimiento de la obligación de todos los integrantes de la administración pública estatal, de comparecer ante las comisiones de la Legislatura, cuando éstas requirieran su presencia para abundar o aclarar cierto tema, o para abundar los datos contenidos en el Informe durante el periodo denominado como de “glosa”.

No obstante, el gobernador quedó exento de la solemnidad de ser quien rindiera cuentas sobre su gestión; y si esa situación se mantuvo así por alrededor de tres lustros, fue porque de algún modo todos estaban cómodos con esa situación. Es decir, que ni el Gobernante en turno tenía ganas de revivir aquellos momentos cargados de claroscuros y tensión, y los diputados tampoco parecían tener interés en constreñir al Mandatario para que cumpliera con una solemnidad que, nos guste o no, ha sido parte de nuestra cultura y tradición política.

Tuvo que venir el tiempo del cambio. Y con éste quedó de manifiesto que el gobernador Gabino Cué Monteagudo sí tendría la legitimidad, la disposición, y el bono democrático, como para acudir personalmente al Congreso a entregar su informe de labores, y emitir también un discurso desde la tribuna legislativa.

Hasta ahí todo parece correcto, y hasta plausible. El problema es que esa voluntad no fue honrada por un interés democrático genuino. Porque aunque revivió el informe, éste apareció a través del formato más anticuado y antidemocrático posible. El problema es que el Ejecutivo lo planteó de ese modo; y el Legislativo, cómplice y servil —como sigue siendo frente al Ejecutivo—, así lo convalidó.

Por eso, el acontecimiento político de ayer martes no alcanza a llenar los requerimientos democráticos mínimos de la actualidad. Y tampoco puede, ni debe, convertirse en un modelo para los años siguientes —si es que el Mandatario pretende seguir con la tradición de acudir personalmente al Congreso a entregar su informe.

CONVALIDAR LO ARCAICO

El regreso de la tradición del informe de gobierno, en un escenario ideal, debió haber venido acompañado de innovaciones y demostraciones contundentes de una verdadera vocación democrática de avanzada.

Sin tratar de de descubrir el hilo negro, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pudieron haber revisado algunos de los innumerables esquemas posibles de intercambio de ideas entre Poderes, durante ese acto solemne, para tratar de adecuarlo al contexto local y aplicarlo.

El problema es que, de nuevo, ganó la tradición del culto a la personalidad; de la subordinación del Legislativo al Ejecutivo; y de la ponderación del cuidado de la imagen del Mandatario, por encima de lo que sí pudo haber sido un acto democrático.

Y es que el formato de Informe planteado por el Ejecutivo, y convalidado por el Legislativo, es el menos democrático de todos. Ese supuesto acto democrático, en los hechos, no fue sino un binomio de discursos en los que cada uno de los participantes dijo lo que quiso, informó a discreción, y prefirió no salir de su zona de confort frente a sus contrapartes.

Por eso, el Ejecutivo sólo reconoció discretamente sus errores —pero no abundó en los cuestionamientos que la sociedad le ha hecho—; y el Legislativo, en su respuesta, prefirió transitar en lo abstracto, evadiendo la gran mayoría de los temas de fondo que pudieron haber sido la sustancia de este acto.

Prueba de ello, es que en este informe no hubo ni siquiera la vieja tradición de los posicionamientos previos de las fuerzas políticas. El oficialismo y la oposición no tuvieron posibilidad de manifestar formalmente sus posiciones frente al gobierno. Y el Gobernador no tuvo tampoco que escuchar esos argumentos que, se supone, podrían ser no sólo una crítica, sino también un punto de utilidad para el replanteamiento de los temas que no han sido eficazmente atendidos por su gobierno.

Los posicionamientos de las fracciones parlamentarias —si es que los hay— frente a la acción de gobierno, serán por eso actos aislados, y potestativos. Y quién sabe si para los años siguientes haya verdadera voluntad de revisar el esquema, y hacerlo verdaderamente democrático, y no consolidar este acontecimiento como un acto demagógico, que lo que estaría reviviendo es nada menos que la tradición autoritaria de rendir culto al Mandatario durante ese, que sería de nuevo, su día.

EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD

lamó la atención que varios integrantes del gabinete legal estuvieron ausentes en el Informe. Según dicen, tuvieron actividades más importantes fuera del Estado, que acudir a la rendición de cuentas de su Jefe ante el Congreso.

+ Atracción por pobreza, no por modelo

¿De verdad estarán convencidos en el Gobierno del Estado, de que hoy nuestra entidad es atractiva para las agencias internacionales de desarrollo, por ser un modelo de gobierno y una entidad dotada de excelentes condiciones sociales y de gobernabilidad en México? Pareciera que ese es uno de los ejes que pretenden explotar, desde el sector oficial, en el primer informe de labores del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Pero es evidente que, en rigor, Oaxaca está lejos de ser una entidad atractiva para los organismos internacionales por los aspectos que el gobierno pretende hacernos creer.

Uno de los rubros en los que el Gobierno del Estado incursionó en esta administración, fue en el relativo a la vinculación y el financiamiento internacional. De hecho, hasta crearon una coordinación con ese nombre. Sin embargo, es claro que una cosa es el acercamiento con organismos de ese tipo, y otra la engañosa imagen —que también han tratado de generar en la administración estatal— de que Oaxaca tiene algo así como su propia “política exterior”.

Es evidente que mientras la primera de las finalidades es no sólo útil, sino también necesaria —y se aparece como un gran acierto, ante las imperiosas necesidades que tiene nuestra entidad—, la segunda es un peligroso engaño, que intenta sorprender a quienes desconocen por completo el andamiaje constitucional, y el ámbito de competencias institucionales en nuestro país.

Queda claro que, en el primero de los casos, son las condiciones sociales, dolorosísimas, las que desde siempre han atraído la atención y el trabajo de las agencias internacionales de desarrollo, tanto de la ONU como de diversos países interesados en Oaxaca.

El hecho de que hoy esas agencias vengan a la entidad a firmar convenios, y hasta a hacer conmemoraciones relativas a su propia existencia, en alguna medida sí tiene que ver con el bono democrático del nuevo gobierno. Durante toda la gestión anterior, aquellas agencias de desarrollo sí venían y realizaban trabajo social y de investigación, pero siempre de manera independiente.

Además, tenían absoluto cuidado de aparecer públicamente lo menos posible, y sobre todo evitando a toda costa, dar la idea de que trabajaban mano con mano con un gobierno local encabezado por un personaje (el gobernador Ulises Ruiz Ortiz) sobre quien, nacional e internacionalmente, pesaban una imagen de represor, corrupto, autoritario e intolerante, y sobre quien habían serias conminaciones para que abandonara el cargo por su amplia vocación antidemocrática.

Por si todo eso no fuera suficiente, también era claro que el gobierno estatal de aquel entonces, tampoco tenía mucho interés de coordinar esfuerzos con las agencias internacionales, y mucho menos tenía interés en obtener recursos extraordinarios, provenientes del exterior, para atender problemáticas sociales de comunidades indígenas con fuertes problemas de pobreza y marginación. Por lo menos no les interesaba hacerlo de manera coordinada y sistemática, como hoy intenta hacerlo la administración estatal.

No obstante todo lo anterior, es claro que hoy, y siempre, a las agencias internacionales de desarrollo les ha interesado nuestra entidad, porque ésta se encuentra plagada de todo tipo de calamidades sociales (pobreza, marginación, violencia familiar, discriminación, analfabetismo, etcétera) que son de su interés atender… para tratar de incidir en su abatimiento.

Esa es la razón de mayor peso para que hoy las agencias tengan interés en la entidad, y no el hecho de que vengan aquí a firmar convenios y a hacer celebraciones sólo porque consideren que la nuestra es una entidad con paz, con gobernabilidad, o con un gobierno modélicamente democrático y funcional. Queda claro que aún con cualquier tipo de avance que pudiera haber habido en este primer año de gestión, aún estamos lejos de poder situarnos en una posición de esas características.

¿POLÍTICA EXTERIOR?

Se supone que hoy, los esfuerzos de las relaciones internacionales que entabla el gobierno de Oaxaca con organismos de ese tipo, están concentrados en una sola coordinación institucionalizada. Su función y alcances, sin embargo, se encuentran circunscritos a tareas específicas, y no al posible establecimiento de una “política exterior”, como se ha tratado de aparentar, y como algunos despistados han tratado de creer.

La idea de entablar relación con organismos internacionales de desarrollo, lejos de ser cuestión negativa para un gobierno local, es una tarea útil que incluso podría aparecerse como un tipo de “as bajo la manga” frente a las limitaciones económicas. Se supone que la idea principal del establecimiento de la coordinación del gobierno local encargada de esas tareas, se encuentra en la búsqueda de recursos internacionales extraordinarios que pudieran ejercerse, para abatir ciertos índices de marginación o pobreza, que sitúan a nuestra entidad entre las más afectadas por esas condiciones.

Y, según se plantea, todo eso puede lograrse a través de la vinculación y la realización de programas conjuntos y diagnósticos, que luego podrían servir a los organismos internacionales para destinar recursos, y ejercerlos ellos mismos o a través del gobierno local, para atender los fines que se proponen.

No obstante, todo eso se encuentra a kilómetros de distancia de la posibilidad de que Oaxaca entable relaciones internacionales de otro tipo. La idea, si ha querido ser incrustada desde el mismo gobierno, es no sólo errónea, sino incluso invasiva de las atribuciones que la Constitución de la República le otorga al Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por todo eso, querer confundir el financiamiento internacional, con el establecimiento de algún tipo de política exterior, no es justificable desde ninguna perspectiva. Y querer asumir que es por las buenas condiciones de la entidad que los organismos se interesan en venir a Oaxaca, es tanto como querer esconder, debajo de un trapito, las abrumadoras condiciones sociales que prevalecen en nuestro estado.

PRIMER INFORME

Hoy rinde su primer informe el gobernador Gabino Cué. Para las generaciones actuales es novedoso que vaya al Congreso. Ojalá que, el retorno de esa “tradición”, no venga acompañada del añejo “Día del Gobernador”. Ojalá que el informe deje, pues, de ser motivo de lucimiento y magnanimidad del gobernante, ante la obediencia del Legislativo, y sea un verdadero acto democrático y republicano de informe y crítica. ¿Será?

+ Normalistas y todos, ahogados por los recursos

Aunque todos la niegan, y todos la repudian, queda claro que la Alianza por la Calidad de la Educación, en Oaxaca, sigue avanzando sin oposición. Los profesores integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la han rechazado sistemáticamente. Y aunque el Gobierno del Estado se ha comprometido a respetar, y hasta colaborar con esas posiciones, lo cierto es que en la puja por los recursos económicos, el gobierno federal va ganando silenciosamente —y quién sabe si no también con ciertas complicidades— esta partida.
Son motivos políticos, y no un verdadero interés por la educación, lo que desde hace años ha movido a los profesores de la Sección 22 a rechazar la ACE. En un primer momento, aseguraron que dicho esquema de la educación no tomaba en cuenta las particularidades de de pobreza y marginación de entidades como la nuestra, y que pretendía llevar a cabo un proceso de homogenización que no era correcto ni permisible frente a cuestiones como las antes descritas, además de los aspectos culturales, étnicos, lingüísticos y demás que particularizan a las comunidades indígenas.
Posiblemente, en ese primer planteamiento los profesores tenían razón. No obstante, cobijados en esa supuesta preocupación por el rumbo que pudiera tomar la educación pública de los niños y jóvenes oaxaqueños, los maestros de la Sección 22 también, y sobre todo, se cerraron a cualquier intento de evaluación por parte de la Secretaría de Educación Pública.
Y, sospechosamente, su oposición alcanzó también a la nada despreciable situación de no permitir que el gobierno federal pudiera condicionarles su estatus salarial, sus formas de escalafón y, en general, el control que ellos tenían de su situación de privilegio, de total discrecionalidad y de absoluta autodeterminación, como trabajadores dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Por eso, en realidad los profesores utilizaron argumentos nobles para protegerse de las evaluaciones. Y fue a través de su capacidad de movilización y de presión al gobierno estatal, como lograron que éste respaldara —así fuere de dientes para afuera— su propuesta de implementar un programa alterno a la ACE, y la exigencia de no firmar los acuerdos que permitirían que dicho plan, impulsado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y el Comité Nacional del SNTE, que encabeza la profesora Elba Esther Gordillo Morales, comenzara a aplicarse en la entidad.
Esa postura se mantuvo firme durante algún tiempo. La mejor muestra de ello, es que en la entidad no se aplican pruebas como la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), y tampoco se ha permitido abiertamente el establecimiento de los programas relativos a la asignación de plazas a nuevos profesores, o lo relativo a las evaluaciones de quienes eran parte del programa de Carrera Magisterial, a través del cual tenían incentivos económicos acordes a la demostración de mayores habilidades y conocimientos en el desempeño de la labor docente.
El problema, en todo esto, es que desde hace un tiempo, el gobierno federal comenzó a aplicar una estrategia de convencimiento forzoso a los trabajadores de la educación oaxaqueños: al ser federales los recursos con los se les paga a los profesores, la SEP comenzó a exigir el cumplimiento de sus esquemas y requisitos, a cambio de la liberación de los recursos para programas ya existentes en la entidad.
Al negarse la Sección 22, aquélla comenzó a retener los recursos. Y entonces, ante la imposibilidad de acción del gobierno estatal, e independientemente de ciertas complicidades y posibles traiciones, los “profesores democráticos” comenzaron a quedarse solos, y a acatar las disposiciones que, aunque disfrazadas, son parte de la ACE.

S-22: ¿ENEMIGO EN CASA?
La semana pasada, los normalistas oaxaqueños protagonizaron una serie de bloqueos a las principales arterias viales de la capital oaxaqueña, en rechazo a un programa de modernización curricular, a través del cual se incrementa un año de estudio (de cuatro a cinco años) para poder egresar como profesor de educación primaria, se establece como obligatoria la materia de inglés, y se replantean los criterios de ingreso y egreso de los “forjadores educativos”.
¿Qué es esto? Queda claro que independientemente del nombre y su posible ruta originaria, este es un paso más de la implementación de una ACE disfrazada. Es posible que, en esto, haya un posible acuerdo entre el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, y el dirigente estatal, Azael Santiago Chepi. Pero independientemente de eso, es evidente que, como en varios otros casos, de todos modos la SEP ya había dispuesto que de todos modos se lleven a cabo esos programas de modernización, pues de lo contrario simplemente no entregaría los recursos que exige el sector educativo.
Hasta hoy, mucha de esa aparente desinformación e imposiciones que le realiza el gobierno federal a la Sección 22 respecto a esquemas específicos de la ACE, en realidad ha sido estimulada por la propia dirigencia magisterial. Pareciera que frente a cada nueva decisión oficial en ese sentido, los profesores son los primeros desprevenidos y desinformados. Aunque esas condiciones son generadas no por lo intempestivo de las decisiones de aplicar los programas, sino por la negativa de la 22 a informar a sus trabajadores sobre las medidas irremediables para la modificación de los esquemas educativos.
Los mismos profesores, hoy, saben que los primeros que se resisten a informar, son sus compañeros de dirigencia. Por eso, ahora sus protestas son tardías, y sólo se realizan cuando las decisiones ya fueron tomadas, y cuando cualquier inconformidad ya resulta tardía y, por tanto, irrelevante. Por eso, pareciera que, paradójicamente, el primer aliado de la ACE en Oaxaca no es el gobierno estatal con el federal, sino la propia dirigencia sindical, que simula preocupación y compromiso, pero que está abriendo de par en par las puertas de la ACE para el magisterio oaxaqueño.

MARCHAR, PARA QUÉ
Por cierto, ¿cuál será el objeto de la marcha que realizará la 22 mañana, en el marco del Primer Informe de Gobierno del gobernador Gabino Cué? ¿Es para reiterar la alianza, para protesta en su contra, o simplemente para hacerse presentes? Hasta hoy, no queda claro qué posición tienen frente al gobierno estatal. Pero de nuevo, a quienes sacrifican son a los alumnos que tendrán, sin querer, otro fin de semana largo.

+ Gobierno sin credibilidad; sociedad disuelta

Como para no amargarnos la existencia, y como para también aplicarnos algún tipo de “sedante” frente a esta abrumadora realidad nacional, insistimos —incluido el autor de estas líneas— en asegurar que vivimos en una democracia, y que los principios constitucionales de legalidad y Estado de Derecho se cumplen, o al menos eso se pretende, al pie de la letra. Sólo que, de frente a la realidad, nosotros mismos nos damos cuenta —aunque no queramos— que estamos bien lejos de lo que afirmamos.

Dos ejemplos nos ponen en claro lo anterior. El primero tiene que ver con la elección de Gobernador en el Estado de Michoacán, en la que compite nada menos que una hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El segundo, tiene que ver con el terrible accidente aéreo ocurrido ayer viernes, en el que el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y siete personas más, perdieron la vida. ¿Por qué hablar de estas cuestiones? Las respuestas son abrumadoras.

Vayamos al primero de los casos. El Presidente de la República, es el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y por tanto Jefe de la Administración Pública Federal. Ésta, a su vez, es la que se encarga de aplicar los recursos que le autoriza el Congreso para cumplir con los fines del Estado, y es también la que se encarga de recaudar esos mismos recursos que se utilizarán para las mismas cuestiones.

Esto, en términos sencillos, implica que el Presidente tiene una gran capacidad de acción y de influencia. Pero, se supone, esto debe estar expresamente limitado al ámbito de sus atribuciones, y a los límites que le marca la ley. Pero ni esos recursos públicos ni su influencia política, se supone, debían servir para hacer ganar elecciones a su partido o a sus candidatos, y mucho menos para aplicar métodos de ingeniería electoral. Eso, en cualquier democracia que medianamente se jacte de serla, es simplemente inadmisible.

Sin embargo, ¿qué ocurre en México? Que aquí vemos de lo más normal que el Presidente de la República, o los Gobernadores, o los Jefes Políticos de las regiones, e incluso los caciques de las comunidades, se involucran de la manera más indebida en los asuntos políticos que no les competen, y pretenden determinar siempre sus resultados a través de la aplicación de los recursos económicos, o de los mecanismos que fueron creados para otros fines, pero no para los procesos electorales.

Aquí en México, por ejemplo, se dice con entera libertad, y hasta normalidad, que “el Presidente está operando en Michoacán la más importante de sus batallas políticas”; que él es el Jefe de Campaña de su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, o que influye de manera determinante a través de la presencia policiaca militar y policial, o por la vía de la presión económica al gobierno estatal de aquella entidad, a través de la retención de las participaciones federales que le corresponden a ese estado.

¿No debían ser cuando menos escandalosas, afirmaciones como éstas? En cualquier otra democracia que no fuere la nuestra, esto sería por completo inadmisible. No obstante, aquí entre nosotros todo resulta ser normal: que el Presidente de la República utilice el aparato del Estado a favor de su hermana; que siga siendo el gran operador político del PAN; que haya destinado recursos infinitos para sembrar el terror o el miedo en la población; o que como lo hizo en la víspera de los comicios federales de 2009, aplique un operativo —luego conocido como el “Michoacanazo”— para aprehender a figuras políticas opositoras a él, acusadas de ser empleados del narco.

El problema no es sólo que haga todo eso —porque claro que es él quien encabeza esa y muchas más acciones—, sino que los mexicanos lo sepamos y lo asumamos con tanta naturalidad. Como si esos vicios, inadmisibles, fueran ya una condición irremediable de nuestra clase política, para la cual ya no nos queda ni siquiera la posibilidad de reclamar o de exigir conductas distintas.

GOBIERNO SIN CREDIBILIDAD

Ayer viernes cayó un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, en el que viajaban el Secretario de Gobernación (el principal “presidenciable”, o potencial sustituto inmediato ante una falta repentina del Presidente de la República, según nuestra tradición política particular), algunos de sus colaboradores y elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. El hecho de inmediato provocó no sólo la consternación generalizada de la clase política y el pueblo mexicano, sino también una serie de sospechas sobre la causa que pudo haber provocado la caída de la aeronave.

La primera duda surgió por algo muy poco común. Hasta donde se sabe, a ningún Presidente mexicano, y acaso del mundo, se le han muerto dos Secretarios de Gobernación —u ocupantes del Ministerio del Interior, o de funciones equiparables a las del cargo que ocupó el fallecido secretario Blake Mora— en accidentes ocurridos en aeronaves pertenecientes al gobierno de la República. Primero fue, en noviembre de 2009, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y ahora José Francisco Blake Mora.

Como es natural, el gobierno federal solicitó a la opinión pública evitar las especulaciones, y esperar a que fuera un peritaje el que determinara las causas por las que el helicóptero se desplomó. Fue exactamente lo mismo que hizo cuando cayó el avión que transportaba a Mouriño. El problema es que, desde hoy, y casi de antemano, se percibe un altísimo grado de incredulidad por parte de la ciudadanía. No conciben como algo creíble, el hecho de que dos Secretarios de Gobernación hayan muerto en accidentes aéreos, mientras se desarrolla la más intensa guerra contra el crimen organizado que haya librado el gobierno mexicano en toda su historia.

NADIE CREE

Cuando ocurrió el accidente de Mouriño, quedó siempre una estela de duda. Hoy, por ese conjunto de circunstancias, es mucho menos posible que la sociedad mexicana crea la versión que ofrezca el gobierno federal. Y es que no, no se trata de que los mexicanos a fuerza queramos escuchar que se atienda a las infaltables teorías de la conspiración, que apuntan a que el accidente fue en realidad un atentado. El problema es que, en realidad, tenemos a un gobierno tan desacreditado, que sea cual sea la respuesta final a esta interrogante, de todos modos nos costará trabajo creer. Y la falta de credibilidad, es otro ingrediente grave que resalta de lo engañoso que resulta ser para nuestra sociedad y gobierno, la idea de la democracia. Algo gravísimo.

+ Temas públicos, dominados por la partidocracia

Qué grave resulta el hecho de que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se diga la garante de los intereses ciudadanos, pero siempre termine resolviendo sus asuntos en base a cesiones recíprocas, equiparables al reparto de un botín. Aunque se supone que éstos son los tiempos del cambio —y que ese cambio de actitud corresponde no sólo al Ejecutivo del Estado, sino a todos los actores de la vida pública—, hoy es evidente que desde ahí todos le apuestan al gatopardismo, y al desaliento simulado a la verdadera participación ciudadana en los asuntos públicos.

La mejor prueba de ello se encuentra en la conformación de los órganos autónomos estatales, en los que están tratando de transformar todo… para que nada cambie. Desde siempre, siendo representantes de las fuerzas de oposición, los partidos que hoy gobiernan no dejaron un solo momento posible para criticar la cooptación que había hecho el entonces Gobernador del Estado, de los órganos públicos que, por su naturaleza, debían estar conformados por ciudadanos especializados en las materias respectivas, y no por políticos que sirvieran a grupos e intereses políticos.

No faltaba razón para la crítica. Todos esos órganos estatales tenían la calidad de “autónomos” sólo en las disposiciones jurídicas que les daban origen, pero no en la realidad. Y aunque la declaratoria de autonomía es un imperativo que la ley establece para todos los involucrados (por la razón de que éstos representan los nuevos contrapesos para el control del poder), todos asumían esos espacios como satélites del gobierno estatal en turno, y por eso prevalecían los criterios políticos por encima del de la calidad moral, la experiencia y la preparación profesional de sus integrantes.

Desde esa perspectiva, era válida, desde todas las visiones posibles, la crítica al poder por negarse a conceder esos espacios a la ciudadanía, y por entregarlos a personas que más bien parecían agentes del régimen colonizando esos supuestos espacios, que no debían estar sometidos a los designios del Jefe Político en turno.

De hecho, fue esa la razón por la que, una vez que el ahora grupo gobernante llegó al poder por la vía de los comicios, de inmediato dispuso que una de sus primeras decisiones sería la de reformar los órganos autónomos para eliminar de ellos a los personajes que estaban ahí por decisión política, y por sumisión al Jefe Político del régimen anterior, para supuestamente dar paso a una integración verdaderamente democrática y apegada a los principios que buscaba salvaguardar la Constitución, cuando los concibió como parte de la estructura del Estado.

Y el solo repaso a los nombres de quienes integraban esos órganos durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, daba las pautas suficientes para legitimar la urgencia y la importancia de hacer esos cambios. Y como todos —los partidos ganadores, y el gran derrotado también— prometían que habría un fomento real a la democracia, entonces pocas fueron las voces que realmente se opusieron a que los órganos autónomos fueran no sólo reintegrados, sino que incluso fueran modificados en sus alcances, atribuciones y estructura orgánica.

El problema es que el resultado no pasaría, ni de lejos, cualquier prueba de verdadero avance democrático. Sólo se dio el cambio de personajes, pero no de prácticas. Y esos órganos autónomos, que debían quedar en manos independientes y especializadas —pero sobre todo lo primero—, finalmente fueron groseramente entregados en base a cuotas e intereses, y no a las promesas hechas inicialmente.

Y, lo más grave, es que con ello están demostrando que la participación de los ciudadanos es una simulación. ¿O cómo podrían explicar que la autonomía de esos órganos fue puesta, a través de negociaciones, en las manos de los partidos políticos?

DEMOCRACIA COOPTADA

En términos verdaderamente serios, ningún partido político en la entidad podría hoy explicar, con honestidad y certeza, cómo es que procuraron la democracia en esos órganos que hoy están como desde antes de que llegara el “cambio” a Oaxaca. En realidad es grave que eso pase hoy, porque lo que está quedando claro es que la pluralidad decidida por los ciudadanos para el Congreso, no está siendo retribuida a través de un verdadero compromiso para que éstos pudieran tener más influencia y poder real dentro de los asuntos del Estado.

¿Cómo podrán explicar los diputados, por ejemplo, que en todos los procesos de elección de integrantes de órganos, en los que se supone que se emiten convocatorias públicas y pueden participar todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos que establecen tanto la convocatoria como la ley respectiva, se ha decidido y “consensado” desde tiempo antes de la elección, y que incluso esas decisiones pactadas son filtradas a los medios informativos desde horas o días antes de que ocurra la elección?

¿Cómo podrán explicar, en ese mismo sentido, que a los ciudadanos que por un deseo real de servir a la sociedad, y por cumplir con todos los requisitos de experiencia, conocimiento y formación profesional requerido, ni siquiera son tomados en cuenta y, aún peor, son usados como comparsa para legitimar los acuerdos que ellos ya han tomado a favor de personajes que quién sabe si cumplen con la ley, pero sí tuvieron la capacidad o la suerte de ser objeto de negociación entre los partidos?

Incluso, ¿cómo podrían explicar todas las versiones que corren respecto a la forma en cómo negocian ellos, y cómo permiten que el grupo gobernante los “convenza” de decisiones que les favorecen a ellos directamente (a través de dádivas económicas, canonjías políticas o “cemento”), pero que quién sabe qué tan benéficas o dañosas son para la sociedad?

SIMULACIÓN RIESGOSA

El problema es que esta democracia simulada, sólo está alejando a quienes se supone que debería estar alentando. Los ciudadanos, aún con este cambio —que más de uno nos quiere vender, ilusa y hasta groseramente, como una “transición”—, siguen estando marginados de los asuntos públicos. Así lo reiteró la forma en que fueron electos los subauditores de la ASE, hace dos días. Y se supone que la esencia de cualquier cambio democrático, radica justamente en hacer más legítimo, transparente y equilibrado al poder, y no en sólo cambiar los “equilibrios” y las formas tradicionales de la cooptación entre grupos. Algo verdaderamente riesgoso y lamentable.

+ Disputa universitaria, sigue sólo entre caciques

El resultado de la elección en el Sindicato Universitario de Maestros (SUMA), de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es definitivo para el futuro político del rector Rafael Torres Valdez. Y es evidente que ese resultado, además de ser otra evidencia clara de la distancia que ya existe con el sempiterno cacique universitario, Abraham Martínez Alavés, aleja las posibilidades de que la actual autoridad universitaria pueda definir la sucesión a favor de su candidato.

La elección en el SUMA, en realidad, no fue sino la materialización de las agrias discordancias existentes entre el rector Torres Valdez, y su otrora mecenas y líder moral del SUMA, Martínez Alavés. Estas discrepancias, en realidad no son nuevas. Parten tanto de los desacuerdos habidos por el reparto del poder dentro de la administración universitaria, como por las discrepancias respecto al rumbo en el que ha querido enrolar a la Universidad el actual Rector.

No obstante que la UABJO no precisamente es una arena donde las batallas se libran de manera diplomática y civilizada, en realidad eran pocos los escenarios posibles para que ambos personajes midieran fuerzas, no en forma violenta, sino respecto de la influencia y el control político que tienen de la universidad. Ese escenario, ideal e icónico para el rector Torres y para Abraham Martínez, era precisamente la elección del Secretario General del SUMA. ¿Por qué?

Existen varias razones. Primera, porque ambos personajes son integrantes activos de ese sindicato. Segundo, porque Abraham Martínez ha sido el principal líder y “guía moral” del SUMA desde su creación. Tercero, porque el SUMA es la cuna política de los dos últimos rectores.

Cuarta, entre muchas más, porque Abraham fue el principal impulsor de esos dos últimos rectores, sobre los cuales considera que tiene ascendencia, y que éstos le deben cierto reconocimiento no sólo a su mecenazgo, sino también a los cotos de poder que él maneja, y el rumbo de la Universidad que él concibe.

Y quinta, porque hoy, a diferencia del pasado, no existe coincidencia entre el Rector y el líder moral de ese Sindicato, respecto a la persona y al grupo en que debe quedar la Máxima Casa de Estudios, una vez que culmine la gestión del rector Torres Valdez. Por todo ello, la elección en SUMA era una ocasión perfecta para que éstos comenzaran formalmente la carrera por la rectoría.

Claramente, Abraham Martínez brindó su apoyo a Miguel Jiménez Arango; y el grupo del rector Torres Valdez operó políticamente y respaldó, sin ningún tapujo, a Guillermo Trejo Carbajal. Ambos personajes, que en sí mismos no se caracterizan por el escándalo o la corrupción, y que incluso son bien recibidos por la comunidad universitaria, en realidad no fueron sino la ocasión de una disputa de mayor envergadura.

En el fondo, el resultado de la elección fue producto de la operación electoral que realizó cada uno de los grupos a favor de su candidato. Y queda claro que, en el resultado, está una premonición posible de lo que podría ser la repartición de votos y fuerzas rumbo a la elección de Rector que se realizará en los primeros meses del próximo año.

ELECCIÓN “DEJA VÚ”

Guillermo Trejo Carbajal representaba, además de los intereses del rector Torres Valdez y su grupo, la posible ascendencia de esa facción dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas. Por su parte, Manuel Jiménez Arango representaba, además del proyecto de largo plazo de Abraham Martínez y sus hijos, la influencia de ese grupo en la Facultad de Derecho. Ambas escuelas universitarias, son de las más grandes y, junto con las preparatorias, son de las que mayor número de votos aportan a la cuenta total en los procesos electorales universitarios.

La operación electoral del grupo que respaldaba a Trejo Carbajal fue encabezada por Josefina Aranda Bezaury; y habría sido directamente Abraham Martínez quien ejecutara diversas acciones de movilización, y desmovilización de sus adversarios, para operar favorablemente a la causa de Manuel Jiménez Arango. Al final, al ex rector Martínez ya no le interesa pelear el cargo para sí: detrás de él están sus hijos, tratando de construir una ruta clara hacia la rectoría en los cuatrienios subsecuentes.

¿Por qué era importante definir las ascendencias dentro de las Facultades? Lo era porque de ese modo podrían tener una radiografía clara de las posiciones universitarias en las que cada grupo tiene influencia; y eso podría ser también un indicio claro de cómo se resolvería un posible conteo de votos en una elección de rector.

El problema para Torres Valdez es que sus posiciones se desmoronan, o cuando menos quedan bastante mal paradas, con este resultado. Otro problema radica en que éste abrió, desde hace muchísimo tiempo, la competencia, y los posibles candidatos, a la rectoría. Y eso, que pareció ser una acción de madruguete, en realidad lo que ha provocado es un intenso proceso de desgaste para quienes el Rector quisiera que fueran sus posibles sucesores en el cargo (principalmente la ex secretaria Académica, Aranda Bezaury).

Mientras eso pasa, el grupo de Abraham Martínez sigue compactando su grupo alrededor de la potencial candidatura de su hijo Eduardo. Y esa cadena de hechos y resultados, al final, no hacen sino fortalecer sus posiciones y reorientar al grupo como el posible impulsor de quien pudiera ser el próximo rector.

El grupo de los Martínez tiene, a través del SUMA de Jiménez Arango, a un sindicato que, si bien no le es incondicional —por la misma historia del ahora Secretario General de ese Sindicato—, sí tiene importantes afinidades con el proyecto político que pretende orientarse hacia Eduardo Martínez. Esto reafirma ciertas tendencias, y aunque aún falta mucho tiempo para que inicie formalmente el proceso electoral, desde hoy ya se pueden ir viendo cómo se irán acomodando las piezas rumbo a la sucesión del rector Torres Valdez.

OBRAS, A FUERZA

Qué mal se ve el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez al tomar una posición impositiva respecto a las obras que realiza con el llamado Plan Luz. No se trata de que todos estén de acuerdo, como tampoco se trata de que se haga un consenso testimonial para justificar lo que bien parece un capricho. ¿Será que es eso? ¿O es que existen más intereses detrás de esa obcecación del presidente Luis Ugartechea Begué? Esta última, es pregunta.

+ Distinguir y atender la ley no debe ser una obstinación

Cuando existe un problema, el camino lógico debiera apuntar a resolverlo, y no a enredarlo más. Sin embargo, esa secuencia de pensamiento no siempre se lleva a cabo. Y habría que considerar si lo que lleva a enredar un problema aparentemente sencillo, es o no un factor que vale la pena, como para correr el riesgo. Porque eso es lo que hoy parece que sigue sin ponderarse, en el conflicto existente entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y sus trabajadores de base.

Éste, en un principio, se aparece como un problema simple. Tal y como lo comentábamos ayer en este espacio, el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal, establece, como una posibilidad meramente potestativa, la relativa a que los trabajadores de base puedan participar de los exámenes de control de confianza cuando éstos desempeñen funciones directamente relacionadas con las instituciones de seguridad pública.

De hecho, textualmente, el noveno transitorio de dicha norma, dice lo siguiente: “los empleados de base que laboren actualmente en las Instituciones de Seguridad Pública, podrán participar en las evaluaciones de control de confianza para su permanencia, sujetándose al régimen administrativo que esta ley establece. Se instruye a la Secretaría de Administración y de Seguridad Pública, para determinar los procedimientos para resolver la reubicación del personal de base que no se sometan a la nueva Ley, respetando los derechos laborales adquiridos.”

La simpleza aparente del problema radica en dos cuestiones fundamentales: primera, que la disposición no obliga a los trabajadores de base a la realización de “las evaluaciones de control de confianza” para su permanencia en las instituciones de seguridad; pero que, en el supuesto de que éstos no deseen realizar dichos exámenes, ni quieran sujetarse al régimen administrativo que dicha norma establece, entonces serán reubicados sin menoscabo de seguirles respetando sus derechos adquiridos.

En ese sentido, quedó claro desde el primer momento, que lo necesario para armonizar esos dos supuestos habría de radicar en una minuciosa tarea de concertación entre el gobierno estatal y el sindicato de burócratas, pero que finalmente unos y otros tendrían que sujetarse a ciertas disposiciones sin deponer todas sus posiciones, pero tampoco aferrándose a no ceder ningún espacio para la implementación de las normas relacionadas con la seguridad pública.

Queda claro que eso no ocurrió. Los trabajadores de base se empecinaron en no ser movidos de las áreas donde laboran —y para ello iniciaron protestas— sin antes exigir que se aclarara con toda precisión, si tareas administrativas que ellos realizan son verdaderamente prioritarias para la seguridad pública, e incluso sin pedir con exactitud que el mismo gobierno estatal hiciera una especie de catálogo en el que determinara qué trabajadores de base sí debían, o someterse a las pruebas de confiabilidad, o ser reubicados; y quiénes, por la naturaleza de sus funciones, podrían seguir desempeñando sus funciones de la manera que siempre lo han realizado. El problema es que, para dar respuesta a esa inconformidad, el gobierno estatal parece estar actuando, en sus distintas áreas, de manera descoordinada, y en gran medida de forma claramente contradictoria. Veamos si no.

PARA NINGÚN LADO

Ante lo dispuesto en el noveno transitorio de la ley mencionada, y la inconformidad de los empleados de base de la SSPE, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado emitió un acuerdo administrativo en el que, según, pretenden establecerse los lineamientos para la reubicación del personal de base, pero en el que, al final, de manera contradictoria, y hasta ilegal, terminan resolviendo que no existe posibilidad de reubicación, pasando justamente por encima de lo que establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal.

Más allá del estricto contenido de la ley, queda claro que tal acuerdo fue motivado, y determinado, por el acuerdo político que tomó la administración estatal con el sindicato de burócratas, para tratar de garantizar, de ese modo, que los basificados de esa Secretaría no serán movidos de sus centros de trabajo.

Otro problema, sin embargo, nace de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Esto porque el primer empecinado en que to-dos los empleados de esa dependencia, incluyendo los de base, sean sometidos a los exámenes de control de confianza, es el propio secretario Marco Tulio López Escamilla.

Y aunque su intención no parece del todo mala, queda claro que el tratar de resolver un problema de una naturaleza tan singular como éste, a partir de criterios intransigentes, falsamente legalistas, y claramente homogeneizadores, lo único que hace es alejar la posibilidad de una solución consensada, en la que, en efecto, los trabajadores basificados que sí realizan funciones importantes para la seguridad pública pasen necesariamente por el control de confianza, o sean reubicados; pero que quienes no tienen ninguna relación con esas tareas puedan continuar desempeñando sus labores en los sitios y en las condiciones de las que habitualmente han gozado.

Queda claro, estando frente a todo esto, que cuando se acusa la descoordinación de dependencias, y que ciertos funcionarios toman decisiones importantes sólo basados en criterios particulares, no se está tan alejado de la realidad. Queda claro también que, en este caso, dos dependencias del mismo ámbito de gobierno están apuntando hacia rutas distintas.

Y por eso un problema que no parece tener mayor complicación que el de la búsqueda de un buen acuerdo, termine siendo una verdadera afrenta en la que unos y otros se niegan a hacer recíprocas concesiones, a cambio de recibir beneficios mutuos, en aras de no provocar un problema que finalmente no incida en la SSPE o en Administración, sino en la seguridad de todos los oaxaqueños.

CUENTA REGRESIVA

Es lo que debíamos comenzar a llevar los oaxaqueños frente al Primer Informe de Gobierno del gobernador Gabino Cué. Veremos cómo de aquí hasta que llegue ese día, se incrementará el número de protestas, marchas e inestabilidad de grupos de lucha social que pretenden hacer presencia. Es, digamos, algo “natural”, aunque sin duda inadmisible, de nuestra florida gobernabilidad estatal. Y todos dicen que frente a la “tradición” no hay para dónde moverse.

+ Dilema: Integrarlos o seguirlos “apapachando”

Los empleados de base de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se niegan a acatar, por obstinados… algo que la ley no los obliga a cumplir. Y es que bien puede resumirse en eso el problema que hoy generan esos trabajadores respecto a la aplicación de los exámenes de control de confianza. El problema, en el fondo, radica en la excesiva tolerancia, y hasta temor, que les profiere el gobierno estatal, junto con la permisividad que éste mismo ha tenido con esos empleados que hoy, lejos de ser el principal motor de la función administrativa estatal, son su principal carga.

En los tiempos actuales, ser trabajador de base del Gobierno del Estado es algo así como tener resuelta una vida cómoda y sencilla. El hecho de contar con la protección y las conquistas sindicales, asegura a esos trabajadores una envidiable estabilidad laboral, incontables garantías por premios y estímulos periódicos, y la seguridad de que el desempeño de esa labor no necesariamente habrá de implicar esfuerzos que deban ser considerados como trabajo, y que difícilmente un superior jerárquico podrá levantarles la voz, exigirles o reprenderlos por su falta de eficiencia, obediencia y resultados.

¿Cómo llegaron esos trabajadores, en general del gobierno estatal, a esa situación? La respuesta, indudablemente, se encuentra en la excesiva tolerancia que ha tenido con ellos la administración estatal, que incluso ha llegado a tomarse tanto como sinónimo de inmunidad laboral, como garantía de cobrar relativamente bien prácticamente desempeñando funciones meramente testimoniales.

Sólo a partir de eso puede comprenderse lo que hoy ocurre en la Secretaría de Seguridad Pública. La nueva Ley que rige esa materia a nivel estatal, dispuso en uno de sus artículos transitorios (el noveno), que sólo a los trabajadores sindicalizados que realizan funciones para las cuales dicha norma pide el cumplimiento de la certificación de confiabilidad, se les deberá hacer exigible la presentación de los exámenes de control de confianza. Pero también establece que dicha adhesión habrá siempre de ser voluntaria, pero que los trabajadores de base que sí realizan funciones que requieren certificación, y decidan no adherirse al programa, habrán de ser reubicados en áreas no estratégicas para la seguridad pública.

Como ya lo habíamos apuntado en una ocasión anterior, queda claro que de ninguna de esas reglas se desprende la exigibilidad de los exámenes de control de confianza a los trabajadores de base de la SSPE. De ahí que si un principio general del derecho establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, entonces lo que debe considerarse es que si la norma no exige un hacer a los trabajadores de base, éstos no tienen razón de acusar tal exigencia que en realidad no existe.

El problema, sin embargo, no radica en lo que diga la ley, o en la interpretación que de ese precepto en particular hagan los trabajadores de base de la SSPE. No. En realidad, el fondo de este problema radica en el hecho de que hoy la misma administración pública se está enfrentando, sin poder controlar, a los pequeños monstruos que, desde hace años, lentamente creó, y que aún hoy sigue estimulando de la peor manera posible.

Sólo así puede entenderse que éstos exijan, y que sean las más altas esferas oficiales las que respondan, casi con miedo, ante un llamado que debiera ser inexistente por infundado, pero que está ahí generando problemas a una dependencia que presta servicios estratégicos para la paz, la seguridad y la gobernabilidad de los habitantes del Estado.

EXIGENCIAS VACÍAS

En realidad, los trabajadores de base de esa, y de cualquier otra Secretaría, estarían no sólo molestos, sino indignados con el contenido de una norma como la Ley de Seguridad Pública Estatal. La razón de ello, no radica en la exigibilidad de los exámenes de control de confianza, sino en la pretensión del gobierno, visto como patrón, de trastocar el modo de “trabajo” de esos empleados. Ahí está la clave de todo. ¿De qué hablamos?

De que parte del contenido de la norma referida, tiene que ver con la reubicación de los trabajadores que no acepten adherirse al esquema comprendido por la ley, y realizarse con ello los exámenes de control de confianza. Ellos consideran que la garantía de inamovilidad que les brinda la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores del Gobierno del Estado implica que ellos no puedan ser movidos ni siquiera de su escritorio, y que los privilegios que han ganado gracias a sus luchas laborales, y al consentimiento y solapamiento —y hasta inmunidad e impunidad— que les ha permitido el gobierno estatal durante años, hoy pueden hacer libremente lo que les venga en gana sin que existan consecuencias por sus actos.

Y es que las consecuencias, seguro, no llegarán por parte del Gobierno del Estado como deberían. Y no será así porque nadie parece poder meter hoy en cintura a los trabajadores de base. No será así porque, según el gobierno, nadie puede exigirles ni mucho ni poco a cambio del salario que devengan.

No será así porque la Secretaría de Administración sigue esperando no sabemos qué para presentar —o incluso para comenzar a elaborar— un supuesto plan de profesionalización o “incorporación” a la vida administrativa del gobierno estatal, a esos trabajadores que hoy se caracterizan por ser los excluidos, y los auto excluidos, ante su negativa reiterada, y la de sus superiores, a incorporarlos al verdadero trabajo y responsabilidades del Gobierno del Estado.

Por todo eso, es de esperarse no sólo que los trabajadores de base se sigan rebelando, sino también que en otros casos sigan violando otras leyes, y cometan otro tipo de tropelías y desperdicios de capital económico y humano, en aras de la protección que les brinda s sindicato. Del mismo modo, es de esperarse que el gobierno estatal siga cruzado de brazos, sosteniendo a una burocracia costosa e improductiva, que además, a los ojos de todos, hace impune y libremente, todo lo que se le pega la gana.

ELECCIÓN EN SUMA

No sorprende que a la primera asamblea para elegir al nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros, en la UABJO, no hayan asistido las tres cuartas partes de todos los afiliados a ese sindicato. Lo interesante será hoy, cuando una segunda asamblea se lleve a cabo con-los-que-lle-guen, y una mayoría simple elija al nuevo Secretario General. ¿Los competidores desplegarán artilugios de “ingeniería electoral”? No, qué va…

Disputa Torres-Abraham: ahí van a medir fuerzas

En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), los equilibrios de poder están definidos por sus sindicatos. Sólo así puede explicarse que, por un asunto laboral con evidentes rasgos políticos, protagonizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, la Máxima Casa de Estudios esté reiniciando hoy labores luego de un mes de huelga. Y eso mismo, es lo único que puede explicar que en la elección del nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros, se encuentre buena parte de la definición del próximo Rector universitario.

En efecto, en el primero de los casos, la huelga estallada por el STAUO tenía, además de intereses laborales genuinos, un importante ingrediente fundado en los intereses sucesorios. Hoy, ese Sindicato no tiene el poder, que tuvo en otros años, para impulsar de forma determinante a un personaje rumbo a la rectoría. Por eso, además de exigir la devolución de las cuotas que les tiene retenidas la administración central universitaria, esta huelga tuvo también como propósito (político) generar los espacios necesarios de negociación rumbo a la sucesión del rector Rafael Torres Valdés.

No obstante, ese no es el único factor que juega en este ajedrez sucesorio. Porque, de hecho, la situación de debilidad por la que hoy atraviesa el STAUO (al estar dividido nada menos que en cuatro facciones, controladas por personajes que son disidentes todos entre sí), es inversamente proporcional al papel político que juega el otro sindicato académico, el cual, aún siendo minoritario, ha tenido la fuerza para proyectar cuando menos a los dos últimos rectores.

En efecto, el SUMA fue fundado en el año 2002, a decir de sus fundadores, como una alternativa que trataba de hacer contrapeso al STAUO, que en esos años era controlado por la ex rectora Leticia Mendoza Torro. Algunos de los más destacados fundadores de ese sindicato son los ex rectores Abraham Martínez Alavés y Francisco Martínez Neri, el actual rector, Rafael Torres, y Fausto Díaz Montes, entre varios otros.

¿Por qué son esos dos sindicatos los factores determinantes de la situación política de la Universidad? En un primer momento, porque son los que aglutinan a los personajes que, por sus distintos méritos (académicos, políticos y hasta porriles) tienen directamente la legitimidad para pretender llegar a la rectoría. En segundo término, porque son los que tienen el contacto más directo e influyente con la comunidad estudiantil, vistos como potenciales votantes. Y una tercera razón radica en la capacidad que tienen esos personajes y grupos en incidir en la vida pública no sólo de la universidad, sino también de la capital y del Estado.

Sin embargo, queda claro que hoy, en la vida interna de esos sindicatos, se juega mucho más que la sola situación salarial o las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. En su vida interna se encuentran también involucrados los factores de poder que son necesarios para determinar el rumbo de la máxima casa de estudios.

Y, según veremos a continuación, aún con lo determinantes que son éstos factores, también ahí existen los intereses oscuros y las torpezas que hoy tienen en vilo no sólo a futuros dirigentes sindicales, sino a los proyectos políticos de largo plazo que impulsan cada uno de los actores determinantes de la Máxima Casa de Estudios.

ELECCIÓN EN SUMA

De acuerdo con cifras oficiales, la Universidad cuenta con un aproximado de mil 500 académicos, de los cuales unos 800 están afiliados o simpatizan con alguna de las facciones del STAUO; unos 650 están afiliados al SUMA, y los demás no pertenecen a ningún sindicato.

El SUMA tiene dados de alta, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 400 de sus 650 afiliados. Esto implica, que sólo pueden votar los que están reconocidos ante la Junta. Y esto se debe a una irresponsabilidad de los secretarios generales anteriores ya que, según lo marca la ley, no solo basta con afiliar a los nuevos agremiados, sino que, además de eso, hay que hacer los trámites ante la Junta laboral para que sean reconocidos como socios del sindicato. Esto podría ser, en el caso específico, determinante para un resultado adverso a los intereses tanto del secretario General del SUMA, Rufino Vásquez Manuel, como del rector Torres Valdés, y su proyecto sucesorio. ¿Por qué?

Porque dentro mismo del SUMA se encuentran ya abiertamente enfrentados los intereses de los dos personajes acaso más influyentes —y no por eso necesariamente para bien— hoy en la Universidad: el rector Torres, y el sempiterno líder moral del SUMA, Abraham Martínez Alavés. Pues mientras el primero impulsa a Guillermo Trejo Carbajal, el segundo impulsa a Manuel Jiménez Arango. Y el resultado de esta elección dará pautas claras de lo que pueda ocurrir con la rectoría, en los primeros meses del año próximo.

Trejo es catedrático de la Facultad de Contaduría. Sólo imparte una clase, por consecuencia es poco conocido. Su candidatura se construyó sólo dos días antes del registro de candidatos. Quienes apoyan a Guillermo Trejo son algunos personajes con amplios antecedentes de corrupción, como es el caso del ex director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio o Felipa Neriz, sobre quien existen fuertes señalamientos de alumnos por presunta venta de calificaciones. Otro que apoya a Trejo es el director de la Facultad de Contaduría, Luis Miguel Espinoza, debido al compromiso de político que tiene con la “delfina” del rector Torres, Josefina Aranda Bezaury.

Por su parte, Jiménez Arango, si bien es cierto que es una propuesta del grupo de Martínez Alavés, también lo es que se hace posible su candidatura por ser, dicen, un factor de equilibrio entre diferentes grupos al interior de la UABJO. Esto, debido a que independientemente de su juventud y presencia propia como universitario, es el personaje menos confrontado entre los grupos de Abraham Martínez y el rector Torres, y es quien en un momento dado podría fungir como vaso comunicante entre esos dos grupos que hoy atraviesan por un periodo de discrepancias importantes.

FUTURO EN JUEGO

Sin duda, esta elección —que se define entre hoy lunes y mañana martes— marcará el rumbo de la sucesión universitaria. Si pierde el candidato impulsado por el rector Torres, entonces tendrá muchos problemas para impulsar a su candidata. Pero si gana, habrá dado pasos firmes rumbo a su perpetuación. Aunque eso último, parece el escenario menos probable.

+ Violencia e impunidad, amargo presente

Nuestra historia nacional está llena de capítulos lamentables. Sin embargo, los mexicanos poco nos detenemos a pensar en cómo se verá nuestra realidad actual dentro de algunas décadas, cuando nuestros hijos o nietos volteen a los revisar los anales de la historia y vean este tiempo que nos tocó vivir, hoy, a nosotros. Sin duda, la percepción que tendrán de este presente —independientemente de lo que pase mañana— será horrible. Hoy, los dos problemas fundamentales de nuestra sociedad se llaman violencia e impunidad. Y no parece haber, hasta hoy, ni fórmula ni persona capaz de terminar con ellos.

El jueves pasado, en un artículo publicado en el periódico El Universal, el constitucionalista Miguel Carbonell daba cuenta de los niveles actuales de violencia. Decía, por ejemplo que “los llamados delitos de alto impacto, tales como el secuestro, el homicidio, la extorsión, el robo violento de vehículos y la violación, siguen imparables. La ciudadanía tiene miedo incluso de presentar una denuncia. Según datos del INEGI, 92 por ciento de los delitos que se cometen en México no son denunciados”.

Ante tal afirmación, el doctor Carbonell ofrecía algunas cifras. “En 2007 hubo 25 mil homicidios en México; en 2008 hubo 28 mil 18; en 2009 hubo 31 mil 545 y en 2010 llegamos a un máximo histórico de 35 mil 53, cifra que supera con creces a los poco más de 25 mil fallecidos durante la primera Guerra del Golfo, ocurrida en 1990-1991.

“Esto significa —continuaba— que en México se cometen 96 homicidios diarios; cuatro por hora; uno cada 15 minutos. Organizaciones de la sociedad civil reportan que cada día hay en el país entre cinco y 10 eventos de violencia —que no se denuncian—relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Tan sólo en 2006 —año que se tiene monitoreado— mil 326 menores de edad murieron en eventos relacionados con el combate al narcotráfico”.

Tal panorama nos deja brutalmente en claro el nivel de violencia que prevalece en México. Aquí, por una guerra fáctica —no declarada, no conducida en contra de un enemigo legítimo, y no respaldada suficientemente por leyes de la materia, pero sí ocurre todos los días— han muerto más personas que las que pudieron haber perecido en otros eventos sí denominados formalmente guerras, y regidos por formas específicas.

Quizá, en descargo de lo anterior, podríamos pensar que el resultado es un nivel también sin precedentes de aplicación de la ley. No obstante, el mismo doctor Carbonell nos proporciona otra respuesta brutal: la ley no se está aplicando en la forma que pudiera esperarse, ni se está castigando como debiera a quienes son los responsables de toda esa violencia y muerte antes descrita.

En este sentido, Carbonell señala lo siguiente: “Según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal (…), entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 los juzgados federales de distrito sólo han dictado 735 sentencias de última instancia por delitos de delincuencia organizada. En otras palabras, tenemos un gran despliegue publicitario, con muchos detenidos, pero muy pocos sentenciados.”

Y abundaba: “Las investigaciones contra la delincuencia organizada no son muy veloces que digamos; en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón se nos informó que el tiempo promedio de tramitación de una averiguación previa por parte de la PGR fue de 269 días en 2006, 151 días en 207 y 2008; 172 días en 2009 y 153 días en 2010. ¿Qué es lo que sucede en esos intervalos? ¿Qué tanta intensidad despliegan los agentes del Ministerio Público en la realización de sus investigaciones? ¿Cómo funciona la tramitación de las mismas, como para justificar periodos tan prolongados?

Y por si eso no fuera poco, el Investigador de la UNAM proporciona otro dato sobre la eficiencia en realidad ficticia de quienes encabezan la lucha anticrimen y dicen estar haciendo todo por proteger a la ciudadanía y aplicar la ley: “El porcentaje de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia negadas por jueces federales ha ido en aumento de forma preocupante. Esa cifra fue de 25% en 2008, 33% en 2009 y 38% en 2010. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué causas y razones se niegan las órdenes? ¿Qué es lo que contienen las averiguaciones previas que los jueces no tienen elementos para expedir los mandamientos que les solicitan?”

HISTORIA ABERRANTE

Ante tal situación, preguntémonos: ¿cómo pasaremos, o cómo hemos pasado ya a la historia? Queda claro que nada ni nadie borrará ni esos índices de violencia, como tampoco esa abominable falta de capacidad por parte de la autoridad para cumplir con su trabajo.

El problema, en todo esto, es que el blanco, y las víctimas de todos esos fallos —porque tanto la violencia como la impunidad y la corrupción, son duramente castigados por la ley, aunque hoy la autoridad no tenga capacidad o voluntad para hacerla valer— son ciudadanos que, en su mayoría, son parte de esas cifras por haber quedado simplemente en medio de los hechos que luego se convierten en estadísticas impunes.

Es por eso que, sobre este asunto, el también constitucionalista Diego Valadés sostiene, a través de su cuenta de Twitter, que la violencia de los últimos años dejará una cicatriz perenne en la sociedad mexicana; que las autoridades han desarrollado una capacidad asombrosa para determinar que un homicidio es un “ajuste de cuentas”; que éstos no son excluyentes de responsabilidad; pero que, con el pretexto de que se trata de ‘ajustes de cuentas’, millares de homicidios han ido quedando sin investigar.”

Y, en ese sentido, Valadés lanza un disparo certero que alguien, alguna autoridad, tendrá forzosamente que atender en el futuro: “No importa qué partido gane la presidencia: nadie podrá decretar que los homicidios perpetrados entre 2006 y 2012 quedarán sin investigar”. ¿De verdad habrá alguien con voluntad de hacerlo, al menos en el futuro cercano? Queda claro que aunque no quiera, tendrá el deber y la presión social de hacerlo.

¿OTRA NACIÓN?

Ante tal realidad, cómo nos verán dentro de algunos años. Seguro que nuestros hijos, o nietos, pensarán que qué bien que no les tocó vivir en estos tiempos tan aciagos. Y seguro que será así, que pensarán eso porque ellos viven en mejores condiciones. Queremos pensar eso… porque la otra opción, es que ellos vivan en una nación distinta, ante el desmoronamiento —por esas causas— de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y sistema de gobierno.