+ ¿Cómo querer que legislen cuando ellos lo niegan?

A la memoria de mi padre,

Ismael Humberto Ortiz Romero.

Es contradictorio —por no decir que un auténtico insulto a la inteligencia— que los profesores de la Sección 22 del SNTE exijan que tanto el Congreso, como el Gobernador del Estado, conozcan y discutan el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), pero que al mismo tiempo mantengan un amague abierto con la movilización y el paro indefinido de labores, e insistan en el cerco que instalaron desde hace varios días en el Recinto Legislativo de San Raymundo Jalpan.

En efecto, esas ­acciones son contradictorias no sólo desde el punto de vista del pragmatismo, sino incluso de la formalidad que pretenden dar a su Plan como alternativa viable para la educación pública en el Estado. Los profesores de la Sección 22 han manifestado no su ánimo, sino la exigencia, de que el PTEO sea discutido a los más altos niveles del sector público en la entidad.

Pero al mismo tiempo han demostrado, con hechos, no confiar en sus interlocutores. En esas condiciones cualquier diálogo democrático se hace imposible, y todo se intercambia por un grosero intento por doblegar al Gobierno y al Congreso, con tal de ver cumplida —a fuerzas— una pretensión que ni ellos saben si es viable legal, constitucional, económica, política y académicamente, en una entidad como la nuestra.

¿Por qué los maestros exigen diálogo? Porque, en la práctica y en la teoría, no tienen otro camino para conseguir su reforma más que la aparente “civilidad”. Por esa razón, los profesores han llamado al gobierno estatal y al Congreso del Estado para que conozcan a fondo el PTEO, y para que analicen todas las posibilidades de darle el reconocimiento debido en la Constitución, dotarlo con la fuerza de la ley, y finalmente aplicarlo en todo el sector educativo de la entidad.

Sin embargo, en todo esto no sólo cuenta el qué, sino también el cómo. Ahí es donde está el problema. Pues la civilidad que en apariencia han demostrado los trabajadores de la educación al elaborar un proyecto de ley, y presentarlo ante el Poder Legislativo para que sea discutido (recordemos que el artículo 50 de la Constitución local faculta a cualquier ciudadano a presentar iniciativas de ley), no es sino una pose que únicamente ha servido para darle forma legal a sus actos.

Fuera de eso, todo ha sido un abierto amague. ¿Por qué? Porque aparejadamente a su “acto constitucional” de presentar un proyecto de Ley, los señores profesores han amagado al gobierno estatal (y todos sabemos que sí son capaces de hacerlo) con parar labores y llevar a cabo movilizaciones masivas, y tomó unilateralmente la decisión de cercar el Poder Legislativo e impedir todo trabajo en la sede formal del Congreso del Estado.

En esas condiciones, se pierde toda la civilidad y las buenas formas que los profesores oaxaqueños intentan hacer creer que han tenido… y se presentan de cuerpo entero como los totalitarios intolerantes que sólo pretenden hacer valer su verdad negando cualquier posibilidad real de diálogo, y todo intento por generar condiciones democráticas para una reforma educativa de gran calado.

Y si eso es algo ya de sí grave, lo es todavía mucho más que, en su intento, los trabajadores de la educación estén negando toda posibilidad de un gran acuerdo que permita el tránsito de una reforma educativa en la que de verdad estén involucrados los profesores, las autoridades, los padres de familia, los alumnos y la ciudadanía en general.

¿DIALOGANTES O VERDUGOS?

La espada de Damocles pende sobre todos en Oaxaca. En su intento por legitimar el PTEO, los maestros parecen estar dispuestos a generar todas las condiciones que sean necesarias, no para llegar a una conclusión que deje satisfechos a todos los involucrados, sino para demostrar que es únicamente su verdad la que vale en la educación en la entidad.

Quizá en eso se funda su intento por deslegitimar a sus interlocutores. Sólo en un mundo de locos, como Oaxaca, podría pensarse que es posible que un poder fáctico como la Sección 22 exija la realización de un acto constitucional —la legalización y/o constitucionalización de un planteamiento específico a través del proceso legislativo— a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que al mismo tiempo los descalifique sistemáticamente e incluso impida su funcionamiento en las condiciones democráticas mínimas que debían existir para el reconocimiento de un plan educativo, en sus dichos tan bondadoso, como dicen que es el PTEO.

Eso mismo ocurre frente a la sociedad. Pues los profesores oaxaqueños aseguran que la reforma constitucional federal en materia educativa no tomó en consideración a todos los ciudadanos y actores sociales involucrados. Pero ellos están haciendo exactamente lo mismo respecto a su plan. En palabras sencillas, ellos lo único que han dicho es que tal plan es la verdad indiscutible en la entidad. Y que por esa razón debe ser aprobado tal cual, sin ningún tipo de adicionamiento o cuestionamiento por parte de los expertos, de la ciudadanía, de los legisladores, del Gobernador o de los mismos trabajadores de la educación que no necesariamente están de acuerdo con el PTEO.

Por todo eso, cabe la pregunta de si los maestros son de verdad agentes dialogantes o verdugos de la educación y la paz en Oaxaca. ¿Cómo justificar que sus planteamientos y sus decisiones son los más claros, cuando al mismo tiempo asumen el amague como la parte oscura de su negociación? ¿Cómo querer que la ley se consolide, y se cumpla, cuando en el camino que ellos mismos están trazando no hacen otra cosa más que romperla y cuestionar su imperio?

Por eso la espada de Damocles pende sobre todos. Moverse no es opción. No hacerlo, tampoco. Pues aquí las únicas dos opciones son, o reforma a capricho de los profesores, sin que nadie pregunte, y bajo su amague; o un conflicto que sólo afectaría más a la ya muy maltrecha educación pública en el Estado.

ILEGALIDADES

Más allá de los caprichos, en el PRI tienen un gravísimo problema para legalizar sus decisiones: los cambios en su dirigencia anunciados ayer tienen serias dudas sobre su legalidad, si se miran desde la lógica de que el Comité Directivo Estatal no tiene Presidente y Secretario General, sino sendos encargados, y que sus relevos los han hecho con la sola fuerza de los acuerdos políticos, pero sin ninguna forma legal. No aguantarían una impugnación ante los tribunales electorales. Seguro.

+ ¿A costa de qué se pactaría entrega de plaza?

2013 será un año esencial para la reconstitución real del PRI, como un partido ganador. En este año habrá elecciones en cuando menos 16 entidades, se renovará alrededor de la mitad de los gobiernos municipales del país y, como en el caso de Oaxaca, habrá también importantes escaramuzas electorales, en las que se supone que el PRI tratará de ocupar mejores posiciones como partido de oposición. Aunque, en apariencia, de lo que se trata es simplemente de ganar lo más que se pueda, ¿por qué en Oaxaca parece que van en sentido contrario?

En efecto, las señales del priismo nacional respecto a Oaxaca son por demás contradictorias. A estas alturas, sería ingenuo creer que en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, en la Ciudad de México, no tengan un panorama preciso de lo que ocurre en Oaxaca, de sus disputas internas y de los desequilibrios, como tampoco de la importante oportunidad de triunfos electorales que aquí existen. Es seguro que allá saben perfectamente que aquí las disputas son profundas, pero que no hay nada que con orden y reconciliación no se pueda resolver, para ganar. Y, ante eso, las victorias son potenciales. ¿Qué ocurre entonces?

Todo esto ha vuelto a revivir a partir de la dimisión de Salvador Sánchez como delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Él llegó a la entidad como consecuencia de la concesión que le dio el CEN priista al grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, para continuar teniendo presencia mayoritaria en la dirigencia tricolor en Oaxaca. Sánchez está claramente identificado con el mismo grupo ulisista-madracista al que pertenece, como integrante distinguido, el ex gobernador de Tabasco —hijo político de Roberto Madrazo, y hermano político del ex gobernador Ruiz—, Manuel Andrade Díaz, quien seguramente llegará en los próximos días a hacerse cargo de la dirigencia estatal.

Aunque hay alboroto entre los diversos grupos del partido, lo cierto es que la presencia de Andrade o de Sánchez no cambia la situación del tricolor en absolutamente nada: ambos son personajes que continuarán, en línea directa, con la preservación de los intereses ulisistas en el PRI local; ambos pertenecen al mismo grupo; y con uno o con otro, las decisiones que se habrían de tomar serían exactamente las mismas. Es decir, tratar de colocar al mayor número posible de integrantes de ese grupo como candidatos a diputados locales por los dos principios (mayoría relativa y representación proporcional); y nutrir el proyecto del senador Eviel Pérez Magaña como candidato a Gobernador por segunda ocasión en 2016.

A partir de eso puede entenderse que, aunque la inconformidad es comprensible, también es cierto que es intrascendente. Es así porque la línea del PRI de la Ciudad de México parece estar determinada a no cambiar. Eso significa que no habrá recomposición, ni diálogo ni reconciliación ni avenimiento para tratar de integrar a un solo PRI que sea real, que sea fuerte, y que sea capaz de ir unidos. Eso, ya quedó claro, no les interesa.

Sin embargo, más allá de todo eso hay dos cuestiones que son verdaderamente alarmantes: primera, por qué los grupos contrarios al del ex gobernador Ulises Ruiz no han encontrado verdaderos puntos de unificación de sus causas y formas de lucha por la democratización de su partido. Y segunda —que es aún más importante—: ¿a cambio de qué la dirigencia nacional del PRI está desdeñando la posibilidad de tener una mejor presencia en el Poder Legislativo de Oaxaca, y una mejor situación para trabajar por la gubernatura en 2016?

REPRESENTACIÓN DESDEÑADA

Quienes entienden la política más allá de lo inmediato, saben que, políticamente, siempre es mucho más redituable luchar por el poder, que desde el poder. Esto es, que es más cómodo ser oposición, porque desde ahí se puede construir sin tener mayor responsabilidad que la de la crítica y el señalamiento constante a las acciones oficiales. Quienes no entienden esa visión, se quedan a negociar en las primeras condiciones posibles, y asumen actitudes no de oposición, sino de paleros del gobierno en turno. Eso es lo que, lamentablemente, le ocurre a la fracción parlamentaria del PRI en Oaxaca.

Ellos, los diputados locales del PRI en la LXI Legislatura local, tuvieron la enorme oportunidad de afianzarse como protagonistas y líderes de la oposición en Oaxaca, y de construir oportunidades extraordinarias de presencia y capital electoral a partir de su sola posición como fuerza opositora. Prefirieron, sin embargo, transigir a las primeras de cambio, poner a subasta sus votos y sus conciencias, ganar centavos extra a corto plazo, y convertirse en coristas casi oficiosos del régimen que, sin ningún miramiento, los vapuleó en las urnas; y que luego los utilizó, a cambio de algunas monedas, para sacar adelante el conjunto de reformas que, al final del gobierno, entregarán como “legado trascendental” al pueblo de Oaxaca.

¿El CEN del PRI tendrá alguna idea de todo esto? Y si, como creemos, la tiene, ¿para qué querrá que esta práctica se consolide, a través de una bancada más pequeña, más incompetente y con menos ascendencia, como la que se vislumbra para la LXII Legislatura? No puede haber otro escenario, cuando ahora mismo el tiempo que debían estar aprovechando para construir y afinar sus estructuras electorales, lo están perdiendo en disputas, lamentaciones y divisiones, que sólo dejarán a un PRI devastado y con presencia testimonial en algunos distritos del estado.

Lo que, al final, queda en la conciencia de no pocos, es que con esto el PRI está tratando de disimular, lo más posible, un posible acuerdo para ceder por completo la plaza de Oaxaca al partido gobernante. Saben que sin unión y sin concordia a muy corto plazo, las cosas seguirán en situación de caída libre que después no podrá ser revertida con nada. La llegada de Andrade, por todo eso, no cambiará nada. Sólo será un punto más de una ruta que está trazada y que no parece tener variaciones.

UNA PERLA

Alguien más inteligente debería asesorar al senador Eviel Pérez en el uso de su cuenta de Twitter: hace unos días, por ejemplo, escribió: “Es un honor representar a mi país acompañado de nuestro presidente @EPN en el foro de la CEPAL”. O sea, ¿el Presidente acompaña al Senador? El senador Pérez debía cuidar el protocolo, el respeto al Presidente y su propia imagen. Con esos tuits, no hace sino ahuyentar a los tuiteros inteligentes que, sin ser fanáticos, esperan más de representantes populares como él.

+ Claroscuros, para mejorar nuestra justicia

Más allá del enojo colectivo que fundadamente generó la concesión del amparo que el miércoles decretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la francesa Florence Cassez por los vicios habidos en el proceso judicial seguido en su contra, quedan algunas notas relevantes que deben ser tomadas en consideración, en el mediano y largo plazo, sobre lo que nos queda a los mexicanos por hacer para evitar otro caso como éste. Hagamos un recuento somero de esas reflexiones sueltas que giran alrededor de este asunto.

1. En primer término, es imposible no tomar en consideración que este fallo representa el más duro golpe al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta ahora todos los cuestionamientos han girado alrededor de la guerra contra el crimen organizado, este fallo en realidad lo que hace es centrar la atención ya no sobre lo fallido de esa guerra, sino sobre lo descompuesto que se encuentra todo el sistema penal mexicano. Y es que si las cifras de impunidad son de por sí alarmantes —se considera que sólo uno o dos de cada 100 delitos que se cometen en México, tienen la posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria— todo se agrava con esta corroboración de que las sentencias condenatorias no son suficientes, porque éstas, como en el caso Cassez, fueron conseguidas por la fuerza y por la presión de ciertos medios, pero no por la eficacia intachable de funcionarios e instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. De eso es responsable Calderón, que no sólo no compuso el sistema, sino que se encargó de consolidar su descomposición.
2. Se debe atender a la necesidad no de componer, sino de rehacer completo, el sistema penal mexicano. Este es un momento crítico, en el que las instituciones actuales están dando señales claras de agotamiento. Porque si bien el caso Cassez puso en evidencia las torceduras de un gobierno que quiso aplicar la justicia según la conveniencia o el momento político, en general este asunto también demuestra que todas las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia deben mejorar integralmente. Las Procuradurías no pueden continuar en la misma dinámica actual, de exigir condenas fabricando delitos y forzando la justicia, ante la imposibilidad de hacer un trabajo profesional y capaz de pasar por la revisión de los tribunales a cualquier nivel. Si esto es así, también es claro que los jueces que condenan, en los ámbitos estatal y federal, deben hacer pulcramente su trabajo y dejar de optar porque sea el tribunal de alzada quien finalmente determine las cuestiones polémicas de un asunto.
3. En ese sentido, es imposible desprenderse del hecho de que aún cuando la Corte hizo un llamado mayor a la recomposición del sistema de justicia, también dejó maltrechos los parámetros sobre lo que es el debido proceso. Ante la resolución del caso Cassez, el Poder Judicial de la Federación debe establecer con toda precisión los parámetros que utilizará para enjuiciar correctamente a los señalados por cometer delitos, pero también, y sobre todo, para evitar que esto se convierta en una puerta de salida, a las calles y la impunidad, para quienes cometieron delitos. Esta cuestión es muy delicada, y sobre ella deberán de trabajar, con todo detalle, aquellos que tendrán la responsabilidad de conducir la justicia a partir de esta decisión histórica.

¿Y LOS RESPONSABLES?

1. En todo esto, es evidente que la responsabilidad por la decisión de la Corte, y por los efectos de ésta, no pueden recaer sólo sobre el Estado. Es cierto que éste, en conjunto, es el responsable de fondo por las violaciones a derechos humanos que cometen funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aún cuando la Corte no se pronunció respecto a quién es el responsable por la violación a los derechos de Cassez —que, en el fondo, derivaron en su liberación—, sí es indispensable que a partir de ahora se haga un pronunciamiento serio, de Estado, y es que exigido y que merece la sociedad mexicana, sobre quién fue, cómo, por qué, en qué momento, y con qué objeto, se violentaron los derechos de la francesa para forzar un juicio condenatorio. También debe haber justicia en eso, sobre lo que hasta ahora se ha guardado silencio. Es claro que los mexicanos, y más las víctimas directas de la banda de secuestradores a la que pertenecía Cassez, tiene el derecho pleno no sólo de saber que el Estado es responsable por esto, sino también de quiénes en específico fueron los responsables de que, al final, la presunta secuestradora esté de regreso en Francia gozando de una libertad plena.
2. A partir de ahora, también será necesario puntualizar qué situación jurídica tendrá Cassez. Porque no es menor el hecho de que la Corte se haya pronunciado por dejarla en libertad en virtud de los derechos que le fueron violados mientras estuvo en calidad de procesada, sin entrar nunca a la discusión de fondo relativa a si estaba probada o no su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. A muchos mexicanos ofendió gravemente el hecho de que Cassez fuera recibida en Francia como una auténtica heroína, inocente, cuando en  realidad la Corte nunca discutió ese tema y tampoco se pronunció al respecto en ningún momento. Finalmente, si los franceses quieren venerar a una secuestradora, ese es problema de ellos y su moral y su política. Pero en México es indispensable que esa cuestión se puntualice lo más posible.
3. Al final, todo esto debe llevarnos a un nuevo momento fundacional. El sistema electoral sólo comenzó a funcionar cuando tocó fondo, y todos coincidieron en que era prioridad reformarlo a fondo para hacerlo confiable y garante de los derechos políticos de la ciudadanía. Eso mismo debe pasar con las instituciones de justicia. El mensaje de “nunca más otro caso así” por el que el miércoles se pronunció la Corte debe ser una oportunidad para el replanteamiento total, y no para que se termine de perder la confianza en las instituciones.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Un lugar preponderante deben tener las víctimas, que fueron revictimizadas con este caso. ¿Las revictimizó la Corte? No. Lo hicieron quienes, desde la PGR, llevaron tan mal el proceso contra la francesa, que ahora, por esos errores, ella alcanzó su libertad. Son dobles víctimas. Por el secuestro, y por la impunidad. Por eso no es la Corte, sino el sistema de justicia, sobre quien debe pesar la condena generalizada de los mexicanos.

+ Precedente: que justicia sea probada y no inducida

El amparo que ayer le fue otorgado a la ciudadana francesa Florence Cassez constituye una de las más dolorosas lecciones sobre lo que no debe volver a ocurrir en el sistema de justicia en México. La mayoría de ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron a favor de conceder a Cassez, de manera lisa y llana, la protección de la justicia de la Unión por las graves irregularidades que presenta el proceso por el que fue hallada culpable y sentenciada a 60 años de prisión. La lección es brutal. Pero quizá por eso mismo sea necesaria, para que en México entendamos lo que no debe volver a ocurrir.

En efecto, inicialmente, el proyecto de resolución de la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas contemplaba la posibilidad de otorgarle el amparo a Florence Cassez, aunque sólo para efectos. Esto es, para que el expediente judicial fuera devuelto al Tribunal Unitario de Circuito y éste emitiera una nueva sentencia tomando en consideración las irregularidades señaladas por el Máximo Tribunal.

No obstante, la mayoría de Ministros rechazó el proyecto, e inesperadamente la Ministra cambió el proyecto de sentencia para adherirlo al que en marzo del año pasado había presentado, sobre ese mismo caso, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el cual se pronunciaba por la concesión de un amparo liso y llano en virtud de las graves irregularidades que se habían cometido en el proceso seguido a la francesa. Al someterse a votación se consiguió la mayoría, debido a que entre marzo y hoy existe un cambio en la integración de los Ministros, por quienes se jubilaron en noviembre.

Ante los hechos, es necesario comprender a cabalidad el asunto y también asumir la trascendencia del fallo. Pues, en el fondo, la mayoría de ministros se pronunció no por discutir sobre la culpabilidad o inocencia de Cassez, sino más bien por censurar, de la forma más dura posible, las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República en el proceso que se le siguió por la comisión del delito de secuestro; y por sentar un precedente de que un conjunto de torceduras legales del tamaño de las cometidas en el caso Cassez, nunca más deben volver a ocurrir en el sistema judicial mexicano.

En ese sentido, los ministros dejaron claro, en conjunto, que la discusión y el fallo nunca tocaría lo relativo a la culpabilidad o inocencia de Cassez (de hecho, su responsabilidad sí se acreditaba); y que más bien, el fondo de la discusión se encontraba en la negativa de la Corte a convalidar que la autoridad judicial mexicana procesara y sentenciara a una persona en base a pruebas forzadas, a montajes, y a irregularidades graves que alteraban de forma profunda al Estado de Derecho y al sistema de libertades democráticas establecido por la Constitución federal mexicana.

Y es que el problema de fondo abordado por la Corte radicaba en la forma en que fueron obtenidas las pruebas, y en cómo se intentó acreditar, por medio de la fuerza, que Cassez era responsable. Por eso, reiteradamente se dijo en medios informativos de la capital del país, que la resolución de la Corte se basó en la protección a las garantías del debido proceso y a la presunción de inocencia. En ese sentido, la mayoría de ministros asumió que aunque la francesa Cassez es culpable del delito cometido, en el proceso en el que se juzgó se cometieron violaciones sistemáticas a su garantía del debido proceso, y que con el montaje y la manipulación que hizo la PGR (entonces encabezada por Genaro García Luna, que luego fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón) se transgredió gravemente la presunción de inocencia establecido y remarcado en el artículo 20 constitucional.

Por eso se estableció que todo eso, visto a la luz del garantismo que ha procurado la Corte y al reconocimiento que la Constitución da a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y al sistema de protección de las garantías fundamentales, ese conjunto de violaciones resultaban inaceptables y por tanto debía otorgarse un amparo liso y llano para que la quejosa (Cassez) obtuviera su libertad de forma inmediata.

EL REVÉS

Todo esto fue tomado como uno de los más duros reveses para la justicia en México. En realidad lo es, si esto se asume desde la lógica de que fue liberada una secuestradora a la que varias de sus víctimas reconocieron plenamente. Sin embargo, y a pesar de la dureza de la lección, también es necesario comprender que, ni en este ni en cualquier otro caso, debe imperar la mayoría de razón por encima de las pruebas legalmente obtenidas y presentadas, y mucho menos por la posibilidad de que el fin justifique los medios.

Aquí es donde se encuentra lo más polémico de este asunto, y seguramente lo que más costará comprender: ¿Por qué la Corte deja en libertad a una secuestradora? La respuesta que dan los ministros es que la Corte no puede sostener que el sistema de justicia pase por alto las graves violaciones cometidas deliberadamente por las autoridades ministeriales, en aras de sostener en prisión a alguien que, aún siendo culpable, fue blanco de violaciones a sus garantías fundamentales.

En este sentido, el ministro Zaldívar —que en marzo de 2012 presentó un primer proyecto de sentencia en el que se pronunciaba por el otorgamiento del amparo liso y llano a la francesa, que finalmente ayer le fue concedido cuando la ministra Sánchez Cordero se adhirió a ese primer proyecto— señalaba que la protección consular y el respeto a los derechos humanos —que son las dos cuestiones que se violaron en el procedimiento contra Cassez— no son tecnicismos, y no se puede sostener que la Constitución es un ordenamiento de cumplimiento optativo, sino que ello garantiza la existencia de un estado de derecho, y un Estado tiene la obligación de ser eficaz respetando los derechos humanos.

LA DOLOROSA LECCIÓN

¿Cuál es el precedente a largo plazo? Que la justicia en México asuma que aún frente a alguien que es responsable de la comisión de delitos tan crueles como el secuestro, es imposible justificar o pasar por alto violaciones a garantías individuales. Hacerlo equivaldría a una especie de Ley del Talión, que es inaceptable. La responsabilidad no priva, pues, de sus derechos a una persona. Y eso es lo que no debe pasar. ¿El costo? La libertad de Cassez. Por eso es una lección que duele muchísimo, pero que al parecer era también necesaria.

+ Incumplimiento y acaparamiento, factores decisivos

Cuando Salvador Sánchez deje el cargo de delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, volverá a avivarse la guerra por el control y liderazgo del priismo local. Esto será así porque, según parece, las últimas promesas de arreglo y reconciliación en ese partido fueron de nuevo incumplidas, y porque los equilibrios internos continúan siendo aparentes y ficticios. Por eso, el día que Sánchez deje formalmente la dirigencia, el priismo volverá al mismo estado de caos en que ha estado desde hace más de dos años.

En efecto, para comprender a cabalidad esta guerra que viene, es necesario recuperar algunos momentos del pasado reciente al interior del PRI oaxaqueño, y entrelazarlos con la visión que se tiene actualmente, en el PRI nacional, de la situación que priva en la militancia local y en los liderazgos priistas en el Estado.

En todo esto, lo primero que es evidente es que en los últimos dos años y medio, los agravios generados por el último proceso electoral local no sólo no han sido subsanados, sino que se han profundizado. En primer término, para la gran mayoría de las corrientes internas del priismo, la candidatura a gobernador de Eviel Pérez Magaña fue consecuencia de una tosca imposición, que no sólo no buscó los equilibrios y consensos necesarios entre los grupos representativos, sino que además generó lesiones en una militancia que, a todos los niveles, fue obligada a disciplinarse y fue utilizada para el solo intento de perpetuación del grupo que entonces gobernaba.

Luego de la derrota de julio de 2010, el grupo compacto del entonces gobernador Ulises Ruiz, de nuevo, no buscó los equilibrios y los consensos, sino que, de nuevo, utilizó a la dirigencia priista como especie de tabla de salvación para colocar ahí a sus más distinguidos integrantes, pero también —y eso es lo que en realidad profundizó el agravio— para utilizar a toda la estructura partidaria (con la posibilidad de las postulaciones y el uso de las prerrogativas del partido) en el intento de sobrevivir a los tiempos de oposición y para tener preferencia en las posibilidades de triunfo que le quedaran al tricolor como fuerza de oposición.

Ese segundo episodio fue también un desastre. Pues como dirigente priista, Eviel Pérez Magaña no hizo otra cosa más que utilizar a la estructura y los recursos del tricolor para promoverse como candidato a senador. Y una vez que llegaron los tiempos para tratar de pelear la candidatura principal al Senado, éste se valió de la fuerza que le quedaba a su grupo no para competir, sino de nuevo para imponerse.

En realidad, nadie verificó si él era el mejor candidato, si era el mejor posicionado o si era el más apto para representar al PRI en el Senado. Simplemente, su candidatura se negoció en las cúpulas. Y sólo terminó subiéndose al carro electoral nacional, pero no para ver ganar a su partido, sino para únicamente asegurar el segundo sitio que le permitiera acceder a la cámara alta a través de la posición de primera minoría.

Ya para entonces la dirigencia priista era un caos. El ahora subsecretario de agricultura del gobierno federal, Arturo Osornio, llegó al PRI sólo para echarse en brazos del grupo ulisista-evielista; y Jorge Sandoval Ochoa no tuvo una mejor suerte como delegado, ya que días y noches completas fue objeto de intrigas por no dejarse manipular por el grupo que había perdido la gubernatura del Estado.

En ese escenario, todos veían la posibilidad de construir por primera vez un acuerdo. Eso, sin embargo, quedó roto nuevamente cuando, una vez más, en la Ciudad de México, el ulisismo apostó a la fuerza para la imposición de un nuevo delegado con funciones de Presidente del Comité Estatal, con el establecimiento de un secretario General (Alejandro Avilés) que fuera una especie de “cuña” para cuidar los intereses del grupo alrededor del PRI.

La variante, en todo esto, es que los diversos grupos priistas que apenas en septiembre del año pasado habían exigido una renovación equitativa del Comité Directivo Estatal, ahora sí se manifestaron abiertamente. Por eso, Salvador Sánchez pudo transitar como delegado presidente en sustitución de Sandoval Ochoa, únicamente después de que en la Ciudad de México hubo un arreglo entre el CEN del PRI y los grupos que habían exigido una renovación y no una imposición.

Sólo que hoy, Sánchez está a punto de irse, y aquel acuerdo no tiene visos de cumplimiento. Lo más grave es que, por enésima ocasión, el ulisimo-evielismo comienza a lanzar señales de acaparamiento respecto al acuerdo que se había signado en la capital del país, que al final no hace sino reavivar el encono dentro de un PRI que necesita unificarse y no terminar de pulverizarse.

ACUERDO ROTO

El famoso acuerdo tomado en la Ciudad de México consistió en algo muy simple: que los grupos priistas dejaran pasar a Sánchez, y permitieran que el ulisismo se quedara con la dirigencia del PRI, a cambio de que las delegaciones federales fueran repartidas entre los grupos de los otros ex gobernadores y los priistas que sí tienen una base social y política real en Oaxaca. El ulisismo, se percibía, había quedado “pagado” con las posiciones hasta entonces dadas. Y lo demás sería repartido en aras de conseguir equilibrios.

¿Pero qué ha pasado? Lo único sólido es que Salvador Sánchez se va. Pero ni el PRI nacional, ni los encargados de la política interna del gobierno federal (sería ingenuo pensar que ellos están al margen), han definido qué pasará con el PRI de Oaxaca y con las delegaciones federales. Por eso, ante el anuncio de que Sánchez dejará Oaxaca, el ulisismo lanzó nombres de quienes podrían ser los beneficiarios (que ellos quisieran) de la ruptura del acuerdo antes mencionado. Pero, finalmente, lo que provocaron con ese ruido es que más de uno esté hoy en un renovado ánimo de enojo y confrontación, por los reiterados incumplimientos del PRI nacional y el gobierno federal, y por las burdas intenciones de unos cuántos por seguir acaparando lo que, según, es de todos los priistas.

URGENCIAS

Al grupo del ex gobernador Ruiz le conviene quedarse con la dirigencia estatal del PRI, porque de entrada tendrá mano en la designación (¿venta?) de candidaturas y en el manejo de los casi 30 millones de pesos que ejercerá de prerrogativas extraordinarias para el proceso electoral. Y pretenden las delegaciones para seguirse financiando en aras de la candidatura de 2016. El pequeño problema, es la ruptura de gran calado que seguramente se avecina.

+ Improvisación y uso partidista, son los antecedentes

Las Brigadas Bienestar son un ejemplo claro de que, lo que mal comienza, mal acaba. Ese programa social, que formalmente fue creado al arrancar la pasada administración para abatir rezagos sociales específicos, trajo siempre aparejados una serie de problemas que fueron inherentes a su formación: por un lado, los afanes políticos que en su momento tuvo el PRI alrededor de ese programa; por el otro, la improvisación administrativa que siempre caracterizó a las antiguas Unidades Móviles para el Desarrollo; e incluso la miopía actual por rescatar los aspectos funcionales de ese Programa, antes que desaparecerlo.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues la historia de desencuentros respecto a las Unidades Móviles, luego convertidas en Brigadas Bienestar, comenzó —valga la redundancia— desde el inicio. Este programa fue, en gran medida, creación del extinto Miguel Ángel Cuellar Aguilera. Éste, que fue su iniciador y primer Coordinador General, planteó la existencia de grupos de trabajo que fueran hasta las comunidades a llevar servicios básicos de gobierno, salud, desarrollo y asesoría técnica en diversos temas. El objetivo era que los habitantes de comunidades alejadas no pagaran, y no tuvieran que ir hasta la cabecera distrital o municipio importante más cercano, a recibir una consulta médica, asesoría en temas relacionados con el campo, o servicios como los del Registro Civil.

El problema es que junto a ese objetivo loable venían otros de claras motivaciones partidistas. Desde el inicio del programa, todos los líderes de las unidades fueron enviados desde el PRI Estatal. La idea era que, en cada comunidad, por la mañana cumplieran con sus funciones formales, pero que por las tardes hicieran trabajo político a favor del entonces partido gobernante. Por eso las Unidades Móviles siempre fueron encabezadas por funcionarios con fuertes ligas con el priismo. Y por eso mismo, siempre hubo particular cuidado en que la plantilla de las Unidades fuera funcional, y que según las evaluaciones cumpliera con los objetivos políticos que desde el inicio se habían trazado.

El problema es que el gobierno de Ulises Ruiz nunca hizo algo para que su programa social estrella dejara de ser algo jurídicamente improvisado. De hecho, las Unidades Móviles fueron el ejemplo perfecto de mucho de lo que se hacía en ese gobierno: ideas relativamente brillantes pero sumamente cortas, siempre encaminadas al trabajo de ingeniería electoral enmascarado de preocupaciones sociales genuinas, y siempre puestas en marcha sobre las rodillas. En este caso, las Unidades siempre fueron un programa superficial, que funcionaba por la voluntad del Gobernador, pero que nunca tuvo estabilidad o fuerza jurídica alguna. ¿Por qué?

Porque la Coordinación de las Unidades Móviles siempre existió a través de ordenamientos menores (simples acuerdos o decretos emitidos unilateralmente por el Ejecutivo, que por ende no tienen la fuerza o la estabilidad que relativamente otorga una ley) y su integración se dio por las cesiones de plazas que fueron ordenadas para cada Secretaría.

Y es que, administrativamente, las Unidades Móviles nunca fueron autónomas. Parte de sus recursos venían de Coplade. Y su personal era, todo, nominalmente comisionado para esas tareas, desde cada una de las Secretarías, Direcciones y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado.

Es decir, que las Unidades existían en los hechos, pero no tenían sustento ni organización formal. Y por eso, eran tan endebles —y su personal tenía tantas cargas de manipulación política por el anterior régimen— que, sólo por una cuestión de imagen, la nueva administración se tardó dos años en liquidarlas.

BRIGADAS DE LA POLÉMICA

Quizá no se recuerde, pero luego del triunfo electoral del grupo del ahora gobernador Gabino Cué, en julio de 2010, la primera protesta que ocurrió en contra del gobierno la encabezaron justamente los trabajadores de las Unidades Móviles.

Éstos empleados, que se prestaron a una burda maniobra de manipulación y chantaje, se movilizaron a mediados del mes de julio de aquel año, argumentando que con esas manifestaciones exigían al gobierno agonizante de Ulises Ruiz que les diera estabilidad laboral (Contratos de Base, pues…), ante un anuncio —que seguramente en ese tiempo era ya intención del gobierno electo, pero que en ninguna forma había sido declarado formalmente— de que en la nueva administración se despedirían a todos los que participaron en los programas sociales del gobierno que había perdido las elecciones.

Cuando eso ocurrió, el gobierno de Ruiz dejó correr la protesta, la inquietud y el temor; y lejos de controlar a los empleados de las Unidades Móviles que anunciaban un despido inminente, alentaban de forma silenciosa a que otros empleados de confianza protestaran también, con el objeto de presionar al gobierno electo para que se comprometiera a no despedir masivamente a los empleados que habían operado los programas sociales, que también tenían claros tintes políticos.

Finalmente, el gobierno electo se comprometió a revisar la permanencia de los trabajadores. Con esa aceptación, tuvo que permitir la continuación de las Unidades Móviles. Sólo que una vez que inició el nuevo gobierno, éstas fueron despojadas de la gran mayoría de sus servicios, y fueron adscritas a la Secretaría de Salud para que se dedicaran a la promoción y atención de la salud. Como era de esperarse, el gobierno nunca tuvo intención de mejorar la condición laboral o salarial de los trabajadores de las Brigadas. Y finalmente les dieron el golpe final hace unos días, cuando decretaron su desaparición.

El problema, en todo esto, es que queda claro que el gobierno actual desapareció ese programa sin reemplazarlo. No hay claridad ni certeza sobre la no necesidad de esas Brigadas ante la existencia de servicios de salud establecidos. De los demás servicios, ni hablamos. En el fondo queda claro que las desaparecieron por haber sido estructuras priistas —que tampoco demostraron mucha eficiacia— y no porque necesariamente fueran infuncionales.

¿QUÉ SIGUE?

Seguramente continuará una batalla jurídica entre quienes se resistan al despido. Pero esto también marcará el inicio de una historia que, dentro de unos años, podría terminar igual. Esto, si continúan las ocurrencias en programas sociales, y si al sucesor de Cué se le ocurre eliminar el programa Bienestar, igual que como ahora lo hicieron con las Unidades Móviles.

+ ¿Qué tendrán que hacer para justificar decisión?

Lo que veremos en Oaxaca en cuanto al rechazo de la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión, no serán sino pretextos para justificar una decisión que de antemano ya está tomada, y que ni siquiera fue acordada por el pueblo o por el gobierno, sino por la Sección 22. La Legislatura local, de nuevo, será quien cargue con la responsabilidad de este capricho magisterial, y de la determinación del grupo gobernante por no contradecir a los profesores democráticos, sin siquiera decidir si están o no de acuerdo con su postura.

En efecto, si bien en Oaxaca el tema educativo se encuentra fuertemente influenciado por rasgos políticos, laborales y hasta emocionales, lo cierto es que esta es de antemano una discusión cancelada y hasta paradójica para los mismos maestros. Una y otra ocasión, los integrantes de la Sección 22 han manifestado que rechazan la modificación planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por las cámaras federales, porque consideran que ésta más que educativa, es una reforma laboral para los maestros. No les falta razón. Sin embargo, también es cierto que su aspecto laboral es lo único que ellos han defendido en los últimos años. Veamos si no.

Hoy los profesores de la Sección 22 consideran que la reforma educativa es un complemento de la laboral, que pretende terminar con las conquistas laborales de los maestros, congelar el sindicalismo y terminar con los contratos colectivos de todos los sindicatos. Esa es la razón por la que hoy la Sección 22 llama a sus afiliados a “analizar” su situación, a defender los derechos y a tratar de que el gobierno federal reconozca el plan educativo que plantean como alternativa los profesores oaxaqueños.

Ante todas estas aseveraciones de la propia Sección 22, queda una pregunta que en ningún sentido es ociosa: ¿de verdad el interés de fondo de los profesores democráticos es por lo educativo, y no por lo laboral? Pues en realidad, lo que han demostrado es que sus afanes se encuentran colgados eminentemente en el tema económico y no en el docente. Las pruebas evidentes así lo indican.

Los maestros sólo han estado preocupados por lo económico y laboral, y no por lo educativo. Eso es lo que han dejado ver cuando menos en los últimos tres lustros, en los que con todo denuedo han luchado (y lo han conseguido) por mejorar su nivel salarial, sus prestaciones, su situación laboral y los privilegios y conquistas que gracias a su sindicato hoy le son propias.

No se han preocupado por lo educativo, porque a pesar de los millones y millones que cada año se les entregan, éstos lo que han redituado es simplemente nada. La educación en Oaxaca continúa siendo de bajísimo nivel, con graves problemas de ausentismo, baja productividad en los maestros, resistencia a las evaluaciones, y el consiguiente aprovechamiento nulo en los alumnos que atienden.

En ese sentido, los maestros oaxaqueños se dicen preocupados por la “reforma laboral” que según ellos viene disfrazada de educativa, pues ellos mismos ponen como requisito previo para cualquier tipo de revisión de su postura, que el gobierno federal invierta el porcentaje que establece la Ley General de Educación, y mejore las condiciones de trabajo de los mentores. Para justificar su postura, han establecido que mientras no sea así, el magisterio oaxaqueño continuará rechazando cualquier propuesta de modificación y lucharán para que —al menos en Oaxaca, y por una postura de simple testarudez ante su incapacidad por oponerse con más fuerza a la decisión— la reforma sea rechazada por el Congreso del Estado.

¿Y LA VOLUNTAD POPULAR?

Es franco y abierto el intento del magisterio oaxaqueño por conseguir que el Congreso de un voto de reprobación a la reforma educativa. No les costará mucho trabajo conseguirlo, porque en el gobierno y la Legislatura están completamente convencidos de que resistirse a las presiones de la Sección 22 es riesgoso y políticamente incorrecto para las fuerzas de izquierda. A todos les importa un comino el sentir ciudadano, y deliberadamente confunden la voluntad popular con las presiones y chantajes de algunos grupos.

La voluntad popular, según las definiciones coloquiales, se resume en la decisión de la mayoría de las personas que integran una sociedad, y que tienen capacidad jurídica para involucrarse en los asuntos públicos. Sin embargo, eso que parece tan obvio en Oaxaca provoca una auténtica crisis: ni el gobierno ni los diputados tienen convicción por atender la voluntad popular (a través de una consulta bien hecha, de un referéndum auténtico, o de cualquier otro mecanismo en el que efectivamente pueda recoger las opiniones de los ciudadanos), y más bien están decididos a sustituir, con todo conocimiento, la voluntad de la mayoría por las decisiones caprichosas de un sector de la población (el magisterial) que si bien es fuerte, y tiene ascendencia social, no por eso representa a todo el pueblo, ni tiene de forma necesaria el respaldo de la mayor parte de éste.

Y es que la reforma educativa involucra aspectos que nos incumben a todos. Por eso, es inadmisible que la Legislatura tome la decisión de respaldar incondicionalmente al magisterio, a través de la invención de foros, consultas y mesas de análisis que sólo los incluyan a ellos (a los profesores y la dirigencia de la Sección 22), pero que abiertamente se desentienda del deber de recoger el sentir de la mayoría de los ciudadanos, y de ser el reflejo de lo que la verdadera mayoría desea para algo tan esencial para la vida pública, como lo es el texto constitucional de la República.

El camino para avalar la decisión que previamente fue tomada por el magisterio y respaldada por los diputados y el grupo gobernante, está en marcha. A partir de ahora, veremos quizá foros, encuentros y debates, en los que sin duda el punto de partida será el rechazo a la reforma, y no la discusión serena y equilibrada sobre si ésta es benéfica para la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños, o si debe ser rechazada por no responder a las necesidades de la educación, o de los intereses de los maestros. El resultado ya lo sabemos. Sólo falta ver con cuánto decoro —si es que lo conocen— arropan su decisión.

CASA DE CITAS

“El magisterio oaxaqueño no está de acuerdo con este tipo de reformas que plantea el Presidente y, por lo tanto, no pasará. Así lo hemos señalado desde un principio”. Palabras de Rubén Núñez, líder de la 22, dichas ahí en el Congreso. En efecto, como lo dijo desde el principio: no pasará.

+ Exigencia está secuestrada… derechos, también

A pesar de que Oaxaca es la tierra de las convulsiones por la marcada proclividad a la protesta, en realidad como sociedad tenemos un problema grave porque no sabemos exigir. Eso, que parece una paradoja, en realidad describe a la perfección el hecho de que aún cuando aquí se protesta mucho, también se abusa mucho, en contra de una ciudadanía que simplemente guarda silencio. ¿Qué pasa? La respuesta amerita una reflexión seria sobre lo somos, pero también sobre nuestras carencias como sociedad.

Hoy en día existen varios asuntos por los cuales una ciudadanía verdaderamente consciente y organizada sin ninguna duda saldría a protestar. Tenemos, en general, un gobierno que tiene serios problemas para hacer valer el Estado de Derecho; aquí existen también grupos organizados (las llamadas organizaciones sociales que aglutinan a ciertos sectores de la población) que abusan de la vía pública y de su garantía para la protesta social.

En Oaxaca, tenemos además otros grupos organizados, como ciertos partidos políticos o sindicatos —la Sección 22 del SNTE, por ejemplo— que sin mayor contratiempo ganan la calle cada que lo desean, y obstruyen los derechos y la actividad de la ciudadanía de la forma que mejor deciden. Aquí, pues, ocurren todo tipo de protestas, sin que casi ningún ciudadano exija. ¿Es esto posible?

A todas luces, la respuesta es positiva. Aquí, la protesta ruidosa se encuentra secuestrada por quienes sí están organizados, y junto con ella también secuestraron la capacidad de exigir que se supone que debiera tener la ciudadanía. Todo se volvió un círculo vicioso. Pues estando cautiva la protesta por parte de los grupos organizados, los ciudadanos temen exigir, primero, porque se resisten a equipararse a esos grupos con los que no están de acuerdo; y segundo, porque en la ciudadanía sí existe la conciencia clara de que, para ser escuchados por la autoridad, necesariamente deben exigir protestando, lo cual, en el fondo, los llevaría a tener más daños que cualquier beneficio que pudieran conseguir.

El asunto no es menor. Pues si ese círculo vicioso tuviera una especie de “Lado B”, éste tendría necesariamente como contenido la conveniencia del gobierno y de los grupos organizados sobre el monopolio de la protesta social, y el desaliento a la exigencia. A unos y otros les conviene, primero porque no hay nada mejor que grupos beligerantes y ruidosos que inhiban la posibilidad de cualquier otra protesta.

Y segundo, porque con los grupos organizados el gobierno sí puede pactar, y hasta acordar la intensidad de las protestas a cambio de la satisfacción de un interés determinado, mientras que con la sociedad la exigencia necesariamente debería tener como resultado el cese de cierta actividad o el cumplimiento, sin cortapisas, de cierta exigencia al margen de cualquier negociación, concertación indebida o “acuerdo” entre gobernantes y líderes, que pudiera dejar en suspenso el cumplimiento de fondo del tópico que afecta a la mayoría y que origina la protesta.

Lo grave en esto es que la capacidad de exigir esté secuestrada, a la vista de todos, y que ese secuestro no tenga posibilidades de revertirse para tener verdaderamente una sociedad correctamente exigente, pero a su vez capaz de poder obligar al gobierno a cumplir sus promesas y a garantizar los derechos que establecen las leyes.

DESENCANTO Y SORPRESA

En Oaxaca ocurre un fenómeno particular: la ciudadanía está completamente desencantada de todos los tipos de protesta social que hasta ahora se ha presentado, pero tiene una capacidad de sorpresa sin precedentes ante algún tipo de inconformidad que pueda considerarse como “novedosa”. La última de éstas que ocurrió en Oaxaca fue la un individuo que, espontáneamente, salió desnudo a protestar ante un bloqueo organizado por grupos organizados. Fue ruidosa. Y sin embargo, ¿alguien recuerda el por qué y, sobre todo, alguien sabe si esto tuvo en realidad trascendencia?

El por qué es el siguiente: en marzo de 2012 el comerciante José Azcona salió a la calle completamente desnudo, con un estandarte en la mano que tenía impresa la leyenda: “Está bien que exijas tus derechos… pero lo que no se vale es que vengas a pisotear mis más elementales derechos. Yo también soy pueblo.”

El hombre, fotografiado tal y como salió a protestar, fue la nota relevante de la gran mayoría de los medios informativos de aquellos días, y era el motivo de pláticas y discusiones sobre el papel de los ciudadanos a la hora de protestar y exigir. Paradójicamente, la gran mayoría estaba de acuerdo en el fondo de su exigencia, pero también una mayoría abrumadora se resistiría a secundar una protesta de esas características.

¿Qué pasó después? El problema es que, justamente, no pasó nada. Propios y extraños tomaron la protesta como un asunto meramente de guasa, y pocos tomaron en serio no la forma, sino el fondo de la exigencia de respeto a los derechos que, en realidad, son de usted, de quien escribe estas líneas, o de cualquier otra persona. Lamentablemente, nunca se consideró que lo realmente importante o llamativo no era la desnudez del individuo, sino la exigencia de respeto a “los más elementales derechos” de todos los ciudadanos.

Ante ese panorama, el desencanto por la protesta social, y la falsa sorpresa por las expresiones realmente ciudadanas, valen exactamente para lo mismo: para nada. Lo realmente lamentable, es que nosotros como ciudadanos parecemos haber perdido por completo la capacidad de exigir al gobierno, para lograr que se cumpla lo que dice la ley, y también para evitar atropellos como los que casi todos los días se cometen en nuestra contra lo mismo por grupos políticos, que por sindicatos, organizaciones sociales y hasta por taxistas, mototaxistas o camioneros abusivos.

SILENCIO CIUDADANO

La ocasión para corroborarlo es perfecta: a pesar del pésimo servicio que ofrecen, los concesionarios del transporte público ya se salieron con la suya, y consolidaron el incremento a la tarifa únicamente haciendo un arreglo cupular con el gobierno. Lo más lamentable es que lejos de hacer bloques sólidos para exigir los derechos y el respeto que todos los sectores nos merecen, en nuestra sociedad —e incluso en algunos medios— hay quienes hasta se atreven a defender la justicia de sus abusos y la “necesidad” de este atropello. Eso es inaceptable. El problema es que estamos tan acostumbrados al silencio,  a aceptar, que el grado colectivo de sumisión no parece tener límites.

+ Las tribus pelean por botín que aún no tienen

Es dantesco el espectáculo que da el Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca. Pues a pesar de ser el partido que tiene sendas mayorías abrumadoras en la Legislatura local, y en el Congreso de la Unión, trae consigo tanta debilidad que por eso un puñado de personajes no deja de pelear, ni a sol ni a sombra, por conseguir el control de su dirigencia estatal, y las candidaturas que, de antemano, ya sienten como seguras ganadoras. Lo más paradójico es que pelean por un poder que en sí mismo no tienen, y por el que no han sido ellos los que han luchado.

En efecto, si algo ha distinguido los tiempos de cambio en Oaxaca, eso ha sido la debilidad de las dirigencias partidistas. Y en esto ha tenido particular relevancia el Partido de la Revolución Democrática. Pues a pesar de que es el partido en el poder¸ el perredismo oaxaqueño no ha encontrado la paz y el orden que se supone que debía haber en su dirigencia, y mucho menos la fuerza que debían tener quienes integran su dirigencia. Esto no ha sido así, porque el perredismo local ha sido el mejor símbolo de la colonización y de utilización abierta para beneficios del poder, sin que éste necesariamente les comparta sus beneficios.

Veamos si no. El actual grupo gobernante originalmente pertenecía al extinto Partido Convergencia, hoy convertido en Movimiento Ciudadano. Éste, en un principio, no estaba planteado como una fuerza de izquierda. Más bien, tuvo su primer acercamiento formal con el perredismo en 2004, cuando pelearon juntos por la gubernatura motivados por el solo deseo de vencer al PRI. Luego, en 2006, una alianza nacional los volvió a poner en el mismo camino. Fue ahí donde el contacto entre los convergentes y los perredistas oaxaqueños se hizo más estrecho.

Finalmente, gracias a la historia que ya habían construido los integrantes del Partido Naranja en los comicios de Gobernador de 2004, éstos se impusieron en la alianza, para la postulación de quien encabezaría la fórmula al Senado por Oaxaca. Así fue como el hoy Mandatario llegó a tener su escaño en la cámara alta. Y ese fue el origen de la candidatura a Gobernador que luego le fue entregada en 2010.

¿Qué refleja todo eso? Que, en 2006 y 2010, la fortaleza del PRD en Oaxaca se llama Gabino Cué Monteagudo que, paradójicamente, ni siquiera es militante o simpatizante abierto de ese partido. La mejor muestra de que ahí es donde radica la fortaleza local (porque la nacional se encuentra indiscutiblemente en manos de Andrés Manuel López Obrador), radica en el hecho de que en los dos últimos comicios en que participó el hoy Mandatario como cabeza de la alianza, ésta arrasó al priismo.

Por eso, en 2006 llegaron a la Cámara de Diputados un grupo de hombres y mujeres perredistas a los que, literalmente, sus candidaturas y el triunfo electoral, les cayó del cielo. Y por eso mismo, por la suerte y por la fuerza que les inyectó el ahora Gobernador, también en 2010 llegaron a la Legislatura local un conjunto de candidatos, también postulados mayoritariamente por el PRD, que no habían hecho mayor trabajo político, que no tenían ascendencia en sus comunidades y distritos y que, en resumen, no supieron ni cómo ganaron sus curules.

CONTROL COMPRADO

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre las características de los comicios de 2006 y 2010, y los de 2012. En los dos primeros, el PRD se valió de una figura icónica de la oposición oaxaqueña (el aspirante Gabino Cué, a quien le habían robado el triunfo en 2004, y que en 2006 le recetó al priismo una derrota histórica e implacable). Pero en el proceso electoral del año pasado, además del llamado “efecto López Obrador” —que arrastró al triunfo a propios y extraños en todas las regiones del país en las que tenía presencia mayoritaria—, hubo una impecable operación electoral llevada a cabo, sin duda, desde el asiento del grupo gobernante.

Esa operación benefició al PRD… aunque claramente el beneficio fue mayor para el grupo gobernante, que ya no fue utilizado por el partido negroamarillo para llegar al poder, sino que más bien utilizó el registro y el acceso al poder que permite el perredismo como partido político, para colocar a sus propios integrantes en las dos cámaras legislativas, y para comenzar a perfilar con fuerza a quienes serán los transmisores del poder actual.

Eso, que está siendo utilizado, es lo que no entiende el perredismo. Más bien, ellos —viviendo de forma voluntaria, y hasta adictiva, en un error abismal— asumen que en realidad el poder sí es de ellos, que sí tienen capacidad para ganarlo y sostenerlo solos, y que por eso vale la pena luchar hasta el final por conseguirlo. Ellos mismos se han de sorprender cuando se dan cuenta que hacer tambalear a la dirigencia en turno es relativamente fácil, aunque no toman en cuenta que la debilidad de su dirigencia no es sino un reflejo de la debilidad real de ese partido.

Y es que la vida y la fuerza real que tiene el perredismo, no son sino producto de las transfusiones de recursos, de poder político y de influencia electoral, que le hacen desde el gobierno por órdenes del grupo gobernante. El PRD, en realidad, es todo lo débil que necesita el gobierno, porque sólo así puede utilizarlo y servirse de él, engañándolo con la zanahoria de los triunfos y el bastión perredista, pero en realidad utilizando sus espacios y su plataforma para construir y reforzar el andamiaje y la estructura que ya ha perfeccionado el grupo gobernante.

Por eso son ridículas las disputas entre los grupos al interior del PRD. Todos sienten que tienen la capacidad de dar las candidaturas y decidir el rumbo del partido. Esa es la razón de la feroz disputa que tienen por la dirigencia y por el control del perredismo oaxaqueño. Unos y otros se engañan, porque en realidad quien es el verdadero dueño del partido está en Palacio de Gobierno. Y será ahí, y sólo desde ahí, donde se determine quién es o será dirigente; quién será candidato a casi cualquier cargo de elección popular, y cuáles serán las definiciones del perredismo de cara a la elección que se avecina. ¿Alguien lo duda?

TELÓN DE FONDO

En esas ambiciones se explica la disputa que hoy se traen por el control del PRD diversos grupos, pero principalmente el del senador Benjamín Robles Montoya. Se sienten desplazados. Particularmente, van contra su ex aliado Salomón Jara, quien tiene aún una parte importante del perredismo y a Morena. Claro, todo con recursos públicos. Una chulada de prácticas… y de perredistas.

+ Comisiones: farsa para ocultar las complicidades

Qué forma la del Congreso del Estado, de hacerse públicamente ajeno a un tema tan delicado como el del transporte público, y propinarle, como siempre, la dosis de demagogia que justamente esperan los concesionarios del transporte para consolidar sus incrementos a la tarifa, sus incumplimientos, y el golpe económico que de forma continuada propinan a la ciudadanía. El establecimiento de “mesas de trabajo” o “comisiones” legislativas para atender el tema, constituyen un insulto para quienes sí conocen el tema y desean una solución integral, y un cheque en blanco para quienes quieren cerrar este capítulo sin atender el sentir de la ciudadanía.

En efecto, ayer el coordinador de los diputados perredistas, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alejandro López Jarquín, presentó ante el pleno de la LXI Legislatura un punto de acuerdo “para que se instale una mesa de trabajo para analizar las tarifas del transporte público”. De acuerdo con información difundida por el propio Congreso, López Jarquín dijo que en esta mesa de trabajo debe participar la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte “para determinar compromisos claros sobre las circunstancias aceptables de seguridad, calidad y eficacia a los usuarios, así como de verificación de emisiones, y; que estos compromisos se transparenten y se difundan ampliamente en los medios de comunicación del Estado.”

Esta, que pareciera ser la respuesta puntual (y hasta de “urgente resolución”, como fue presentado el punto ante el pleno) del Congreso a la determinación del incremento en la tarifa del transporte público, en realidad no es sino un abono a la demagogia y a la consolidación de este robo en despoblado a la economía familiar.

Y es que no sólo se trata de la creación de una comisión (o “mesa de trabajo”, como dicen ahora) para enterrar el asunto; y, de hecho, tampoco se trata del solo incremento en el costo del pasaje; más bien, se trata del hecho de que el propio Poder Legislativo ha desatendido gravemente este problema, y sólo presenta soluciones cortas e improvisadas, para un problema que es permanente y de gran profundidad.

En realidad, si nos basamos en los hechos y en los antecedentes inmediatos, entonces la pretendida respuesta del diputado López Jarquín a la ciudadanía no es más que un burdo engaño. Ya en otras Legislaturas, cuando hubo también incrementos a la tarifa del transporte público, y ante esas medidas se conformaron también comisiones especiales. Sobra decir que la comisión ordinaria de transporte, que ya existía, y que entonces encabezaba la ahora regidora de la capital oaxaqueña Guadalupe Rodríguez Ortiz, también prometió defender el interés de los oaxaqueños, sin lograr nunca ser algo más que una comparsa para el gobierno en turno.

De hecho, en aquellos tiempos esa Comisión pretendió tener una participación protagónica en los asuntos que incumbían a la ciudadanía con el transporte público. Y aunque organizaron encuentros con concesionarios, verificación física de unidades, discordancias con la autoridad, y todo lo que podamos imaginar, al final de todos modos no fueron capaces ni de frenar los incrementos, y mucho menos de oponerse de forma inteligente y auténtica al atropello permanente que profieren los transportistas a los ciudadanos, al darles un servicio de pésima calidad, riesgoso, ajeno a toda responsabilidad y regulación y, por si fuera poco, impune.

Además, el problema que de entrada tienen las comisiones legislativas actuales en temas como éste, es que en las condiciones actuales, ni ellas ni la misma autoridad ejecutiva, tienen el poder pleno para oponerse a los concesionarios, para frenar los abusos o para reprender, con base legal, a quien incumpla los compromisos pactados, así se acuerden a la vista de toda la ciudadanía y sean publicitados incluso en medios del Estado y de circulación nacional.

Por eso, independientemente de las aparentes posiciones de fuerza que asume el Legislativo para tratar de presionar a los concesionarios, y de aparentar ante la ciudadanía de que hacen lo que en realidad no tienen posibilidad —ni ganas— de hacer, en realidad no tienen elementos jurídicos para llegar a hacerlo.

Eso, ciertamente, es responsabilidad inicial del Gobierno del Estado. Pero en un segundo plano, no menos importante, también es de la LXI Legislatura, que como las dos anteriores, ha pospuesto sin razón válida alguna la discusión y aprobación de una ley de transporte que es urgente para la anarquía que se vive en este sector en Oaxaca.

NO SE HAGAN PATOS…

Si los diputados están tan preocupados por la situación que priva en Oaxaca por el tema del transporte, ¿por qué no en lugar de crear comisiones que no hacen sino aparentar lo que en realidad no pueden ni quieren hacer, se abocan a darle cauce a la discusión y trabajo que requiere la ley del transporte? Eso sí debía ser de obvia y urgente resolución, y no las medidas que simplemente parecen “curitas” a un problema que ya se encuentra en situación de gangrena.

En el fondo, los diputados de la LXI Legislatura se han convertido en cómplices de todos aquellos que se resisten a una solución integral al asunto. De nada sirve que el secretario José Antonio Estefan Garfias comparezca una o mil veces ante el Congreso, si aquel no tiene los elementos jurídicos necesarios para reforzar esta tarea, y si los diputados siguen empeñados en perder el tiempo en soluciones impropias y continúan defendiendo y preservando, silenciosamente, los intereses de los concesionarios que quieren incrementos a la tarifa, pero no compromisos ni leyes que los sujeten a cumplimientos obligados.

COMPLICIDADES OCULTAS

El tema, lamentablemente, continuará siendo un asunto sin cauces firmes. Las respuestas legislativas de hoy no son más que párvulos para ocultar las complicidades y las incapacidades de quienes quieren hacer todo, para que nada cambie en el asunto del transporte… y para que, mientras, los concesionarios sigan haciendo a la ciudadanía usuaria, blanco de todo tipo de excesos e incumplimientos a través de un servicio caro, deficiente, contaminante, peligroso y al margen de todo tipo de regulación. Señores diputados, con López Jarquín a la cabeza: sigan con sus comisiones y sus mesas de trabajo. Van a todo dar, en la intención por no solucionar este asunto.