+ Matrimonios gays, conflicto trascendente

Hay aspectos estrictamente objetivos que ponen a prueba la capacidad de adaptación de las decisiones políticas que se toman en función de la mera conveniencia y el pragmatismo político. Aunque en Oaxaca existe una coalición de partidos determinada en gran medida por las fuerzas de izquierda, y que en gran medida ellos tienen influencia tanto en el Congreso local, como en la representación oaxaqueña ante las cámaras legislativas federales, aquí existen enormes resistencias para entrar a la discusión de temas que, en otras entidades, son defendidos y abanderados justamente por las fuerzas partidarias más progresistas. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca provoca una discusión escandalosamente vergonzosa, porque quienes debieran impulsarla prefieren continuar en la omisión.

En efecto, es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional (fundada en la primacía constitucional de los derechos fundamentales, como el relativo a la no discriminación por la causa que fuere) está encaminada hacia la ampliación total de los derechos.

El problema es que en la entidad, una discusión (legislativa, social, y a veces hasta informal) como esa, queda irremediablemente atrapada entre el conservadurismo de la sociedad, los atavismos de ciertos grupos sociales, y las viejas tendencias a considerar que la discriminación por razón de preferencias sexuales es “normal” —y hasta justificada—, debido a que vivimos en una sociedad “de machos”.

Materialmente, parece complicada la posibilidad de que un debate de esos pueda trascender de lo social a lo legislativo. Y sin embargo, nos topamos con la paradoja de que hoy tanto el gobierno estatal, como una parte importante del Poder Legislativo local, están determinados por las fuerzas de izquierda, que en otras entidades de la República han sido quienes han encabezado con todo denuedo la lucha a favor de derechos de las minorías, como el que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio legal, y adquirir los derechos y obligaciones que ese acto trae aparejados; o que, en su caso, la ley contemplara una figura jurídica distinta del matrimonio, para proteger y dar seguridad jurídica a las parejas del mismo sexo.

Y es que aún con todo eso, en Oaxaca el Código Civil continúa estableciendo que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La ley civil continúa teniendo esa redacción, a pesar de que desde hace varias Legislaturas locales, las fuerzas de izquierda han tenido una representación importante, y que al menos en los últimos años ha tenido una presencia legislativa determinante, que bien podría haber empujado ya una reforma que —viéndolo desde una perspectiva garantista y no atávica— impulsara a Oaxaca no específicamente como una entidad “gay-friendly” (amigable con los gays), sino más bien como un estado en el que se reconocen y garantizan los derechos “tradicionales”, pero también los de las minorías, que ya se encuentran tutelados por la Constitución de la República —y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, que también son ley suprema del país—, y que por ende debieran ser refrendados por las normas jurídicas estatales.

RESISTENCIAS

El problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos.

Y es que, en este caso, la Primera Sala de la Corte atrajo un recurso de revisión en el que diversas autoridades estatales impugnaron un amparo, en el que un juez federal declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil local, y ordenó que no le fuese aplicado a una pareja, conformada por dos mujeres, que había solicitado a la Dirección del Registro Civil su deseo de contraer matrimonio, y que cuyo acto les fue negado en virtud de que el Código Civil local establece que éste sólo puede realizarse entre un solo hombre, y una sola mujer y que, en el caso del recurso de revisión que interpusieron las autoridades oaxaqueñas a la resolución del juez federal, establecen que una demanda sobre omisión legislativa debe sobreseerse, porque no es posible obligar al Congreso a realizar una reforma.

Este caso específico, cobra trascendencia nacional porque en el estudio que realice la Corte podrá analizarse cómo se deben proteger los derechos a la igualdad, identidad y no discriminación en razón de la preferencia sexual, así como el alcance a la protección de la familia contenida en el artículo cuarto constitucional. Todo esto, además de que a partir de ello podrían definirse criterios generales relacionados con las omisiones legislativas, y protección a ciertos derechos como el de la identidad, la igualdad y la no discriminación.

Sin embargo, y más allá de lo estrictamente jurisdiccional, lo que queda en el fondo es el cuestionamiento no sólo por las endebles convicciones de la izquierda oaxaqueña respecto a causas que son abanderadas nacionalmente por esos partidos, pero que en Oaxaca simplemente se dejan pasar como si no fueran importantes, o como si no fueran parte de las agendas nacionales a las cuales ellos debieran estar ceñidos.

MALAS JUSTIFICACIONES

Todo esto, además, choca con otras cuestiones. Una de ellas, que ha sido justificación de coaliciones como la oaxaqueña para no entrar en ese tipo de temas, radica simplemente en que como esos temas no fueron establecidos en la agenda de trabajo aliancista, entonces no habrán de ser tocadas. ¿Y dónde queda la convicción política e ideológica de cada partido? Lo que se revela es que las alianzas están hechas sólo para ir por el poder. Casos objetivos, como éste, así lo demuestran.

+ Denuncia, a tiempo; diputados la ignoraron

Detrás de la imagen de tolerancia, congruencia y democracia que Flavio Sosa Villavicencio ha tratado de construirse en estos últimos años como diputado local, se encuentra el mismo agitador de siempre. La historia que lo involucra con la comunidad de Trinidad Zaachila no sólo revela su voracidad y su capacidad de generar conflictos en aras de obtener una ganancia económica, sino también su doble moral (y la de todos los diputados) al disimular la relación de complicidad que tiene con el impresentable defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

En efecto, la relación de Sosa con Trinidad Zaachila no es nueva. De hecho, en otros momentos se denunció públicamente, en diversos medios informativos locales, de los delitos que podrían estar cometiendo Sosa y algunos integrantes de la organización Comuna de Oaxaca que él encabeza, en conjunto con Peimbert Calvo, que para entonces fungía como coordinador de Mediación para el Desarrollo del Gobierno del Estado.

Esos señalamientos, provenían fundamentalmente de una denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en febrero del presente año, los señores Jonás Llandez Vásquez, Oscar Castellanos Martínez y Manuel Sánchez Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal, Tesorero y Síndico Municipal de la comunidad de Trinidad Zaachila, respectivamente.

En esa denuncia, los representantes de la autoridad municipal de Trinidad Zaachila describen cómo Caminos y Aeropistas de Oaxaca les responde de una supuesta solicitud realizada por ellos, misma que, a decir de los denunciantes, nunca se había tramitado. En el documento, CAO les indica que su comunidad cumple con todos los requisitos para la realización de la obra solicitada, la cual se trataba de una pavimentación de la comunidad de Trinidad a Santa María Roaló, y de ahí al núcleo rural La Guadalupe, por un monto de cuatro millones 792 mil 372 pesos, misma que realizaría una empresa que, según los propios dichos de la autoridad, previamente habían asignado Arturo Peimbert Calvo, y el eterno colaborador de Flavio Sosa, César Mateos Benítez.

Según la denuncia —de la que no hace falta más que buscar en Google, para hallar imágenes de los documentos originales, firmados y sellados por los denunciantes— se enteró el Presidente Municipal, cuando los vecinos le reclamaban la razón por la cual había autorizado las afectaciones de sus terrenos, a lo cual el Munícipe contestó que él no sabía nada.

Cuando los vecinos le mostraron los documentos corroboró que, en efecto, alguien había falsificado la papelería oficial, los sellos y las firmas con las que presentaron la referida solicitud. Incluso, en la denuncia penal referida, puede leerse que el Presidente Municipal señala enfáticamente a Peimbert Calvo por haberlo presionado en diversas ocasiones, e incluso amenazado, para que firmara un documento que él identifica como una carta poder, y que como se negaron rotundamente, entonces recurrieron a la falsificación de documentos por la que presentaron la denuncia.

ÁNIMOS DE VENGANZA

A partir de esto, puede entenderse con toda claridad esta denuncia pública que ahora realiza el edil Jonás Llandez. Según refieren quienes conocen a fondo el tema, no lo había hecho antes, debido a que cuando se hizo público el contenido de la denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría del Estado, recibieron nuevas amenazas debido a que Peimbert Calvo era candidato a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Pareciera que por esa razón, la voracidad de Peimbert Calvo y Flavio Sosa Villavicencio quedaron momentáneamente suspendidas, pero que una vez que el ex Coordinador de Mediación del Gobierno del Estado quedó firme en su cargo, éstos volvieron a la carga ahora ya no sólo para culminar los millonarios negocios derivados de la asignación irregular de obra pública para ese municipio, sino también —y sobre todo— para cobrarle al Munícipe la afrenta por haber tenido la osadía de denunciarlos penalmente.

¿A poco no, teniendo como antecedente directo toda esta historia, se entiende perfectamente la denuncia que hace el Edil en contra de Flavio Sosa, César Mateos y Arturo Peimbert Calvo? Pues, específicamente, Llandez refiere que Mateos Benítez llegó a las comunidades de Santa María Roaló, San Miguel Tlanichico y el núcleo rural La Guadalupe, para aconsejar a sus habitantes “que pelearan por obras y por la asignación del presupuesto directamente”, y agregó que cuando se iniciaron las negociones, fue el hoy defensor Peimbert Calvo quien tomó el caso. Incluso —decía la nota de TIEMPO en su edición de ayer— fue él quien suscribió los acuerdos, como representante de estas localidades, y agregó que, coincidentemente con todo lo narrado, en Santa María Roaló “se realiza una pavimentación sin autorización de la autoridad”.

Nada de esto es oculto. Más bien, Sosa y los diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local (Marlene Aldeco, Pavel López, Max Vargas y Carlos Martínez), apenas si pueden disimular el hecho de que aún a sabiendas de estos inaceptables antecedentes de Peimbert como agitador y estafador de municipios rurales, cada uno de ellos accedió a impulsarlo como el candidato idóneo para ese cargo.

Todos accedieron a impulsarlo, porque Peimbert abiertamente habría comprado sus votos y habría dado espacios en la nueva estructura de la DDHPO a los cercanos de cada uno de ellos, e incluso a otros ex candidatos a Defensor a los que cada uno de esos diputados pretendió inicialmente impulsar, pero que finalmente se quedaron relegados ante el apabullante “convencimiento” que generó Peimbert en ellos a partir de sus ofertas.

IRRESPONSABLES

Hoy Flavio Sosa debía enfrentar su responsabilidad por estar “casualmente” involucrado en algunos de los más riesgosos conflictos sociales que existen en comunidades oaxaqueñas y que potencialmente pueden convertirse en baños de sangre. Y los demás diputados debían también dar la cara al pueblo de Oaxaca y explicar la razón por la que decidieron impulsar a un individuo nocivo para la gobernabilidad, para la ley y sobre todo para los derechos humanos, como el supuesto “defensor” del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Es inadmisible que en Oaxaca todos los actores públicos continúen engañándose, y tratando de engañarnos, con el juego de la democracia en el participan y se benefician, pero en el que no creen ni respetan. La otra reforma electoral, indispensable en la entidad, es la relativa a la transformación de las prácticas de los partidos. Mientras los hombres y mujeres que integran los institutos políticos mantengan sus prácticas actuales, podrán seguir reformando la ley ilimitadamente, y de todos modos la práctica política seguirá siendo igual de sospechosa y deslegitimada, como hasta ahora.

En efecto, hoy los partidos políticos no terminan aún de reponerse de la borrachera democrática que significó el inusitado triunfo de la coalición de partidos en 2010. A partir de entonces, todas las fuerzas que respaldaron al ahora Gobernador del Estado, tenían una representación casi testimonial en el Estado, que se vio magnificada por el tamaño del triunfo electoral de un solo hombre (Gabino Cué) que los arrastró hacia la posición que hoy tienen.

El principal argumento común de legitimación ante los electores, era que ellos representaban la erradicación de las prácticas clientelares y corruptas del PRI. Sólo los ingenuos les creyeron. Y por eso es indispensable esa reforma a los partidos que, de antemano sabemos, difícilmente ocurrirá mientras las fuerzas políticas estén determinadas por quienes actualmente las conforman.

¿Por qué sólo los ingenuos creyeron tal argumento? Porque todos aquellos que sí conocían el supuesto autoritarismo priista, sabían a la perfección que la contraparte de ese autoritarismo eran los partidos que hoy se dicen representantes del cambio. Ellos, durante décadas, mantuvieron una posición de minoría que siempre les fue conveniente, porque ese era el argumento que utilizaban para entablar negociaciones con el partido hegemónico, y obtener prebendas a cambio de silencio, o del apoyo disimulado a las decisiones priistas. Por eso, la oposición siempre fue retórica. Pero la connivencia fue tan real como los beneficios, personales y de grupo, que permanentemente obtuvieron de esa relación.

Por eso mismo, sabemos de antemano que aún con la alternancia de partidos en el poder, el estado de cosas a ras de suelo no cambiará. Y es que, lo acepten o no, todos los supuestos representantes del cambio en los partidos políticos, siguen siendo los mismos que en otros tiempos se dedicaron a medrar desde sus posiciones de oposición, que hicieron de sus partidos agencias de colocación para amigos e incondicionales, o se sirvieron e ellos como sendos patrimonios familiares.

Y es que si revisamos la actuación histórica de los grupos que determinan a los partidos que hoy son parte de la coalición legislativa, y de la misma oposición priista, fácilmente podemos darnos cuenta que todos representan esa misma estrechez de miras, y el sentido patrimonialista de ver el ejercicio del poder. Es casi invisible la diferencia entre priistas, panistas, perredistas y petistas. Todos, en general, han actuado en base a la práctica no de un régimen u otro, sino de una época que ya debe quedar atrás.

Si revisamos la actuación de las cúpulas priistas, podremos darnos cuenta que la hegemonía de los cuatro ex gobernadores ha podido más que las demandas de democratización y apertura de diversos sectores de militantes que quieren atención e inclusión. Si vemos al panismo, en lo que ha sido hasta hoy, podremos corroborar que se han dedicado a lucrar con su posición de “fuerza nacional”, aunque en Oaxaca tienen una representatividad por demás limitada.

Si vamos al PRD, incluso, veremos que éste se sigue determinando a través de clanes y tribus, y que en Oaxaca, como en los tiempos más arcaicos del sistema de partidos, el perredismo está dominado por un puñado de familias que determinan no sólo sus cargos de dirigencia partidista, sino que cada uno de ellos tiene su propia cuota en las cámaras legislativas (basta revisar los “merecimientos” familiares que convirtieron en diputados a los perredistas Juanita Cruz Cruz, Pavel López Gómez, Aleida Serrano Rosado, Tomás Basaldú, etcétera). Si vemos hoy la representación popular que tiene el PRD oaxaqueño, veremos que ello no corresponde a lo que la militancia real quiere y espera, sino a lo que dicen dos o tres clanes que tienen ahí incrustados a sus parientes más cercanos.

EL CAMBIO, URGENTE

Eso debe cambiar con urgencia. Debe también modificarse la forma tan burda en cómo se relacionan los representantes de cada partido con el poder y con la misma ciudadanía. Los partidos debieran encontrar en el corto plazo, soluciones distintas para volver a legitimarse ante la sociedad, y para generar escenarios en los que el resultado sea distinto de lo que es hoy. Cambian la ley electoral para que otros sean los comprometidos (y los perjudicados), pero ellos siguen beneficiándose de la inmovilidad que promueven para sus propios intereses.

Por eso hay que ver no con triunfalismo, sino con reservas, la reforma electoral recién aprobada. Los partidos promovieron cambios al Instituto Electoral, al régimen de usos y costumbres (o “sistemas normativos internos”, como pretenciosamente se denominan ahora) y a la forma y reglas de los procesos electorales, pero nada dicen de la forma en cómo ellos se presentan a la sociedad. Eso es, al final, lo único que deberían transformar, y con ello no habría necesidad de modificaciones legales, ni de negociaciones, ni de “sacrificios”. Sólo que eso es lo que nunca cambia.

Y es que si cambiara, para mejorar, la forma en cómo conducen su praxis política los partidos, entonces se acabarían de tajo las intromisiones en los sistemas normativos de las comunidades indígenas; también veríamos una disminución sustancial de las prácticas indebidas para comprar, coaccionar o inducir el voto. Incluso, si hubiera aunque sea mejoras parciales dentro de las fuerzas políticas, se reduciría la proclividad a quebrantar la ley que ellos mismos propusieron y legislaron.

REFORMAS INÚTILES

Al final queda una pregunta: ¿De qué sirven las “reformas de avanzada”, si los mismos que hicieron la propuesta serán quienes quebranten la ley? Mientras los partidos no se reformen a su interior, e insistan en seguir conservando la purulencia que hoy los inunda, todo seguirá siendo parte de este mismo juego demagógico en el que todo se modifica, para que nada cambie.

+ TIEMPO, 11años de vanguardia informativa

Con la aprobación del nuevo Código de de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se reiteró la práctica de pregonar reformas de avanzada, pero haciendo sólo cambios cosméticos a la norma y consumando los repartos de poder entre facciones y partidos. De nuevo, la gran oportunidad de una reforma integral quedó postergada, porque desde el inicio se apreciaba que esta propuesta tenía más intención de venganza política, que de verdadera democratización de los procesos electorales en la entidad.

En efecto, de nuevo la reforma real se quedó corta frente a las expectativas generadas. Y es que desde hace meses se hablaba de la posibilidad de una gran reforma al sistema electoral oaxaqueño, que tuviera la capacidad de plantear nuevas reglas de funcionamiento del árbitro electoral, de la convivencia y trabajo de los partidos políticos en cuanto a la promoción de la vida democrática, de las reglas en los procesos electorales para hacerlos más equitativos, y de la armonización de los usos y costumbres a las condiciones actuales. Todo eso podía ocurrir. Y sin embargo todo se quedó en un tibio intento. ¿Por qué?

Porque como ha ocurrido en otros procesos de reforma, todo se encuentra finalmente determinado por la práctica política pura, por las conveniencias de quienes hacen y votan las modificaciones legales, e incluso por las afrentas que existen entre ellos. Aunque los diputados de la LXI Legislatura tenían la posibilidad de hacer una gran reforma, todo se quedó en el intento porque éstos, en conjunto, antepusieron sus propias afrentas a la posibilidad de ponerse de acuerdo en los temas sustantivos para sacarlos adelante.

A partir de eso podemos explicarnos que esta pretendida “gran reforma” haya tenido como uno de sus puntos centrales la reorganización del IEEPC; y que la otra parte de la discusión, sobre lo que finalmente no fue incluido en la reforma, tuviera que ver específicamente con el establecimiento de reglas que pudieran beneficiar a las coaliciones electorales (que representan apenas el primer peldaño en el ascenso a las coaliciones de gobierno, que aquí ni las conocemos), en detrimento de un priismo, al que se pretendía terminar de sepultar en los siguientes procesos electorales estatales.

En todo esto, el tema sensible era el IEEPC, aunque no por las razones objetivas que pudieran suponerse. Pues aún cuando en los últimos 16 meses, ha sido muy poco eficaz el trabajo del Consejo General, que encabeza Alberto Alonso Criollo (y que en ese lapso, Alonso fue incapaz de construir un acuerdo que permitiera tener una Junta General Ejecutiva verdaderamente profesional y operante), lo cierto es que lo que a los diputados les interesa son otras cosas. En realidad, todos buscan saldar sus propias cuentas derivadas de la forma en cómo se integró ese Consejo General, en abril del año pasado.

Y es que, si bien se recuerda, en el acuerdo legislativo por el que Alonso resultó consejero Presidente del IEEPC, la fracción parlamentaria del PRI calculó mal sus posibilidades y se quedó fuera del reparto. Meses después, vino la integración de la Junta General Ejecutiva (que, se supone, es el órgano técnico del IEEPC, que debiera estar integrado no por “ciudadanos”, sino por profesionales de los asuntos electorales que pudieran enfrentar y desahogar los temas del Instituto) y con ello otra oportunidad perdida.

De nuevo, los partidos integrantes de la coalición se repartieron las Direcciones, acotaron el margen de Alonso Criollo a casi nada, y trataron de hacer que el Instituto funcionara correctamente casi por decreto. Ante ese panorama, los tumbos electorales que ha dado el Estado son perfectamente explicables.

Pero al final, con esta nueva reforma el PRI y las fuerzas coaligadas no hicieron sino construir el acuerdo sobre un nuevo reparto, sin entrar verdaderamente en el fondo de las necesidades democráticas que tiene la ley y la vida pública de Oaxaca.

OPORTUNIDAD PERDIDA ­

El pasado jueves, en declaraciones a TIEMPO, el diputado perredista Francisco Martínez Neri reconocía, respecto a la reforma electoral, que “faltó dureza, faltó carácter; no hay puntos trascendentes en la Reforma Electoral (…) En lo personal, no estamos tan a gusto con lo que se manejó, me hubiera gustado que hubiese recorte presupuestal, mayor equidad en el reparto del dinero y la gobernabilidad se hubiera planteado en otras circunstancias (…) se cumple lo dicho de que las cosas están al alcance de quienes las hacen y las reformas están ahí; lamento que el beneficiario sea el PRI, cuando había la manera de que los diputados de la coalición actuarán de distinta manera (…)En la coalición no hemos entendido que teniendo el poder hay que ejercerlo, y quien tiene el poder lo ejerce, impone condiciones como han actuado, pero a nosotros nos faltó”. ¿Qué trataba de decir el Diputado?

En términos llanos, lo que hizo Neri fue reconocer que la intención inicial de esta reforma era acotar los alcances del priismo en los procesos electorales, y que fracasaron. ¿Por qué fue así? Porque, por afanes políticos bien definidos, desde el inicio se quiso que esta reforma fuera votada favorablemente por todos los partidos. Pero el PRI nunca estuvo de acuerdo en que se reformaran ciertos términos de la ley relacionados con las coaliciones parciales, con las nuevas formas de fiscalización, y con temas como la paridad hombre/mujer de candidatos.

Esta reforma tenía intención de terminar de imponer las condiciones no de la vida democrática, sino del desmantelamiento de cualquier tipo de hegemonía priista, para imponer una nueva preponderancia ahora en favor de coaliciones como la que ahora gobierna y mantiene el control del Congreso.

Por esta arista dicen que la reforma fracasó. Pero fue así porque aún cuando eso se hubiera concretado, de todos modos no se tocaron otros puntos que sí eran esenciales para la democracia oaxaqueña. Ahí lo que arreglaron los partidos fueron sus repartos. La democracia puede seguir esperando.

FELICES 11 AÑOS

Desde este espacio enviamos un caluroso abrazo de felicitación a todos nuestros compañeros, que con esfuerzo conjunto hacen posible la edición diaria de TIEMPO. Hoy se cumplen sus primeros 11 años de vida. Felicitamos a nuestro director, Wenceslao Añorve Martínez, y a todos los que con tesón y talento han forjado esta historia de éxitos continuos dentro del periodismo oaxaqueño. ¡Enhorabuena!

+ Formato de la toma de protesta no soluciona nada

Quién sabe por qué los mexicanos tenemos cierta proclividad por la evasión de los problemas, antes que generar soluciones de fondo. Un ejemplo de eso se encuentra en la reforma política que esta semana fue declarada como válida en la Constitución General de República, en la que se modifican los supuestos en los que el Presidente Entrante puede rendir la protesta que marca la misma Carta Constitucional. La modificación bordea el problema, no lo resuelve.

¿Qué contiene esta reforma constitucional? Contiene parte de los puntos que propuso el propio presidente Felipe Calderón hace dos años, cuando propuso la inclusión de la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente del Presidente de la República, y otros mecanismos para hacer una democracia más efectiva.

Además, tal y como quedó la reforma también se estableció que habrá un mes más para el plazo de revisión a la Cuenta Pública anual, se estipuló la ratificación por parte del Senado de los integrantes de los órganos reguladores del Estado en materia de Telecomunicaciones, Energía y Competencia Económica, se establecen mecanismos de sucesión en caso de ausencia absoluta del titular del Poder Ejecutivo Federal y, lo que nos interesa en este momento, se establecen alternativas para la toma de protesta del Presidente de la República, ante los representantes de las Cámaras Federales e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, las modificaciones al artículo 87 de la Constitución incluyen la posibilidad de que el presidente electo tome protesta en cualquier lugar si no puede hacerlo en el Congreso de la Unión, sólo se requeriría la presencia de la Mesa Directiva de las Cámaras del Congreso o, en su defecto, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si por cualquier circunstancia el presidente no pudiere rendir la protesta (…) lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión (…) En caso de que el presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, versan los dos párrafos que se añadieron al artículo 87 de Carta Magna. Sin embargo, no se dan indicaciones sobre el lugar de la toma de protesta, por lo que ésta podría realizarse en cualquier otro lugar físico, sólo con el requisito de que estén presentes quienes se mencionan en el texto.

En un primer momento, esta parece ser una solución irremediable para un escenario indeseable como el que vivimos los mexicanos en 2006, cuando los partidos de izquierda trataron de impedir que el presidente Felipe Calderón Hinojosa rindiera protesta ante la Cámara de Diputados. Aunque hubo una gran polémica por la forma en que debiera ocurrir ese acto, a todos quedaba claro que para que el Presidente tuviera plenamente esa investidura constitucional, era necesaria la protesta que contempla la propia Constitución de la República.

Sin embargo, más allá de que se pudiera estar haciendo un “amarre en el dedo antes de la cortada”, lo que queda claro es que de todos modos no hay una idea clara y concreta de lo que debiera ser una solución verdaderamente de fondo para eso. El choque entre el panismo y las izquierdas en 2006 se dio no sólo por el resultado de la elección presidencial, sino sobre todo por la falta de madurez de las fuerzas políticas, que no supieron procesar un momento tan complejo como ese, y reaccionaron poniendo en riesgo la institucionalidad en aras de defender, de uno u otro lado, el triunfo de sus respectivos candidatos.

LA INMADUREZ NO

SE CURA CON REFORMAS

En efecto, el 2006 marcó un momento por demás complejo para nuestra nación. Ante lo apretado del resultado electoral, todos querían tener la razón y trataron de defenderla aún a costa de lo que esto pudiera costarle al país. Ante las amenazas de boicot a la toma de protesta del nuevo Presidente de la República, todos optaron por tomar sus previsiones por la línea dura, y no a través de cualquier otro arreglo. Nadie estuvo dispuesto a ceder ninguna de sus posiciones (porque lo que se disputaba era el poder presidencial). Y por esa razón todos se fueron a tratar de defender sus posiciones teniendo como espada y escudo a la institucionalidad. Eso era inaceptable. Y eso no fue resuelto.

En esta lógica, ¿alguien cree que con esa reforma se podrá remediar una nueva crisis? Evidentemente no. Lo único que hace esa reforma es ampliar las posibilidades de la toma de protesta, pero no garantiza que esta se lleve plenamente a cabo, o que sea verdadera consecuencia de un proceso democrático y tolerante en el país. De todos modos, las adversidades y las afrentas que se abrieron entre facciones y partidos hace seis años continúa latente, y los vacíos que existen en las normas procesales y sustantivas en materia electoral, continúan haciendo viable la posibilidad de denunciar un fraude. Eso no fue resuelto por la reforma. Y por eso, aún con sus modificaciones, todo (todo) puede volver a ocurrir.

Pongamos un ejemplo. Aunque hoy el movimiento de Andrés Manuel López Obrador no tiene la aceptación popular de hace seis años. Sin embargo, aún con eso, el tabasqueño sí tiene a varios miles de incondicionales que, solos, sí podrían ser capaces de poder volver a poner en jaque la posibilidad de que el nuevo presidente tome protesta en cualquiera de los supuestos que contempla la reforma política promulgada por el presidente Felipe Calderón esta semana.

Eso demuestra que de todos modos el problema de fondo no está resuelto. No lo está porque de todos modos la crisis política continúa ahí, y lo único que se hizo fue maquillar el momento de la toma de protesta, pero sin dar un cauce a los problemas en que derivan cuestiones como la de la toma de protesta.

¿PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?

La falta de entendimiento político parece ser un problema sin solución, al menos en nuestro país. ¿Cómo hacer que el partido perdedor acepte su derrota, si cayendo frente a otro por 200 mil votos, o por 4 millones, de todos modos dice que hubo fraude y que por esa razón hay que poner en riesgo la institucionalidad? La amenaza del boicot a la toma de protesta hoy de nuevo cobra vigencia. Por eso el problema de todos modos no está resuelto. Y por eso, esto parece ser un amarre en el dedo antes de la cortada.

+ Víctor Raúl… tumbos en el Cecyteo

Lamentablemente, nadie debiera sorprenderse de la reducción de recursos al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Aunque éste es el único sistema educativo local que ha demostrado tener éxito, todas las señales durante la presente administración han apuntado hacia la determinación de reducir sus elevados costos, y de apartar del cargo a sus autoridades actuales. Funcionarios estatales y legisladores han cuestionado duramente a ese Sistema, pero ninguno ha dado pautas sobre cuáles son las alternativas que tiene el Estado ante sus intenciones de reformar al SUNEO.

En efecto, en declaraciones a TIEMPO, difundidas en su edición de ayer, el rector del Sistema de Universidades Estatales, Modesto Seara, reconoció que esa institución tendrá una reducción de 61 millones de pesos en su ejercicio correspondiente al 2013. Así, de los 561 millones de pesos que recibió en este año, para el siguiente sólo recibirá alrededor de 509 millones de pesos.

Seara mantiene una abierta confrontación no sólo con funcionarios estatales, como el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, que han cuestionado el alto costo por alumno de ese Sistema, pero también con diputados estatales que incluso han ventilado la posibilidad de llamarlo a comparecer ante el Congreso para aclarar una serie de cuestiones que ellos consideran indebidas del Sistema de Universidades. Pareciera, pues, que Seara se encuentra en una franca ruta de desgaste en la que ya sólo faltará que llegue el momento para que le sea exigida su renuncia.

Y es que esta andanada de cuestionamientos no es nueva. De hecho, desde el mes de febrero pasado el secretario Cajiga Estrada opinaba que “…es necesario revisar el Suneo, porque por cada peso que aporta la Federación al mismo el estado pone cinco, lo que no sucede en ninguna otra institución educativa en el país…”; decía también que “…además presentan otras características poco favorables, como, por ejemplo, la relación alumno-maestro es inverosímil. ‘En algunas instituciones del Suneo por cada maestro de tiempo completo hay cinco alumnos’”; o que “en el caso del Suneo heredaron una estructura en donde por cada peso que está dando la Federación, ‘el estado pone cinco y desde luego nos interesa mucho la calidad educativa y queremos que esta se fortalezca’”.

Este es un cuestionamiento. El otro, es el que sostienen diputados como Flavio Sosa, quien esta misma semana propuso este miércoles al Congreso local solicitar la comparecencia del rector Seara Vázquez “con el fin de tener la posibilidad de dialogar con él de manera constructiva sobre acusaciones por posibles irregularidades laborales y en el manejo de recursos públicos.”

Mediante un punto de acuerdo, el legislador local señaló también la importancia de conocer la perspectiva del rector sobre la posibilidad de disminuir los costos de ese sistema, sea por reducción presupuestal o por el aumento de sus beneficios sociales, sin afectar al sistema, al modelo o su funcionamiento.

Todo eso, al final, no parece ser sino la preparación de los actos y elementos justificatorios para la fuerte reducción presupuestal que ya preparan contra el SUNEO, y para la salida —o el arrinconamiento total— del doctor Seara como cabeza general de las Universidades Estatales. Sin embargo, el problema de fondo no es ese en específico, sino que el gobierno estatal no tiene un “Plan B” frente a esa vocación de austeridad que demuestra ante el SUNEO.

ALTERNATIVAS DEMAGÓGICAS

Modesto Seara dice ser el culpable de la calidad educativa y la situación que prevalece en las instituciones educativas que componen el SUNEO. Justifica la inversión en la calidad de sus profesores, en la producción de investigación y en el hecho de que el 98 por ciento de sus alumnos no paga un solo peso por la instrucción que recibe. Y por eso dijo estar dispuesto a ir ante los diputados, o ante quien sea, para dar su versión de lo que son las Universidades Estatales.

Finalmente, los elementos de esta discusión no parecen ser sino los taquetes con los que pretenden apretar los tornillos de la renuncia de Seara. El problema es que, en realidad, esta cara disputa (y las decisiones que están tomando para presionar a Seara) entraña riesgos importantes que revelan la corta visión con la que están poniendo en riesgo un sistema educativo exitoso, en aras de ahorrar dinero, y de simplemente perpetuar el relevo en el mando del Sistema de Universidades Estatales.

Y es que más allá de Seara, ante una inminente reducción al SUNEO (en recursos, y por ende calidad y demás), ni el Gobierno ni los diputados han dicho cómo compensarán lo que intentan hacer. No lo dicen. Y, además, en ningún lado se ve que estén realizando esfuerzos, o que al menos tengan interés en fortalecer la UABJO o cualquier otro sistema público de educación. Por eso, parece evidente la intención sobre el Rector, aunque ello signifique una especie de trueque de todo por nada.

En eso deberían estar preocupados todos los que se escandalizan por el gasto del SUNEO, que consideran excesivo. ¿Cuánto costaría rescatar a la UABJO y colocarla en un nivel cuando menos cercano al que tiene hoy el SUNEO? ¿En qué consiste un posible plan alternativo para generar ahorro en el SUNEO, sin sacrificar la calidad educativa que ha alcanzado? ¿Ese supuesto interés no tiene como telón de fondo la voracidad de quienes, desde la Coordinación de Educación Superior y Media Superior, ya sueñan con manejar el SUNEO? Esas preguntas hasta hoy no tienen respuesta.

TUMBOS EN EL CECYTEO

¿Saben por qué, hace unos días, hubo una agria protesta del MULT en las oficinas centrales del Cecyteo Aquí la historia: Dicen que, por miedo, Víctor Raúl Martínez autorizó dos centros educativos, uno en la comunidad de El Rastrojo, y otro en La Sábana, de la zona triqui. Ésta última población es controlada por Ubisort, y apenas tiene unos 600 habitantes. Pero aún así, con una población escolar potencialmente baja, fue autorizado. El problema es que el Cecyte de El Rastrojo —que fue gestionado por el MULT con el anterior Director, que fue comprometido por el propio Gobernador, que tenía como propuesta base la conversión de la preparatoria de la población en Cecyte, y que fue apalabrado con la población para iniciar trabajos en este ciclo escolar—, simplemente no tiene avance alguno. El MULT ya amenaza con movilizarse a causa de esto. Pero Martínez dice que todo son calumnias. Lo cierto es que se engaña solo. ¿Esperarán a que haya violencia para obligarlo a decir la verdad?

+ Fallas hasta en información esencial

Alguien debe ser el responsable de la página web del Gobierno del Estado de Oaxaca. Del mismo modo, alguien debe tener encomendada la tarea de velar porque se cumplan todas las normas vigentes que también obligan al gobierno estatal. El problema es que, hoy mismo, nadie parece asumir cabalmente ninguna de esas obligaciones. Y por eso, en materia de transparencia, el portal de internet del gobierno estatal es un desastre.

En efecto, la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca impone obligaciones que son ineludibles para el Gobierno del Estado de Oaxaca. Y es que dicha norma, establece en su artículo 6 que el Poder Ejecutivo del Estado es sujeto obligado para los efectos de esa ley; que el artículo siguiente, dispone que todos los sujetos obligados tienen el deber de tener disponible la información pública de oficio a que se refiere el artículo 9, así como garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en dicha norma.

Y, finalmente, el artículo 9 dispone que, Con excepción de la información reservada y confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna modificación (…) la siguiente información: Su estructura orgánica, el marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; las facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; el directorio de servidores públicos por área; y la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación… entre otras cuestiones que, por disposición de la misma norma, deben estar permanentemente disponibles para el público, y respecto de las cuales debe haber cuidado y actualización constante.

Todo eso no se cumple en el caso de quienes tienen el deber de mantener actualizada la información pública de oficio del Poder Ejecutivo del Estado. Y es que basta con entrar a la página web del Gobierno del Estado (www.oaxaca.gob.mx) para corroborar que en su portal de transparencia no sólo hay descuido, sino también una falta de actualización grave, y un conjunto de faltas graves que constituyen violaciones a la Ley de Acceso a la Información, y que deberían ser motivo de atención, advertencias y sanciones por parte del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca.

Curiosamente, las instancias gubernamentales encargadas de mantener actualizada la información pública que marca la ley, incumplen impunemente. Y, al mismo tiempo, el Instituto, que debiera estar preocupado fundamentalmente por una cuestión tan básica como esa, prefieren estar distraídos en asuntos menos importantes y no llamar la atención a un gobierno que no sólo no cumple con la ley, sino que promovió la reforma de ese órgano autónomo (por considerar que no cumplía con las expectativas de la ciudadanía) y la sustitución de sus titulares. Con omisiones como esta, no hacen sino darle la razón a quienes tachan de inoperante al actual Instituto.

Y es que no hace falta hurgar mucho para descubrir las omisiones. Por ejemplo, al entrar al portal de Transparencia del sitio web www.oaxaca.gob.mx y dar clic en el rubro de “Directorio de Servidores Públicos”, uno puede encontrar ahí información de dependencias que ya no existen, de personas que ya no ostentan el cargo de servidores públicos y, en algunos casos, simplemente encontrar en blanco los directorios que debían estar integrados y publicados en los términos que señala la ley.

Vayamos a algunos ejemplos. Según el Portal de Transparencia referido, aún existe la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, y de ésta continúa siendo titular Bulmaro Rito Salinas. Del mismo modo, no sólo da por existente la Coordinación de Transporte, sino que según lo publicado, el titular sigue siendo el procesado penalmente, Gonzalo Ruiz Cerón; en el caso de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, el portal de transparencia dice que el titular sigue siendo Ernesto Reyes Martínez, cuando éste fue removido desde diciembre pasado.

Del mismo modo, el Portal de Transparencia indica que el senador electo por las izquierdas, Ángel Benjamín Robles Montoya, continúa siendo titular de la Coordinación de los Módulos de Desarrollo Sustentable. Incluso, en los casos de la Coordinación de de Financiamiento y Vinculación Internacional y de la Oficina de la Gubernatura, todos los espacios (sí, todos, no vaya usted a creer) se encuentran vacíos.

Para reforzar lo aquí dicho, esta columna hizo las respectivas capturas de pantalla el pasado 7 de agosto alrededor de las 20 horas. Y hasta la tarde de ayer, todo permanecía en las mismas condiciones. Todas las imágenes pueden ser consultadas en nuestro blog http://almargenoaxaca.wordpress.com

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

En primer término, la responsabilidad de un asunto aparentemente tan intrascendente como éste, pero que a la vez deja ver el tamaño del descuido y del desdén por sus obligaciones básicas relacionadas con la transparencia, recae justamente en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Por pura lógica, la contralora Perla Woolrich debía ser la primera preocupada por velar por la no existencia de huecos tan visibles como éste, y por conminar a los directamente responsables a que cumplan con las funciones que les impone la ley.

Sin embargo, hay más. Y es que la fracción XXIX del artículo 49 de la recién reformada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que la Consejería Jurídica corresponde el deber de “fungir como Unidad de Enlace en materia de Transparencia de la Gubernatura y de la propia Consejería Jurídica; asimismo, ser el Secretario Técnico del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado, actuando como Sujeto Obligado, por lo que deberá emitir y supervisar, con apoyo de los integrantes de dicho Comité, la aplicación de criterios y lineamientos para las Dependencias y Entidades,  en cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia.”

CUMPLIR LA LEY

Por pura imagen, el gobierno no debiera permitir huecos como éstos. Errores y omisiones como éste, revelan además el tamaño de la distracción que tienen, de sus funciones más básicas, servidores públicos como la contralora Woolrich Fernández y el consejero jurídico Víctor Hugo Alejo Torres. ¿De qué sirve que éste último casi viva en su oficina, si de todos modos va de yerro en yerro? Ahí está la prueba.

+ Sitio Oficial, transparencia no es su fuerte

Es cada vez más evidente que la fragmentación de funciones y temas entre las distintas facciones que conforman el grupo gobernante, está a punto del fracaso. Hoy, a pesar de algunos esfuerzos genuinos, los más importantes problemas de gobernabilidad y orden en la entidad continúan latentes debido no a que éstos sean irresolubles, sino a que parece imposible homogenizar y ordenar al equipo de trabajo que acompaña al Gobernador del Estado. Mientras eso continúe, seguiremos viendo tumbos y conflictos que bien podrían evitarse.

En efecto, la actual administración lleva alrededor de 20 meses de gestión, que hoy alcanzan a rebasar la curva natural de aprendizaje de todo gobierno, y que incluso debiera constituir ya un punto importante de perfeccionamiento de las tareas públicas que les fueron encomendadas. Sin embargo, lejos de eso, lo que se ha visto es a un gobierno que no alcanza a tener la eficacia esperada, debido a que el Gobernante no cuenta con todo el apoyo de sus funcionarios —como debiera ser natural—, debido a que, en general, éstos se han dedicado más a cuidar sus parcelas de poder, y a tratar de incrementarlas, que a verdaderamente estar dispuestos a pagar el costo de hacer gobierno. El problema es que todos quieren ganar, pero al mismo tiempo nadie está dispuesto a sacrificar algo de sus capitales en aras de un mejor gobierno.

Este asunto genera una disyuntiva. Todo aquel que sabe cómo funciona la tarea de gobierno, sabe que para tener resultados hay primero que arriesgar la legitimidad y el radio de acción que se tiene al alcanzar el poder. En ese sentido, el bono democrático que tiene el actual grupo gobernante, es un cheque político inmejorable que, sin embargo, para pasar de la sola rentabilidad electoral a la eficacia ejecutiva, necesita ser puesto a funcionar a través de decisiones firmes y coordinadas, y de la toma de riesgos en conjunto.

Eso es lo que, hasta ahora, casi nadie ha querido asumir dentro del Gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque hoy, contra toda lógica, todos dicen estar dispuestos a ser parte de este “histórico momento” político por el que atraviesa la entidad —y por ende todos pretenden subirse al “carro” de la alternancia de partidos en el poder, y de las supuestas respuestas que ese cambio debe traerle a la gente—; pero al mismo tiempo, todos se dedican a cuidar solamente el espacio que tienen, y a torpedear a sus compañeros de gobierno para tratar de desbancarlos no por ineficientes, sino para tomar ellos los lugares que queden vacíos.

Esa ha sido, en gran medida, la lógica del sinsentido que ha prevalecido entre los integrantes del gabinete de gobierno. Todos, sin excepción, han buscado la oportunidad de encabezar a los tres grupos que, por decir lo menos, existen dentro de la administración estatal. Todos, sin excepción, han buscado entorpecer el trabajo de quienes no son parte de sus respectivas facciones. Y más de uno ha tratado de provocar un ánimo de “purga” en el Gobernante, para que éste tome decisiones y homogenice el gabinete de gobierno, pero sólo a favor de uno de los grupos.

Es evidente que algo así difícilmente ocurrirá en estos momentos. Aunque administrativa y ejecutivamente es claramente inoperante, hoy no existe una alternativa clara a la necesidad que tiene el gobernador Gabino Cué Monteagudo de mantener los equilibrios no sólo en sus funcionarios (que de hecho son lo de menos), sino en los grupos, facciones y hasta partidos que cada uno representa.

Esto porque, si en las condiciones actuales (en los que existe una coalición que tiene mayoría en el Congreso, y que facilita la toma de muchas de las decisiones relacionadas con el proyecto político de la administración estatal) la gobernabilidad y la relación del Gobernante con sus aliados es compleja y a veces hasta tirante, esa convivencia sería mucho más compleja (quizá hasta imposible) si se pulverizara la coalición de partidos en el Congreso y en el gobierno, y entonces el Gobernador tuviese que acordar y consensar no sólo con sus opositores “reales” del PRI, sino que debiera entablar sendas negociaciones con cada uno de los partidos políticos para conseguir su anuencia para ciertas decisiones.

TODOS CONTRA TODOS

El problema es que, como todos los integrantes del gabinete pertenecen a alguna de esas facciones, y que el Gobernador tiene muy pocos aliados incondicionales —y que de esos, sólo unos cuantos se encuentran en alguna posición oficial importante—, entonces el resultado es que, finalmente, cada quien cuida el espacio en el que se encuentra (y el poder que acumula), dejando en segundo plano la visión global de gobierno que debía haber para estar dispuestos en sacrificar algo de lo propio (legitimidad, capital político, espacios de poder y hasta prebendas y manejo de recursos) en aras de que a todo el régimen le fuera mejor.

A partir de eso puede entenderse con toda claridad el fracaso de “llamados a la rectificación” como los que ha intentado hacer el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Éste no se equivoca cuando dice que el gobierno tiene fallas y que debe ser ajustado cuanto antes por el Gobernador del Estado. No miente, y sin embargo lo único que han provocado sus llamados es incrementar el nivel de encono que todos tienen en su contra.

Y eso sería intrascendente si todos fueran sólo miembros de una familia o integrantes de una empresa. El problema es que todos son parte de un gobierno, y que, de entrada, todos los adversarios que ha acumulado el Secretario General de Gobierno, lo hacen pagar dejando sueltos los problemas de la gobernabilidad que, finalmente, terminan no sólo afectándolo a él, sino provocando daños incalculables (y en algunos casos, irreparables) a todos los oaxaqueños.

Lo más grave es que no está cerca un cambio sustancial. En el fondo, Martínez Álvarez quisiera esa limpia en el gabinete, pero sólo para que esas posiciones fueran entregadas a su grupo. Eso mismo quieren todos. Por tanto, la limpia no ocurrirá. El problema es que Oaxaca paga las consecuencias de la manutención de ese caro equilibrio que permite el atropellado tránsito del gobierno actual.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

¿Alguien se ha tomado la tarea de revisar el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Oaxaca? Ese, que debiera ser uno de los rostros más presentables de un gobierno democrático, es en realidad un pequeño gran desastre. ¿Quién es el responsable? Abundaremos.

+ Reformas… pero no para interpelaciones

No es la primera vez que se discute en el Congreso del Estado, la necesidad de reformar en la Constitución local la parte relativa al Informe que rinde el Ejecutivo del Estado de la situación que prevalece en la Administración Pública estatal, y la llamada Glosa del Informe, en la que los diputados llaman a comparecer a los Funcionarios del Gabinete de Gobierno para que expliquen el trabajo realizado.

Las discusiones han sido varias. Aunque ciertamente, ninguna ha dado en el punto exacto de proponer que tanto el Informe, como la Glosa, sean algo más que sendos circos en los que, en el primer caso, sólo hay lucimientos; y el que, en el segundo, se atacan y se acusan para finalmente irse todos felices a su casa, sin ningún avance sustancial para los asuntos públicos del Estado.

En efecto, el gobierno de Oaxaca está ya entrando en la ruta de preparación del Segundo Informe de Gobierno. Teniendo ya como antecedente la realización de ese acto constitucional en 2011, claramente podemos prever que, en este segundo caso, de nuevo se buscará una negociación previa para que el Gobernador del Estado pueda acudir personalmente a entregar al Congreso el documento en el que se contiene el Informe, pero también para que pueda demostrar que tiene todos los hilos del poder, y que por eso puede acudir al Recinto Legislativo a presentarse libre y seguro ante los diputados.

De hecho, en 2011 quedó claro que la razón más importante por la que se realizó el Informe de Gobierno como un acto solemne y de franco lucimiento del Gobernante, fue justamente para demostrar que, contrario a su antecesor, él sí era bien recibido en la Cámara de Diputados; que él sí tenía la capacidad y la disposición para presentarse ante ellos; y que, incluso, era capaz de montar luces y cámaras en el Recinto Legislativo, para llevar invitados y hacer testigo al pueblo de Oaxaca —a través del canal oficial de televisión— de ese acto que fue hecho no para informar sobre la administración pública, sino para que él tuviera un escenario en el cuál demostrar su vocación de líder, de negociador y de demócrata que, según el canon político del momento, no tenía su antecesor.

Y es que, de hecho, tal y como está concebido el acto constitucional del Informe de Gobierno, ya no corresponde a las necesidades actuales, porque éste es sólo un acto de lucimiento que sí era acorde a los tiempos del partido hegemónico, en el que el Gobernante era también el Jefe Político, en el que la oposición era testimonial, y en el que, por tanto, el Día del Informe era también el Día del Gobernante, porque ese era el escenario en el que éste podía mostrar su “eficiencia” (de ahí el discurso lleno de números y cifras que, bien a bien, muy pocos entienden); su liderazgo (con un monólogo lleno de aplausos y ovaciones); y su control sobre los demás factores de poder (por la ausencia de detractores o cuestionamientos).

Todo esto, ciertamente, debe cambiar. Pero debe hacerlo de tal modo que el Informe no pierda su naturaleza de acto republicano entre Poderes; pero que tampoco siga siendo el acto de lucimiento con el que fue concebido y mantenido tanto en la Constitución, como en la práctica política del Estado. La posibilidad de una reforma “moderna” al formato del Informe, para que el Gobernante esté presente mientras se le interpela, es equivocada y, en el mismo sentido, claramente con ánimo de lucimiento y de revancha por parte de quienes buscan favores o posiciones a partir del amague o la ejecución de cuestionamientos, y hasta insultos (cobijados los diputados, en la plena libertad constitucional que tienen para manifestar sus ideas en el ejercicio de su encargo), a quien gobierna.

Si una reforma de tal magnitud se hace con esa sola intención, entonces los diputados estarían equivocándose y perdiendo una gran oportunidad de hacer una verdadera reforma de avanzada al formato del Informe.

LA GLOSA, OTRO CIRCO

La llamada Glosa del Informe es un auténtico circo. En éstos últimos años, hemos visto que el gran avance democrático que se ha conseguido en Oaxaca, ha sido únicamente el relativo a que hoy los diputados sí tienen la capacidad y la fuerza suficiente como para mandar a llamar a los funcionarios del Gabinete estatal, y conseguir que éstos asistan a la convocatoria. En otros tiempos, había funcionarios que a base de prebendas económicas, o francos desafíos avalados por el Gobernante-Jefe Político en turno, simplemente desoían el llamado —y optaban por negociar su no asistencia, ofreciendo dinero o beneficios oficiales a los diputados, a cambio de su “anuencia”—, o de plano decidían no ir al Congreso.

Hoy eso ya no ocurre. Sin embargo, no por eso el resultado deja de ser desalentador. De hecho, en los últimos años hemos visto cómo toda la glosa se convierte en otro “estira y afloja”, en donde todos los puntos a discusión —y a negociación— son irrelevantes para los asuntos públicos que debieran discutirse, y en el que se entablan sendas negociaciones previas (llenas de oscuridad y de intercambios) para pactar apoyos, silencios e interpelaciones por parte de los diputados.

Esto porque los diputados ocupan la ocasión para hacer gala de sus problemas y débitos personales con los integrantes del gabinete. La glosa sirve para que los interpelen, es cierto, pero también para que los señalen, ofendan y les reprochen asuntos que según ellos son producto de su deficiencia. Los funcionarios por su parte, ocupan el momento para también saldar sus cuentas con los diputados. Se defienden como pueden. Y, de hecho, al final dan gala de contestar lo que quieren y como quieren, y de evadir todos los asuntos que, aunque se los machaquen, simplemente no tengan interés o ganas de abordar.

En eso último, los secretarios Salomón Jara Cruz y Jesús Martínez Álvarez han dado cátedra en sus comparecencias ante los diputados, pues ambos han demostrado ser todo lo demagogos posibles pues dicen lo que quieren, prometen mucho y cumplen poco, y hacen de los diputados blanco de burlas al demostrar que aún frente a sus cuestionamientos, no son removidos de sus cargos, ni son atendidos los puntos que se les exigen.

SOLUCIÓN LEJANA

Ese formato no cambiará en el corto plazo, porque así como está les conviene a todos. Le conviene al Gobernante porque así tiene su acto de lucimiento, y sus funcionarios pasan por una glosa que no implica consecuencias ni compromisos. Y los diputados tienen las negociaciones que tanto les gustan, y reditúan. Ojalá hubiera seriedad. No es así.

+ ¿Qué nadie frena los intentos futuristas?

Aunque parece indispensable el relevo en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el mejor síntoma de interés y preocupación por parte de la cúpula nacional priista respecto a Oaxaca, debiera ser a través de un enérgico llamado a la contención de todos aquellos que tienen aspiraciones por la dirigencia estatal, para dar paso, primero, a un auténtico reordenamiento de fuerzas y equilibrios respecto a las definiciones de candidaturas y posiciones rumbo a la elección estatal del próximo año.

En efecto, aunque aún parece haber muchos que no lo calculan, en menos de un año ocurrirá ya la llamada “elección intermedia” en Oaxaca. Con esto se habrá llegado ya a la primera mitad del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, y ya sin los efectos externos habidos en los últimos comicios (locales y federales) habrá posibilidad de que los partidos midan fuerzas en una competencia llana, que de verdad demostrará qué nivel de ascendencia tiene cada uno de ellos sobre el electorado.

De hecho, desde hace mucho tiempo se han esperado los comicios intermedios en Oaxaca, porque ellos serán una primera posibilidad real de medir, sin interferencias, el nivel de penetración que han tenido las otrora fuerzas opositoras frente a los electores, ahora como gobierno; y, del mismo modo, en qué magnitud real se han sostenido las preferencias de votación hacia el PRI oaxaqueño, ahora que ya no son gobierno, y que tampoco tienen recursos para aceitar la maquinaria electoral —de alto cilindraje— con la que obtenían votos en tiempos anteriores.

Por eso estos comicios son importantes, y por esa misma razón el PRI oaxaqueño no puede seguir sujeto ni a los cuestionamientos que lo han empañado hasta ahora, y mucho menos a la inestabilidad y los intereses particulares con los que se han intentado definir sus candidaturas. En primera instancia, es evidente que el PRI no puede repetir el (casi) blanqueo del que fueron objeto en estos comicios federales —a pesar del efecto Peña Nieto—; y tampoco pueden llegar, de nuevo, a los tiempos electorales afectados por la crisis interna, por los intentos de sus dirigentes de definir las postulaciones de acuerdo a sus propios intereses, y por el divisionismo que los llevó a los últimos resultados electorales, en los que todos resultaron reprobados.

Y es que todo eso ha ocurrido por falta de atención y orden. Ya en otras entregas, hemos analizado largamente la forma en cómo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI ensayó en Oaxaca remedios a su crisis interna que resultaron desastrosos; de cómo fallaron estrepitosamente los intentos de acuerdos cupulares con los ex Gobernadores priistas; y de cómo, mientras, los priistas locales hicieron de su convivencia una auténtica cena de negros en la que todos resultaron perdedores.

Les guste o no, lo acepten o no, hoy por eso el Comité Directivo Estatal es no sólo un mero membrete, sino también —y sobre todo— una entelequia que no tiene ascendencia sobre ningún priista, que no controla nada, que no tiene capacidad de dictar líneas respecto a las posturas institucionales, partidistas o legislativas de su partido; y que es blanco de interés de varios que, de nuevo, sólo quieren llegar a esa posición para construir desde ahí alguna candidatura, pero no para verdaderamente dirigir al partido y conducirlo a una posición real de organización, orden y competitividad.

FUTURISMOS ACELERADOS

El CEN del PRI debe renovar al Comité Directivo Estatal después de trabajar en la definición de candidaturas y posiciones para la elección intermedia de Oaxaca, porque sólo así podrá garantizar que quien llegue a la dirigencia, no lo haga con intención de “agandallarse” o influir en candidaturas a diputaciones locales, ni en la colocación de personajes afines en los más de 100 municipios oaxaqueños que se definen por el sistema de partidos. Esa es una verdad que, aunque no les gusta a muchos priistas, es simplemente irrefutable.

Mientras, lo que el CEN del PRI debiera hacer es sujetar a todos los que ansían ya vivir en el futuro, a no moverse más de lo debido. El hecho de que aún no está definida la situación de la elección presidencial, hace obvia la necesidad de que primero se cierre este ciclo electoral, para que después puedan abrirse otros frentes locales que ocupen la atención del CEN. Lo único que provocan hoy esos futurismos, es enrarecimiento de la ya de por sí mala convivencia partidista, y una demostración de desorden que no debiera ser benéfica para nadie.

Y es que hasta hoy, el CEN únicamente ha dejado ver a Oaxaca, a valores entendidos, la instrucción de evitar futurismo hasta por una cuestión de orden y respeto al momento que viven por la elección presidencial. En ese sentido, el aún diputado federal Heliodoro Díaz Escárraga es, paradójicamente, el único que ha pasado por alto esa prevención, y que ya busca abiertamente postularse, y dar el albazo respectivo, para convertirse lo antes posible en dirigente estatal del PRI. Es el único que desoye las órdenes del personaje (Peña Nieto) a quien le coordinó su campaña en Oaxaca.

Al final, debe haber claridad en todo este proceso, pues llegar al 2013 en las condiciones que lo hicieron en 2012 será desastroso. La salida salomónica sería simplemente postergar la elección de dirigente hasta el próximo año, y mientras resolver todos los temas realmente pendientes y urgentes en Oaxaca. Quién sabe si lo hagan.

CONTRADICCIONES…

Las de Víctor Raúl Martínez Vásquez, quien siempre se vende como garante de la calidad académica, pero que al frente del CECYTEO deja mucho qué desear. Vean si no. Desde que llegó a la Dirección de esa institución, nombró como directora de Vinculación Académica a una mujer, de nombre Alma Rosa Gómez Soto que, dicen quienes la conocen, carece de título y cédula profesional. Y no sólo eso, sino que quién sabe por qué razón, Martínez Vásquez la ha dejado disponer a placer de los recursos del Colegio. Por eso, Gómez Soto desapareció, de un plumazo, el área de Comunicación Social; también se asignó un salario extraordinario. Y, para evitar cuestionamientos, desapareció de la página web del Colegio, todo indicio relacionado con ella y su formación profesional. Ya antes había estado en la Fundación CECYTEO. Y desde entonces la conocen —¡vaya paradoja!— como “la delatora”, pues fue quien dio santo y seña para que despidieran al anterior director, Sergio Aguilar Ruiz. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Extraviada en los asuntos del corazón?