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Comparecencias: institucionalmente, un show

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+ Función política, no de una verdadera revisión

Ni siquiera los “nuevos tiempos” que políticamente vive Oaxaca, fueron suficientes para hacer entender a los diputados locales, que transición no significa venganza, y mucho menos circo. Al parecer, eso justamente fue lo que entendieron que debían hacer frente a los funcionarios del Gobierno del Estado a quienes llamaron a comparecer, como parte de la glosa del VI Informe de gestión del gobernador Ulises Ruiz. Si la administración saliente tiene una cartera inmensa de asuntos sobre los cuales no puede dar una explicación, los nuevos diputados tienen el enorme reto de hacer que las comparecencias eliminen todo elemento circense del debate público, y que, al contrario, éstas sirvan para algo más que un deplorable espectáculo.

En efecto, es uno de los tantos supuestos democráticos que rigen la vida política de nuestro Estado, que como parte de cada informe de actividades del Gobernador en turno, los diputados integrantes del Congreso del Estado llamen a algunos de ellos a comparecer en el Recinto Legislativo.

En ese sentido, las normas constitucionales que rigen ese supuesto, permiten que la presencia del funcionario sirva para que los legisladores pregunten, aclaren dudas e incluso les interpelen si es que existe algún asunto en el que la crítica lo permita. Sólo que, hasta la LX Legislatura, el priismo tuvo una amplia mayoría, que permitía que todos los servidores públicos —también emanados del tricolor— llamados a comparecer, tuvieran pocos cuestionamientos y sobresaltos durante sus respectivas visitas al Congreso. De ello, en general, se acuñó aquella frase del “día de campo” para los funcionarios estatales en la Cámara de Diputados.

Dicha facultad tuvo los alcances que ameritaban los tiempos políticos que ya se fueron. Hasta ahora, los diputados locales tienen la posibilidad de exigir que cierto funcionario del Gobierno del Estado acuda a dicho recinto, para ampliar la información relativa a los informes de gobierno, y que durante su comparecencia exista cierto margen de libertad para que éste pueda ser cuestionado e incluso señalado por los legisladores, pero sin que éstos tengan posibilidad alguna de hacer algo más que un simple diálogo verbal sin mayor trascendencia. Esto, en los tiempos de mayoría priista, hacía aparentar la pluralidad y la democracia, a través de la simple posibilidad de emprender un debate.

Sólo que, como bien sabemos, hoy los tiempos son distintos. El Gobierno del Estado se encuentra a menos de una semana de pasar a manos de un Titular del Poder Ejecutivo emanado de un partido de oposición; hoy, del mismo modo, el Congreso del Estado tiene una integración no liderada ni de mayoría priista.

En ese marco, el “trago amargo” para los funcionarios salientes, ocurrió ahora que tuvieron que comparecer frente a una Cámara de Diputados ya no controlada por su mismo partido. Como podía preverse, ninguno de los encuentros entre legisladores y funcionarios estatales fue agradable. Empero, más allá de las naturales discordancias entre administradores y legisladores emanados de fuerzas políticas distintas, e incluso de las afrentas personales o de grupo que existen entre ellos, es evidente que por su propio bien y dignidad política, los mismos integrantes de la LXI Legislatura deben tomar con seriedad la necesidad imperante de que unas comparecencias como las recientes, no vuelvan a ocurrir en Oaxaca.

 

DIÁLOGO CIRCENSE

Más de uno se regodeó viendo sufrir a prácticamente todos los titulares de las dependencias del gobierno estatal, que comparecieron en la Cámara de Diputados.

Ante los excesos, la soberbia de otros tiempos, y la corrupción que este régimen expira a través de todos sus poros, muchos vieron con agrado que al menos por una ocasión varios Secretarios de Gobierno, y la Procuradora General de Justicia del Estado, fueran duramente cuestionados, encarados e incluso exhibidos por las insuficiencias, las sospechas de corrupción, enriquecimiento y tráfico de influencias en las que se encuentran involucrados. Al ya no contar con una mayoría legislativa que los respaldara, en esta última ocasión no hubo red de protección alguna que les amortiguara una imparable andanada de cuestionamientos y críticas.

Sin embargo, de haber una verdadera reflexión serena, y si alguno de los diputados locales de la LXI Legislatura entendió bien el mensaje de “sacrificio” del actual gobierno, lo que los funcionarios estatales salientes fueron a hacer a la Cámara de Diputados, no fue más que a permitirle un desfogue de sus aversiones, críticas y deseos de venganza, para luego asegurarse de que todo quede en el olvido, o la impunidad que tanto les conviene.

Veamos si no. Durante varios días, el salón de plenos del Congreso del Estado fue algo que parecía entre un circo y una romería babélica. Como nunca antes, todos se dieron vuelo gritando, señalando, encarando e incluso acusando, gracias a la pluralidad que existe en la Cámara, y a la libertad que hoy tienen para no quedarse callados.

Sin embargo, al ver la utilidad real de todos esos gritos y sombrerazos, se podrá ver que éstos sirvieron prácticamente para nada. Al final, no quedó más que el desfogue de todos los sentimientos guardados, de la venganza política y de las demostraciones de fuerza al grupo derrotado que está a punto de alcanzar el poder. Aunque todos los funcionarios comparecientes salieron vapuleados, esto no tiene —ni tendrá— mayor trascendencia, simplemente porque las comparecencias tienen sólo finalidades políticas, pero ninguna fuerza vinculante como para hacer algo más que gritar y señalar sin ninguna trascendencia ni utilidad real.

 

CONGRESO, UN SHOW

Les guste o no, los diputados locales que demostraron su “valor” y “fuerza moral” al encarar a los cuestionados funcionarios salientes, ahora deben honrar esos gritos e interpelaciones, haciendo una revisión escrupulosa de la gestión, y cerciorándose de que la Auditoría Superior del Estado, y la de la Federación, revisen peso por peso, y documento por documento, sus respectivas actuaciones para castigar duramente a quien haya incurrido en actos de corrupción. Sólo así podrán convalidar todas las acusaciones que ahí vertieron, y también habrán de demostrar que la Cámara de Diputados es algo más que un mercado. De no ser así, pronto los burlados serán ellos. Más de uno les dirá, en medio de la impunidad, que quien ríe al último, ríe mejor.

Twitter: @aortizromero

 

“No cacería de brujas”: ¿Y entonces… la impunidad?

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+ Nuevo gobierno: no venganzas; sí, cambio de actitud

En los rejuegos comunes entre los grupos que abandonan y toman el poder, se hacen cotidianos ciertos discursos que, sin embargo, siguen teniendo algo más que insatisfecha a la sociedad. El gobierno saliente, asegura —aunque ciertamente nadie le cree— que actuó con la mayor pulcritud posible, y que sus funcionarios utilizaron correctamente los recursos sin enriquecerse a costa del erario estatal. Por su parte, el gobierno entrante asegura que no tolerará actos de corrupción presentes o pasados, pero sin embargo dice también, casi como parte de sus lugares comunes, “que no habrá cacería de brujas”. Todo esto, sin duda, intenta ser una gran tomadura de pelo, y también una afrenta, para la ciudadanía.

Llevado a los dos extremos visibles, este asunto de los posibles actos de corrupción podría terminar o en la impunidad, o en la más hostil de las persecuciones. Es lo que, en varios círculos de poder —en los que las expectativas políticas se han construido a partir de los rencores y las ambiciones— desearían ver:

Cuando existe continuismo en el grupo gobernante, ver que todos los actos indebidos son solapados y encubiertos por los sucesores; o, en el otro extremo, cuando existe un proceso de alternancia —como es el caso actual—, ver que todos los ex funcionarios, honestos o no, son perseguidos hasta ser encarcelados, no necesariamente por los posibles actos de corrupción cometidos, sino como un verdadero ajuste de cuentas entre grupos de poder.

Sin embargo, es claro que el verdadero sentir ciudadano —el de la cotidianidad de la gente que simplemente se encuentra interesada en dar seguimiento a los temas públicos— tiene una perspectiva diferente de lo que es la “honestidad” de unos, las promesas de justicia de otros, y las prevenciones sobre la abstinencia de realizar “cacerías de brujas” entre unos y otros. ¿De qué hablamos?

De que, para el ciudadano de a pie, simplemente resulta simplemente inadmisible que un servidor público presuma públicamente de tener antecedentes pulcros como parte de la administración pública, cuando en un sexenio transformó por completo sus hábitos, bienes, posesiones, actitudes y modo de vida.

Del mismo modo, resulta impensable para ese mismo ciudadano de a pie, que frente a la comisión de todo tipo de excesos evidentes en cuanto al trabajo público, un nuevo régimen —que ganó las elecciones precisamente por las promesas de cambio y castigo a las injusticias— diga que sólo verá para delante, que evitará las “cacerías de brujas” y que, en términos sencillos, deje ver que dejará en el olvido esas acciones que tanto daño provocaron a la credibilidad y el buen manejo de los dineros y demás recursos del Estado.

Eso es, precisamente, lo que ocurre en Oaxaca. A pesar de que un grupo importante de servidores públicos que están a punto de entregar sus respectivos cargos, cambió por completo su modo de vida, hábitos y posesiones en el presente sexenio, todos hoy aseguran que hubo pulcritud en el manejo de los recursos; y el nuevo gobierno ha dado señales poco sustentadas de que irá verdaderamente en contra de todos aquellos que han cometido excesos en la administración pública.

¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?

En todo caso, lo que hasta ahora ha habido en la comprobación de los recursos, es cierto grado de legalidad. Hasta el final de la presente administración, es realmente poco o nada lo que se sabe sobre servidores públicos sancionados administrativamente, o procesados ante los tribunales judiciales, por haber incurrido en alguna causal de responsabilidad en su gestión administrativa.

Poco o nada se sabe de ese tema, en realidad, porque las instancias de fiscalización de la gestión pública estatal —Secretaría de la Contraloría, Auditoría Superior y demás— han servido como órganos que revisan y corrigen las irregularidades, mas no han tenido una voluntad real por sancionar a los servidores públicos estatales que hubieren incurrido en algún tipo de ilegalidad en el desempeño de su cargo, independientemente de su rango o jerarquía política.

Por esa razón, sencilla pero de gran peso, e independientemente de lo que digan, hoy por sus propios actos y antecedentes, a los funcionarios estatales salientes nadie les cree sobre sus dichos y promesas de pulcritud y legalidad. Más allá de las componendas entre grupos de poder, o de sus arreglos particulares, es el ciudadano de a pie —que el cuatro de julio pasado votó, mayoritariamente por un cambio en el ejercicio del poder y el gobierno— quien se siente no sólo incrédulo sobre todo eso, sino también agraviado y con el ánimo de ver que se haga justicia. Y para ese ciudadano, que lo último que desea es venganza, parece hasta un insulto que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades diciendo que no habrá “cacería de brujas”.

Habría, en ese sentido, que regresar al origen de ese término. El apotegma sobre la “cacería de brujas”, fue acuñado en los tiempos del priismo para prevenir que, si bien no había arreglos completos entre los grupos que se transmitían el poder —tradicionalmente emanados del mismo partido político, aunque diferente grupo—, tampoco habría revisiones a fondo sobre las posibles irregularidades o excesos cometidos en el pasado, y mucho menos la posibilidad de ejercicio de acciones administrativas o penales para sancionar a quienes hubieran incurrido en ilegalidades.

Evidentemente, eso es lo que pareciera que más incomoda a quienes, desde la sociedad no involucrada con el ejercicio del poder, escuchan las promesas sobre la “no cacería de brujas”. El ciudadano de a pie hoy se pregunta: ¿La no “cacería” significa una promesa estricta de legalidad, o es la señal sobre un arreglo entre quienes ejercieron, y quienes van a ejercer el poder?

EXPECTATIVAS ¿IMPOSIBLES?

La ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes. Desea justicia, desea orden y desea un cambio de actitud en el ejercicio del poder. Contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía pretende ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, es que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.

 

Reabrir caso 2006: GCM jugará con fuego

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+ Impunidad no debe ser imperativo cotidiano

El gobernador electo, Gabino Cué, debe estar seguro de lo que ofrece. Prácticamente desde que ganó los comicios, ofreció a los oaxaqueños una revisión a fondo de los posibles crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, para castigar a todos aquellos funcionarios que pudieran haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales, y abatir la impunidad que, es innegable, tanto ha lesionado a la ciudadanía. Si esto llega a ocurrir, por donde se le vea, tendrá un efecto boomerang respecto a varios de sus aliados.

Hoy es más claro que nunca que Gabino Cué ganó la gubernatura un tanto por su trabajo político, otro por las buenas lides de la ingeniería electoral que lo acompañaron, pero también, en buena parte, por los errores y excesos cometidos por el gobierno saliente. Fue, por así decirlo, un triunfo electoral que en parte se construyó por exclusión. Y es que una de las actitudes que más lastimó a diversos sectores de la ciudadanía, fue que un episodio como el del 2006 hubiera quedado en la más aberrante de las impunidades.

En ese sentido, la ciudadanía cuestionó sistemáticamente al gobierno de Ulises Ruiz. Había razón innegable para ello: luego de concluida la fase violenta de la revuelta magisterial y popular de 2006, las partes directamente involucradas en la problemática decidieron sentarse a negociar lo que, en términos sencillos, fue un arreglo de impunidad. El gobierno estatal, por un lado, y la APPO junto con la Sección 22 del SNTE, por el otro, decidieron que el conflicto terminara a través de la subsistencia de todos los actores y de todas las demandas sociales y políticas, pero —paradójicamente— cancelando toda posibilidad de que se hiciera justicia.

¿Por qué? Porque sólo quien no vivió y padeció el día a día del conflicto magisterial, ni le dio seguimiento más allá de los fanatismos que abundaron, pudo darse cuenta que los excesos y los delitos se cometieron en todos los frentes; y que, por tanto, de hacerse justicia tendría también que hacerse no sólo investigando y persiguiendo a los de un bando, sino a todos.

Quien vio la revuelta social más allá de los apasionamientos, pudo corroborar que en nombre de la paz y el orden social, el Gobierno del Estado se ensució las manos de sangre, corrupción y abusos; pero que, también, en nombre de la lucha social y los postulados que se esgrimieron en el conflicto, los grupos que encabezaron la revuelta magisterial cometieron todo tipo de tropelías en contra de la ciudadanía, que se encontraba en medio de esa guerra civil, sin tener a nadie que le procurara el orden y la legalidad que tanto se deseaba recobrar.

Hoy, a la distancia, es evidente que lo único que parece haber subsistido de aquellos episodios negros de la historia de Oaxaca, es el propagandismo sobre la represión, y las verdades a medias sobre quién cometió delitos, y quién resintió todos los daños y las tropelías que se cometieron en aquel entonces.

Si, en ese sentido, el gobierno de Gabino Cué desea hacer justicia e investigar a fondo todo lo que ocurrió hace cuatro años durante la revuelta magisterial, entonces debe revivir todos los episodios y no sólo los que ahora le parezcan “políticamente correctos” o útiles sólo para quienes son sus aliados. Si las tropelías las cometieron todos, entonces todos deben enfrentarse a la justicia. Y al menos en este caso, quién sabe si eso le convenga ahora al nuevo gobierno.

EXPECTATIVA DE RIESGO

Fundamentalmente, el gobierno de Gabino Cué recogió de los grupos de lucha social, y del magisterio de la Sección 22, la demanda de reabrir los expedientes del 2006 y hacer justicia a fondo. El objetivo, claramente visible, es ir con todo en contra de aquellos que desde las responsabilidades del Gobierno del Estado cometieron abusos y represión en contra de quienes encabezaron el movimiento magisterial.

En ese sentido, también el objetivo parece perfectamente claro: Si los profesores de la Sección 22 constituyen una de las fuerzas políticas más influyentes de la vida pública de Oaxaca; y, junto a ellos, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, representa una de las voces a las que —desde México y el extranjero— más se les toma en cuenta cuando se habla de la lucha social en la entidad, entonces la nueva administración estatal pretende sostenerse como principal aliada de esos grupos.

Esto, por al menos dos razones. En la primera de ellas, porque al ser esos grupos determinantes para la estabilidad social de la entidad, y para la legitimidad de un gobierno de alternancia, lo peor que podría hacer la administración gabinista es abrir un frente de batalla con esos grupos. Sin duda, dadas las condiciones sociales en que vive Oaxaca, de una disputa de ese tipo el gran perdedor sería el gobierno estatal.

En esa lógica, la segunda razón —no menos importante— tiene que ver con el grado de credibilidad que pretende construirse el régimen de Gabino Cué, como una administración progresista que recoge y encabeza las exigencias más sentidas de la población. Al menos por ello, buscaría ir tras de quienes han cometido delitos desde el poder público, en contra de los luchadores sociales.

¿Pero por qué esto sería un bumerang? Porque los agravios no sólo los sufrieron los integrantes de la Asamblea Popular o los de la Sección 22. Junto con ellos, fueron cientos o miles de oaxaqueños que padecieron los horrores de la sinrazón, y que fueron víctimas de los excesos que también, e innegablemente, se cometieron en nombre de la lucha social.

Así, al buscar hacer justicia, tendría también que procurar hacerlo parejo. Más de uno exigiría —no por defender a un gobierno insostenible e impresentable como el que terminará su gestión el próximo 1 de diciembre, sino por una simple cuestión de lógica—, que si se constituye una comisión de la verdad, se persiga a unos, pero también a los otros.

MANOS SUCIAS

De algún modo, todos los que participaron del conflicto salieron con las manos sucias. Es cierto que gran parte de ellos, aparecen aún hoy, o aparecieron, como funcionarios de la administración que termina; pero otros, invariablemente, hoy aparecen como parte del grupo que gobernará la entidad. Ojalá, por el bien de la justicia, que Gabino Cué termine con la impunidad que prevalece en general, y particularmente respecto al 2006. Pero ojalá que no sea, como lo ha prometido, faccioso a la hora de revisar las responsabilidades.

Procuración de justicia: Pésimas cuentas

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Para cualquier gobierno democrático, uno de sus imperativos fundamentales —si no es que el más importante— es que los ciudadanos crean en sus instituciones, y en las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de los fines del Estado. Una de esas finalidades esenciales, es la de la procuración de justicia, porque es la base de todas las nociones sobre la seguridad jurídica de que —se supone— gozan los ciudadanos. Ante los resultados, es evidente que en este rubro la ya agonizante administración estatal saliente entregará pésimos resultados.

Bien dicen que en la política, como en la administración pública, e incluso en la vida, no sólo hay que ser, sino también parecer. Y lo que es evidente, es que la administración del gobernador Ulises  Ruiz falló en cuando menos en uno de esos imperativos… si no es que en ambos.

La mejor evidencia de todo, se encuentra en el hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no sólo ha fallado en la tarea de perseguir los delitos y esclarecer ciertos hechos delictivos que revisten particular relevancia para la sociedad oaxaqueña; lo más grave es que hoy, independientemente de que esa instancia investigue o no, o tenga o no la capacidad de llegar a resultados concretos, de todos modos la sociedad lo que le profesa es incredulidad y descrédito.

En ese sentido, parece claro que, en el mejor de los casos, una instancia de procuración de justicia debería de tener la capacidad de perseguir y esclarecer todos los delitos que ocurriesen en la demarcación en la que tiene competencia. Evidentemente, como la sociedad perfecta no existe, tampoco hay razón para suponer que existiera una Procuraduría con esas características. No obstante, entre ese estadio ideal, la realidad de una instancia de procuración eficiente, y lo que la desgracia que ha sido ese rubro en Oaxaca, existe un trecho seguramente insuperable.

¿Por qué? Porque en Oaxaca nunca ha existido —y seguramente nadie espera que exista—, una Procuraduría ideal. En ese sentido, con el inicio de cada administración se renueva cierta expectativa de que las tareas de procuración de justicia y persecución del delito mejorarán a favor de las personas. Pero, entre esos dos extremos se encuentra el caso de Oaxaca, en el que la PGJE difícilmente tiene la capacidad de investigar a fondo un caso y llegar a resultados concretos; e independientemente de que eso se lleve a cabo, de todos modos la sociedad tiene poca capacidad y confianza para creer que la Procuraduría está haciendo su trabajo.

Esto —como lo decimos en líneas iniciales— para cualquier gobierno democrático sería gravísimo. ¿Cómo pensar en un gobierno que presume de cumplir con sus funciones, cuando tiene una instancia nada menos que de procuración de justicia, a la que nadie le cree? ¿Cómo presumir de sus buenos resultados, cuando lo que está a la vista es que ha sido incapaz de resolver desde los más mínimos delitos comunes, hasta los crímenes de más alto impacto que han ocurrido en la entidad?

Por si esto fuera poco: ¿Cómo querer convencer a la sociedad de un trabajo eficiente, cuando lo que se han vertido son sólo promesas de “no fallaré”, y lo que se han entregado son sólo justificaciones respecto a “lo difíciles” que son las tareas de procuración de justicia? De estos últimos argumentos, sin duda, puede dar particular cuenta puntual el incompetente ex Procurador, que hoy funge como Secretario General de Gobierno.

 

INCREDULIDAD JUSTIFICADA

Coincidentemente, con sólo una semana de diferencia fueron ejecutados en diversos puntos de la entidad oaxaqueña, el líder del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, y el dirigente máximo del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz. Por la naturaleza de esos delitos, de los respectivos homicidios tomó conocimiento y ha conducido las investigaciones la PGJE.

Pareciera también coincidencia, que prácticamente al mismo tiempo las dos organizaciones sociales que respectivamente encabezaban los personajes ultimados a tiros, manifestaran expresamente sus dudas sobre las investigaciones que conduce la Procuraduría Estatal. Por un lado, y de acuerdo con información de la Agencia Quadratin, el nuevo dirigente del MULT, Uriel Díaz Caballero consideró que la diligencia de reconstrucción de hechos en el sitio donde fue Pazos fue ultimado “es una faramalla de la Procuraduría, otra más”, y cuestionó la falta de interés de la PGJE al no citar a los testigos y la falta de elementos en la escena del crimen como una motocicleta similar a la que usó el sicario.

Casi en el mismo sentido, a través de un comunicado, el Codeci manifestó sus dudas sobre las investigaciones de la Procuraduría, y cuestionó la “coincidencia” de que el mismo día que organizaron una manifestación masiva en la región de la Cuenca del Papaloapan para exigir celeridad en las investigaciones, la PGJE presentara a un sospechoso de haber fungido como el autor material de dicho crimen.

En ambos casos, que son meros ejemplos tomados de entre tantos otros que existen, el común denominador es la resistencia a creer que la Procuraduría Estatal realiza tareas apegadas a derecho y que tienen posibilidad de llegar a resultados concretos. Aunque la PGR está hoy encaminada a otras labores, el MULT dijo que solicitaría la intervención de esa instancia federal para reforzar las investigaciones, y el Codeci manifestó su confianza en que la próxima administración estatal sí dará con los responsables del homicidio de su compañero.

Lamentablemente, en todos los casos anteriores la PGJE ha sido incapaz de ofrecer resultados concretos, no sólo que demuestren que tienen verdaderas capacidades para hacer su trabajo, sino también para generar que la ciudadanía crea en ellos. Por eso, el descrédito que hoy enfrentan se acumula no sólo en el ser, sino también en el parecer. Nadie cree en ellos. Y eso es grave, para un gobierno que se califica como “democrático”.

DESÁNIMO

Quienes integraron las mesas de trabajo para elaborar el plan de gobierno de Gabino Cué, se encuentran en un estado de incertidumbre que ya se equipara al desánimo. ¿La razón? Que el gobernante electo sólo les dio las gracias, y les dijo que “hará llegar” las propuestas a quienes se encarguen las tareas del nuevo gobierno. Así, si sólo los utilizaron, qué mal. Y si no, deberían enviar las señales respectivas a quienes ya se sienten desplazados.

 

EPR: presencia mediática, su objetivo

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+ Contradicciones ideológicas, lo oculto

Como periódicamente lo hace, la semana el EPR emitió un comunicado que, pareciera, lanzaba varias amenazas en contra de integrantes de los gobiernos saliente y entrante de Oaxaca. En ese sentido, hoy queda claro que la presencia que busca dicho grupo armado es fundamentalmente mediática y de presencia política. De no ser así, las contradicciones ideológicas, políticas e incluso con los grupos de poder que son sus adversarios principales, serían poco más que escandalosas.

Fundamentalmente, el último comunicado eperrista, fechado el 15 de noviembre pasado, pero dado a conocer un día después a través de la red de Internet y la prensa local y del Distrito Federal, se divide en tres temas fundamentales: la condena al homicidio del dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz; la denuncia sobre los probables autores materiales e intelectuales de ese crimen, y la aseveración de que éstos pudieran ser los mismos que detuvieron y desaparecieron a sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; y la manifestación expresa a través de la cual le conceden el beneficio de la duda al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

¿Debemos entender dicho comunicado, por cualquiera de esas tres vías, como una declaración de guerra, una afrenta o la revelación de un misterio? Pareciera que no. Desde mayo de 2007, la Comandancia General del EPR ha sostenido como su principal demanda la de la presentación con vida de sus compañeros y la de todos los desaparecidos políticos que se cuentan en el país.

Al denunciar la detención de sus militantes, la dirección eperrista responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón, y al del gobernador Ulises Ruiz, a quienes sistemáticamente señala como los responsables de la violencia y los actos de represión que ocurren en Oaxaca y el país; y a través de las misivas mediáticas, ha encontrado un vehículo eficaz —mientras se mantiene en la tregua unilateral, que ellos mismos decretaron respecto a cualquier acto de sabotaje o violencia— para mantener sus demandas y su presencia en la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Junto a todo ello, es claro que el momento político que vive Oaxaca es excepcionalmente complejo. La entidad se encuentra a unos cuántos días de que ocurra la transmisión de poderes, que marcará la primera alternancia de partidos en el poder; el triunfo electoral de Gabino Cué Monteagudo ocurrió en medio de una altísima expectativa ciudadana sobre el cambio positivo en la forma de gobernar; y frente a ello, es claro que con el solo anuncio de la conformación del gabinete de gobierno, y las primeras decisiones que se tomen en el ejercicio de la administración pública, marcarán el rumbo que tome este proceso que aún parece titubeante entre la alternancia y la transición.

Por si algo hiciera falta, es también claro que hoy el nuevo gobierno de Oaxaca está también marcado por otras expectativas en el terreno estrictamente electoral: Cué ganó el gobierno estatal a través de una coalición partidista que conjuntó a las principales fuerzas políticas de derecha e izquierda del país. Algo que no sólo es políticamente inédito, sino también estrictamente contradictorio, y altamente pragmático; pero que fue justificado en el hecho de comenzar a desmantelar una estructura de poder —el gobierno priista de Oaxaca— que había dominado la entidad por varias décadas.

Así, en el éxito o fracaso que tenga en el corto plazo un gobierno de coalición como el de Cué, estarán determinados los triunfos o derrotas que tengan los gobiernos emanados de las fuerzas partidistas que impulsaron las alianzas. Pero por principio de cuentas, es lo que tiene puesta la atención nacional sobre todo lo que pase en Oaxaca respecto a este gobierno entrante que promete transición y democracia.

 

¿ATENCIÓN O

CONTRADICCIÓN?

Hoy, no es raro que hablar polarizadamente de Oaxaca —es decir, muy bien o muy mal de los gobiernos entrante o saliente— capte tantas atenciones. En este marco, es donde parece incrustarse los objetivos de fondo de la dirección eperrista con su último comunicado.

En un primer momento, el EPR captó la atención nacional, y se presentó como una auténtica amenaza para el gobierno federal, cuando a partir de junio de 2007 reivindicó cuatro acciones distintas de sabotaje a instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos. Con ello demostraron su alto nivel de organización y eficacia, así como la presencia que mantiene en varias entidades de la República. Empero, desde mayo de 2009, ellos mismos decretaron una tregua unilateral, como muestra de voluntad, para que la Comisión de Mediación pudiera realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos e instancias posiblemente involucradas, y pudiera hallar a sus desaparecidos.

Mediáticamente, es previsible que la tregua atraiga mucho menos atención que la violencia o el sabotaje. Por esa razón, desde entonces los eperristas han ocupado únicamente los comunicados para reiterar tanto sus exigencias, como la posibilidad de que la tregua se termine. En este caso, es claro que la atención nacional que capta Oaxaca es un marco perfecto para continuar con su estrategia.

¿Por qué no podría ser entendido esto de otro modo? Porque, sin duda, entender dicho comunicado como una legitimación al gobierno de Gabino Cué, es tanto como negar su lucha, y varias de las banderas que legítimamente les han dado causas en los últimos años. ¿Cómo darle el beneficio de la duda a un gobierno que, contrario a ellos, pretende los cambios democratizadores a través de la vía institucional? ¿Cómo suponer cualquier posibilidad de respaldo —que expresamente no otorgan— a un gobierno emanado parcialmente del partido (PAN) del que también salieron a quienes acusan por represores y por desaparecer a sus militantes?

Es claro, entonces, que el objetivo es aprovechar el marco para reiterar una exigencia legítima por la presentación de sus compañeros. Todo lo demás, incluidas las amenazas, parecen meros artilugios para que se entretengan quienes no entienden sus objetivos de fondo.

DEBATE PÚBLICO

Hoy, a las 12.15 pm, inicia el programa “Debate Público”, conducido por el autor de este espacio. La transmisión será a través del portal www.rcmultimedios.mx. Atenderán a la invitación, para debatir, el investigador Felipe Martínez, el ex líder estatal del PC, Mario Mendoza Flores, y el dirigente de la CNOP, Jorge Toledo Luis.

Twister: @aortizromero

Tregua entre magisterio y Gabino, una fantasía

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+ Jornadas de lucha, tan intensas como siempre

Ahora mismo, los órganos de dirección del magisterio aglutinado en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sesionan para buscar un consenso sobre el rumbo que tendrá su movimiento social frente al nuevo gobierno de Oaxaca. Es previsible que, independientemente de los acuerdos y resolutivos políticos que emitan, los maestros oaxaqueños decidan advertir que continuarán con sus métodos de lucha tradicionales. Aunque no sean adversarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pronto quedará claro que tampoco serán aliados incondicionales.

En Oaxaca, como en el país, los ciudadanos estamos muy acostumbrados a los discursos de polarización. Es decir, a hacernos parte o asumir que los discursos y luchas políticas siempre ocurren entre buenos y malos; entre blancos y negros; o que los adversarios o aliados políticos, son incondicionales o perpetuos. En base a esa visión, muchos han asumido que al tener identidad en el adversario (el régimen y el grupo del gobernador priista Ulises Ruiz), el magisterio de la Sección 22, la APPO y la causa política de Gabino Cué eran incondicionalmente aliadas, y que así lo serían una vez alcanzada la gubernatura del Estado. Nada más alejado de la realidad que ello.

Una visión simplista, sin embargo, sí nos podría llevar a suponer lo anterior. Desde las elecciones estatales de 2004, los grupos políticos de Gabino Cué y Ulises Ruiz abrieron frentes de choque irreconciliables. De las batallas electorales, pasaron a los agravios y luego a las descalificaciones y el cobro de facturas. En esa lógica, era difícil —o imposible— suponer que llegase a existir, algún día, cierto entendimiento entre ambos bloques.

En esa misma visión, se encuentran las relaciones de la Sección 22 y la APPO respecto a la administración del gobernador Ruiz. A raíz del conflicto social del 2006, se rompieron todas las posibilidades de que hubiere un nuevo arreglo formal entre las partes; que, en el caso de la APPO, ésta pudiera al menos reconocer al gobierno estatal como un interlocutor válido. Y que, por tanto, pudiese haber cierto entendimiento entre esos grupos que también marcaron una confrontación sin puntos de retorno.

Al ser adversarios en común del mismo grupo, lo lógico sería suponer que sus intereses fueran comunes, y que éstos se centraran en derrocar al régimen actual. Cada uno por sus propios motivos, buscaría conseguir esa meta aún uniendo esfuerzos porque el fin era el mismo. Así, se pudo ver no sólo una alianza formal entre todos los partidos de oposición, aún frente a sus confrontaciones y diferencias ideológicas, sino también un cierto tipo de alianza fáctica entre los factores reales de poder que, sin declararlo expresamente, también unieron esfuerzos sobre una misma causa, que era la de derrotar al adversario en común.

Eso fue lo que llevó a más de uno a suponer que, a partir de un posible triunfo opositor, sería la Sección 22 quien buscaría “cogobernar” con el nuevo Mandatario, y que lo único “bueno” de todo eso, es que ahora sí se acabarían las marchas, los plantones y todas las acciones de presión a la que nos tiene malamente acostumbrados el magisterio de la Sección 22.

DISTANCIA PREVISIBLE

Esta lejanía que está marcando la Sección 22, respecto del gobierno de Cué, así como los anuncios previos de que seguramente continuarán en la lucha social y las movilizaciones, tienen un origen perfectamente previsible: las determinaciones del magisterio oaxaqueño tienen una dinámica distinta a la de los procesos y las fuerzas electorales. Por eso, aún cuando podría asegurarse que ellos también “ganaron” los comicios del pasado cuatro de julio, a partir del próximo 1 de diciembre, los seguiremos viendo en las calles haciendo todas sus manifestaciones, plantones y exigencias “tradicionales”.

Tendríamos que respondernos algunos porqués de esta decisión. En este espacio, desde el 1 de abril pasado, aseguramos que independientemente del resultado de los comicios, el magisterio continuaría con su agenda de trabajo independiente, e incluso establecimos algunas razones por las cuales el magisterio decidió no tomar parte activa, a favor de algún partido, en las campañas proselitistas.

En aquel momento nos preguntábamos: “¿por qué no participar del proceso electoral?”. Y respondíamos lo siguiente: “porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado ‘magisterio democrático’ decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas. Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.”

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora: quien supuso que las alianzas políticas en el proceso electoral fueron incondicionales, simplemente se equivocó. Quien supuso que por apoyar a Gabino Cué Monteagudo, o tener identidad con sus causas de lucha, a partir de ahora el magisterio de la Sección 22 abandonaría sus formas y banderas de lucha, también tuvo una perspectiva errónea.

Los profesores de la Sección 22 saldrán a marchar el 1 de agosto no sólo para repudiar “hasta el último día” el gobierno de Ulises Ruiz. De hecho, su administración termina el 30 de noviembre, y al siguiente lo que ocurre es únicamente un acto protocolario de transmisión de poderes y toma de protesta.

PROTESTA PRESENTE

¿Para qué salir a marchar justamente al inicio de la nueva administración estatal? Para demostrar, y advertir, a Gabino Cué, que ellos son fundamentales para la gobernabilidad del estado, que fueron un factor decisivo que lo llevó al poder, y que ahí están presentes. Ya se verá qué tanto espacio les concede el nuevo gobierno. Pero independientemente de eso, la 22 seguirá marchando, exigiendo y movilizándose, porque su lógica es la de la lucha social y la preservación de sus conquistas laborales e intereses económicos, no la de las alianzas incondicionales y mucho menos la de los simples juegos electorales. Veremos, incluso, a una 22 más altiva que nunca.

 

Agresiones a la prensa: impunidad constante

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+ Medios-Estado: la relación debe subir su nivel

Hoy, no parece más que un mero lugar común aquel que dice que la prensa es “el cuarto poder”. En los últimos años, el gremio periodístico ha —hemos— sido de los más golpeados no sólo por las agresiones físicas, de presión o de intimidación por parte del poder, sino que también la prensa ha sido presa de una de las mayores voluntades por la impunidad de que se tenga memoria. Hoy, más allá de los actos de victimización, es evidente que la relación entre el poder y la prensa está descompuesta, y que las soluciones no llegarán mientras los hacedores del periodismo nos mantengamos cruzados de brazos.

¿Por qué asegurar que existe una relación tirante? Porque hoy en día, el ensanchamiento democrático del país, trajo como consecuencia un México en el que, a diferencia de antes, ahora sí es posible hablar, denunciar y criticar con más libertad, desde los medios de información, a quienes materializan las funciones del Estado. Esa libertad parte de una de las garantías fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio nacional: la libertad de expresión, que no tiene más límites que el ataque a la paz pública, la moral o el derecho de terceros.

Al estar garantizada esa libertad, sería de suponerse que también debería estar protegida por las leyes y las instituciones del Estado. Es decir, que tanto por mandato constitucional y legal, como también por la salvaguarda de las garantías constitucionales a que están obligadas las autoridades competentes, todo aquel que vulnerara la libertad de expresión —a través de agresiones físicas directas, chantajes, actos de intimidación o incluso de presión por medio de cualquier tipo de acciones coactivas— tendría que ser castigado con todo el peso que la misma norma jurídica señala para tal efecto.

En la realidad, el problema es que, aún cuando sí existe un amplio margen para ejercer la libertad de expresión, también existe un margen tanto o más ancho para vulnerar impunemente esa garantía. De ahí que, al hacer su trabajo periodístico de investigación, reseña y denuncia, el llamado “cuarto poder” sea también objeto de todo tipo de presiones, chantajes o agresiones que, por la vía de hecho, limitan y vulneran ese derecho a expresarse, y a escribir y publicar artículos, que se supone que tiene garantizados por la Constitución de la República.

En este sentido, la inacción de la autoridad es poco más que abominable. En los últimos años, ningún país del continente americano, e incluso prácticamente ninguno del mundo, ha sido tan violento en contra de la prensa como México. Es alarmante que, aquí, se cuenten por decenas la cantidad de trabajadores de la información que cada año son amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados; y que también se cuenten prácticamente todas esas agresiones, en las dolorosas y agraviantes cuentas alegres de la impunidad.

Esto revela, pues, que a las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo último que les importa, es investigar sobre los delitos que se cometen en contra de quienes, desde los medios de información, se dedican —nos dedicamos— a ser los mayores fiscalizadores y revisores de la función pública en el país.

Hasta ahora, ninguna de las instancias creadas por el mismo poder público para frenarse y contrarrestarse a sí mismo, ha sido tan efectiva como la acción de la prensa. De ahí que —seguramente por esa vocación excesiva en el ejercicio del poder que hay entre quienes detentan la función pública del Estado y el gobierno, y las incomodidades que recurrentemente les generan los medios de información, el último de los puntos que tienen las autoridades en su agenda para atender y esclarecer durante sus tareas públicas—, sean las agresiones a quienes hacemos la prensa.

 

RELACIÓN POLARIZADA

En México, la subcultura del caudillismo, del partido hegemónico, o de los gobernantes todopoderosos, crearon una idea equivocada sobre la relación entre la prensa y el poder público, que ha prevalecido por décadas. Movidos siempre por aquella vocación por el culto a la personalidad, y el control ejercido sobre la prensa a través del dinero o de las acciones violentas, los hombres de poder se acostumbraron a que ésta fuera condescendiente, cómplice y alabadora de una función de gobierno que, ni en el mejor de los casos, fue del todo pulcra como para no merecer ciertas críticas.

Por décadas la prensa fue sumisa al poder, por la alta concentración de potestades —todas— que tenía el gobernante en turno. Sólo que en algún momento el Estado cambió, y giró hacia formas más democráticas de determinarse. Ahí fue donde el poder tuvo que comenzar a reconocer el papel social que debía representar la prensa. Y ésta misma, paulatinamente, comenzó también a asumir su posición de fiscal y denunciador, y no de lacayo o palero del gobernante en turno.

Sólo que las formas de relacionarse entre unos y otros no varió. Si antes el Gobierno tenía el control de la prensa a través de la comercialización del papel, o de las acciones violentas de censura, hoy lo tiene por medio de los presupuestos publicitarios. El gobernante en turno, decide discrecionalmente a qué medios les compra publicidad, asimismo negocia con secrecía cuánto paga por ésta, y las condiciones de no agresión que impone para continuar ejerciendo el gasto publicitario en beneficio de ciertos medios. Es decir, que el gobernante ocupa como suyo, y en buena medida para fines personales, el dinero del Estado, que está destinado para la promoción de las obras del gobierno, no del gobernante.

Eso ocurre hoy en todo el país, y atenta contra las libertades fundamentales de todos los que hacemos la prensa. El gasto publicitario es del Estado, no del gobierno, y mucho menos del gobernante en turno. Por tanto, ese gobernante debía ejercer esos recursos basado en reglas claras, firmes y equitativas con todos los medios; es decir, que debía desaparecer, por completo, aquella antidemocrática idea del “no te pago para que me pegues”, que tanto daño le ha hecho a la democracia actual, y a la relación entre la prensa y los gobiernos que se dicen democráticos.

CONVENIO

Hoy se anunciará la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH, la CEDH y los representantes principales de la prensa oaxaqueña, para fortalecer la legislación y las acciones que protejan a los periodistas. En ese marco, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, dictará una conferencia en el Hotel Fiesta Inn, a las 11 horas.

Eufrosina: el dilema de los usos y costumbres

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+ Derecho indígena, como paradigma y debate

Es innegable que la ahora diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eufrosina Cruz Mendoza, ha sabido construir su liderazgo e imagen a partir de la adversidad. Alrededor de ella, se ha creado una figura más bien mítica, en la que lo mismo es la encarnación viva de la marginación que sufre la mujer indígena en el ejercicio de sus derechos políticos, que una lúcida luchadora social que buscará representar a las minorías étnicas en la Cámara de Diputados. Ahora que se encuentra ahí en donde se crean las leyes, deberá demostrar que esas dos cualidades, de mujer e indígena, son componentes y no disolventes de una verdadera convicción política.

¿Qué hace particularmente llamativa, en política, a Eufrosina Cruz? En primer término, que es una mujer que ha sabido remontar sus propias adversidades, y que ha convertido la desgracia en éxito. Hace tres años, en su natal Santa María Quiegolani, Yautepec, pretendió participar en el proceso de designación de autoridades municipales, pero fue impedida por los usos y costumbres que, en esa comunidad, negaban la posibilidad de que las mujeres pudieran votar.

Hábil como pocas, Eufrosina Cruz vino hasta la capital oaxaqueña para inconformarse públicamente, y ante los poderes del Estado. El Congreso le restó importancia a su argumento, y fue sólo cuando se presentó ante los medios de información, que su historia resultó llamativa para todas las fuerzas políticas. Investida en su calidad de mujer, e indígena, argumentó que había sido marginada del proceso de elección de autoridades en su comunidad.

Utilizando palabras que no mentían, pero que tampoco decían verdades completas, dijo que se le había impedido ser presidenta municipal de su comunidad, sólo por el hecho de ser mujer. Esto no era totalmente cierto, ni totalmente falso, porque en efecto, se le había impedido participar como candidata; y ello le negaba la posibilidad final de acceder al cargo. Ante tal denuncia, no hizo falta hacerse una pregunta que podría haber sido clave: si de haber participado libremente, ella pudiese haber ganado o no la alcaldía.

A partir de entonces, Eufrosina abanderó la causa de muchas mujeres, por un tema al que ha sido políticamente incorrecto cuestionar: los usos y costumbres. Antes y después de Eufrosina, hay quienes defienden hasta la muerte las formas que denominan “milenarias” de organización política. Una de esas formas, es la del asambleísmo. Otra, inmaculada, intocable, e incuestionable, es la de los usos y costumbres.

Habría sido un mayor escándalo de trascendencia nacional, e internacional, el hecho de que fuera un partido político el que le hubiera negado la posibilidad a Eufrosina de competir como candidata a una alcaldía. Un velo mayor de antidemocracia se hubiera posado sobre el sistema político del país, y México se habría hecho acreedor a todo tipo de críticas en el concierto de las naciones.

Sin embargo, lo que tendríamos que comenzar a ver con mayor claridad es este punto: si se deben seguir manteniendo intocados los usos y costumbres en Oaxaca, aún cuando éstos han demostrado que, en muchas de sus aristas, son violatorios de las garantías constitucionales de las personas.

La mejor muestra de ello —porque en nombre de los usos y costumbres se le impidió ejercer sus derechos políticos a votar y ser votada, se le discriminó por ser mujer, y se atentó contra su esfera jurídica y su dignidad humana— es precisamente Eufrosina Cruz Mendoza.

 

¿CONTRADICCIONES?

Lo lógico sería suponer que una representante de los grupos indígenas de Oaxaca en el Congreso del Estado, tendría como principal misión justamente la de luchar por la preservación de las culturas étnicas, así como sus formas tradicionales de determinación. En ese sentido, parecería una contradicción que una mujer indígena como la diputada Cruz Mendoza, esté luchando por defender a las de su género de los abusos y transgresiones a las garantías individuales que se cometen a partir del ejercicio de los usos y costumbres.

Ahí es justamente donde la diputada Eufrosina Cruz tendrá que comenzar a demostrar el basamento real de sus pretensiones. Suponer que debe impulsar cambios a la ley, para que a las mujeres indígenas se les respete el voto bajo el sistema de usos y costumbres, es algo más que un error: tanto la Constitución General de la República, como la particular del Estado, y la ley electoral estatal, establecen que las comunidades indígenas tienen el derecho de utilizar sus formas tradicionales de organización y determinación política, pero sin transgredir el marco mínimo de derechos y obligaciones que otorga la misma Ley Fundamental.

Como puede verse, en el estado actual de la ley, existe la obligación de no impedir el ejercicio de derechos políticos a cualquier ciudadano de la República —como Eufrosina— que no tiene impedimento alguno para hacerlo efectivo. El problema, en realidad, se encuentra en cuestiones prácticas, que no serán remediadas a través de modificaciones legales que de todos modos serían ignorados por las comunidades en las que, habiendo o no Constitución y leyes, eligen bajo los mismos esquemas a sus autoridades políticas.

En la posibilidad de hallar coincidencias reales sobre ese tema, es donde se encontrará el quid del posible trabajo político-legislativo de la diputada Cruz Mendoza. Tendrá que quedarle claro que una cosa es la sola denuncia pública por agravios que son innegables, inocultables y condenables, y otra encontrar la fórmula adecuada para llevar a los hechos las ideas que tanto ha promovido.

No parece fácil armonizar los usos y costumbres con el respeto a todas las garantías constitucionales de los ciudadanos. Más bien, pareciera que donde termina el garantismo e inician las violaciones a derechos humanos, comienza también el costumbrismo. Qué bien si Eufrosina logra hacer algo para que las mujeres sean respetadas y tomadas en cuenta en comunidades donde se utilizan las formas tradicionales de determinación. La verdad es que ese reto, más bien parece una misión imposible.

 

DE LUTO

El autor de este espacio, envía un abrazo solidario y cariñoso a sus entrañables amigos Juan Pablo y Rubén Vasconcelos Méndez, así como a toda su apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Darío. Nos unimos a este dolor profundo, y manifestamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz.

LXI Legislatura: el reto de construir una agenda posible

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+ Reproducir errores y frivolidades, el riesgo

Una vez que asumieron su responsabilidad política y legislativa, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado deben dejar de lado idealismos, frivolidades y posturas políticamente correctas, para dar paso y contribuir a la construcción de una agenda democrática posible para Oaxaca.

Es evidente que a partir del pasado sábado, la nueva clase política comenzó a abandonar la situación de las altas promesas, para entrar formalmente en la etapa de los contrastes, las exigencias de cumplimiento de las expectativas, y los consiguientes riesgos de desencanto. La nueva Legislatura del Estado, no es ajena a este nuevo escenario en el que, políticamente hablando, se espera mucho, bien hecho, y en muy poco tiempo. Por eso, los nuevos diputados deben tener toda su atención fijada en qué harán y cómo lo conducirán, para verdaderamente constituirse como un factor de cambio.

Hasta hoy, ninguna de las agendas políticas presentadas por las distintas fuerzas políticas que componen la nueva Legislatura, parece haber atinado por completo a lo que la ciudadanía espera de sus diputados. Junto con las grandes transformaciones políticas, institucionales, democráticas y funcionales que posiblemente procuren para el poder público en Oaxaca, la ciudadanía espera respuestas concretas para temas igualmente concretos, que necesitan ser analizadas más allá del discurso de las simples promesas de campaña, o los revanchismos y ataques propios de los procesos electorales.

La ciudadanía oaxaqueña espera, por ejemplo, que el gobierno de Gabino Cué procure la claridad y honestidad que, a juicio de muchos, no se cuidó en los años recientes. La misión que, en ese sentido, tienen los diputados de la LXI Legislatura, no sólo tiene que ver con las promesas de “procurar” en temas como la transparencia, el acceso a la información, o la fiscalización “escrupulosa” de los recursos públicos, sino con acciones y decisiones concretas que permitan construir una mejor democracia.

Hasta hoy, en ese sentido, es prácticamente nada lo que se ha dicho al respecto. Hoy, las agendas legislativas de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, o ni siquiera han sido presentadas, o aún habiéndolas, éstas no han pasado de ser meras declaraciones de trabajo y buenas intenciones que, sin embargo, hasta el momento no están determinadas en base a alguna programación, articulación o método para ser llevadas a la realidad. Si eso hoy se encuentra incompleto, qué decir sobre la idea real que pudieran tener sobre cuál será el impacto positivo real —comprobable— de esas acciones en cuanto a la democracia, el buen gobierno o la preservación de las garantías constitucionales de los gobernados.

Es cierto que el momento político está determinado por la euforia. No les falta razón a todos aquellos que sobreponen a cualquier argumento relativo a las insuficiencias desde ahora visibles de los nuevos diputados, la realidad innegable de que esta Legislatura vendrá A romper una inercia de varias décadas en cuanto a la sumisión que le profesaba el Congreso al Poder Ejecutivo.

Es cierto. Pero lo es, tanto como que esa sola circunstancia no necesariamente habrá de ser sinónimo o referente de eficiencia, de concertación y acuerdo, o de la realización del trabajo legislativo de vanguardia que tanto le urge a Oaxaca, y que en una u otra medida tendrán que cumplir los nuevos diputados.

AGENDAS INCOMPLETAS

Hace dos semanas, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó una agenda de trabajo en la que pretendieron dar la idea d que serán una oposición responsable y proactiva. Delinearon una serie de puntos que parecen metas idealizadas para una entidad como la nuestra, pero que sin embargo también parecen tan complejas de alcanzar, como lo fueron todos los años que ellos mismos tuvieron al Gobierno del Estado en sus manos y tampoco pudieron arreglarlas.

Habría que comenzar a ver su agenda de trabajo desde una perspectiva más serena. Será un hito que el PRI impulse reformas relativas a la democracia, tales como la que contempla su agenda de trabajo sobre reglamentar la aplicación del plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Pretende hacerlo, aún a sabiendas de que su receso en el poder estatal puede ser únicamente de seis años.

Será asimismo positivo y detonante de nuevas pautas para la gobernabilidad, el hecho de que los tricolores logren consensar y aprobar dos leyes que son prioritarias para gobernabilidad del estado. Esas normas, son la Ley Estatal del Transporte, y la de Sociedades de Ahorro y Crédito. Terminar con la total anarquía que existe en esos dos rubros, sería tanto como eliminar también las constantes perturbaciones a la paz y los derechos de terceros, así como los fraudes y quebrantos de que han sido objeto quienes luego exigen la atención del gobierno estatal cerrando calles y tomando oficinas.

Empero, el priismo también debería ir —en otros rubros, y al igual que sus adversarios de la oposición—, más allá de los lugares comunes. Temas como el de la transparencia, la fiscalización de recursos y la modernización administrativa —no el autoengaño que fue ese rubro en este sexenio, por falta de interés y voluntad política— deben ser construidos y perfeccionados conjuntamente. Decir que van a revisar la administración y la honestidad, es tanto como decir que harán mucho sin resolver nada. Es, reiteramos, un mero lugar común dotado de un simple “qué”, que no viene acompañado ni de un “cómo” y mucho menos de un “cuándo”.

Lamentablemente, las fuerzas de oposición no tienen una condición muy alejada de los tricolores. Por sí solo, Acción Nacional no ha establecido con precisión una agenda de trabajo propia, y el PRD, PT y algunos sectores del PC han dejado ver que entienden “transición” como sinónimo de “venganza”, y desean actuar en consecuencia.

SENSIBILIDAD

Los partidos opositores, le dan amplia relevancia a las reformas relativas al ámbito estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que las necesidades de Oaxaca van mucho más allá de ese solo aspecto. De ahí que sea necesario, y ahora urgente, que amplíen su visión, y vean que los problemas de Oaxaca tienen muchas más implicaciones que los estrictamente electorales, y que por eso deben tener una visión más amplia. Más alejada de los discursos políticamente correctos, y más cercana al conocimiento y la sensibilidad real sobre todo lo que hace falta.

IMSS: Fantasma de la corrupción y la quiebra

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+ Garante social en riesgo, por el estancamiento

Como casi siempre ha sido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tema de interés, sólo cuando el gobierno federal puso sobre la mesa las alarmantes cifras sobre su grave estado de salud financiera. Poco se había atendido el pasivo económico que enfrenta la institución, pero es menos aún lo que se ha entendido sobre la importancia que tiene ese Instituto para el país, y lo grave que puede costarnos a todos los trabajadores del país, el seguir teniendo una economía deprimida a la que le es imposible crecer.

Por lo menos desde hace quince años, el Seguro Social enfrenta una situación caótica. Fue a mediados de la década pasada, cuando se hizo ver con alarma que la situación de esa institución era ya insostenible en las condiciones en que se encontraban. Su ley, que databa de la década de los setentas, contemplaba una serie de garantías y derechos para los trabajadores afiliados al IMSS, que ya para entonces no podían seguir siendo costeadas frente a una masa laboral que crecía exponencialmente, y que lejos de inyectar recursos se los absorbía al hacer uso de los servicios médicos y todas las prestaciones sociales que otorgaba la institución.

Hasta entonces, por ejemplo, un trabajador podía tener derecho a jubilación al haber cotizado únicamente quinientas semanas al IMSS (algo así como unos diez años de trabajo con prestaciones sociales); y era éste, directamente, quien a partir del retiro del trabajador otorgaba una pensión que erogaba de su presupuesto; para mediados de los años noventas, sostener el régimen de jubilaciones en estas condiciones, haría inviable la posibilidad del coste de las mismas en el corto plazo.

Fue entonces que se impulsó una nueva Ley del Seguro Social, en la que se fijaban nuevas reglas para, entre muchos otros tópicos, hacer viables y costeables los derechos a futuro de los trabajadores. Se abandonó el régimen de las quinientas semanas, y se sustituyó por otro en el que se estableció la necesidad de haber aportado al Seguro Social durante mil quinientas semanas (algo así como treinta años de trabajo) para poder tener derecho a un haber por retiro, que sería costeado por los fondos personales que cada trabajador acumulara en su Administradora de Fondos para el Retiro. Con ello, se suponía, el IMSS haría viable su existencia en el largo plazo.

A la par de ello, se establecieron otras modificaciones en cuanto a los seguros que otorga a los trabajadores, y las prestaciones que incluye en cada uno de ellos. Esto fue trascendental para las millones de personas que cotizan al IMSS, o que son beneficiarias de sus servicios a través de sus familiares trabajadores, porque sólo así fue como esa institución pudo salvarse de la quiebra. Aunque en muchos sentidos, los usuarios soslayamos al Seguro Social por su recurrente atención médica poco humana, o por la masificación en sus hospitales, clínicas y centros de atención, es evidente que éste representa la materialización de una de las garantías sociales más necesarias e indispensables para todas las personas, que tiene además su origen en las exigencias del sector obrero que dieron vida y fundamento ideológico y político a la Revolución Mexicana. El IMSS representa, sin duda, la materialización de una de las garantías sociales más anheladas por los mexicanos, independientemente de nuestra condición social.

 

IMSS, POR QUÉ EN QUIEBRA

Hace más o menos una semana, el presidente Felipe Calderón reconoció que el IMSS se encuentra en una situación crítica, que hace necesaria una nueva reforma de fondo. Para el gobierno federal, la responsabilidad de dar viabilidad social y económica al Instituto tiene que ver con una serie de reformas que dependen de quienes conforman el Poder Legislativo. Para éstos, a su vez, el problema se encuentra en otros rubros como la corrupción. Una corrupción que, si se denuncia, es porque parece ser asimismo vista por todos; pero sobre la cual nadie hace algo efectivo para eliminarla de verdad.

Ante esa realidad, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional, como del PRD y otras fuerzas políticas distintas al PAN, dejaron ver la consideración de que, para ellos, primero se debe limpiar al IMSS de la corrupción, para después pensar en una nueva cadena de reformas que restrinjan aún más los derechos de los nuevos trabajadores. Incluso, esa fue la dinámica en la que “manos extrañas” hicieron llegar al noticiero nocturno de la cadena Televisa, unas grabaciones en las que supuestamente se escucha a un alto funcionario del IMSS haciendo una negociación ilegal con un ejecutivo de una firma farmacéutica, para que se le compraran medicamentos de bajo costo a cambio de compartir las ganancias de esas facturas infladas en cuanto a los costos reales de lo vendido.

¿De verdad el problema está en la corrupción? Seguramente una parte importante sí. Estudios internacionales han revelado que los mexicanos perdemos cantidades exorbitantes de dinero en la manutención de la corrupción, y que ésta se encuentra incrustada firmemente en la gestión pública que no puede abandonar sus vicios de corrupción y extorsión.

Pero evidentemente, esa no es la única arista de dicho problema. El conflicto más grave a que se enfrenta el IMSS, más que la corrupción que le desvía recursos que bien podrían utilizar para mejorar la calidad de la atención que prestan, se encuentra en la necesidad de que el país y el empleo crezcan a un ritmo más acelerado.

Hasta hoy poco se ha dicho al respecto. De eso, sin duda, son responsables tanto el gobierno federal, como el Congreso de la Unión, porque en ambos recae el señalamiento por no poder procurar los acuerdos y las medidas necesarias que hagan crecer al país. Por eso, todos en conjunto pretenden responsabilizar a la corrupción —que es infame— por otros vicios que más bien tienen que ver con la falta total de impulsos reales a la economía.

 

CRECIMIENTO NEGADO

El país necesita crecer a un ritmo más acelerado y consistente para poder dar viabilidad al IMSS. Apretar a quienes ya cotizamos, es tanto como querer tener una mayor recaudación sin extenderse antes a ampliar la base de contribuyentes, y por tanto seguir cobrando todavía más a los mismos que ya pagan. Algo así ocurre aquí. Mientras no haya honestidad en esa visión y afirmación por parte de quienes integran los poderes públicos, se seguirán diciendo las mismas verdades a medias de siempre.