Los comicios intermedios del año próximo en Oaxaca representan el más grande reto para un partido que se dice grande, pero que en los hechos ha demostrado ser un desastre. Ese es el escenario del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, que con todo y sus promesas de cambio y renovación, continúa anclado a las más viejas prácticas de socavamiento a la democracia, y no ha tenido la capacidad para generar coincidencias con la ciudadanía. Si todo se lo deja al gobierno y su operación electoral, sería tanto como demostrar que sin el poder público y sus facilidades, el “partidazo” es nada.

La idea del partidazo nació hace años de aquella percepción de que el PRI era invencible. En los años en que el tricolor arrasaba en todos los procesos electorales, a todo aquel que quería incursionar o crecer en política no le quedaba otra que militar en el partido oficial, y ceñirse a todos los designios que éste dispusiera. El partidazo priista era tal, porque no existía una distinción mínima entre lo que era el PRI y lo que era el gobierno, y lo que eran las prerrogativas partidistas que les eran asignadas conforme a derecho, y lo que eran los recursos económicos que, en la discrecionalidad y en la ilicitud, les eran transferidos —de forma secreta, pero a la vista de todos— desde el gobierno en turno.

Por eso el PRI era aparentemente invencible. Eran los tiempos de la intolerancia total a las formas de militar y pensar en política, distintas al tricolor; por esa razón todo era pensado y asignado en función de que el PRI continuara ganando elecciones. Y por eso mismo, todos los recursos del Estado —incluyendo la posibilidad de coacción contra todos aquellos que no se ciñeran al interés superior del partidazo— eran puestos a disposición del PRI, para que éste garantizara los triunfos sin necesidad de ofrecer alternativas reales de solución a los problemas de la ciudadanía, ni democracia, ni gobiernos eficaces. Por eso, cuando la ciudadanía se volvió exigente, en el ámbito nacional, el PRI comenzó a perder el gobierno, en la misma función que perdía los factores reales de su partido.

Esa explicación aplica a la perfección en Oaxaca. De hecho, aquí el despertar de la ciudadanía fue bastante tardío. Mientras tuvo el gobierno en las manos, el PRI lo exprimió todo lo que pudo, y por esa razón pudo mantener el control de ciertos ámbitos. Pero cuando vino una elección definitoria, en tiempos inéditos para la entidad (que estaban ya condicionados por una revuelta social, por descalabros recientes que había sufrido el PRI, y por un gobierno copado de corrupción, totalitarismo e intolerancia, como lo fue el de Ulises Ruiz), la estructura del partidazo no pudo aguantar la presión, y por eso en una sola jornada electoral perdieron el gobierno estatal, la mayoría en el Congreso, y la inmensa mayoría de los municipios importantes que hasta entonces gobernaban.

Ante la derrota, el PRI auguró que en los siguientes comicios estatales se recuperaría. Sin embargo, en estos últimos dos años y medio, la militancia y cúpulas del priismo han demostrado que sin el eje de rotación que era para ellos el Gobernador y el poder del Estado, sus posibilidades de organizarse y funcionar son mínimas. Por eso, luego de los comicios de 2010 no han hecho otra cosa más que pelear entre ellos.

El grupo derrotado de los herederos políticos del ex gobernador Ruiz, han tratado de mantener el control de la dirigencia tricolor, aunque con un costo político incalculable. Y lo más que han logrado hacer es mantener el control del membrete y del reconocimiento de la dirigencia nacional. No ha sido así en la posibilidad de mantener, aunque sea testimonialmente, el control de las estructuras electorales, de la presencia, y del trabajo partidista a ras de suelo que hace  ganar a cualquier fuerza política cuando cumple esas condiciones.

En ese escenario, lo cierto es que el escenario real —fuera de cualquier ayuda externa que pueda recibir el priismo oaxaqueño— es devastador. Y no conformes con ello, la única decisión de verdad trascendental que han tomado en los últimos meses, ha sido por la consolidación de la imposición y la corrupción que representa la permanencia del grupo ulisista en el control de la dirigencia priista. Por eso le apuestan todo a que en 2013 el trabajo real lo hagan las delegaciones federales. Y a que el partidazo reviva con oxígeno artificial transferido desde un gobierno nacional que no está, en estos momentos, para jugarle al padrino electoral de nadie.

PERDER EL GOBIERNO

La dirigencia tricolor, y algunos de los sectores que se sienten con ventaja dentro del tricolor, asumen que 2013 será un año de victoria porque ésta vendrá etiquetada con los recursos y la operación que pueda realizarse desde las delegaciones federales fuertes, que disponen de recursos para la asistencia social. Creen, pues, que ellos darán todo, harán todo, y pagarán todo, y que la militancia tricolor estará contenta de ver que, de nuevo, unos cuántos llegan a cargos importantes a cambio de las promesas de democracia que no han sido cumplidas ni en lo más mínimo.

¿De verdad cree un personaje como Salvador Sánchez, a la sazón delegado presidente del “partidazo”, que el PRI en Oaxaca puede ganar solo? ¿De verdad creerá que con el “arraigo” y los antecedentes que tiene el grupo que lo acompaña en la dirigencia tricolor, podrá hacer algo más que repetir las dos derrotas al hilo que llevan en la entidad? ¿De verdad cree que toda la operación electoral, para recuperar la senda de triunfo en Oaxaca, puede quedar en manos de unas delegaciones federales, que ya no son la caja chica del PRI que fueron hace tres lustros, cuando todavía eran gobierno?

El riesgo que corren es altísimo. Porque el PRI necesita legitimar su administración en el gobierno de la República, y por eso no pueden inaugurar su gestión con cochineros como el de la constatación de que las delegaciones y sus recursos seguirán siendo la agencia de operación electoral que han sido también en los tiempos del panismo. El supuesto “nuevo PRI” podría costarles mucho si insisten en que desde el poder se les siga prohijando y se les siga dando lo que solos no han podido ganar en los últimos años.

DEVASTACIÓN

Falta menos tiempo del que parece para que inicie el proceso electoral. Y lo cierto es que la dirigencia tricolor en Oaxaca sigue siendo de escritorio, y de negociaciones entre cúpulas. Nada más.

Una de las razones por las que hoy los maestros de la Sección 22 viven un periodo de repudio acendrado, y casi unánime, es que aún cuando ellos lo niegan, lo cierto es que socialmente se quedaron sin banderas de lucha. Y es que según sus propias palabras, el gobierno autoritario y violento contra el que luchaban, se fue; la antidemocracia y las imposiciones que le daban origen a su lucha, también terminaron; la cerrazón y la intolerancia hoy no son tales. Y, de hecho, el gobierno está por completo decidido a no dar una sola razón para diferendos o pugnas con el gremio magisterial que insiste en seguir luchando, solo, contra causas sociales que para muchos ya no existen.
En abstracto, los maestros de la Sección 22 luchan por causas contra las que nadie podría disentir. Cuando no tienen un motivo específico para justificar sus acciones de lucha, dicen que lo hacen por la democracia, por el combate a la pobreza, o por la erradicación de los rezagos educativos, o por la opresión, la marginación, la represión o la corrupción del gobierno o cierto sector de la sociedad.
Sin embargo, en los últimos tiempos los maestros decidieron ponerle nombre y apellido a sus causas, y a establecer vertientes específicas para justificar las luchas sociales que han encabezado. Esa ha sido su gloria y causa del amplio respaldo social que lograron tener, pero también lo es hoy de su soledad y el repudio general a la forma en cómo justifican y llevan a cabo sus acciones de lucha.
El gran detonante, todos lo sabemos, fue el 2006. Ya para entonces, los maestros tenían más de cinco lustros de lucha democrática, y en ellos habían conseguido no sólo el control de su sindicato, sino una serie de beneficios envidiables casi para cualquier trabajador del país: una serie de bonos económicos durante el año, tres meses de vacaciones pagadas, 90 días de aguinaldo, beneficios sociales extraordinarios a los que tiene cualquier otro maestro del país, y una relación a la que el gobierno le ha puesto particular cuidado por la capacidad de movilización, disciplina y organización interna alcanzada por la Sección 22.
Aún con todos esos beneficios, en 2006 el magisterio de la Sección 22 alcanzó nuevos máximos históricos en el respaldo social en Oaxaca, debido a que variaron y renovaron sus banderas de lucha. Ya para entonces dejaron de decir que luchaban por sus beneficios y por la democratización interna de su sindicato, y entonces se asumieron como líderes de la lucha social en Oaxaca. Por eso dijeron que luchaban contra la antidemocracia priista, contra la corrupción de los últimos gobiernos, y contra el asesino y represor del gobernador Ulises Ruiz. Así, indirectamente, se hicieron aliados de los partidos que entonces eran de oposición, y así hicieron juntos la revuelta, y las luchas políticas y partidistas que luego desembocaron en el triunfo electoral del bloque opositor en los comicios de 2010.
Cuando vino la alternancia de partidos en el poder en Oaxaca, muchos pensaron de forma simple, y creyeron que con la victoria la Sección 22 tambien se replegaría y asumiría la calidad de aliada del gobierno que estaba por asumir. Se equivocaban desde entonces, porque no distinguían que la vocación del sindicato magisterial en Oaxaca es eminentemente de lucha y de logro de beneficios, y que por eso no sólo no dejarían de exigir al gobierno, sino que lo harían con mayor denuedo y ya sin el riesgo de se reprimidos, encarados o cuestionados por el gobernante en turno, y más bien con la ventaja de que la victoria les daría débitos y mayores márgenes de negociación y maniobra.
Lo que no calcularon es que con esa victoria electoral, ganada a pulso, sus banderas se desacreditarían aceleradamente, para quedar en la situación de soledad e “incomprensión” que hoy le profesan a los profesores de la Sección 22 del SNTE, hasta quienes fueron sus aliados.

ESTÁN SOLOS
En 2006 hubo manifestaciones genuinas de la ciudadanía en su apoyo. No en balde se realizaron varias megamarchas, después del desalojo del 14 de junio de ese año, en las que participaron varios cientos de miles de oaxaqueños en cada una de ellas, que genuinamente salieron a las calles a repudiar las acciones de fuerza del gobierno estatal, y a exigir justicia y la renuncia de los funcionarios responsables de los actos de represión. Hoy, sin dudarlo, no podrían convocar ni a una cuarta parte de los que los apoyaron hace apenas seis años. ¿Por qué?
La respuesta está en la procacidad de los acuerdos, y en las cesiones hechas por el gobierno en turno para alcanzar la paz en aquellos tiempos, y en la imposibilidad de la actual administración por evadir los réditos que aún tiene pendientes con la Sección 22. En el primero de los casos, los acuerdos eran en sí mismos impresentables porque implicaban el otorgamiento de todas las exigencias que ellos plantearon, entre ellas la de la persecución y desaparición de todos los módulos que estaban en manos de los maestros que eran sus opositores. Era, pues, un acuerdo en el que el gobierno daba todo a cambio del solo no hacer por parte de los maestros.
En el segundo de los casos, el asunto no es menos sencillo. Pues resulta que el gobierno actual sí se benefició de todas las arengas y llamados a la lucha de la Sección 22 para construir su plataforma política a ras de suelo. El gobierno, pues, asumió también la lucha magisterial contra la corrupción, la antidemocracia, la corrupción, el autoritarismo y la represión. Y ha hecho hasta lo imposible —entre eso, permitir la impunidad ante los hechos de violencia de la Sección 22, con tal de no aplicar la ley y que los tachen de represores o intolerantes— y a partir de ello ha justificado la alternancia, su triunfo y la permanencia del régimen en el poder.

ROUNDS DE SOMBRA
Por eso hoy la Sección 22 hace costosos rounds de sombra. Luchan solos, contra causas que sólo ellos ven y por intereses que sólo a ellos les conviene. Por eso hoy, a diferencia de hace seis años, la sociedad ya no los ve como los garantes luchadores por la democracia, sino como unos voraces y violentos que van por todo sin importarles encima de quiénes tengan que pasar para conseguir sus fines. Están lejos aquellos tiempos en los que tenían gran respaldo social y banderas genuinas por las cuales justificar su decisión de cerrar calles, bloquear oficinas, marchar, parar clases, agredir y todo lo que hoy siguen haciendo aunque ya sin el respaldo incondicional, y más bien con el rechazo abierto de la ciudadanía.

+ Polémica, innecesaria en estos tiempos

Anteayer, El presidente Felipe Calderón anunció que enviaría al Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto para cambiar el nombre de nuestro país de Estados Unidos Mexicanos a México. Esto desató una nueva polémica respecto al nombre oficial de nuestro país, y a la innecesaria insistencia por cambiarlo. Sería, en todo caso, más importante saber por qué nuestra nación lleva ese nombre, qué variaciones ha tenido a lo largo del tiempo, y qué circunstancias han sido determinantes para ello.

En efecto, en primer término es necesario establecer que el nombre de Estados Unidos Mexicanos proviene directamente de la Constitución Federal vigente, que precisamente tiene como nombre oficial “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Esa denominación ha sido criticada y tachada de copia del nombre del país de nuestros vecinos del norte del continente. Muchos han dado a entender que el símil es producto de una copia y de la falta de imaginación y capacidad de establecer un nombre propio para nuestra nación. Quienes dicen lo anterior, en realidad no consideran que tal nombre conlleva mucho más que una simple imitación y que eso es justamente lo que debemos conocer.

México ha tenido distintas formas de organización política, y eso se ha traducido en el nombre que ha recibido nuestra nación en distintos tiempos. Cuando recién se luchaba por la independencia, se habló de un “Imperio Mexicano”, o de una “América Mexicana”, para luego terminar concibiendo la idea de que la nuestra debía ser también una “República Mexicana”. Si distinguimos entre cada una de esas acepciones veremos que la idea de nación fue variando, junto con la forma en que se concebía la organización del poder en la nación que entonces era incipiente.

De hecho, en las Constituciones que ha tenido nuestro país se han visto reflejadas esas variaciones. El generalísimo don José María Morelos y Pavón concibió a México como la América Mexicana. Los partidarios de la formación de un imperio la concibieron como tal. Y finalmente, cuando en 1824 triunfaron los federalistas y elaboraron la primera Constitución mexicana, denominaron a la nación como Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente para remarcar la esencia federalista de la corriente política triunfadora, y del destino y la forma que tendría la organización política en nuestro país. Por eso, la Constitución de 1824 ya denomina de ese modo al país, y lo remarca con al menos siete menciones expresas en los 171 artículos que la componían.

Sin embargo, México no siempre fue una república federal. Apenas unos años después de promulgada la primera Constitución, la forma federal fue repudiada y entonces se emitieron nuevos documentos constitucionales de tipo centralista, en los que el poder se concentraba en el Poder Ejecutivo, desaparecían los Estados como entes libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, y entonces se resolvió denominar a la nación simplemente como “República mexicana”, pues la autoridad política era electa periódicamente por el pueblo, pero sin la posibilidad de reconocer a cada una de las partes del país como constitutivas de una Federación.

Esto cambiaría en 1857, cuando de nuevo triunfaron los liberales sobre el conservadurismo y reinstalaron la forma federal bajo radicales principios, que plasmaron en la nueva Constitución Federal emitida ese año. Y aunque pudiera pensarse que al regresar la forma federal y triunfar los liberales también volvió la denominación “Estados Unidos Mexicanos”, esto en realidad no fue así.

¿Por qué? Porque esa denominación tiene una clara referencia a la nación estadounidense. Y no olvidemos que entre las leyes constitucionales centralistas de la década de los 30’s del siglo XIX, y el restablecimiento de la República Federal a finales de la década de los 50’s de aquel siglo, ocurrió una terrible guerra entre las dos naciones, a partir de la cual se consumó el despojo de más de la mitad del territorio mexicano, para que Estados Unidos de América duplicara su extensión y se presentara ante el mundo como la nación ávida y expansionista que ha sido desde entonces. Quizá por eso, la radical Constitución federal de 1857 no hace referencia alguna al término “Estados Unidos Mexicanos”, y simplemente se presenta como “Constitución Política de la República Mexicana”.

ORÍGEN DEL TÉRMINO

En un artículo publicado en el periódico El País (http://bit.ly/PFpzO2), Alfredo Ávila aporta sobre el tema los datos siguientes: “El nombre de México tiene una trayectoria previa al surgimiento de la nación en el siglo XIX. Su origen es prehispánico, limitado al de las ciudades lacustres de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. La etimología parece hacer referencia al asentamiento en medio de un lago: “Mexi” es la luna o el centro del maguey, “co” significa “en donde está”. Tras la conquista española del siglo XVI, la ciudad que sirvió de cabeza al reino de Nueva España fue llamada México, por lo que se podía usar ese nombre para todos los dominios que se gobernaban desde esa capital. Muy pronto se pueden hallar referencias al Seno Mexicano (el Golfo de México) y en 1590 el Orbis terrarum de Petrus Plancius señalaba a toda la parte norte del Nuevo Mundo como “America Mexicana”, es decir, eran regiones que dependían de la ciudad de México.

“A finales del siglo XVIII, Francisco Xavier Clavijero publicó su Storia antica del Messico, lo que contribuyó a llamar con este nombre a los dominios españoles en América del Norte, en especial en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, el término “mexicano” se usó durante el periodo colonial únicamente para designar a las personas que vivían en la ciudad de México o a quienes hablaban náhuatl, la “lengua mexicana”, y no para la generalidad de los habitantes de Nueva España. El vocablo “novohispano” fue inventado en el siglo XX, de modo que nunca nadie lo empleó para identificarse.

¿MÉXICO O ESTADOS UNIDOS MEXICANOS?

La verdad resulta hoy intrascendente la polémica, dado que aún cuando la segunda es la denominación oficial de nuestro país, todos llamamos simplemente “México” a nuestro país. Ambas denominaciones se encuentran en la Constitución. Y lo cierto es que el nombre oficial es hoy una evocación a un federalismo sobre el cual, además, ya no hay polémica. Ésa fue la forma política que prevaleció, y cambie o no el nombre, de todos modos la república y el federalismo persistirán con todas sus bondades y altibajos.

+ Ciudadanos inconformes: sólo es queda el desdén

Sistemáticamente, el gobierno oaxaqueño ha cometido un error criminal, ante las protestas del magisterio oaxaqueño: desde 2006 en que se desató la protesta y la revuelta magisterial, siempre han tratado de arreglarse y de dar todo a los profesores para evitar el recrudecimiento de sus acciones de protesta. Sin embargo, con tal de conseguir la paz y mantener la gobernabilidad, han desdeñado la atención que también merece la ciudadanía, a quien como no protesta y no chantajea, la han dejado desatendida de todo arreglo que, en esencia, debía ser parejo y democrático. Esto no debe repetirse ante los hechos ocurridos el miércoles en la Villa de Mitla.
En efecto, si revisamos la forma en que el gobierno de Oaxaca ha buscado siempre el arreglo con los profesores de la Sección 22, fácilmente encontraremos que la constante ha sido la del arreglo desigual entre maestros y gobierno, y el total olvido de unos y otros a la ciudadanía, que es quien resiente todos los perjuicios que provocan las discordancias entre unos y otros. Así ha sido siempre. Y se corre el riesgo de que eso mismo se repita ahora.
En 2006 la crisis magisterial hizo blanco en quienes nada tenían que ver en este asunto. El problema que desató la revuelta magisterial y popular fue estrictamente político, y sin embargo quien pagó todas las consecuencias fue la ciudadanía, que lo mismo fue víctima de las acciones de lucha de los profesores de la Sección 22, que de los hechos de violencia, e incluso, y sobre todo, de los más de siete meses en los que más de un millón 300 mil niños y jóvenes oaxaqueños se quedaron sin clases.
En aquel primer momento el gobierno pactó su arreglo con los violentos, pero se olvidó de resarcir a quienes sí habían pagado las consecuencias. Por eso, al año siguiente de la revuelta, en 2007, cuando ya el gobierno federal había otorgado la rezonificación salarial, el Gobierno del Estado se arregló con el magisterio a través de la cancelación de órdenes de aprehensión, aseguramiento de impunidad sobre ciertos hechos y respecto a ciertos personajes, indemnizaciones económicas nunca reconocidas, y sobre todo, el restablecimiento de una relación que desde entonces fue sólo tácita, porque nunca más el gobierno de Ulises Ruiz y el magisterio volvieron a reconocerse públicamente su calidad mutua de interlocutores.
En todo eso dejaron al margen a la ciudadanía. La economía local se devastó con el conflicto magisterial, y sin embargo nadie se acordó de generar las condiciones para que la economía local se enderezara. Cientos de miles de alumnos perdieron tiempo valioso por los paros de labores, y nadie se ocupó de que recuperaran ese tiempo de clase en las aulas; y en general, los oaxaqueños que habían quedado en medio de la crisis política y de gobernabilidad, sólo tuvieron como consuelo el regreso de la paz. Todos, de la reparación del daño percibido, sólo vieron las promesas.
Ese “parámetro” se vino replicando en cada ocasión en que los profesores y el gobierno tuvieron diferencias. De hecho, en esos arreglos que unos y otros pactaron, nunca hubo posibilidad de cuando menos escuchar a la ciudadanía y hacerla parte de la nueva forma de relación, o de conocer si estaba o no conforme con las cosas que se estaban realizando. Por eso, el hartazgo acumulado, combinando con las efervescencias y los intereses aviesos de algunos, generan la combinación explosiva que vimos el pasado miércoles en el enfrentamiento ocurrido entre pobladores y maestros en la Villa de Mitla.

ARREGLOS MARGINALES
¿Por qué el gobierno estatal siempre tiene interés en arreglar las cosas con la Sección 22, y nada más? Porque en su lógica de la simple inmediatez, siempre asumen que en cualquier conflicto en que se encuentre involucrado el magisterio democrático, éste es el factor de inestabilidad. Por eso, ante cualquier eventualidad, de inmediato instalan mesas de trabajo, establecen interlocutores de primer nivel, prometen justicia y reparaciones, e incluso amagan con la posibilidad de utilizar a la fuerza pública para restablecer el orden.
Eso fue lo que pasó en Mitla. De hecho, el Gobierno del Estado sabía con antelación que los profesores irían a tratar de recuperar un módulo educativo en poder de los profesores de la Sección 59, sabía también que bloquearían la carretera que comunica a aquella y otras poblaciones con la capital del Estado, y seguramente pudieron saber con toda oportunidad —se supone que para eso tiene la Segego sus pomposas, y costosas, coordinaciones regionales— lo que ocurriría.
Y según se vio, cuando se desató la violencia a todas las instancias y funcionarios involucrados se asustaron porque vieron en la ira magisterial, la posibilidad de que se desatara un conflicto de otras proporciones, que pusiera en peligro la gobernabilidad, y por ende el sustento del régimen gobernante. Sólo por eso acudieron a negociar hasta el lugar de los hechos, y tácitamente dieron por concluida la crisis cuando consiguieron que los profesores entregaran a los rehenes que tenían en su poder, a cambio de que los pobladores hicieran lo mismo.
Todo lo demás no importó. No resultó importante que los pobladores de Mitla tuvieran ira desbordada; tampoco que en su intento por detener a los profesores toda una población se uniera; tampoco los llamaron a un arreglo en igualdad de condiciones. E incluso, lo más probable es que por el arreglo con la Sección 22, finalmente el gobierno disponga que harán todo lo posible porque la 59 entregue el módulo educativo que tiene en su poder, para cedérselos a los profesores de la 22, para que éstos trabajen a placer sin la sombra y el cuestionamiento de nadie.
Por eso, todos los arreglos entre el gobierno y la 22 son dilatorios. No hay soluciones ni integrales ni de fondo, porque ello implicaría tomar en cuenta a todas las partes y decidir en función de todos. Lo que sigue será esperar a que cualquier día de éstos ocurra otro hecho similar al de Mitla para que de nuevo se vuelva a pactar con la Sección 22, aunque los ciudadanos queden volando como si no contaran en este asunto.

ARREGLO INÚTIL
Tan poco útil es el arreglo, que los oaxaqueños no sabemos a cambio de qué los maestros decidieron desmovilizarse momentáneamente. Pero independientemente de lo que haya sido pactado, lo que sí sabemos es que de todos modos sirvió de poco. Hoy vuelven a la carga con marchas, bloqueos y más daños a una ciudadanía que está harta de ser la eterna víctima de estas disputas.

+ Secciones 22 y 59: la trifulca que no acabará

Ayer, hubo otro enfrentamiento, ahora en la Villa de Mitla, derivado de la disputa por centros educativos entre las Secciones 22 y 59 del SNTE. Con este hecho, queda claro no sólo que la disputa entre los dos grupos magisteriales no tiene para cuándo amainarse, sino también que la responsabilidad que tiene el Estado por todo este asunto no ha sido reconocida, y que tampoco existen vías posibles para dar fin a la innecesaria codicia por los centros educativos.

En primer término, es necesario entender que este asunto es político, y no sindical o educativo e incluso laboral. Es político porque prácticamente desde que se pactó la paz entre la Sección 22 y la administración del gobernador Ulises Ruiz, en los primeros meses del 2007, se estableció que el magisterio democrático reasumiría el liderazgo total del sector educativo en Oaxaca, y que por tanto unos y otros, gobierno y 22, repudiaban la existencia de los profesores de la 59, que en apoyo del gobierno, habían servido como reemplazantes y opositores de los profesores democráticos, que un año antes habían encabezado una revuelta social y un paro de labores de más de siete meses.

En ese sentido, cuando en 2007 se acordó la “reconciliación” tácita entre el gobierno y la 22 —porque fue asumida por todos, aunque reconocida por nadie—, existían alrededor de 188 escuelas que se encontraban en poder de la Sección 59. Si tomamos en consideración que en la entidad existen más de 13 mil centros escolares, que menos de 200 estaban en manos de los adversarios de la 22, y que la Sección 59 ha sido un núcleo de resistencia sindical de existencia meramente testimonial, entonces el único interés que prevalece en la exigencia de entrega de escuelas por parte de la 22, es el de consumar el despojo total a sus adversarios, únicamente para generar el efecto político de que su liderazgo político es total entre el magisterio oaxaqueño.

Sólo que en la búsqueda de ese afán, los profesores de la Sección 22 han provocado el derramamiento de sangre. Pues desde septiembre de 2007 hubo enfrentamientos y varios lesionados, cuando en el municipio de Huajuapan de León, unos mil profesores de las dos secciones (800 de la 22 contra 200 de la 59) se enfrentaron violentamente por el control de la primaria Ricardo Flores Magón.

Luego, en agosto de 2009 ocurrió otro enfrentamiento entre profesores de las dos secciones, pero ahora en la comunidad de San Pedro Jicayán, en la región de la Costa oaxaqueña, cuando los de la Sección 22 intentaron recuperar un Jardín de Niños que asimismo se encontraba en manos de profesores de la Sección 59. Sólo que a diferencia del anterior, en el que sólo hubo lesionados, ahí resultaron muertos por arma de fuego Artemio Norberto Camacho Sarabia y Leonila Celia Mejía, que eran integrantes de la 22, y quedaron gravemente lesionados varios profesores de la 59.

Antes ya había ocurrido otro intento de recuperación de escuelas en el conflicto municipio de Santiago Laollaga, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, en el que los profesores de la 22 tampoco lograron su objetivo, pero acusaron que no lo habían logrado debido a que un grupo armado presuntamente bajo el mando del ex dirigente magisterial, Humberto Alcalá Betanzos, se apersonó en el lugar del enfrentamiento y amagó con accionar sus armas los integrantes del magisterio democrático insistían en seguir intentando recuperar los centros escolares.

VIOLENCIA TOLERADA

En todos los casos, incluido el enfrentamiento de ayer, el gobierno estatal ha sido sólo un espectador. Ha sido así porque las instancias de gobierno de la administración estatal han evitado todo lo posible involucrarse en esos asuntos, pero también porque lejos de facilitar una solución que evitara el conflicto y el enfrentamiento (independientemente de que beneficiara más a una u otra sección), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se ha dedicado a entrampar la solución de fondo de esa disputa por insistir en seguir ciegamente el dictado y los caprichos de la Sección 22. ¿De qué hablamos?

De que en todos estos años, el IEEPO ha sido el facilitador de la crisis y los riesgos de confrontación, debido a que la solución que ha intentado forzar se torna imposible al corroborar las condiciones en que se pretende. A los profesores de la 59 que aún mantienen en su poder algunos centros educativos, se les ha exigido que para el reconocimiento de éstos, el otorgamiento de claves y la regularización de la instrucción que imparten, es indispensable que entreguen las instalaciones, las plazas y todo a la Sección 22, para después renunciar a su militancia sindical y adherirse a la 22, y esperar a que sea ésta quien les asigne un nuevo centro escolar en donde la necesidad —y el criterio político de los vencedores— lo indique.

Todo esto hace imposible la solución. En la gran mayoría de los centros escolares, los profesores de la 59 han ganado arraigo y aprecio de la población porque no paran labores, porque no intentan ideologizar o infundir rencores políticos a sus alumnos, y porque en varios casos han generado cierta empatía con los pobladores y padres de familia, con las autoridades municipales y con sus alumnos, y han recibido de todos ellos el espaldarazo para continuar su labor independientemente del reconocimiento que les otorgue o no el Instituto Educativo del gobierno estatal.

El problema es que todo eso se topa con un Instituto que sigue echado en los brazos de la Sección, con una instancia de política interna que se exime de toda responsabilidad en el tema educativo —¿alguien ha visto al secretario Jesús Martínez Álvarez, al menos como espectador, en una reunión del gobierno con la Sección 22?—, y en general con un gobierno que a pesar de tener conocimiento de los hechos, y se supone que del pulso político de la entidad en esos temas, se niega por completo a intervenir en estas cuestiones.

SÓLO QUEDA LA VIOLENCIA

En apariencia, todos asumen que los problemas entre la Sección 22 y la 59 son de ellos, y que solamente ellos tienen el deber y la responsabilidad de resolverlo. El problema es que eso pone en entredicho todo el Estado de Derecho, y eso se agrava cuando se distingue el hecho de que el mismo gobierno no ha planteado una vía de solución de fondo a este asunto. La 22 quiere aplastar a la 59 a como dé lugar, así cueste violencia y vidas. El problema es que, en el intento, ocurren hechos inadmisibles como los de ayer en la Villa de Mitla.

+ Inoperancia y partidismo en el campo

Salomón Jara debe dejar de ser secretario de Agricultura de Oaxaca, porque su permanencia en ese cargo es signo de la persistencia de todo lo que este gobierno dice no querer ser. La necesidad de su salida, se basa en el hecho de que en los casi dos años que ha fungido como Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, todos los rubros encargados a esa dependencia se encuentran en el abandono, pero también en el manejo discrecional y sectario que ha realizado de los recursos para la producción alimentaria en la entidad, e incluso por su abierta participación en asuntos políticos que lo distraen los asuntos públicos que le fueron encomendados. Existen por lo menos cuatro razones que hacen indispensable su salida.
1. Salomón Jara Cruz debe separarse de la dependencia que encabeza, porque su gestión ha estado marcada por las acusaciones de abandono al campo y a los sectores a los que la Sedapfa debe atender en la entidad. De hecho, en Oaxaca han sido deliberadamente desoídas todas las exigencias de grupos sociales, organizaciones campesinas y demás que han denunciado la inoperancia de esta dependencia en los últimos dos años.
No obstante, desde el Congreso de la Unión, y también desde dependencias del gobierno federal, se ha acusado sistemáticamente a la Secretaría que encabeza Jara Cruz, de ser una dependencia que no tiene capacidad para ejercer y comprobar los recursos que exige a la Federación. Sólo así puede entenderse que sólo en 2011 la dependencia que encabeza Salomón Jara se haya visto obligada a devolver alrededor de 600 millones de pesos; y que derivado de ese subejercicio, para el presente año el Presupuesto de Egresos de la Federación haya contemplado y aplicado un recorte presupuestal de 400 millones de pesos. Esto, es evidente, impacta en mil millones de pesos que en los últimos dos años se dejaron de invertir en el ya de por sí deteriorado campo oaxaqueño.
2. Jara Cruz debe irse, además, porque durante su gestión como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, ha intentado repartir los recursos económicos con los que cuenta la dependencia, no entre quienes verdaderamente han demostrado capacidad técnica, sino entre quienes pueden compartir ganancias con él.
Ya en otras entregas (ver Al Margen 31 de agosto de 2012), señalábamos que sólo del PESA (Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria), otorga recursos para la operación de Agencias de Desarrollo Rural, que son las encargadas de llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra en las regiones en que se encuentran presentes. Apuntábamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad ascienden a más de 350 millones de pesos anuales.
¿Qué intentaba hacer Jara Cruz al respecto? Decíamos que, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos anual, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. De hecho, para 2013 la Sedapfa tiene contemplado incrementar el número de Agencias a 58.
Al hacer cuentas, señalábamos, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas—, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias.

PARCIALIDAD Y PARTIDISMOS
3. Jara Cruz, además, debe irse porque desde la dependencia que encabeza, actúa con parcialidad sólo a favor de ciertas organizaciones y grupos sociales, y no en realidad en beneficio de todo el campo y todas las regiones de Oaxaca. En buena medida, él es el artífice del grupo de organizaciones que se aglutinan bajo el nombre de Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y Transporte, el cual ha buscado, desde el mismo gobierno, con organizaciones que son afines al PRD y los demás partidos que integran la coalición, y a través de la pantalla de la presión tradicional que ejercen los grupos de lucha social, de conseguir recursos económicos de dependencias como la Sedafpa. Lo han hecho y con creces. El año pasado, por ejemplo, las organizaciones que integran ese Frente fueron las que acapararon casi la totalidad de los recursos que entregaron la Sedapfa y otras dependencias cercanas al perredismo, dejando fuera, por un asunto de partidismos y de sectarismos, a un número importante de organizaciones, que no tienen fines políticos, que sí contribuyen al desarrollo regional, y que son ajenos a los “amagues” con los que funcionarios como Jara justificaron la entrega de millonarias sumas sólo a las organizaciones afines al partido político por el que llegó al cargo.
4. Finalmente, Jara Cruz debe irse del gobierno estatal, porque su participación en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional como partido político ha sido protagónica y determinante, y porque existen indicios claros de que él ha ocupado recursos económicos y humanos de la Secretaría que encabeza, para financiar al movimiento lopezobradorista en esta nueva etapa como organización de fines políticos. Por personajes como Jara, Morena pierde toda su credibilidad y la calidad moral que pudiera tener como fuerza política, pues es inadmisible que un partido que se dice defensor de la congruencia política haya sido conformado desde una oficina pública, gastando dinero que era para los más necesitados, y desviando recursos y personal para servir a una causa como la de López Obrador.

NO SE IRÁ
Quizá Jara Cruz se siente seguro en el cargo por los débitos políticos que tienen con él, y que seguramente son muchos. Si para el grupo gobernante es indispensable su presencia, deben reubicarlo a otra posición en la que no genere daño al interés público. Hacer tanto daño al campo y aferrarse al cargo es tanto como convalidar que el gobierno estatal es todo lo que dice no querer ser.

+ Ministerio del Interior, luz no aprovechada

No son menores los cambios que pretende hacer el presidente Enrique Peña Nieto a la estructura del gobierno federal, y nadie sabe si en realidad eso es lo que necesita el país. De acuerdo con la iniciativa presentada hace unos días al Congreso de la Unión, el nuevo gobierno pretende que la Secretaría de Gobernación absorba todas las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

El problema es que esa iniciativa no prevé vías de escape para la presión que se le vendrá encima a la nueva súper Secretaría, que será la encargada de velar por el binomio excluyente del diálogo y la seguridad, sin integrar cuestiones como el de la Justicia y otros que son fundamentales para el correcto funcionamiento de un gobierno.

En efecto, la semana pasada el Presidente Electo presentó su proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que ya estableció el marco general de lo que será el aparato gubernamental de su gobierno. En particular, llamó la atención la absorción que hace la Secretaría de Gobernación, de todas las funciones y estructura que hasta ahora tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Políticamente, esta decisión fue asumida como uno de los golpes de timón del nuevo gobierno priista a la más acabada creación de las dos administraciones panistas. Sin embargo, más allá de eso el problema que se aparece es mucho más de fondo porque tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno para salvaguardar la seguridad y hacer valer el orden y la gobernabilidad, en una nación tan potencialmente convulsionada como el México de la actualidad.

En relación a esta reforma, el presidente electo Peña Nieto anunció que Gobernación “tendrá a su cargo la seguridad interna de la república y ejercerá el mando de la Policía Federal; asimismo, tendrá a su cargo el resguardo de nuestras fronteras y las tareas de protección civil. Esta secretaría será la encargada de la prevención del delito y de apoyar a los municipios que lo requieran.

Esto implica que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Debido a que las recomendaciones en materia de derechos humanos no han sido debidamente resueltas, la propuesta es que Segob sea quien coordine las acciones para su debido cumplimiento. Un gobierno democrático debe atender, al más alto nivel, los temas de derechos humanos.”

¿Qué implica esto? Que a partir de ahora sea el Secretario de Gobernación quien lleve las riendas de la seguridad del país, que sea también quien encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tenga el mando de la Policía Federal, que sea el titular de todo el aparato de investigación e inteligencia con que cuenta actualmente esa dependencia.

Y que, además —y eso no lo dijeron en el anuncio de dicha reforma, aunque sí se encuentra en la Iniciativa presentada al Congreso—, Gobernación continúe llevando la conducción de todas las tareas relacionadas con la política interior del país, la relación con los poderes, y ahora se convierta, incluso, en la dependencia coordinadora del trabajo y los esfuerzos de toda la administración pública federal.

Si a simple vista parecen muchas las atribuciones dadas a una sola dependencia, todo esto se hace más complejo cuando se entiende que muchas de esas atribuciones no son compatibles entre sí, y que eso podría ya no sólo hacer complejo el manejo de la gobernabilidad, sino también entorpecer las tareas de seguridad, y de diálogo político, que hoy son indispensables para nuestro país.

DESCUBRIR EL HILO NEGRO

La primera semejanza que intentó verse entre la estructura que se propone para la Secretaría de Gobernación, es la de los ministerios del interior que existen en las estructuras administrativas de muchos países. La diferencia entre una dependencia como la actual Segob, la que se propone para el gobierno de Peña Nieto, y un Ministerio del Interior, es que mientras la actual carece de control en los temas de seguridad, y la dependencia propuesta ya los contempla, el Ministerio del Interior se encarga de las tareas de seguridad y de política interior, pero encaminados todos sus trabajos y funciones fundamentalmente a preservar los derechos de libertad y seguridad de los ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre todo esto, que parece un enredo? Que tal parece que a la Secretaría de Gobernación se le pretenden asignar tareas de distinta naturaleza, sin alcanzar a distinguir que entre unas y otras existen diferencias sustanciales que en más de un caso se vuelven excluyentes. ¿Por qué? Porque en el caso de un Ministerio del Interior, éste se encuentra siempre acompañado de un Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de generar todas las políticas y lineamientos relacionados con la seguridad, que luego ejecuta y cuida el Ministerio del Interior a través de las atribuciones que la ley le da en los temas antes comentados.

En México no existe un órgano que al menos cercanamente cumpla las funciones de un Ministerio de Justicia. De hecho, en la propuesta para la Secretaría de Gobernación que envió el presidente electo Peña Nieto, pareciera que a ésta se le dotarán de todas las funciones no sólo de lo que sería un Ministerio del Interior, sino también del de Justicia. Y el problema es que, subjetivamente, de entrada necesitaría tener personal de altísimo nivel para poder coordinar todas las tareas que ahora se llevarán en una misma dependencia y, se supone, bajo un mismo criterio.

Esto será de entrada un problema, si ese Súper Secretario de Gobernación no tiene la capacidad de asumir el enorme cúmulo de funciones que se le están encomendando. Y a eso se le debe agregar que en un país como México la política interior implica siempre la negociación política, que en casos determinantes para la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de la nación, no debe estar en las mismas manos de quien tiene el mando de la Policía Federal y de las tareas de seguridad interior, y seguridad pública del país. Ese parece ser, pues, un monstruo que quién sabe si sea necesario y funcional, en esas condiciones, para un país tan complejo y exigente como México.

CUESTIÓN DE ESTADO

En varios países la seguridad es considerada como un asunto de Estado, y en ese nivel la atienden. En México, es un simple asunto de gobierno, y por eso cada administración cambia los parámetros y la visión. El problema es que si fallan, como ha sido, y como puede volver a ser, quienes pagamos somos los ciudadanos. Y México ya tiene mucha sangre como para seguir ensayando.

+ Escenario gris, por nula conducción política

Hasta las primeras horas de la noche de ayer jueves, todo parecía indicar que la elección de integrantes del Consejo General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, había sido pospuesta. Esta decisión fue tomada, al parecer, por la falta de acuerdos entre las fracciones que integran la LXI Legislatura del Congreso local, pero también por la falta de claridad y sustento de quienes pretendían ser propuestos como integrantes de ese órgano autónomo. Este, que parece ser el peor escenario, se materializó además por la falta de liderazgos y acciones concretas que determinaran el rumbo de esta decisión que era importante para las instituciones en Oaxaca.

En efecto, se tenía previsto que ayer se llevaría a cabo, además de la sesión solemne en la que el Gobernador del Estado entregó su Segundo Informe de Gestión, otra en la que se habría de decidir cuál sería la integración del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información. Todo parecía indicar que los acuerdos correspondientes ya estaban construidos. Y, sin embargo, finalmente se resolvió dar un nuevo plazo para que los diputados abundaran en el análisis y discusión de los perfiles que pretenden encabezar la institución mencionada. Este acuerdo, que parece de trámite, en realidad refleja los vacíos de sustento y liderazgo que existen en el Congreso del Estado, y abre la posibilidad de diversos escenarios, todos graves, que quizá podrían explicar tal decisión.

El primero posible de esos escenarios sobre el aplazamiento de la decisión, que es nada satisfactorio, podría apuntar a que las tres fracciones parlamentarias principales sí tomaron su respectiva decisión sobre quién sería su propio candidato, pero que no hallaron la forma de sustentar esa decisión debido a que ninguno de los candidatos acreditaba tener la experiencia y conocimientos necesarios para tal responsabilidad.

En ese sentido, el PRI habría resuelto impulsar a Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, el PAN a Esteban López José y el PRD a María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. Cada uno de ellos representaba intereses específicos de cada una de las fuerzas políticas. Sin embargo, en escenario cabría la posibilidad de que aún estando firmes esas decisiones, y el acuerdo general entre todo el Congreso, la decisión final habría sido detenida por la debilidad que tendría el dictamen respectivo, habida cuenta de que los tres prospectos para encabezar la Comisión de Transparencia eran de los menos aventajados, de todos los que se habrían registrado para competir por esos cargos.

Un segundo escenario, tiene que ver con la posibilidad de que aun habiendo acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias para la integración de la Comisión, ésta habría sido también consensada con el Jefe Político de los diputados (el Gobernador del Estado), y éste es quien habría vetado a más de uno de los aspirantes palomeados por los diputados. Esto, que es determinante, habría sido otra razón claramente posible para llegar a la determinación de aplazar el momento de la elección, y ocupar el compás de espera para revisar otros perfiles que, consensados, pudieran transitar técnica, legal y políticamente entre todos los que están involucrados en la toma de una decisión como ésa.

DECISIONES, EN SILENCIO

Un tercer escenario tendría que ver directamente con la falta de acuerdos firmes entre las fracciones parlamentarias. Esto, además de evidenciar la ausencia de control al interior de las fracciones parlamentarias, en el fondo también revelaría —y esto es mucho más grave— que los nuevos responsables de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el perredista Alejandro López Jarquín, no tuvieron la capacidad de generar los acuerdos necesarios para que finalmente se tomara una decisión en los plazos establecidos por las reformas a la Ley de Transparencia y por la convocatoria respectiva.

Este habría sido, pues, un grave traspié generado por la inexperiencia del nuevo Presidente de la Junta, ahondado por pugnas al interior de las fracciones, como en la panista por los graves problemas que ya tenían para hacer transitar decorosamente a Esteban López José; o en el PRI, por el choque de diputados que provocó la decisión sobre la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio.

Un cuarto escenario, también posible, también podría apuntar con bastante sustento a que finalmente el hecho de que dejaran marginada a la Comisión Instructora —encargada de conducir este proceso—, habría roto el consenso para la elección. Si bien se recuerda, en los procesos de elección de los titulares de los otros órganos autónomos, la comisión encargada de conducir el proceso es la que tenía preferencia para impulsar a un candidato. Así ocurrió, por ejemplo, con la elección de Arturo Peimbert como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, que fue impulsado y respaldado incondicionalmente por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a pesar de no ser un candidato idóneo para ese cargo.

En este caso, que sí es posible, los integrantes de la Comisión Instructora habrían reclamado el “derecho” a tener preferencia en el nombramiento de por lo menos uno de los consejeros, y como fueron rebasados por las fracciones parlamentarias, que habrían decidido a sus prospectos sin tomar en cuenta a la Comisión respectiva, en un arrebato habrían finalmente resuelto posponer la toma de la decisión para buscar la construcción de nuevos acuerdos que permitieran la inclusión de los intereses de la Comisión Instructora, que es encabezada por la diputada Ángela Hernández Solís —quien, de hecho, también intentó impulsar como posible Consejero a su propio secretario Técnico, encargado de esa Comisión, Oliverio Suárez Gómez.

PROCESO, DÉBIL

Al final, lo único cierto es que independientemente de cuál sea la razón, el Congreso está debilitando aceleradamente la posibilidad de culminar este proceso con la limpieza y legalidad que es debida. De hecho, la dilación excesiva que implica la toma de esta decisión de posponer la fecha de la elección, ya abre la posibilidad a impugnaciones que terminarían de enturbiar este proceso. Como lo hemos apuntado en entregas anteriores, los diputados deben no sólo exigir transparencia, sino también demostrarla. Y, en este caso, deben establecer, de cara a la sociedad, cuál es la razón y el fundamento de decisiones como ésta, que en los hechos sólo prolonga las disputas internas por los cargos, y las negociaciones discrecionales con las que pretenden resolver este asunto.

+ Paradójico, que sea una elección discrecional

Aunque pasará casi desapercibido por la vorágine del Segundo Informe de Gestión del gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy los diputados elegirán también a los tres integrantes del Consejo General de la nueva Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, que vendrá a sustituir al Instituto que encabeza Genaro Vásquez Colmenares. Paradójicamente, los diputados elegirán en base a todos los criterios posibles, menos el de la transparencia. Y ese es un problema grave de nuestra Constitución, pero sobre todo de nuestra incipiente y poco respetada democracia.

En efecto, con la elección de hoy de esos tres Consejeros, a todos los oaxaqueños —sociedad y gobierno— debía quedarnos claro que más allá de las posiciones pretenciosas y maniqueas, que aseguran que la reintegración de los órganos constitucionalmente autónomos fue a través de actos democráticos e independientes, debiera haber una revisión profunda a esas formas de elección e integración que hoy se encuentran discrecionalmente en manos de los diputados. En todas las ocasiones ha quedado claro que éstos no tienen el compromiso y la independencia suficiente para actuar de verdad en base a criterios de Estado, y no en función de sus intereses particulares o sometidos a las imposiciones del gobierno en turno. Seguramente, esta no será la excepción.

Y es que si revisamos la forma en que fueron integrados tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior, la Defensoría para los Derechos Humanos, e incluso tribunales como el Electoral, el Contencioso Administrativo y las vacantes del propio Tribunal Superior de Justicia, nos daremos cuenta que en todos los casos la decisión que tienen los legisladores es esencialmente discrecional, y también notaremos que quienes fueron electos para integrar esos órganos, todos, traían aparejado cierto interés político específico, independientemente de que fueran o no los mejores candidatos a encabezar esas responsabilidades.

En el caso de los tribunales (los especializados y las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia), la propia Constitución establece mecanismos a través de los cuales primero deben presentar exámenes a través de los cuales acreditar los conocimientos específicos de la materia de la responsabilidad a la que aspiran.

Luego pasan por el filtro del Poder Ejecutivo, que en base al análisis de la trayectoria y los resultados que le presenta el órgano encargado de la primera fase del proceso —así lo ha manifestado el Gobernador del Estado en las comunicaciones que en esos casos entabla con el Congreso para presentarle sus propuestas—, integra las respectivas ternas que luego son sometidas a la consideración de los diputados. Y finalmente, éstos eligen aunque al margen de cualquier criterio o explicación que no sea su sola voluntad. ¿Es esto sano para nuestra democracia?

En otro escenario la respuesta debía ser afirmativa. Si se supone que los diputados son un todo que representa la voluntad popular, y que esa voluntad va siempre encaminada a tratar de satisfacer lo que más conviene y necesita la mayoría, entonces los diputados no tendrían que explicar las decisiones que toman. El problema es que en Oaxaca esa decisión queda sujeta a todo tipo de intereses —muchos de ellos inconfesables, ilícitos y abyectos— que nada tienen que ver con lo que más conviene a la mayoría, o al correcto funcionamiento del Estado.

DISCRECIONALIDAD TOTAL

En el caso de la elección de integrantes de los tribunales judiciales, los diputados tienen una limitada capacidad para hacer lo que les venga en gana. De hecho, cuando la decisión llega hasta ellos ya va “filtrada” por la demostración de conocimientos (que en más de una ocasión ha sido también un requisito que sólo determina de forma relativa quién continúa y quién no dentro del proceso) y por la decisión del Ejecutivo. No obstante, en la última elección de un integrante de un Tribunal (Maribel Mendoza Flores), la decisión del Legislativo tuvo por objeto secundar un interés del Ejecutivo, y no ponderar las cualidades profesionales de quienes integraban la terna.

Y si aún con esos filtros existen estos titubeos y decisiones inexplicables, lo cierto es que en el caso de la integración de los órganos autónomos los diputados han caído en excesos incomprensibles e inadmisibles. ¿Por qué? Porque si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso en la presente Legislatura, ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.

El problema en esos casos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.

CONTRA LA DEMOCRACIA

Los resultados de cada uno de esos procesos hablan de decisiones discrecionales que no sólo no benefician a la democracia, sino que atentan contra ella y contra la estabilidad de las instituciones. Sólo han buscado saciar sus intereses y actuar en función de lo que quieren los que sí de veras tienen poder. Por eso, y porque no existen visos de que el compromiso democrático real de los diputados pueda surgir en el futuro cercano, la forma de elección debía cambiar para verdaderamente garantizar la independencia, la claridad y la rendición de cuentas que hasta ahora a los diputados les ha importado tanto como un cacahuate.