+ Límites: el periodismo ¿no acepta la autocrítica?

Esta semana, la revista Tv Notas publicó en su portada un par de fotos: eran, respectivamente, una imagen del periodista Carlos Loret de Mola, y otra de una ex conductora del noticiero matutino —que él conduce en el canal 2 de Televisa— conocida como Laura G. Ambos fueron captados saliendo, no juntos, de una misma cabaña presuntamente ubicada en la zona de La Marquesa, en el Estado de México. La nota sugería un posible encuentro amoroso entre ambos, y de inmediato provocó un escándalo morboso, muy poco digno de unos medios y una sociedad que, como la mexicana, se dicen “maduros” y “democráticos”.

Quienes vieron el asunto desde el lado del morbo, tuvieron pensamientos más o menos como los siguientes: pensaron que el escándalo radicaba en el hecho de que un hombre casado tuviera relaciones sentimentales (o sólo sexuales) con una chica, ciertamente guapa y de menor edad que él, contraviniendo con ello la figura tradicional de familia que, según subsiste en México. Otros habrán pensado que este escándalo es sólo una extensión de aquel otro por el que, hace apenas unas semanas, esa y otra presentadora fueron despedidas del noticiero matutino. Algunos más lo habrán visto como una revelación que en cierto sentido podría abonar al “periodismo del corazón” que malamente dicen hacer algunas publicaciones en nuestro país.

Había, sin embargo, mucho de fondo en esto: dicho escándalo nuevamente demostró que algunos medios siguen dispuestos a sacar lo peor de sí, y torcer los principios éticos que los rigen, con tal de vender revistas o periódicos, o simplemente por llamar la atención. Ni Tv Notas, ni el periódico Reforma (que al día siguiente refrió el tema en su portada) asumió el principio básico de que hasta las personas públicas tienen vida privada, y que mientras ésta no trascienda el estricto interés público, nadie tiene derecho a meterse en ese ámbito que sólo se queda en sus acciones o pensamientos privados.

Quedó claro que ambos medios estuvieron dispuestos a llevar el estado de cosas al límite. Tv Notas, en primer término, porque ello corresponde a una de sus recurrentes prácticas “periodísticas” para tratar de ganar la nota y continuar en el ánimo del público que la compra. Pero Reforma, no declaradamente, sí trató de justificarse deslizando en las redes sociales el argumento de que de qué se quejaba Carlos Loret de Mola, si él ha destrozado la privacidad de muchas personas a través de las pantallas de la televisión en su noticiario.

Queda claro que así como no es justificante para ventilar cualquier cosa de la vida privada de una persona, el solo hecho de que éste sea considerado como un personaje público porque sale en la televisión, como tampoco lo es, mucho menos, el hecho de que se trate de justificar una intromisión de esa naturaleza a partir de que el personaje aludido en otras ocasiones ha hecho también lo mismo. Es inadmisible justificar una mentira con otra, como también lo es tratar de hacer pasar por válida una acción indebida que trata de vengar otra de la misma naturaleza.

Eso fue, sin embargo, justo lo que ocurrió. Y como bien puede preverse, las reacciones críticas de la misma prensa no se hicieron esperar.

MAL RECIBIMIENTO

En relación a esto, en su columna “Metamorfosis” del periódico Excelsior, José Cárdenas señalaba lo siguiente: “Que una revista de escándalos, vendedora de morbo disfrazado de noticia, saque ventaja, al develar la vida privada de dos personas adultas y famosas, es una vergüenza para el oficio. Que uno de los principales diarios del país haga, de tal violación a la intimidad, un refrito, obliga a repensar a dónde va el periodismo y dónde estamos parados los periodistas.

“Entre el chisme y la cosa pública reina la confusión. Se borraron las fronteras. La vida pública se empobrece. El deterioro se puede medir por días, y hasta por horas (…) Es momento de pensar en límites. De ubicar el espacio que pisamos. Es eso o fingir que en este oficio nada importa en aras de ganar “la nota”, y toda la “lana”.

“En nombre de la transparencia y el derecho a saber, algunos periodistas y editores parecen convencidos de rendirle culto a los excusados, por aquello de que ‘es importante lo que  transportan’. Es su decisión. Pero entonces que no venga Reforma a dar clases de ética periodística. Y menos cuando rellena sus espacios con refritos apestosos.”

Un día antes, en un sentido igualmente crítico, y luego de dar cuenta del contenido (nulo) informativo del “reportaje” de Tv Notas, el periodista Ciro Gómez Leyva decía lo siguiente: “La nota de Reforma es un refrito de lo publicado por la revista, combinado con el testimonio de un mesero y la recuperación de tweets, como éste: “Cabaña acogedora en La Marquesa, 800 pesos, condones Trojan 40 pesos, Viagra, 90 pesos, que Loret y Laura G sean trending topic… priceless”. Y éste: “¿Qué hiciste Loret? Te la cog…?” (Reforma es un diario ajeno a las vulgaridades, por eso cambia “te la cogiste” por tres puntos suspensivos)…”

“No hay más información. Con el pretexto de que la nota “inundó las redes sociales”, Reforma va al bote de la basura, saca carne podrida y vende la vida privada de un periodista de Televisa como platillo gourmet. No parece haber más objetivo. Y está bien, cada quien sus criterios editoriales. Pero que no vengan después a dar lecciones de ética periodística, ética pública. Está bien, pero que quede registro de cómo cubrieron esta historia. Periodismo carroñero. Ganas de lastimar.”

Otro que, en palabras mucho más resumidas, pareció decirlo todo, fue el periodista Marco Levario, director de la revista etcétera, quien en su cuenta de Facebook simplemente escribió: “Sobre Carlos Loret: a mí me vale madre si un periodista o quien sea se queda con alguien en la Marquesa para hacer lo que sea.”

AUTOCRÍTICA, URGENTE

A los mismos medios nos hace falta no sólo discutir, sino también poder llevar a los hechos, ese tipo de discusiones. A pesar de que siempre anhelamos cambiar, ese tipo de discusiones y hechos nos marcan para seguir justamente donde estamos. Pareciera que no podemos entender que los límites periodísticos se marcan a partir de la responsabilidad, y que debemos rescatar el verdadero sentido público, y no confundirlo, nunca, con lo que corresponde a la estricta esfera de lo privado. Ojalá ésta no sea una más de las discusiones de dos días, que luego se olvidan, hasta que todo vuelva a pasar.

+ Concesionarios: dan nada a cambio…

Sería una desgracia que por intereses minoritarios y retardatarios, otro proyecto urbano más en Oaxaca se quedara en eso: en buena intención de un gobierno, y en un simple proyecto. El asunto no es menor. Porque paradójicamente, en vano la capital oaxaqueña ha esperado un proceso de modernización urbana o de infraestructura —que se supone que es inaplazable—, aunque al mismo tiempo sus tradicionales grupos de presión se han opuesto a ella, y lo han conseguido. Ese no debía ser el destino del Metrobús.

El pasado martes, la capital oaxaqueña sintió, por algunas horas, el “músculo” de ese sector decidido a sostener su privilegio a costa de todo, y a costa de todos: diversas organizaciones de transportistas, tanto de la capital como de municipios conurbados, salieron a las calles a protestar en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por no haberlos tomado en cuenta en la confección del proyecto del nuevo sistema urbano. Como si tuvieran la calidad moral suficiente, se dijeron lesionados en sus derechos y en su economía, y exigieron frenar cualquier intento de construcción del Metrobús.

Desde otras trincheras, no pocos ciudadanos y organizaciones se mostraron también escépticos a la construcción del Metrobús, aunque por razones diversas. Fundamentalmente, lo que tiene molesta a la sociedad oaxaqueña en general, es el hecho de que, como cada año, la presente temporada de lluvias tiene semidestruidas las principales arterias viales y accesos a la capital oaxaqueña. Si el Ayuntamiento citadino, dicen, no tiene capacidad ni para tapar los baches, mucho menos la tendrá para emprender la nada fácil labor de planear y construir todo un sistema de transporte colectivo.

Quienes dicen eso, parcialmente podrían tener razón: por simple naturaleza, todos aquellos que verían lesionados sus derechos o economía —principalmente— con la instalación de un sistema de ese tipo, habrán de protestar y oponerse a la decisión. Del mismo modo, es posible comprender a quienes señalan las incompetencias actuales del gobierno municipal, y auguran por eso un mal destino para el Metrobús.

Sin embargo, más allá de las posiciones personales habría que preguntarse qué le haría bien a la ciudadanía, cómo se podría mejorar sustancialmente el sistema de transporte colectivo y, sobre todo, también pensar, por una sola ocasión, qué es lo que más le conviene a los usuarios.

Habría que ver esta cuestión desde tal perspectiva. Porque sin duda, los oaxaqueños —sociedad y autoridades— estamos acostumbrados a ver estos asuntos sólo a la luz de lo que los grupos de presión nos “invitan” a pensar que es lo correcto o lo más conveniente —es decir, nos manipulan—, pero casi nunca nos dejan ver que es tanto o más nocivo que eso, el hecho de que nosotros los defendamos a cambio de nada, y les continuemos dando un cheque en blanco que finalmente han utilizado a sus anchas para menoscabar nuestros mínimos derechos.

En este sentido, la autoridad siempre ha incurrido en dos errores garrafales: por un lado, se ha dejado chantajear abiertamente por los grupos de presión, para finalmente terminar haciendo lo que éstos quieren (para preservar sus intereses), mientras la autoridad pondera la posibilidad de dejar de hacer lo que a unos cuántos no les conviene, para también dejar de pagar los “costos políticos” correspondientes por esas protestas.

Y por si fuera poco, la autoridad al mismo tiempo que el anterior, ha cometido también otro error insuperable: ésta, nunca ha tenido la capacidad —porque esa es una cuestión esencialmente de talento y tacto político— para sensibilizar a las verdaderas mayorías, respecto a por qué sus proyectos son realmente los más viables para el entorno, y por qué sí la ciudadanía debe aceptarlos y respaldarlos a pesar de la oposición que presenten algunas organizaciones.

LA CIUDADANÍA PIERDE

En efecto, la ciudadanía pierde. Porque ante cada posibilidad de que el gobierno y los grupos de presión pacten respecto a un no hacer (aquel no impulsar proyectos de modernización y desarrollo, a cambio de que éstos no ahoguen la ciudad con prestas), lo único que queda en el fondo es la consolidación de privilegios indebidos mutuos, que finalmente quien los paga y padece es la ciudadanía.

El caso del transporte público es paradigmático: todos los medios de transporte público existentes en la entidad oaxaqueña no sólo son malos, sino que son lo que sigue de eso (es decir, pésimos, deprimentes, riesgosos, inseguros, anárquicos y, por si fuera poco, tolerados). Por su parte, la autoridad, que permanentemente promete regulación estricta y aplicación de la ley sin distingos, siempre termina siendo comparsa de los transportistas, quienes la tratan como si fuera su subordinada y no su reguladora. ¿Y qué hacemos los ciudadanos ante todo eso? Como tal parece que no nos queda de otra, aguantamos… y les seguimos pagando.

Con esos antecedentes, los transportistas menos que nadie tienen la calidad moral para exigir a la autoridad municipal que no construya un Metrobús. No la tienen porque ellos, los concesionarios, son el reflejo vivo de ese fracaso y corrupción galopantes que dominan al sector. Y la autoridad estatal —que de autoridad sólo tiene el nombre— sólo sigue prometiendo lo que de antemano (por sus mismos compromisos económicos o políticos con el gremio) sabe que no podrá o querrá cumplir.

Así, ¿en base a qué los taxistas y demás concesionarios exigirán que no se construya el Metrobús? ¿Exigirán su no construcción a cambio no de comprometerse, sino de ejecutar un verdadero cambio profundo en la forma en que presta su servicio? ¿O serán tan desvergonzados que dirán que no quieren el Metrobús, porque eso les significará competidor que no tienen, y que tampoco quieren, y que eso les mermaría las ganancias económicas que hoy pagamos los oaxaqueños por esa suerte de oligopolio anárquico del transporte público?

SIN CALIDAD MORAL

¿Queremos seguir sumidos en el atraso? ¿Queremos seguir viviendo en esa ciudad anclada al pasado, y que por eso mismo no permite dar paso al presente? ¿Queremos seguir siendo rehenes de esos grupos de presión que sólo defienden sus intereses? Los transportistas debían comenzar a legitimar sus exigencias con acciones. ¿A poco están dispuestos a cambiar radicalmente el servicio caro y malo que todos los días ofrecen a la ciudadanía? Para exigir, hagan. ¿Qué dan a cambio de su “no” al Metrobús?

+ Objetivo: minar credibilidad de adversarios

A la dirigencia estatal del tricolor, y a sus líderes fácticos, se les puede acusar de todo, menos de tontos. Eso es lo que no parecía entender el diputado federal, y ex presidente del Comité Directivo Estatal, Jorge Franco Vargas, ante su obcecación por seguir peleando, en los tribunales jurisdiccionales de Oaxaca y del país en materia electoral, su supuesto “regreso” a la dirigencia priista. Parecía más un acto de testarudez y de ambición de poder y revancha, que de auténtica razón legal. ¿Estuvo siempre equivocado, o qué quería en realidad el ex Dirigente tricolor?

Desde un inicio, el diputado Franco Vargas sabía que el resultado de la empresa legal que emprendería, no le sería favorable. Esto se fundaba en el hecho de que, si bien sí se separó de la dirigencia priista a través de una licencia —que luego dijo que era con el carácter de “temporal”—, ésta no necesariamente incluía la preservación de sus derechos partidarios como dirigente, durante la ausencia de su encargo.

Todo esto quedaba reforzado, por el hecho de que el Comité Estatal del tricolor llevó a cabo cuando menos tres sustituciones más en el cargo de Presidente del Partido, realizadas conforme a los procedimientos establecidos por los estatutos priistas. Cada una de esas sustituciones era convalidada por procedimientos que la dirigencia priista conocía a la perfección, y que anteriormente ya habían sido ratificados, para esos casos, como legalmente válidos por las instancias partidarias, electorales y jurisdiccionales competentes.

El diputado Franco Vargas sabía todo eso desde el principio. De hecho, en diversas ocasiones él mismo había llevado a cabo —u “operado”, como se dice coloquialmente en el argot político— procedimientos internos similares, para convalidar otras decisiones del Jefe Político (el Gobernador del Estado, emanado del PRI) respecto a cómo se debía renovar la dirigencia tricolor, quiénes debían ser los beneficiarios, y cuál debía ser el procedimiento correcto, justamente para luego no enfrentar problemas legales de este tipo.

Franco sabía, además, que si el PRI en su conjunto, ha tomado siempre decisiones cupulares, en negociaciones, e incluso manotazos abiertos por parte de quien detenta el poder, para luego darles las formas jurídicas adecuadas y “vestirlos” legalmente hasta poder hacerlos pasar como legítimos e indiscutiblemente válidos ante las instancias revisoras, las decisiones recurrentes (del entonces gobernador Ulises Ruiz) que motivaron tanto su retiro de la dirigencia priista, como las sustituciones por parte de Jorge Toledo Luis, Adolfo Toledo Infanzón y Eviel Pérez Magaña, podrían tener todos los cuestionamientos democráticos posibles (porque de hecho eran decisiones totalmente unilaterales, tomadas al seno de una organización “democrática”), pero no respecto a sus formas legales.

No podían, nunca, darse el lujo de que sus decisiones, además de antidemocráticas, fueran ilegales. Por eso, podían acusarlos de todo, menos de tontos… o de violar las leyes que los rigen.

Y si el diputado Franco Vargas sabía todo eso —porque él mismo siempre fue beneficiario de esa “democracia”—, ¿entonces por qué decidió ir a los tribunales estatales y federales en materia electoral, a presentar alrededor de una decena de procedimientos en defensa de sus derechos políticos electorales, y de la posición de Presidente del CDE “con licencia” que, según, continuaba ostentando?

La respuesta se encuentra en los intereses facciosos, no en la democracia.

MINAR AL PRI

Si hubiera que contar la historia de las acciones emprendidas por el diputado Franco Vargas en los últimos meses, ésta se resumiría en un frío “de más a menos”. ¿De qué hablamos?

De que en los primeros meses del año, cuando el legislador priista —que además, teniendo una producción legislativa tan, pero tan pobre, simplemente hace insostenible su argumento de justificación, de que desea regresar a la dirigencia priista “para seguir trabajando a favor de Oaxaca”— aún se ostentaba como “presidente con licencia” ante los sectores de la militancia que aún lo recibían y reconocían como parte de los baluartes priistas, éste se notaba como un representante partidario con cierta ascendencia, y sobre todo con apoyos importantes (económicos, políticos, de logística, etcétera) para poder realizar “giras de trabajo” por docenas de municipios por toda la entidad.

Luego, cuando se decidió a presentar los recursos legales ante los tribunales de la materia, también dijo que realizaría reuniones con la militancia para poder impulsar los cambios que requería la dirigencia estatal. Para sus reuniones, fantasmalmente había abundantes recursos económicos que, quienes lo conocen, aseguran que salía de cualquier otro lugar, menos de su fortuna personal. Su recurrencia, y las acciones paralelas que ocurrían respecto a estas convocatorias, pronto dieron la idea que ese sospechoso impulso en realidad provenía de algunas instancias del gobierno estatal, también en manos de otros “interesados” en “recuperar” su partido.

Tomando en cuenta la situación, queda claro que muy probablemente el diputado Franco Vargas sí engañó a más de uno en el gobierno estatal, respecto a las posibilidades reales de triunfar en los tribunales. Pareciera que a partir de esa promesa le habrían sido suministrado los satisfactores a todas las necesidades que requería la recuperación de la dirigencia tricolor.

En ese mismo sentido, pareciera que conforme se fueron desdibujando esas posibilidades, también se fueron diluyendo los apoyos y la presencia real del diputado Franco Vargas.

De inicialmente realizar giras de trabajo, pagar algunos espacios en medios de comunicación, y tener cierto respaldo de la militancia, terminó siendo un engaño de él mismo. La última parte de su defensa la llevó a cabo únicamente haciendo declaraciones esporádicas y reservando su imagen lo más posible tanto de la clase política, como de los medios de comunicación.

PROMESAS FALSAS

¿Prometió lo que no podía cumplir? ¿O es que el objetivo de siempre fue el de, cual kamikaze, minar la credibilidad de la dirigencia tricolor aún a costa de también acabar con el poco sustento que le quedaba como militante priista? Independientemente de cuál sea la respuesta, lo que queda claro es que después de tantas promesas y “compras de esperanza” que más de uno le hizo, Franco Vargas terminó ganando absolutamente nada.

+ Superar atavismos, necesario para democracia

¿Quién en los medios informativos, y particularmente entre los dueños y administradores de los medios, no conoce aquella inmortal frase soltada por el presidente José López Portillo ante las críticas que hacía a su gobierno el Semanario Proceso: “no les pago para que me peguen”?

Aunque se pregona que México es hoy un Estado democrático, en el que las instituciones y el poder público garantizan las libertades de expresión e imprenta, queda claro que no existe mecanismo alguno para garantizar que la libertad de pensamiento quede plasmada en publicación alguna. Ante la discrecionalidad y el medio coactivo que es la publicidad oficial, hoy en día, en este México del siglo XXI, sigue siendo por completo actual la máxima: El gobierno no le paga, a nadie, para que le peguen.

Esto no es privativo de un ámbito de gobierno, ni mucho menos de una facción o grupo: más bien, es un asunto estructural de nuestro entorno político. Para nadie es un secreto que lo que ahora se acentuó como un verdadero monstruo de coacción y premio respecto a la publicidad gubernamental, y a la relación entre los gobiernos y la prensa, durante mucho tiempo fue una más de las formas de connivencia entre medios y gobernantes.

Hoy es imposible cerrar los ojos. La discrecionalidad total en la asignación de pautas publicitarias oficiales, era una tropicalizada y particular “forma perfecta” de relación entre los hacedores de la prensa y los gobernantes, en los tiempos del partido hegemónico.

El Gobernador, o el Presidente, erigidos en Jefe Político de su territorio, eran capaces de hacer hasta lo imposible no sólo por ejercer a plenitud el poder, sino para que todos lo vieran. En ese contexto, se explotó largamente, desde el poder, la ventaja de contar con recursos económicos; de poder asignarlos con entera libertad, y de tocar con ello las fibras más ambiciosas y codiciosas de quienes, en el gremio, se dejaban seducir, o eran seducidos a fuerzas, por tales tentaciones.

No obstante, los tiempos cambiaron, y con ello el régimen de partido hegemónico se desincorporó; la sociedad comenzó a exigir más seriedad, y los medios se dieron cuenta que en los destellos de pluralidad y crítica, había un nicho de mercado inexplorado, y por eso mismo ávido de información. Ante tal disyuntiva (ser crítico o mantener la publicidad oficial), hubo quien comenzó a decidir. Y para todo medio en esas circunstancias, era directamente proporcional la relación entre ganar credibilidad, pero perder dinero.

¿SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?

Todos estos hechos podrían llevarnos, sin tomar en cuenta los aspectos subjetivos, a una conclusión posible: el gobierno debía haberse vuelto más democrático; y esa democracia significaría el establecimiento de reglas y procedimientos claros, justos y equitativos, en todos aquellos procesos que antes eran discrecionales por razones de poder, pero que debían estar regulados justamente por la necesidad de ponerle fin a esas prácticas tentadoramente autoritarias.

Y sí, aceptémoslo, eso ocurrió en diversos rubros, pero no en lo relativo a la publicidad oficial. Eso no ocurrió, seguramente no sólo porque el gobierno, o el Estado en su conjunto, se hayan resistido a hacerlo, sino porque quizá frente a cualquier intento, también se toparon con las resistencias, y con los atavismos, de quienes, desde la prensa, justamente no querían el fin de esos esquemas. ¿De qué hablamos?

De que como muchas cosas que ocurren en México, aquí estamos acostumbrados a hacer ilegal lo que bien podría ser apegado a derecho. Es decir, que en el campo que nos ocupa, esa falta de regulación deliberada no sólo ha sido alimentada por quien desea no seguir pagando para que le peguen, sino también por quienes desean no pegar para que les sigan pagando. El escenario es tan crudo como eso.

No obstante, México debía transitar a un panorama menos atávico. Es decir, el gobierno debería dejar de pensar que el dinero que gasta en publicidad es para imagen del gobernante, y más bien comenzar a tener la perspectiva de que esos recursos son del Estado, y como tal deben servir no sólo para difundir campañas sociales o logros de gobierno. Deben servir para informar a la población de asuntos relevantes, para encauzar ciertos temas; y, por qué no, quizá en forma mínima, también para garantizar el ejercicio de la libre expresión…

Eso no significa descubrir el hilo negro, y mucho menos perder la dignidad. Más bien, sería la consecuencia de la existencia de un marco estricto, en el que quedara claro que el dinero para publicidad no es del gobernante ni para su beneficio, sino que es del Estado y es para provecho y construcción del interés general.

Y por eso mismo, los comunicadores, y los dueños de los medios, debíamos también dejar de lado esos atavismos de que cualquier relación con el gobierno significa entreguismo, pacto oscuro o acuerdo inconfesable. Debíamos exigir que ese presupuesto establecido para publicidad se gastara completo, y se gastara bien (con equidad, transparencia y reglas claras) para beneficio de todos.

No se trata de pactar; tampoco se trata de “resistir” o de apelar al heroísmo. O bueno, no tendría por qué tratarse de eso. El problema en Oaxaca es que el gobierno sigue prometiendo que establecerá reglas democráticas para ese rubro, pero lo único que hizo fue modificar los esquemas autoritarios del pasado, para establecer nuevos… que en esencia, parecen no haber cambiado en nada aquella vieja “regla” del poder, del “no te pago para que me pegues”.

¿Qué falta? —podríamos preguntarnos. Pues bien, falta todo. Falta la disposición del poder público para establecer ese marco necesario; falta que todos —sociedad, prensa y poder—, superemos nuestros particulares atavismos. Falta que los gobernantes dejen de pensar que la prensa debe pagar por las afrentas que ellos tienen con otros políticos. Pero sobre todo, falta que dejemos de seguirnos dando baños de pureza, respecto a asuntos en los que verdaderamente hemos avanzado muy poco.

¿QUÉ HACER?

Por todo eso, más bien sería bueno que todos juntos viéramos para adelante. Pero que al mismo tiempo tuviéramos el valor de hacernos responsables por nuestra democracia, y por esos aspectos que aunque no lo parezca, son sustanciales para la vida pública de nuestro estado. (Palabras pronunciadas por el autor de esta columna, ayer durante el foro “Publicidad institucional: transparencia y equidad”, convocado por la UABJO y la Agencia Quadratin Oaxaca).

+ En 2012 no competirán; buscan aluvión de Peña

Con la oficialización de la lista de consejeros políticos nacionales del PRI por Oaxaca, quedó constatado lo que se podía percibir fácticamente: que existe un pacto tácito entre el dirigente Humberto Moreira y el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, para que éste siga teniendo mano sobre el Comité Directivo Estatal de ese partido en la entidad, a cambio de las posiciones que no le dieron en la dirigencia nacional del PRI. Por eso, ni al ex Mandatario, ni al diputado Eviel Pérez Magaña, les interesa terminar con el conflicto interno que existe en ese partido.

En efecto, desde hace meses se podía percibir la existencia de un acuerdo cupular entre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el Jefe del grupo político que gobernó Oaxaca hasta noviembre del año pasado. Como éste último (el ex gobernador Ruiz) había sido uno de los más fuertes impulsores del dirigente Humberto Moreira y del gobernador Enrique Peña Nieto, ahora reclamaba espacios en el CEN priista.

Sin embargo, su mala imagen a nivel nacional le impidió llegar a alguna de las carteras partidistas. Al PRI no le interesó pagar el costo político de esa decisión. Y por eso lo mantuvo en el bajo perfil, a cambio de darle completa libertad para continuar decidiendo en el priismo oaxaqueño.

Sólo a partir de eso puede entenderse que la dirigencia de Eviel Pérez Magaña en Oaxaca continúe viva, no sólo frente a los conflictos creados por el priismo orgánico que ataca desde el oficialismo, sino sobre todo frente al enojo general por la falta de capacidad de diálogo y consenso con todas las corrientes partidistas, así como por la impericia política que ya se le hizo cotidiana al Dirigente Estatal. Hoy, por eso, ni siquiera los priistas tradicionalmente más institucionales, reconocen en Pérez Magaña a un dirigente legítimo y eficaz en sus tareas de partido.

Si hacemos el recuento de todos los tricolores que en algún momento se han pronunciado en contra de la dirigencia estatal, o que sin hacerlo trabajan al margen, e incluso en contra de ella, podremos ver que el número es simplemente alarmante. Todos se duelen no sólo por la falta de capacidad del Dirigente Estatal, o por las imposiciones antidemocráticas que han ocurrido, sino que en el fondo todas sus protestas llevan implícito el interés por obtener, a través de la inconformidad y la negociación posterior,  alguna de las candidaturas que estarán disponibles para 2012.

Hasta hoy, nadie ha logrado nada por varias razones: primera, porque el Jefe del grupo político que aún tiene en las manos al PRI Estatal, no está dispuesto a negociar con nadie; segunda, porque no quiere negociar con nadie; tercera, porque está seguro de que los pactos nacionales le permitirán llegar hasta el umbral de la definición de las candidaturas al Senado y las diputaciones federales; y cuarta, porque saben que con el solo hecho de que el Dirigente Estatal siga siendo un afín a ellos, les permitirá tener cierto margen de maniobra para incluir, en la lista de candidatos, a alguno de los personajes que ellos, y sólo ellos, pretenden proteger o beneficiar con un cargo legislativo, o a quienes incluso pudieran comenzar a ver como “su proyecto” rumbo a la sucesión gubernamental en Oaxaca del aún lejano año 2016.

Por eso no quieren negociar nada, ni incluir a nadie, ni terminar con el conflicto, porque saben que independientemente de las presiones y los ataques, ellos tendrán la fuerza suficiente para llegar al umbral del 2012 y subirse al “carro” y los efectos de la elección presidencial, para ahí buscar nueva vida. En el fondo, todo eso se deja ver en la poco incluyente, nada democrática, y sí bastante cuestionable lista de consejeros políticos nacionales que se dio a conocer en los días previos.

CONFIANZA EN

“EL EFECTO PEÑA”

Realmente, en Oaxaca las elecciones del año próximo no serán realmente evaluadoras ni del trabajo desempeñado por el gobierno estatal, ni tampoco del relativo a las fuerzas de oposición. Eso lo sabe el grupo del ex gobernador Ruiz, y por eso pretende llegar vivo, y con el control (así sea por la vía de la respiración artificial) de la dirigencia estatal del PRI. Pretende hacerlo para luego subirse a la campaña presidencial, y desde esa posición de comodidad, tratar de sacar sus propias ventajas. Veamos si no.

En primer término, las elecciones que verdaderamente constituirán un elemento de evaluación para los partidos políticos y el gobierno en Oaxaca, serán las locales de 2013. En los comicios federales del año próximo, lo que ocurrirá son únicamente las réplicas de los efectos de la campaña presidencial.

De este modo, al no haber voto diferenciado, es muy probable que el Candidato a la Presidencia ganador obtenga también buena parte de las diputaciones y senadurías. Y los candidatos a éstos últimos cargos, independientemente de que sean buenos o malos, carismáticos o impopulares, podrán beneficiarse de ese efecto sin siquiera despeinarse. Es lo que pasó en 2006 en Oaxaca respecto a Andrés Manuel López Obrador. Y es a lo que los priistas le apuestan en 2012.

En efecto, al menos en Oaxaca el priismo, todo, no ha tenido disposición real o estrategia de posicionamiento por parte de quienes pretenden, o ya tienen una candidatura en la bolsa. Todos, más bien, han intensificado sus movimientos y cabildeos en la ciudad de México. Aunque al final todos esperarán a que arranque la campaña presidencial, para colgarse de ella y hacer proselitismo común.

La ventaja es evidente: El Abanderado Presidencial, y el PRI, tendrán amplísimos espacios en medios; contarán con todo tipo de propaganda. Y en términos globales, serán los encargados de posicionar electoralmente al priismo en la escala nacional. Por eso el grupo del ex gobernador Ruiz pretende montarse en esa inercia. Por eso, resistirá todo en los meses por venir. Y por eso, seguramente veremos que aún cuando se ahonde el conflicto, el ulisismo-evielismo persistirá hasta llegar al momento de las candidaturas. Así tratarán de sobrevivir a la desgracia actual. Más claro ni el agua. ¿Apuestan?

FORO EN LA UABJO

Hoy, a partir de las 9 horas, en el Paraninfo de la UABJO se llevará a cabo el foro “Publicidad institucional, transparencia y equidad”, en el que se hablará con amplitud de las relaciones comerciales entre el gobierno y la prensa, y los rejuegos y amagues que ocurren en torno a ella. El contenido del programa se puede consultar en: http://bit.ly/p8OQ7W ¡Participe!

+ Nadie tiene capacidad (ni ganas) para “unificar”

Pocos han reparado en que la verdadera guerra interna del priismo oaxaqueño, no se encuentra entre los institucionales y los disidentes —es decir, entre aliados y detractores del dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña—, sino fundamentalmente entre quienes se asumen como sus adeptos. En efecto, conforme pasa el tiempo va quedando más claro que ese es su frente más riesgoso. Y que todo se complica, porque no existe una sola figura —local o nacional— con la voluntad, el mandato y el peso político suficiente para lograr un proceso de relativa unificación.

Aunque hoy los grupos afines y adversos a Eviel Pérez Magaña comienzan a actuar con cierta claridad, es evidente que su lucha se va desdibujando con el simple correr del tiempo, pues esto significa la convalidación de la dirigencia estatal que él encabeza, y por ende la supuesta definición de las candidaturas a diputados federales y senadores. Al no poder derrocar a Pérez Magaña, todos los grupos disidentes quedarán condenados a no conseguir su objetivo final (las candidaturas), y ver cómo pasa el “más de lo mismo” en las definiciones, que desde hace meses reclaman.

Sin embargo, habría que poner en una perspectiva muy amplia y relativa, la posibilidad de que en realidad Eviel Pérez Magaña pueda definir alguna candidatura en el PRI. Queda claro que ante la ausencia de Jefe Político y de liderazgos de peso en el priismo oaxaqueño, las decisiones más trascendentales respecto a las candidaturas, y al mismo destino de la dirigencia estatal, serán tomadas en un momento específico (bajo la lógica del más puro pragmatismo, o las conveniencias de ese solo momento) y desde el Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México.

En ese sentido, también queda claro que la lógica que seguirá el Comité Nacional priista, y el equipo del Candidato Presidencial, será muy distinta a la de los priistas oaxaqueños: ellos no estarán pensando en democracia, en reglas fácticas de antaño, en grupos políticos testimoniales, o en “equilibrios” entre aspirantes: ellos, únicamente tomarán en cuenta razones de competitividad, y algunos pactos verdaderamente copulares, y bajo esas condiciones asignarán candidaturas a quienes puedan ganar las curules, y a quienes sean parte de los compromisos de ellos (no de la dirigencia estatal de Oaxaca, que seguramente no tendrá voz, y mucho menos voto).

Parece claro que los priistas oaxaqueños no logran entender eso. Propios y extraños, “institucionales” y disidentes, han hecho todo para tratar de desestabilizar la dirigencia de Eviel Pérez, pensando que con ello pueden posicionarse frente al otrora Jefe Político (el ex gobernador Ulises Ruiz), o presionar para ser tomados en cuenta. Del mismo modo, los lisonjeros de siempre han hecho lo contrario para “agradar” a quienes consideran que pueden ayudarlos a obtener una candidatura.

Nadie comprende que si hay quien siga peleando y pujando por la dirigencia estatal del priismo oaxaqueño, únicamente lo hace para arrebatar el cargo y, en todo caso, sentirse “importante” por “encabezar los destinos” de su partido en la entidad, pero no para influir en la toma de decisiones respecto a la candidatura. Y no es porque no quieran, sino porque ninguno de los jefes reales del priismo nacional le va a permitir, a nadie en Oaxaca, que tome una decisión que sólo les tocará a ellos.

GUERRA INTESTINA

Qué duro debe ser para el ex gobernador Ulises Ruiz, no poder controlar a su grupo. Ellos son, sus antiguos colaboradores —hoy diputados locales y federales, el Senador de la República, funcionarios del Comité Estatal del tricolor, etcétera— quienes de verdad están empedrando la existencia a su Ex Candidato a Gobernador, y pretendido “heredero” del poder político del priismo en Oaxaca.

En efecto, hoy ni el llamado “frente renovador” ni los respectivos grupos del diputado federal Jorge Franco Vargas, ni el de Germán Espinosa Santibáñez, o cualquier otro, hace tanto daño a la “unidad” del priismo… como los mismos priistas que siempre claman por preservarla. Veamos si no.

Aunque no son enemigos abiertos, hoy Eviel Pérez Magaña está enfrentado con prácticamente todos los diputados federales. Todos, cada uno por su lado, aunque supuestamente aún leales al ex gobernador Ruiz, ambicionan con llegar a la candidatura al Senado; por otro lado, el senador Adolfo Toledo puja, desgastando silenciosamente a su dirigencia estatal, para afianzarse en una diputación federal. Varios diputados locales piensan en las candidaturas a escaños federales. Y más de uno no deja de pensar en que puede llegar a ser Senador.

Cabe resaltar que de todos ellos, ninguno pertenece ni a la corriente de Franco, ni a la de Espinosa o a la de los “renovadores”; y que la gran mayoría nunca se ha pronunciado públicamente en contra de su Líder Estatal, o de las decisiones que se toman para seguir reciclando a los mismos personajes de siempre en las carteras partidistas, o en las candidaturas del próximo año. No dicen nada, pero hacen labor continua de desgaste. Y eso es tanto o más riesgoso que las batallas abiertas.

El problema que tienen todos es que, del mismo modo, no tienen con quién negociar. En Oaxaca todas las esferas fueron rebasadas. Al ex gobernador Ruiz, el CEN priista le respeta la dirigencia estatal, a cambio de que no pida más. Humberto Moreira tampoco parece muy preocupado en poner orden o fin a esta disputa. Y todos coinciden, en el fondo, en que éste no es el momento ni la circunstancia específica en la que tendrán que tomar sus decisiones. Lo harán cuando tengan que hacerlo. Y, sin duda, lo harán de acuerdo a sus propias necesidades y sin preguntar a nadie.

Por eso, lo único que han logrado los priistas es dejar en claro que ante la falta de su Jefe Político y de esa especie de “orden coactivo” que éste imponía, ellos pueden llegar a cometer, a cambio de nada, todo tipo de actos de canibalismo y violencia intrapartidista. Con esas actitudes sólo se exhiben. Porque de ganar-ganar de a de veras, no verán mucho. O nada.

REBANADAS DE AIRE

Empleados de confianza del gobierno estatal, hacen llamados desesperados para que ya les paguen los nueve meses de salario que les adeudan. Sólo en la Secretaría de Economía y Turismo, son más de 20 trabajadores en esa situación. ¿Sabrán de esto el gobernador Gabino Cué y el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga? Ojalá demostraran sensibilidad pagando a esas personas, que no piden limosna sino la justa retribución a su trabajo.

+ Presidente y Congreso: peleados… no sirven

No se concibe que en una democracia que se dice “madura”, como la nuestra, el Presidente no tenga capacidad de negociar ni de ser respetado por quienes integran el Congreso de la Unión, ni mucho menos que a éstos tampoco les interese escuchar y hacer posicionamientos claros respecto a lo que diga el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Ante expresiones de esa naturaleza por parte de quienes son depositarios de los poderes del Estado, queda claro que algo anda mal (muy mal, podríamos decir) en nuestra democracia. El problema es que nadie tiene el ánimo de diagnosticar seriamente qué es eso que está mal, y sobre todo, nadie con poder tiene ganas de resolverlo.

El formato del informe presidencial fue modificado hace cuatro años, como parte de una serie de acuerdos políticos que pretendieron ser un primer intento de reforma política. Aunque inicialmente se hicieron pronunciamientos respecto a la modificación de aspectos sustanciales de la Constitución, en realidad el Presidente concedió, a través de su partido, la modificación a instituciones como el Instituto Federal Electoral, a cambio de que se le dieran más libertades en su actuación y en su relación con los poderes federales.

Se determinó a su favor, por ejemplo, que el formato del informe presidencial cambiaría para quedar en la simple presentación ante la Cámara de Diputados de un informe anual de gobierno aunque sólo por escrito, y a través de un emisario.

También se estipuló —por si ya nadie lo recuerda— que el Presidente ya no tenía que pedir permiso al Congreso para abandonar territorio nacional, sino únicamente cuando la ausencia rebasara determinado tiempo. El caso es que cuestiones como esas pretendieron “agilizar” el trabajo presidencial. Aunque en realidad fueron síntomas de que nadie tenía ánimos de una interacción sana y democrática entre poderes federales, ni siquiera por el asunto más mínimo.

Se supone que el formato de informe presidencial que incluía la presencia del Presidente de la República, y la emisión de un mensaje a la nación, en la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año corriente, tenía por objeto que éste informara del estado que guardaba la nación hasta el momento, y que también tuviera la oportunidad de escuchar el posicionamiento de los representantes del pueblo mexicano. Era, además, y aunque parezca extraño, una forma de convalidación de que la división de poderes, no significaría la disputa entre poderes.

Esta práctica, sin embargo, fue viciada por el presidencialismo priista, hasta convertirla en el llamado “Día del Presidente”. Durante las décadas de gobierno del partido hegemónico, el 1 de septiembre se convirtió en la fecha en el que el Mandatario afianzaba su calidad de Jefe Político de la nación, y era adulado y vituperado por todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, el fin de reinado priista, la llegada abrupta de la democracia y la inmadurez de las fuerzas políticas para asumir el nuevo rol que les tocaba jugar, provocaron no sólo la extinción del Día del Presidente, sino también la ruptura de las relaciones institucionales entre poderes. En 2006, Vicente Fox —en buena medida por sus propios errores— fue incapaz de al menos ingresar al recinto legislativo para leer su informe de gobierno. Y el año siguiente, el presidente Calderón fue objeto de todo tipo de abucheos. Como si el interpelar ahí al Presidente resolviera, por sí solos, los grandes problemas nacionales.

PODERES PELEADOS

En adelante, el Presidente de la República no volvió a ir, para nada, al Congreso Federal. Éste se ha manifestado en todo tipo de ocasiones como un poder autónomo e independiente que no acepta la injerencia presidencial. Y aunque esa postura es válida y hasta plausible, lo cierto es que ello no debería ser el punto de partida de una trifulca en la que unos y otros no pueden hablar, y tampoco tienen interés en hacerlo.

En España, por ejemplo, el Presidente del Gobierno no sólo sí acude al Parlamento, sino que también debate directamente con los representantes populares que lo cuestionan e interpelan.

Ahí existe esa capacidad porque el hecho de polemizar no significa pelear ni mucho menos que eso termine en una disputa que pudiese llegar hasta otras instancias. Se supone que el diálogo y el disenso debían ser partes naturales de toda democracia, como también lo debería ser que esos disensos y esas polémicas fueran abiertas, fueran hechas en un marco de tolerancia, y que fueran hechas a favor del país desde todos los frentes. El problema es que en México no parece haber voluntad común de los hombres y las mujeres del poder, para cumplir con esas exigencias democráticas.

Dialogar no significa pelear, como tampoco debe significar necesariamente que por reunirse y compartir puntos de vista se deban hacer compromisos oscuros ni componendas secretas. Ese “sospechosismo” permanente, es lo que, en buena medida, en México impide que los representantes federales puedan tener diálogos abiertos, fluidos y de cara a la sociedad. Nunca se reúnen, y cuando lo hacen es sólo o para pelear, o para transar ciertos beneficios comunes.

Pero queda claro que eso no debiera ocurrir en un país como el nuestro, en donde hay tantos problemas y tantas necesidades urgentes e importantes por satisfacer. El hecho de que los poderes tengan relaciones deterioradas o nulas, habla de la poca madurez y capacidad que tienen nuestros actores y fuerzas políticas para construir esos acuerdos y esas estrategias que finalmente no le servirán a sus respectivos partidos, sino que nos servirán a todos.

En la medida que no entendamos eso, veremos cómo nuestra democracia se continúa desgastando, y cómo nuestro país se sigue sumiendo en el atraso, en las manos de los criminales organizados, y en la falta de competitividad que hoy de nuevo nos tiene en la tablita frente a la nueva incertidumbre y nerviosismo de los mercados internacionales. Si no acordamos no habrá nada. Aguas.

VOLVER AL PRIMITIVISMO

Una de las primeras garantías que se estableció en los marcos jurídicos contemporáneos, fue la de la libre expresión. Hoy, la constante agresión que sufren los trabajadores de la información (aunque al molestar a uno, nos molestan a todos), es un reflejo clarísimo del nivel de respeto a los derechos humanos, y del nivel real de compromiso que existe por parte del Estado para cumplir con las aspiraciones comunes de la Constitución. Qué lamentable.

+ Asuntos políticos: urgente, delimitar el término

Cuando Jesús Martínez tomó posesión como secretario General de Gobierno de la administración estatal, anunció una reestructuración de la dependencia, para crear sendas subsecretarías regionales que se dedicaran a atender directamente los asuntos relacionados con la política interna del estado. Esto, de inmediato despertó la duda entre quienes deberán ser partícipes de la decisión. ¿Es necesario crear más burocracia? ¿O es que estamos ante un nuevo caso de duplicidad de funciones y funcionarios?

Martínez dejó clara su intención, desde el momento mismo de su toma de posesión como secretario de Gobierno. En su primer discurso como funcionario estatal, dijo al respecto que “para lograr una respuesta ágil del gobierno a las demandas de la población, pero sobre todo para atender eficaz y oportunamente los problemas y conflictos más severos de la entidad, es preciso modernizar y descentralizar la estructura actual de esta secretaría de gobierno para acercarlo a la sociedad.

“Es por ello que propondré la creación de ocho subsecretarías regionales de gobierno, una por cada región del estado. Estas subsecretarías contarán con los recursos necesarios para su operación y tendrán todas las facultades y capacidad resolutiva para atender las demandas y conflictos en el lugar donde se presenten, a efecto de que los ciudadanos y grupos demandantes no tengan que trasladarse hasta la capital del Estado…”

E incluso, anticipándose a quienes lo señalarían por estar generando un incremento de burocracia, plazas, salarios y gastos operativos, aseguró que “esta regionalización no implica mayores erogaciones presupuestales. Se realizará por medio de la compactación de plazas y de la desconcentración de personal hacia las regiones definidas. La idea es acercar el gobierno a las diferentes comunidades del Estado para hacer más expedita y eficiente la respuesta a las demandas más urgentes de la población…”

De primera impresión, parecería que la intención actual de la Segego no sólo es necesaria, sino también práctica: hasta hoy, queda claro que en la realidad no existen operadores gubernamentales legitimados, y con las capacidades y la voluntad suficientes, para atender problemas sociales con prontitud y eficacia, y evitar así que éstos se atiendan hasta que las protestas llegan a la capital oaxaqueña, o hasta cuando ocurren confrontaciones que terminan en violencia, heridos o muertos.

No obstante, junto a ello debemos preguntarnos: ¿Qué no es esa una de las razones por las que fueron creadas las delegaciones de gobierno, ahora denominadas Módulos de Desarrollo Sustentable? ¿Qué no era parte de su naturaleza no sólo la atención, sino también la detección y el “monitoreo” de los conflictos, así como el suministro de la información sensible al gobierno estatal, de los sucesos relevantes que ocurren en las comunidades pertenecientes a su respectiva jurisdicción?

Queda claro que lo que ha ocurrido en el gobierno estatal, hasta ahora, no es el viraje de las funciones o la naturaleza de las antiguas delegaciones de gobierno, ahora Módulos de Desarrollo Sustentable, sino más bien la pérdida del enfoque sobre la necesidad de dar atención integral a los asuntos sociales y políticos de la entidad.

¿ASUNTOS POLÍTICOS?

Ahora bien, lo primero que debería quedar claro es qué se entiende por “asuntos políticos”, y sobre todo, qué se entiende respecto a la posibilidad de darles facultades a los nuevos subsecretarios de la Segego, o a los funcionarios de los Módulos de Desarrollo, para resolverlos. A partir de esto podremos entender si es necesario reorientar el organigrama de la Segego; si lo que ocurrirá será duplicidad de funciones y estructuras gubernamentales. O si en realidad todo se puede resolver nombrando a gente capaz y responsable en una instancia u otra. Pero vayamos por partes.

En su sentido literal, se entiende por “asuntos políticos” todos aquellos que tienen ver con la vida y el interés general de una comunidad. En una segunda posibilidad, complementaria de la primera, se entiende también por “asuntos políticos” todos los que se encuentran relacionados con las definiciones relacionadas con el gobierno, las elecciones, la democracia y, en general, el interés general de quienes tienen la calidad de ciudadanos de la República. Una más, mucho más laxa, es la que interpreta a los “asuntos políticos”, como las cosas que por alguna razón debe atender el gobierno, en aras de mantener la paz y la estabilidad social.

Tal parece que las funciones de la Segego, relacionadas con el manejo de la política interna del Estado tienen, en efecto, bastante que ver con asuntos políticos. Sobre todo, en cuanto a la atención de conflictos, la búsqueda de concertación y la operación para sostener el Estado de Derecho. Formalmente, ni la Segego, ni ninguna otra instancia del Poder Ejecutivo, tiene capacidad para influir en las definiciones electorales o democráticas de una comunidad. Eso le corresponde, en todo caso, al Congreso del Estado supletoriamente al sistema electoral establecido.

Ahora bien, qué se espera de las nuevas subsecretarías de la Segego, y qué es lo que no han hecho los Módulos de Desarrollo Sustentable. Idealmente, las primeras debían abocarse a la atención de esos asuntos relacionados con la política interna del Estado. Pero debiera esperarse, que independientemente de que existieran o no esas delegaciones regionales de la Segego, esencialmente los Módulos de Desarrollo sirvieran como instancias facilitadoras en la construcción de acuerdos y distensión de conflictos en las comunidades.

Lamentablemente ese enfoque es el que se perdió. En los Módulos nadie asume esa parte de responsabilidad que naturalmente debía corresponderles. Sin crear una sola plaza o gasto nuevo, los Módulos debían pasar a la potestad de la Segego, para así atender de mejor modo los asuntos políticos, sin seguir inflando a la burocracia. ¿Querrán sacrificar al amigo (Benjamín Robles) en aras de la funcionalidad?

REGAÑADO…

Dicen que luego de su última gira por los Estados Unidos, a quien le jalaron fuerte las orejas fue al secretario de Turismo, José Zorrilla. ¿La razón? Que prefirió quedarse en Oaxaca a atender sus negocios (cosa común en él), a acompañar al Gobernador a entrevistarse con empresarios e inversionistas americanos. ¿Se habrá quedado cosiendo los uniformes, que luego vende a precio de oro al mismo gobierno para el que trabaja?

Sólo han (medio) atendido temas urgentes

A los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, debiera preocuparles, y en serio, su inactividad, su proclividad a secundar las decisiones oficiales, y su falta de resultados tangibles a favor de la democracia y el buen gobierno en Oaxaca. A pesar de que en este año se hicieron reformas importantes a la Constitución, esto en ningún sentido significa —o debe hacerse creer, deliberadamente— que por sí solas las modificaciones legales sean suficientes para cambiar la delirante situación en la que se encuentra el gobierno y la sociedad oaxaqueña.

En efecto, cuando están a punto de cumplir su primer año de ejercicio legislativo, los diputados estatales bien pueden decir que cumplieron el “papel histórico” que les tocó desempeñar, únicamente por la reforma constitucional que aprobaron en abril pasado.

No obstante, más allá de cualquier posición políticamente correcta, o de los intentos de justificación y exaltación por parte de sus panegiristas de siempre, lo cierto es que ésta Legislatura llega a su primer corte de caja en medio de una lista interminable de faltantes, omisiones y decisiones lamentables, que ponen en duda no sólo su capacidad de interlocución o de diálogo civilizado, sino incluso la independencia que debieran tener del poder gubernamental y de la clase gobernante.

Contrario a lo que pudiera creerse, la cirugía mayor que le realizaron a la Constitución Política del Estado no significa el “gran logro” que seguramente pretende vender el Congreso local. No es así, porque hasta hoy ninguno de sus grandes postulados se ha cumplido, y dicha reforma ni siquiera ha sido defendida o legitimada por sus impulsores. Parece contradictorio, pero tanto el Gobierno del Estado como el Congreso local se han reído a carcajadas del cambio constitucional que ellos mismos decretaron. Veamos si no.

La modificación constitucional llevada a cabo en abril pasado, se supone que reorientó los equilibrios entre poderes. Acotó al Ejecutivo, dispuso la modificación de la organización interna del Poder Judicial; amplió los márgenes del Legislativo en el control de los demás poderes, y —se supone— transformó los órganos autónomos, como garantes alternos de nuestra democracia.

Sin embargo, hasta hoy todo eso parece haber quedado en simples acciones declarativas de buenas intenciones. Ninguna de las acciones hasta ahora emprendidas —además de las omisiones— ha cumplido con las expectativas verdaderamente democráticas con las que fueron concebidas.

Hoy es el día en que, por ejemplo, no se ha legislado nada respecto a los órganos e instancias del Poder Judicial que se crearon y transformaron; la renovación de los órganos autónomos hasta ahora ha sido un verdadero desastre. Y nada se sabe respecto a las normas secundarias que hacen falta para materializar los principios (los mecanismos de democracia directa, por citar un caso) ya plasmados en la Constitución estatal, pero que siguen durmiendo el sueño de los justos.

Hoy los diputados no pueden decir que sólo con eso su tarea está cumplida. Si bien es cierto que la labor primordial que les encomendó la voluntad popular tiene que ver con la creación de leyes, también es cierto que las circunstancias actuales le imponen también la necesidad de su participación en la conformación de los órganos del Estado, y en el control al Poder Ejecutivo. Y en eso, sin duda, los diputados tendrán una amplia calificación reprobatoria.

SÓLO VAN POR LO URGENTE

Es lamentable que, hasta ahora, los diputados —y el mismo Gobierno del Estado— sólo tengan capacidad para resolver (y eso no significa que de la forma correcta) los asuntos urgentes del Estado. No logran identificar que más allá de lo urgente, se encuentra lo importante. Y que en todos esos asuntos debieran también estar poniendo atención para evitar cuestionamientos y conflictos en el corto y mediano plazo.

Todos manifiestan beneplácito, por ejemplo, porque el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, esa alegría no debía traducirse en nada más, porque eso justamente (tener la capacidad para ponerse de acuerdo) es lo mínimo que deberían poder hacer, para verdaderamente resolver los problemas de la entidad.

Incluso, cada diputado, o la Cámara en su conjunto, atiborran sus respectivos informes de labores con interminables cifras sobre reuniones, foros, consultas, puntos de acuerdo propuestos, iniciativas presentadas e intervenciones en tribuna, pero nunca pueden decir con verdadera claridad, qué resultado se obtiene de todo eso en beneficio de la mayoría de la población.

Por eso, más allá del blof y de las posiciones que halagan el “reformismo” de la actual legislatura —como si con el solo hecho de cambiar una ley, se modificara inmediatamente todo el contexto y la realidad—, lo que debiera verse, y evaluarse, es qué resultado tangible y medible tiene hoy el trabajo legislativo. Una reforma cosmética, enunciativa y declarativa, que es ignorada y desestimada hasta por quienes la llevaron a cabo, sirve lo mismo que nada para una entidad en la que lo único que tiene capacidad de cambiar es la norma, pero no las formas políticas que determinan su cumplimiento.

Así, hablando en plata, ¿qué avance para la democracia significa la atropellada y cuestionada renovación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana?; del mismo modo, ¿qué beneficio real tuvo la también polémica y poco clara —y ampliamente influenciada desde el Gobierno del Estado— designación del nuevo Auditor Superior del Estado?

Del mismo modo, ¿dónde están aquellos grandes cambios que prometieron al marco legal para democratizar al poder? Éste último, sigue ejerciéndose en un marco de autoritarismo, no sólo por la voluntad del Gobernante, sino también por la sumisión de los diputados, que deberían servir como contrapeso, y no convalidadores oficiosos, de los caprichos o conveniencias del Titular del Poder Ejecutivo.

TODO SIGUE IGUAL

Al final, la actuación y el papel “histórico” que tanto se endilgaron ellos mismos, se reduce a nada cuando todo se intenta revisar a la luz de datos objetivos. Por eso, ojalá que a los diputados les sirva de algo el reconocimiento que están haciendo sobre sus insuficiencias. Ojalá que el tiempo que les resta no siga siendo sinónimo de simulación, de sumisión y de incapacidad de por lo menos explicar cuál es el fondo de las decisiones que toman.

¿Qué dirá hoy la justicia local sobre el amparo?

Luego de poco más de dos meses, ayer un juez federal concedió el amparo y protección de la justicia federal al ex titular de la Coordinación de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón. Con esa resolución, queda constatado el ánimo de persecución política tanto de la instancia de procuración de justicia, como del Poder Judicial del Estado, que desde el inicio eran evidentes pero que, ignominiosamente, decidieron llevar hasta las últimas consecuencias.

En efecto, desde mediados del mes de junio pasado, cuando Ruiz Cerón fue aprehendido y encarcelado, las instancias estatales encargadas del asunto establecieron que la detención ocurría en base a acusaciones relacionadas con el otorgamiento irregular de más de nueve mil concesiones, y así como con la no entrega a las arcas estatales, de los recursos económicos que los particulares habían pagado a Cotran por la emisión de esos documentos.

Sin embargo, pronto se supo que tales señalamientos, vertidos de boca del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, no eran tales. Más bien, a Ruiz Cerón se le había aprehendido en base a una denuncia penal que se había formulado desde la misma Cotran (en base a los señalamientos de dos de los funcionarios actuales), y teniendo como soporte copias simples de un expediente penal en el que los integrantes de un sitio de taxis de Santa María El Tule, se acusaban por la presunta ostentación de concesiones irregulares en sus automóviles de servicio público.

A Ruiz Cerón se le acusó directamente, de haber sido quien emitió esas concesiones irregulares. Y aunque fue aprehendido, encarcelado y declarado formalmente preso —actos en los que participaron la Procuraduría estatal y el Poder Judicial del Estado, conjuntamente—, siempre se supo que tales documentos fueron emitidos legalmente, en base a un decreto a través del cual la administración del gobernador Ulises Ruiz ordenó el inicio de un proceso de regularización de las concesiones irregulares que cumplieran con los requisitos que exigía la ley.

Y sobre todo, también siempre se supo —y también lo sabía la Procuraduría, que integró la Averiguación Previa, y el Poder Judicial del Estado que emitió la orden de aprehensión— que, particularmente, los taxistas de El Tule fueron algunos de los cientos de beneficiados por ese programa de regularización de documentos.

Sabían también que, además, tales concesiones fueron emitidas a partir de una resolución firme del Tribunal Contencioso Administrativo; e incluso tenían perfectamente claras cuestiones procesales tan simples como la relativa a que, en un expediente judicial, las copias simples no pueden obrar como medio de prueba, y que por su debilidad jurídica, ni siquiera pueden ser tomadas como indicio para sostener una acusación penal, que mantenga a un individuo privado de su libertad.

En relación a todo eso, en nuestra entrega del pasado 20 de junio advertimos lo siguiente: “Frente a cuestiones de este tipo, queda la duda sobre la capacidad habida en la Procuraduría General de Justicia para integrar las averiguaciones previas, y para probar los delitos que imputa a particulares.

Del mismo modo, este tipo de cuestiones despiertan la sospecha sobre el uso parcial de las actuaciones del Poder Judicial del Estado. En el peor de los casos, el Ministerio Público puede equivocarse o actuar facciosamente, ¿pero qué pasa cuando esos supuestos yerros o excesos, son convalidados por un juez que emite una orden de aprehensión sin tener a la vista verdaderos elementos de certeza, como para decir que sí se cumplen con los requisitos que exige la ley, y mandar a que se aprehenda a un individuo?”

La respuesta está a la vista: lo que se comete es una injusticia. Y lo que se demuestra es que, aún en los tiempos de las supuestas nuevas formas de hacer gobierno, los intentos de venganza y persecución política, utilizando como moneda de cambio la libertad y las garantías fundamentales de las personas, siguen estando a la orden del día.

¿USTED DISCULPE?

Hoy, ¿el “gobierno de todos” cómo podrá explicar el “palo” —como se dice coloquialmente en el argot de los litigantes— que les acaba de asestar el Poder Judicial de la Federación, amparando a Ruiz Cerón? ¿Recurrirán al amargo e injusto recurso del “usted disculpe”? ¿O seguirán acumulándole acusaciones penales altamente “chicaneadas” para ver si en cualquier momento éste se cansa de defenderse, y decide aceptar un posible pacto político que hubiese a cambio de su libertad?

Más bien, lo que queda en todo esto es la convalidación de que la falta de respeto a las libertades individuales sigue prevaleciendo. Que aunque los regímenes cambian, las prácticas continúan siendo las mismas. Y que, aún cuando los funcionarios actuales pueden “defenderse” asegurando que los priistas en su tiempo eso fue exactamente lo que hicieron para perseguirlos, lo cierto es que la ciudadanía votó por la alternancia justo para que ese tipo de prácticas no volvieran a ocurrir.

Es cierto. El camino legal que le espera a Gonzalo Ruiz Cerón aún es largo. Sin embargo, más allá de cualquier filia o fobia partidista o respecto a los regímenes de gobierno —porque Ruiz Cerón no fue ninguna perita en dulce—, lo que queda claro es que es, y será siempre inadmisible, que las disputas o venganzas políticas se intenten satisfacer a partir del uso indebido de las leyes y los órganos encargados de impartir justicia, y que éstas tengan como moneda de cambio los derechos fundamentales de cualquier persona.

Si el gobierno actual está tan seguro de los quebrantos y la corrupción del anterior régimen, tiene toda la oportunidad de formular correctamente las acusaciones respectivas, y procurar una justicia real, oportuna, y verdaderamente apegada a derecho. Lo único que esto demuestra es que como no tienen la capacidad —o los elementos— para ir en contra de sus adversarios políticos, lo que hacen es recurrir a las prácticas indebidas que sólo ponen en evidencia que ellos son también parte de esa vocación autoritaria y antidemocrática que prometieron combatir.

AGUAS CON EL FUTURO

Todo esto, sin duda, equivale a sembrar tormentas. Y quienes lo hacen, sin duda, cosecharán tempestades. Ojalá no olviden, como ahora mismo lo estará recordando Ruiz Cerón en prisión, que siempre los carniceros de hoy, serán las reses de mañana. Son los mismos. Los de ayer y los de hoy. Lo único que se invierten son las posiciones. Aguas.