+ ¿Cambio de nombre o evolución en la práctica?

La disputa por la candidatura presidencial que hoy, aún disimuladamente, protagonizan el ex abanderado Andrés Manuel López Obrador y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está impactando en Oaxaca a través del intento de transformación del Partido Convergencia en Movimiento Ciudadano.

Todo esto tiene profunda relación con nuestro estado, particularmente porque el gobernador Gabino Cué Monteagudo es de extracción convergente, y porque al acercarse el momento de las definiciones sobre la candidatura presidencial, será imposible que el gobierno de Oaxaca pueda sostener lealtad con esos dos personajes. Aquí, a través de sus respectivos representantes y grupos políticos, están librando una batalla que tiene lo mismo aristas perfectamente explicables, que tintes de una implacable guerra por el control de ese instituto político.

En el planteamiento de la propuesta para el cambio de nombre del PC a Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Rannauro sostiene que “lo hacemos ante la negación de la partidocracia para abrir espacios a las candidaturas de la sociedad; estamos trabajando para consolidar un gran movimiento ciudadano a favor del pueblo, en defensa de los que no tienen voz y a quienes se les pretende engañar desde el poder (…) Una Convergencia constituida en movimiento ciudadano que aliente las candidaturas ciudadanas, esa será la diferencia de nuestro partido con la partidocracia de México”.

Es decir, que en la perspectiva formal de quienes intentan reforma al PC, éste debe abanderar los espacios ciudadanos para tratar de llevarlos —como una alternativa a la fallida reforma política, que incluye la estipulación de las candidaturas sin partido— al poder a través de días distintas a la partidocracia tradicional, que según su visión, sólo impulsan a quienes defienden sus intereses cupulares, y no a los verdaderos ciudadanos que desean hacer algo por la sociedad.

Frente a este planteamiento, ¿cuál es la molestia de un sector importante de militantes de Convergencia, que se niega al cambio? En el aspecto visible, esencialmente, sostienen que el cambio de rumbo, siglas e identificación del PC, minaría el trabajo político que éstos han realizado a lo largo de una década para construir y apuntalar ese partido. Además, se resisten a que desaparezcan los comités directivos estatales, y se centralicen las decisiones y las estructuras electorales en un solo comité central, que disponga para todo el país.

Además de todo eso, queda claro que los grupos de poder dentro de Convergencia sostienen esta disputa por al menos dos razones: la primera, porque a través de la ciudadanización y el cambio de siglas, se pretende también modificar partes importantes del planteamiento político y la estructura de mando de ese partido, centralizándolo.

Y segundo —que parece lo más importante—, porque se dice que todo esto no parece ser sino un “traje a la medida” de Andrés Manuel López Obrador, para que éste asuma la candidatura presidencial a través de la cual compita en los comicios federal de 2012, y para que sus redes ciudadanas “absorban” el trabajo y el capital político —mucho o poco— de Convergencia, justamente a cambio de que todo eso garantice que se obtenga el dos por ciento de la votación total en esos comicios, y el PC pueda mantener su registro como partido político nacional.

¿CIUDADANIZACIÓN REAL?

Como ha quedado claro, el planteamiento central de este intento de modificación, es el establecimiento del 50 por ciento de las candidaturas de Convergencia para líderes o representantes ciudadanos, y con ello, dicen, lograr tanto el incremento de su militancia, como la atención a la ciudadanía que hoy se encuentra enojada y desilusionada de la partidocracia que impera en nuestro país.

Más allá de los nombres y las disputas, e incluso de la viabilidad y la buena decisión de abrir el partido y sus candidaturas a la ciudadanía, queda la pregunta: ¿Con este cambio de rumbo, el PC dejará de ser el coto de poder, que fue creado por unas cuantas personas hace casi 15 año, y que en buena medida fue construido y manejado en base a la migración de disidencias de otros partidos, que lograron espacios relativamente importantes de poder a cambio de dejar la dirección real del partido en una sola persona?

Queda claro que en el fondo, un verdadero proceso de democratización sustentable del PC, tendría que pasar no sólo por la apertura de candidaturas y espacios de decisión a la ciudadanía —pues esa es una exigencia hoy para todos los partidos—, sino también por un verdadero proceso de inclusión y democratización interna —que eliminara la figura e injerencia omnímoda del “líder moral” de ese partido, el senador Delgado.

Incluso, tendría que quedar perfectamente establecido que una modificación de tales magnitudes no debe estar encaminado, y ni siquiera tener visos, de ser una reforma a modo que favorecerá a un solo grupo político, o a un solo aspirante presidencial. Queda claro que el PC de hoy, no es aquel instituto político de representación, democracia y alcances meramente testimoniales que fue a un inicio, sino que tiene una militancia que, en su proporción de partido minoritario, es pujante y no está dispuesta a aceptar cambios o imposiciones inopinadamente.

Por eso, y porque Oaxaca es uno de los territorios clave para conseguir la permanencia de ese partido, es que aquí es donde está ocurriendo una de las mayores resistencias que ha presentado el intento de modificación a las estructuras del PC. En el fondo, no sólo se pelean los militantes, sino que también es una medición de fuerzas entre los grupos —hoy enquistados en el poder— que pretenden respaldar el abanderamiento de dos candidaturas distintas: la de López Obrador, y la de Ebrard.

Los intentos reformistas, en este campo de la lucha abierta por el poder, están respaldados por Benjamín Robles Montoya; los opositores tienen el respaldo de Alberto Esteva Salinas. Uno y otro representan intereses contrarios, dentro de su mismo partido, y ambos —aunque lo nieguen— buscan la candidatura al Senado.

CIRUGÍA MAYOR

Una intervención quirúrgica mayor al tejido político de su partido y de los grupos de poder, es la que deberá hacer el gobernador Cué para mantener los equilibrios de cara a los comicios del próximo año. Esto no es tan sencillo como decidir “entre melón y sandía”. ¿Recuerdan cuando se advertían los riesgos de las alianzas? Ya casi los tenemos a la vista.

+ Proteger DH’s, por encima de cualquier polémica

Cuando en el mes de diciembre del año pasado, el sacerdote católico y director de la casa del migrante “Hermanos en el camino”, ubicada en Ciudad Ixtepec, Alejandro Solalinde Guerra, denunció que habían ocurrido por lo menos dos secuestros masivos de migrantes centroamericanos, el gobierno de Oaxaca —entonces recién asumido por la administración actual— se quedó prácticamente inmóvil ante una avalancha de críticas y de evidencias de inmovilismo que, si bien no eran del todo su responsabilidad, sí ponían en evidencia la falta de criterios y políticas encaminadas a defender los derechos de los transmigrantes.
A partir de diversas evidencias, plenamente estudiadas y documentadas, se sabe que la transmigración está lejos de ser un proceso social nuevo en México. De hecho, año con año, y desde hace décadas, llegan a la frontera de Chiapas, decenas de miles de ciudadanos de varias naciones centro y sudamericanas que pretenden cruzar nuestro país en aras de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace décadas se sabe de estos procesos de migración, y también se conocen perfectamente los abusos que, tanto autoridades como grupos criminales, cometen en su contra mientras se encuentran en territorio nacional.
Frente a todo eso, durante años la justificación del gobierno federal para no evitar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que cometían tanto agentes federales, como policías y corporaciones locales, y grupos criminales, contra los transmigrantes, era que como éstos se introducían al territorio nacional de forma ilegal, entonces el Estado no podía hacerse cargo de ellos, ni de su seguridad ni de la tutela de sus garantías fundamentales. A partir de este criterio legalista, erróneo y decimonónico, todas las autoridades levantaban los hombros para hacerse ajenas a la corrupción y los abusos que estaban a la vista, y de muchos de los cuales también ellas eran parte a través de las redes de trata y tráfico de personas.
Sin embargo, queda claro que más allá de las justificaciones siempre estuvo la realidad y sus sucesos implacables. El recrudecimiento de la guerra que libra el Estado mexicano contra los criminales, y la “diversificación” de actividades delictivas que éstos realizan para sostenerse, provocaron que ese rubro totalmente desprotegido y olvidado por la tutela del Estado se convirtiera en uno de los preferidos de los criminales.
Así fue como las bandas criminales pasaron de ser transportadoras de sustancias prohibidas, para también convertirse en secuestradores, asaltantes y extorsionadores. Y su mercado más fértil fueron los migrantes, a quienes lo mismo podían extorsionar y matar, que enrolar en sus filas, o convertirlos en “dealers” o guardias, y a las mujeres prostituirlas, esclavizarlas, o hacerlas tratantes de personas. Como el Estado no se hacía cargo de ellos, y legalmente “no existían”, entonces eran los elementos perfectos para las actividades que ellos realizaban.
Sin embargo, a la par de todo esto se encontraba la mirada de la ciudadanía que era testigo de esos abusos; además, de decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales que se preocuparon por la defensa de los derechos fundamentales de los transmigrantes, e incluso por la sensibilidad de algunos gobiernos que decidieron no seguir cruzándose de brazos y hacer algo verdaderamente importante para procurar las condiciones mínimas de vida y seguridad para quienes pretenden llegar a los Estados Unidos.

GOBIERNOS INMÓVILES
Así fue como en diciembre, una denuncia de particulares sobre el secuestro de un grupo de migrantes en el municipio de Chahuites, Oaxaca, motivó la alerta de los medios de información nacionales e internacionales. Cuando eso ocurrió, y todos se toparon tanto con el gobierno federal, como con el estatal, se dieron cuenta que ni uno ni otro estaban preparados para el reto que significaba garantizar las condiciones mínimas de seguridad de aquellos seres humanos que, aunque ilegales en México, tienen también la calidad de personas, y por tanto la protección de las leyes nacionales, y diversos tratados internacionales signados por México.
Fue a partir de las denuncias del padre Alejandro Solalinde, que el gobierno federal inició un proceso paulatino de depuración de agentes del Instituto Nacional de Migración, y reforzó los patrullajes en los puntos más importantes de tráfico de migrantes, no sólo para capturar y deportar a los ilegales, sino también para evitar que éstos fueran presa de los grupos criminales.
El gobierno de Oaxaca, por su parte, disimuladamente tuvo que reconocer en diciembre pasado que hasta entonces no existía ningún tipo de política o preocupación oficial, de la pasada administración, por atender un problema que en gran medida estaba haciendo crisis en territorio oaxaqueño, y del que también podrían haber sido parte agentes de corporaciones policiacas estatales o municipales de los territorios involucrados.
Frente a eso, el Gobierno de Oaxaca se comprometió, también en diciembre pasado, a reforzar tanto las medidas de seguridad para los transmigrantes, así como a establecer mejores condiciones para que éstos pudieran tener acceso a la procuración de justicia en caso de ser objeto de abusos. Incluso, se tenía la expectativa de que el gobierno entrante habría de reforzar la política social para brindar cierto tipo de atención a todas aquellas que estaban de paso por nuestro territorio, pero que, aún así, y en ese lapso, son también problema de nuestro gobierno y nuestra ciudadanía.
Hoy, cuando nuevamente existen denuncias de que en la zona de Medias Aguas, en Veracruz, ocurrió un secuestro masivo de transmigrantes, el gobierno de Oaxaca reitera su preocupación, aunque también debiera informar qué medidas sustanciales ha tomado para tratar de disminuir la incidencia delictiva en contra de los transmigrantes.

HACER MÁS
Eso es lo que deberían hacer. De nada sirve, para ningún gobierno o actor político, el irse a tomar la foto con las personas afectadas por cierto problema —como para que la ciudadanía crea que sí existe algún tipo de preocupación oficial por lo que ocurre—, pero que a las primeras de cambio todos se olviden del asunto, y esperen a que todo haga crisis para volver a acordarse de él. Aquí, con sensibilidad, debiera haber más atención a este asunto que todo el tiempo, y por diversas circunstancias, lastima a quienes van buscando una mejor calidad de vida que la que tienen en sus países de origen.

+ Elevar la recaudación, pero con posibilidades reales

Cuando a principios de año se hicieron los primeros señalamientos, respecto al error en que incurría el gobierno estatal en su insistencia sobre el cobro de la tenencia vehicular en las mismas condiciones y montos de siempre, más de uno supuso que los señalamientos, y la inconformidad, tenían algún tinte o trasfondo político o partidista.

Hoy, cuando la recaudación estatal presenta serios problemas por la falta de contribuyentes, y cuando existen además innumerables alternativas para regularizar la situación tributaria de los vehículos de motor, es positivo que la administración estatal reconozca su error y comience a tomar medidas para evitar que los oaxaqueños emplaquen sus vehículos en otras entidades federativas.

En un primer momento debe quedar claro que, contrario a lo que asegura la Secretaría de Finanzas, el hecho de que un contribuyente oaxaqueño emplaque su vehículo de motor en otra entidad federativa, no constituye violación alguna a la ley. Si bien es cierto que es un principio constitucional que todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir, de manera proporcional y equitativa, al sostenimiento del gasto público tanto de la Federación, y la entidad federativa y municipio en el que residimos, también es cierto que la autorización para la emisión y portación de placas de circulación la otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esencialmente, esa es la razón por la que, independientemente del estado emisor de las placas de circulación, todas las placas son válidas para todos los vehículos automotores de particulares, en todo el territorio nacional, siempre que hayan cumplido con los requisitos que exige la ley.

En ese sentido, hasta hace apenas unos años, la discusión sobre la validez de las placas de circulación, y la emisión de las mismas, era prácticamente inexistente, dado que para poder portar las láminas identificadoras, todos los contribuyentes debían pagar un impuesto federal. Esto hacía que, independientemente de que las placas se tramitaran en Chiapas o en Baja California, de todos modos todos tuviéramos que pagar, como requisito previo, la misma cantidad de dinero por concepto de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y que por tanto todos estuviéramos sujetos a la misma norma.

No obstante, la abrogación de la Ley sobre la Tenencia Vehicular en el ámbito federal, abrió de inmediato el abanico de las posibilidades de no pago a favor del contribuyente. Esto porque aún cuando existen entidades federativas —como Oaxaca— en las que el impuesto (ya estatalizado) subsiste, en otras éste fue derogado.

Así, en estados como Puebla, Tlaxcala y próximamente el Estado de México, el requisito previo para obtener las placas de circulación fue eliminado, dando completa libertad para que cualquier persona pudiera emplacar su vehículo —y regularizar automáticamente su situación fiscal— en ese territorio, y hacerse con ello ajeno a las maniobras de los gobiernos estatales por continuar cobrando altos impuestos vehiculares.

Se sobreentiende que cada ciudadano debe emplacar sus vehículos en su lugar de residencia. No obstante, y por un principio de simple lógica y conocimiento de la realidad de nuestro país, indica que antes que eso el contribuyente siempre buscará pagar menos, o cuando menos hacerlo con las mayores facilidades posibles. Y es que aunque eso último (la facilidad en el pago) parece un requisito paternalista, en realidad en un estado como Oaxaca ello resulta ser determinante.

PAGAR, UNA TORTURA

Independientemente de cualquier discusión respecto a si este impuesto prevalece o debe ser eliminado en Oaxaca, alguno de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas debería darse una vuelta, cualquier día, por las oficinas de recaudación, Tránsito del Estado, y demás instancias involucradas en el proceso de emplacamiento de un vehículo, para darse cuenta lo complicado, poco accesible, y hasta tortuoso que resulta ese pago.

El primero de los obstáculos con los que se encuentra el contribuyente, radica en las constantes fallas que tiene el sistema interno de la Secretaría de Finanzas, para determinar las cantidades que deben pagar no sólo quienes van a realizar trámites de emplacamiento, sino cualquier otro contribuyente que debe pagar impuestos o los derechos de algún otro trámite ante instancias oficiales. Cualquier ciudadano debe esperar por lo menos una hora —cuando tiene suerte— para poder ser atendido por un funcionario que le proporcione los documentos, la línea de captura y los formatos para luego acudir a una institución bancaria a realizar los pagos correspondientes.

Independientemente del monto del pago realizado por concepto de tenencia, luego el contribuyente debe pasar por un nada sencillo trámite burocrático ante la Dirección de Tránsito del Estado, para que finalmente ésta le otorgue el registro al vehículo, le tome las calcas a los elementos de identificación, y le proporcione las placas, el engomado y los hologramas que acrediten que el procedimiento fue llevado a cabo conforme a lo que marca la ley.

En Oaxaca todo esto resulta ser un trámite poco accesible para el contribuyente. Y toda esta situación se agrava mucho más —para las arcas estatales—, cuando frente a ese procedimiento larguísimo y enfadoso para los particulares, aparecen gestores que ofrecen —y cumplen— realizar ellos todo ese trámite en otra entidad federativa, a un costo mucho menor (incluyendo, lógicamente, los honorarios del gestor) que el que debía pagarse a la Secretaría de Finanzas, y evitando vueltas y mohínas a los contribuyentes locales que prefieren pagar antes que pasar por ese vía crucis.

Es cierto que lo ideal sería que todos pagaran en Oaxaca lo que les corresponde. Sin embargo, como ese es un idealismo lejísimos de poder ser realizado, lo único que le queda a la Secretaría de Finanzas es idear las formas adecuadas no sólo para hacer económicamente más accesible el impuesto a los particulares, sino también (y esos sí son anhelos) que pudieran darle un destino específico a esos recursos, que abrieran verdaderos programas de regularización, y que pudieran hacer más simples los trámites para pagar.

¿MUCHO PEDIR?

Más que de fórmulas mágicas, este parece ser un asunto de imaginación y sensibilidad, que si lo lleva a cabo correctamente la administración estatal, para 2012 puede contar con muchos más recursos, de captación propia, que los que tiene ahora. Habrá que ver si hay capacidad para hacerlo.

+ Presente y Senado: ¿Ya estará todo decidido? No

Aunque parecen sendos temas partidistas, o de disputas entre grupos políticos, las relaciones internas del Partido Revolucionario Institucional, y entre éste y el Gobierno del Estado, son —o debían ser— del más alto interés público. No se concibe una sociedad democrática en la que la principal fuerza de oposición se encuentra en el extravío total; pero tampoco puede ser esto concebible cuando el grupo gobernante decide entablar relación con sus opositores, pero ocupando no la vía institucional sino el “golpismo”.

Independientemente de qué pase en su relación con las demás fuerzas políticas, queda claro que el priismo hoy se encuentra convertido en una especie de torre de Babel, en la que todos discuten y todos gritan, pero nadie hace ni dice nada concreto.

Mientras desde el poder se enderezan fuertes embates para tratar de debilitarlo y perseguir a ciertos elementos de la administración anterior de origen priista, los más importantes grupos del tricolor se encuentran extraviados en sus propios intereses y proyectos personales. Haciendo un repaso rápido de los militantes que “heredaron” la dirigencia tricolor en Oaxaca luego del 4 de julio de 2010, bien podremos darnos cuenta que todos están, valga la redundancia, en todo, menos en lo que deberían.

¿En manos de quién quedó el priismo? Quedó, formalmente, tanto en manos de la dirigencia estatal, como de quienes encabezan las representaciones legislativas del tricolor oaxaqueño. De ahí que además del diputado Eviel Pérez Magaña, el PRI de Oaxaca en cierto modo también quedó en manos del diputado local, coordinador de su bancada y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Martín Vásquez Villanueva, y del diputado federal, y coordinador de los diputados federales del PRI por la entidad, Héctor Pablo Ramírez Leyva.

En cierta medida, además, el PRI en Oaxaca quedó también en manos de los otros diputados federales, del senador Adolfo Toledo Infanzón (tanto en su calidad de legislador, como de líder de la CNC), de los diputados locales y de los dirigentes sectoriales de ese partido.

El problema es que, aunque parecen ser muchos, y muy “importantes”, los nombres de los militantes priistas enumerados, lo cierto es que todos hacen poco o nada por verdaderamente defender las siglas, el posicionamiento y la importancia de su representación partidaria en la entidad.

Todos los enumerados, y varios más, tienen puestas todas sus energías y atención en la disputa por las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales que están próximas a disputarse.

A nadie le ha interesado más allá de lo decoroso e indispensable, el hecho de que hoy la presencia política real del priismo está siendo fuertemente minada tanto por el abandono como por sus opositores (que de ladrones y corruptos no los bajan); que el gobierno estatal endereza una guerra feroz en contra de quienes considera “peces gordos” de la pasada administración, y que para ello está utilizando lo mismo métodos legales que abusivos. Todos parecen estar más interesados en las próximas candidaturas que en la estabilidad, la supervivencia e incluso el trabajo verdaderamente decoroso y responsable que pueda estarse realizando hoy, para abonar las candidaturas de mañana.

Vayamos a lo concreto. Hoy, por ejemplo, vemos francas campañas encaminadas a posicionar electoralmente a personajes como Martín Vásquez o Sofía Castro. Ambos tienen ya pagada publicidad a través de diversos medios. Habría que preguntarse, en el caso del primero: ¿De verdad creerá que su trabajo en el Congreso local es, primero, digno de ser presumido ante la ciudadanía; y segundo, creerá que eso (que es sinónimo de entreguismo, sumisión y falta de propuesta y sustento frente al poder) le es suficiente como para aspirar a un nuevo cargo legislativo?

Y en el caso de la diputada Castro es más o menos similar. El pasado viernes, incluso, ya se “destapó” como aspirante al Senado en un acto proselitista realizado en la región de la Mixteca, al que llevó a la secretaria General del CEN priista, Cristina Díaz. ¿De verdad cree que alterando los tiempos, y convulsionando al priismo con sus futurismos, logrará algo? ¿De verdad son tan ingenuos? ¿O es que las ambiciones de fuero y poder los han enloquecido?

RELACIÓN NOCIVA

Empero, no sólo es en esa banda que todas las cuestiones parecen descompuestas. Si mucho de lo que ocurre al interior del priismo por sí mismo está descompuesto, lo está aún más el tipo de relación que se intenta desde el exterior no para entenderse institucionalmente con el priismo, sino para colonizarlo.

Desde hace meses, es clara la intención del gobierno estatal de apersonarse a través de priistas resentidos para tratar de llegar a la dirigencia estatal. Aunque son muchos sus dichos de democracia e institucionalidad, lo cierto es que sus prácticas los revelan como una simple renovación del pasado. El oficialismo, hoy, pretende entablar relaciones con los detractores para tratar de “entablar relaciones” con un priismo a modo, domado y afín a los intereses del grupo gobernante.

Éste, que es un intento temerario y riesgoso, además de ser una moneda al aire, no hace sino enturbiar una relación que ya de por sí es difícil, y que debía encauzarse si es que todos juntos desean el bien para Oaxaca. Es inconcebible la apuesta oficial de impulsar a los peores detractores del priismo, para que a través de llamados “democráticos” puedan derrocar a un grupo que, les guste o no, tiene aún a la dirigencia del priismo en sus manos.

¿De verdad el gobierno cree que teniendo una oposición aparente, orgánica y domesticada, podrá incrementar sus bonos democráticos? Quizá pueda acrecentar su margen de maniobra y su capacidad de decisión. Pero en esas condiciones (un PRI encabezado, por ejemplo, por Jorge Franco o, aún peor, por Germán Espinoza) no podría pasar, ni en lo más mínimo, por el tamiz de la democracia.

COMO LOS CANGREJOS

Se supone que en las democracias modernas, a un gobierno fuerte le conviene una oposición fuerte, para que ésta lo legitime. Y los intentos oficiales por desmantelar a un priismo que ya de por sí es débil, no hacen sino dejarlo en las peores condiciones posibles. Porque aún con esa oposición endeble, es poco lo que el gobierno ha podido hacer a su favor en estos primeros seis meses y medio de gobierno. Así, podría decirse que no es que no lo dejen… es que les cuesta trabajo hacer las cosas bien. Grave, ¿no?

+ Sólo inmovilismo, improvisación y estruendo

Hoy debería preocuparnos sobremanera las múltiples señales, que siguen apareciendo por doquier, de que México es un país sin proyecto y sin rumbo. Aunque somos una nación con más de cien millones de habitantes, y una riqueza natural y productiva inmensa, nuestra sociedad y gobierno no pueden traspasar la barrera de resolver sólo los problemas cotidianos e inmediatos, y desde hace tiempo las grandes discusiones han sido aplazadas, o reemplazadas por la reyerta, las disputas bizantinas, o las francas luchas por el poder.

Uno de los rasgos más característicos de esta situación, es que México ha tratado de ser reinventado cada seis años, no sólo en el ámbito federal, sino también en lo tocante a las entidades federativas, los municipios, e incluso los núcleos sociales más básicos. Se ha vuelto costumbre en nuestra sociedad, que el capricho es bien visto como sinónimo de poder, y que la lejanía con el sentir social y con el disenso, son también características propias de quien ejerce el poder. Bajo esa lógica hemos andado un camino sinuoso que hoy, a la luz de los resultados, sólo nos ha dejado desastres.

Hoy tenemos ejemplos abundantes de ese fracaso. Sólo en las administraciones estatal y federal que tenemos más a la mano (es decir, la recién terminada del gobernador Ulises Ruiz y la del presidente Felipe Calderón), hemos visto cómo las acciones inopinadas e intransigentes no son sino sinónimo de testarudez, de obras controversiales, y de un enorme malestar ciudadano por la carencia no de visión o de talento, sino de sensibilidad de los gobernantes.

En el caso particular de Oaxaca, el gobierno de Ulises Ruiz decidió la construcción de un manteado en el Auditorio Guelaguetza. Aunque lo propusieron desde inicio del sexenio, y luego se resistieron a ejecutarlo por la falta de consenso y aprobación ciudadana, no fue sino la fortaleza (sí, fortaleza) obtenida por el conflicto magisterial del 2006 (cuando el gobierno se dio cuenta que ni la Sección 22 ni los grupos de lucha social organizados eran capaz de derrocarlo), que la administración estatal se decidió a edificar la velaria, independientemente de lo que la ciudadanía dijera o disintiera.

¿Qué beneficio real, tangible, medible, traerá a Oaxaca esa obra? Quién sabe. ¿Qué impacto positivo tiene sobre la ciudad? Más allá de la opinión ciudadana (que es el aspecto subjetivo por excelencia), igual, nadie sabe. ¿Qué consenso tuvo? Ninguno. ¿Y lo necesitaba? En una sociedad democrática, sí. Pero en una como la nuestra —tan apática y a la vez tan urgida de soluciones—, no. Y así fue.

Ahora bien, veamos lo que ocurre con el gobierno federal. Apenas el pasado jueves, hubo un intenso debate, inédito, entre el presidente de la República y el poeta Javier Sicilia, que encabezó por todo el país una marcha en contra de la inseguridad y la violencia, pero también en contra de la política de seguridad federal, por considerarla errónea y promotora de la muerte y el luto en más de 40 mil familias mexicanas.

A pesar de que el diálogo fue fraterno por momentos, y por otros duro e incluso condenatorio, al final todo pasó para que nada cambie. Esto porque si bien el gobierno federal se comprometió a escuchar todas las voces y a rectificar cuando sea necesario, en realidad todos esos fueron planteamientos demagogos, y tendientes a neutralizar las críticas de quienes junto con Sicilia cuestionan la estrategia de seguridad, pero no de verdad para cambiar algo sustancial.

PAÍS DE MAGIA

Otro de los aspectos que, además de los anteriores, revela nuestra indisposición al cambio y al debate real de los temas urgentes para el país, es la incapacidad que ha demostrado nuestra clase política para abordar los temas de verdad prioritarios para la nación, y la enorme cantidad de tiempo que ha perdido en la esterilidad del debate inicuo entre fuerzas políticas, partidos o facciones, por la detentación del poder.

Imbuidos en esa lógica, cada seis años los candidatos a cargos públicos prometen la reinvención del país; la solución de los problemas más apremiantes, y la materialización de las respuestas. Pero una vez en el poder se curan en salud asegurando que no existen remedios infalibles para hacer todo lo que antes habían prometido. En esa lógica se nos ha ido gran parte del tiempo como nación.

En este sentido, el periodista René Delgado apuntaba el pasado sábado en su columna Sobreaviso, publicada en el periódico Reforma: “Sexenio a sexenio retumba en los oídos el socorrido recurso o regaño, subrayándole a la ciudadanía que no hay fórmulas ni varitas mágicas para corregir errores o resolver problemas. Los gobernantes regañan a los gobernados por andar creyendo en esas supercherías, pero nomás no se plantean en serio sentar las bases para modificar —así sea, en el largo plazo— esa realidad generadora de resbalones y malestares. No hay magia dicen, pero no trabajan a ciencia, conciencia y paciencia en la solución de los problemas. El absurdo de esa conducta es que los propios dirigentes, sexenio a sexenio, agitan en el aire esas varitas para ver si, de milagro, se hace la magia…

“Desde fines del siglo pasado y dado el robo de autos se determinó la necesidad de contar con un registro de automóviles y ésta es la fecha en que ese registro no acaba de integrarse. Desde fines del siglo pasado y dada la inseguridad pública se determinó la necesidad de integrar una nueva Policía Federal y ésta es la fecha en que se debate el modelo policial nacional deseado.

“Desde fines del siglo pasado y dado el problema de recaudación fiscal se determinó que no podía seguirse sangrando a Pemex y ésta es la fecha en que la reforma fiscal no acaba de concretarse. Desde principios de siglo y, quizá, desde antes se planteó la reforma del Estado y los diputados están decididos a crear un foro de discusión. Desde hace una eternidad se habla de la simplificación fiscal y, año con año, el asunto se complica: el contribuyente requiere del especialista para saber cómo, dónde, cuándo tiene que pagar impuestos.”

LOS MISMOS PROBLEMAS

¿Qué remedio han hallado, con verdadera eficacia, los hombres y mujeres que conducen nuestra nación, a por lo menos alguno de ese listado de problemas? Tal parece que ninguno. ¿Y qué, y cómo, hemos exigido nosotros como ciudadanos? Queda claro que nada. Así no podremos esperar que haya, por arte de magia, solución a ninguno de los problemas que se supone que son apremiantes para toda la población.

+ Vicios tolerados y coronados por indolencia oficial

No son pocos, ni son recientes los casos de corrupción habidos en las escuelas públicas oaxaqueñas, a todos los niveles. Particularmente, luego del conflicto magisterial ocurrido en 2006, en docenas de instituciones educativas públicas de nivel básico, se destaparon auténticos hoyos de vicios y excesos fomentados por los mismos directores y líderes sindicales de varias escuelas.

En algunas, incluso, hubo hasta auténticos conflictos internos que llegaron a afectar —aún más de lo “normal”— la educación de los alumnos. De ello fueron ejemplo, negro, escuelas secundarias como las Técnicas 1 y 6 de la capital oaxaqueña. No obstante, y como era de esperarse, esos son casos meramente enunciativos de actos de corrupción que, toleradamente, ocurren hasta en las escuelas de nivel medio superior de mayor prestigio en nuestra sociedad.

Un caso lamentable es el del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 123. En esa institución, se han fomentado diversos vicios de corrupción desde la dirección general, que pronto podrían hacer crisis, ante la mirada complaciente tanto de la “democrática” Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, e incluso la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la SEP.

¿Qué ocurre en esa popular escuela de nivel medio superior, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino? Que su director, Mario Mariano del Carpio Laflor, ha tomado a esa institución como una más de sus propiedades, y a partir de ello ha ocupado su prestigio, sus recursos económicos y hasta su infraestructura, para beneficio no de los alumnos ni de la calidad académica, sino de él y su familia. No obstante, tanto sus omisiones como autoridad máxima de esa escuela, como sus excesos en la disposición de los recursos, hoy se encuentran plenamente documentados.

Para muestra, tres botones. Primero. Mario del Carpio llegó a la dirección de ese plantel hace más de una década, en mayo de 2001. Desde su arribo, contrató los servicios de mantenimiento y reparación de todos los equipos de cómputo del plantel, a un individuo de nombre José Luis Mota Ojeda, a través de una empresa denominada Capacitación y Servicios de Cómputo. Cinco meses después, en octubre de 2001, lo contrató a través de una plaza administrativa, y al año lo nombró como jefe del Departamento de Servicios Escolares del turno vespertino.

Mientras todo ello ocurría, y según documentación de la que obra copia en poder de esta columna, la dirección del CBTIS 123 compraba equipos de cómputo a costos mucho más elevados que los precios del mercado; de acuerdo con el detalle de las facturas, asimismo se deduce que al mes de adquiridos los equipos era necesario darles servicio de mantenimiento, a cargo de la misma empresa, que también eran pagados a costos mucho mayores que los de cualquier otro centro de servicios de esa naturaleza.

Lo más grave del asunto, es que el proveedor tanto de equipos como de servicio de mantenimiento, es nada menos que el yerno del director Del Carpio Laflor. De acuerdo con documentos públicos, José Luis Mota Ojeda es esposo de Claudia Eugenia del Carpio Hernández, hija del referido funcionario educativo.

DUPLICIDAD DE FUNCIONES

Pero además, y como segundo botón de muestra, Mario del Carpio es socio mayoritario de una preparatoria privada denominada Centro de Estudios Tecnológicos Antonio de León (CETAL). Curiosamente, varios trabajadores del CBTIS 123 aparecen también en la plantilla de de esa escuela particular. Una de ellas es Aracely Fajardo Núñez, quien es socia activa y trabajadora de ambas instituciones.

Aunque originalmente en el CBTIS ella tenía una plaza administrativa, el director del Carpio le otorgó una plaza de 30 horas “Titular A”, en la que es requisito indispensable el trabajo frente a grupo. Sin embargo, sin cubrir ese tiempo de verdadero trabajo docente, y continuando hasta la fecha su labor en cuestiones administrativas, hoy ostenta una plaza de “Titular B”. En ese sentido, nadie se explica cómo la DGETI autorizó una y otra plaza, cuando no existe un horario docente que respalde el movimiento de dichas plazas.

No obstante, eso no es lo peor. Otro más de los fundadores del CETAL que continúan como trabajadores activos del CBTIS 123 es Ubaldo Cruz Vargas. Sorprendentemente, aún cuando éste ostenta una plaza docente de tiempo completo (40 horas/clase a la semana) en el CBTIS, también funge como director general del Centro de Estudios Tecnológicos Antonio de León. Nadie se explica cómo realiza ambas funciones, si se supone que tanto dirigir una institución, como el tener una plaza de tiempo completo, implica la dedicación de todo el tiempo laboral disponible para un solo día.

Y tercer botón de muestra. Desde hace años, el director Del Carpio Laflor tiene conocimiento de la existencia de una empleada de esa Institución, de nombre Blanca Iriarte Aragón, que ostenta un título profesional apócrifo. En ese sentido, aseguran que en un documento expedido en el mes de febrero de 2001, por el entonces director de la Preparatoria Número 2 de la UABJO, Noé Octavio Salinas Carrasco, éste certificó que en el archivo de la institución no existe registro o documentos de la supuesta alumna, con lo cual se corrobora la falsedad de su certificado de nivel medio superior; existe también un documento de la Dirección General de Profesiones, en el que se constata que su título y cédula profesional (número 1613579) corresponden a otra persona.

Todo esto ocurre, además de que al menos en los últimos ocho años no ha habido registro ni rendición de cuentas respecto a los recursos económicos que ingresan a la institución, de los cobros que hace la dirección a las empresas que surten de alimentos y bebidas, a la cafetería, e incluso a las casetas que se encuentran a las afueras de la institución —las cuales, recientemente, fueron colocadas en la cinta asfáltica aún a costa de la seguridad de los estudiantes.

¿Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA?

A pesar de las promesas de honestidad, pulcritud y cambio, hasta la fecha, ninguna autoridad se ha preocupado por tomar cartas en el asunto. Mientras, esa institución —que fue una de las más competitivas y de mayor prestigio en la capital oaxaqueña— continúa sumiéndose en el abandono, el desinterés y la apatía por parte de quienes algo positivo debían estar haciendo por ella.

+ Su presentación, tan desastrosa como su aprobación

Independientemente de las cuantiosas fallas metodológicas e inconsistencias que presenta el Plan Estatal de Desarrollo, que el gobierno estatal entregó al Congreso el pasado 31 de mayo, queda claro que en sí mismo éste es un ejemplo andante de ilegalidad e incapacidad. Que está a punto de coronarse hoy que los diputados pretenden “prorrogar” la votación, aprobación y publicación del mismo. De principio a fin, esta historia presenta irregularidades que revelan en toda su magnitud la informalidad y el poco respeto que actualmente se tiene por el mandato de la ley en Oaxaca.

Habría que comenzar preguntándonos qué es un Plan Estatal de Desarrollo, y para qué debe realizarse. De acuerdo con la Constitución de nuestra entidad, los fines del proyecto estatal contenidos en la misma Carta Magna, determinarán los objetivos de la planeación. Éste, también dice la Constitución en su artículo 20, es un proceso político, democrático y participativo “que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá como unidad de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal.

Asimismo, dicho numeral señala que será mediante la participación de los diversos sectores sociales, como se recabarán las aspiraciones y demandas de la sociedad, “para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública”.

Y, en este sentido, la Constitución dispone, de modo obligatorio, lo siguiente: “La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine (…) las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.”

Ahora bien, en primer término debemos preguntarnos si, en efecto, en este caso se siguieron todos los pasos establecidos en la ley para la formulación de dicho Plan. En este punto, es donde se presenta el primer escollo que presenta el documento elaborado en mayo pasado por el Ejecutivo del Estado.

Aunque en el Plan Estatal de Desarrollo se establece desde su planteamiento inicial, que es producto tanto de la participación de la sociedad como del trabajo conjunto realizado primero por la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, luego por el gobierno electo, y finalmente por los foros temáticos organizados recientemente por la administración estatal, queda claro que esa supuesta amplia participación social no tiene correspondencia con el resultado de esa conjunción de ideas y aspiraciones, pues son más las cifras desalentadoras y los abundantes señalamientos sobre el fracaso de las políticas públicas del pasado —en aras de legitimar la alternancia partidista en el poder—, que verdaderamente los planteamientos encaminados a establecer de qué modo se abordará la problemática social que preocupa a los oaxaqueños.

Incluso, sobre las deficiencias técnicas, metodológicas y de elaboración que tiene el presente Plan, en distintos medios escritos y electrónicos, varios especialistas oaxaqueños han hablado ya con amplitud. Habría que releer, en este sentido, un artículo denominado “Un plan de papel”, firmado por Emiliano Golay, y publicado en el portal de noticias Libertad Oaxaca (www.libertad-oaxaca.info), y los que al respecto ha publicado en estas mismas páginas, y en varios momentos, el doctor Felipe Martínez López, los cuales también pueden ser consultados en su blog personal (http://fmtzlopez.blogspot.com).

ILEGALIDAD ANDANTE

Sin embargo, el único problema del Plan Estatal no radica en sus fallas técnicas o en las deficiencias que presenta en cuanto a establecer verdaderas directrices sobre los objetivos y metas posibles de alcanzar, sino que también presenta un grave problema de ilegalidad… desde su origen.

Éste, como apuntábamos al inicio, fue entregado el último día de mayo al Congreso del Estado, para que éste lo discutiera, aprobara y publicara. Ni el plazo ni el cumplimiento de todos esos requerimientos, no son capricho de nadie. Y aunque queda claro que hoy mismo el Plan Estatal ya se encuentra en un plano de ilegalidad, todavía los diputados pretenden seguir incrementando esa situación a través de figuras legaloides que en nada abonan al Estado de Derecho.

¿De qué hablamos? De que la necesidad de que el Plan de Desarrollo del gobierno en turno esté presentado, discutido, aprobado y publicado a más tardar seis meses después del inicio de la administración, no es consecuencia de un capricho, sino del dictado ineludible de la Ley de Planeación. Ésta, en su artículo 23, establece que “El Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de seis meses contado (sic) a partir de la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado…”

Además de la falta de respeto al Poder Legislativo que significó el hecho de que el Plan Estatal fuera entregado de manos de un funcionario menor (el Secretario Particular del Gobernador), el Gobierno del Estado y el Congreso son cómplices de la franca violación a la ley que implica el hecho de que hoy mismo (23 de junio) la entidad no cuente con el Plan de Desarrollo que marcan la Constitución y la norma reglamentaria de este rubro.

No obstante, como si eso fuera menor, y haciendo todo lo mismo para seguir violando la ley, que para dar tiempo al Gobierno del Estado para que enmiende las inconsistencias de dicho documento, en las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI se busca otorgar una “prórroga” al Plan, para que se asienten las observaciones que están preparando cada uno de ellos.

PLAN CON MAÑA

¿Una prórroga? Hasta donde se sabe, esta figura jurídica no se encuentra ni en la Constitución ni en la Ley de Planeación, como una herramienta posible para prolongar la discusión o análisis del Plan Estatal. Más bien, lo que están buscando es una salida decorosa, aunque ilegal, para enmendar tanto la excesiva demora, como la incapacidad del gobierno estatal para articular un documento que verdaderamente contara con todos los elementos para poder ser el eje rector del desarrollo en el Estado. Pero ahí van, sin ver ni escuchar a nadie, a seguir convalidando la irresponsabilidad y la ilegalidad, que son comunes en estos tiempos.

+ PRI sólo vio por los suyos; gobierno persigue a todos

Qué bien que, al menos por decoro, la dirigencia y los sectores del PRI en Oaxaca, finalmente hayan alzado la voz para, al menos de forma declarativa, manifestar su respaldo al ex coordinador de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, y denunciar los intentos de persecución política que se enderezan desde la administración estatal en contra del priismo.

Alzaron la voz, sí, aunque tarde, porque la persecución política real inició hace meses, y la gran mayoría de los platos rotos los ha pagado la burocracia estatal, tildada de “priista”, a la que no han respaldado ni dirigentes ni fracciones parlamentarias para conservar dignamente su empleo, y a quienes tampoco respetó el gobierno estatal, que se dijo inicialmente “comprometido” con ellos.

Si bien se recuerda, el primer viso de represión y persecución entre los regímenes saliente y entrante de gobierno, se dio justamente con quienes trabajaban directamente en la administración estatal. A los pocos días de ocurrida la jornada electoral (a mediados del mes de julio del año pasado), se dejaron correr cuando menos sendos rumores por parte tanto del gobierno electo de Gabino Cué, como del saliente de Ulises Ruiz.

El primero, que surgió de los funcionarios salientes —de algún modo en represalia a una supuesta falta de apoyo por parte de la burocracia estatal a la causa priista, como si con sus votos les hubiera suficiente para ganar esos comicios en los que fueron arrollados—, consistía en asegurar que cuando el nuevo gobierno tomara posesión, de inmediato decretaría el cese de unos cinco mil empleados de confianza, por el solo hecho de haber servido al gobierno de los adversarios del nuevo régimen.

El segundo, surgido del gobierno electo, insistía en asegurar que antes de culminar la gestión del gobernador Ruiz, éste otorgaría nombramiento como trabajador de base, a esos mismos cinco mil empleados de confianza. Tal acusación sirvió de base no sólo para poner los ojos de la opinión pública en el proceso de basificación de trabajadores al cierre de la administración, sino también, y de algún modo, para ir preparando el terreno respecto a la limpieza que irremediablemente harían entre los empleados de confianza del gobierno estatal.

No obstante, esos dos rumores —porque aquel no era el momento para que algo de eso ocurriera— despertaron asimismo sendas exigencias que, sin embargo, fueron desoídas por los dos grupos que se disputaban el poder: al oficialismo priista, en aquel momento, se le exigía que encabezara la defensa de la dignidad del trabajo público, y que por tanto no permitiera que grandes grupos de trabajadores de confianza fueran despedidos, por el solo hecho de haber trabajado en una administración emanada de un partido distinto al del gobierno entrante.

Empero, frente a las intenciones del gobierno entrante, también se propuso el replanteamiento de la forma de contratación y la estabilidad laboral de los empleados públicos no basificados.

En esencia, se proponía —y la administración del gobernador Cué inicialmente no vio mal la propuesta— de que se implementara un sistema de servicio profesional de carrera, que diera certidumbre al trabajo de los servidores públicos en el rango de los llamados “mandos medios”, y eliminara las tentaciones sectarias y autoritarias características de los gobiernos no democráticos, que pretendían reinventar la gestión pública, y renovar a todo el funcionariado —con el altísimo costo negativo que eso implica— cada seis años.

OLVIDO Y PENITENCIA

Tanto el PRI como el gobierno estatal olvidaron sus promesas, y tan pronto llegó el 1 de diciembre, grandes grupos de empleados de confianza fueron quienes comenzaron a pagar el costo real de la alternancia y la llamada “transición a la democracia” en Oaxaca. En prácticamente todas las dependencias públicas estatales, inició un proceso gradual pero implacable de sustitución de funcionarios, en el que de nuevo —e igual que en el pasado— los únicos criterios para la permanencia o destitución de empleados de confianza fueron las demostraciones de servilismo, o la simple filiación partidista.

El Revolucionario Institucional, que fue quien aseguró que defendería la causa de esos trabajadores que sí fueron obligados a hacer activismo a favor del entonces partido oficial, simplemente se olvidó de esas y otras que sí deberían ser causas cotidianas para ellos, y sólo reaccionó —tarde, mal y temerosamente— ahora que un ex alto funcionario de la administración ulisista fue detenido y llevado a prisión, por la presunta comisión de delitos en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, aunque es cierto que la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón sí amerita en sí mismo una respuesta firme del priismo opositor, también es cierto que éste fue sólo un paso más que dio el gobierno estatal en el ajuste de cuentas con el grupo gobernante de los seis años anteriores, pero en el que también hizo pagar a justos por pecadores. Hasta ahora, el gobierno de Cué se ha deshecho en amagar y perseguir a terceros, y no a quienes aparecen en su lista de verdaderos enemigos políticos.

No obstante, lo más grave de todo esto es que ese insaciable ánimo persecutor del gobierno estatal en contra de la misma burocracia, los ha hecho revivir aquella vieja máxima del refranero, que dice que en el pecado han llevado la penitencia. ¿Por qué? Porque más allá de las grandes aprehensiones y las reyertas políticas contra la cúpula de poder del sexenio anterior, el gobierno estatal ha separado de sus filas a cientos de personas, en todas las dependencias, que eran quienes verdaderamente le daban operatividad técnica al gobierno estatal.

Se preguntan, por ejemplo, por qué innumerables áreas del gobierno estatal se encuentran atoradas, de cabeza, y llenas de rezagos, problemáticas y subejercicios. La respuesta está en que, sin más ni más, despidieron a gente que tenía años haciendo ese trabajo, y que conocía las normas, las reglas de operación, y todos los aspectos subjetivos de las labores que desempeñaban. En efecto, en el pecado están llevando la penitencia. Pero los platos rotos los han pagado todos aquellos que hoy, a pesar de su experiencia, se encuentran en las amplias filas del desempleo.

INCERTIDUMBRE

¿Que la cacería de brujas no sólo no ha terminado, sino que apenas inicia? Volteen a ver a los juzgados penales. Ahí ya se radica una veintena de respuestas a ese cuestionamiento insistente.

+ Eviel, Martín y todos, ajenos a amagos oficiales

No deja de llamar la atención que casi al cumplirse el término constitucional ampliado de seis días, para que un juez determine si dicta o no auto de formal prisión al ex coordinador de Transporte del gobierno estatal, Gonzalo Ruiz Cerón, hasta la tarde de ayer siguiera sin haber un solo pronunciamiento oficial al respecto, por parte de la dirigencia priista en Oaxaca.

Llama la atención este asunto, por las inconsistencias legales que ya se conocen de la Averiguación Previa que sirve de base a este procedimiento. Y llama también la atención porque este es un botón de muestra más, de cómo la desarticulación, el desdén y las traiciones, son la moneda común en un partido que hoy debía estar más cohesionado que nunca.

En este momento, son perfectamente conocidas las inconsistencias del proceso penal que se le sigue a Gonzalo Ruiz Cerón. Se sabe que las acusaciones tienen un sustento endeble, lo mismo que la Averiguación Previa en la que sustentaron la emisión de la orden de aprehensión; se sabe también que la acusación sobre el tráfico y presunta venta ilegal de más de nueve mil concesiones, no fue sino parte del show mediático del gobierno estatal para justificar la acción.

Se sabe, en el fondo, que son tan altas las posibilidades de que finalmente se declare, o el auto de libertad, o que se triunfe en la vía de amparo —y que por tanto los delitos imputados a Ruiz Cerón no son tantos ni tan graves ni tan evidentes ni tan escandalosos como inicialmente parecían—, que todos ya debieran haber acusado la evidente persecución política que se está ejecutando.

Por todo eso, hoy debiéramos preguntarnos dónde está no sólo la dirigencia priista, sino también los líderes de los sectores y organizaciones que integran ese partido; los coordinadores de las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso federal como en la Legislatura local; dónde se encuentran todos los ex funcionarios icónicos de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y dónde están todos aquellos que fueron parte de la bonanza del poder en los pasados seis años, y que hoy, con su silencio y apatía, están dejando morir solo al encarcelado ex Coordinador de Transporte de la pasada administración.

En primer término, y en un análisis riguroso de la actitud demostrada en los últimos días por los quienes se dicen priistas por convicción, debiéramos preguntarnos dónde se encuentran tanto los dirigentes formales, como sus detractores. Queda claro que más allá de cualquier diferencia interna que hoy tengan los tricolores, en el fondo todos fueron parte de la misma gestión gubernamental, y por tanto todos debían tener el deber moral de defender a sus ex compañeros funcionarios, que hoy son objeto no sólo de un proceso judicial, sino claramente también de una característica persecución política.

En este sentido, habría que cuestionarse, en el mismo plano, dónde se encuentran los diputados federales Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco Vargas. Uno y otro, que se dicen dirigentes “legítimos” del mismo partido, hoy simplemente han levantado los hombros, como si fueran ajenos a un asunto que esencialmente también los atañe. Y es así no sólo porque a quien persiguen fue funcionario en la misma administración que ellos, sino por el supuesto “compañerismo” y lealtad de militancia que, sin embargo, no han demostrado públicamente ni en su más mínima expresión.

Algo similar ocurre con todos los sectores que, de uno u otro modo, tuvieron relación con este asunto, y también son piezas de un partido político que, esencialmente, implica mucho más que sus solos liderazgos o figuras particulares. De ellos, tampoco ha habido el pronunciamiento que pudiera esperarse.

PODERES REALES

Sin embargo, queda claro que más allá de los solos posicionamientos partidistas o de liderazgos sectoriales o regionales, el priismo ha demostrado un alto grado de debilidad (o quizá entreguismo, o hasta abierta traición) al permanecer inmóvil en los terrenos donde verdaderamente tendría la fuerza para presionar al gobierno estatal a conducirse en el estricto marco de la legalidad, y dejar de lado las disputas políticas que insiste en alimentar. ¿Dónde están las fracciones parlamentarias en un momento como este?

Pareciera, aunque no deja de ser una percepción, que los más activos han sido los diputados federales. Aunque no particularmente por este asunto, quienes hoy representan al PRI de Oaxaca en el Congreso de la Unión, sí han demostrado tener ciertos arrestos para encarar y exigir al gobierno estatal. Sólo que en este caso en particular —y aun conociendo todos los detalles que desvirtúan los indicios de corrupción que cayeron sobre Ruiz Cerón cuando fue aprehendido— éstos no se han pronunciado en ningún sentido.

Caso tanto o más grave es el de los diputados locales del tricolor. Encabezados en su actitud de desprecio a la persecución contra Ruiz Cerón, por el presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador de bancada priista, Martín Vásquez Villanueva, hoy se sabe que algunos diputados del tricolor se negaron rotundamente a por lo menos ser parte de un posicionamiento que la tarde de ayer trataba de consensarse, tardíamente, desde la dirigencia estatal.

Ellos, y todos los demás, en el fondo debieran tener la honestidad para aceptar que los cargos que tienen fueron gracias a ese ente abstracto (el Revolucionario Institucional) a quien hoy desprecian, y por el que debieran estar luchando y defendiendo con mayor ahínco. También queda claro que, unos y otros, todos, se encuentran más preocupados por temas como la elección de gobernador en el Estado de México, o por sus propios proyectos personales rumbo al Senado de la República.

Todo esto, como si en realidad, personajes que sólo cargan en sus haberes políticos actuales —como el mismo Vásquez Villanueva, sin demérito de los demás— derrotas, visos de cooptación, y hasta tomaduras de pelo por parte de sus supuestos adversarios políticos, tuvieran verdadera legitimidad, y hubieran demostrado eficacia y oficio político, como para aspirar a mejores cargos políticos.

¿PRIISTAS ORGÁNICOS?

En todo esto, queda claro que hay quienes, desde la oposición, comienzan a hacerle el juego abiertamente al gobierno estatal. Sin embargo, pensar en que el o los próximos senadores del PRI pueden ser “orgánicos” o “colaboracionistas” con el régimen gobernante en la entidad, es tanto como una ingenuidad o un insulto para su propio partido, y para el electorado que ya no es aquel menor de edad que era hasta hace no mucho tiempo.

+ Mentiras de PGJE, pronto quedarán en evidencia

Hoy que Gonzalo Ruiz Cerón se encuentra en prisión, y que su aprehensión provocó enorme expectativa respecto al ajuste de cuentas, o cacería de brujas, o persecución de los corruptos del gobierno anterior, habría que preguntarse si verdaderamente tienen solidez las acusaciones que se le imputan, o si todo esto puede ser nada menos que un castillo de arena, que más temprano que tarde se le deshaga en las manos al gobierno estatal, y deje en claro que, o actuó bajo una lógica estricta de la persecución política, o que tiene un órgano incompetente de procuración de justicia, o ambas.

A reserva de que pronto veamos la resolución de este asunto, vale la pena analizar algunos aspectos que revelan que este asunto no es ni tan estruendoso ni tan eficaz ni tan justiciero, como parece.

El pasado 15 de junio, cuando ocurrió la aprehensión del ex Titular de la Cotran, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, aseguró que ésta había ocurrido “por haber otorgado de forma indiscriminada al menos 9 mil títulos de concesión a personas ajenas al gremio del transporte público entre julio y noviembre de 2010” y por “no haber depositado a la finanzas locales los fondos derivados de los permisos otorgados de manera indiscriminada”. En esos términos lo aseguró a diversos medios editados en la capital del país, que reseñaron el hecho.

¿Realmente es por eso que Ruiz Cerón se encuentra en prisión? En realidad, no. Más que un asunto de descubrimiento de actos de corrupción (tráfico de concesiones, falsificación de documentos, quebranto al patrimonio del Estado, etcétera), lo que tiene en prisión al ex Titular de Cotran es un conjunto de pruebas endebles por un conflicto entre particulares. A reserva de que en su momento las partes directamente involucradas den a conocer todos los pormenores del asunto, hoy podemos establecer algunas coordenadas a través de las cuales podemos entender mejor este asunto.

Desde hace varios años, dos grupos de taxistas de Santa María El Tule, sostienen una disputa por la operación de vehículos de alquiler a través de concesiones falsas. Esos documentos, presuntamente habrían sido emitidos cuando Aurora López Acevedo era secretaria de Transporte del gobierno estatal, y por causa de ellos presentaron denuncias penales por la comisión de los delitos de tráfico de concesiones.

Ante disputas como esa, que ocurrían por todos lados entre taxistas legales e irregulares, la administración anterior emitió un decreto a través del cual se ordenó el inicio de un proceso de regularización de las concesiones que cumplieran con los requisitos de ley. Y los taxistas de El Tule fueron algunos de los cientos de beneficiados por ese programa de regularización de concesiones.

¿Qué ocurrió respecto a ese sitio? Que la Cotran dispuso que para evitar más conflictos entre los dos grupos de taxistas de esa comunidad, se llevara a cabo una regularización equitativa de cierto número de concesiones para cada una de las organizaciones. Sin embargo, el problema no sólo no se resolvió, sino que se agudizó, debido a las diferencias internas entre las organizaciones. Y ante la lentitud en el proceso de regularización, uno de esos grupos se inconformó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que fue quien finalmente ordenó a Cotran que emitiera las concesiones regularizadas que correspondían.

MENTIRAS Y ENREDOS

Las denuncias penales presentadas por ese asunto, finalmente parecía ser un asunto entre particulares, en el que nada tenía que ver un grupo de servidores públicos, que no sólo no parecían haber cometido delitos, sino que actuaron en función primero de un decreto de regularización emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, y luego por un mandamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, respecto a esas concesiones. Si todo parece así, ¿entonces en qué punto apareció la responsabilidad que tiene a Gonzalo Ruiz Cerón tras las rejas?

Pues bien, aseguran que la base de la acusación contra Ruiz Cerón, son los expedientes de esas concesiones regularizadas y el señalamiento de dos funcionarios actuales de la Coordinación de Transporte, que aseguran que el proceso de regularización no se realizó conforme a derecho. Señalan, además, que los soportes documentales de la Averiguación Previa, a través de los cuales un juez penal del fuero común obsequió el auto de formal prisión, es ese conjunto de expedientes que sólo fueron integrados en copias simples.

Jurídicamente se sabe, y así lo ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, por ejemplo, en un expediente judicial las copias simples no pueden obrar como medio de prueba, y que incluso, por su debilidad jurídica, no pueden siquiera ser tomadas como indicio para sostener una acusación penal, que mantenga a un individuo privado de su libertad.

Frente a cuestiones de este tipo, queda la duda sobre la capacidad habida en la Procuraduría General de Justicia para integrar las averiguaciones previas, y para probar los delitos que imputa a particulares. Del mismo modo, este tipo de cuestiones despiertan la sospecha sobre el uso parcial de las actuaciones del Poder Judicial del Estado.

En el peor de los casos, el Ministerio Público puede equivocarse o actuar facciosamente, ¿pero qué pasa cuando esos supuestos yerros o excesos, son convalidados por un juez que emite una orden de aprehensión sin tener a la vista verdaderos elementos de certeza, como para decir que sí se cumplen con los requisitos que exige la ley, y mandar a que se aprehenda a un individuo?

Estos son sólo algunos de los puntos que hacen endeble la indagatoria por la cual Ruiz Cerón se encuentra en prisión. Mañana mismo se verá bajo qué lógica actúa realmente el Poder Judicial del Estado, cuando uno de sus jueces valore las acusaciones, las pruebas, y los recursos que interpuso ya la defensa del indiciado, y decida si le dicta o no auto de formal prisión.

CONTROL EXTERNO

En el peor de los casos, y como este es un asunto esencialmente jurídico y no político —y como tal debe entenderse—, tanto una actuación sólida y correcta, como posibles inconsistencias o actuación facciosa tanto de la PGJE como del Poder Judicial del Estado, quedarán a la vista si interviene el Poder Judicial de la Federación, a través de un juicio de amparo. Ahí veremos qué tan eficaces, y qué tan imparciales, son nuestras autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.