+ Falta de visión, no arreglos, razón de impunidad

Se equivoca Azael Santiago Chepi, dirigente de la Sección 22 del SNTE, cuando asegura que podría haber un pacto entre el Anterior y el Actual Mandatario, para dejar impunes los delitos relacionados con el conflicto magisterial y popular de 2006. Más que por arreglos, la falta de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en aquel episodio viene de la falta de visión de quienes prometieron hacer una revisión exhaustiva de los acontecimientos, y castigar a todos aquellos que resultaran con responsabilidad. ¿A qué nos referimos?

Como bien lo recordamos los oaxaqueños, el conflicto magisterial de 2006 fue un hecho sin precedentes en la vida pública de la entidad. En aquel entonces, los profesores de la Sección 22, y diversas organizaciones de lucha social —junto con gran parte del grupo político que hoy gobierna la entidad—, signaron un pacto para derrocar al gobernador Ulises Ruiz.

Durante el conflicto, hubo una contienda permanente de defensa y ataque, tanto de los grupos inconformes, como del gobierno estatal. Éste último, en diversos momentos ordenó actos inaceptables (como los rondines de la llamada Caravana de la Muerte, en la que más de una persona perdió la vida, así como una lista inmensa de actos de represión selectiva).

Pero también, diversos grupos que encabezaban la insurgencia magisterial y popular, cometieron actos abiertamente constitutivos de delitos en contra de la población civil, que bajo ninguna circunstancia pueden ser justificados bajo el argumento de que fueron dentro de la lucha popular, o por ser “prevenciones” a actos de represión y persecución por parte de agentes gubernamentales. El común denominador, por esos acontecimientos, es el ataque sistemático mutuo, y el sometimiento al pueblo oaxaqueño a “medidas de seguridad” o de “legalidad”, en realidad inaceptables para el Estado de Derecho.

Cuando terminaron los enfrentamientos, y las fuerzas federales llegaron a la entidad a restablecer el orden, los grupos inconformes (entiéndase la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE), perdieron una oportunidad inmejorable para exigir que instancias estatales, nacionales e internacionales independientes, hicieran una verdadera evaluación de lo ocurrido, y contribuyeran a un verdadero proceso de deslinde de responsabilidades.

Lejos de ello, prefirieron la autoflagelación, a través de la denuncia de abusos a través de organismos afines a ellos, que si bien sí hablaban de hechos ciertos cometidos en contra de la 22 y la APPO, también contribuían a minimizar, negar y ocultar hechos de violencia, abusos y ataques que cometían integrantes de los grupos que encabezaban el movimiento popular.

El resultado de todo eso, fue la entrega de esa oportunidad a la administración del entonces gobernador Ruiz. Éste, hábil como era, aprovechó el momento para prometer justicia (cosa que nadie creía), y encabezar las supuestas investigaciones al respecto. Queda claro que respecto a ello, el gobierno estatal se constituía en juez y parte de unos acontecimientos de los que él mismo era corresponsable.

Frente a ello, sería ridículo pensar que en algún momento tuvo ánimo de hacer justicia. Y lo que siempre fue evidente, es que sus agentes lo único que hicieron (desde la Procuraduría General de Justicia, y desde el Poder Judicial del Estado) fue enredar las investigaciones, desviar las líneas de investigación, y justificar y exculpar a todos aquellos personajes que habían ocupado cargos de primer nivel en la administración que pudieran tener motivos para ser perseguidos.

Esa fue la “justicia” que el gobierno de Ruiz procuró a Oaxaca. Y fue la razón por la cual el gobierno actual prometió iniciar verdaderas investigaciones para dar con los verdaderos responsables de la represión y los ataques a la población, y castigarlos conforme a las leyes vigentes para dar justicia a los afectados.

¿Y LA JUSTICIA?

La administración estatal, hasta ahora no ha tenido verdadera voluntad para hacer justicia. Y no, no se trata de que haya pactado, o de que ésta se trate de una gran confabulación con sus adversarios y enemigos políticos. En realidad, lo que le ha faltado al gobierno actual, es una verdadera visión de Estado para entender este problema, y enfrentarlo con las herramientas posibles para hacer justicia.

Por ejemplo, de nada sirve que se haya creado en la Procuraduría una fiscalía para la investigación de los hechos relevantes del pasado, si este esfuerzo no viene dotado de las herramientas indispensables, los recursos y el personal adecuado para ello. Según se sabe, lo único que hizo la PGJE fue reorientar a algunos de sus agentes del ministerio público y secretarios ministeriales para este tema. Pero queda claro que ellos no son personas especializadas en la materia ni tienen especialización ni incumbencia con los delitos que están investigando.

Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. De él, hasta ahora tampoco se ha notado hasta hoy un esfuerzo serio y articulado por contribuir a generar las condiciones de colaboración para que esas investigaciones se lleven a cabo. No se trata de que esa “coadyuvancia” consista en la creación de juzgados de consigna, ni mucho menos que en la PGJE se establezcan fiscales de acusación irracional.

Más bien, de lo que esto debiera tratarse, es de esfuerzos institucionales coordinados para poder llegar a resultados aceptables. Hoy, todo lo que se hace son esfuerzos aislados, y más bien ceñidos al ámbito de las apariencias y de lo políticamente correcto. Por eso, hoy todos los resultados que pudieran tener esas investigaciones, y esas demandas de justicia, más bien se encuentran cuestionados y son poco creíbles. Tendrían credibilidad, sin embargo, si el esfuerzo fuera sistemático, y si la visión de la indagación fuera de verdad un asunto de Estado, y no una cuestión para quedar bien con ciertos grupos, y para aparentar el cambio.

OPORTUNIDAD VISIBLE

Todavía existe una enorme oportunidad. Sólo falta que los grupos que se duelen por esos acontecimientos, tengan la voluntad de exigir no sólo investigaciones, sino dar pautas para ellas. Y sobre todo, que estén dispuestos a asumir la parte de responsabilidad que les derive de ellas. El 2006 no fue un conflicto en el que el gobierno fue el malo y la resistencia fue el bando de los buenos. La población resintió agravios de todos. Y esa debiera ser la ruta de una auténtica investigación de Estado relativa al conflicto del 2006.

+ Gobierno y grupos deben dejar atrás demagogia

La posibilidad de regular las marchas, es tanto como querer apostar al triunfo de la demagogia. En sí mismas, las manifestaciones públicas son expresión desbordada de cuestiones que antes debieron ser atendidas y resueltas por las vías institucionales. Es decir, que quien sale a manifestarse en la vía pública, lo hace ante la falta de atención, o los vicios que se han creado en su relación con la autoridad. Ante ello, es fundamental preguntarse: ¿Es necesaria la regulación, o la concertación?

En efecto, la visión ingenua o ventajosa, que pretende hacer creer a la sociedad que el solo cambio a las leyes modifica la situación de la sociedad, es la que apunta a que con una regulación legal todo se solucionaría. Por el contrario, una visión más apegada a la realidad, debiera apuntar a lograr una mejor acción de gobierno y concertación política —y también de entendimiento y colaboración de los grupos sociales—, para tratar de terminar, por esa vía, con las manifestaciones que afectan a terceros.

Queda claro que las manifestaciones públicas no surgen por simple generación espontánea. En primer término, éstas son un derecho de la ciudadanía constitucionalmente consagrado que, además, se perfecciona por la falta de atención por parte de la autoridad, a los problemas y asuntos que le plantean los ciudadanos. Idealmente, no debieran existir las marchas porque, se supone, todo debiera también ser resuelto eficazmente y a través de los cauces legales previamente establecidos.

El problema es que, hoy, esto último no se reduce más que a un ideal. La autoridad, en primer término, fue rebasada por completo por un aluvión de problemas sociales y políticos que diariamente atiborran a las instancias encargadas de la administración y la gobernabilidad; pero en esto, también existe una buena dosis de ineptitud y desatención de esos asuntos, que a la larga no han hecho sino multiplicar los vicios, y disminuir las posibilidades de soluciones oportunas y convenientes para el interés general, y no sólo para un grupo en específico.

Hoy nos quejamos de las marchas. Pero no fueron los mismos quejumbrosos de hoy —la sociedad— quien en otros momentos exigió que, independientemente de su contenido y finalidades, fueran atendidas y satisfechas las demandas de quienes protestaban, justamente para terminar con los actos de molestia.

Las consecuencias de ello, hoy están a la vista: muchas de esas manifestaciones son auténticos actos de chantaje o de provocación a la autoridad, que se llevan a cabo directamente en las calles, sin antes pasar por las oficinas gubernamentales, donde se pudieron haber resuelto sin afectar a terceros. Son un vicio porque las mismas torceduras de la autoridad lo fomentaron. Y son un chantaje porque lo que en muchas de esas manifestaciones se busca, no son aspectos relacionados con el interés general, sino beneficios y canonjías para grupos específicos.

Frente a este panorama, cabe de nuevo la pregunta: ¿qué hacer con ello? Para ser eficaz, sin duda la respuesta debe estar apegada a la realidad, y no a las aspiraciones de quienes creen que el solo legalismo es suficiente para cambiar la sociedad.

¿REGULAR LAS MARCHAS?

¿Cómo ponerle una regulación legal, a asuntos que en sí mismos rebasaron las esferas legales? Toda marcha o acto de manifestación en la vía pública, visto desde una óptica tajantemente jurídica, en sí misma viola derechos de terceros, y también podría ser constitutiva de delitos. Si la autoridad lo que quiere es hacer valer el Estado de Derecho, lo hará sin cortapisas, sin titubeos, y utilizando las herramientas que le proporcionan las leyes vigentes sin necesidad de ninguna modificación.

¿Por qué la autoridad no evita las marchas o los bloqueos de calles, oficinas públicas y demás? No lo hace porque no quiere; porque considera que hacerlo traería más problemas que beneficios. Y tampoco las regula no porque no quiera, sino porque si ni siquiera puede resolver los problemas que les plantean quienes se manifiestan, menos será capaz de ponerle reglas a sus manifestaciones… y mucho menos conseguirá que los marchantes o inconformes, hagan caso de esas reglas que fueron establecidas para normar la única vía que les queda (la de las calles, que no debiera ser una opción) para ser escuchados.

Por eso, es muy alto el riesgo de que una regulación jurídica de las marchas sea más un acto demagógico, que una respuesta eficaz que termine con los problemas que provocan las manifestaciones. Por eso, en lo que debe pensarse —aunque también sea un idealismo— es en la posibilidad de lograr verdaderos consensos entre quienes acostumbran manifestarse, y establecer también reglas específicas para evitar, por la vía que sea, que las manifestaciones en sí mismas se conviertan en actos de molestia que repercuten en terceros.

El Gobierno del Estado, independientemente de su color partidista, y del grupo que gobierne, debiera tener operadores eficaces y verdaderamente atentos para evitar el desbordamiento de los conflictos. En las circunstancias actuales, eso parece francamente imposible. Y por eso, quienes hoy tienen la tarea de gobernar, padecen los mismos problemas que denunciaban cuando les tocó ser oposición. Es decir, que esto ya no sólo se trata de un asunto de eficiencia de la autoridad en turno, sino que son problemas estructurales que debieran ser remediados a través de formas mucho más amplias que las intentadas hasta hoy.

Suponer lo contrario, equivaldría a seguir abonando la idea de que con el endurecimiento del castigo, la incidencia de la conducta disminuye. Si eso no ocurre en temas tan delicados como el endurecimiento de penas corporales (hoy hasta cadena perpetua) a quienes cometen ciertos delitos, mucho menos va a suceder en temas que no importan consecuencias tan graves, como la penalidad que pudiera contener una ley que regula las marchas.

MUCHAS LEYES

Quienes hacen las leyes debieran dejar de pensar en la demagogia, y en los excesos legislativos. No hace falta crear más ordenamientos para un sistema jurídico que sustantivamente es muy competitivo, pero que adjetivamente —es decir, en el ámbito de la aplicación— es simplemente desastroso. Todos debieran preocuparse por hacer valer las leyes vigentes, y cumplir con las obligaciones que se les encomiendan, y dejar de pensar que con actos demagógicos podrán contribuir en algo a tener una mejor sociedad.

+ Gobierno y S-22, relación nociva… y mafiosa

Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, toda mafia es “un grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Ante los hechos, es claro que la Sección 22 del SNTE es justamente eso, ante la complacencia de un gobierno —y una sociedad— que deberían —o deberíamos— tener vergüenza por tolerar plácidamente esa relación inadmisible.
En efecto, lo que está a la vista de todos los oaxaqueños, es una relación pactada entre el gobierno y la Sección 22, en la que el primero debe tolerar todas las acciones que emprenda el segundo; en la que los mentores tienen todo el derecho a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Y en el que la sociedad es quien debe de pagar las consecuencias por ello. Esto, una sociedad verdaderamente comprometida y democrática, debiera ser inaceptable.
Ayer, como en muchas otras ocasiones, vimos cómo los maestros de la Sección 22 tomaron una causa, y la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Tomando como bandera de lucha un simple acto de solidaridad con otros gremios, los trabajadores de la educación en Oaxaca dejaron, como en muchísimas otras ocasiones, a más de un millón de alumnos sin clases; paralizaron oficinas gubernamentales estatales y federales, bloquearon la actividad comercial y bancaria, y obstruyeron la prestación de servicios públicos necesarios para la ciudadanía.
El problema, frente a esto, no radica sólo en que lleven a cabo esos actos (que lo mismo pueden constituir simples actos de molestia para la ciudadanía y el comercio, que delitos en contra de quienes sí ven directamente vulnerados derechos protegidos por las normas penales vigentes), sino sobre todo en que nadie —ni la sociedad ni el gobierno oaxaqueño, o el federal— dice nada frente a esos abusos flagrantes.
Pareciera que, frente a la organización mafiosa del gobierno, nadie tiene ya interés en arreglar nada. Y es que la de ellos es una auténtica asociación mafiosa. Pues aun no llevando a cabo acciones criminales, queda claro que sí están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario (legal o no, moral o no, ético o no, legalmente posible o no) con tal de proteger sus intereses comunes.
Aunque la misma Sección 22 es un conjunto fundamentalmente plural —que a su interior tiene a innumerables corrientes disidentes entre sí—, es evidente que cuando se trata de defender sus privilegios, sus salarios o las canonjías que han logrado como conquistas sindicales, no tienen reparo de ir juntas hasta lograr el objetivo. No les importa encima de quién pasen, ni qué intereses legítimos afecten, ni qué personas o instituciones tengan que pisotear. La prueba de ello, fue la resistencia que encabezaron durante el conflicto magisterial de hace un lustro.
Lo grave, hoy, es que ya nadie parece preocupado por arreglar nada. El gobierno estatal parece resignado a sostenerse en la postura de tolerar el problema y capotearlo, sin vislumbrar ninguna posible solución perentoria. Sólo a partir de ello puede entenderse que las jornadas anuales de negociación entre la 22 y la administración estatal, se reduzcan hoy a la entrega de un abultado cheque en blanco, que el Gobierno del Estado otorga a los profesores democráticos, pero sin establecer contraprestaciones de ningún tipo por parte del magisterio, en relación a los temas educativos que además, se supone, son su obligación de atender independientemente de los incrementos de sueldo.
Y si esto pasa con el gobierno estatal, qué se puede decir del federal. Éste, en realidad, únicamente se involucró en los temas educativos de Oaxaca cuando tuvo enfrente a la insurgencia magisterial del 2006. El gobierno federal intervino sólo como un acto de conveniencia y supervivencia particular —ya que sabían que al entregar Oaxaca, y la cabeza del entonces gobernador Ulises Ruiz, ellos mismos se convertían en el siguiente objetivo—, pero no porque verdaderamente estuviera convencido en atender y resolver una gravísima problemática que, directa o indirectamente, todos los días afecta a millones de oaxaqueños.

TODOS DESENTENDIDOS
Si queda claro que nada de esto le importa al gobierno, ¿será distinto con la sociedad? Tal parece que no. Los ciudadanos comunes —nosotros— estamos en el punto de habernos acostumbrado a estas afectaciones. Ver un aula sin clases es para los oaxaqueños algo de lo más normal.
Y hoy, al ver también calles, comercios u oficinas públicas bloqueadas, simplemente nos hace buscar la solución al problema inmediato, pero no la necesidad de exigir que los responsables de ese asunto —el gobierno y el magisterio— cumplan con los compromisos democráticos y educativos que, se supone, tienen con la ciudadanía.
La lógica común es sencilla: si el gobierno es incapaz de exigir, controlar y coaccionar a los maestros que no cumplen con su obligación laboral mínima, menos podremos ser capaces de ello los ciudadanos —que no tenemos ni las herramientas legales, ni la legitimación, ni la posibilidad del uso de la fuerza que sí tiene el Estado. Eso nos lleva al desánimo. Y éste al convencimiento de que nosotros no podemos ser capaces de incidir en la solución de asuntos como éstos.
A nosotros, como ciudadanos, eso debería avergonzarnos. Porque aún frente a lo que podamos decir, éstos hechos nos siguen ubicando como la misma sociedad agachona y conformista que, según parece, no hemos dejado de ser. Pero también debiera avergonzar, tanto o más, al gobierno que según negocia con ellos y da respuestas que constituyen soluciones al problema magisterial ¿Por qué la vergüenza? Porque ellos, desde hace años, han dado todo a cambio de nada. Y cuando se dice nada, es que, en efecto, la 22 ha recibido todo cuanto le han dado, pero no ha cedido un ápice en sus afectaciones y formas de llevar a cabo la lucha política y gremial que encabezan desde hace más de tres décadas.

¿NO HAY SOLUCIÓN POSIBLE?
Mientras todo esto siga viéndose desde la perspectiva actual, el problema sólo se irá agravando. Pero estamos tan acostumbrados, que este asunto que debiera tenernos con los cabellos de punta, más bien nos provoca tranquilidad. Mientras no cierren las calles, qué importa que cierren las escuelas. Pero eso, que es tan grave y riesgoso, pero que a la vez no merece ningún tipo de preocupación, sólo ocurre en un estado tan singular, e irresponsable, como el nuestro.

+ Ajustes de funcionalidad, no para compromisos

Luego del primer año de gobierno, es natural que los gobernantes hagan los primeros ajustes importantes a su equipo de trabajo. Esa ha sido una constante en los últimos Gobernadores de Oaxaca. Aunque ninguno de ellos se había enfrentado a un conjunto tan complejo de intereses y compromisos que, en un momento dado, podrían limitar esa libre capacidad de decisión que debiera tener el Titular del Ejecutivo. Por eso, hoy que los ajustes son inminentes, debiera también quedar claro cuál será el criterio prevaleciente para realizarlos, y si éste rondará en la funcionalidad o en el pago de cuotas pendientes.
Al entregar su Primer Informe de Gobierno, el gobernador Gabino Cué, reconoció que más allá de los avances conseguidos, su administración ha tenido fallos que deben ser corregidos a la brevedad posible. Aunque no particularizó los yerros cometidos, sí quedó claro que muchos de ellos tienen que ver con los problemas de funcionalidad, eficacia y compromiso común, que tiene la administración que encabeza.
El asunto es muy claro: la actual administración, en las condiciones en las que se encuentra, fue conformada con un criterio de inclusión y pluralidad respecto a todas las fuerzas que participaron en la coalición de partidos que impulsaron a Cué para llegar a la gubernatura. Éste, en recompensa, trató de incluir a representante de todos los grupos, aunque desde el primer momento quedó claro que el gran problema de esa conformación sería, primero, que no existía un proyecto y compromisos claros y exigibles directamente por la ciudadanía, para cada uno de los integrantes del gabinete; y segundo, que éstos provenían de fuerzas políticas potencialmente contrarias, y que por tanto el proyecto de trabajo gubernamental siempre estaría supeditado a los intereses partidistas o políticos que se vivieran en cada momento de la vida pública.
Todo eso trajo una consecuencia visible: que, tal y como lo señala el constitucionalista Diego Valadés, ésta pretendida coalición de gobierno en realidad trató de ser cooptación. Esto porque se creyó que incluyendo a todos los participantes partidistas de la coalición, éstos evitarían el choque con el gobierno estatal. Y no fue así. Hoy vemos que independientemente de su pertenencia a partidos gobernantes, gremios, grupos de lucha social, organizaciones campesinas o de trabajadores, y agrupaciones indígenas, de todos modos protestan en contra de un gobierno con el que, se supone, ellos contribuyeron para conformar.
Muchas de esas protestas, sin embargo, son algo que podríamos denominar como “fuego amigo”. Más de un funcionario estatal de “primer nivel” en activo, ha hecho costumbre enviar a sus grupos a protestar en contra de acciones públicas.
Y si el mayor riesgo de esta pluralidad privilegiada en el Gobierno del Estado, radicaba en la posible falta de compromiso por parte de los integrantes del gabinete, muchos de ellos han mostrado también su voracidad, su deslealtad con el supuesto proyecto de gobierno y sus postulados democráticos, y su afán de seguir comportándose —por conveniencia— como si fueran oposición, cuando hoy son parte de los grupos que conforman el gobierno.
Por eso, es no sólo necesario, sino urgente, que se tomen medidas para ajustar ese equipo de trabajo que, si bien no cumple las expectativas de la ciudadanía por su falta de resultados tangibles y comprobables, parece ser que tampoco responde a las necesidades mínimas del Gobernador del Estado, que como primer requisito requiere gobernabilidad y orden dentro de su equipo de trabajo..

AJUSTE URGENTE
Es natural que los gobernantes asuman el cargo sujetos a compromisos con los grupos con los que tuvieron que pactar, para poder alcanzar el poder. Si no es una constante de todos los gobiernos en todos los escenarios, al menos sí es una tradición en nuestro ambiente político.
Por eso, siempre en el primer periodo anual, hasta la misma sociedad manifiesta cierta tolerancia a una pluralidad de fuerzas en el gabinete, que casi nunca viene acompañada ni resultados, ni de eficacia, ni de compromiso por parte de esos funcionarios que desempeñan funciones como premio, y no como débito de trabajo y de responsabilidad con la ciudadanía.
No obstante, al cruzar el umbral del primer año viene también la primera gran sacudida. Generalmente, ese ajuste va liquidando los compromisos y va dando pauta a los verdaderos equipos de trabajo. Y frente a ello, uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el gobierno al estar en ese escenario, es que los gobernantes han privilegiado la engañosa decisión de tratar de hacer buenos funcionarios a sus buenos amigos, por encima de la posibilidad de allegarse de personas de capacidad, preparación y experiencia probada en las responsabilidades más urgentes a las que debe enfrentarse el gobierno.
El resultado de eso ha sido desastroso. Producto de esas decisiones, los gobernantes han tolerado ineptitud, irresponsabilidad, falta de resultados y, sobre todo, corrupción. Son abundantes los casos de funcionarios corruptos que fueron tolerados por la amistad, por el compromiso o hasta por la complicidad, y que hoy gozan de cabal impunidad a la vista de todos los ciudadanos. Porque nada garantiza que los más allegados al gobernante, sean también los más idóneos para las tareas de administración y gobierno.
Por todo eso, ante la necesidad de los ajustes, el gobierno de Cué se encuentra en la disyuntiva de elegir el criterio de la cercanía para replantear el gabinete; puede también continuar atrapado en una supuesta pluralidad que viene acompañada de todos los problemas, y de ningún viso de compromiso con la sociedad; o, en el mejor de los casos, podría allegarse, ahora sí, de los mejores hombres y mujeres, para seguir eficazmente con el curso de su administración.
Los dos primeros escenarios son poco halagüeños, e incluso hasta algo nocivos. Sin embargo, la posibilidad de que triunfe la funcionalidad por encima de los compromisos y los afectos, es verdaderamente escasa. Y contrario a lo que piensan, esa es una de las razones, sensibles pero trascendentales, por las que nuestros gobernantes nunca pueden alcanzar el estatus de estadistas.

ALIADOS TRAIDORES
Y hablando de eso, hoy habremos de prepararnos para un nuevo día de caos. ¿La razón? Que la Sección 22 del SNTE hará una más de sus movilizaciones. ¿Exigiendo qué? Eso es lo de menos. Lo importante es hacer presencia. Ésta será una semana corta, pero difícil.

+ ¿Son rasgos positivos para esta democracia?

Al inicio de la semana se dio una definición sorprendente para nuestra cultura democrática: sin ninguna disputa, ni pelea, ni confrontación, ni rompimiento, los dos aspirantes presidenciales de las fuerzas de izquierda más posicionados, llegaron a un acuerdo sobre cuál será el destino de la candidatura presidencial, cómo se repartirán los espacios de poder; y sobre todo, cómo tratarán, aparentemente juntos, de ganar juntos un poder que tradicionalmente ha sido codiciado como un objeto personalísimo, e intransferible mientras dura el mandato del gobernante en turno.
En contraposición de ello, vemos que el Congreso de la Unión parece un ente casi ingobernable. Los diputados tienen una capacidad casi nula para ponerse de acuerdo, y sólo logran sacar adelante los acuerdos más apremiantes o indispensables para el sostenimiento de la funcionalidad y la vida democrática del país. Quizá por eso, hoy los partidos y candidatos presidenciales potenciales, buscan a toda costa conseguir mayorías absolutas que les permitan un control del Legislativo independientemente de la capacidad de concertación y acuerdo que puedan tener ahí los representantes del gobierno federal, de los partidos y de las facciones políticas.
Debiéramos preguntarnos si esos rasgos, que aparentemente facilitan la vida política y las decisiones trascendentales de nuestro país, en realidad son benéficos del todo para la vida democrática y para el verdadero mejoramiento de la forma en cómo funcionan los partidos políticos y los poderes federales.
Comenzamos en México a ver escenarios inéditos. Los partidos integrantes de las llamadas fuerzas de izquierda, se han caracterizado, prácticamente desde su creación, por ser entes plurales y deliberativos, en los que muchas veces las decisiones no son compartidas por todos, y en los que tampoco es raro que haya arreglos poco ortodoxos cuando dos personas o grupos se disputan, se supone que civilizadamente y en el terreno político, una misma aspiración, candidatura o espacio dentro del sector público.
Por eso extraña tanto que haya un acuerdo desprovisto de violencia —física o política— entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón, por la candidatura presidencial. Nadie sabe bien a bien cuál fue el arreglo real entre ellos. Pero lo que sí queda claro es que ninguno de los dos salió perdiendo todo ni ganando todo. Empero, desde el primer momento se zanjó la posibilidad de la trifulca, que era la que más se preveía entre quienes se disputarían todas las candidaturas presidenciales, de todos los partidos políticos representados.
Hoy, incluso, vemos que en el Partido Revolucionario Institucional podría ocurrir algo más o menos similar. Ya comienza a manejarse la posibilidad de que el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera pueda declinar en su aspiración de ser candidato presidencial. Quizá el hecho de ver tan posicionado al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de corroborar que ya existe a su alrededor una fuerte cohesión de los factores de poder que confluyen en el priismo nacional, lo ha llevado a suponer que no tendría mayor posibilidad de obtener resultados positivos en la lucha que pretende emprender por hacer contrapesos en esa carrera por la candidatura presidencial.
Frente a todo esto, hay un factor más. Todos los partidos han manifestado su voluntad de obtener mayorías absolutas que les permitan gobernar de la mano del Congreso. Esto es, en términos sencillos, ganar de tal modo que no tuvieran que realizar un trabajo tan intenso de consenso entre las diversas fuerzas políticas, e inhibir en éstas la posibilidad de no llegar a ningún consenso cuando interactúan como pares en las cámaras federales.

¿MAYORÍAS Y UNANIMIDADES
BENEFICIAN A LA DEMOCRACIA?
Las unanimidades reiteradas nunca son buenas para una democracia. Por eso, aunque en un primer momento es positivo el hecho de que parezca haber arreglo entre los factores internos de los partidos políticos para definir sus candidaturas presidenciales, debe también alarmar el hecho de que éstas se están definiendo al margen del debate amplio que debiera haber entre candidatos, y también sin tomar en cuenta el proyecto de gobierno y los antecedentes que tiene cada uno de ellos.
Del mismo modo en el Congreso. ¿Es bueno que se construyan las mayorías? Si, por un lado, éstas permiten un mayor grado de gobernabilidad y una mejor relación entre el Ejecutivo y Legislativo, y todo esto redunda para bien de la nación, entonces sí que se construyan.
Pero si se intenta que regresen las unanimidades para que de este modo se reediten los verticalismos del pasado, y se fortalezca la influencia presidencial con rasgos de autoritarismo —como sí es un riesgo potencial cuando se dota de poder excesivo a un solo ente en nuestro país—, entonces todo esto tendría que ser repensado y revisado tantas veces como fuere necesario, antes de dar varios pasos atrás en la construcción de una mejor democracia.
El caso de los partidos políticos es paradigmático. Ello debiera revisarse para corroborar si, independientemente de que Peña Nieto sea el más aceptado como candidato presidencial  —debido a factores como su imagen, su impacto mediático o la fuerza que tiene a través de los gobernadores, senadores, diputados federales y líderes partidistas de su partido—, tiene también la sustancia suficiente como para poder conducir con liderazgo y respuestas, los problemas más importantes que enfrenta nuestra nación.
Esto debemos analizarlo porque la nuestra es una democracia en construcción, y por tanto es necesario que demos pasos hacia adelante, y no abonemos retrocesos que nos conduzcan a situaciones de las que luego nos estemos lamentando. Pensar que las mayorías absolutas, y las unanimidades nos sacarán de todos los problemas, es tanto como creer que con dejar de nuevo en manos del autoritarismo los asuntos del país, viviremos en la paz y en la tranquilidad que, según algunos, perdimos con el arribo de la democracia.

CUENTA REGRESIVA
Por cierto, ¿cuánto tiempo más aguantará Humberto Moreira al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI? Queda claro que después de ser un activo potencial, por la personalidad agresiva del líder priista, hoy es un pesado lastre que dentro de poco no sólo no le será útil al partido, sino que comenzará a cobrarle facturas. ¿Será sólo cuestión de tiempo? ¿O es que correrán el riesgo de ir a la campaña cargando pasivos de ese tamaño?

+ Conveniencias e intereses, no ideologías

El intento de separación de varios diputados locales, de sus respectivas fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, es apenas un primer síntoma de los reacomodos que a partir de ahora habrán entre quienes intentan subirse al carro del futurismo. Puros y conversos, buscan perfilarse como potenciales candidatos a algo más, aún cuando lo único que están dando, es una grosera demostración de pragmatismos y conveniencias. Una vez definido el rumbo, todos quieren ir. No importa si comparten o no la ideología o los planteamientos de la corriente política a la que se desean adherir.

Desde hace algunos días, en el Congreso se habla con insistencia del potencial abandono de sus respectivas fracciones parlamentarias, de los diputados Pavel López Gómez y Aleida Serrano Rosado del PRD; del diputado Raúl Bolaños Cacho Guzmán del PAN; de Carlos Hampshire Franco de Unidad Popular; e incluso, por el incumplimiento de un acuerdo respecto a la coordinación de su bancada, del diputado Flavio Sosa del Partido del Trabajo. Esto, que pudiera creerse que tiene visos democráticos, e incluso del convencimiento de pasar a la disidencia dentro de sus propias bancadas legislativas, en realidad no resulta ser sino un mero reacomodo de fuerzas rumbo a 2012.

El planteamiento de separación de sus fracciones parlamentarias, hecho hace unos días por esos diputados, es concomitante con las definiciones que está teniendo la izquierda en el país. Y aunque ese es el hecho más trascendental, es también evidente que no fue esa la única razón para que varios de ellos decidieran transitar de una fracción a otra, e incluso también exploraran, hace unos días, la posibilidad de constituir una suerte de “fracción apartidista”, formada por ellos, luego de declararse como diputados independientes, y separarse de su respectiva bancada legislativa.

La razón de todas estas decisiones, radica no en ideologías ni en convencimientos en la plataforma política del virtual candidato presidencial de la izquierda (Andrés Manuel López Obrador), sino en el pragmatismo más puro, y en la defensa de sus intereses y ambiciones particulares. Veamos si no.

Ahí mismo en el Congreso, aseguran que días antes de que terminara el primer año de ejercicio legislativo, emisarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —brazo político-electoral de López Obrador, e independiente de todas las fuerzas políticas que quisieran arroparlo como aspirante presidencial— tuvieron un acercamiento con varios diputados de diversas fracciones parlamentarias. Los enviados de Morena buscaban la consolidación de ciertos apoyos a cambio del otorgamiento de candidaturas para el próximo proceso electoral.

De ahí, dicen, puede entenderse que en unos cuantos días se hubiera conformado todo un bloque de diputados dispuestos a abandonar sus respectivas fracciones, para adherirse públicamente a Morena y a las fuerzas partidistas que desde hace años han sido las incondicionales de López Obrador.

Por eso, señalan, de manera sospechosamente coincidente, tanto el hasta ahora discreto diputado panista Bolaños Cacho Guzmán, como los perredistas López Gómez y Serrano Rosado, tuvieron la misma brillante idea de adherirse a la fracción del Partido del Trabajo, e incluso de formar una fracción independiente si es que al interior de esa fracción no se dirimían por completo las diferencias entre sus dos integrantes por la coordinación de la bancada.

LA IDEOLOGÍA NO IMPORTA

En efecto, en esta loca carrera por el poder lo que menos importa son los principios ideológicos, o los fines que persiguen las distintas facciones políticas. Por eso mismo, en estos últimos días, hemos visto también intentos desesperados de las fracciones parlamentarias (particularmente la del PRD) por frenar este intento de escisión dentro de la cámara. Evidentemente, nadie quiere perder nada. Y es claramente visible, que a nadie le importa sacrificar el discurso y los planteamientos ideológicos, si de lo que se trata es de evitar que el poder se siga fraccionando.

Queda claro que varios de esos diputados se adhirieron a la fracción del PT para ir en busca de candidaturas a diputaciones federales, y al senado de la República, que no podrían conseguir bajo ninguna otra circunstancia. Si ni el diputado Pavel Renato Gómez, ni Aleida Serrano, tampoco el diputado Raúl Bolaños Cacho y mucho menos el pupista Hampshire Franco, fueron capaces al menos de ganar la elección por la que son diputados —todos llegaron al Congreso del Estado por la vía de la representación proporcional—, mucho menos tendrían la confianza de sus partidos, y la fuerza como candidatos, para poder obtener, de la nada, una candidatura a diputado federal o senador.

En este sentido, ninguno de esos diputados cuenta con el respaldo suficiente de su propio trabajo legislativo, como para suponer al menos que tienen la legitimidad como para merecer una diputación federal. Aunque ninguno ha tenido un desempeño excepcional —de hecho todos rondan en la mediocridad—, el caso más paradigmático es el del diputado Hampshire, que en todo el primer año legislativo no tuvo intervenciones, ni propuestas, ni puntos de acuerdo, que pudieran avalar la representación de una minoría indígena fundamental (la triqui) para nuestro estado.

Y si no los respalda el trabajo, menos el posible planteamiento ideológico que pudiera llevarlos a pensar en que eso les justificaría el abandono de su fracción y la adhesión a una con la que seguramente no comparten ningún tipo de planteamiento. En el fondo, todos van por el poder, en la forma que sea. Todos buscan alinearse a López Obrador, para manejar desde aquí los fondos económicos de la campaña presidencial que le correspondan a la entidad; para obtener una postulación. Y para ver si la suerte —que hoy es casi como una moneda al aire— les permite llegar, casi de aventón, a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

Porque como es evidente, en esto sólo valió la carrera por el poder. La ideología y todos los principios políticos, pueden esperar para cualquier otro momento.

AGUAS CON EL GASTO

La campaña de gasto excesivo que inicia hoy viernes, debe tomarnos prevenidos a todos. No sabemos exactamente ni por qué nos están invitando a gastar, y mucho menos nos queda claro si eso verdaderamente podrá traernos un beneficio a la economía familiar. Si de por sí en enero hay “cuesta” económica, ¿cómo arrancará el 2012, cuando ya la gente tenga más de un mes con los bolsillos gastados?

+ Aquí, falta de definiciones, generará choques

El hecho de que ya se haya definido que Andrés Manuel López Obrador será candidato de los partidos que integran las fuerzas de izquierda en el país, no constituye ninguna señal de que exista ya una línea definida a seguir en las fuerzas que gobiernan coaligadamente Oaxaca. Parece que lejos de haber acuerdos y homogeneidad, la pronta definición de la contienda interna por la candidatura presidencial, traerá a Oaxaca una serie de pugnas y desencuentros entre las mismas personas que hoy, desde diversas posiciones, tienen en sus manos a los Tres Poderes del Estado.

Por distintas razones, no es usual en México un anuncio como el hecho el martes por López Obrador, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Ambos decidieron someterse a una encuesta para medir quién es el que tiene mayor aceptación ciudadana y posibilidades de triunfo en la contienda presidencial.

Luego de negociar el resultado —que luego fue avalado por las encuestas— ambos personajes llegaron a la conclusión de que el Primero debía ser Candidato Presidencial; pero que el segundo tenía mano para decidir un número importante de candidaturas y posiciones políticas no sólo en la capital del país, sino en los distintos puntos del país que constituyen centros de poder para los partidos de izquierda.

Uno de esos centros de poder, fundamental, es Oaxaca. Aquí, López Obrador invirtió, en el ahora gobernador Gabino Cué Monteagudo, su legitimidad, respaldo e impulso político para que éste se convirtiera en candidato. Pero, del mismo modo, Marcelo Ebrard le apoyó de manera sustancial a través del nada despreciable aparato político del Gobierno del Distrito Federal, durante y después de los tiempos de campaña.

Por eso, es comprensible que hasta ahora el gobernador Cué haya tratado de mantenerse lo más alejado posible de la disputa por la candidatura presidencial entre esos dos personajes. No se metió abiertamente a apoyar a ninguno de ellos. Pero de forma discreta, a cada uno de ellos les ha dado los espacios que han necesitado, y a sus representantes en la entidad los ha colocado en posiciones de primera línea, como tratando de perfilarlos para las posiciones que estarán en disputa en los comicios del próximo año.

En ese sentido, fue ejemplo de esa política de no confrontarse por parte del gobernador Cué, la de permitir la entrega del Partido Convergencia, para que el movimiento lopezobradorista pudiera transformarlo en Movimiento Ciudadano.

Quedó claro que la intención del Mandatario oaxaqueño era la de dar una posición amplia al tabasqueño, como otra de las posiciones a las que éste tenía derecho en reciprocidad por la ayuda recibida. Pero también, ese episodio dejó claro de qué tamaño serán las disputas entre los representantes de uno y otro grupo, y también de quienes, por pretender quedar bien con ellos, se metieron a una disputa en la que finalmente nadie resultó ganador, porque a todos, para ponerlos en paz, les aplicaron el recurso salomónico de que, a grandes males, grandes remedios.

Eso dejo ver el nivel de heterogeneidad que tiene el grupo que gobierna junto con el gobernador Cué. Y ese bien podría ser un parámetro de la lucha que habrá por las posiciones que ya fueron previamente repartidas entre Ebrard y López Obrador; y que aún cuando podría parecer que por eso ya no habría disputa, queda claro que al menos en Oaxaca este será el inicio de una larga y feroz guerra por ver quién, de los varios grupos que aquí rondan como satélites a la izquierda, se queda con esos nada despreciables espacios.

LUCHA ENTRE VARIOS

Será un verdadero problema si, a partir de ahora, el gobierno de Gabino Cué sigue sin tener definiciones claras sobre a quiénes impulsará rumbo al Senado de la República y las diputaciones federales. Hasta hoy, han quedado claras las diferencias entre el grupo que se identifica en Oaxaca con Ebrard, y los que pretenden convertirse en delegados de López Obrador.

Incluso, en la carrera por las senadurías, se ha visto desde hace meses que el coordinador de los Módulos de Desarrollo Sustentable, Benjamín Robles Montoya, pretende erigirse como el proyecto de Cué con el obradorismo; mientras que, frente a él, se ha plantado Alberto Esteva Salinas, tratando asimismo de generar la idea de que él es el proyecto del gabinismo rumbo al Senado, pero cobijado por el ebrardismo.

La primera escaramuza entre estos personajes se dio justamente con motivo del cambio de denominación del Partido Convergencia. Y todavía hoy, éstos siguen haciendo labor intensa de supuesto posicionamiento político, para tratar de dejar en claro a la opinión pública, a su partido, y al Mandatario (entendido como Jefe Político) que ellos son los más idóneos para encabezar la fórmula de candidatos de izquierda, que irán por el Senado de la República.

Hasta el momento, no se ve otro arreglo posible, que el de una intervención directa del Gobernador para establecer los límites y los equilibrios que se establecerán entre los diversos grupos políticos para el reparto de las candidaturas. E incluso esta posibilidad queda en entredicho, cuando en este primer año de gobierno se ha visto reiteradamente que la mayoría de los grupos perredistas, petistas y convergentes —aún instalados en el gobierno estatal, detentando posiciones incluso de primer nivel— no precisamente le tienen mucho respeto a la figura y autoridad del Gobernador del Estado.

Por todo eso, este mensaje de unidad que enviaron el martes Ebrard Casaubón y López Obrador, en Oaxaca no será precisamente un sinónimo de homogeneidad, o de que por virtud de ello esté “planchado” el reparto de las candidaturas. Aquí, como en otros muchos lugares del país, lopezobradoristas y ebrardistas se darán con todo por quedarse con las candidaturas que, según ellos, no les cederá nadie, sino que las merecen por el trabajo —y las grillas— que han protagonizado hasta ahora. El tiempo dará pauta de todo ello.

CHIMALAPAS

La tensión en la región de los Chimalapas, y la potencial creación de un municipio perteneciente al vecino Estado de Chiapas, en territorio que es considerado como oaxaqueño, no son producto de la casualidad. El olvido reiterado, y las soluciones dilatorias que desde hace años le ha dado el sector oficial a esos conflictos, convierten a esta próspera región en un blanco fácil para vivales que buscan provechos indebidos. ¿Qué no al ojo del amo, engorda el caballo? Ahí tienen el resultado.

+ Diputados: ¿cooptación o desdén por su labor?

Aún cuando pudiera parecer positivo el retorno de la tradición política, en la que el Gobernador del Estado visita personalmente la sede del Congreso del Estado para entregar su informe anual de gobierno, es claro que, al menos en esta ocasión, fue una inmejorable oportunidad desperdiciada por todos los involucrados. Aunque todos manifestaron voluntad por la reedición del informe presencial, queda claro que nadie quiso darle al menos las formas democráticas mínimas de un supuesto Estado en transición, como el nuestro.

Quienes conocen la historia política reciente de nuestra entidad, afirman que fue en 1994 la última ocasión en que un Gobernador del Estado (en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano) visitó el Congreso para entregar personalmente el informe sobre el estado en que se encuentra la administración pública del Estado.

A partir de entonces, los Mandatarios en turno prefirieron dejar de lado esa tradición —que en algún tiempo fue considerada, al estilo presidencialista, como “el día del Gobernador”—, pero no porque consideraran a ésta como una forma política caduca o representativa de la imagen antidemocrática que intentaban eliminar.

Más bien, con el aval de la Constitución (que no obliga a la visita del Gobernador al Congreso, para entregar el Informe), decidieron terminar con este esquema por los problemas que les ocasionaba. Más que la adulación y los elogios de antaño, éste era un día de protestas, marchas multitudinarias, y hasta potenciales enfrentamientos. Dejaron atrás el protocolo, pues, por las incomodidades que éste ya generaba, y no por una vocación democrática de avanzada.

A partir de entonces, la entrega del Informe fue un mero acto protocolario (ahora protagonizado por un subordinado del Gobernador, que sí estaba obligado a sortear todo tipo de inclemencias durante el acto), que luego se complementó con el establecimiento de la obligación de todos los integrantes de la administración pública estatal, de comparecer ante las comisiones de la Legislatura, cuando éstas requirieran su presencia para abundar o aclarar cierto tema, o para abundar los datos contenidos en el Informe durante el periodo denominado como de “glosa”.

No obstante, el gobernador quedó exento de la solemnidad de ser quien rindiera cuentas sobre su gestión; y si esa situación se mantuvo así por alrededor de tres lustros, fue porque de algún modo todos estaban cómodos con esa situación. Es decir, que ni el Gobernante en turno tenía ganas de revivir aquellos momentos cargados de claroscuros y tensión, y los diputados tampoco parecían tener interés en constreñir al Mandatario para que cumpliera con una solemnidad que, nos guste o no, ha sido parte de nuestra cultura y tradición política.

Tuvo que venir el tiempo del cambio. Y con éste quedó de manifiesto que el gobernador Gabino Cué Monteagudo sí tendría la legitimidad, la disposición, y el bono democrático, como para acudir personalmente al Congreso a entregar su informe de labores, y emitir también un discurso desde la tribuna legislativa.

Hasta ahí todo parece correcto, y hasta plausible. El problema es que esa voluntad no fue honrada por un interés democrático genuino. Porque aunque revivió el informe, éste apareció a través del formato más anticuado y antidemocrático posible. El problema es que el Ejecutivo lo planteó de ese modo; y el Legislativo, cómplice y servil —como sigue siendo frente al Ejecutivo—, así lo convalidó.

Por eso, el acontecimiento político de ayer martes no alcanza a llenar los requerimientos democráticos mínimos de la actualidad. Y tampoco puede, ni debe, convertirse en un modelo para los años siguientes —si es que el Mandatario pretende seguir con la tradición de acudir personalmente al Congreso a entregar su informe.

CONVALIDAR LO ARCAICO

El regreso de la tradición del informe de gobierno, en un escenario ideal, debió haber venido acompañado de innovaciones y demostraciones contundentes de una verdadera vocación democrática de avanzada.

Sin tratar de de descubrir el hilo negro, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pudieron haber revisado algunos de los innumerables esquemas posibles de intercambio de ideas entre Poderes, durante ese acto solemne, para tratar de adecuarlo al contexto local y aplicarlo.

El problema es que, de nuevo, ganó la tradición del culto a la personalidad; de la subordinación del Legislativo al Ejecutivo; y de la ponderación del cuidado de la imagen del Mandatario, por encima de lo que sí pudo haber sido un acto democrático.

Y es que el formato de Informe planteado por el Ejecutivo, y convalidado por el Legislativo, es el menos democrático de todos. Ese supuesto acto democrático, en los hechos, no fue sino un binomio de discursos en los que cada uno de los participantes dijo lo que quiso, informó a discreción, y prefirió no salir de su zona de confort frente a sus contrapartes.

Por eso, el Ejecutivo sólo reconoció discretamente sus errores —pero no abundó en los cuestionamientos que la sociedad le ha hecho—; y el Legislativo, en su respuesta, prefirió transitar en lo abstracto, evadiendo la gran mayoría de los temas de fondo que pudieron haber sido la sustancia de este acto.

Prueba de ello, es que en este informe no hubo ni siquiera la vieja tradición de los posicionamientos previos de las fuerzas políticas. El oficialismo y la oposición no tuvieron posibilidad de manifestar formalmente sus posiciones frente al gobierno. Y el Gobernador no tuvo tampoco que escuchar esos argumentos que, se supone, podrían ser no sólo una crítica, sino también un punto de utilidad para el replanteamiento de los temas que no han sido eficazmente atendidos por su gobierno.

Los posicionamientos de las fracciones parlamentarias —si es que los hay— frente a la acción de gobierno, serán por eso actos aislados, y potestativos. Y quién sabe si para los años siguientes haya verdadera voluntad de revisar el esquema, y hacerlo verdaderamente democrático, y no consolidar este acontecimiento como un acto demagógico, que lo que estaría reviviendo es nada menos que la tradición autoritaria de rendir culto al Mandatario durante ese, que sería de nuevo, su día.

EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD

lamó la atención que varios integrantes del gabinete legal estuvieron ausentes en el Informe. Según dicen, tuvieron actividades más importantes fuera del Estado, que acudir a la rendición de cuentas de su Jefe ante el Congreso.

+ Atracción por pobreza, no por modelo

¿De verdad estarán convencidos en el Gobierno del Estado, de que hoy nuestra entidad es atractiva para las agencias internacionales de desarrollo, por ser un modelo de gobierno y una entidad dotada de excelentes condiciones sociales y de gobernabilidad en México? Pareciera que ese es uno de los ejes que pretenden explotar, desde el sector oficial, en el primer informe de labores del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Pero es evidente que, en rigor, Oaxaca está lejos de ser una entidad atractiva para los organismos internacionales por los aspectos que el gobierno pretende hacernos creer.

Uno de los rubros en los que el Gobierno del Estado incursionó en esta administración, fue en el relativo a la vinculación y el financiamiento internacional. De hecho, hasta crearon una coordinación con ese nombre. Sin embargo, es claro que una cosa es el acercamiento con organismos de ese tipo, y otra la engañosa imagen —que también han tratado de generar en la administración estatal— de que Oaxaca tiene algo así como su propia “política exterior”.

Es evidente que mientras la primera de las finalidades es no sólo útil, sino también necesaria —y se aparece como un gran acierto, ante las imperiosas necesidades que tiene nuestra entidad—, la segunda es un peligroso engaño, que intenta sorprender a quienes desconocen por completo el andamiaje constitucional, y el ámbito de competencias institucionales en nuestro país.

Queda claro que, en el primero de los casos, son las condiciones sociales, dolorosísimas, las que desde siempre han atraído la atención y el trabajo de las agencias internacionales de desarrollo, tanto de la ONU como de diversos países interesados en Oaxaca.

El hecho de que hoy esas agencias vengan a la entidad a firmar convenios, y hasta a hacer conmemoraciones relativas a su propia existencia, en alguna medida sí tiene que ver con el bono democrático del nuevo gobierno. Durante toda la gestión anterior, aquellas agencias de desarrollo sí venían y realizaban trabajo social y de investigación, pero siempre de manera independiente.

Además, tenían absoluto cuidado de aparecer públicamente lo menos posible, y sobre todo evitando a toda costa, dar la idea de que trabajaban mano con mano con un gobierno local encabezado por un personaje (el gobernador Ulises Ruiz Ortiz) sobre quien, nacional e internacionalmente, pesaban una imagen de represor, corrupto, autoritario e intolerante, y sobre quien habían serias conminaciones para que abandonara el cargo por su amplia vocación antidemocrática.

Por si todo eso no fuera suficiente, también era claro que el gobierno estatal de aquel entonces, tampoco tenía mucho interés de coordinar esfuerzos con las agencias internacionales, y mucho menos tenía interés en obtener recursos extraordinarios, provenientes del exterior, para atender problemáticas sociales de comunidades indígenas con fuertes problemas de pobreza y marginación. Por lo menos no les interesaba hacerlo de manera coordinada y sistemática, como hoy intenta hacerlo la administración estatal.

No obstante todo lo anterior, es claro que hoy, y siempre, a las agencias internacionales de desarrollo les ha interesado nuestra entidad, porque ésta se encuentra plagada de todo tipo de calamidades sociales (pobreza, marginación, violencia familiar, discriminación, analfabetismo, etcétera) que son de su interés atender… para tratar de incidir en su abatimiento.

Esa es la razón de mayor peso para que hoy las agencias tengan interés en la entidad, y no el hecho de que vengan aquí a firmar convenios y a hacer celebraciones sólo porque consideren que la nuestra es una entidad con paz, con gobernabilidad, o con un gobierno modélicamente democrático y funcional. Queda claro que aún con cualquier tipo de avance que pudiera haber habido en este primer año de gestión, aún estamos lejos de poder situarnos en una posición de esas características.

¿POLÍTICA EXTERIOR?

Se supone que hoy, los esfuerzos de las relaciones internacionales que entabla el gobierno de Oaxaca con organismos de ese tipo, están concentrados en una sola coordinación institucionalizada. Su función y alcances, sin embargo, se encuentran circunscritos a tareas específicas, y no al posible establecimiento de una “política exterior”, como se ha tratado de aparentar, y como algunos despistados han tratado de creer.

La idea de entablar relación con organismos internacionales de desarrollo, lejos de ser cuestión negativa para un gobierno local, es una tarea útil que incluso podría aparecerse como un tipo de “as bajo la manga” frente a las limitaciones económicas. Se supone que la idea principal del establecimiento de la coordinación del gobierno local encargada de esas tareas, se encuentra en la búsqueda de recursos internacionales extraordinarios que pudieran ejercerse, para abatir ciertos índices de marginación o pobreza, que sitúan a nuestra entidad entre las más afectadas por esas condiciones.

Y, según se plantea, todo eso puede lograrse a través de la vinculación y la realización de programas conjuntos y diagnósticos, que luego podrían servir a los organismos internacionales para destinar recursos, y ejercerlos ellos mismos o a través del gobierno local, para atender los fines que se proponen.

No obstante, todo eso se encuentra a kilómetros de distancia de la posibilidad de que Oaxaca entable relaciones internacionales de otro tipo. La idea, si ha querido ser incrustada desde el mismo gobierno, es no sólo errónea, sino incluso invasiva de las atribuciones que la Constitución de la República le otorga al Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por todo eso, querer confundir el financiamiento internacional, con el establecimiento de algún tipo de política exterior, no es justificable desde ninguna perspectiva. Y querer asumir que es por las buenas condiciones de la entidad que los organismos se interesan en venir a Oaxaca, es tanto como querer esconder, debajo de un trapito, las abrumadoras condiciones sociales que prevalecen en nuestro estado.

PRIMER INFORME

Hoy rinde su primer informe el gobernador Gabino Cué. Para las generaciones actuales es novedoso que vaya al Congreso. Ojalá que, el retorno de esa “tradición”, no venga acompañada del añejo “Día del Gobernador”. Ojalá que el informe deje, pues, de ser motivo de lucimiento y magnanimidad del gobernante, ante la obediencia del Legislativo, y sea un verdadero acto democrático y republicano de informe y crítica. ¿Será?