+ Discutir usos y costumbres… pero sin quebrantarlos

La emboscada ocurrida el pasado sábado en Santiago Choapan, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la que murieron a tiros 10 personas y otra docena resultaron heridas, debe constituir uno de los llamados más urgentes de los últimos años, a todos aquellos que tienen injerencia en el Poder Público para que inicien una discusión seria en torno al sistema de Usos y Costumbres. Empero, contrario a lo que se piensa, ese replanteamiento no debe consistir ni en la partidización de las comunidades indígenas, y mucho menos en la desaparición del sistema de derecho consuetudinario para la elección de autoridades. ¿Entonces qué debe discutirse?

Queda claro que, en su situación actual, el sistema de elección por usos y costumbres genera un número importante de problemas. Sin embargo, es necesario preguntarnos también, con toda seriedad, por qué ocurren esos conflictos y, sobre todo, cuál sería el escenario actual de Oaxaca si en los 570 ayuntamientos del Estado, las autoridades municipales fueran electas a través del sistema de partidos políticos.

Vayamos primero al segundo de éstos cuestionamientos. Queda claro, en ese sentido, que aunque hoy son varios los conflictos postelectorales en comunidades indígenas —que se aparecen como auténticos focos rojos para la gobernabilidad, la paz y el orden—, en buena medida éstos han sido provocados no porque los habitantes de los pueblos no tengan la capacidad de ponerse de acuerdo para elegir a sus concejales, sino más bien porque existen otros vicios que, anidados y manipulados, generan una serie de problemas que luego resultan en confrontaciones, conflictos, ingobernabilidad… y hasta matanzas. ¿De qué hablamos?

De que, durante años, los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres fueron el escenario propicio para la injerencia de representantes políticos que trataban de tomar el “control político” de esas zonas que debían ser eminentemente apartidistas; y de que, también durante largo tiempo, dirigentes partidistas, funcionarios públicos y “empresarios” voraces, vieron a esas comunidades (a sus presupuestos) como una auténtica caja chica de la cual podrían servirse. Veamos el asunto punto por punto.

Muchos de los conflictos que hoy prevalecen alrededor de las comunidades regidas por los usos y costumbres, tienen como cuestión de fondo la intervención de representantes de partidos o grupos políticos, que intentan asaltar y/o “colonizar” a las autoridades municipales electas a través del derecho consuetudinario, para poder hacer trabajo proselitista no con miras a procesos electorales municipales, sino para poder conseguir clientela electoral para los comicios de diputados locales, legisladores federales, Gobernador y Presidente de la República.

Queda claro que ese ingrediente —nunca reconocido por los gobernantes en turno, pues sus respectivos partidos incurren en esas mismas prácticas— provoca recurrentes problemas de inestabilidad, ya que para lograr tales fines electorales se da la recurrente colusión de autoridades estatales con municipales, y a través de ésta se permiten, fomentan y hasta obligan los fraudes en contra de las arcas municipales.

Por eso es recurrente que en esos municipios, funcionarios, agentes partidistas y hasta particulares, se aprovechen de las ansias económicas o la ignorancia de las autoridades municipales, para efectuar auténticos robos de recursos públicos, que luego dejan descontenta a la población y generan más problemas de los que ya tienen.

“CONTROL POLÍTICO”

Ahora bien, ante la pregunta específica de por qué existen estos conflictos, es necesario ampliar el horizonte. Es claro que ahora más que nunca, los partidos, los grupos de poder, los operadores políticos y también las organizaciones sociales, deben comenzar a actuar con un mayor grado de responsabilidad. Los tiempos del control hegemónico se terminaron. Y quienes tradicionalmente militaron en las fuerzas de oposición, ahora resulta que tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar el Estado.

No es raro que, ante los hechos de Santiago Choapan, la secretaria General de Gobierno exigiera tanto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como a diversos actores políticos —entre ellos algunos profundamente enquistados hoy en las estructuras estatales, como el diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio, y su “operador”, César Mateos Benítez—, “asumir su responsabilidad”.

No es raro, porque tampoco resultaría extraño que, en efecto, éstos y otros grupos políticos —también priistas— tuvieran metidas las manos en la región, y particularmente en ese conflicto. Sin embargo, si nada de eso es extraordinario, ¿por qué entonces lanzar señalamientos de este tipo, que sólo enrarecen las relaciones entre los grupos de poder?

La respuesta no se encuentra en la presencia de esos grupos, sino en la posible actuación de los mismos, en el contexto particular de comunidades que no se rigen por el sistema de partidos políticos. En palabras sencillas: no es lo mismo hacer política partidista en las comunidades que sí aceptan ese sistema, que tratar de hacerlo en otras en las que, basadas en sus reglas de derecho consuetudinario, sólo asimilan la presencia partidista como sinónimo de división y conflicto.

Por todo eso, los encargados del control de la gobernabilidad en Oaxaca hoy tienen no sólo el reto de encontrar la paz en esa y otras comunidades que tienen conflictos por problemas postelectorales: también debe hallar la forma de controlar a los grupos sociales que hoy les son afines, para que éstos —y todos— no sigan siendo un factor de inestabilidad y controversia en esas comunidades.

Esos mismos actores y organizaciones, deben comenzar a entender con responsabilidad que ya no son parte de la oposición, y que ahora más que nunca las decisiones que tomen serán trascendentes para la paz y la vida en esas zonas en las que, según los hechos y el poco valor que se le da a la estabilidad social, pareciera que la vida no vale nada.

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

Es hasta ocioso buscar culpables en relación al caso Choapan. Falló gravemente la Secretaría General de Gobierno, como también la de Seguridad Pública, por no atender las previsiones de lo que podía ocurrir en la zona. Incurrió en eso mismo el IEEPC por no tener la sensibilidad suficiente para entender la circunstancia. ¿Y los grupos y actores políticos directamente involucrados saldrán incólumes? Sólo eso faltaría.

+ Choapam: ¿De verdad nadie sabía de las tensiones?

Una de las premisas fundamentales de la gobernabilidad en Oaxaca, radica en la buena relación que pueda tener el Gobierno del Estado con las principales organizaciones sociales que existen en el territorio estatal. Hoy, sin embargo, las necesidades imponen no sólo el hecho de que exista una buena relación, sino que ésta sea transparente, legal y conforme a las necesidades sociales, y a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que demanda la sociedad.

Todo esto parecería, de entrada, una misión imposible. De hecho, ha sido característico de la relación entre el gobierno estatal, y la gran mayoría de las organizaciones sociales —y de lucha social—, que todo esto ha ocurrido siempre en el seno de la opacidad, de los acuerdos oscuros, y de la entrega de recursos para supuestos proyectos de desarrollo social, que en realidad no eran sino cuotas de chantaje, de cooptación política, o de complicidad entre unos y otros.

Ante esta historia reiterada de entrega de millonarios recursos públicos a fondo perdido, la sociedad demandó, como una de las premisas de la transición democrática, que a partir de ahora la relación entre el gobierno estatal y las organizaciones sociales fuera no sólo cordial y civilizada, sino que además pudiera ser transparente, y que los dineros del Estado que estaban destinados a desarrollo social y que les eran entregadas a éstas, verdaderamente impactaran en mejoras para las comunidades, y no siguieran siendo el negocio de unos cuántos.

En un primer momento, parecía que la nueva administración estatal había entendido esas exigencias de la sociedad, y estaba dispuesto a generar una nueva relación con las organizaciones sociales, para cumplir con los fines demandados, para impulsar verdaderos proyectos que impactaran positivamente en el desarrollo social de la entidad, y sobre todo para materializar la paz social que tanto hemos anhelado los oaxaqueños.

Hoy, sin embargo, esa relación —que nació con el pie derecho—, está a punto de romperse por las ambiciones de algunos personajes que intentan timar tanto al gobierno como a las organizaciones, para obtener beneficios particulares. ¿De qué hablamos?

De que, si bien se recuerda, el pasado mes de marzo se conformó el Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas, Pesqueras y de Transporte para buscar acercamientos con el Gobierno estatal, debido a la insensibilidad y desatención que éste había tenido con las organizaciones sociales que existen en la entidad. Dicho Frente, quedó integrado por 53 organizaciones —aunque varias de ellas existen únicamente de membrete.

En ese mismo mes, se realizó una marcha que culminó con una mesa de diálogo en el Palacio de Gobierno. Derivado de ello, se acordó participar en foros con las diferentes Secretarías a efecto de escuchar las propuestas de las organizaciones, e integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo.

También se pactaron reuniones entre el subsecretario de gobierno Oscar Cruz López y cada una de las organizaciones, para recibir sus respectivas propuestas. Lamentablemente, el Frente comenzó a ser rehén de dos personajes; Jesús Romero y Karina Barón quienes, junto con otros personajes afines a ellos, son los que han tomado las decisiones y han tratado de llevar al Frente a tomar una actitud complaciente con el gobierno estatal.

INCUMPLIMIENTO REITERADO

Estos personajes han apostado por el servilismo, a pesar de que el gobierno sigue desoyendo a las organizaciones y no ha cumplido con lo pactado, pues los foros fueron más bien exposiciones de buenos motivos; y aunque se levantaron minutas, hasta ahora ninguna de las propuestas de las organizaciones se ha materializado.

Asimismo, en las reuniones que supuestamente se tendrían con Oscar Cruz, únicamente estuvo presente un funcionario menor que, valga decirlo, tampoco resolvió nada. Pero a pesar de ello, por la influencia de Romero y Barón, las acciones del Frente ahora se están enfocando sólo en contra del gobierno federal, y particularmente de la Sagarpa y su Delegado en Oaxaca.

En la semana que termina fueron dos los hechos que llaman la atención, y que dejan en claro que lo que pudo ser un movimiento para sentar las bases de una nueva relación de las organizaciones con el gobierno estatal, Romero lo está tratando de convertir en un movimiento “gobiernista” y con claras tendencias a la satisfacción de intereses personales.

En ese sentido, causó gran desconcierto a las organizaciones participantes la publicación de un boletín el pasado viernes, en el que se daba a conocer que Benjamin Robles Montoya se había reunido con el Frente, y en el que se destacaba que Jesús Romero reconocía “la sensibilidad del gobierno estatal”. Lo extraño, en todo esto, es que para esa reunión no se convocó a todas las organizaciones y únicamente asistieron representantes afines a los grupos de Barón y Romero, y otros pocos sin ninguna representatividad.

Finalmente, aseguran que el pasado martes las organizaciones que integran el Frente fueron citadas en Ciudad Administrativa para revisar las propuestas que fueron presentadas y autorizar los proyectos y programas para cada una de las organizaciones.

Se dijo que tales proyectos y programas para las organizaciones habían sido “palomeadas” por Jesús Romero y Karina Barón, por lo que es claro que la distribución no se hizo en función de la viabilidad de los mismos, de la representatividad o al menos de la participación de las organizaciones, sino más bien en función de la afinidad de los grupos sociales con estos dos personajes.

El servilismo de estos personajes y particularmente de Jesús Romero con el gobierno estatal, y la pretensión de satisfacer intereses personales y de capitalizar el esfuerzo de las organizaciones, puede terminar por dinamitar un frente que, hasta ahora, de alguna manera ha funcionado, y que aún puede convertirse en un aliado sano e importante para el Gobierno del Estado, ahora que éste busca firmar un Pacto Social con muchas de las organizaciones, que ya han sido objeto de la ambición de ese puñado de manipuladores.

¿NADIE SABÍA?

Sorprende la “sorpresa” mostrada por varios funcionarios ante la sangrienta emboscada ocurrida el pasado sábado en la comunidad de Santiago Choapam, en Tuxtepec, y que fue motivada por un lío postelectoral. ¿Nadie sabía del conflicto y de los riesgos de violencia? ¿Este fue un acto fortuito que no podía ser evitado? Por favor. El asunto es tanto o más grave de lo que parece. Abundaremos.

+ Impunidad: costo político, para Mandatario

Hace apenas unas semanas, algunos medios dieron cuenta de cómo el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue hostigado en un restaurante de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, por un grupo de activistas que le reprochó a gritos por los homicidios y actos de represión cometidos durante el conflicto magisterial de 2006.

Ese estigma de la represión, aún hoy es parte del costo político que paga el ex Gobernante por haberse excedido en sus funciones, pero también por decisiones que tomaron sus subordinados, y que él no supo detener ni castigar oportunamente. Aunque en sus características propias, eso mismo podría ocurrir con un asunto actual, como el del desastre policiaco de Textitlán.

Para entender este asunto, es necesario volver la memoria a los hechos que detonaron el conflicto magisterial de hace cinco años. Regresemos a lo ocurrido hace exactamente un lustro: En aquel momento, en mayo de 2006, la inconformidad magisterial derivó en un paro indefinido de labores, y la instalación de un plantón por parte de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE.

Esas acciones de protesta duraron 24 días —del 22 de mayo al 14 de junio de ese año—, hasta que el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, decidió poner en marcha un operativo policiaco para despejar las calles y obligar a los profesores a desocupar alrededor de sesenta calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, que entonces mantenían ocupadas.

Independientemente de los errores estratégicos cometidos en ese operativo —los cuales llevaron a los elementos estatales a ser ellos los replegados por los profesores, en un enfrentamiento desigual y desordenado, que dejó una pésima imagen de las corporaciones policiacas—, lo cierto es que desde entonces la Policía del Estado comenzó a cometer una serie de excesos y arbitrariedades, ordenados y no por las autoridades superiores, por las que finalmente no terminó pagando nadie más que el entonces Gobernador del Estado. Veamos si no.

Por el operativo policiaco del 14 de junio de 2006, todos los sectores que se sintieron agraviados responsabilizaron al entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, al director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y a la secretaria de Protección Ciudadana, Alma López Vásquez.

Esos tres funcionarios, fueron cesados de sus funciones apenas unas semanas después del operativo. Y con eso, el Gobernador del Estado supuso que había hecho “justicia” y que con la destitución de los funcionarios mencionados se subsanarían los señalamientos que para entonces ya pesaban no sólo en contra de aquellos, sino también en su contra.

¿Qué pasó después? Que los excesos policiacos, los actos de represión y de hostigamiento en contra de activistas y grupos sociales continuaron. Y el Gobernante, que siempre negó tener participación o conocimiento de ellos, siguió tolerándolos. Es decir, que cuando menos permitió que sus funcionarios continuaran excediéndose en sus funciones, o incluso él continuó ordenando esos actos de hostigamiento continuaran ocurriendo. Y al final, resultó que no fue nadie más que él quien pagó todos los costos políticos de los actos que él dispuso expresamente, y de los que permitió a sus funcionarios por tolerancia o desconocimiento de los fines que perseguían.

DESTINO IMPLACABLE

Hoy, por ejemplo, Jorge Franco Vargas es diputado federal, y todos los días camina por las calles con un discreto equipo de seguridad que, por momentos, parece imperceptible. Aún con eso, no tiene reparo alguno en seguir viviendo en la capital oaxaqueña, y más allá de los señalamientos de algunas personas, no parece tener mayor contrariedad o problema por habitar en la ciudad donde a él se le acusa de haber ordenado uno de los mayores actos de represión de los últimos años.

Lo mismo ocurre con los demás involucrados directos: Vera Salinas, por ejemplo, ocupó algunos cargos policiacos de relevancia en otras entidades federativas, y sólo desapareció de la escena pública cuando fue involucrado en investigaciones federales por actos de espionaje en el estado de Quintana Roo. Éstos, sin embargo, nada tienen que ver con su intervención en el conflicto magisterial de Oaxaca, o con algún tipo de responsabilidad por haber sido la autoridad ejecutora de posibles actos de represión, excesos o brutalidad policiaca.

Alma López, incluso, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y hoy su figura no parece tener el más mínimo cuestionamiento por esos episodios. Algo similar ocurre con la ahora auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, que en aquellos momentos era procuradora de Justicia. Para ambas, aquellos sucesos parecen hechos lejanos, por los que ya no tienen contrariedad alguna.

¿Quién pagó, sin embargo, el costo por los errores o excesos de esos y todos los funcionarios relacionados con los hechos del 2006? Sin duda, es y seguirá siendo el ex gobernador Ruiz, por no haber tenido la determinación suficiente para hacer que cada quien cargara con sus propias responsabilidades. Hoy, todos los mencionados siguen en Oaxaca, menos el ex Mandatario que seguramente nunca más podrá regresar a caminar tranquilamente por las calles de la Verde Antequera.

Todo eso debería estarlo registrando hoy el gobierno actual, si es que no desea cargar con el costo de los excesos e irresponsabilidad de unos cuantos funcionarios. El Gobernador del Estado, los diputados del Congreso del Estado, y todos los demás involucrados, debían entender este asunto con una perspectiva de más largo plazo, y comprender que los titubeos no llevarán al sacrificio a nadie más que a quien encabeza el destino político de la entidad.

Frente al caso de Textitlán, deben abandonar todos los maniqueísmos con los que pretenden disfrazar la realidad, y comenzar a entender que este puede ser el primer gran estigma de un gobierno de altas expectativas, sobre el cual se espera mucho, pero no acciones como esa. Ojalá lo entiendan a tiempo.

¿EFICIENCIA GUBERNAMENTAL?

Si usted desea hacer cualquier trámite en Ciudad Administrativa, y necesita pagar derechos por él, ¿qué cree? Que en todo ese enorme complejo de “modernidad”, no existe una sola oficina de recaudación. El sitio más cercano para pagar, son las oficinas de Tránsito del Estado, que se encuentran a más de un kilómetro de ese lugar. ¿Eso es eficiencia? Es pregunta.

13 de mayo de 2011.

+ Oaxaca, de todos modos metida en un brete

Queda claro que la posibilidad de derogación del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos en Oaxaca, se encuentra en un callejón sin salida. Aunque hoy la Confederación Revolucionaria de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI asegure que va ganando una posible batalla legal, esto no resulta ser sino una verdad a medias. Y el problema es que, hasta ahora, ni el gobierno estatal se ha pronunciado sobre una posible medida para realmente aminorar el impacto de este impuesto, ni la oposición priista ha tomado verdaderamente la bandera de la derogación, ofreciendo alternativas de recaudación posibles para compensar esta pérdida a las arcas estatales.

Aunque la exigencia de derogar un impuesto impopular como la tenencia parece en sí mismo estruendoso, en el fondo se encuentra el dilema principal para todos los involucrados, que radica en el hecho de que así como la ciudadanía desea pagar menos impuestos, el Estado tiene la necesidad y el objetivo de recaudar mayores recursos a través de gravámenes. En la medida que estas dos necesidades no tienen puntos de coincidencia, este asunto no tendrá una solución cercana y favorable para los ciudadanos.

Son varios los temas que, en este sentido, quedan enfrentados. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho de que el gobierno estatal ha asegurado que la permanencia de este impuesto se encuentra anclada a obligaciones contraídas por la administración gubernamental anterior. Esto, independientemente de la carga político-partidista que conlleva —y le guste o no a los priistas— es cierto: el gobierno de Ulises Ruiz contrajo deudas (como la bursatilización y los contratos de Prestación de Servicios) que garantizó con el cobro de derechos vehiculares futuros por un lapso de cuando menos una década más.

Empero, otro de los asuntos que quedan confrontados, es el de la pésima disciplina fiscal que existe en Oaxaca, la poca voluntad que ha habido en gobiernos anteriores para incrementar la recaudación de impuestos estatales, y la cruzada que pretende continuar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo para revertir esta tendencia. ¿De qué hablamos?

De casi nada: que hablando en plata, e independientemente del “presupuesto histórico” conseguido para el presente año, es innegable que la recaudación de impuestos estatales no se encuentra en sus mejores niveles actualmente.

En números redondos, funcionarios del gobierno estatal consultados por esta columna aseguran que el Estado recauda alrededor de mil 500 millones de pesos anuales por gravámenes locales, pero que alrededor de dos terceras partes se destinan a pagar las obligaciones crediticias que heredaron del pasado. Por eso, aseguran, no sólo no es posible eliminar el impuesto sobre la tenencia de vehículos, sino que se deben incrementar las medidas tendientes a lograr que más contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.

¿Cómo hallar coincidencias, frente a este cúmulo de argumentos que lo único que revela son posiciones francamente irreconciliables? El ciudadano en nuestra sociedad, como es natural, paga sus impuestos de mala gana, y siempre buscará pagar menos; el gobierno, por su parte, se enfrenta no sólo a la decisión, sino también a la necesidad de recaudar más.

Además, aunque quisiera, sus posibilidades presentes lo imposibilitan para tomar una decisión de ese tipo. Y el partido que es su principal opositor, lo mismo toma una actitud tibia y de titubeos, que ignora cualquier posibilidad de plantear alternativas de solución a este asunto, que finalmente no beneficiaría a partidos o grupos, sino a los contribuyentes con menos impuestos.

¿Cómo hallar soluciones con un escenario así?

VICTORIA PARCIAL

Ahora bien, habría que tomar con reservas el anuncio hecho por el líder cenopista en Oaxaca, Jorge Toledo Luis. Si bien es cierto que consiguió una primer victoria en la cruzada legal que inició en contra del cobro del impuesto sobre la tenencia, y los actos de molestia que pudiera ordenar o ejecutar la autoridad en contra de particulares para lograr su pago, también es cierto que este asunto se encuentra lejos de ver una resolución favorable firme. ¿De qué hablamos?

De que, según las propias declaraciones del Dirigente sectorial del PRI y de la información que ofreció a los medios informativos, lo que logró fue una suspensión provisional no contra el cobro impuesto en sí, sino para que los promoventes no fuesen molestados por la autoridad para lograr el cumplimiento de esa obligación fiscal.

Es cierto que es un logro importante haber conseguido provisionalmente la protección de la justicia de la Unión, para no ser molestado en operativos policiales o de agentes de Tránsito del Estado, y para que esos funcionarios no puedan inmovilizar o sacar de la circulación un vehículo de motor por dicho motivo; sin embargo, también es cierto que la victoria de fondo en ese Juicio de Garantías sólo se logrará cuando se declare inconstitucional el impuesto, además de los actos de molestia de la autoridad a particulares para conseguir su cobro.

¿Qué queda entonces? Evidentemente, la derrota ciudadana, no. Tampoco la posible derogación del impuesto en el corto plazo, lo cual sería asimismo asumido por el gobierno estatal como un acto de capitulación frente a sus gobernados. En realidad, lo que debería quedar es que unos y otros comenzaran a tener puntos de coincidencia, a través de una discusión seria, para conseguir recíprocas concesiones que, finalmente, lograran un mayor beneficio ciudadano.

Es cierto que lo mejor sería que pagáramos menos; pero también es cierto que sería benéfico que el gobierno tuviera más dinero para cumplir de mejor modo con sus fines, y prestar servicios públicos de mayor calidad. Sin embargo, mientras estas sigan siendo posiciones irreconciliables, y se presenten como incompatibles, lo único que prevalecerá será una discusión estéril de palabras necias, y oídos sordos. Y de lo que se trata, en realidad, es que más allá de sus derrotas o victorias particulares, los ciudadanos tengamos beneficios reales de todo esto.

UN EJEMPLO…

Más allá de cualquier cuestionamiento, Adelfo Regino debía ser un ejemplo —y un cuestionamiento moral y ético— para todos aquellos que ocupan cargos públicos sin cumplir con el perfil profesional requerido. Ahora sólo falta ver que éste, como los demás, sea eficiente y eficaz en las tareas que le fueron encomendadas. Ahí está, para todos, el verdadero reto.

12 de mayo de 2011.

+ Medios y tolerancia frente a lucha ¿democrática?

Sorprende que después de una larguísima historia de menosprecio a la opinión ciudadana en Oaxaca, y a los reportes y análisis críticos generados desde los medios de información, ahora el secretario general de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, critique la actitud de algunos medios de comunicación quienes “han tergiversado la información” y “denostado” al movimiento democrático del magisterio “para dejarlos en mal ante la sociedad”. Esto pinta de cuerpo entero a un gremio que, bajo un claro esquema de doble discurso, dice ser democrático y defender las causas del pueblo de Oaxaca, pero que reacciona en sentido contrario.

Queda claro, de entrada, que la Sección 22 del SNTE es uno de esos grupos sociales que ni siquiera necesitan que alguien los calumnie. En los más de treinta años que lleva su lucha gremial, social y política, ésta siempre ha estado a la vista de todos. Cada oaxaqueño ha visto, y padecido a flor de piel, los efectos de cada una de sus decisiones, acciones, y formas de lucha. Frente a eso, es imposible que “alguien” o “algo” pueda “ponerlos en mal” frente a una ciudadanía que siempre ha visto lo que hacen.

Si esto es así, ¿entonces de dónde viene la molestia del magisterio? Hoy, puede verse que esa incomodidad, e inconformidad de la Sección 22, más bien parte del profundo sentido antidemocrático que la domina. ¿De qué hablamos?

De que, aún cuando ellos son los más beligerantes, los más combativos, y los más contestatarios, frente a todos aquellos que tienen “algo” que como gremio les interesa, ellos consideran que sólo es fiel a la causa —y digno de ser atendido y considerado—, todo aquel que les manifiesta una incondicionalidad que, a todas luces, es dañina para el entorno “democrático” que dicen defender. Es decir, todos aquellos que se dedican a ensalzar sus acciones, sin siquiera tener un criterio propio respecto a si sus acciones son benéficas a nivel colectivo, o si sólo son un conjunto de caprichos de grupo.

En ese sentido, queda claro que los profesores de la Sección 22 que, ni hoy ni antes, ha necesitado medios o grupos aliados. En realidad, ellos han basado su fuerza en el control laboral y salarial que tienen de sus trabajadores, y no en algún tipo de aceptación o respaldo popular.

Por eso, siempre que lo que se les pega la gana: pueden ser capaces de cerrar las aulas, abandonar sus centros de trabajo, cerrar calles, impedir la prestación de servicios públicos, y organizar plantones, sin detenerse a considerar si la mayoría de los oaxaqueños está de acuerdo no sólo con sus causas, sino también con sus formas de lucha; y hacen todo eso sin mucho menos considerar si a partir de tal o cual forma de lucha, ellos pueden “quedar en mal” o “descalificados” frente a la opinión pública.

Si esto fuera así, entonces la historia reciente de Oaxaca habría sido distinta, y habría mucha más sensibilidad respecto no sólo a lo que ellos desean, sino también en relación a qué necesita la niñez oaxaqueña que asiste a las escuelas públicas; de qué necesitan los oaxaqueños que ven afectadas sus actividades por el accionar del magisterio, y cuál debería ser el punto en el que ellos deberían detener sus protestas para no convertirlas en un chantaje.

Dice un viejo chascarrillo de la política local, que existen ciertos personajes que son “incalumniables”. Esto, porque cualquier cosa que se pueda decir de ellos, buena o mala —pero particularmente mala—, en el fondo es cierta. Ese es, hoy, el caso de la Sección 22.

¿Y LA DEMOCRACIA?

Los profesores siempre han luchado de cara a la sociedad. Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto a sus exigencias, a sus negociaciones con el gobierno estatal, y a lo que consiguen luego de cada jornada anual de lucha. Un verdadero sentido democrático —que dejaría sin materia la supuesta crítica infundada de los medios informativos— debería apuntar a que la Sección 22 clarificara todos y cada uno de los procesos de negociación y acuerdo en que interactúa con el gobierno estatal.

¿Por qué, por ejemplo, la Sección 22 no hace público el pliego petitorio que anualmente entrega al Gobierno del Estado, y por qué exige que éste le entregue su respuesta en sobre cerrado, el cual no es susceptible de ser dado a conocer a la opinión pública? ¿Qué esconderán unos, y qué obligarán a no revelar a los otros, como para considerar esas comunicaciones como un asunto confidencial y reservado?

Lo mismo ocurre con el proceso de negociación. Ni siquiera el grueso de los profesores democráticos, y ni siquiera de los delegados a la Asamblea Estatal, saben bien a bien qué ocurre en las mesas de negociación, a la que sólo acuden los líderes magisteriales reales, y que son quienes acuerdan arreglos comunes para el gremio —y beneficios particulares para ellos— para no endurecer las protestas.

Esta es una vieja demanda que, sin embargo, cobra vigencia recurrentemente: ¿Por qué no abren al conocimiento, y atestiguamiento general, el proceso de negociación entre el gobierno estatal y la 22? ¿Por qué no permitir que toda la sociedad oaxaqueña se entere de cómo negocian, qué puntos ponen sobre la mesa, cuáles son los que más les interesa, y cómo se llega a los acuerdos finales?

Todos los oaxaqueños no debíamos olvidar que todo lo que se pone en las mesas de negociación entre el gobierno y la 22 son temas de interés público. Esencialmente son tres: primero, los dineros públicos que cada año se les entregan para satisfacer diversos rubros; segundo: la gobernabilidad, de la que ellos dicen tener el monopolio, y que nos afecta a todos. Y tercero, la negociación de la justicia, a través de la cual buscan beneficios de impunidad para ciertos asuntos que les interesan.

En el fondo, una verdadera actitud democrática debería implicar abrir esos procesos, y no culpar a la prensa por lo que ellos son responsables. Pretenden los de la 22, tapar el sol con un dedo. Y no se dan cuenta que sus acciones, y los cuestionamientos que pesan en su contra, son más públicos de lo que ellos pudieran creer.

…HONESTIDAD…

Qué honesto se ve el arzobispo don José Luis Chávez Botello hablando sobre homosexualidad, recato y decencia. Al menos no se engaña, ni trata de hacerlo con la feligresía, al mostrarse como uno de esos intolerantes homofóbicos, a los que ni Iglesia Católica desearía para defender sus posiciones políticamente correctas.

10 de mayo de 2011.

+ Llevar conflicto al límite, estrategia de siempre

No sorprende que, ante las respuestas dadas por el gobierno estatal a su pliego petitorio, la Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las considere “nulas” y amague con movilizaciones y paro indefinido de labores a partir de la próxima semana, como tampoco sorprende que ni ahora ni después, haya un arreglo efectivo al eterno conflicto que plantean.

Hoy, es claro que sus estrategias de: a) llevar todo proceso de negociación al límite; y, b) hacer planteamientos abstractos, que son inalcanzables y, por tanto, irresolubles, hoy están en marcha. Todo esto, que no es nuevo, hoy se aparece como una práctica reiterada que además será una losa con la que se tope el gobierno estatal a la hora de tratar de arreglarse con uno de sus supuestos “principales aliados”.

¿Por qué asegurar, en primer término, que el magisterio de Oaxaca pretende llevar, como cada año, al límite este proceso de negociación, antes de hallar cualquier solución posible? Porque queda claro que, independientemente de cualquier respuesta que diera el gobierno estatal a su pliego petitorio estatal, es ya una “costumbre” el rechazo inicial a esa primera respuesta, calificándola —como ahora— de “nula” o —como en otros años— de “insuficiente” o de “poco receptiva” a las demandas del magisterio.

De hecho, se sobreentiende que cada año la jornada de lucha de la Sección 22 por la satisfacción de las demandas que exige al gobierno estatal, inicie el 1 de mayo con la marcha del día del trabajo y la presentación de su pliego petitorio; que, como acaba de ocurrir, el gobierno estatal dé una primera respuesta que es descalificada por el magisterio, que decide resolver en su Asamblea Estatal en la víspera del Día del Maestro (15 de mayo), y finalmente conseguir un arreglo en los últimos días del mes, cuando ya aseguran que es inminente el estallamiento del paro definido, o cuando incluso éste ya se ha decretado. A grandes rasgos, ese es el “calendario” tradicional de la protesta y la negociación magisterial, en el mejor de sus escenarios.

En ese sentido, queda claro que lo que está pasando hoy no parece estar desajustándose de su programa anual. La Asamblea Estatal del magisterio está utilizando su tradición para “asustar” a todo aquel que se deje, y para endurecer los posicionamientos con miras a elevar la expectativa de lo que se puede conseguir.

En esa lógica, también es visible que, en este momento, los profesores ni siquiera tomaron en cuenta el contenido de la propuesta de solución del Ejecutivo Estatal a sus demandas (nunca lo hacen), y que más bien lo que están buscando es ir incrementando el nivel de nerviosismo y de demanda de la sociedad al gobierno de Oaxaca, que solucione las demandas de la Sección 22, antes de que ellos decidan estallar un paro de labores y plantón en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, que lesione el interés y los derechos de la mayoría.

Queda claro, pues, que hoy lo que están haciendo, es de algún modo “jugar” con la estabilidad emocional de los oaxaqueños, y están poniendo a prueba, como cada año, la capacidad de resistencia y de concertación del gobierno estatal. Nada está fuera del esquema; sin embargo, eso no significa que esto no pueda convertirse en un conflicto real, si no se le da el tratamiento adecuado desde las altas esferas gubernamentales.

NEGOCIACIÓN IMPOSIBLE

Sin embargo, más allá de los tiempos, los “calendarios” y las tradiciones de lucha de la Sección 22, también queda claro que independientemente de lo que les responda o satisfaga el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, de todos modos el conflicto no acabará. Esto se desprende del tipo de demandas que plantean, y de la imposibilidad material de alcanzarlas en el terreno que ellos pretenden.

Veamos si no. Al dar a conocer su postura inicial, respecto a los planteamientos con los que el gobierno estatal respondió a sus peticiones, la Asamblea Estatal de la 22 ratificó las siguientes demandas como irrenunciables. De acuerdo con un comunicado enviado por la Sección 22, ésta anunció lo siguiente:

“La asamblea, que se quedó como permanente, exigió al gobierno federal y estatal la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, así como el castigo al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones durante el conflicto de 2006.

“Ratificó también la exigencia de la salida de Irma Piñeiro Arias, de la Secretaría General de Gobierno; Bernardo Vásquez Colmenares, como director del IEEPO y Marco Tulio López Escamilla, de la Secretaría de Seguridad Pública (…) Así también, mantienen la petición para anula la Alianza por la Calidad Educativa en la entidad; su postura en contra de la ley del ISSSTE, de la reforma laboral “y demás agresiones de la base trabajadora”.

¿Cómo dar respuesta a esos planteamientos que, lejos de estar en el campo de lo material, se encuentran en el terreno de lo aspiracional y abstracto? Y es que tal parece que ninguna de estas últimas peticiones tiene la capacidad de ser hoy el detonante de un conflicto mayor. Sin embargo, la imposibilidad de resolverlas, y el recordatorio reiterado que hace el magisterio de ellas al gobierno estatal, da la certeza de que como esto no tiene posibilidad de arreglo, entonces la desavenencia formal y eterna entre el magisterio y el gobierno estatal, tampoco hallará el sendero de la solución en el futuro cercano.

Finalmente, es claro que la postura de la Sección 22 del SNTE es, y seguirá siendo, de disidencia, independientemente de quién gobierne. En estos tiempos de “democracia”, queda claro que no existe trinchera mejor, y más redituable, que la que hoy asume monopólicamente el magisterio oaxaqueño.

Por eso, hoy que existe alternancia política en el poder, vemos a un sindicato magisterial más activo, más altivo, y más retador que nunca. Es cierto: junto con Gabino Cué, ellos ganaron la elección; pero aún en esa posición decidieron “perder” (al no establecer relación de cogobierno con el Ejecutivo) para seguir ganando, indefinidamente, a través de su plan de acción y sus protestas. Vaya paradoja.

ASPECTOS ATÍPICOS

Habría que poner, en todo esto, particular atención al caso del profesor desaparecido, y al que recientemente, según denuncian, fue “levantado”. Eso, más que hostigamiento, revela una nueva forma de lucha interna en la 22, que en un momento dado sí podría descomponer no sólo su panorama, sino también el de la gobernabilidad en Oaxaca. Cuidado.

+ Ciudadanía: ir al rescate de valores nacionales

Aunque la distancia entre el poder público y la sociedad es tan amplia, y las discordias entre éstos son tan perceptibles, pocas veces los mismos ciudadanos podemos fijar claramente el punto central de nuestra inconformidad. Señalamos, sí, al Presidente de la República o a los Gobernadores de los Estados por sus ineficiencias o el resultado de sus estrategias; pero pocas veces centramos nuestros señalamientos en contra de los demás responsables que, además de agazapados, siempre terminan arrebatándonos nuestras banderas y sacando ventaja de ellas, sin compartirnos —o retribuirnos— ganancia social alguna.

Desde hace algún tiempo, por ejemplo, al Presidente de la República le sobran los calificativos y los cuestionamientos por los resultados de la guerra contra el crimen organizado. Aunque no todo lo que ocurre en el país es responsabilidad del Ejecutivo Federal, en realidad parece que a la mayoría de los mexicanos nos gusta aprovechar el cuestionamiento para hacer también escarnio partidista de asuntos que más bien son de interés público.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque, siguiendo con el ejemplo, al presidente Felipe Calderón se le acusa de ser el responsable de las más de 30 mil muertes relacionadas con el crimen organizado, que han ocurrido en lo que va de la administración. Queda claro que el número es incuestionable y es estratosférico.

Pero una cosa es que todo eso haya ocurrido en el marco de la lucha anticrimen (una “guerra” declarada inicialmente por el gobierno, que está mal planteada desde la estrategia hasta el término “guerra” que legitima a los criminales como fuerza actuante) en un periodo de gobierno determinado, y otra muy distinta que el Presidente fuera directamente responsable de todos esos crímenes, como si él hubiera ordenado que se ejecutaran.

Sin embargo, más allá de los señalamientos o el cuestionamiento por el fracaso de la lucha anticrimen, para muchos mexicanos el presidente Calderón es el único responsable. Y es que en realidad, no es que el Mandatario no sea responsable (de hecho lo es en grado importante); pero también es cierto que no es el único responsable de esos hechos.

No obstante, ese se ha convertido en el señalamiento favorito de los últimos tiempos. Todo aquel que no es panista, ni simpatiza con la causa presidencial, ocupa el tema de los treinta y tantos mil muertos para cuestionar al Presidente, y de paso para socavar la imagen y credibilidad del partido gobernante, para tratar de bajar cualquier tipo de popular o preferencia electoral que pudiera tener.

Sin embargo, a muchos mexicanos que hemos incurrido en esa práctica, se nos ha olvidado hacer un cuestionamiento más “parejo”. Es decir, cuestionar lo mismo a los gobernantes, que a quienes son sus opositores (pues si éste puede fracasar en la conducción del gobierno, los otros también corren ese riesgo al hacer una oposición inoperante, entregada o carente de idea), e incluso la incorrecta apreciación que muchos tienen de los grupos criminales, a quienes ven como héroes, cuando en realidad son los villanos de esta historia, porque son los que matan, extorsionan, secuestran, violan y envenenan a nuestros conciudadanos.

¿Cuándo hemos cuestionado ese aspecto de nuestra realidad? Tal parece que muy poco, o casi nada. Y es que los problemas del país son tan grandes y complejos, que responsabilizar a una sola persona o grupo por un problema tan lleno de aristas, parece cuando menos un grave asunto de reduccionismo o simplismo, que debía tenernos asimismo preocupados a todos.

CUESTIONAMIENTO FUNDADO

Los partidos políticos, particularmente, tienen una actuación en el escenario nacional que, más allá de las fobias y las filias, dejan mucho que desear. Ellos, cuando son oposición, se cargan por completo a favor del supuesto “interés ciudadano”, hasta que sacan alguna ventaja política, y entonces se olvidan tanto del tema como del ciudadano. En este sentido, no tiene desperdicio la crítica que hace el poeta Javier Sicilia en el marco de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que él mismo convocó y que hoy mismo encabeza.

Sicilia dice, en recriminación a los partidos políticos que ahora intentan sumarse a su causa, que “son omisos, en ese sentido el Presidente tiene razón, pero ¿de dónde vienen las omisiones? Pues de los partidos políticos, de los presidentes municipales que están siendo cómplices también del narcotráfico y vienen de los partidos políticos, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en esto”.

“Ahorita sí se montan con nosotros para pegarle al Presidente y tampoco se vale, ellos tienen omisiones muy fuertes porque son los que van a ser Gobierno, fueron Gobierno y están haciendo Gobierno, también ellos tienen una gran responsabilidad con la gente de sus filas que está llegando al Gobierno”.

El problema es muy hondo en el País, señaló el poeta en declaraciones al periódico Reforma, pero la responsabilidad de aportar soluciones es de todos, incluso de los ciudadanos. “Esa responsabilidad también es de los ciudadanos y los ciudadanos ya no vamos a permitir que sigan manejando el País como se les pega la gana a espaldas de nosotros, haciendo pasar leyes sin consensuar a la Nación, leyes que nos afectan a todos”, señaló.

Habría que considerar con mayor detenimiento lo que dice el Poeta. Hasta ahora, vemos una enorme distancia entre la supuesta preocupación de los partidos políticos por los temas ciudadanos, y las posturas que abordan al momento de tomar decisiones para beneficiar, más que a ellos, al país.

¿Cómo olvidar, por ejemplo, que hace apenas unos días la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, aseguró que “no hay prisa” en la aprobación de la reforma laboral, sobre la cual había consenso inicial —y urgencia para el país— pero finalmente resolvieron que no había ninguna necesidad de discutir ahora el tema. Todo esto ocurre, como corolario, mientras el país todos los días pierde competitividad frente a otras naciones.

CENTRAR LA DISCUSIÓN

Los mexicanos comunes debíamos ser más responsables al momento de señalar y exigir. De nada sirve que se nos exalte el priismo, el panismo, o lo que sea, si esto no es en beneficio nacional. ¿Hoy qué partido puede decir que de verdad toma decisiones a favor del país? es claro que la distancia entre el dicho y el hecho no sólo no es corta, sino que cada día es más grande.

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Para el viernes 6 de mayo de 2011

+ Depurar burocracia: ¿abaratar servicio público?

+ Volver al pasado: empleo oficial, el peor pagado

Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En Oaxaca, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.

Más allá de la típica visión maniquea —que hoy trata de expulsar del servicio público a todos aquellos que, en mandos medios y superiores, sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado del Gobierno del Estado es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos.

Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios —que no corresponden al nivel de responsabilidad que implican los cargos—, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.

En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.

Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.

¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?

Aquí y en China el resultado es exactamente el mismo: los empleados verdaderamente competitivos dejan de ver con atracción el servicio público, y buscan otras opciones de trabajo, en las que sí les ofrezcan las condiciones laborales y el salario que merecen. Y sólo se quedan en esos empleos poco competitivos, aquellos que no tienen posibilidad de acceder a los puestos de trabajo de los primeros. Es decir, que el servicio público tiende a quedarse no con las personas y los perfiles profesionales que requiere, sino con los que no tienen otras opciones, o con los que sí de verdad tienen muy exaltada la vocación de servicio.

Todo esto, sin embargo, es fuertemente contrastante con las propias expectativas que ha generado, para sí misma, una administración como la actual en Oaxaca. Y por eso, deberían tomar con más reserva y cuidado la posibilidad de seguir reduciendo personal, sin basarse en un diagnóstico serio y adecuado sobre las oficinas públicas en las que sí pueden reducir personal sin afectar el trabajo público, y en las que podrían provocar un severo daño en la atención, servicios o procesos que involucran a la ciudadanía.

¿NECESIDAD POLÍTICA?

En términos de imagen y capital político, siempre es provechoso para un gobernante anunciar que reducirá los salarios o privilegios a los empleados públicos, o que reducirá la plantilla de personal para hacer un gobierno ahorrativo, austero y eficiente. Eso es lo que siempre se escucha… pero poco se evalúa lo que sucede en realidad.

Hasta ahora, por ejemplo, se sabe que desde el primer día de este gobierno, la Secretaría de Administración dispuso un primer recorte de personal. Y el problema no es que quisieran despedir a muchos o pocos empleados, sino que nunca existió un criterio claro para hacer esa depuración.

Es decir, que los nuevos funcionarios (Secretarios, directores, coordinadores, etcétera) establecieron como razones válidas para el despido, el haber sido amigo o colaborador cercano del antecesor; el ser militante de cierto partido, el haber participado en la campaña política, o simpatizado con los adversarios políticos, o simplemente por “necesitar la plaza” para colocar a los integrantes del nuevo equipo de trabajo (los cuales, siguen llegando por compromisos, pero no por competitividad o por haberse ganado el puesto demostrando conocimientos o experiencia).

Y el problema es que, eso que ocurría siempre, volvió a suceder ahora. Y otro problema, mucho mayor y derivado del primero, radica en el hecho de que si antes se despedía o contrataba según criterios discrecionales o partidistas, ahora sí debían existir reglas claras para irse o mantener el empleo. Nada cambió. Y ese parece ser el problema de fondo.

Por esa razón, sería bueno que el gobierno estatal explicara cómo, y bajo qué diagnóstico, pretende adelgazar a la burocracia sin provocar problemas. También debieran revisar, razonablemente, el nivel salarial de sus empleados de confianza. Por citar un ejemplo, hoy, paradójicamente, gana más un empleado de base que uno de nivel Jefe de Departamento. Y eso habla muy mal de una administración pública, que se jacta de ser profesional, moderna y competitiva; pero que, en los hechos, desvalora cada día más el nivel de sus trabajadores.

+ Las sanciones a elementos estatales serán indispensables

Alejados de la confianza, de la justificación o minimización de los excesos policiacos e incluso de la absolución en boca propia, los funcionarios estatales encargados de la seguridad pública debieran estar tratando de aprender de sus errores, para aprovechar las oportunidades de reconsideración que el momento político les impone.

Es evidente que en prácticamente cualquier otro momento político de Oaxaca, hechos como el ocurrido el pasado 15 de febrero con integrantes de la Sección 22 del SNTE, y el más reciente en Textitlán, habrían sido claramente considerados, y repudiados, como actos de represión. Hoy, sorprendentemente, eso aún no ocurre. Sin embargo, eso no significa que la actuación de los cuerpos de seguridad sea limpia y correcta, y mucho menos que ésta no conlleve excesos, represión o brutalidad policiaca.

Este es un momento inmejorable para que tanto la Secretaría de Seguridad Pública, y la Policía Estatal, como instancias operativas, y la Oficina de la Gubernatura, la Secretaría General de Gobierno, como instancias de intervención política, ajusten sus criterios y formas de actuación. Queda claro que los errores cometidos hasta hoy en materia de seguridad, los están llevando a gastar indiscriminada, e innecesariamente, el bono democrático que la sociedad depositó en ellos, el cual es generoso, pero no es eterno y tampoco es inagotable.

Veamos si no. Aunque los directamente involucrados en los hechos del 15 de febrero, fueron elementos de la Policía Federal que resguardaban la visita al Palacio de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es claro que éstos actuaron como último eslabón de una cadena de concertación política y estrategia que debió partir de instancias estatales tanto políticas como operativas.

En aquel momento, rápidamente quedó claro que, sin duda, los elementos federales sí cometieron ciertos excesos y errores en la contención de las protestas magisteriales; pero también quedó perfectamente establecido, que el grupo de profesores que llegó hasta donde estaban los efectivos federales para provocar el choque, lo hicieron como respuesta a la falta de interlocución y acuerdos efectivos entre las instancias políticas del gobierno estatal, y los grupos fácticos que en realidad determinan al sindicato magisterial de Oaxaca.

En aquel episodio, los golpes se los llevaron los elementos federales que fueron agredidos por los inconformes, pero el costo real de todo eso lo terminó pagando el Gobierno de Oaxaca. A nivel de agresión física, el titular de la SSPE sufrió en carne propia las consecuencias. Sin embargo, los yerros que en el fondo provocaron esa trifulca fueron pagados por el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, que fue quien cargó con la acusación de represión no sólo frente al magisterio, sino también frente a la opinión pública estatal y nacional.

Ahora bien, el asunto que verdaderamente debía preocupar, y sacar del pasmo y la minimización, a todos los actores e instancias involucradas en el gobierno estatal, son los actos de brutalidad policiaca cometidos en Textitlán. Aunque tratan de ser catalogados como “hechos aislados” o “algunos elementos que actuaron excesivamente”, lo cierto es que eso mismo en otro escenario pudo haber puesto en riesgo a todo un gobierno. Veamos si no.

En otros momentos, cuando en Oaxaca ocurrían hechos más o menos similares, la ciudadanía y los grupos organizados se volcaban para repudiar tanto la violencia como los excesos cometidos por los elementos y mandos policiacos. Eso es lo que reiteradamente ocurría, frente a casi cualquier intervención policiaca en conflictos sociales existentes en Oaxaca, y en algunos casos ese estruendo —justificado o no— ha hecho tambalear a administraciones gubernamentales enteras.

Si hoy eso no ha ocurrido, entonces propios y extraños deberían de abrirse a la oportunidad de dejar a un lado la soberbia o el auto convencimiento, para tratar de aprovechar el momento y aprender de sus errores.

REALIDAD ESCONDIDA

En un encuentro sostenido por el gobernador Cué Monteagudo y autoridades de Textitlán, el pasado martes, éste prometió a iniciar “las indagatorias para deslindar responsabilidades de la fuerza pública en el operativo del día 28 prosiguen en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a fin de castigar los excesos en que hayan incurrido integrantes de la Policía Estatal Preventiva”.

Sin embargo, sólo un día después fue el propio secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, quien anticipadamente exoneró de cualquier posibilidad de castigo a su comisionado de la Policía Estatal, Julio César Alfaro Cruz, al asegurar que “la responsabilidad es de los elementos que actúan, no de sus mandos, porque cada uno es responsable de sus actos.”

¿Qué se desprende de todo esto? Por un lado, que el Gobernador tiene una preocupación genuina por los alcances que podría llegar a tener este conflicto entre pueblos —que ahora está enmarcado en un acto de posible brutalidad policiaca—, y que por esa razón está asumiendo el asunto como prioritario, incluyendo la posibilidad de castigo a quienes se excedieron en el uso de la fuerza.

Y por el otro, que en los mandos policiacos continúa habiendo resistencia a la posibilidad de entrar en un proceso de reconsideración del trabajo que están realizando. Tal pareciera que el Titular de la SSPE está más preocupado por no someter a investigación a su Comisionado, que por llegar al verdadero fondo del asunto, y castigar a los abusivos antes de que sean otras instancias las que revelen lo que verdaderamente ocurrió, y obliguen al gobierno de Oaxaca —con el consiguiente costo político— a tomar cartas en el asunto.

El momento político para reencauzar las cosas, es inmejorable. De lo que no hay garantía, es que los funcionarios involucrados tengan la claridad para entenderlo antes de provocar un conflicto de consecuencias graves.

DENUNCIA

Ayer mismo, el diputado federal Jorge González Ilescas presentó una denuncia ante la CNDH por los hechos de Textitlán. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, se comprometió a indagar los hechos a través de una Comisión, a ponerlos en el contexto nacional, y a emitir una recomendación en breve término. A ver si pasando el asunto por ese tamiz, podemos conocer qué fue lo que realmente ocurrió la semana pasada en aquella comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.