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FCH: México no se arregla con magia

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

haz clic aquí para ver la portada de este texto, en la edición impresa de TIEMPO

El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa reiteró un llamado exigente que, con reiteración, ha hecho a los mexicanos. Exigió a todos convertirse en “embajadores de México” en el ámbito internacional, y abstenerse de hacer señalamientos negativos o lesivos a nuestra nación. Con esto, el Primer Mandatario considera que es posible superar la imagen de violencia y sinrazón que hoy pesa sobre nuestro país, a causa no sólo de la violencia prohijada por el narcotráfico, sino también por los altos índices de desempleo, inseguridad, pobreza y rezago en la competitividad de nuestra moneda y nuestro país ante el concierto internacional.

En su más reciente llamado a los mexicanos, textualmente, el Presidente dijo: “los mexicanos hablan mal de su país, cosa que no ve de los brasileños, por lo que se vale hablar bien de México en el extranjero.” El llamado tiene un contraste: en los últimos meses, todos los connacionales que públicamente se han atrevido a externar sus verdaderas preocupaciones por el país, han sido duramente reprendidos por el gobierno de la República.

Acaso, el hecho más reciente fue el del seleccionador nacional de futbol, Javier Aguirre, quien en una entrevista a un diario español, a mediados de febrero, aseguró que una vez que termine el mundial de Sudáfrica, buscará nuevamente regresar a dirigir a equipos en la nación ibérica, porque se siente asustado por la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Dijo, del mismo modo, que esa es la razón por la que su familia ya no se encuentra en territorio nacional, y por la que nuestro país tiene una imagen tan desgastada.

¿Qué ocurrió entonces? Que fuertes presiones obligaron al técnico mexicano a recular en sus posiciones, y a pedir disculpas. ¿Disculpas por qué, podríamos preguntarnos? En primeras, porque Javier Aguirre fue presentado, en mayo del año pasado, como uno de los “embajadores” de México ante el extranjero. A él, y otras personalidades, se les dio la encomienda de “hablar bien de México” en el extranjero. Y falló. ¿Y a quién le pidió disculpas el ex futbolista? Según que al país. Pero en realidad, le pidió disculpas al Presidente.

Sí, al Presidente, porque en nuestro país esa visión, franca, es ampliamente compartida por todos aquellos que no estamos rodeados ni de escoltas ni de fantasías ni de aduladores. Es decir, todos los que podemos ver una realidad compleja, que se arregla con mucho más que buenos deseos y discursos favorables que no necesariamente pueden hacer que la imagen de México mejore. ¿Cómo hablar bien ante las circunstancias?

DESEMPLEO DISIMULADO

¿Por qué un policía se vuelve secuestrador? ¿Es sólo consecuencia de sus instintos criminales, el hecho de que alguien que se supone está contratado por el Estado para resguardar el orden público y la seguridad de los habitantes, se dedique a delinquir libremente con un arma de cargo y una charola de impunidad? ¿Es esto obra de la casualidad, o más bien es consecuencia de la larguísima desatención que ha habido por parte del poder público a la atención real de los problemas sociales?

Duele, de verdad, pensar y comenzar a creer que México es, y ha sido, un país invadido y dominado no por potencias extranjeras, sino por nuestra propia corrupción. Es un imperativo que reiteradamente nos dicta la historia. Sin embargo, mucha de esa codicia no apareció sola. Y es uno de los tantos rasgos sobre los que podemos hacer mucho, pero que es imposible de negar o esconder.

En innumerables casos, la corrupción partió originalmente de las carencias de las personas. En el fondo, fue lo que motivó a un individuo codicioso a vender la mitad del país a cambio de unas cuantas monedas. Y es lo que, día a día, mueve a más personas a cometer ilícitos, unos famélicos y otros verdaderos actos criminales, para saciar un hambre y unas carencias que más bien parecen ser históricas.

Basta ver las cifras del desempleo en el país, u otros indicadores económicos, para comprender por qué la falta de competitividad de nuestra moneda, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pesos, y la reducción de los espacios legales y libres de trabajo, son también —y de modo preponderante, como debería ser— un tema de seguridad nacional. ¿De qué hablamos?

De que hoy, a pesar de que el Presidente asegura que los empleos se están recuperando, y que el ambiente económico es mucho más favorable que el año pasado, lo cierto es que hoy lo que apenas se ha podido recuperar es una parte de lo que se perdió durante la crisis. Mucho de ese desempleo es el que se convirtió en inseguridad, cuando alguien necesitado de dinero, como todos los mexicanos, perdió su empleo y luego encontró ocupación en la delincuencia común u organizada.

DEVALUACIÓN NEGADA

Para variar, el gobierno federal asegura que la inflación ocurrida en el primer tramo de 2010 fue apenas consecuencia de algunos ajustes que no tendrán mayor impacto para los mexicanos. Esto lo aseguraba, a través de sus Secretarios de Estado, mientras la población volvía a resentir el incremento de impuestos y en el precio de los combustibles. Oficialmente, la inflación sigue siendo casi tan baja como antes… mientras la espiral ascendente en los precios se niega ante la mirada irascible de las mayorías.

El asunto no tendría mayor relevancia si el ingreso promedio de las personas no fuera tan bajo, o si incluso fuera más o menos equiparable al de Estados Unidos de Norteamérica. Mientras el salario mínimo en México en la mejor zona económica apenas si rebasa los 55 pesos diarios, en Estados Unidos el pago por una hora de trabajo es superior a los ocho dólares, como salario mínimo. Esta sola situación, además del costo de la vida en general y el potencial económico nunca semejante entre las dos monedas, deja ver el impacto que tiene para el bolsillo de los mexicanos, la inflación que el gobierno de la República se niega a reconocer.

Por si fuera poco, es evidente que en razón del precio de los combustibles oscilan los precios de prácticamente todos los de más productos de consumo básico. Salvo los que se producen en la región —y en estos también es relativo por la necesidad de transporte que tiene cualquier producto o servicio que se pretenda ofertar—, por todos los productos pagamos siempre un porcentaje de su costo de transporte. Aunque el costo de producción de cualquier cosa no varíe, si se incrementa el precio del transporte de todos modos habrá un incremento en su precio.

En el ejemplo, estos “gasolinazos” son los que recurrentemente han afectado a las familias mexicanas. Aunque el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer la presencia de esta espiral inflacionaria que, desde el primer mes del año rebasó el cinco por ciento que todavía hoy se defiende y que se refleja todos los días en la economía familiar, es evidente que lo que se espera con el incremento en el precio de los combustibles, no es más que un ascenso todavía mayor de la inflación, la continuación en la negación de ésta, y la consecuente perpetuación de la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos.

Sin embargo, el presidente Calderón dice que vamos de maravilla.

DISCURSO CON BALAS

Sin duda, lo que más le preocupa a la administración federal es la violencia originada por los constantes enfrentamientos entre la autoridad y la delincuencia organizada. ¿Cómo negar la realidad y el terror que son hoy ciudades como Monterrey, Juárez, Reynosa y Tampico, en el norte de la República? ¿Cómo negar que, independientemente de ahí en particular haya una alta incidencia delictiva y de violencia, en todo el país se dan, todos los días, ajustes de cuentas, enfrentamientos y demás, que ponen en riesgo no sólo a los involucrados en acciones ilícitas, sino a la población civil, que sin deberla ni temerla, muere a causa del fuego cruzado entre bandas criminales?

México vive un disimulado estado de excepción, que aún con eso, pretende ser negado y escondido, para no ver una cruel realidad que todos los días mata y aterroriza a miles de mexicanos que simplemente no tienen con qué hablar bien del lugar hecho caos en el que viven.

Es cierto que hablar bien del país es un buen paso. Pero esto no debe convertirse en una fantasía a través de la cual se niegue después la realidad. Al dejar de pisar el suelo y ver lo que ocurre sin cortapisas y sin falsos temores, se pueden enfrentar de mejor modo los problemas. Sin embargo, nadie tiene la garantía de que el presidente Calderón esté dispuesto a dejar su mundo de felicidad y bajar a la realidad que todos los días palpamos y sufrimos los mexicanos comunes.


Derechos Humanos: la evolución tiene su origen en las personas

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+ ¿Por qué no pensar en que desaparecieran nuestros derechos?

Hoy es común hablar sin ninguna cortapisa de los que, consideramos, son nuestros derechos humanos. La argumentación llega a ser incluso sencilla, cuando se trata de defender posiciones o situaciones en las que creemos tener razón, basados justamente en la idea de que gozamos de ciertas garantías que, legalmente, nadie nos puede coartar. Sin embargo, no siempre fue así y, más bien, la consecución de los derechos humanos fue producto de una larga lucha de miles de personas, en distintos tiempos, para que se nos reconociera a todos como tales. Es decir, que nosotros somos la medida de nuestros derechos humanos.

Aunque no lo parece, hoy esta discusión debería ser más actual que nunca. Si bien es cierto que en los países medianamente democráticos, derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la seguridad jurídica y el patrimonio, no se encuentran a discusión, también es cierto que mucho de lo que se esgrime alrededor de esos derechos no son más que fantasías. Al menos en lo que toca a naciones como la nuestra, existe un amplísimo desarrollo teórico que no siempre es llevado a la práctica.

¿Por qué? Porque si bien es cierto que en países como México existe un amplio catálogo de derechos individuales y colectivos protegido por la Constitución de la República, y las leyes, también lo es que aquí se siguen cometiendo abusos —por parte de la autoridad y de los particulares en contra de sus semejantes— que bien podrían ser dignos de los años más rancios del siglo XIX, o los de los radicalismos y las utopías de la centuria siguiente.

Veamos si no. En las mediciones internacionales, México tiene siempre malas calificaciones tanto en su sistema de procuración de justicia, como en lo que se refiere a su modelo de impartición de justicia. Las razones no son menores: aquí, además de los atrasos legales que a base de cuestionados esfuerzos, se han ido superando, también continúan ocurriendo graves violaciones de garantías en lo que toca a los derechos de los ciudadanos que se enfrentan a un proceso judicial.

Si lo vemos a detalle, aún hoy, esas violaciones se traducen en hechos que ya no deberían ocurrir. Tortura, incomunicaciones, vejaciones, allanamientos, errores procesales graves y demás, continúan siendo el pan de cada día de miles que se enfrentan al procesamiento ante los órganos de justicia, y particularmente ante las instituciones policiacas y ministeriales que son las que abrevan más vicios que han sido imposibles de erradicar.

Además, allende esas cuestiones hay más. ¿No existe en México, actualmente, un problema gravísimo relacionado con los derechos humanos, en lo que se refiere a las detenciones-desapariciones que han ocurrido en los años recientes? No vayamos a la guerra sucia de los años setentas. Ahora, en esta administración del gobierno federal, ocurrió la desaparición forzada de dos personas que integran un grupo subversivo, y que casi tres años después no han sido localizadas ni se sabe cuál fue su destino final o paradero actual.

Si vemos eso, que deja muy mal parado a nuestro país, a nuestras autoridades y, en última instancia, a nosotros mismos, ¿cómo poder hablar de que derechos más “evolucionados” están garantizados? Podríamos hablar de ello sólo en el ámbito de los idealismos, pero no en base a constataciones reales de que los derechos no sólo existen, sino que se respetan.

¿DERECHOS DESAPARECIDOS?

Quizá, en el último de los casos, lo mejor que podría ocurrir es que, como tal, el catálogo y el concepto de derechos humanos desapareciera. ¿Cómo asegurar tal aberración? Veámoslo no en un sentido negativo, sino más bien al contrario. Lo ideal es que existiera respeto a todas nuestras garantías y libertades, y que por tanto desde la población civil o desde los ámbitos de la autoridad, nos olvidáramos de las enumeraciones relativas a los derechos fundamentales.

¿Esto podría ocurrir? Difícilmente. La propia condición humana impide si quiera suponer que en algún momento pudiéramos llegar a superar todos esos conceptos por los que tanto se ha luchado, y se consiguiera un marco pleno de libertades, derechos y obligaciones que se cumplieran por sí solos, y no por el mandamiento de tratados, constituciones, normas o convencionalismos, o que se hicieran valer luego de presentar recursos legales ante las autoridades encargadas de su tutela y protección.

Sin embargo, más allá de los idealismos, tendríamos que tomar todo esto como un parámetro específico. En la medida en que podamos ser capaces de comprender, como individuos, como sociedad o como nación, todas nuestras igualdades y diferencias, y el ámbito de acción que tiene cada persona junto con sus límites, también tendremos la posibilidad de comprender qué tanto hemos evolucionado en cuanto a nuestro entendimiento práctico de los derechos humanos.

Este tendría que ser un ejercicio propio e individual. En lo colectivo podemos suponer que, mientras otros respeten y tengan nociones claras de qué son y para qué sirven los derechos humanos, nosotros podemos seguir vulnerando esos derechos, y de todos modos las estadísticas se mantienen en niveles “aceptables”. Sin embargo, es evidente que nada de esto es provechoso cuando se piensa que otros pueden cumplir con obligaciones que sólo pertenecen a uno.

Por eso, debemos pensar más en la práctica de los derechos, y posiblemente menos en sus concepciones teóricas. De nada sirve recitar un catálogo de normas como si fuera un catecismo, si finalmente nos resistimos, o no tenemos la capacidad plena de llevar nuestras ideas a la realidad. Si esto permeara de mejor modo en nuestra sociedad, y nos ocupáramos más por estas cuestiones que más bien parecen discusiones bizantinas, tendríamos una capacidad de discernimiento más acabada, más eficaz y, por tanto, una sociedad menos problemática.

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Encuestas, engañosas, por desatender la manipulación rural

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+ Oaxaca de Juárez: verdadera lucha electoral entre partidos

En Oaxaca, tal parece que más se tardan las fuerzas políticas en presentar muestreos estadísticos que supuestamente les dan ventaja, que sus adversarios en desmentir las encuestas y descalificar a los oponentes. Este es parte de uno de los tantos juegos engañosos de la democracia electoral de nuestro país. Sin embargo, es evidente que más allá de los golpes mediáticos que unos y otros pretenden dar, lo que desde ahora puede apreciarse es que la verdadera contienda ocurrirá en Oaxaca de Juárez.

En primer término, tratemos de hacer un ejercicio de memoria. Desde finales del año pasado, los partidos que entonces estaban en vías de integrar la coalición opositora en Oaxaca, presentaron diversos muestreos en los que demostraban la competitividad de sus respectivas fuerzas políticas, y las perspectivas favorables que existían con una posible coalición. Por su parte, en la casa de enfrente, —en el tricolor, que entonces se batía en una desgastante contienda interna por la candidatura a Gobernador—, se aseguraba que con su sola aceptación como partido, el PRI tenía amplias posibilidades de triunfo, a lo cual debían sumarse las preferencias porcentuales de cada uno de sus posibles abanderados.

Lo cierto, en todo esto, fue que en ambos frentes las decisiones se tomaron en base a acuerdos políticos y no con referencia estricta en encuestas. Esa, que es exactamente la misma causa, fue la que llevó a las respectivas candidaturas —aunque hoy, formalmente, aún tienen el calificativo de “precandidatos”— tanto a Gabino Cué Monteagudo como a Eviel Pérez Magaña. Por tanto, en el aspecto verdaderamente objetivo, desde entonces las encuestas dejaron de jugar un papel decisivo, y de referencia, para los partidos políticos en disputa.

Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas ha dejado de usar —y seguramente no lo hará— la difusión de encuestas, como un método efectivo para crear percepciones en el electorado. Unos días antes de que se definiera el rumbo de la candidatura priista, sus adversarios de la Coalición opositora dieron a conocer una encuesta de Parametría que, combinando la aceptación de partidos y candidatos, arrojaba que Gabino Cué tenía una ventaja de cinco puntos sobre el más popular de los priistas. Días después, cuando Pérez Magaña ya era precandidato único a Gobernador, el tricolor dio a conocer otro sondeo —“avalado” por el periodista Carlos Ramírez— en el que, se decía, la superioridad priista sobre la coalición opositora era de 15 puntos.

Esta guerra de números ha continuado su curso normal. Unos y otros se han despedazado por tratar de convencer al elector, y a sus oponentes, que sus respectivos números son los reales y confiables. Aunque, en realidad, ambos podrían estar creando percepciones engañosas para ellos mismos. ¿Por qué?

Porque en Oaxaca, a diferencia de otras entidades, los triunfos y derrotas están determinados por el porcentaje mayor de la población votante. Es decir, por quienes habitan en las zonas rurales. Este núcleo de electores reviste dos características en particular: la primera es que, por su sola ubicación y situación sociopolítica, éstos son prácticamente imposibles de encuestar; y la segunda, y más lamentable, es que éstos son los más susceptibles a cualquier forma de manipulación con fines electorales.

Por eso, la guerra de encuestas es un simple ejercicio mediático, para crear percepciones que no necesariamente reflejan la realidad. Quizá, en realidad, ni los mismos equipos de campaña de los candidatos tienen números exactos sobre su situación particular. Y más bien, la única seguridad que existe, es que ganará los comicios quien tenga las mayores posibilidades de manipular, comprar o coaccionar a los electores, y quien pueda acceder a mayores recursos para alimentar las “tradicionales” prácticas de corrupción relativas a los votantes más marginados. De eso, que no quepa duda.

GUERRA ES GUERRA

Sin embargo, habrá que poner particular atención a los centros urbanos. A diferencia de las amplias zonas rurales que tiene Oaxaca —que son susceptibles y escenarios fértiles para todo tipo de manipulación—, en los espacios urbanos es donde verdaderamente habrá una batalla por las victorias electorales. La capital oaxaqueña será el más formidable de esos escenarios.

Esto, debido a que un simple ejercicio aritmético permite ver que en Oaxaca de Juárez sí es alta, por sí misma, la competitividad de los partidos de oposición en todos los comicios de al menos la última década. Y porque, en la cancha de los priistas, existen varios líderes populares y militantes que representan a porciones importantes de la población votante, pero ninguno tiene un control mayoritario de los factores de decisión en ese partido.

El problema para el priismo, en este caso en particular, es que en los centros urbanos más importantes de la entidad sí han tenido que recurrir a los abanderados más competitivos, y no sólo a los que representan a los más elevados intereses cupulares. Ahí, a diferencia de los espacios rurales, es mucho más complicada la manipulación electoral, y por tanto es menos confiable la perspectiva de contar con márgenes del llamado “voto duro”, o con representantes sectoriales que, por pura disciplina, manifiesten sus respectivas adhesiones a las decisiones del partido.

Así, tanto priistas y opositores sí tendrían que tomar más en cuenta sus resultados estadísticos reales (que no necesariamente son los mismos que hacen públicos) para definir sus estrategias en Oaxaca de Juárez y las ciudades más pobladas de la entidad. Antes que confiar en la “maquinaria”, aquí para el triunfo sí es determinante la decisión sobre el candidato, la conducción de la campaña, y el aprovechamiento de todos los recursos que cada abanderado pueda allegarse. ¿Lo entenderá el priismo?

URBANEROS, IMPUNES

Ayer, el transporte urbano de la capital oaxaqueña cobró una víctima más, en una joven mujer que fue atropellada y muerta por un autobús de la línea TUSUG, en el norte de la capital. Aunque parezca increíble, aquí matan más los camiones que el crimen organizado. ¿Hasta cuándo seguirá esta abominable impunidad? ¿Hasta que linchen a un conductor homicida, o quemen más unidades? Es pregunta.

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Unificación de policías municipales en estatal. ¿Y Oaxaca?

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+ Complejidad territorial: ¿Cómo acordar con 570 municipios?

Anteayer, en la 38 reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores se aprobó por unanimidad la propuesta de unificar a las más de dos mil 200 corporaciones policiacas municipales en 32 policías estatales. Dicha propuesta, que ayer mismo fue bien recibida por el Senado de la República y por organizaciones civiles como la del empresario Alejandro Martí, plantea retos importantes y particulares para entidades tan complejas como la nuestra.

El asunto no es menor. Porque si bien es cierto que uno de los más graves problemas que representa la inseguridad en el país, tiene mucho que ver con la incapacidad de las corporaciones municipales y estatales para enfrentar al crimen organizado, también es cierto que México tiene una composición social y territorial fundamentalmente determinada por la diversidad, la pluralidad y, por qué no decirlo, los desacuerdos.

Tratemos de explicar estas dos vertientes. Porque es evidente que los problemas relacionados con la seguridad pública se han multiplicado en el país, en gran medida porque las corporaciones policiacas no han tenido la capacidad de ser “competitivas” frente al crimen organizado (es decir, que no ha podido responder con la misma eficiencia, eficacia, capacitación, número, salarios, y capacidad de fuego ante los criminales); y porque para encabezar la lucha anticrimen, el gobierno federal decidió echar mano de las fuerzas armadas.

Esta, por donde se le vea, parece ser una situación insalvable. En México existen alrededor de dos mil 200 corporaciones policiacas, en los poco más de dos mil 500 municipios en que primariamente se divide el territorio nacional. En ese mismo territorio, existen 32 policías estatales, además de una policía federal. Y ahí mismo, en el combate al crimen organizado, hoy también actúan las fuerzas armadas, a través del Ejército mexicano y la Marina Armada de México.

En este marco de pluralidad, ¿cómo coordinar esfuerzos, información, estrategias y tácticas? Y lo que es peor: ¿cómo poder al menos suponer que todas esas corporaciones tienen las mismas capacidades, preparación, armamento y confiabilidad, como para involucrarlas en la lucha contra el crimen organizado?

En esas dos preguntas, y sus respectivas respuestas, puede explicarse en gran medida por qué quien encabeza la lucha anticrimen es el gobierno federal a través de su corporación policiaca y las fuerzas armadas; y por qué, en todo esto, los municipios y hasta las entidades federativas, para la Federación, parecen más un lastre que una ayuda. Sin duda, en este aspecto, actúa bien y con mayor alcance, quien tiene más recursos.

Tanto la Policía Federal, como la Procuraduría General de la República y las fuerzas armadas, están dotadas de mayores elementos económicos, de armamento y equipamiento, para combatir al crimen. Pero las policías estatales tienen una capacidad por mucho menor a la de sus pares federales. Y, en esto, las policías municipales son las que enfrentan los mayores problemas de falta de confiabilidad, de capacitación y de armamento. Son más de dos mil corporaciones que si, en su mayoría, son incapaces de contener a la delincuencia común, mucho menos pueden —y quieren— hacer algo, lo que sea, por tomar parte en la lucha contra el crimen organizado.

UNIFICACIÓN, ¿Y OAXACA?

Chihuahua, por ejemplo, tiene un territorio que está dividido políticamente en 67 municipios; el estado de Guerrero tiene 76 demarcaciones; Yucatán tiene 106; Baja California Sur tiene 6… y Oaxaca tiene nada menos que 570 municipios, que —sin tomar en cuenta las condiciones particulares de cada una de ellas— en su mayoría cuentan con sus propias corporaciones policiacas.

¿Qué pretendemos ejemplificar con todo esto? Que seguramente en las entidades federativas podría no ser un problema significativo el organizar a sus corporaciones municipales en una sola Policía Estatal, y con ello tener la posibilidad de unificar criterios, estrategias y objetivos, para cumplir con lo que el martes pasado se pactó en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Sin embargo, tendrían que venir a ver el caso particular de Oaxaca. Aquí, más allá de lo que pueda decir la autoridad estatal de la materia (es decir, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), lo que es evidente es que la coordinación es prácticamente imposible. Se sabe que desde que ocurrió la unificación del mando policiaco estatal, también se emprendieron estrategias de coordinación entre las corporaciones que pertenecen a la veintena de municipios que rodean a la capital oaxaqueña.

En apariencia, la coordinación existe. Sin embargo, más allá de lo que se aparenta, lo que se deja ver es que son más las desavenencias que los logros habidos por esa supuesta coordinación. Y este es un problema que emerge no de la incapacidad de los mandos estatales, o de imposibilidad de unificar corporaciones, sino del hecho mismo de que una entidad como la nuestra conlleva incuantificables discordancias naturales que lo mismo ocurren de colonia a colonia, que de pueblo a pueblo, o entre municipios. Sólo en el caso de los municipios conurbados a la capital oaxaqueña, la coordinación ha tenido amplias dificultades, porque los municipios se resisten a trabajar juntos debido a razones históricas, culturales, políticas, o por conflictos de límites, además de un sinfín de motivos.

Esta circunstancia, que es propia de la región del Valle, se reproduce con mayor intensidad en todo el Estado. ¿Cómo se pondrán de acuerdo las autoridades estatales, para unificar a las más de 400 corporaciones municipales que existen en la entidad? ¿Cómo harán transitar este acuerdo en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres? ¿Qué tendrán que hacer para que cada uno de ellos ceda en su orgullo, posiciones políticas e intereses, y entregue su mando policiaco y elementos, para integrar una Policía Estatal?

UN VERDADERO RETO

El asunto no parece fácil. Si esta posibilidad se consolida, los mandos actuales —y los de la próxima administración— en la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal, tendrán una tarea titánica que nadie sabe si puedan lograr.

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Violencia en México: cuando no es en el centro, no importa

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+ Indiferencia y alarma federal: dos visiones de la realidad

A pesar de que entidades como Baja California, Chihuahua, y Sinaloa han sido escenarios de la prolongada ola de violencia y criminalidad que azota a esa región del país, no fue sino hasta cuando hubo una explosión de muerte, enfrentamientos y disputas entre el crimen y la autoridad en la ciudad de Monterrey —corazón económico del país—, que el gobierno federal se dio cuenta que en el norte había problemas. Este es un fenómeno harto parecido al que ocurrió hace casi cuatro años en Oaxaca. Ambos, son rasgos fundamentales de ese raro federalismo —si es que podemos llamarlo así— que subsiste en nuestro país.

Es necesario, en primer término, definir los tres aspectos a los que nos referimos. El primero de ellos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la violencia criminal, y el alto impacto que todo esto tiene en la imagen de México como país; el segundo de esos rubros, tiene que ver directamente con lo que podríamos denominar como la “contracara” de las formas como se puede trastocar la paz pública de un territorio: la violencia por motivos sociales. Y el tercero de esos aspectos, tiene que ver con las discordancias entre el tipo de gobierno y organización político-administrativa que supuestamente tenemos en nuestro país, y lo diametralmente distinto que ocurre en los hechos.

¿Qué sucede con el norte del país? Que todo lo que vemos hoy —con los constantes enfrentamientos entres las fuerzas federales y armadas contra gatilleros de las bandas dedicadas al crimen organizado—, no es ni un alarmante descubrimiento ni mucho menos el desbordamiento de una ola de violencia que antes no existía. De hecho, la gran mayoría de los muertos, el terror y la violencia, la han puesto las entidades norteñas de la República, en las que desde hace años se libra una interminable disputa por el control de los territorios, y en la que la población civil es quien ha pagado todos los daños colaterales.

Si esto es así, ¿entonces por qué antes el gobierno federal minimizó y dejó pasar la violencia en ciudades como Juárez y Monterrey, pero hoy son preocupaciones y prioridades de primer orden? Porque tal parece que a pesar del terror y la violencia sembrada en esos territorios, hasta hace muy poco el gobierno de la República sintió los efectos de una presión mediática —nacional e internacional—que desde hace dos o tres años existía, aunque no a los niveles actuales.

Tuvieron que suceder hechos verdaderamente preocupantes en Ciudad Juárez, como el homicidio de varias docenas de jóvenes en lo que pareció ser un ajuste de cuentas entre bandas criminales, o el homicidio de tres personas ligadas al consulado estadounidense en esa ciudad; o la multiplicación de los enfrentamientos en la capital económica de la República, para que el gobierno volteara a ver qué ocurre.

Ante esto, habría que preguntarse con más detalle por qué ahora sí hay preocupación, y antes no. La atención federal, en realidad, poco o nada tiene que ver con la violencia y los muertos en sí —es decir, las bajas que resiente la población civil de origen nacional—; más bien, esto se explica en el desgaste que está sufriendo la imagen internacional del país, y particularmente del gobierno, cuando entre los muertos se comienza a contabilizar a ciudadanos extranjeros, cuando los ataques incluyen a población sensible como niños y jóvenes y, sobre todo, cuando la violencia se incrusta en el sitio en el que los capitales y la inversión son un punto sensible que, al ponerse nervioso, amenaza con buscar escenarios menos problemáticos para asentarse.

OAXACA Y EL NORTE

¿No fue eso, más o menos lo mismo que ocurrió en Oaxaca en 2006? Hace cuatro años, nuestra entidad sufrió un problema harto parecido al del norte de la República, aunque motivado por circunstancias distintas. A diferencia de la violencia por razones estrictamente relacionadas con el crimen organizado, aquí lo que se desató fue una convulsiva revuelta social que lo mismo aterrorizó a la población, que reprodujo la violencia en las calles, para luego provocar bajas humanas —que hasta hoy permanecen en la impunidad—; que a larga alteró el orden y la imagen pública del estado y del país, y que finalmente fue atendida y remediada por el gobierno federal, sólo cuando se involucraron intereses ajenos a los locales.

Aunque parezca ya un ejercicio ocioso, traigamos nuevamente a la memoria los hechos de 2006 en Oaxaca. Aquí, a causa de un conflicto de orden social y político, se contabilizó más de una veintena de muertos, que sigue sin ser aclarada. Durante meses, la población civil vivió —vivimos— asolada por la incertidumbre de salir a las calles, por no poder tener garantías sobre la cotidianeidad de las actividades, de la tranquilidad y de la economía, y por estar a merced de grupos ajenos a la fuerza del Estado. Esto llevó un nivel de zozobra e inseguridad nunca antes visto, que sólo fue atendido y remediado, cuando en un enfrentamiento a balazos entre activistas y elementos policiacos, en el que cayó muerto un ciudadano norteamericano. No importaron las bajas nacionales; la dimensión internacional que dio ese hecho, fue lo que determinó la atención federal.

Ante circunstancias como esas, no estaría de más preguntarnos ¿qué tipo de federalismo se ejerce en nuestro país? Esta no es una discusión meramente teórica, sino que más bien cobra actualidad por la forma en cómo, fallidamente, se pretende abordar los problemas sólo cuando ya están desbordados, y no con una visión auténticamente federalista, que por lo menos tendría que ser global y sensible a lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Los hechos que ocurren en el norte de la República, no alarmaron a la Federación por la puesta en riesgo del orden público y la seguridad, sino por el escándalo y el escarnio internacional. Sólo recuerdan que México es todo el territorio nacional, y no sólo el centro de la República, cuando el norte o el sur ya se convirtieron auténticos polvorines.

¿VERBORREA?

Oficialistas y opositores, ahora tratan de convertir en bandera las supuestas injerencias gubernamentales estatales y federales en el proceso electoral. ¿No están para eso los órganos jurisdiccionales locales y federales de la materia? Las acusaciones “políticas” son simple demagogia, cuando no vienen acompañadas de acciones legales que sustenten lo que se dice. Es justo lo que están haciendo ahora.

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Seguridad Pública: ¿Existe blindaje efectivo vs criminalidad?

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+ Extorsión telefónica crece, impunemente, a niveles de alarma

Peca de ingenuo todo aquel que pretendiera asegurar que Oaxaca está libre de los efectos de la onda criminal que afecta al país. Tal y como ocurrió en el pasado, hoy es nuevamente cuestión de tiempo, el que los efectos nocivos de la lucha anticrimen regresen con intensidad a nuestro estado. Habría que ver con exactitud cuáles son, y qué efectos tienen, los problemas relacionados con la criminalidad que aquejan a nuestra entidad. Ésta se encuentra contenida, mas no erradicada. Y por eso, el riesgo de un repunte, en cualquier momento, es exponencial.

En primer término, es evidente que este asunto rebasa por mucho las escalas municipal y estatal, aunque no por ello, estas esferas de gobierno tienen menos responsabilidad con el marcaje a la delincuencia. El reparto del presupuesto destinado a la seguridad pública, es un grave problema para nuestro país. En un primer momento, al analizar más o menos a detalle esta cuestión, se hace evidente por qué, a diferencia de muchos otros problemas, el de la seguridad pública implica una responsabilidad compartida que, valga decirlo, es por mucho engañosa e inequitativa.

¿De qué hablamos? De que, en nuestro país, los problemas relacionados con la seguridad pública parten lo mismo de la galopante corrupción que históricamente se ha anidado en las corporaciones y dependencias encargadas del ramo en sus tres ámbitos de competencia, como en las inequidades presupuestales que, en gran medida, determinaron el abandono de las mismas, y su irremediable cooptación y connivencia con las bandas criminales.

La explicación, en términos generales, es más o menos sencilla. Desde hace más o menos una década, el gobierno federal creó una Secretaría de Seguridad Pública, unificó a sus corporaciones policiacas y las convirtió en lo que hoy se conoce como Policía Federal. El conjunto de las fuerzas federales hoy consume unos 34 mil millones de pesos del presupuesto público de la Federación.

Un monto no mayor a ese, es el que se reparte anualmente a las 32 entidades de la República para la manutención y equipamiento de sus respectivas corporaciones de seguridad estatales. Y es una cantidad muchísimo menor (unos 5 mil millones de pesos) los que se invierten, como recursos extraordinarios,  para la seguridad pública en los municipios más importantes del país.

¿Qué reflejan, por sí solos, esos números redondeados? Que, en nuestro país, existe una grave disparidad entre las posibilidades de inversión y mejoramiento entre las corporaciones policiacas de diversos ámbitos de competencia; y que, por tanto, existen posibilidades marcadamente desiguales en las cuales tanto unas corporaciones, como las otras, pueden y tienen las posibilidades de hacer frente a la delincuencia en sus dos vertientes.

Así, mientras el gobierno federal tiene a una Policía Federal y a una institución ministerial capacitada y con salarios aceptables, las policías locales y municipales del país continúan teniendo graves problemas de corrupción, de cooptación y de atraso, tanto en su número, como en sus condiciones de trabajo, salario, armamento y prestaciones.

¿Y eso qué tiene que ver con Oaxaca?

¿QUÉ SIGUE?

Este asunto, repetimos, no es sólo de interés local. En realidad, el gobierno federal parece estar tan interesado —y desgastado— por toda la violencia que hoy se desborda en el país, que poco es lo que le ha preocupado el blindaje que ya deberían haber emprendido para las entidades del sur de la República. Estamos a nada de volver a resentir los efectos de una guerra que parece no tener fin.

Tal parece que hoy en Oaxaca, las oleadas de violencia aparentemente encabezadas por el crimen organizado, parecen estar apagadas. Entre 2007 y 2009, hubo un periodo de alrededor de 18 ó 20 meses, en el que ocurrió una altísima incidencia delictiva, que parecía tener su explicación en la intensificación de las disputas territoriales y de mercados en otras entidades, las cuales hicieron emigrar u obligaron a extenderse a quienes se dedicaban a actividades ilícitas. Esto fue lo que, en dicho periodo, hizo elevar los niveles de secuestros, ejecuciones, extorsiones y venta de protección a particulares, a niveles que nunca antes se habían visto en la entidad.

Hoy, es imposible asegurar que la incidencia delictiva se encuentre en los mismos niveles. Sin embargo, subsisten problemas graves en las mismas corporaciones policiacas, que en cualquier momento podrían de nuevo combinarse para generar un escenario de riesgo: de nuevo, hoy es prácticamente inexistente la presencia de resguardos federales en los puntos álgidos del territorio, las fuerzas estatales tienen hoy graves problemas hasta para combatir a la delincuencia común.

Y si todo sigue su curso como hasta ahora, no pasará mucho tiempo antes de que Oaxaca —y todo el sur de la República mexicana—, vuelvan a convertirse en territorios de franca disputa entre bandas criminales, o entre éstas y las corporaciones de seguridad, que cuando habrían podido prevenir los riesgos, no lo hicieron.

¿Qué remedio han puesto, por ejemplo, a la altísima incidencia que tiene hoy la serie de delitos que se cometen a través de la extorsión telefónica? Aspectos como ese, revelan los insuficientes alcances de la autoridad, y la facilidad con que una banda criminal puede ponerlos en jaque. Esto porque, para perseguir a una banda de extorsionadores —que normalmente no operan físicamente en el sitio en donde realizan la extorsión—, las corporaciones estatales hacen lo que pueden, las federales se desentienden. Y mientras, todos los días docenas de personas son aterrorizadas por amenazas y mentiras, que no tienen forma de ser impedidas por la autoridad.

Más allá de las denuncias, hoy son abundantes los casos de extorsión que a diario se ejecutan en nuestra entidad. Y si la autoridad se ve impedida para detener esa, que es la forma menos violenta del crimen organizado, ¿qué pasará si de nuevo se desborda ese tipo de delincuencia?

CAMBIOS

Finalmente, se materializaron los cambios que ya se preveían en la estructura gubernamental estatal. El más significativo, es la incorporación de José Antonio Estefan Garfias a la campaña priista, en la elaboración del Plan de Gobierno. Lo releva el hasta ayer director de Recursos Humanos —y reemplazo natural—,  Francisco Márquez Méndez.

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Partido Acción Nacional nunca ha sacado las manos de Oaxaca

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El pasado viernes, el líder estatal priista, Adolfo Toledo Infanzón, exigió que el gobierno federal “saque las manos” del proceso electoral que se desarrolla en Oaxaca. Aunque esta presencia federal se está remarcando frente al proceso de sucesión gubernamental, y contrario a lo que argumentan los propios funcionarios federales y dirigentes de Acción Nacional, es evidente que para ellos nuestra entidad representa su más alta prioridad electoral actual, pero también un tema de atención permanente. Casi siempre para mal, desde hace algunos años la Federación no ha quitado su atención de Oaxaca.

Es evidente que la condena priista, tiene su razón en una serie de circunstancias que desde hace meses eran previsibles. Entre los tricolores, como entre los funcionarios del Gobierno del Estado, la posibilidad de que se conformara una coalición no les parecía riesgosa en sí por el empuje ciudadano, sino por la combinación de factores de la operación política que vendrían a Oaxaca a tratar de ganar la elección a través de la ingeniería electoral.

En efecto, los temores reales del priismo se fundaban en que, aún cuando en Oaxaca tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática son fundamentalmente membretes —la única oposición real se encuentra en algunos sectores del Partido Convergencia—, en los que sus respectivos dirigentes se encuentran domados por la cooptación oficial, lo que dicha unión haría funcionar serían las reservas abundantes de dinero federal que aquí se combinarían con la operación electoral perredista.

Los propios resultados electorales del panismo y el perredismo, y el interés actual de esos partidos por coaligarse, dan la pauta de todo esto que apuntamos. Porque es innegable que entidades como Oaxaca, tanto el panismo como el perredismo, son fuerzas meramente representativas, que en muy pocos distritos tienen la posibilidad de conseguir triunfos electorales contundentes, y que incluso carecen de más fuerza y simpatía ciudadana que la de sus propios militantes y su masa representativa de simpatizantes.

Así, lo que parece previsible es que por sí solas, esas fuerzas políticas no tienen ni la capacidad ni la determinación para lograr actividades y triunfos políticos importantes. Sus respectivas representaciones legislativas son escasas y su poder de convocatoria nunca llega a ser arrasador.

No obstante, el interés que hoy las une se encuentra más bien en la operación electoral, que puede realizarse a través del dinero y los agentes externos. En el caso actual, la cantidad de personas que acuden a los mítines del Candidato a Gobernador por la coalición opositora, y los que le manifiestan su apoyo a través de mantas, caravanas y demás, son la mera fuerza moral, que les sirve para crear imágenes y apariencias convenientes a su causa.

Empero, lo que en realidad importa para quienes encabezan la coalición opositora, se encuentra en las estructuras electorales que tanto los operadores perredistas como los enviados de las representaciones federales, estarían fabricando para obtener márgenes de votación favorables a sus respectivas causas.

Este último, es el punto que hoy atacan, y que verdaderamente le preocupa a los priistas. Es cierto que éstos tienen mejor conocimiento del escenario y de la operación electoral. Sin embargo, nadie puede soslayar que las capacidades federales son infinitas y superiores en relación a las locales, y que por esa razón desde ahora los tricolores comenzarán una fuerte y permanente estrategia de denuncia a las injerencias del gobierno federal en comicios estatales, como los de Oaxaca.

EL PAN, SIEMPRE

Sin embargo, ante cualquier acusación de injerencia en nuestro Estado, los panistas y funcionarios de la capital del país siempre tratan de esquivarse asegurando que, más bien, los oaxaqueños creemos erróneamente que nuestra tierra es el centro del universo, y que, en una actitud arrogante, consideramos que todos tienen puesta la atención en asuntos que son de mera competencia local.

¿Es esto así? No sabemos si frente a los demás factores de poder, haya razón en las afirmaciones. Pero no ante el PAN. Éstos, por lo menos desde 2006, han hecho presencia permanente en nuestra entidad, y para ellos ésta siempre ha sido una tierra de prioridades importantes. Veamos si no.

Desde que comenzó el conflicto magisterial y popular de 2006, propios y extraños vieron en las fuerzas de izquierda al enemigo más importante del gobierno y la paz de Oaxaca. Esta percepción se generó a partir de que las fuerzas de grupos y gremios como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenían identidad abierta y confesable con las llamadas fuerzas de izquierda, que entonces se habían agrupado alrededor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Dichos grupos, en apariencia, fueron los encargados de hacer el desorden. Sin embargo, el gobierno federal encabezado entonces por el presidente Vicente Fox también participó de ese movimiento político, aunque en una posición que hasta ahora sigue siendo engañosa. ¿No fueron sus omisiones las que permitieron que el conflicto magisterial escalara a niveles insospechados? ¿Y no fueron ellos los responsables por abstenerse de tomar medidas importantes para evitar que la discordancia alcanzara los niveles de violencia y sinrazón que aquí se vivieron?

COMO HERMANOS

Desde entonces el PAN, a través del gobierno federal, tenía pleno interés es desmantelar las estructuras priistas que existen y operan en nuestra entidad. El perredismo y las fuerzas de izquierda, con las que en apariencia el panismo tenía un pleito a muerte por el resultado de los comicios presidenciales, ya para entonces se habían hermanado en una causa común: Oaxaca. Han pasado casi cuatro años desde esos acontecimientos. Y dos años antes, en 2004, ya habían estado juntos por la misma causa que hoy. ¿No ha habido, entonces, un hermanamiento de la derecha y la izquierda, mucho más profundo que las circunstancias que momentáneamente los alejan? Es pregunta.

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PAN: el cambio se volvió fracaso

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hace 10 años, el entonces candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, dio los pasos determinantes para su posterior victoria electoral y la consolidación de la alternancia partidista en México. Una vez comenzada la contienda electoral, éste se alzó ante la sociedad como el promotor de las más importantes ideas y promesas de cambio para los mexicanos.

Su propuesta se basaba no sólo en el ejercicio de un gobierno en condiciones más democráticas y tolerantes que las de sus antecesores, y en la consolidación de las grandes reformas que llevarían al país a ya no conformarse con la estabilidad, sino a potenciar el crecimiento. 10 años después, podemos darnos cuenta que el único resultado, es el fracaso.

Hace una década, ciertas circunstancias determinaron la contienda electoral. Uno de ellos, fue la promesa reiterada del candidato panista de ir en contra de todos los que habían saqueado y mal manejado a la nación. También aseguraba que muchos de los problemas que enfrentaba el país se superarían a partir de la inclusión de quienes menos tienen; y que su mejor herramienta sería no el diálogo como político, sino el basado en que el gobierno debía servir a los ciudadanos comunes.

Todo esto atrajo fundamentalmente a todos aquellos que, sin pertenecer a una fuerza política, determinaron el sentido de su voto a partir del convencimiento y la simpatía que les generaba cada candidato. Así, Vicente Fox Quesada ganó la presidencia por un margen de votación que fue imposible de rebatir por las fuerzas políticas.

Al tomar posesión, se comprometió con los mexicanos a impulsar un gobierno basado en la tolerancia y las vías democráticas, y en el que, a partir de entonces, el Presidente propondría y el Congreso dispondría. Seis años después, las promesas de cambio más importantes se habían quedado opacadas por la simple alternancia. Y diez años después, podemos corroborar que ninguna de esas reformas sustanciales ha podido avanzar en un país dominado por la polarización, el encono y el privilegio a los intereses partidistas sobre los de la nación. Es, para México, una década perdida.

REFORMA FISCAL

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la hasta ahora fallida reforma fiscal en México, no es el alza de impuestos, sino las mentiras —y verdades a medias— que se vierten desde el poder sobre este asunto, y la preocupación que tienen todos los partidos por pagar los costos políticos por la toma de decisiones.

En los últimos diez años no ha habido una reforma fiscal integral, pero ello no significa que por eso los mexicanos estemos a salvo. De hecho, en la última década algunos impuestos que iban a la baja hoy están nuevamente elevados, y se han estipulado otros que antes no se pagaban. No obstante, eso no significa que hoy las arcas públicas estén en Jauja o que los impuestos sean más generales y equitativos que antes.

¿Por qué no ha podido transitar la reforma fiscal? Por dos razones. Primera, porque irremediablemente ésta implica un alza de impuestos y la reorganización de todos los gravámenes que hoy se aplican. Y segunda, porque los gobiernos panistas siempre han prometido disminuir las cargas tributarias, y siempre han hecho lo contrario.

Esto tiene entrampado al país, mientras los partidos y facciones políticas se deshacen las vestiduras en posturas demagógicas. ¿Cómo querer tener más recursos si los impuestos se pagan de una forma dispareja y parcial? ¿Cómo querer incrementar el gasto, si unos cuántos siguen pagando mucho, y los más adinerados del país pagan poco? ¿Cómo incrementar los impuestos, si eso significará que el partido que apoye la medida pierda en automático el respaldo popular?

El resumen es claro: en México ha habido parches fiscales que eliminan los problemas económicos y de gasto a corto plazo. Pero nadie se ha atrevido a llevar a las leyes los resultados de las convenciones hacendarias o los planteamientos que se realizan desde ciertos sectores de la sociedad.

Como nadie quiere pagar los costos de lo irremediable, la salida ha sido fácil: incrementar los impuestos a los que ya pagan; y esperar a que sean otros gobernantes, en otros tiempos, los que decidan arriesgar sus capitales políticos en aras del bienestar de largo plazo de las finanzas del país. El PAN, está visto, no podrá materializar una reforma fiscal en los años que están por venir.

REFORMA ENERGÉTICA

En México, para muchos nacionalismo significa Pemex. La empresa petrolera nacional ha sido la caja chica y grande del gobierno mexicano durante décadas, y hoy se encuentra en franca decadencia. Cuando se propuso la reforma petrolera, propios y extraños acusaron la privatización de la industria. Este fracaso tiene razones tan emocionales como de incapacidad política.

Emocionales, porque para el mexicano común el petróleo significa no sólo una fuente de riqueza, sino también la materialización de la idea de que sí se le puede ganar una batalla a Estados Unidos. Esto porque la expropiación petrolera, ocurrida el 18 de marzo de 1938, fue la primera y única batalla que México le pudo ganar al vecino del norte, y la única riqueza abundante que se pudo rescatar del imperialismo yanqui.

Por eso, cuando los gobiernos comenzaron a hablar de una reforma energética, sus contrapartes —para obtener dividendos electorales— aseguraron que esto escondería la privatización de la industria. Y hubo oposición, jaloneos y debates, para que al final se estableciera una reforma parcial y de poco alcance, que no podría sacar a la industria del hoyo en el que se encuentra.

Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos presidentes panistas, ofrecieron lograr una reforma energética que le diera viabilidad al país. Hasta hoy, ninguno de los dos ha podido hacer un planteamiento claro a futuro de lo que debe ser la industria nacional del petróleo y los energéticos. Sus opositores han incurrido en el serio problema del bloqueo y la negativa razonada e irracional. Y el resultado es que hoy Pemex ya no es la cuarta empresa petrolera del mundo, sino que es una de las “segundonas” frente a los gigantes petroleros de otros países que, siendo propiedad del Estado, fueron consecuencia de un acuerdo razonado y hoy compiten y se desarrollan exponencialmente.

REFORMA LABORAL

Esta es otra de las discusiones largamente esperadas. Nadie sabe a ciencia cierta si la eliminación de los sindicatos, del derecho de huelga y de otras prestaciones para los trabajadores, sean elementos suficientes para sacar adelante al país. Esto es justamente lo que ha propuesto la administración panista y que, de antemano lo sabemos, no será votada favorablemente en el Congreso federal.

Se pone poca atención a otros rubros que son parte de lo mismo. El sistema de salud pública para los trabajadores está colapsado, el sistema de pensiones es de alcances mínimos frente al cúmulo de población que no cuenta con prestaciones sociales. Y existen muchos otros rubros que necesitan de una regulación específica para poder dar viabilidad y certeza a quienes invierten y generan empleos en el país.

Hace apenas unos días se adelantó algo del contenido de la reforma laboral: uno de los ejes será la transparencia de los sindicatos tanto en recursos como en información; amplía y endurece los requisitos para llevar a cabo una huelga, tipifica como delito la contratación de menores de 14 años; regula el outsourcing, así como el trabajo doméstico, independiente o vía medios electrónicos como el Internet.

¿Transitará esta reforma? Sería el primer éxito en un mar de fracasos para los negociadores e interlocutores del gobierno federal panista, con las distintas fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de la Unión.

REFORMA A TELECOMUNICACIONES

Hoy la tecnología de los medios de información, es mucho mayor a los alcances previstos por la norma. En 2005, la Ley Federal de Telecomunicaciones, y la de Radio y Televisión, fueron reformadas, pero sólo para satisfacer el plan de negocios de Televisa. Dos años después éstas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué es importante? Porque la falta de una regulación clara y equitativa, hoy fomenta la concentración de los medios en unas cuantas empresas e intereses, que acaparan el sector y fomentan los intereses y la manipulación. El presidente Calderón también se comprometió a atender el sector e impulsar las reformas que fueren necesarias. Pero nada de esto ha ocurrido. Continúa pasando el tiempo y los beneficiarios de esas concentraciones y monopolios, continúan teniendo el control casi absoluto de los medios informativos. Y continúan haciendo de la manipulación y la presión, una de sus mejores actividades.

¿A DÓNDE VAMOS?

Así, esta parece ser la década perdida. Mientras otros países, como Brasil, ganaron competitividad y presencia internacional por su capacidad de lograr acuerdos y reformas viables, en México todo está pospuesto para quién sabe cuándo. Nadie sabe bien a bien qué pasará con el país, ni cuándo saldrá del hoyo en el que se encuentra. Mientras, predominan las discusiones bizantinas y sin rumbo entre un gobierno inoperante, y un Congreso que más bien parece la Torre de Babel, y no un Poder Legislativo serio. Vamos para ningún lado.

Periodismo latinoamericano: de nuevo, ¿hacia dónde vamos?

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+ “Crear sociedad”, vs idea de que sociedad civil no existe

Por naturaleza, el periodismo es uno de los vínculos esenciales entre el ciudadano común y el mundo que lo rodea. No es raro que el común de las personas se entere no sólo de los acontecimientos diarios a través de los medios de información, sino que también busque en ellos algunos de los elementos más importantes para la reflexión, la crítica y el debate. Tampoco debería ser excepcional que los medios informativos contribuyeran a fomentar ciertos valores y condiciones indispensables para la sociedad. Sin embargo, el dicho al hecho existe un enorme trecho.

¿Por qué hablar de esto? Porque tal pareciera que hoy, en general, los medios de información, no sólo locales o de circulación nacional, sino de gran parte del continente, se encuentran —nos encontramos— inmersos en una serie de vicios que deberían ser erradicados, como una de las condiciones para la construcción de una mejor sociedad. Aunque pudiéramos considerar que la prensa tiene como único deber el de informar, deberíamos también preguntarnos cómo debería materializarse ese deber, y si existe algo más allá de eso.

Esto viene a colación por lo siguiente. Por lo menos en México, los medios informativos han transitado de un marco de amplia censura y control de lo publicado, a otro de libertad casi total. Podría suponerse que la eliminación de la censura y las presiones que en el pasado se ejercían desde el poder hacia los medios, trajo como consecuencia el ejercicio de un periodismo que contribuyera más con la sociedad. ¿Ha sido todo esto así?

A nivel interno, —es decir, entre los mismos trabajadores de la información— debemos ver este asunto con pulcritud, responsabilidad y tolerancia. Porque la respuesta absoluta en todo esto es “no”. Es harto complicado afirmar o suponer que por la eliminación de esas barreras del pasado, hoy se ejerce un periodismo más profesional, más constructivo, más libre y menos comprometido con el poder. Esta es una condición a la que, en poca o gran medida, no escapa ningún medio de información de México, y seguramente del Continente Americano.

¿Por qué? En primer término, porque ha existido una voluntad mínima para comprender que, si bien todo medio de información es una empresa y que por tanto su manejo debe ser empresarial y no basado en los romanticismos de la prensa, también es cierto que la empresa que sostiene a un diario, a una estación de radio o a un canal de televisión, es también una empresa de interés público. Es decir, que su actividad importa a toda la sociedad.

Como esta no ha sido una idea que haya permeado entre los medios, en muchas ocasiones éstos ejercen su actividad como empresas privadas, y no en base al interés público que, por ética, debía regirlos. Esto lleva al oficialismo, las excesivas dependencias económicas, la combinación de intereses políticos en el ejercicio periodismo y, lo que es peor, la incursión que aún hoy sigue siendo marcada, de grupos políticos en empresas editoriales para buscar, a través del periodismo, de conseguir fines que no son propios del oficio informativo.

Esto es algo que existe en todos los niveles, y que tiene al periodismo en un nivel bajo que, al parecer, no tiene muchas vías de superación y crecimiento. Nos parece extraño y hasta sorpresivo, que existan voces que digan que el periodismo debe ser más constructivo, más propositivo y más responsable. Esas ideas se miran con extrañeza porque al parecer muy pocos creen que, desde los medios, pueda hacerse algo más allá de informar.

CREAR SOCIEDAD

Hace unos días, de visita en México, el periodista español Miguel Ángel Bastenier, aseguraba que la crisis económica en América Latina ha llegado en un momento en que es posible que la prensa no llegue nunca ha ejercer el papel de socialización política que ha ejercido en Europa y Estados Unidos; pero además no sabe sí lo logre el periodismo digital.

Y señalaba: “Cuando digo socialización política digo fabricación de sociedad, fabricación de estado, conocimiento del medio, de quiénes somos y dónde estamos. La prensa no creaba, pero sí facilitaba los medios para el conocimiento, para la ascensión de todas esas cuestiones; yo no digo que en América Latina eso no haya comenzado, claro que sí, pero no ha llegado ni remotamente al momento de madurez”.

Ante un señalamiento de esta naturaleza, tendríamos que preguntarnos con seriedad si desde los medios se puede construir sociedad, o si sólo debemos quedarnos en el simple papel de informar y generar ciertos tipos de crítica y análisis. La respuesta, en el ideal, tendría que apuntar no sólo a la necesidad, sino a la urgencia, de que tanto los medios de información como muchos otros factores sensibles de la población, se dedicaran a “hacer sociedad”.

¿Qué entender por ello? Que al fomentar la sociedad, hubiera la posibilidad de que los ciudadanos que no tienen intereses de orden político o económico para unirse, lo hicieron en torno a causas que verdaderamente le benefician a la colectividad. ¿Por qué quejarnos, por ejemplo, de la falta de representatividad y legitimidad que tienen los partidos políticos? Mientras la sociedad se siga manteniendo en la desorganización, vicios como esos continuarán ocurriendo.

Pero no vayamos tan lejos. En México, y en muchos países de América, los gobiernos hacen lo que quieren, y las concentraciones de poder existen a niveles inimaginables, justamente porque no existe la cultura de la sociedad, y de la organización que ésta debe tener para saber proponer, comprender y también oponerse razonada y civilizadamente.

El periodismo, en todo esto, podría jugar un papel fundamental justamente porque es el vínculo entre los sectores sociales más sensibles pero también más determinantes, como lo son la población y el poder. Su función habría de ser la de aportar la información, pero también más elementos sustanciales para la construcción de esos intereses en común a toda la sociedad.

ÉLITES

Sin embargo, aquí son meras élites las que tienen acceso a los medios, y éstos tienen serias deficiencias cuando intentan contribuir a la sociedad. ¿Proporcionalmente, en México qué porcentaje de la población tiene acceso a un diario? Poquísimos ¿Y cuántos de esos diarios contribuyen a crear sociedad? Muchos menos. Y la radio y la televisión, que son los medios de comunicación de masas, tienen un compromiso escasísimo con este asunto. No vamos bien.

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Candidatos: sólo garantía de lealtad, pero no de gobierno

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+ Democracia: ¿Quién es responsable por atraso prolongado?

A nadie sorprende hoy que los grupos políticos y los partidos, definan a sus candidatos a cargos públicos en función de su popularidad, o de aspectos como la lealtad, la cercanía o los intereses en común. Pero en realidad, existe una preocupación mínima porque las garantías de continuidad y triunfo en las urnas, sean también certezas relacionadas con el ejercicio del poder. Mientras predominen los intereses personales, será imposible que, en el futuro cercano, una democracia como la de Oaxaca evolucione.

Hasta hoy, la historia ha sido repetitiva en cuanto al modo en cómo se definen los candidatos a cargos públicos. Es una práctica común, que la designación de abanderados esté determinada sólo por dos aspectos: las definiciones propias de los grupos dominantes en los partidos políticos, y los números que arrojan los sondeos de opinión. En esto, como puede verse, quedan fuera todos los demás factores. Y lo riesgoso de todo este asunto, es que un candidato con altos niveles de popularidad, o arropado por los grupos de poder, no necesariamente garantiza que será un buen gobernante.

¿De qué hablamos? De que, es cierto, todo representante popular —Presidente, Gobernador, Munícipe o Legislador—, tiene como punto de partida el aspecto estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que más allá de lo que dictan las urnas, todo aquel que presta un servicio al Estado debe de garantizar mucho más que votos o aceptación del electorado. Debe haber, por lo menos, certeza mínima de que éste contribuirá de buen modo al desarrollo, al gobierno incluyente y sensible, y a consolidación de la democracia.

Para más de uno, esto es un idealismo. Dicha consideración, podría sostenerse si vemos el ejercicio de la política a ras de tierra. Este, en Oaxaca y en el país, lejos de ser un escenario en el que se debaten argumentos y proyectos de gobierno, es más bien una auténtica arena política, en la que las preocupaciones primordiales se centran en la construcción y sostenimiento económico de las estructuras electorales, en el convencimiento al electorado a través de ideas fatuas, y en los mecanismos a través de los cuales podrán tomar ventaja de modo indebido en el proceso electoral.

¿Alguien se ha preguntado si en realidad los candidatos que hoy tenemos ante nosotros, y los que tendremos, tanto para la gubernatura del Estado, como para las Alcaldías y diputaciones locales, son los mejores prospectos de los partidos? La pregunta puede ser contestada, desde ahora, afirmativamente, si todo se mira desde la simple lógica electoral. Pero más allá de eso, ¿existe cierta presunción de que los actuales e inminentes abanderados son, de a de veras, lo mejor que se puede proponer?

La respuesta es incierta. Y es así porque el mismo sistema democrático, y la predominancia de los intereses de grupo, han impedido que se valoren más aspectos que los estrictamente relacionados con los intereses y con las encuestas. Es imposible saber si, en esto, los candidatos, Gabino Cué Monteagudo o Eviel Pérez Magaña son en realidad las mejores cartas con las que sus respectivas fuerzas políticas pretenden acceder o mantenerse en el poder.

Es imposible porque, independientemente de que hayan sido ellos, o cualquiera otros los postulados, se habría tomado en consideración algún otro aspecto que no fueran los estrictamente relacionados con los aspectos de grupo, o los eminentemente electorales. Así, podemos tener expectativas positivas en muchos aspectos. Pero no necesariamente en lo que tiene que ver con la modificación, para bien, de la práctica del poder.

¿DEMOCRACIA IMPOSIBLE?

Podría argumentarse que estamos esencialmente equivocados, y que se peca de ingenuidad o idealismo, cuando se habla de la democratización del poder. Frente a cualquier señalamiento de esa naturaleza, tendríamos que comenzar por preguntarnos si hoy es igual el ejercicio del poder público a nivel federal, a como era hace dos décadas. En la pregunta misma, está la respuesta.

Evidentemente, el ejercicio del poder hoy no es el mismo que el de hace 20 años en el ámbito federal. Hoy podemos corroborar que no existe un presidente omnipotente que ejerce su poder ilimitadamente; que controla por completo al Poder Legislativo; o que es el factor determinante en las definiciones políticas respecto a su propia sucesión.

Más bien, hoy vemos casi todo lo contrario: existe un partidismo fuerte, que ha limitado el marco de acción del Jefe del Poder Ejecutivo; las cámaras legislativas tienen una pluralidad cambiante, y grupos opositores fuertes. Y, en el contexto histórico, y aún con las enormes fallas que representan hoy las concentraciones de poder en manos de los partidos, éstos han contribuido de manera determinante a la democratización de muchas de las instituciones y procesos políticos del país.

¿Qué necesita ocurrir, entonces, en un escenario como el de Oaxaca? Primero, que exista la voluntad para comprender que las concentraciones —y ambiciones— actuales de poder, no pueden ser eternas (porque esto sólo conduce a los estallidos sociales). Teniendo esta visión, habría de ser previsible el comienzo de un proceso paulatino de apertura democrática y búsqueda de equilibrios en las tareas de gobierno.

Para esto, sin embargo, es necesario lo mismo la actuación inteligente de quienes ejercen el gobierno, como de quienes encabezan las fuerzas de oposición. En una lógica real, nadie cede el poder sólo porque sí, como tampoco se logra algo sustancial cuando se tiene una voluntad opositora que sólo es aparente.

Así, ¿tienen claro esto quienes detentan el poder en Oaxaca? Tal pareciera que no. Por eso, todo lo centran en el aspecto electoral y en la preservación de los grupos de poder. ¿Y en la oposición? Tampoco. Porque ésta ha sido una auténtica desgracia, que nunca ha podido ubicarse en un sitio medianamente digno. En gran medida, las concentraciones de poder son tan altas, porque los que tienen la legitimación política para oponerse, son en realidad comparsas y títeres de sus contrapartes.

ASPECTO OLVIDADO

Con toda seguridad, si el electorado tomara en consideración aspectos como estos, razonaría mucho más su voto. El problema es que la situación es tan adversa en lo económico y social, que una parte importante de los electores, prefiere cambiar cualquier razonamiento por unos pesos, por una despensa, o por una promesa inalcanzable.

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