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Eviel: eliminación de tenencia, sujeta a herencia de gasto

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+ Propuestas: no sólo lo que elector desea; que haya seriedad

En una reunión con mujeres, ocurrida hace dos días, el candidato a Gobernador por la Coalición por la Transformación de Oaxaca (PRI-PVEM), Eviel Pérez Magaña, se comprometió a eliminar el gravamen de la tenencia vehicular, una vez iniciado su gobierno. Dijo que con una revisión integral al gasto público, y un plan de austeridad y ahorro, lograrán solventar el faltante que deje la eliminación de ese impuesto que, ciertamente, es uno de los más rechazados por los contribuyentes. Más allá de lo atractivo de la propuesta y del momento político en que ésta se hace, es necesario ver este asunto lejos de las euforias y las falsas expectativas, que sólo generan confusión y desencanto.

El Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, es un gravamen que, como comúnmente se sabe, impuso la autoridad fiscal federal transitoriamente a los mexicanos, para cubrir los gastos extraordinarios que se generarían a partir de la organización de los Juegos Olímpicos, en 1968.

Sólo que una vez concluido el plazo y la finalidad para que éste impuesto fue proyectado, el fisco federal decidió continuar su aplicación con el objeto de mantener los niveles de recaudación. No fue sino hasta hace más o menos una década, cuando se atizó la discusión sobre la urgencia de abrogar dicha ley, para eliminar un impuesto que genera los más altos índices de rechazo por parte de la población. Así fue como, en unas cuantas líneas, se puede explicar y entender por qué la promesa de la eliminación de la tenencia se volvió políticamente rentable desde hace algunos años.

En 2006, el entonces candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, tomó esa como una de sus tantas banderas de campaña. Dijo que una vez iniciado su gobierno, realizaría las gestiones correspondientes con las fuerzas políticas para eliminar la tenencia. Y lo hizo. Sólo que a medias.

Esto porque si hoy buscamos el fundamento legal de ese impuesto federal que aún es aplicable, podremos constatar que un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, estableció que dicha norma quedará sin efectos a partir del 1 de enero de 2012. En el mismo decreto se estableció la derogación del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas, con lo cual se también estableció que a partir de 2012 las arcas federales dejarán de cobrar ese impuesto.

¿Qué debemos entender de todo esto? Que será dentro de dos años cuando la tenencia deje de ser un impuesto federal, pero que esto no significa que por ese solo hecho se decrete su desaparición. Más bien, el presidente Felipe Calderón transmitió a las entidades federativas la responsabilidad —y el costo económico y político— de las decisiones futuras sobre ese gravamen.

¿Por qué? Porque todo el dinero que hoy se recauda por concepto de tenencia de vehículos, tiene el carácter de federal, pero es directamente transferido al gasto de la entidad federativa donde se cobró. Por eso, son las Secretarías de Finanzas estatales, y no el Servicio de Administración Tributaria, las que recaudan los fondos de ese gravamen. Y por esa misma razón, y otras que apuntaremos más adelante, no parece tan sencilla su simple eliminación por el faltante de dinero tan importante que ocurriría, independientemente de que, al decidir sostener la aplicación del impuesto por tenencia de vehículos, los gobiernos de las entidades federativas sean quienes paguen las consecuencias políticas frente a sus electores.

GASTO COMPROMETIDO

El año pasado, cuando algunos candidatos a la gubernatura de Nuevo León plantearon propuestas similares, el electorado las recibió bien e, incluso, ello reportó incrementos en la popularidad de los abanderados. Particularmente, el candidato priista, Rodrigo Medina, señalaba insistentemente que esa sería una de sus disposiciones, una vez que arribara al gobierno. Amarga fue la sorpresa para él, cuando reparó en que su antecesor había comprometido la recaudación futura del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos —hasta alrededor del año 2020—, a cambio de obtener préstamos que le permitieran concretar sus proyectos de gobierno.

Hasta hoy, no ha quedado muy claro todo lo que el Gobierno del Estado ha hecho en relación a sus compromisos de pago. Es hasta ahora incierto todo lo que se ha comprometido a cambio de recursos frescos, en aspectos como la bursatilización del gasto público y la contratación de créditos que, aunque no tienen formalmente el carácter de deuda pública, sí habrán de ser pagados en el mediano plazo por las arcas estatales, independientemente del partido o el grupo político que gobierne la entidad.

Por eso, todo aquel candidato a la gubernatura que lance promesas de ese tipo, tendrá primero que revisar si los esquemas fiscales actuales soportan y permiten la eliminación de ese gravamen, y qué medidas alternativas se pueden tomar para cumplir con lo prometido. Es evidente que si una promesa de ese tipo termina hoy en un cumplimiento tan lejano como el del gobierno del presidente Felipe Calderón, la desilusión será mayor y el costo político alto para quienes prometieron y no cumplieron.

En el ámbito federal se esperaba que la eliminación de la tenencia fuera más próxima. En realidad, el gobierno de la República hizo poco para concretar su promesa, porque la eliminación de la tenencia golpeará directamente a las arcas estatales, porque son las que directamente reciben los ingresos y los distribuyen para su uso.

Así, se puede decir que a las arcas de la Federación de todos modos no le afecta la eliminación del impuesto, y por tanto, tampoco habrá de verse en la necesidad de buscar medidas alternativas de ahorro, eficiencia en el gasto, y austeridad. Todo se quedará en los gobiernos estatales. Y ahí es donde se verá si realmente tienen la capacidad de generar captación alternativa de impuestos, o si se atoran por ese faltante que es nada despreciable en el gasto.

NO OLVIDAR

Sería ideal que promesas de campaña como esa, que son las que desea escuchar el elector, tengan la posibilidad de ser abundadas y justificadas, no en ofrecimientos sacados de la manga ni esperanzas, sino en datos y cifras reales y serias sobre su viabilidad y posibilidad de cumplimiento, en el corto o mediano plazo. Este es un tema que, en el futuro, nadie debía olvidar.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Tendencia antiinmigrante: Pasado racista vuelve a EU

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 23 de abril, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley antiinmigrante más dura emitida hasta ahora en Estados Unidos, la cual convierte en delito el ser inmigrante indocumentado y autoriza a la policía a detener, solicitar documentos de identificación e incluso arrestar a quien pudiera parecer sospechoso de ser un “espalda mojada” proveniente de cualquier parte del mundo.

Dicha ley, que entrará en vigor a mediados del mes de julio próximo, convierte a Arizona en la primera entidad estadunidense en adoptar reglamentos federales de inmigración y en acrecentar sus implicaciones al criminalizar otros aspectos relacionados con extranjeros indocumentados, tales como la sanción a los ciudadanos norteamericanos que empleen, alojen o presten ayuda a quienes no cuentan, en esa entidad, con una situación migratoria regular.

Esto desató una importante ola de protestas dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde el día en que la Gobernadora de Arizona firmó y promulgó formalmente la ley mencionada, cientos de ciudadanos norteamericanos de origen extranjero se manifestaron en diversos puntos de la Unión Americana, por lo que consideraron es una ley discriminante que atenta contra los derechos fundamentales de quienes ahora serán considerados como delincuentes, por el solo hecho de haber cruzado la frontera ilegalmente.

Ahí mismo, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama consideró a la ley antiinmigrantes aprobada en Arizona como intolerante y equivocada, pues a juicio de su gobierno y del Partido Demócrata, deben establecerse mecanismos eficaces no para criminalizar a los indocumentados, sino más bien para regularizar su estancia y que éstos sirvan de mejor manera a la economía y el desarrollo de aquel país. Junto con su pronunciamiento y la definición de su postura al respecto, anunció que el gobierno federal estadounidense presentaría un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia, para controvertir y atacar esa norma estatal de Arizona.

Fuera de Estados Unidos, las reacciones fueron también importantes. Arizona es uno de los estados de la Unión Americana que, junto con Texas, Nuevo México y California, comparte frontera con México; esa línea divisoria de más de mil 200 kilómetros lineales, es la más extensa que comparten dos países no sólo en nuestro continente, sino en el mundo. Aquí, tanto el gobierno federal como el Poder Legislativo de la Unión, se pronunciaron en contra de la decisión tomada en Arizona y llamaron a los mexicanos a evitar acudir a aquel estado, a invertir en él, y, en general, a realizar un boicot comercial y turístico, en protesta por la aprobación de la ley en comento.

Sin embargo, más allá de los hechos, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Es esta ley una acción aislada en contra de los inmigrantes indocumentados? ¿Es parte del cumplimiento de una política conservadora de los estadounidenses? ¿Tiene esto que ver con un tema que en realidad se explica en su preocupación por la seguridad nacional? ¿Es una reedición del racismo, del proteccionismo económico, o incluso una vuelta al mercantilismo e imperialismo que caracterizaron a aquella nación todavía en el pasado reciente? ¿O es esto parte de una decisión que pretende imponer condiciones más complejas al migrante para que éste sostenga su fuerza de trabajo a menores precios? Tal parece que la respuesta general a esta cuestión, no se encuentra en una sola de las vertientes. Y aunque hay temas como la seguridad nacional, que preocupan a los estadounidenses, lo cierto es que todo debemos seguirlo también a través de la ruta de la economía y el dinero.

REEDICIÓN DEL RACISMO

Estados Unidos, como cualquier nación, no podría explicarse sin su pasado. Y una parte fundamental de éste, tiene que ver con la visión racista que todavía prevalece en ciertos sectores del país. A pesar de que la estadounidense es una sociedad fundamentalmente compuesta por procesos migratorios, en aquella nación prevalecieron políticas como la del esclavismo, y lo que ahora se conoce como apartheid (es decir, la práctica a través de la cual se establecen sitios exclusivos para los blancos, o vedados para las personas de color), la primera hasta bien entrado el siglo XIX, y la segunda hasta apenas hace unas cuantas décadas.

El racismo tiene diversas explicaciones sociales, económicas y en algunos aspectos hasta religiosas. Históricamente, se creyó que la superioridad de la raza blanca se explicaba en la eficacia que éstos tuvieron para colonizar tanto a los nativos americanos como a los africanos. Decían que aún cuando éstos últimos tenían la capacidad de ser físicamente superiores, no contaban con las habilidades intelectuales suficientes como para ser similares a los seres de piel blanca.

Incluso, varios autores han postulado a la religión, más concretamente las iglesias protestantes, como protagonistas de un progreso muy superior a las demás, debido a su postura favorable al enriquecimiento, muestra de lo que la persona será en la otra vida. Así los países colonizados por Países Bajos o Alemania serían naciones desarrolladas y los colonizados por Francia o Bélgica serían países subdesarrollados.

Sin embargo, el racismo nunca alcanzó a ser una explicación suficiente para apuntalar la versión de que el color de la piel, la procedencia o las características físicas hacen a una persona superior a la otra. En realidad, las circunstancias de colonización y de éxito de unas sociedades sobre otras, y su posterior superación o fracaso económico, con los adelantos tecnológicos, con las armas, con el belicismo, y con los conocimientos que hasta entonces se habían adquirido. Pero no estrictamente con las razas.

Sin embargo, el racismo fue una característica estadounidense. Hace apenas unas décadas, los afroamericanos lograron su reconocimiento pleno como personas iguales a los blancos, y se les dejó de separar abiertamente de los blancos, eliminando muchas de las barreras de discriminación que hasta entonces existían. Sin embargo, este proceso ha sido mucho más lento en relación a los latinos, los asiáticos, o todos aquellos que no comparten características físicas con los estadounidenses promedio.

Así, en un primer momento podría suponerse que el origen de la norma que criminaliza a los indocumentados tiene que ver con ese talante discriminatorio y racista que afecta a los estadounidenses blancos. Sólo que, ante otras circunstancias que detallaremos más adelante, podremos corroborar que hay mucho más que intolerancia étnica en la aprobación de dicha norma.

¿UN ASUNTO RELACIONADO

CON LA SEGURIDAD NACIONAL?

En Arizona, los defensores de aquella norma aseguraron que ésta buscaba proteger no sólo al empleo y la economía local, sino también contribuir con los asuntos de seguridad nacional que, ahora, están afectando recurrentemente a los estadounidenses. Los defensores de las políticas republicanas de repudio a los migrantes y a la legalización de los mismos, aseguran que el relajamiento de las normas federales migratorias, están propiciando huecos a través de los cuales se están colando diversos riesgos tanto para la seguridad nacional, como para otros aspectos tales como la inseguridad o el crimen organizado. Sólo que algunas cifras simplemente no cuadran con sus cálculos ni con las justificaciones que ellos dan para sostener sus argumentos en contra de los migrantes, particularmente los indocumentados, y para decir que el incremento de éstos no sólo afecta la economía sino también alimenta a tendencias como la del terrorismo.

En este sentido, el periodista Andrés Oppenheimer daba algunas cifras sólidas al respecto, en un artículo publicado en el Diario Reforma el pasado 7 de mayo. En él señalaba que “hay muchos terroristas nacidos en Estados Unidos. Sólo basta recordar el atentado de 1995 contra un edificio federal de Oklahoma City por Timothy McVeigh, que dejó un saldo de 168 muertos y más de 500 heridos, o el caso del ‘Unabomber’ Ted John Kaczynski, quien llevó adelante una campaña de letales ‘cartas-bomba’ en las décadas de 1980 y 1990. Incluso entre los terroristas islámicos y los simpatizantes de la jihad hay muchos nacidos en Estados Unidos.

“Tal vez recuerden a José Padilla, un joven nativo de Nueva York que fue declarado culpable de intentar detonar una ‘bomba sucia’, o de los ‘Seis de Lackawanna’, de Buffalo, Nueva York, en su mayoría estadounidenses de familias yemenitas arrestados en el 2002 y luego declarados culpables de estar vinculados a Al-Qaeda. O la mayoría de los cinco hombres de Liberty City, Miami, acusados el año pasado por planear atentados terroristas con Al-Qaeda, o de ‘Jihad Jane’, la rubia de ojos azules de Pennsylvania que fue recientemente acusada de intentar reclutar militantes para la jihad por internet.”

¿Qué significa todo esto? Que la migración, o el relajamiento en los controles habidos por el gobierno estadounidenses, no son directamente responsables, o con posibilidades sólidas de ser relacionados con el terrorismo. Incluso, en otra parte de su texto, Oppenheimer refiere datos del diario LA Times, en el que se establece que el crecimiento de la migración latina a Arizona es directamente proporcional a la disminución de sus problemas relacionados con la delincuencia.

DEBATE DE CLAROSCUROS

Aunque la de apoyar las políticas antiinmigrantes estadounidenses parece una postura francamente indefendible, es claro que esto deja ver dos cuestiones: por un lado, que la sociedad norteamericana está transitando nuevamente hacia el conservadurismo, a través del cual busca proteger su economía y sus intereses, sin importar el precio que otros tengan que pagar por ello. No parece raro que otros estados gobernados por el Partido Republicano vean no sólo bien, sino hasta con recelo y envidia, el hecho de que Arizona ya hubiera podido concretar su ley antiinmigrante.

Sin embargo, en el otro polo, esto también habrá de acelerar la discusión sobre una reforma migratoria que dé más apertura, y no que cierre las puertas a los inmigrantes indocumentados. El presidente Obama ha dicho que ese tema será discutido el próximo año en el ámbito federal. Esto daría la pauta para presionar en la posibilidad de que ese debate se emprenda antes del 2011.

Ley antiinmigrante: los colonizadores se sienten colonizados

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+ Autocrítica: nada ha hecho México por sus propios migrantes

Hace quince días, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó una ley estatal que criminaliza la sola presencia de personas extranjeras que no cuenten con documentos migratorios en regla. Esto desató una importante secuencia de protestas e inconformidades dentro de Estados Unidos, tanto por los simpatizantes del Partido Demócrata, como por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esas protestas tienen que ver no sólo con el racismo o la discriminación que ahora se oficializa en contra de los indocumentados. Bien a bien, parece ser que no se alcanza a comprender por qué ahora se busca perseguir a quienes han dado mano de obra y desarrollo a la Unión Americana.

Esta discusión, en realidad, ha transitado por todos los polos. En un primer momento, existen importantes grupos dentro mismo de Estados Unidos, que consideran, con razón, que medidas como ésta transgreden gravemente los derechos fundamentales de los inmigrantes, y que reeditan viejas prácticas como la del racismo y la discriminación, que tanto han luchado por erradicarse.

En ese sentido, es innegable que el autorizar a la fuerza pública a que requise y detenga a cualquier persona por su solo color de piel, o sus características físicas, constituye una grave regresión en materia de derechos humanos a todos los niveles, pues tal disposición equivale a negar las declaraciones de derechos civiles existentes en el marco constitucional estadounidense, así como las garantías mínimas que contempla la legislación continental e internacional de la que Estados Unidos es parte, y que por tanto es para ellos de observancia obligatoria.

¿De qué hablamos? De que, en ese sentido, declaraciones como el Pacto de San José, en su artículo 1, establece que “los Estados Partes en esta Convención [es decir, todos los que ratificaron dicho instrumento internacional] se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

Así como ese, existen otros instrumentos internacionales que establecen expresamente la imposibilidad de castigar o perseguir a alguien por cualquier característica inherente a su persona, tal como el color de piel o la procedencia. De ahí que, una de las medidas tomadas por el gobierno federal estadounidense ante la promulgación de dicha ley por la gobernadora Brewer, fue la de presentar una controversia ante la Corte Suprema de Justicia, para tratar de invalidar la norma por las vías legales conducentes.

Sin embargo, tal parece que más allá del racismo, esta es una medida que comienzan a tomar diversos sectores de Estados Unidos para frenar un proceso gradual de reconquista. Arizona era originalmente territorio mexicano, y sólo dejó de serlo formalmente luego de la guerra de 1847. Los colonizadores estadounidenses se quedaron con grandes porciones de tierra que ellos poblaron y desarrollaron. Sólo que en las últimas décadas, ha habido un acelerado proceso de reconquista silenciosa y pacífica por parte de los conquistados.

La de inmigrantes mexicanos, está muy cerca de convertirse en la primera minoría en la Unión Americana. Y los cuatro estados que hoy comparten frontera con México, y que antes fueron parte de nuestro país (es decir, Texas, Nuevo México, Arizona y California) son hoy gobernados por republicanos. Y tanto texanos como californianos y los de Nuevo México, se relamen los bigotes de envidia con Arizona, porque éste ya pudo tomar medidas importantes para frenar este proceso de invasión y recolonización, por parte de los mexicanos.

AUTOCRÍTICA, AUSENTE

Aún cuando este tema afecta a millones de nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana, es evidente que en México también tenemos un problema grave con la migración. Por nuestro territorio transitan cada año cientos de miles de transmigrantes centroamericanos que no buscan quedarse en el país, sino que intentan llegar a los Estados Unidos. Si los mexicanos vemos con malos ojos a los estadounidenses que a través de su patrulla fronteriza persiguen y cazan a nuestros connacionales, los centro y sudamericanos abrevan el mejor de sus odios en contra de las policías mexicanas, que cometen delitos y abusos abominables en contra de ellos, cuando se encuentran en nuestro país.

En México carecemos de autocrítica. Es bien sabido, porque recurrentemente es “nota” de la prensa, que aquí ocurren todo tipo de abusos en contra de los migrantes que ingresan a nuestro país por la frontera sur desde Centroamérica. Las mujeres son objeto de todo tipo de explotación sexual y laboral, los hombres son perseguidos, maltratados, extorsionados, secuestrados y hasta masacrados, por integrantes de policías corruptas que, tengan o no competencia legal para hacerlo, persiguen y aterrorizan a los indocumentados que se encuentran en nuestro país.

Sólo que, aquí, a muy pocos les importa ese tema. Hasta hace muy pocos años, la Ley General de Población establecía un catálogo de delitos que criminalizaba a todo aquel que estuviera en el país en una situación migratoria irregular. Y los abusos cometidos en contra de los inmigrantes no se han podido frenar. Se han tomado algunas iniciativas importantes, como la presentada hace unos días en San Lázaro por el diputado Jorge González Ilescas, en el sentido de que los grupos beta de protección al transmigrante, tengan sustento no sólo en reglamentos, sino en la misma ley que regula la migración, y que esta responsabilidad sea compartida por el gobierno federal y los estatales, para salvar las garantías básicas de nuestros propios indocumentados, a los que nos negamos a ver.

TOMAR CONCIENCIA

Mientras México no tome medidas firmes y eficaces para combatir la violencia y la persecución en contra de los migrantes, habrá poca calidad moral para exigir esas mismas actitudes a Estados Unidos. Aquí los migrantes sufren horrores y agresiones, que no ocurren al otro lado de nuestra frontera norte. Así, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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2006-2010: distorsión tricolor de los conflictos sociales

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+ Conspiración vs PRI: ahora ven fantasmas por todos lados

Junto con el periodo formal de campañas electorales, inició también un importante intento por enredar los antecedentes y las causas de hechos ocurridos en el pasado reciente. Temas como el conflicto magisterial y popular, la presencia de la guerrilla en la entidad, las reyertas entre partidos y grupos políticos, y las luchas electorales, son temas que hoy pretenden ser cocinados y mezclados en una sola olla. El objetivo, según parece, es el de establecer la existencia de una competencia electoral sin matices, en la que sólo se enfrentan buenos contra malos.

Hoy, son evidentes las estrategias políticas y mediáticas de las dos principales fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado. Por un lado, los partidos de oposición encontraron un motivo perfecto en el hecho de San Juan Copala, ocurrido hace unos días. En su lógica favorable, aquel hecho de violencia revela no sólo la deficiente labor oficial para garantizar la seguridad y la paz entre los pueblos, sino también un talante autoritario que hoy nuevamente se revela, pero que se mostró tal cual en las acciones de represión y persecución a grupos disidentes, antes, durante y después del conflicto magisterial de 2006.

En el otro extremo, el priismo pretende defenderse asimismo a través de la manipulación del pasado. En la lectura de la realidad que pretenden hacer pasar como válida, sostienen que las fuerzas opositoras que hoy le disputan la gubernatura, fueron las mismas que fabricaron el conflicto magisterial de hace cuatro años, que perversamente provocaron la represión y la violencia, que buscaron derrocar a un gobierno priista a través de la presión magisterial y la presencia de la guerrilla del EPR, y que ahora están tratando de revivir esos capítulos con hechos —también provocados— como el de Copala, para capitalizarlos electoralmente, a través de la confirmación de que aquí existe un gobierno que propicia, que tolera, o que cuando menos es incapaz de frenar la violencia.

Tal parece que ninguna de las dos visiones se ajusta por completo a la realidad. Hechos como el de San Juan Copala, bajo ninguna circunstancia pueden o deben desligarse tanto de la discusión sobre responsabilidad indirecta del gobierno estatal, como tampoco del proceso electoral que aquí ocurre.

Sin embargo, es evidente que la violencia ha azotado a la región triqui desde hace décadas; que el gobierno local ha sido incapaz de detenerla, porque en ella confluyen innumerables factores hasta ahora desatendidos; y que, al contrario, ha alimentado el encono con la tolerancia y la descontrolada provisión económica a los grupos de lucha social que ahí existen.

Así, para explicar hechos como el de la emboscada y los muertos habidos recientemente en San Juan Copala, el análisis debería ir mucho más allá de la explicación simplista de que éste fue un acto de provocación por parte de la oposición; o que, por el contrario, esta fue una demostración de la violencia que ejerce y tolera una autoridad estatal que gobierna a través del terror.

Hoy, no es ni remotamente cercana la posibilidad de que las fuerzas políticas en pugna, abonen a un debate serio sobre la ingobernabilidad, sobre la represión, sobre la violencia o sobre las provocaciones. Para cada uno de ellos, los hechos se convierten en herramientas que, a través de la manipulación, las utilizan para tratar de obtener beneficios políticos o electorales. Aunque al final, en el caso particular, aún después de los comicios, nadie sepa quién, cómo o por qué ocurrió la emboscada, y tampoco se hayan esclarecido los hechos.

PASADO, REVUELTO

Sin embargo, nada de esta revoltura manipulada de hechos y causas de lo ocurrido en el pasado reciente, debería sorprendernos. Desde el sector oficial, por ejemplo, se pretende hacer ver que el conflicto magisterial fue consecuencia de una conspiración perversa orquestada desde el poder federal, con la colaboración de la cúpula de poder del entonces candidato presidencial del PRD-PT-PC, Andrés Manuel López Obrador, y con la anuencia de grupos subversivos que vinieron a generar las estrategias más violentas sobre la autodefensa urbana.

Todos esos grupos o personajes pudieron haber sido responsables de la revuelta magisterial. Pero está fuera de toda lógica —y hasta constituye un acto de egolatría y delirio político abominable, que no corresponde a la realidad— suponer que cada uno de ellos conspiró en un acuerdo colectivo para derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su encargo.

Oaxaca en 2006, por si alguien lo ha olvidado, constituyó la suma de todos los males. Aquí se vinieron a conjuntar todas las discordancias político-partidistas que se generaron a partir de la alternancia en el poder federal, y que se conjuntaron en un escenario en el que todos pudieron materializar sus respectivas estrategias aún cuando cada uno de ellos era enemigo entre sí.

Formalmente, el adversario nacional formal del Gobernador de Oaxaca en aquel año no fue López Obrador, sino el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste fue quien, fundamentalmente, con su desatención permitió la profundización de un conflicto que inicialmente no tendría por qué haber alcanzado la intensidad que tuvo.

Era imposible, sin embargo, que el gobierno foxista tuviere acuerdos comunes con el magisterio de la Sección 22 del SNTE. Esencialmente, dicho gremio comulgaba con el abanderado presidencial de las fuerzas de izquierda, y por ello fue esa alianza —y no la del PAN— quien capitalizó las ganancias electorales del conflicto.

¿Podríamos pensar que la participación de grupos como el EPR se pactó en un acuerdo en el que participaban entonces archienemigos como el gobierno de Fox, López Obrador, la APPO y la Sección 22, entre otras? Esta posibilidad de acuerdo, en aquellos momentos de profunda algidez política por el escenario nacional, habría sido simplemente imposible.

NO HAY MATICES

Sin embargo, para efectos de la contienda electoral, todo está reducido a una obtusa visión —compartida por el oficialismo y la oposición— de que ésta es una competencia entre buenos y malos, en la que no existen ni los matices. Con poca imaginación, buscan aprovechar la manipulación y la desmemoria, reciente e histórica, para sus propios intereses.

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Sección 22: apoyo a oposición, marginal en su lucha política

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+ Si gana oposición, ¿cuánto tardará el magisterio en romper?

Como cada año, la conmemoración del Día del Trabajo fue el marco en el que la dirigencia estatal de la Sección 22 del SNTE, entregó a los gobiernos estatal y federal, su pliego petitorio para el presente año. Estamos, por tanto, en la cuenta regresiva respecto al inicio de sus acciones de presión que, como cada año, iniciarán en la celebración del Día del Maestro. Hasta hoy, entre el mismo magisterio no termina de quedar claro qué postura asumirán para sus próximas jornadas de lucha. Esta determinación será trascendental no sólo ahora frente a sus negociaciones, sino también por el proceso electoral y, sobre todo, por quien resulte electo como próximo Gobernador de Oaxaca.

Hoy, resulta particularmente llamativo el contexto en el que están a punto de comenzar las jornadas de lucha y presión política, del magisterio hacia los gobiernos estatal y federal. A diferencia de otros años, hoy las principales exigencias del llamado “magisterio democrático” no tienen que ver con mejoras salariales.

Más bien, su pliego petitorio se centra en solicitudes de orden político, tales como el juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz, o la devolución de las escuelas que aún se encuentran en manos de la Sección 59 del mismo sindicato. Lo más relevante de sus demandas económicas, radica en la exigencia de garantías al gobierno federal, en la continuación del proceso de rezonificación salarial que lograron en 2006.

En otros tiempos, eran las demandas económicas las que enturbiaban el proceso de negociaciones entre el magisterio y el gobierno. Hoy, a diferencia del pasado, la discusión central no se basa fundamentalmente en exigencias presupuestales. Sólo que, lejos de que esta circunstancia genere algún tipo de situación favorable, lo cierto es que podría hacer más profunda y manipulable la inconformidad. Y ahí es donde radica la indeterminación actual del magisterio.

¿Por qué? Porque, como lo hemos apuntado ya en otros momentos, existen diversas corrientes entre los grupos decisivos de la Sección 22. El más radical, por ejemplo, exige que la jornada de lucha del presente año, sea particularmente intensa, para desgastar a través de ello las posibilidades de triunfo electoral del llamado “partido oficial”. Otras corrientes más moderadas, habrían deseado tomar partido en la lucha política, pero a través del apoyo abierto a la coalición de partidos de oposición. La corriente que hasta ahora se ha impuesto, es la que deslinda formalmente al magisterio de las cuestiones electorales, y más bien deja abierta la posibilidad de decidir personalmente a cada uno de sus integrantes, sobre sus inclinaciones políticas.

Todo esto parece hoy claramente comprensible. Sin embargo, faltará ver qué determina la Sección 22 respecto a sus jornadas de lucha. Saben que un conjunto de manifestaciones continuadas y masivas, afectaría más a los intereses políticos con los que hoy periféricamente convergen, que a los del priismo, a quien formalmente intentarían minar.

Así, de las reacciones propias del magisterio, se irá viendo qué rumbo toman en relación a las definiciones políticas. Aunque no lo manifiesten ni lo acepten públicamente, serán aliados coyunturales de la oposición, con quien comparten las aversiones recientes e históricas hacia el grupo gobernante, y por quienes trabajarán en muchos lugares del Estado. El magisterio, independientemente de que lo manifieste o no, buscará contribuir en la instauración de un gobierno emanado de fuerzas no priistas. Si se hacen del triunfo electoral, pasarán sólo algunos momentos de regocijo importante. Y después todo volverá a los cauces actuales.

MAGISTERIO OPOSITOR

Sería ingenuo el candidato a gobernador de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, si considera que al tener el apoyo fáctico de la Sección 22, podrá tenerla como aliada. Hoy, son aliados coyunturales y casuales. Pero existen razones poderosas, más allá de lo ideológico, por las cuales el magisterio oaxaqueño decidió no dar su aval a las fuerzas de oposición.

Una de esas razones, tiene que ver con la negativa del magisterio democrático, por cargar con las consecuencias de un posible apoyo a opciones políticas en las que ellos, esencialmente, no creen ni confían. Evidentemente, más allá de los esfuerzos y la posible vocación democrática, si Cué se convirtiera en gobernador de la entidad no tendría la capacidad de resolver todos los problemas de la entidad, y mucho menos tendría el apoyo incondicional ni la capacidad plena de entendimiento y satisfacción por parte de la 22. Y, según parece, ésta optó por evitar deslindes que les generen a ellos costos y cuestionamientos por los apoyos brindados a gobiernos ineficaces.

La segunda de esas razones, tiene que ver con la preservación de su capacidad de negociación. Independientemente de que apoyen o no, fáctica o formalmente, a las fuerzas de oposición, los grupos dominantes al interior de la Sección 22 comprenden en toda su magnitud que sostenerse en su imagen de beligerancia y resistencia, les permite tener siempre amplios márgenes de negociación, que podrían no tener frente a un gobierno con el que mantuvieran alianzas.

Si para lograr sus objetivos económicos o políticos, la 22 nunca titubea en el momento de cerrar calles, marchar, parar clases indefinidamente, o generar caos, para ellos es mucho más cómodo hacerlo en una posición de disidencia, oposición y crítica, que en la de volverse críticos de un gobierno al que inicialmente apoyaron.

Finalmente, esa postura se revelará a partir del 15 de mayo. Y dese ahora, es previsible que gane quien gane, la Sección 22 seguirá actuando del mismo modo y con la misma fuerza. Si apoyan a Cué, esto será meramente transitorio y, sobre todo, en el disimulo. Pero de convertirse éste en Gobernador, los profesores lo criticarán, presionarán y conminarán con la misma intensidad que ahora lo hacen frente a los gobiernos emanados del PRI. ¿Apuestan?

IMPUNIDAD

Las investigaciones ministeriales de la mayoría de los homicidios importantes que han ocurrido en los últimos años en Oaxaca, han sido atraídas por la PGR. Esto ha sido garantía de nada, porque la impunidad ha reinado en la misma medida que los expedientes que se han quedado en manos de la Procuraduría estatal. Si el caso de Brad Will está impune, ¿qué esperar de los muertos de Copala?

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Bolaños Cacho: Reses de hoy, son los carniceros del pasado

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+ Ni traiciones ni fracturas: Coalición busca suplir carencias

El 10 de noviembre de 2009, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolachos Cacho Guzmán, lanzó una exigencia de mayor apertura al Partido Revolucionario Institucional, para que no fueran “sólo seis” los contendientes por la candidatura a Gobernador del Estado. Desde entonces se dijo totalmente excluido del proceso definitorio de aquel instituto político y, redundando, desde entonces anunció su próxima salida del tricolor.

Hoy, casi seis meses después, nadie debía sorprenderse de lo decidido por el ex Titular del Poder Judicial del Estado. En aquellos momentos, su protesta en contra de la dirigencia priista, tenía como motivo no la antidemocracia ni la exclusión, sino el proceso natural de depuración y relevo en los grupos que detentan el poder. Sólo que el magistrado Bolaños, ahora, no era parte de los que participaban del reparto de posiciones, sino de los que, por el curso natural del tiempo, ahora les tocó quedarse fuera de él.

En realidad, el proceso sucesorio por el que atravesó el priismo a partir de noviembre pasado, generó ciertas expectativas sobre la competencia democrática, aunque finalmente terminó en lo mismo que todos los demás procesos anteriores: en la influencia determinante de la decisión tomada por el Jefe Político del PRI, y en los reacomodos posteriores en la repartición de las posiciones importantes de poder. No hubo variaciones, en esta historia que recurrentemente se ha escrito en el priismo. Y finalmente, en esa lógica, no era tanto la supuesta “antidemocracia” o la exclusión lo que le incomodaba a personajes como Bolaños, como el no comprender que él fue parte de unos tiempos que ya no son suyos en la política priista.

En aquellos momentos, en este espacio señalamos que la historia actual de Bolaños Cacho Guzmán, bien podría resumirse en un adagio que reza lo siguiente: “las reses de hoy, fueron los carniceros del pasado”. ¿Por qué? Porque, según apuntábamos en aquellos momentos, que “puede verse, como cada seis años, que los carniceros de ayer son las reses de hoy. Así se pueden resumir, en términos cortos y sencillos, todas y cada una de las inconformidades de quienes hoy se sienten marginados. No les falta razón ni al magistrado Raúl Bolaños Cacho, ni al ex senador Sadot Sánchez (…) en sus lamentaciones y señalamientos [sobre su exclusión en el proceso de selección del candidato priista a Gobernador]. Sólo que el desplazamiento del que hoy son objeto, ellos —directa o indirectamente— también lo provocaron en otros momentos y en otras circunstancias, valga la redundancia, frente a otros personajes de su mismo partido.”

Así, quienes vivieron en carne propia y conocen el ejercicio del poder bajo el régimen priista aún reinante en Oaxaca, saben y entienden que procesos como este no se fundan ni en las lealtades ni en las traiciones, como en los ciclos. En su momento, innumerables personajes que hoy se encuentran en el más completo olvido y abandono, fueron los que ejercieron posiciones determinantes en la administración pública, la política partidista o los procesos sucesorios en el priismo.

Quienes comprendieron bien las reglas bajo las cuales se rigen los procesos políticos del tricolor —ciertamente antidemocráticos, excluyentes y avasalladores, pero del que todos son o fueron parte—, supieron sobrevivir ya sea dentro o fuera del ámbito político. Los que no, emigraron a otras fuerzas políticas a buscar posiciones que, en casi ningún caso, ha sido verdaderamente de primer nivel.

Irremediablemente, dentro de no mucho, se agotará el tiempo de bonanza de quienes ahora gobiernan, y éstos se convertirán en objeto de la misma exclusión con la que hoy desplazaron a los priistas más longevos, que hace diez, veinte o treinta años, ejercieron la misma práctica para hacerse del poder. Si todos comprenden bien su circunstancia, sabrán asumirlo como parte de un sistema partidista que sólo responde a su naturaleza (independientemente de lo buena o mala que ésta sea). De lo contrario, acusarán y se lamentarán de una antidemocracia, de la que —como en su momento Bolaños Cacho Guzmán— también fueron grandes beneficiarios.

BOLAÑOS, OPOSITOR

Ayer, en su columna Con Mayúsculas, Juan Diego aseguraba que ante la ruptura formal del magistrado Bolaños Cacho Guzmán con el priismo, y su adhesión pública a la Coalición Unidos Por la Paz y el Progreso de Oaxaca, éste habría asegurado la primera posición en la lista de candidatos a las diputaciones locales por el principio de representación proporcional, desplazando así a Jorge Alberto Valencia Arroyo, Iván Mendoza, Eufrosina Mendoza Cruz, Víctor Rafael González Manrique, Claudio Valladares y Adriana Coronado, que hasta antes de esta última negociación irían, en ese orden, en las posiciones 1 a 6, pero que ahora ocuparán de la segunda a la séptima en la lista. ¿Qué gana o qué pierde con esto la oposición?

En el ámbito de las pérdidas, la coalición opositora tendrá que prever, con toda claridad, que la suma simbólica de Bolaños Cacho Guzmán tiene importantes mensajes políticos, pero no un arrastre importante en cuanto a votación. En efecto, si se mira en perspectiva, hasta ahora esta es la única escisión habida en el priismo respecto al proceso de designación de su candidato a Gobernador, y por esa razón la decisión del Magistrado en retiro, cobra relevancia. Sin embargo, no por ello se tendría que considerar que junto a él vendrá un caudal de votos para la oposición. Eso simplemente no ocurrirá.

¿Y qué gana? Sin duda, gana la posibilidad de llevar al Congreso a un personaje de mayor experiencia y solidez política, que la de todos los que ocupan hoy las primeras posiciones en la lista de candidatos por el principio de representación proporcional. Bolaños Cacho Guzmán, en realidad, estaría llenando algunas de las numerosas inconsistencias que habrán de tener las bancadas opositoras en cuanto a la preparación y experiencia legislativa de sus integrantes.

JUSTA DIMENSIÓN

Así, es necesario ver, en la dimensión real, lo que implica la ruptura del magistrado Bolaños Cacho Guzmán con el priismo, y su adhesión a las fuerzas de oposición. La coalición opositora aprovechará y explotará el simbolismo que trae aparejada esa decisión, y el priismo simplemente habrá de minimizarla, descalificarla o incluso ignorarla. El leitmotiv de todo esto es el poder, no la democracia.

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Campañas electorales: prometen debate y cumplen con ataques

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+ Intrascendente, acusar adicciones, VIH o estabilidad emocional

Apenas comenzaron las campañas, y algunos dirigentes y candidatos a la gubernatura ya comenzaron a distraerse del debate político real que debería existir en Oaxaca. Durante su apertura de campaña, el abanderado de la coalición Por la paz y el progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, retó a sus adversarios a un debate público, y a someterse a pruebas clínicas de antidoping; cuestionado por la prensa al respecto, el abanderado del PRI-PVEM, Eviel Pérez Magaña, señaló que, más bien, los que hicieron ese llamado tendrían que someterse a pruebas psicológicas para demostrar su estabilidad emocional. Y como si esto no fuera suficiente, el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona Morales, conminó a Cué a realizarse ¡una prueba de detección del VIH-Sida!

Es evidente que, por un lado, esto no fue lo que, de cara a los oaxaqueños, los candidatos a la gubernatura prometieron debatir; y, en la otra vertiente, nada de esto es lo que cualquier ciudadano responsable e interesado en la competencia electoral, esperaría escuchar. Parece claro, por tanto, que si esa fue una muestra del “debate de altura” que todos prometieron, en realidad están comenzando mal sus labores de proselitismo.

Independientemente de quién sea el acusador y quién el acusado, parece claro que, de entrada, una discusión tan trivial como la de los perfiles psicológicos, de adicciones o incluso sobre una enfermedad de transmisión sexual, es lo mismo intrascendente, que frívola e innecesaria. Oaxaca tiene problemas y rezagos enormes, y está tan apremiado de respuestas y propuestas serias, como para que sus inminentes gobernantes desperdicien minutos, horas o recursos, para polemizar sobre asuntos que, por principio de cuentas, se inscriben en la vida privada de las personas, para después —en su mayoría— convertirse en irrelevantes para la vida pública del Estado.

Para efectos prácticos, lo que cada uno quiso decir fue lo siguiente: con sus insinuaciones, Cué Monteagudo puso en sus oponentes, el señalamiento tácito de que uno, o varios, tiene adicción a alguna sustancia prohibida; el candidato Pérez Magaña sugirió la inestabilidad emocional de su acusador implícito; y Carmona Morales retó a Cué a una prueba totalmente inicua como la del VIH, quizá pretendiendo poner en duda no su salud, sino sus preferencias sexuales.

Retomando este último caso, ¿qué de inmoral, inconfesable o inadmisible, tendría que uno de los candidatos sufriera de una enfermedad venérea? Y siguiendo el ejemplo: ¿una posible tendencia homosexual convertiría a un candidato en inelegible? Seguramente no. Y al contrario: ese cuestionamiento más bien revela un talante de intolerancia, desubicación y discriminación que en nada ayuda a la candidata de Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, y que mucho menos abona al debate serio que hoy se espera por Oaxaca.

Algo más o menos parecido ocurre con los retos sobre el antidoping o las pruebas psicológicas. Gabino Cué Monteagudo podría tener otros defectos, que nada tienen que ver con las alucinaciones o la inestabilidad emocional. En esta lógica, ni el pragmatismo ni la incongruencia política —que podrían ser dos características negativas perceptibles de Cué y la alianza que encabeza— se inscriben en el ámbito de los desequilibrios emocionales que sus detractores acusan.

Incluso, en la historia reciente de Oaxaca ha habido innumerables políticos sobre los que, en su momento, pesaron sospechas fundadas sobre su adicción a sustancias prohibidas; sin embargo, hoy sobre los gobernantes y opositores actuales pesan otros señalamientos, también con amplias posibilidades de ser fundados, pero que nada tienen que ver con el gusto por las drogas.

¿EVADIR EL DEBATE?

Todo esto, más bien, lo que revela es un ánimo profundo por querer evadir el debate de fondo. La llamada “agresión contra el hombre”, es la que ocurre cuando frente a un debate serio, la pobreza de ideas y argumentos para sostener y contrariar las ideas que se vierten, lleva a los interlocutores a descalificarse entre sí. Este parece ser un claro destello de cómo todos, en conjunto, están haciéndose a un lado en la discusión de los temas urgentes para Oaxaca.

Sin duda, todavía hoy se encuentra en la completa incertidumbre cuál es el proyecto viable que cada uno de los candidatos a la gubernatura, plantea para Oaxaca. Poco es, en realidad, lo que puede esperarse de una propuesta política que se basa en las promesas de un nuevo pacto social; en las soluciones que supuestamente serán atraídas casi con magia, por una transición que primero debe entenderse como alternancia. Hasta hoy, todo se reduce a continuismos, cambios o esperanzas que, por sí solas, tienen nulas capacidades de modificar el panorama actual de Oaxaca.

Conforme pasen los días, se irá viendo si el tema central de las propuestas políticas tiene que ver con el debate serio de ideas, o si se centra en la descalificación de los adversarios. Y si bien, es prácticamente nula la posibilidad de que pudiera realizarse un debate formal entre los candidatos a la gubernatura, todo aquel oaxaqueño con intereses distintos a los de las conveniencias, estará esperando que existan argumentaciones claras y reales sobre lo que puede, y lo que no, ocurrir en el futuro próximo en nuestro estado.

Finalmente, y contrario a lo que algunos pretenden hacer ver, esta no tendría por qué ser una competencia entre buenos y malos, o entre bienaventurados y perversos. Esa es la visión más reducida de la realidad, que sin embargo es la que parece tener quienes lanzan retos y cuestionamientos irrelevantes para los asuntos que debían debatirse en una campaña proselitista.

Muy pronto, todos los abanderados tendrán que apartarse de los discursos incendiarios, triunfalistas o esperanzadores que hoy los caracterizan; será entonces cuando comience a apreciarse su respectivo calado, y lo que debía ser lo verdaderamente importante: qué decisiones tomarán a partir del día siguiente al de la victoria electoral.

¿SÓLO UN RUMOR?

Existe una constante en los conflictos que hoy ocurren entre los priistas de diversos municipios de Oaxaca: en la mayoría de ellos se acusan imposiciones derivadas de acuerdos oscuros, en los que están involucrados personajes como Alejandro Avilés y Antonio Amaro Cancino. ¿Será que las candidaturas se venden? En Xoxocotlán podrían dar respuesta.

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Inicio de campañas: Eviel y Gabino, a disputar lo incierto

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+ Candidaturas a alcaldías: brota, de nuevo, lo peor del PRI

 

Ayer domingo arrancaron formalmente en Oaxaca, las campañas proselitistas de quienes aspiran a gobernar la entidad. En los respectivos actos políticos, el común denominador fueron las promesas de civilidad, de hacer campañas de propuestas y del alejamiento de la descalificación y de la intriga. Ninguna de las fuerzas políticas en disputa, tiene hoy referencias claras sobre un posible triunfo. Pero mientras todo eso ocurre, los choques en puntos estratégicos del proceso electoral se hacen más intensos, y revelan muchos de los vicios que los propios grupos políticos prometieron erradicar para estos comicios.

Es claro que, en primer término, las campañas para la gubernatura inician en Oaxaca, en un evidente marco de incertidumbre. A pesar de que cada una de las fuerzas políticas ha tratado de influir a su favor en la percepción ciudadana, a través de la publicación de encuestas, lo cierto es que todo esto no ha hecho más que profundizar el desconcierto. En conjunto, se descalifican en sí mismas todas las encuestas que, al mismo tiempo, dan por ganador a uno y otro abanderado por amplios márgenes de ventaja, cuando la realidad más bien apunta a una competencia cerrada que, finalmente, podría nunca dejar de serlo.

Por esa razón evidente de desconfianza y reserva por parte del ciudadano común, ayer tanto los candidatos como los representantes partidistas, iniciaron sus respectivos trabajos proselitistas abonando por una prudencia, civilidad y respeto que quizá sólo duren un momento.

El abanderado de la Coalición PRI-PVEM, Eviel Pérez Magaña prometió encabezar un gobierno transparente y que, de ganar la gubernatura, emprenderá la construcción de un nuevo pacto social; el candidato de la Coalición PAN-PRD-PT-PC, Gabino Cué Monteagudo reiteró la urgencia de un cambio en el ejercicio del poder, y de la consecución de la transición política. Pero será a partir de hoy, cuando se pueda ver con claridad si esas buenas intenciones y vocación democrática de las fuerzas políticas y sus candidatos, tienen o no sustento en sus respectivas estrategias de campaña.

Hasta ahora, las fuerzas políticas han priorizado la construcción de sus respectivas estructuras electorales. Éstas, a diferencia del trabajo político que se realiza con el ciudadano común, no tiene que ver con convencimientos y generación de simpatías, sino con un trabajo estratégico en el que, a través de recursos económicos y operadores electorales, se generan esquemas en los que participan cientos de promotores que se encargarán de asegurar un número determinado de votos a cambio de la entrega de ciertos bienes o cantidades de dinero.

Sólo que la preocupación por la construcción del trabajo de estructuras electorales, hace hoy inciertas todas las previsiones sobre cómo se comportarán, y cuán aceptadas serán tanto las coaliciones como los abanderados a la gubernatura. Está comprobado, por ejemplo, que las acciones de radicalización o violencia de matices electorales, dejó de ser rentable frente al ciudadano que decide su voto, pero sin comprometerlo, intercambiarlo, o venderlo.

A partir de ahora, esta tendrá que ser no sólo una preocupación real, sino prioritaria, para todos los abanderados. Particularmente, los abanderados de las dos coaliciones, ya comprobaron que sus trabajos de estructuras electorales los tienen en un empate técnico. La diferencia a favor, la tendrán que buscar frente a los ciudadanos comunes, que aún no deciden su voto. Ahí, cada uno de los abanderados, demostrará si en sus estrategias existe sólo confianza excesiva en sus respectivas maquinarias electorales, o si tienen también la capacidad de incidir de verdad en el ánimo ciudadano, con la campaña de civilidad, propuestas y cambio que tanto han prometido, y que ayer reiteraron en el inicio formal de sus trabajos proselitistas.

 

CHOQUES MUNICIPALES

Sin embargo, muy a pesar de las supuestas vocaciones democráticas, en los partidos y coaliciones no han podido abandonar por completo sus prácticas de antaño. Es claro que buena parte del triunfo electoral que alguno de los abanderados a la gubernatura pueda lograr, tendrá como base el trabajo político territorial en los municipios. Bien, pues hoy algunos de los procesos para designar candidatos a Presidentes Municipales, atraviesan por una crisis importante, que finalmente podría incidir de modo negativo sobre quienes buscan la gubernatura.

En el caso de las negociaciones al interior de la coalición PRI-PVEM, existen varios focos rojos encendidos. En las definiciones de municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Huatulco, y el mismo Tuxtepec, comienzan a ocurrir inconformidades importantes que podrían trascender a la minimización que, desde la cúpula priista, se le da a las inconformidades en esos municipios.

La historia parece parecida en esa y otras demarcaciones: el Comité Estatal del PRI anunció, inicialmente, que habría procesos de evaluación para designar a los candidatos, y que los mejor posicionados serían quienes encabezarían las fórmulas para las alcaldías. Hoy se sabe que esto no fue así. En los tres casos —y varios otros, como el de Usila—, se acusan imposiciones, negociaciones cupulares, e incluso arreglos económicos, entre la dirigencia, los negociadores del Candidato a Gobernador, y los aspirantes.

En el caso de Xoxocotlán, fueron determinantes la ambición, las complicidades y arreglos económicos entre el edil Argeo Aquino y el diputado Antonio Amaro, para imponer a Julio César Alonso, por encima de Héctor Ruiz y José Alberto Ramírez. Xoxo, como bien se sabe, se disputa no por la democracia sino por el botín que representa; en el caso de Huatulco, nadie ha podido parar la rebelión de Jorge Sánchez, y el rechazo a Fernando Franco. Ayer mismo, en tres sitios distintos fue imposible la realización de la convención de delegados. Tuxtepec, para no variar, se enfrenta a una inconformidad similar.

¿ESA ES DEMOCRACIA?

Se entiende que en la democracia priista, siempre han reinado los acuerdos que se toman desde las cúpulas, y que luego legitiman “las bases del partido”. Pero este ejercicio reiterativo le está haciendo daño al “partidazo”: hoy, su estrategia, se basa en exigir disciplina a los no favorecidos, para imponer no a los mejores cuadros, sino a quienes representan el amiguismo o la preservación de sus negocios o intereses. Eso les traerá más pena que gloria.

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Cajas de ahorro: impunidad y fraude van de la mano

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Tal parece que la historia de fraude e impunidad que ha envuelto la operación de las llamadas cajas de ahorro en Oaxaca, comenzó en 2007, cuando Caja Centenario —una organización de ahorro y crédito con asiento en la región mixteca de Oaxaca— sorpresivamente se declaró en quiebra, dejando a varios cientos de ahorradores en la más completa indefensión jurídica e imposibilidad de recuperar sus recursos. De entonces a la fecha, se calcula que los ahorradores defraudados son más de 20 mil, y también se ve lejana la posibilidad tanto de hacer justicia, como de imponer frenos y regulaciones específicas a las cajas populares.
Las cajas de ahorro nacieron como consecuencia de las presiones económicas ocurridas en el país durante la segunda mitad de la década anterior. En aquellos años, particularmente en 1995, las instituciones financieras y la banca comercial tuvieron un fuerte colapso, que llevó a la quiebra a la mayoría, y que motivó un histórico rescate gubernamental que consistió en la recapitalización de los bancos, en la absorción de las pérdidas por parte del gobierno, y el otorgamiento de garantías sobre la existencia del capital, a todos los ahorradores.
Dicho colapso al sistema bancario del país, generó una parálisis en el ahorro y préstamo, que duró más de un lustro. En todo ese tiempo, un número muy limitado de mexicanos tenía la posibilidad de acceder a créditos bancarios, ya porque éstos imponían fuertes requisitos —imposibles de cumplir para la mayoría— para el otorgamiento de una línea de crédito, o ya porque al encontrarse descapitalizadas las mismas instituciones tenían pocas posibilidades de disponer de capital para prestar a los particulares.
Así, la gran mayoría de la población se hallaba en una situación de desventaja: quien tenía capitales económicos, se veía desalentado a invertir en la banca comercial, debido a que ésta otorgaba tasas de interés, en rendimiento del efectivo, muy bajas; en contraparte, quienes solicitaban préstamos también se veían imposibilitados para cumplir todos los requisitos que imponía la banca. Así, una salida natural ocurrió cuando particulares comenzaron a organizar a otros ahorradores para crear instituciones al margen del sistema bancario, que tuvieran mayores posibilidades de otorgar rendimientos atractivos a los ahorradores, y de generar líneas de crédito para los acreedores.

FRAUDES, DE ANTAÑO
En todo el país proliferaron las cajas de ahorro, que ofrecían atractivos rendimientos y préstamos flexibles, pero a cambio de estar al margen de la regulación y las garantías al ahorrador que otorga el sistema bancario. Así, surgieron casos como el de la Caja El Arbolito, que en Mexicali, defraudó en 1996 a más de 42 mil familias, y sus propietarios fueron acusados de un fraude por más de mil 800 millones de pesos; o como el del llamado “Rey de las Cajas de Ahorro” a quien en el año 2000, las autoridades decidieron congelar las cuentas de La Caja Popular Nayarita después de descubrir socios fantasma en su lista de ahorradores y el presunto lavado de dinero del cártel de los hermanos Amezcua.
Esta caja popular operaba desde 1996 y contaba con 8 mil 300 ahorradores que depositaron más de 120 millones de pesos. De acuerdo con información del periódico La Jornada, José Cirilo Ocampo Verdugo fundó un imperio que llegó a abarcar 25 estados de la República. El llamado Rey de las Cajas de Ahorro aguardaba en su expediente cinco autos de formal prisión y 20 órdenes de aprehensión emitidos por jueces de los fueros común y federal en los estados de México, Veracruz, Colima, Durango, Puebla, Jalisco y el Distrito Federal.
Ante la falta de regulación en el sector, la CNBV se dio a la tarea de trabajar en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada el 4 de julio de 2001 y que entró en vigor a partir de junio de 2005, para garantizar la seguridad de los ahorros de las personas que decidan invertir en este tipo de instituciones financieras.
A partir de 2005 las cajas de ahorro sólo pueden operar bajo la figura de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o como Sociedades Financieras Populares. Para ello, teóricamente, deben estar afiliadas a federaciones y confederaciones con el fin de integrar un fondo o seguro de protección del ahorro similar al de los bancos. Según cifras de la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana, este tipo de organizaciones capta 22 mil millones de pesos anualmente y cuenta con varios millones de usuarios.

OAXACA: FRAUDE E IMPUNIDAD
Todo lo que antes ya había ocurrido en otras entidades federativas, luego ocurrió, y con mayor intensidad, en Oaxaca. en 2007 se dio el primer caso en el que una organización de ese tipo, creada bajo el amparo de autoridades municipales y con la supuesta ignorancia de las estatales, se declaró en quiebra dejando a varios cientos de familias sin ahorros. La incidencia en el fracaso de estas operadoras, se incrementó cuando el problema comenzó a ser politizado. Y hoy, tanto los particulares como el mismo sector público se enfrentan a un gravísimo problema que tiene en la inconformidad directa a unos 25 mil ahorradores, pero sobre el que nadie parece tener el remedio efectivo, ni un cálculo exacto de su magnitud real.
De acuerdo con cifras proporcionadas por fuentes del Congreso del Estado, en Oaxaca existen más de un millón de ahorradores en cajas populares. Éstas tienen una captación de dinero imposible de determinar, sobre la cual generan préstamos y rendimientos para sus socios. En el último año, ha ocurrido un crecimiento exponencial en el número de cajas de ahorro que se declararon en quiebra, y que dejaron a sus socios en el completo desamparo. ¿Cuál es el problema?
El problema inicial, radica en la falta de una regulación específica que otorgue seguridad y garantías en las operaciones de esas cajas. Un segundo cuestionamiento, tiene que ver con la inestabilidad y la incertidumbre para el ahorrador, en que operan esas instituciones que no se someten a ningún tipo de regulación por parte de las autoridades bancarias federales; un tercero, radica en la voracidad y el dolo habido en más de uno de los propietarios de las cajas; y el último, aunque no por ello menos importante, es que, ante los fraudes y el cierre de esas organizaciones, lo único que la autoridad ha propiciado es la impunidad.

JUSTICIA, AUSENTE
Hoy, lamentablemente, el quiebre de cajas de ahorro puede contabilizarse por docenas. Muchos de los ahorradores que perdieron su capital, hoy son carne fresca para las jaurías de manipuladores que pretenden hacer de este problema, un movimiento de tinte social, político y electoral, ajeno a cualquier posibilidad de arreglo.
El Gobierno del Estado, por su parte, parece no haber calculado el problema a tiempo, y algunos de sus funcionarios incluso parecen tener vínculos de protección y complicidad con defraudadores de este tipo. Y el Congreso del Estado, con las medidas que ha tomado hasta el momento, no sólo no ha podido frenar la incertidumbre que reina alrededor de las cajas de ahorro y, al contrario, con sus llamados a la precaución a todos los ahorradores del Estado, parece haber llamado a la paranoia y la incertidumbre a los involucrados. Ante la duda, miles de personas han retirado sus ahorros de cajas hasta entonces sanas financieramente, creando con la salida intempestiva de capitales, faltantes que luego llevaron al colapso a esas instituciones.
En todo esto, se prevé la aprobación próxima de una legislación estatal de la materia que, de antemano lo dicen, no podrá regular todas las operaciones, ni tampoco podrá cancelar todas las posibilidades que existen hoy de generar un fraude alrededor de las cajas populares. Comentan que ni siquiera la ley federal antes comentada, tiene todos los cabos atados, y que una norma local tendría que seguir los lineamientos insuficientes de la legislación federal.
Lo más grave de todo, es que frente a los hechos consumados, la Procuraduría del Estado ha actuado con total ineficiencia y parcialidad. Existen órdenes de aprehensión por delitos relacionados con esas sociedades, que están pendientes de cumplimentar, y que no se sabe ni cómo ni cuándo lograrán ejecutarse. Muchos de los implicados en los fraudes, si no es que todos, huyeron a otras entidades o a otros países, cargando con el dinero que pudieron recuperar de las instituciones quebradas. Casi la totalidad de ellos, antes tuvieron vínculos con el sector oficial, y derrocharon grandes sumas de dinero ajeno en la compra de bienes inmuebles, vehículos terrestres y aéreos, y lujos indebidos.
Para sorpresa de todos, el número de detenidos y presentados ante la justicia, es diametralmente opuesto al de los defraudados. Los primeros son poquísimos, mientras que los segundos se cuentan por miles. La autoridad ha fallado —quizá voluntariamente— en actuar con la eficacia requerida como para integrar expedientes penales que lleven ante la justicia a los defraudadores, y con la eficiencia requerida como para lograr los mandamientos judiciales y lograr las aprehensiones, antes de que estos huyeran.
Así, aquí el asunto no sólo implica el fraude masivo, sino también la grosera impunidad que hoy parece ser el común denominador en las cajas de ahorro de Oaxaca.

Zona triqui: ¿Y la justicia, por qué no les llega nunca?

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+ La dejadez oficial: punto generador de la añeja violencia
El 7 de abril de 2008, murieron abatidas a balazos dos jóvenes indígenas de la zona triqui, en una emboscada similar a la ocurrida hace unos días en el camino a San Juan Copala. Las dos mujeres, fueron atacadas con armas de alto poder, y ultimadas por ráfagas de arma de fuego que impactaron el automóvil en el que viajaban. El hecho tomó relevancia, porque esas dos víctimas eran locutoras de una estación radiofónica comunitaria denominada “la voz que rompe el silencio”. Hoy, ese hecho, como todos los ocurridos en la zona, continúan en la más completa y vergonzosa impunidad.
Las dos mujeres triquis asesinadas, respondían al nombre de Teresa Bautista Flores, de 24 años de edad, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20 años; en un hecho abominable para casi cualquier persona, pero casi “normal” para los gobiernos estatal y federal, ambas fueron masacradas cuando viajaban en un vehículo de motor, en medio de la turbulenta zona de Copala.
La versión oficial de los hechos, dada a conocer por el gobierno de Oaxaca meses más tarde, apuntó a que el automóvil en el que viajaban Teresa Bautista y Felicitas Martínez, fue confundido con el de otras personas, a las que el comando armado buscaba para ejecutar; sobre el gobierno de Oaxaca, y el federal, recayó el señalamiento de diversos organismos nacionales e internacionales de observación y protección a periodistas, en el sentido de que esa versión era poco creíble, dado que las dos mujeres fungían como locutoras de una estación radiofónica comunitaria, y que esa pudo haber sido la causa de la ejecución.
Ninguno de los dos gobiernos, pudo nunca responder a ese cuestionamiento. El gobierno de Oaxaca, en aquellos momentos, minimizó el hecho, y asumió la postura de que aquellas muertes no eran más que parte de la ola violenta que azota a la región; el gobierno federal, casi al mismo tiempo, respondió turbiamente que Teresa Bautista y Felicitas Martínez eran amas de casa, y no “periodistas”, como las organizaciones civiles nacionales e internacionales trataban de ubicarlas, y que por tanto, la fiscalía especializada de atención a delitos cometidos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República, no tenía por qué intervenir en el asunto.
Lo cierto es que, entre las excusas de unos y las de los otros, nadie indagó el hecho. Varios días después de ocurrida esa ejecución doble, diversos sectores de la prensa que se edita en la capital del país, tomaron en consideración del hecho y exigieron investigaciones. Nada fue suficiente para lograr resultados. La Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró que realizaba las investigaciones correspondientes, aunque luego de ser atraída la investigación por la PGR, de todos modos los resultados de las indagatorias nunca lograron corroborar que las versiones, los móviles y los señalados, correspondían a la realidad. Hasta hoy, no existe un solo detenido por aquella emboscada.
Así, el caso de Teresa Bautista y Felicitas Martínez se vino a sumar a una larga lista de impunidad. Anterior a esos hechos, se tiene el registro de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, el 5 de julio de 2007 y a la fecha se ignora cómo y dónde están. Sólo en lo que va del presente año, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, ha denunciado el asesinato violento de unos 15 activistas.
El MULT igualmente reporta que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada. A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.
Así, la lista de agresiones, asesinatos, emboscadas e impunidad podría hacerse simplemente interminable. Cada una de las organizaciones cuenta sus propios muertos. Y, así, uno tendría que preguntarse: ¿En dónde ha estado, todo este tiempo, el gobierno?

AUTORIDAD AUSENTE
Si la emboscada ocurrida el martes pasado, hubiera sido un hecho completamente aislado, que ocurriese en una zona no caracterizada por la violencia, entonces podría considerarse con todo rigor que es imposible prever un hecho tan fortuito como aquel. Sin embargo, aún cuando puede ser medianamente válida esa imposibilidad de previsión en este caso, lo cierto es que la región es una zona permanente de conflicto, en la que la autoridad ha estado ausente, y ha fallado en su deber de fomentar la paz, perseguir los delitos y procurar la justicia a los particulares.
Si otras hubieran sido las circunstancias y las personas emboscadas, la agresión ocurrida hace unos días no habría sido más que una estadística. Ahí tenemos que en los últimos años, docenas de personas han sido acribilladas en las mismas circunstancias —y quizá, incluso, por los mismos grupos paramilitares—, sin que la autoridad hiciera algo efectivo no sólo para encontrar y castigar a los responsables, sino también para poner remedio de fondo a los conflictos y la violencia que ahí son comunes.
Por esa razón, este no es un asunto de sólo perseguir delincuentes, sino de enfrentar las responsabilidades de fondo con la trascendencia que hasta hoy ha estado ausente. Se haría parcialmente justicia si ahora el gobierno tiene la posibilidad de hallar y procesar a quienes asesinaron a los activistas de derechos humanos, como también lo sería si hallaran a los homicidas de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, o a los secuestradores de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.

¿JUSTICIA TOTAL?
La justicia sería parcial aún con la aprehensión de los autores materiales e intelectuales, porque una solución integral al conflicto tendría que implicar también la pacificación de la zona, el desarme de los grupos, y la realización de acciones para atender socialmente a las comunidades para preservar la paz a través de la presencia preventiva de corporaciones policiacas. Esto no sabemos cuándo, e incluso si algún día ocurra. El gobierno debe dejar de ver este como un asunto electoral, y asumir su responsabilidad por la dejadez, la ineptitud de sus funcionarios, y la larguísima impunidad que éstos han fomentado.
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