+ En 2006 la gente salió a defender a maestros; hoy disimula su enojo
Es curioso cómo apenas nueve años después de ocurrido el conflicto magisterial, en un nuevo episodio de militarización de la capital oaxaqueña y diversos municipios importantes de la entidad, nadie salió a reclamar ni a repudiar a las fuerzas federales. Es curioso porque ello revela el nivel de respaldo ciudadano que tiene hoy el movimiento popular, frente al que tenía al desatarse el conflicto magisterial en 2006.
En efecto, en las últimas semanas propios y extraños se han preguntado cómo pudo ocurrir ese inesperado y casi inexplicable revire del gobierno federal a la Sección 22 y la CNTE. En las semanas previas a los comicios, la Coordinadora había asumido ya una actitud soberbia frente al gobierno federal, a quien incluso orilló a posponer indefinidamente el inicio de la evaluación a los docentes a través del INEE. Parecía que el gobierno federal tenía muchas reservas sobre la reacción no de los maestros, sino de la población, frente a una posible acción de fuerza. Entidades como Oaxaca tienen una presencia magisterial fundamental y, según preveían, también un respaldo social —supuestamente— enorme.
Eso fue lo que el gobierno federal previó y midió a partir del envío de fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios. Lo hizo con mucha cautela, primero al evitar aceptar que la presencia de tropas federales era por las amenazas del magisterio; segundo, envió a casi 15 mil elementos para que la sola demostración de fuerza desmovilizara. Tercero, lo hizo de tal forma que, al arribar, los elementos no tuvieran ningún roce con la población; y cuarto, sabía que el choque entre policías-soldados con militantes de la Sección 22 sería inevitable, pero les interesaba ver qué tanto se involucraba la ciudadanía en esos posibles enfrentamientos.
Por todo eso, lo que en términos concretos vio la autoridad federal cuando llegó a Oaxaca —y le sirvió como base para cambiar la actitud frente a la Coordinadora— fue a una ciudadanía que si bien nunca confrontó a los maestros, tampoco los defendió. Encontró en Oaxaca a una población lastimada por las acciones de protesta del magisterio, y ya sin ningún motivo para continuar respaldando una lucha social, en la que la población no sólo no ha tenido ningún beneficio, sino que ha sido la gran damnificada por todas las situaciones por las que ha atravesado. Halló a una sociedad a la que pareciera que se le terminaron las ganas de que la siguieran relacionando con la lucha magisterial.
Ese es un elemento decisivo en el cambio de actitud federal frente a los maestros. Seguramente el gobierno federal tenía mucho recelo —y sólo podría ver la realidad ante un despliegue de fuerzas federales— de lo que pudiera hacer la ciudadanía para defender las posiciones o argumentos magisteriales. En 2006 la ciudadanía salió a marchar en una actitud de respaldo abrumador a los maestros; e incluso cuando las fuerzas federales llegaron a Oaxaca a finales de octubre de ese año, hubo muchísimos ciudadanos que espontáneamente salieron a repeler el avance de la Policía Federal Preventiva y a ayudar a los maestros a defender sus posiciones.
Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Pareció que, en ese contexto, los maestros esperaban demostrar con el boicot, de qué tamaño era el respaldo social con el que contaban; pero de cara a los resultados quedó demostrado que ellos también fueron derrotados en esa medición. Es cierto, que gran parte de la ciudadanía no salió a aplaudir por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la entidad —de hecho, mucha gente tuvo miedo— tampoco salió a repudiarla.
En eso parece estar buena parte de la explicación de este cambio de actitud, y de la decisión inteligente de los mismos integrantes de la Sección 22 de no continuar asumiendo que tienen un respaldo ciudadano que la propia población ya no quiso demostrarles en un momento que para ellos era determinante.
14 DE JUNIO
Ayer se conmemoró el noveno aniversario de un conjunto de hechos con los que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nunca deben volver a ocurrir en Oaxaca. La madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.
Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.
Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.
Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.
Así, del primero de los procesos surgió la APPO; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía.
TIEMPO PERDIDO
Lamentablemente muy poco ha cambiado de entonces a la fecha, y mientras la ciudadanía ha pagado un costo muy alto por todo lo ocurrido. No hay un marco más democrático ni más justo; no tenemos organizaciones comprometidas con la gente; no tenemos un magisterio comprometido con su función. Muchas han sido palabras, pero más ha sido el tiempo perdido.
