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En la agenda política de la Sección 22, las demandas laborales han sido lo de menos

En estos momentos de dolor, abrazo con

cariño y respeto a Soledad Jarquín y su familia

 

La Sección 22 del SNTE cumple hoy una semana de actividades continuas en las calles de Oaxaca y, bien a bien, aún no queda claro qué exigen. Durante esa semana, el magisterio oaxaqueño ha realizado diversos actos de presión en demanda para que el gobierno estatal instalara una mesa de trabajo y diera respuesta a sus demandas. Dicha mesa se instaló a media semana, aunque lo cierto es que ni hubo el arreglo esperado, ni los mentores dejaron de hostigar a la ciudadanía. Esto es así porque, como siempre, las demandas han sido lo de menos, porque de lo que se trata es de cumplir una agenda y un calendario electoral predeterminado.

En efecto, este fin de semana integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, bastión principal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el sureste del país, afirmó que la asamblea estatal determinó que son nulas las respuestas que el Gobierno del Estado les dio en la mesa de diálogo del jueves pasado. El Secretario General de la Sección 22, Eloy López Hernández dijo que “como muestra de voluntad política”, el magisterio dejará de accionar con bloqueos en la capital, en donde han estado por una semana, dándole a las autoridades dos días para que en un tercer documento otorguen respuestas resolutivas a sus demandas.

Del mismo modo, Genaro Martínez Morales, secretario de organización de la 22, dijo que el paro de labores indefinido continúa y, en el lenguaje provocador que los caracteriza cuando intentan justificar que sus acciones son consecuencia de la indolencia gubernamental para cumplir sus demandas, aseguró que es responsabilidad del Gobierno del Estado y del gobierno federal que el magisterio se encuentre movilizado en las calles.

Indicó que las respuestas otorgadas por el Estado no satisface las exigencias de rezago en temas administrativos, de justicia como es castigo a responsables de lo ocurrido en Nochixtlán, de liberación de presos políticos, de resarcir las agravantes ocasionados por la imposición de la reforma educativa y el “decretazo” del IEEPO. Asimismo dijo que no se ha dado el reconocimiento a diferentes representaciones sindicales que conforman el Comité Ejecutivo Seccional, ni se ha dado respuestas a las demandas de incidencia de los diferentes niveles educativos.

Todo esto, en otro momento, pudiera parecer suficiente como para una movilización, aunque no del tamaño de la que ellos están organizando, justo en este momento de definiciones políticas para Oaxaca y para el país. Todas las demandas no cumplidas planteadas por la dirigencia magisterial, como justificación para todas las acciones ocurridas la semana pasada, y para el paro indefinido de labores al que están llamando a partir de hoy, son exactamente las mismas que han planteado durante los últimos meses, y varias de ellas, además, son exigencias que son materialmente imposibles de cumplir porque no dependen de la voluntad de un funcionario, o de uno de los ámbitos de gobierno con los que negocian.

Frente a esto, una pregunta importante debiera ser por qué si estas demandas han persistido durante años, es justo ahora que decidieron emprender estas acciones. paradójicamente, este es un momento en el que los ámbitos de gobierno no tienen capacidad de respuesta porque a) muchas de las demandas que se plantean al gobierno de Oaxaca, no se encuentran en su ámbito de competencia; y b) porque el gobierno federal está únicamente preocupado por resolver la elección presidencial del 1 de julio, y luego por cerrar la administración federal y entregarla al próximo Presidente en las mejores condiciones posibles para no ser después perseguidos por la comisión de delitos.

Así, en un grado infinito de ingenuidad, pudiera pensarse que la Sección 22 decidió accionar justo cuando nadie está interesado en resolverle nada. Lo cierto es que, en realidad, la 22 tampoco tiene interés en que se cumplan sus demandas, sino que justamente las plantea en este momento porque sabe que nadie puede resolverlas, aunque ello significa el escenario perfecto para mantenerse en las calles, que es lo que en realidad tienen en mente como objetivo de su lucha.

MOVILIZACIÓN SIN DERROTEROS

Un lado débil del magisterio oaxaqueño se deja ver cada que se ven en la necesidad de construir un pliego petitorio más allá de las demandas políticas abstractas de justicia, castigo a la represión, y liberación de presos políticos. Igual que en muchos otros momentos, esto quedó claro en 2006 cuando la Secretaría de Gobernación les puso como condición, para continuar con las mesas de trabajo que se habían instalado desde la fase violenta del conflicto social en nuestra entidad, que el magisterio presentara un proyecto sustantivo de reformas para democratizar la vida política en Oaxaca.

¿Qué ocurrió entonces con el magisterio? Que, igual que ahora, la 22 fue incapaz de generar un proyecto sustantivo sólido que les permitiera pasar de las proclamas y las exigencias de justicia, a la construcción de un proyecto que pudiera ser presentado y socializado como una perspectiva de cambio para la entidad, incluso en la posibilidad de que esos sólo fueran documentos de trabajo, en aras de que eso motivara una discusión política más amplia.

Más o menos lo mismo ocurrió con la reforma educativa. La Sección 22 rechazó la reforma educativa planteada por el gobierno federal, a partir de que estaban en su derecho de disentir de dicho planteamiento, pero se supone que también porque ellos conocían de mejor modo la realidad educativa del país, y porque eso les daba la posibilidad de plantear una ruta jurídica alternativa para la transformación del sector educativo. ¿Cuál fue el problema?

El problema es que, nuevamente, la Sección 22 no fue capaz de construir ese proyecto sustantivo que era esperable y deseable, y se quedó con un documento denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), el cual carecía de los elementos mínimos necesarios como para parecer una ruta alterna a la reforma educativa planteada por el gobierno federal.

En su momento, el PTEO fue asumido políticamente por el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca —recordemos que incluso en marzo de 2014 hubo una reunión en el Teatro Alcalá, en el que el entonces encargado del IEEPO, Manuel Antonio Iturribarría Bolaños alzó y reconoció al PTEO como base de la ruta que seguiría el gobierno de Oaxaca en la búsqueda de su reforma educativa— como el elemento principal a discutir, aunque luego se alejó del PTEO por su falta de consistencia y utilidad como propuesta alternativa para la educación en la entidad. Y finalmente, en dicho proceso y gracias a sus vaguedades, la 22 quedó nuevamente aislada de toda posibilidad de incidir en los cambios constitucionales y legales que sí ocurrieron en Oaxaca.

NO HAY PROYECTO

En esos ejemplos, como ahora, la 22 buscó la movilización justificada, pero no el planteamiento sustantivo. Eso es lo que está pasando ahora: bajo la mascarada de un pliego petitorio, están cumpliendo una agenda política que, lamentablemente, no terminará el 1 de julio. Ya lo veremos.

Fomenta el Poder Judicial cultura del diálogo entre los escolares

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Lleva talleres a escuelas oficiales y privadas a través del Centro de Justicia Alternativa

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) que preside el Magistrado Raúl Bolaños Cacho trabaja en organizar actividades de promoción de valores que permitan una sana convivencia entre los niños y niñas en los diversos niveles educativos.

Con este compromiso, el Centro de Justicia Alternativa, dirigido por la Licenciada Betzzaida Cruz Mendoza, previene los conflictos y fomenta la sana convivencia entre los infantes a través de pláticas, talleres y obra de teatro que realizan en conjunto con el área de Mediación Escolar, acciones realizadas durante los meses de abril y mayo.

Durante estos meses el Centro de Justicia Alternativa visitó las instituciones educativas: Colegio de Formación Arca de Noé; Instituto Pedagógico Oaxaca; Escuela Primaria Revolución y el Jardín de Niños Ángela Peralta, con una participación total de más de 600 estudiantes de nivel básico.

Entre las acciones realizadas se encuentran, el  taller “La Mediación, tú Alternativa para la solución de conflictos”, enfocado a la comunidad escolar, para que acceda, aplique y participe desarrollando acciones que conlleven el diálogo para resolver conflictos favoreciendo así la cultura de la paz.

Con esto se pretende que conozcan a la mediación como un mecanismo alterno de solución de conflictos que incita al uso del diálogo, además de fomentar los valores del respeto, justicia, honestidad, tolerancia y solidaridad.

También se presenta la obra de teatro “Mediación en el Bosque”, con la cual de manera creativa y lúdica, retomando el cuento de los tres cochinitos y el lobo feroz, los niños y las niñas observan cómo se realiza una mediación y anteponer el diálogo como principal forma de convivencia.

De esta manera el Poder Judicial del Estado facilita que en las escuelas se trabaje para mejorar el ambiente educativo, se promueva el diálogo entre los estudiantes para solucionar cualquier diferencia,  y se difundan valores de sana convivencia.

Hombría perdida

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Si bien quienes nacimos a mediados del siglo pasado todavía entendemos lo que es hombría, entendida esta como: amor propio, caballerosidad, honra o respeto de sí mismo, exigiendo en consecuencia de los demás reciprocidad en el trato, pretendiendo que esta fuese prerrogativa general en toda circunstancia social o relación personal, lo cierto es que, quienes nacieron después del inicio de los mezquinos conflictos magisteriales de la Secta 22, poco o nada saben respecto de esta forma de ser o comportarse, porque desde que nacieron en Oaxaca, supongamos desde 1980, lo único que han visto, principalmente de quienes se debiera observar pundonor, respeto y dignidad del magisterio oaxaqueño, es: vileza, deshonor, bajeza, ignominia y mezquindad, suponiendo algunos equivocadamente que eso es normal y, en casos extremos, que así debe ser, tal y como se comportan los normalistas, profes, taxistas, camioneros y demás obreros de poca educación y mínima hombría.

Si escribo hombría es en sentido general incluyendo lo mismo para mujeres y en la idea que en equidad existen tanto hombres y mujeres con dignidad, como sin ella, como se puede ver por igual a profas y profes vociferado o gimoteando en sus marchas y plantones en las calles, sin ningún asomo de dignidad, respeto u hombría por ellos mismos ni por por los demás, porque así crecieron en sus familias y sus padres jamás nunca les orientaron respecto de lo que es digno o profesional, en principio porque quienes se quejan y gimotean son hijos o hijas no deseados que nacieron del arrebato y la pasión, no de la planificación y el amor, así que sin hombría o decoro desde niños y adolescentes y, hoy como adultos, se comportan como auténticos póngidos, dispuestos a todo, porque no tienen autoestima y sin eso, si no se quiere y respeta uno a sí mismo, no hay nada que perder, siendo capaces de perjudicar y dañar a quienes menos tienen, a los más pobres y a los niños más humildes, cumpliendo con la sentencia bíblica oscurantista del Principio de San Mateo (Mateo 13:12) que dice: “Porque al que tiene, se le dará más y abundará; y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado”, o como digo yo:que es lo mismo: “Los ricos cada vez más ricos, y los pobres tienen hijos”, en una dinámica de decadencia social oaxaqueña, en que sin hombría ni dignidad y menos respeto a la palabra, lo único que hacen los profes con su gimoteo y protestas es hundir más a los pobres, perjudicar a los niños humildes que no pueden asistir a escuelas privadas, beneficiando a los dueños y catedráticos de estas y, a los ricos a quienes no les afecta perder unos cuantos miles de pesos, mientras a los pobres, cada día perdido es exponencial en sus ingresos, así que si si siguen como lo han hecho desde que se apoderaron del IEEPO, seguirán avasallando a los niños y a la gente más pobre, mientras los ricos a quienes odian, como dice la Biblia en San Mateo, seguirán enriqueciéndose, les guste o no, porque así lo dijo San Mateo sintetizando la sabiduría popular de hace dos mil años  y que sigue estando vigente.

Anaya representa las contradicciones panistas frente al derecho indígena

Quién sabe si el candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, conozca cuando menos algunos de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Las promesas hechas en una comunidad de Chiapas, con respecto a que como presidente apostaría al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hace pensar que no. Vale la pena repasar este tema que debiera ser sustantivo en esta campaña presidencial pero que, como muchos otros, ha pasado prácticamente desapercibido y ahora que es abordado, se ha planteado con tal vaguedad que hace suponer todo menos que quien lo abordó, no sabe ni entiende de qué habla.

En efecto, desde Las Margaritas —comunidad que en 1994 fue testigo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ reconoció que se le falló a los pueblos indígenas en sus derechos y demandas y que “la paz es mucho más que la ausencia de conflicto porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa del candidato presidencial panista, al encabezar una concentración ciudadana en esta región del país, Anaya Cortés cambió el discurso “y se comprometió con los más necesitados del país”. Tras recordar que aquí se dio el levantamiento zapatista, en enero de 1994, el candidato presidencial apuntó:

“Estar hoy aquí en Las Margaritas, en Chiapas, me obliga a recordar que este movimiento hizo que todo México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país”.’ Se comprometió a hacer realidad los acuerdos de San Andrés, que garantizan progreso y desarrollo, y dijo que cuando sea Presidente los pueblos indígenas serán los primeros.

¿Sabrá Ricardo Anaya de lo que habla? Pues de entrada parece contradictorio y oportunista asegurar que se cumplirán los Acuerdos de San Andrés, cuando el Partido Acción Nacional ha sido uno de los opositores históricos del reconocimiento de la pluriculturalidad en México, a partir de que ellos sostienen que el principio de igualdad entre todos los habitantes del país es el que debe regir tanto en las relaciones entre particulares, como en las relaciones de supra a subordinación que existen entre el Estado y los ciudadanos.

Si bien el principio de igualdad es importante como forma de reconocimiento en las relaciones entre las personas, también lo es que el principio de la pluriculturalidad de la composición social del país, ha sido piedra angular en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien, ese reconocimiento inició constitucionalmente cuando a principios de la década de los noventas, se estableció en el artículo 4 de la Constitución, el segundo párrafo del actual artículo 2 constitucional, lo cierto es que ello fue derivado más de la adecuación constitucional derivada de la firma por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, que de la intención del Estado mexicano por reconocer en sí mismos los derechos de los pueblos indígenas mexicanos.

SAN ANDRÉS

En 1994 estalló la guerra en Chiapas, declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del gobierno federal que entonces encabezaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Así iniciaba la Primera Declaración de la Selva Lacandona, mediante la cual el EZLN declaró la guerra: “Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”

La guerra y el profundo efecto político que tuvo en el gobierno federal el alzamiento zapatista, derivó en la instauración de los Diálogos de San Andrés, de los que emanaron los llamados Acuerdos de San Andrés, mediante los cuales el gobierno federal se comprometió a modificar la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, incluyendo el de la autonomía y la libre determinación. Este compromiso fue incumplido en varias ocasiones durante el gobierno del presidente Zedillo.

Y luego vino Vicente Fox, del PAN, quien como candidato presidencial dijo que el problema de Chiapas podría ser resuelto “en quince minutos”. Esa declaración, desinformada y bravucona, tuvo que ser honrada mediante el envío de una nueva iniciativa de reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, a principios de su gobierno. Nuevamente, la redacción final de la reforma fue rechazada por los pueblos indígenas al no cumplir con las expectativas de ver reflejado el contenido de los Acuerdos de San Andrés.

El punto medular, es que en el nuevo artículo 2 de la Constitución federal, no se reconoció la autonomía plena que exigían los pueblos indígenas, y por ende las libertades y los derechos reconocidos quedaron anclados a los límites generales establecidos por la Constitución. Quienes justificaron la pequeñez de dicha reforma, afirmaron que otorgar plena autonomía a los pueblos indígenas podría ser el parteaguas de un proceso secesionista. Incluso, por eso mismo, el artículo 2, que contiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, inicia con una prevención velada sobre la unidad nacional: “La nación mexicana es única e indivisible”.

IGNORANCIA

Ahora bien, ¿sabrá Ricardo Anaya todo este contexto y, sobre todo, estará dispuesto a llevar a los hechos las palabras fáciles que soltó aparentemente sólo para presentarse como un candidato presidencial sensible y aliado de los pueblos indígenas? Sería ideal que lo hiciera. Sin embargo, más bien parece que fue una declaración fácil, para tratar de ganarse la simpatía de ese sector poblacional que ha estado relegado de la discusión nacional y al que nadie ha atendido ni volteado a ver en estas campañas presidenciales.

Inútiles medidas cautelares

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Medidas cautelares para dos periodistas oaxaqueños. La defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitió una medida cautelar en favor del director de la agencia de noticias JM. Jaime Méndez Pérez, por el hostigamiento que ha ejercido en su contra el presidente municipal de San Agustín de las Juntas y, de igual forma, la defensoría condenó el ataque contra el foto reportero José Luis Gerónimo cometido por bestiales integrantes de la CTM y el Sindicato Libertad..

Medidas cautelares, recomendaciones y regaños es todo lo que hace la defensoría de Derechos Humanos, sin que tengan impacto o trascendencia ante los abusos, agresiones, secuestros, bloqueos, crímenes, asaltos y todos los delitos que en Oaxaca se pueden perpetrar sin pena ni castigo, porque desde los agentes de policía y del ministerio público hasta magistrados y jueces, ninguno hace algo por la seguridad de ciudadanos, por defender a víctimas o encarcelar delincuentes y criminales, conformándose simplemente con recomendaciones o medidas cautelares que no sirve para nada, porque si bien a algún funcionario se puede separar del cargo o inhabilitar, a los delincuentes, líderes sindicales, colectivos en resistencia, profes de la gestapo 22 y demás mal vivientes, les tienen sin cuidado y se ríen de las medidas cautelares, se burlan y llegan a desternillar de risa del ombudsman y sus secuaces, porque todos sabemos que su trabajo es defender delincuentes y dejar en desamparo a víctimas, creciendo impunemente la inseguridad, corrupción y crueldad de rateros, asesinos, defraudadores, profes y agremiados a sindicatos mafiosos.

En Oaxaca, nadie está seguro, todos vivimos con incertidumbre, temerosos de asaltos personales o domiciliarios, con miedo de secuestros y temor por asesinatos. Vivimos angustiados por manifestaciones violentas, por irrupción en bancos, empresas o instituciones, porque la policía no sirve, castigando únicamente el 2 por ciento de delitos denunciados y, estos son insignificante proporción de los que no se denuncian, porque que las medidas cautelares o las recomendaciones de derechos inhumanos, no sirve de nada, y únicamente se pierde tiempo y se arriesga la víctima a perder su dignidad ante el trato irrespetuoso, infame burocracia del personas de agencias del MP, sabiendo no harán nada, porque no hay detectives investigadores y, si los hay no tienen equipo, instrumental y menos inteligencias para la deducción, intuición y correlaciones de hechos que se requiere para investigar delitos, porque son burócratas, gente que se dedica a rellenar formatos, hacer preguntas intrascendentes y, lo peor, informar del domicilio de la víctima a gente que en muchos casos trabaja en contubernio con delincuentes, así que si de simples medidas cautelares o intrascendentes condenas se trata, entonces, vaya una condena y medida cautelar a la gente de Derechos Inhumanos que solo sirve para defender delincuentes.

PJE inspecciona incio de operaciones del centro de justicia de Tuxtepec

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Se atienden requerimientos derivados del reciente cambio de domicilio de diversos juzgados

Con el objeto de que el personal que labora en el Centro de Justicia “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, desarrolle sus actividades en óptimas condiciones, recientemente directivos del TSJE realizaron una visita de supervisión a dicho complejo, para dar atención a los requerimientos que han surgido derivados del reciente cambio de domicilio, principalmente los enfocados a la distribución de espacios, seguridad y transporte.

Al respecto, el titular de la Dirección de Administración, Contador Público Antonio Díaz Aragón, exhortó al personal que ahí labora para que utilicen estas modernas instalaciones con responsabilidad y cuidado, al mismo tiempo que refrendó el compromiso del Dr. Raúl Bolaños Cacho, titular del Poder Judicial, de optimizar los espacios y recursos que sean necesarios para que estén en condiciones de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía oaxaqueña.

Es importante precisar que a partir del día 15 de mayo de 2018, en el Centro de Justicia “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, brindan sus servicios el Juzgado de Ejecución de Sanciones, Primero Penal y Juzgado de Control de dicho municipio.

Encarar la desaparición forzada de personas, será uno de los temas ineludibles para el próximo gobierno

Dentro de las muchas referencias que a estas alturas de las campañas presidenciales, los ciudadanos ya tenemos sobre la vaguedad de las propuestas y planteamientos de los candidatos, hay uno de enorme sensibilidad por el que prácticamente se ha pasado por alto: la de la necesaria justicia que debe procurarse a los miles de desaparecidos que hay en el país, y particularmente a quienes reclaman la comisión del delito de desaparición forzada de personas. No sólo se trata de los 43 de Ayotzinapa, sino de todas las personas que siguen sin justicia y sin consuelo en México, al no tener ni siquiera certeza de dónde se encuentran los restos de sus desaparecidos.

En efecto, los desaparecidos constituyen uno de los temas más sensibles y dolorosos para la nación mexicana. Por nación debemos entender el conjunto poblacional que comparte coincidencias sociales y políticas, y que es quien le da sustento y legitimidad a las potestades del Estado como ente soberano. En México, una de las situaciones recurrentes en el marco de violencia y criminalidad que ha azotado al país en los últimos tiempos —más allá de la llamada guerra contra el crimen organizado—, ha sido la denuncia relacionada con la desaparición de personas, sin pasar por alto que en no pocos casos se acusa y se responsabiliza al propio Estado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

En este sentido, uno de los casos recientes más emblemáticos es el de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues más allá de cualquier proclama o consigna política o electoral —que hoy abundan—, lo que es cierto es que el Estado mexicano no ha tenido la disposición suficiente para investigar a fondo no sólo la forma en la que esos jóvenes fueron detenidos y desaparecidos, sino también a los responsables. Junto a ello, una de las cuestiones que debiera apremiar al propio Estado —sobre todo, de cara al futuro en el que hoy todos los aspirantes presidenciales prometen justicia y bonanza—, tendría que ser la relacionada con el reconocimiento de su responsabilidad institucional en estos hechos, y con la reparación respectiva.

Ahora bien, la Corte estableció que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Tesis aislada. Registro: 2007426. Septiembre de 2014. Semanario Judicial de la Federación).

Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, dijo también que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.

ES EL ESTADO

Lo que sigue es comprender por qué si no fue el Presidente Enrique Peña Nieto quien ordenó o toleró la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que si incluso tampoco fueron otros funcionarios estatales de primer nivel como el entonces gobernador guerrerense Ángel Heladio Aguirre Rivero, de todos modos —como dice la proclama, repetida hasta el cansancio por los detractores del actual gobierno, aunque quién sabe qué digan si el 1 de julio gana su candidato— sí fue el Estado.

Sobre este punto, apuntaba Alonso Madrazo (http://bit.ly/1tygiLH) que en el debate público y en las redes sociales se dice, por algunos, que el presidente Enrique Peña Nieto es el culpable por los lamentables hechos de Ayotzinapa. En este punto particular, Madrazo se atrevía a decir con total seguridad, que esta conclusión era errónea.

“Para que Enrique Peña Nieto sea responsable individualmente por los hechos de Ayotzinapa, su conducta tendría que encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 del Estatuto de Roma que, en general, dispone que un individuo será criminalmente responsable si se acredita que fue el que cometió, ordenó, facilitó o que contribuyó en la cristalización del crimen internacional. Por lo anterior, me parece casi imposible sostener un argumento en el cual se trate de atribuir responsabilidad individual a Peña Nieto, sin perjuicio de la responsabilidad que probablemente pudieran afrontar otras autoridades involucradas directamente con los hechos que han conmocionado al país.

Ahora bien, por otro lado, si estamos en un supuesto de responsabilidad estatal, la pregunta podría ser la siguiente: ¿es atribuible al Estado mexicano la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa? O, de manera breve, ¿fue el Estado? La respuesta es un categórico sí.

De acuerdo al derecho internacional es necesario que existan dos elementos para que se considere que haya responsabilidad internacional estatal: Artículo 2: Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.

Ahora bien, en el artículo 4º se define que conducta es atribuible al estado. Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado. 1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Frente a todo esto, quedan algunas preguntas: ¿Independientemente de quién gane la presidencia, habrá voluntad para comenzar el proceso de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas? ¿Habrá capacidad y disposición para investigar estas graves violaciones, caiga quien caiga? En este punto tan sensible, la agenda debe abandonar su carga partidista y electoral, y situarse como uno de los puntos que más lastima y agravia a los mexicanos, y que por ese solo hecho no puede continuar con la política de apatía y menosprecio que ha seguido hasta ahora.

Sevitra contra PRI

Carlos R. Aguilar Jiménez.


En tiempos preelectorales, frente a las delicadas y peligrosas circunstancias políticas que en este sexenio implican las elecciones, sabiendo que la inmensa mayoría de ciudadanos están hartos de la corrupción, enojados por la arbitrariedad y torpeza del gobierno, especialmente del PRI, que en este caso y tiempo gobierna a México y también a Oaxaca, la actitud prepotente y soberbia de  José Guzmán Santos, director de SEVITRA es absolutamente torpe e inadecuada al detener, encarcelar y extorsionar a todos los automovilistas, principalmente a quienes no portan matrículas o placas de circulación del estado, quienes inconformes con la política extorsionadora de anteriores gobiernos estatales, evitando pagar la abusiva tenencia vehicular, obtuvieron sus documentos legalmente en otros estados y con todo su derecho constitucional.

Enojados y molestos en todos los medios de comunicación, principalmente en redes, se hizo evidente y viral la inconformidad por el abuso de la policía vial encabezada por su nefasto director José Guzmán, quien ávido de dinero mal habido, parece que no se diera por enterado que la gente, no únicamente la que tiene automóvil, sino todos, se sienten ofendidos e indignados, cuando en tiempos electorales el gobierno que está a punto de perder todo en las elecciones, debiese ser cauto y atento con sus potenciales electores, quienes ahora, esperando únicamente como se dice popularmente: “la gota que derramó el vaso”, SEVITRA se dedica a extorsionar y molestar pretextando revisión de documentos y condiciones de vehículos, mientras viejos y destartalados autobuses de pasajeros circulan sin placas, sin luces y sin ningún respeto al reglamento de tránsito, de la misma forma que todos los taxis fétidos de pueblo con más de seis pasajeros a bordo; e incluso al mismo gobernador los transportan con placas foráneas y debiendo tenencias, como se evidenció en redes, así que más allá de lo legal que pudieran ser los operativos de vialidad, lo único que están logrando es que, ante el hartazgo de los ciudadanos, pierdan miles de votos que podrían haber sido para el PRI, porque si alguien ha sido molestado en sus bienes o persona por no tener placas locales y ha sido enviado su vehículo al corralón para que sea desvalijado por los que ahí trabajan robando autopartes, miles de votos más perderá el PRI, evidenciándose la torpeza e ineptitud del jefe de SEVITRA, quien en busca de dinero y más dinero, si bien llenará sus bolsillos y cuenta bancaria, el que la hace la paga, y así será, en las elecciones de julio los ciudadanos votarán por quien sea, menos por el PRI y los que hasta hoy en operativos asaltan automovilistas, motociclistas y ciclistas que obtuvieron sus matrículas de circulación en otros estados para evitar la extorsión que desde el siglo pasado se practica cruelmente en Oaxaca, dando razón a quienes afirman que ni un voto más al partido en el gobierno, porque votarán enojados, hartos y descontentos de los abusos y corrupción en todos los sentidos y contextos.

Exigirle más a quien gane: lo indispensable luego del 1-J

Faltan 32 días para la elección presidencial, y hasta ahora parece haber una tendencia electoral difícil de revertir. Hay quienes, frente a esa realidad, se resisten a aceptar lo que parece inevitable; y hay otros que ven el 1 de julio como una meta y no como el inicio de una ruta que, por las propias condiciones del país, no será fácil. Si la tendencia cambia, o se modifica, lo que todos debemos tener claro es que a partir del día siguiente de la elección, los mexicanos deberíamos mostrar madurez y preocupación no por nuestro partido o preferencia electoral sino por nuestro país, exigiéndole más a quien gane la elección.

En efecto, han pasado casi 60 días desde que iniciaron las campañas presidenciales, y lo cierto es que hasta ahora el ayuno de ideas ha sido casi total entre los candidatos, que a pesar del ruido y las acusaciones que han cruzado durante las largas semanas de la campaña, hasta el momento no han logrado estructurar ni los más elementales esbozos de las respuestas que el país necesita en algunos de los temas más trascendentes.

No hay respuestas concretas relacionadas con la inseguridad, con la violencia o con el enorme problema que vive el país por la falta de Estado de Derecho. Los candidatos, en general, no han sido capaces de responder estructuradamente por qué la economía se mantiene estable sin crecer, y mucho menos qué harían para lograr un cambio positivo, sobre todo en este momento en el que la economía nacional se encuentra presionada no por decisiones gubernamentales sino por factores externos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la volatilidad del tipo de cambio que presiona a productos como los combustibles o las importaciones, que están directamente relacionadas con la paridad peso-dólar, entre otros.

En esa lógica, es evidente que entre la diversidad de candidatos hay diversas posturas. Se encuentran, por un lado, las propuestas llenas de chabacanería y ocurrencias como las de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección, y por eso ha dado saltos al vacío al plantear propuestas como la de mutilar las manos a los políticos corruptos, o la de infligir legalmente castigos y penas inhumanas y degradantes a quienes cometan algunos delitos. El Bronco dice, quizá con cierta razón —pero fuera de toda lógica—, que sus propuestas son eco de lo que la propia ciudadanía le ha dicho durante su campaña.

Luego, hay otra franja de candidatos con cierta idea, pero sin competitividad. Ahí encontramos lo mismo a José Antonio Meade, del PRI, y a Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD. Aunque hay diferencias notables entre uno y otro de experiencia profesional y en la administración pública, lo cierto es que ambos han tratado de hacer esbozos generales sobre las soluciones que proponen para el país. El problema es que ambos cargan con el cuestionamiento de fondo relacionado con el hecho de que durante los 18 últimos años, los partidos que postulan a uno y a otro han sido gobierno en México, y no han podido enfrentar los temas sobre los que ahora ellos pretenden plantear soluciones.

De hecho, ni con el tema de la corrupción, ni con el de la inseguridad, ni con el relacionado al bajo crecimiento económico, los candidatos de ambos partidos han logrado hacer propuestas creíbles y asequibles a la realidad actual. Más bien, ambos cargan con varios de esos cuestionamientos.

Desde el hecho mismo de que Ricardo Anaya ha sido cuestionado por el origen de su fortuna y de varios negocios inmobiliarios presuntamente realizados por empresas fantasma, hasta la realidad de que José Antonio Meade ha sido funcionario de tres administraciones consecutivas, y ha tenido ante sí —sin hacer más— la posibilidad de enfrentar los escándalos de corrupción que ahora dice que va a perseguir.

Al final, parece que ambos comparten el hecho de que son aparentemente estructurados pero con un vacío de legitimidad que los ahoga en la falta de competitividad electoral que hoy demuestran.

¿Y AMLO?

Acaso, el que ha planteado las propuestas menos estructuradas es Andrés Manuel López Obrador. Su fortaleza actual como candidato presidencial, en realidad, ha radicado en el hecho de que ha sabido capitalizar la desesperanza de la gente por la reiteración de gobiernos fracasados y de problemas que no han podido ser resueltos. Lleva más de una década en campaña; pero a pesar de eso, muchas de sus propuestas y planteamientos para enfrentar —y eventualmente resolver— algunos de los grandes problemas nacionales, siguen siendo una incógnita.

En ese sentido, un editorial de Bloomberg Bussinesweek (https://bit.ly/2IWB5gk) establece coordenadas precisas de lo que hasta ahora se conoce de sus propuestas —más incógnitas que coordenadas concretas—, y lo que debería exigírsele a López Obrador como candidato presidencial, y como eventual triunfador de la elección del 1 de julio:

“Pero las soluciones de López Obrador son vagas. Habla de una amnistía para los traficantes de drogas, sin decir lo que significaría. Su respuesta a la corrupción aparentemente es predicar con el ejemplo. La victoria en esa lucha de alguna manera pagará un gasto social ambicioso. Sus asesores tratan de aplacar los temores sobre su deseo de revertir las reformas económicas de Peña Nieto, pero el candidato no parece estar escuchando.

Su mandato al frente de la Ciudad de México sugiere que es un progresista moderado, aunque no da marcha atrás a su populismo a medida que su liderazgo se solidifica. Garantizar los pagos de cultivos, congelar los precios de la gasolina en términos reales, limitar la participación extranjera en la industria del petróleo y gas, aumentar los beneficios de las pensiones, apoyos a los jóvenes y, en general, expandir el rol económico del Estado significa problemas fiscales para un país con una creciente deuda. Igualmente alarma su punto de vista sobre la Suprema Corte, el INE y la sociedad civil en general. López Obrador dice que si gana la elección dará a los votantes la oportunidad de sacarlo del cargo cada dos años. Eso no sustituye a los controles y equilibrios, y al gobierno competente y ordenado.

EXIGIRLE MÁS

Es demoledora la conclusión de dicho editorial: “El esfuerzo del PRI por restaurar su dominio casi ha colapsado en una nube de disgusto electoral. Sin embargo, pasar de un régimen de un solo partido a otro basado en una sola persona no es la forma de reparar la confianza en el gobierno. El éxito de México depende de una mayor reforma a la economía y la construcción de instituciones sólidas de gobernabilidad democrática. Los votantes no deberían exigir menos.” Algo que, en el ideal, tendríamos que comenzar a hacer los ciudadanos a partir del 2 de julio, cuando las militancias y las preferencias electorales se terminen, y volvamos a la realidad de un país de cabeza por problemas —hasta ahora— sin ninguna solución planteada.