Este delito va en aumento debido a la facilidad con el que se comete, opinan los jueces de Control del TSJE, Martha Castillejos Sánchez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez

Los jueces de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Martha Castillejos Sánchez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, reconocieron que la extorsión telefónica es un delito que va incrementándose por lo cual pidieron a la ciudadanía adoptar medidas preventivas y denunciar el caso para que se proceda.

En su participación en el programa televisivo La justicia a tu alcance que se transmite en Cortv, la abogada Castillejos Sánchez consideró que este delito va a la alza, debido a la facilidad con que se comete. “Nada más se toma un teléfono y se marca. Se sabe que la mayoría de llamadas de este tipo se hacen de los reclusorios; no se requiere de ningún esfuerzo”, puntualizó.

“La extorsión consiste en que una persona pretende el derecho a dar, a hacer; no hacer o tolerar algo a cambio de un lucro, que va en decremento de la persona extorsionada, el cual puede realizarse de diversas maneras y medios”, dijo.

Por su parte, el licenciado Hernández Domínguez, señaló que la extorsión está dentro del catálogo de delitos patrimoniales del Código Penal del Estado de Oaxaca y se puede clasificar en extorsión telefónica, electrónica y directa.

“La extorsión telefónica o electrónica es a través del engaño de un premio, por un movimiento irregular en una cuenta bancaria; la directa, normalmente se da de un grupo delictivo que  acude a un negocio donde ya están pidiendo una determinada cantidad; dejar de hacer algo, tolerar algo en algún negocio, permitir que intervengan algún grupo de personas para que tengan un incentivo económico”.

Por esto, invitó a la sociedad a realizar acciones de prevención y sobre todo cuidar la información que proporciona a desconocidos y en sus redes sociales, ya que pueden servir como medio de información para las personas que pretenden realizar una extorsión.

“La extorsión es un delito que va transformándose como va transformándose la sociedad; por ejemplo, si alguien realiza una extorsión telefónica, el que va hacer la llamada tuvo que hacer una investigación previa o con la misma información que da la víctima, sobre tu patrimonio, sus hábitos cotidianos, dónde va, dónde trabaja, esto a través de llamadas previas que se concreta con la llamada donde ya pide un beneficio económico”, indicó el Juez de Control.

A su vez, Martha Elena Castillejos Sánchez, expuso que el Código Penal oaxaqueño contempla para extorsión simple de 1 a 3 años de prisión; si el monto económico obtenido se excede de las 100 veces el salario mínimo; de 3 a 6 años de prisión si excede las 100 veces pero no las 500 veces el salario mínimos y si excede las 500 veces, va de 6 a 12 años de presión; mientras que para la extorsión telefónica o electrónica va de 8 a 14 años, la cual aumenta dos años y ocho meses si el extorsionador está en un reclusorio.

La Jueza y el Juez de Control coincidieron en que es necesario que la sociedad realice acciones de prevención para evitar la extorsión y si se llega a ser víctima, realizar la denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda proceder a la investigación y sanción. La víctima puede denunciar el caso directamente a la Fiscalía, al 911 o al 089, señalaron.

“Si se está protegiendo que no se afecte el patrimonio, la extorsión se consuma cuando entregan el dinero, sin embargo, si ya están haciendo al llamada para obtener un lucro ya está dentro de la tentativa de ese delito, ya se puede sancionar e investigar. A quien cometa la extorsión telefónica se le puede imponer la prisión preventiva”, subrayó el  juez Manlio Rigoberto Hernández Domínguez.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el delito de extorsión fue segundo lugar del 2012 al 2016, tan solo por debajo del robo a transeúnte o transporte público.

Escrito en español antiguo, el documento es un convenio de tierras entre pobladores de las comunidades mixtecas de Tlaxiaco y Teozacualco

El documento más antiguo que resguarda el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (inscrito recientemente en el registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO), es un convenio de tierras entre Tlaxiaco y Teozacualco fechado en el pueblo de Etlantongo el 13 de mayo de 1545. El manuscrito altamente valioso se compone de 3 fojas, las dos primeras escritas por ambos lados y la última sólo por el frente y está escrito en español antiguo.

Este documento se encuentra dentro de un expediente que se formó por los malos tratos que los naturales del pueblo de Yolotepec hacían a los de la estancia de San Felipe. Aunque a primera vista podríamos decir que son dos asuntos totalmente diferentes, la realidad es que ambos documentos tiene mucha relación entre sí, veamos el porqué:

En 1574, cuando era alcalde mayor de la provincia de Teposcolula Don Pedro de Castañeda y León se presentaron el gobernador, los alcaldes y regidores del pueblo de Tlaxiaco manifestándole que ante él, siguen un pleito contra el gobernador, cacique y naturales del pueblo de Yolotepec por los malos tratos que éstos le daban a los naturales de la estancia de San Felipe.

Esta querella a simple vista pareciera una queja común, como muchas otras, que durante el siglo XVI se presentaron ante las autoridades novohispanas, y que buscaban por un lado, “se remedie y en todo aya enmienda para adelante”, y por el otro, que “el suso dicho sea castigado de su delito”, con lo que se pretendía que este tipo de delitos no derivaran en hechos de sangre.

Pero el verdadero origen del problema es que los malos tratos que sufrieron los de la estancia de San Felipe a instancias del gobernador, el cacique y principales del pueblo de Yolotepec, fue por una vieja rencilla que su cabecera, en este caso Tlaxiaco, seguía con los del pueblo de Yolotepec por unos pedazos de tierra llamados Mistepeqtongo y Chicometete, en cuyos términos se encontraba la estancia de San Felipe y que Tlaxiaco alegaba ser el poseedor desde “inmemorial tiempo”, puesto que las “han labrado, cultibado, senbrado e cogido”, alegando también, que todos los naturales que han vivido en la estancia de San Felipe siempre han reconocido como su dirigente, al cacique del pueblo de Tlaxiaco.

Ante tal situación, las autoridades de Tlaxiaco, para probar la tenencia y posesión de las tierras, ofrecieron al Alcalde Mayor de Teposcolula presentar testigos que manifestarían no sólo “aberlo ellos visto así del tiempo aca” sino haberlo oído decir “a sus padres abuelos e otros biejos mas ancianos” que las tierras siempre habían pertenecido a ellos. Asimismo presentaron “una escritura – declaración de las dichas tierras de Mistepeqtongo”, las cuales les fueron adjudicadas por Tristán de Arellano y que es el documento de que hacemos referencia al inicio de este escrito.

Este documento es un traslado de una escritura, no sólo por lo dicho por las autoridades de Tlaxiaco al final de su ocurso presentado al Alcalde Mayor, sino que también, porque en la parte superior izquierdo del documento se lee “Traslado de la escritura de los de Tlaxiaco sobre las tierras de taxcotepetongo”.

Sabemos, por lo que se desprende del documento, que éste paso ante don Tristán de Arellano, quien fungía como corregidor en el pueblo de Huaxolotitlán, y como juez “en las cosas tocantes a yndios en la cibdad de guaxaca y en toda su probincia”, y que para poder realizarlo se necesitó de dos intérpretes: uno en lengua mexicana y otro en lengua mixteca.

Esta escritura es un convenio que celebraron los de Tlaxiaco y Teozacoalco con la finalidad de terminar un pleito por un pedazo de tierra llamado Taxcotepetongo y sobre cinco casas de indios ubicados en la estancia de Uxitlán, el cual se encontraba pendiente en la Real Audiencia y con ello poder poner fin a “muchas costas e gastos e bullisios e desasosiegos”.

En el convenio se estableció que las tierras en litigio se dividirían por la mitad, tocando una de ellas a los indios del pueblo de Teozacoalco, y la otra para los del pueblo de Tlaxiaco; asimismo, se estipuló que las cinco casas “de maceguales” quedaban en poder de Tlaxiaco con la condición de que los maceguales que las poseyeran “no puedan tomar senbrar ni beneficiar mas tierras de las que hasta agora an tenido e beneficiado”.

De igual manera, y para evitar alguna diferencia en un futuro, quedaron establecidos los mojones “que parten” los términos de ambos pueblos y que quedaron “señalados e pintados en una pintura”. Resulta interesante este punto, pues en este mapa o lienzo quedaron establecidos los linderos que ambos pueblos reconocían y sobre los que en un futuro no debía de haber “pleito debate ny diferencia”.

El resultado o conclusión tanto del delito como de la posesión de las tierras no podremos saberlo, desafortunadamente, ya que el expediente se encuentra incompleto pues sólo se conservan 5 fojas, del folio 102 al 106 de la numeración original. Aunque si hay que señalar y preguntarse si las tierras llamadas Mistepeqtongo en el ocurso y la llamadas Taxcotepetongo en el convenio son las mismas.

El Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca se localiza en Hidalgo 1106, Centro.

Durante 2017 se realizaron alrededor de mil 200 diligencias donde participaron intérpretes en lenguas originarias

Brindar acceso y respetar sus derechos para una impartición de justicia equitativa, es parte de los objetivos primordiales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO),  por lo que trabaja en contar con traductores de lenguas indígenas para realizar audiencias de juicios orales.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto de cada año, el Poder Judicial apunta la transcendencia de respetar las lenguas originarias del estado, brindar las herramientas necesarias para que toda persona hablante de un idioma indígena comprenda cada parte del proceso judicial y así hace valer sus derechos humanos.

Tan solo el año pasado, el Poder Judicial financió alrededor de mil 200 diligencias donde fue requerida la participación de intérpretes en lenguas indígenas; esto, con la finalidad de que las personas involucradas tengan la información necesaria y puedan actuar en su favor.

Es importante resaltar que los intérpretes indígenas, hablantes de algún idioma originario, son empleados del PJEO, así como traductores del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En el 2017, el Poder Judicial del Estado realizó 858 solicitudes de intérpretes de lenguas indígenas a la CDI, a fin de brindar a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades oaxaqueñas lo necesario para resolver sus asuntos legales.

Las lenguas más recurrentes son: zapoteco, chatino, mixteco de la Sierra Sur, mixteco de la Costa, chatino y chinanteco, de manera especial para juzgados del Distrito Judicial del Centro, Istmo, Miahuatlán, Juquila y Cuenca del Papaloapan.

Entre los procesos de los delitos del fuero común donde se solicitan traductores de habla indígena, se encuentran el homicidio calificado, violación, feminicidio, lesiones culposas por disparo de arma de fuego, despojo y abuso de confianza.

Con la colaboración de otras instituciones, el Poder Judicial del Estado cumple con proteger y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, siempre con la intención de ejercer la justicia de manera equitativa y con apego a la ley.