+ Acuerdos de diciembre son muy trascendentes para estar sujetos a radicales

Este fin de semana el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE establecieron acuerdos importantes que lo que buscan es darle estabilidad a sus relaciones y negociaciones del presente año. Para ambos bloques, resulta por demás trascendente defender los acuerdos del siete de diciembre del año pasado. Pero para que eso ocurra era necesario establecer los parámetros de influencia que pueden tener los sectores más radicales del magisterio, al interior de sus órganos de decisión. Por eso, lo establecido el sábado por la dirigencia de la Sección 22 resalta en la consolidación de sus acuerdos.

En efecto, a través de su Secretario de Prensa y Propaganda, la Sección 22 anunció que actuará con “mano firme” contra “aquellos traidores y mercenarios del movimiento que en reiteradas ocasiones han intentado violentar y bloquear los diferentes acuerdos tomados en las asambleas estatales anteriores y la última reciente, en donde con toda puntualidad se ha acordado el cumplimiento de la minuta del 7 de diciembre del 2016, la misma que contempla el tema de regularizados y su certeza laboral a partir del cumplimiento del proceso administrativo, señaló que este grupo de compañeros ha sido utilizado como bandera por los mercenarios y traidores del movimiento a fin de conseguir dividendos económicos”.

Del mismo modo, la Comisión Política de la Sección 22 expresó que “se debe denunciar a todos aquellos dirigentes que impidan o intenten boicotear los acuerdos de asambleas estatales, a aquellos que se movilicen al margen de los acuerdos de las instancias de toma de decisiones y lo más grave, que intenten señalar o afectar a aquellos que han cumplido con la minuta respecto al tema de regularizados, y que amenacen o amedrenten a los compañeros que de manera disciplina a los resolutivos de las asambleas estatales y mesas de trabajo”.

La propia Sección 22 reconoció que sus agremiados que son parte del acuerdo del siete de diciembre del año pasado “asistirán a la ciudad de Puebla para presentar su evaluación que los Acredite como trabajadores con movimiento 95, todos los que asistan a la evaluación estarán siendo respaldados por este movimiento y los niveles serán garantes del cumplimiento de todas las partes”, y exhortó a toda la estructura del Comité Ejecutivo Seccional “a estar vigilantes de denunciar a todo esquirol que se movilice al margen de las instancias de este movimiento”.

¿Por qué es tan importante este reconocimiento expreso al acuerdo del siete de diciembre? Lo es porque, en términos económicos, ese acuerdo tiene gran significado para el propio magisterio primero por el monto económico que representa, pero también por su trascendencia política dentro del movimiento magisterial, porque lo que hicieron tanto la SEP como el IEEPO y la Sección 22, fue avalar un acuerdo —el del siete de diciembre— que tiene un costo anual superior a los mil 200 millones de pesos.

Eso es lo que cuesta la regularización de las más de cuatro mil plazas docentes y administrativas que demandaba la Sección 22, y por eso este acuerdo era también muy importante para la dirigencia magisterial que encabezaba Rubén Núñez Ginez al momento de la firma, y que es lo que ahora está defendiendo el sucesor de Núñez, Eloy López Hernández.

VAN TRAS EL ACUERDO

Este acuerdo, de hecho, es la más importante conquista que la Sección 22 ha conseguido desde que se rompió el diálogo previo a los comicios federales de 2015, cuando Gobernación dio por concluidas las negociaciones de orden político con el magisterio oaxaqueño, y canalizó todas las demandas a la autoridad administrativa en la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, para la SEP y el IEEPO era muy importante avanzar en esta negociación, así tuviera que generar cuatro mil plazas más con cargo al presupuesto educativo federal, y permitir que éstas fueran un logro político de la Sección 22, y no del gobierno de Oaxaca. Esa importancia radicó siempre en el hecho de que asegurar esas plazas significaba, primero, desactivar la principal demanda magisterial de los últimos años; y, segundo, afianzar la realización de los procesos de evaluación, a los que quedarán supeditadas esas nuevas plazas ya regularizadas.

De hecho, si se revisa el pliego de demandas de la Sección 22 en el último año, la regularización de esas más de cuatro mil plazas era la que estaba a la cabeza, de entre todo lo que sí podía ser alcanzable. Es decir, que al margen de las demandas políticas (como la abrogación de la reforma educativa, la libertad de los presos políticos y algunas otras), la exigencia de la regularización de dichos trabajadores es para la 22 oxígeno puro en su necesidad de demostrar que sigue teniendo capacidad para avanzar en sus demandas sustantivas, como las salariales y de condiciones de trabajo de sus agremiados.

Para el IEEPO y la SEP, avanzar en esa negociación era también importante porque lo que han buscado es la implementación gradual de la reforma educativa, y el establecimiento de una relación más civilizada con las secciones integrantes de la Coordinadora. En esencia, eso es lo que explica por qué el acuerdo del siete de diciembre fue tan trascendente; por qué lo llevó de inmediato la dirigencia a su Asamblea Estatal; y por qué, aunque la propuesta fue inicialmente rechazada por la Plenaria del magisterio oaxaqueño en diciembre del año pasado, de todos modos era previsible que al final dicho acuerdo sería confirmado por la Asamblea Estatal y avalado por el Comité Ejecutivo para no poner en riesgo la regularización y la estabilidad laboral de los más de tres mil nuevos integrantes que tiene la Sección 22 gracias al acuerdo.

En esa lógica, queda también claro por qué desde hace por lo menos un mes y medio el gobierno y la Sección 22 han venido trabajando en la construcción de este acuerdo que se concretó el fin de semana. Tenían que construir el acuerdo milimétricamente de tal forma que cuando se diera a conocer, quedara claro que ni el gobierno ni el propio Comité Ejecutivo le darían más cabida ni eco a los grupos radicales que reiteradamente intentaron romper esta importante posibilidad de acuerdo, y que —algunos— lo hicieron como una respuesta de los grupos políticos a los que ellos responden, pero que —otros— lo hicieron porque tienen una especie de convicción por no aceptar ninguna negociación con el gobierno porque para ellos eso significa claudicar en su movimiento y traicionar las causas por las que iniciaron sus movilizaciones.

Esto resulta importante para todos, porque el gobierno de Alejandro Murat debe preparar sus verdaderas baterías de negociación y diálogo rumbo al año próximo, que es de elección presidencial; y para la Sección 22 también era relevante porque al menos en 2017 esto deja prácticamente conjurada la posibilidad de un paro indefinido de labores, y los deja también a salvo en el proceso de acumulación de fuerzas para poder participar políticamente en la elección presidencial del próximo año, a través de sus ya conocidos mecanismos de influencia en los procesos electorales.

¿QUÉ SIGUE?

Administrativamente, continuarán las mesas de trabajo entre el gobierno y la Sección 22, para establecer los “cómos” que le darán contenido y estructura a los acuerdos ya alcanzados. Políticamente, lo que queda es generar las condiciones para que el previsible enrarecimiento que intentarán sembrar los grupos radicales, no merme el delgado equilibrio que está intentando alcanzar la relación gobierno-sindicato en las condiciones actuales.

+ La intención por el retroceso viene desde la reforma en derechos humanos

Apenas se cumplió el primer año de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, y un peligroso cúmulo de voces se pronuncia reiteradamente a favor de una reforma que frene al sistema de justicia. La razón principal que se esgrime radica en que la modificación del esquema actual es necesaria, a partir de que en el último año se ha incrementado la delincuencia por la laxitud del nuevo sistema de justicia, que permite a los imputados por diversos delitos se les procese en libertad. Esa tentación, que no es nueva, debe ser frenada.

En efecto, hay voces como la del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien tomó la bandera de la contrarreforma en materia penal como propia, a partir del desbordamiento de la delincuencia que había tenido más de una década controlada al menos en la capital del país. Como hoy la comisión de ciertos delitos violentos ha vuelto a florecer en la Ciudad de México, Mancera pareció hallar su justificación idónea en el nuevo sistema de justicia y no en el descontrol operativo que su propio gobierno generó frente a la delincuencia.

En esa lógica, Mancera ha seguido adelante y en el camino ha ganado otras voces que hoy se pronuncian en el mismo sentido. En el primero de los casos, Mancera sostiene que el sistema penal acusatorio “tiene bondades, sobre todo en transparencia, en derechos humanos, en seguridad y en una exigencia de mayor capacitación”, pero advierte que “cuando pasamos a la práctica, hay problemas que se deben afinar”. Por eso, dice que la Conago —que él preside actualmente— ha preparado un documento que tiene toque de reforma constitucional y procesal, para 34 o 35 artículos.

De acuerdo con Mancera, uno de los problemas es lo que calificó de liberación masiva de delincuentes. La curva es perfectamente observable, dice. Lo vivimos en todas y cada una de las entidades y lo tenemos que complementar, pues es un tema de interpretación, que tiene un margen muy abierto; es algo de lo que consideramos en el análisis, más el consenso de la Conago

En esa misma lógica se ha pronunciado el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien consideró que el incremento delictivo que se registró el mes de mayo —el más alto en veinte años—, se debe a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal dejó fuera la prisión preventiva a delitos cometidos con arma de fuego. Pues de acuerdo con el corte sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de mayo registró dos mil 186 homicidios dolosos, por lo que superó a este mes pero, del 2011 que alcanzó dos mil 131. Sin embargo, hay un delito que es la portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, que ahora no amerita prisión preventiva oficiosa, antes de junio del 2016 si. Esto ocasiona que al detener personas con armamento de alto poder, por ley, el juez ordena que sigan su proceso en libertad.

Sales atribuyó la alta incidencia de homicidios al sistema de justicia penal, por lo que también se sumó —sin apoyar directamente a Mancera, aunque sí argumentando en el mismo sentido—, a quienes dicen que es necesaria una reforma al sistema de justicia penal, dicen que no para desmantelarlo sino para “mejorarlo”. Esa mejora, sin duda, implicará necesariamente un retroceso, ubicado coloquialmente como lo que se entendería una contrarreforma.

¿Por qué una contrarreforma? Porque a diferencia del sistema inquisitivo, que establecía penas de prisión a partir de la existencia de un amplísimo catálogo de delitos considerados como graves, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio son muy pocos los delitos por los que se decreta la pena de prisión preventiva oficiosa —homicidio, secuestro, violación, y delincuencia organizada, entre algunos otros— al ser considerados como graves.

Sin embargo, frente a la comisión todos los demás delitos, tanto el ministerio público como el juez, en cada caso, deben valorar una serie de circunstancias para solicitar la aplicación de alguna medida cautelar, con los límites que establece la propia ley, como en el caso de lo que señala hoy Sales Heredia respecto al delito de portación de arma de fuego.

TENTACIÓN REGRESIVA

Algo más o menos similar ocurrió cuando en 2011 se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es considerada la más importante de los últimos tiempos. Esa modificación a la Constitución de la República estableció en el punto más alto de la escala jurídica a los derechos fundamentales de las personas, e incorporó a la legislación nacional todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México en los que estén contenidos derechos fundamentales, incluso independientemente si esos tratados tienen como fin normar derechos humanos, o si éstos se desprenden de alguna parte de su contenido, aún persiguiendo los tratados otros fines.

Esta cuestión alarmó a diversos sectores económicos y políticos que luego también pugnaron por una contrarreforma. En muchos de los casos, los detractores de dicha reforma señalaban que la incorporación al orden jurídico nacional de la legislación internacional en materia de derechos humanos, era algo así como abrir la caja de pandora porque se desconocían los alcances que pudieran llegar a tener la aplicación de dichas normas y las resoluciones basadas en esas nuevas disposiciones. En términos generales, sectores como el bancario le temían enormemente a que un mayor garantismo jurídico pusiera en riesgo el estado de cosas favorable a ellos que han defendido con todo denuedo durante décadas.

Afortunadamente, en aquellos momentos —los años 2012 y posteriores— los sectores que se pronunciaban contra la reforma no hallaron el suficiente eco entre los sectores políticos más influyentes del país, como para poder impulsar una contrarreforma en esa materia y hacerla transitable en el Congreso de la Unión. El problema hoy en día, sin embargo, radica en que parece existir cierto consenso entre los gobernadores a favor de una contrarreforma al sistema de justicia, y eso sí podría abrir la posibilidad real de que eso se concretara, máxime si se considera que también el gobierno federal parece estar viendo la situación en ese mismo sentido.

Pues resulta que, en el caso de los gobernadores, éstos generalmente tienen amplia capacidad de interlocución con los diputados federales y senadores por su estado, y una reforma al sistema de justicia penal no pasaría por la Constitución, sino básicamente por la modificación de varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales para “moderar” el garantismo actual de la ley. La Conago puede impulsar cualquier cantidad de iniciativas pero se seguirá enfrentando al hecho de que, jurídicamente, la Conago no existe. Sin embargo, lo que sí tienen es la suficiente fuerza a través de sus diputados y senadores, como para impulsar la contrarreforma, y como para tratar de convencer a la sociedad mexicana, de que la ley intenta ser bondadosa en un mundo sin moral, y que por eso es mejor envilecer la ley para adecuarse a los torcidos cánones sociales de la actualidad mexicana.

OTRAS CONTRARREFORMAS

¿Alguien recuerda un intento más? Ahí estuvo el de Gabino Cué, durante años, por lograr una contrarreforma en materia educativa para congraciarse con la Sección 22. De ese tamaño son los miedos y los complejos de algunos, frente a la modificación del panorama jurídico y social. Es importante no olvidar cada uno de los decimonónicos intentos contrarreformistas y reaccionarios que ha padecido nuestro país en los tiempos actuales.

+ Peimbert, fustigado por su empecinamiento de mantener latente el conflicto

La riña que se suscitó el pasado 19 de junio en uno de los actos conmemorativos al primer aniversario del desastre de Nochixtlán, entre personas afines al ombudsman local Arturo de Jesús Peimbert Calvo, e integrantes de otras organizaciones periféricas de la Sección 22 del SNTE, es una muestra clara de cómo la aparente lucha por la defensa de las víctimas de aquellos hechos, se encuentra plagada de intereses y posiciones políticas que no necesariamente tienen que ver con la justicia y la reparación a las víctimas, sino con el empecinamiento de mantener viva la crisis incluso a costa del dolor y la revictimización de quienes sí sufrieron algún quebranto en la refriega del año pasado.

En efecto, desde el fin de semana se realizaron tanto en la capital oaxaqueña como en Nochixtlán, diversas actividades conmemorativas al primer aniversario del enfrentamiento en aquella comunidad de la Mixteca oaxaqueña. Cada quien por su lado, tanto la Sección 22 del SNTE como algunas organizaciones afines al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, realizaron actividades encaminadas a rememorar los hechos de aquel fatídico 19 de junio de 2016, así como a denunciar otras violaciones a derechos humanos por parte del gobierno estatal y federal en los últimos años.

Por un lado, la Sección 22 realizó varias actividades culturales y de denuncia, y organizó también una marcha en la capital oaxaqueña además de una caravana rumbo a Nochixtlán. Peimbert, por su lado, invitó al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a encabezar varias actividades como si fueran activistas particulares, y no titulares de sendos organismos autónomos del Estado, encargados de proteger los derechos fundamentales de las personas. Como haya sido, Peimbert y González Pérez dejaron de lado cualquier posibilidad de establecer un criterio equilibrado de acuerdo a su investidura y funciones institucionales, y asumieron el rol de denunciantes como lo hacen integrantes de organizaciones civiles cuya única función se centra en denunciar los excesos de unos sin hacer la revisión de fondo del contexto en el que ocurrieron los hechos.

Así llegaron a Nochixtlán el 19 de junio. Por un lado, Peimbert y las organizaciones que lo respaldan, continuaron con su agenda de actividades; y por el otro, la Sección 22 y sus organizaciones periféricas desahogaron su propio programa de trabajo. La trifulca ocurrió cuando, por la tarde, coincidieron en la población las actividades de Peimbert con las de algunos grupos relacionados con el magisterio. Los ánimos no se moderaron porque en realidad existe un cuestionamiento de fondo relacionado con el empecinamiento de algunos grupos porque no se llegue a una solución de fondo en lo relativo a la reparación de las víctimas del enfrentamiento.

Pues resulta que concretamente, la Sección 22 no ha sido obstáculo para que el gobierno federal y estatal brinden las atenciones necesarias a las víctimas para continuar su proceso de la reparación —económica, médica, moral, psicológica, emocional, social, etcétera—, sino que ésta se ha centrado en exigir el castigo —que todavía no llega— para quienes ordenaron y ejecutaron las acciones que dieron como consecuencia ocho muertos y más de un centenar de heridos durante la refriega del 19 de junio.

En esa lógica, la Sección 22 ha reprochado duramente a otras organizaciones, afines a Peimbert Calvo y a los sectores radicales de la Iglesia Católica, que hayan tomado indebidamente el control de varios de los sectores organizados de la población de Nochixtlán que se supone que tienen como objeto pedir justicia, para llevarlos por el ominoso camino del enredo y la obstaculización sistemática a cualquier solución, en aras justamente de mantener vivo el conflicto, la exigencia y las banderas políticas que eso significan.

PEIMBERT Y SUS EXIGENCIAS SIN SENTIDO

A lo largo del presente año, los grupos de víctimas de Nochixtlán a los que ha comandado Arturo Peimbert, han hecho de todo para no llegar a la solución de sus demandas. A lo largo del presente año, por ejemplo, retuvieron varias veces a los funcionarios federales que venían a atender las mesas de trabajo con las víctimas, y de igual manera se dedicaron a maltratar al personal que venía también enviado por el gobierno federal para brindar atención médica a quienes sufrieron alguna afectación a su salud e integridad física.

Luego, cuando lograron construir el acuerdo para el establecimiento de un esquema reparatorio, Peimbert azuzó a sus afines para que exigieran medidas de reparación que eran incosteables, imposibles de cubrir o solventar, o absurdamente innecesarias para lo que ellos se supone que necesitaban. Cada una de esas exigencias, además, venían acompañadas del amague de desconocer a los funcionarios estatales y federales que participaban en las negociaciones si no se cumplía al pie de la letra lo que ellos estaban exigiendo.

Peimbert ha tenido, desde el día en que ocurrió el enfrentamiento de Nochixtlán, un solo objetivo: mantener vivo el señalamiento de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, a quien por extrañas razones —personales o políticas— hoy le guarda un sentimiento de aversión, cuando fue Cué quien hizo todo —incluso torcer la ley— para permitirle su arribo a la Defensoría.

Peimbert, además, tiene otras razones: denunciar sistemáticamente a Gabino Cué ha sido su manera de congraciarse con la administración actual. Éste ha buscado no sólo refrendar la amistad personal que dice tener con el mandatario estatal, sino legitimarse a través de la denuncia al propio grupo que lo cobijó y le permitió el acceso a la responsabilidad que hoy ostenta.

En el fondo —y más allá de sus esfuerzos y poses de aparente rebeldía y compromiso con la defensa de los derechos humanos— queda claro que si existe un paralelismo entre dos ex aliados traidores de Gabino Cué, esos son Arturo Peimbert y Benjamín Robles Montoya: ambos son hechuras de Cué; los dos son pequeños herederos de su gracia política; y los dos lo han repudiado públicamente como su único camino para tratar de mantenerse vigentes. Quién sabe si lo entiendan, pero ambos son reconocidos únicamente como traidores, y socialmente son tan mal vistos como los amigos, “facilitadores” y socios cleptómanos de Cué.

MANIPULACIÓN

Al final, esa es la razón por la que el lunes la conmemoración por los caídos y el desastre de Nochixtlán terminó en trifulca: porque Peimbert ha utilizado vilmente a las víctimas de aquellos hechos como sus arietes en contra del régimen de Cué —y como su base social para venderle al actual régimen la idea de que él tiene el control de Nochixtlán y por eso necesitan sostenerlo y alimentarlo políticamente—; y porque los grupos más radicales que orbitan alrededor de la Sección 22 no tienen ninguna razón para convalidar —con su silencio o con su apoyo— las intenciones manipuladoras de Peimbert porque no se resuelvan los problemas de fondo derivados de aquel enfrentamiento.

+ No lograron frenar a la S-22, pero ésta sí demostró su organización

Si México enfrenta un problema multidimensional de impunidad, el caso Nochixtlán bien podría ser un ejemplo de ello. Ha pasado un año desde el enfrentamiento entre maestros de la Sección 22 e integrantes de organizaciones sociales, en contra de elementos de las policías Estatal y Federal, en el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan por aquella población, y lo único que prevalece son interrogantes, manipulación e impunidad. Es cierto que ése bien puede ser, para el Estado, uno de los más graves ejemplos de uso desproporcionado de la fuerza en los últimos años; pero también debe verse que la impunidad que prevalece, tiene también como pivote la voluntad de las organizaciones sociales que tomaron el control del asunto, porque nada de esto se resuelva.

En efecto, el enfrentamiento del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, no puede hoy entenderse sin el contexto de la pugna que entonces ocurría entre la Sección 22 del SNTE, en su calidad de cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los gobiernos estatal y federal que entonces caminaban coordinadamente en los intentos de desmembramiento de la dirigencia magisterial oaxaqueña.

Desde inicios de 2016, el gobierno federal inició procedimientos judiciales en contra de varios dirigentes, y al llegar las manifestaciones del mes de mayo la situación era ya compleja para la Sección 22, que contaba ya a varios de los integrantes de su Comité Ejecutivo en prisión, y que vivía el enorme riesgo de que también fueran aprehendidos sus dos dirigentes principales. Eran momentos cruciales en los que, o el gobierno lograba su objetivo de desmembrar a la Sección 22, o ésta lograba imponerse para hacer revirar al gobierno en ese, que había sido su intento más agresivo de que se tuviera memoria.

Pues resulta que si hacemos un recuento cronológico de cómo se desenvolvió la crisis que derivó en los hechos del 19 de junio, tendríamos que partir del 15 de mayo, como fecha del inicio de las movilizaciones que llegaron a su clímax en Nochixtlán. En aquella ocasión, la Sección 22 del SNTE decretó un paro indefinido de labores que, estratégicamente, desde su inicio radicó siempre en un bien esquematizado calendario de pequeños actos de hostigamiento. Un día cerraron el Palacio de Gobierno; al día siguiente cerraban carreteras; un día después iban a bloquear centros comerciales; y otros, iban a plantarse afuera de las oficinas de las delegaciones del gobierno federal en la capital de Oaxaca. Así, nunca hicieron dos veces seguidas la misma movilización.

En aquel momento, las exigencias eran más bien abstractas: pedían diálogo con el gobierno federal para “revisar” la reforma educativa; pedían diálogo con el gobierno de Oaxaca para definir “la situación del IEEPO”. Eran cuestiones tan imprecisas, que en sí mismas atajaban cualquier posibilidad de interlocución y les permitían continuar con su calendario de actividades, esencialmente porque el gobierno no tenía puntos concretos en dónde fijar la Litis de la negociación con el magisterio, y entonces como no había exigencias concretas, tampoco había una materia exacta de lo que se iba, o se podía, negociar.  

¿A dónde querían llegar? Para responder esta pregunta, hay que considerar varias cuestiones: primera, que en junio —el día cinco— había jornada electoral; segundo, que lo que se renovaba era la gubernatura del Estado; tercero, que se cumplía el primer decenio —el 14 de junio— del desalojo que desató la crisis popular de 2006; cuarto, que desde un año antes había una renuncia total del Estado federal, y del gobierno oaxaqueño, a dialogar con ellos. Por todo eso, en esta ocasión la Sección 22 buscaría tener una presencia fuerte en sus ya conocidas protestas anuales.

Esos eran los puntos de su agenda. Y ya siendo razones suficientes para agotar su calendario de acciones de protesta, el gobierno les “regaló” la causa del encarcelamiento de sus dos líderes más visibles (Rubén Núñez, y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización de la Sección 22), cuestiones que ocurrieron entre el 12 y el 13 de junio pasado. A Villalobos lo detuvieron en Salina Cruz, y unas horas después aprehendieron a Núñez a bordo de un taxi, en la Ciudad de México.

UNA CRISIS ANUNCIADA

Esto los hizo virar de los pequeños actos de hostigamiento a las acciones multitudinarias. El gobierno federal quizá supuso que con sus dos líderes en prisión, había golpeado a la Coordinadora en su línea de flotación: craso error suponer que la CNTE —un movimiento de casi cuarenta años de existencia, siempre en resistencia al Estado— fuera tan ingenua como para entregarle realmente el liderazgo a esos dos dirigentes visibles. Por eso, con una capacidad sorprendente, la Sección 22 se reagrupó y en menos de 24 horas emprendió acciones de protesta, ya no en la capital oaxaqueña, sino en el escarpado interior del Estado.

Ahí quedó claro que el magisterio sí había aprendido de sus errores: sus anteriores protestas —todavía las del año pasado, cuando intentó boicotear las elecciones federales y fue disuadida rápidamente por elementos federales que arribaron previo a la jornada electoral para restablecer el orden— las centró en la capital y fue derrotada incluso sin violencia. Por eso ahora dispersaron sus acciones en al menos cuatro de las ocho regiones del Estado.

Con eficiencia y disciplina, instalaron bloqueos en la región del Istmo: en Zanatepec —en los límites con Chiapas—; Ciudad Ixtepec, Juchitán y Salina Cruz; en la mixteca, instalaron un bloqueo total en el cruce de la carretera federal y la súper carretera (ambas comunican a Oaxaca con la Ciudad de México); también instalaron bloqueos en la Costa y en la Sierra Sur de Oaxaca.

¿Qué buscaban? Primero, encapsular a la capital de Oaxaca frente al posible arribo terrestre de fuerzas federales, como ocurrió el año pasado; y segundo, presionar al gobierno federal a través del bloqueo a instalaciones estratégicas (la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, que se encuentra en Salina Cruz, es la más grande del país) para orillar al Estado o a la fuerza, o al diálogo.

El resultado fue funesto para todos: ocho muertos, casi 200 heridos, y un profundo encono derivado lo mismo de la manipulación magisterial que de la brutalidad policiaca, luego documentada ampliamente por quienes no quisieron quedarse con la versión oficial que decía que todos los elementos policiacos que participaron iban desarmados.

Frente a esto, no ha habido justicia porque en realidad la sola voluntad manifestada por el gobierno estatal y federal no fue suficiente para esclarecer los hechos y castigar todos los delitos cometidos en la refriega; pero también porque a lo largo de este año, las organizaciones y los grupos de defensa de derechos humanos que se involucraron, además del magisterio, han hecho todo para bloquear los temas más sustantivos como la reparación integral a las víctimas del enfrentamiento, o la realización de investigaciones integrales para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió aquel domingo funesto.

IMPUNIDAD

Por eso, lejos de abonar al deslinde efectivo de responsabilidades, la participación de instancias como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en actividades que tienen más propagandismo que intención de abonar a la verdad sobre Nochixtlán en el contexto del primer aniversario del enfrentamiento, sólo alimenta los enredos y el clima de enrarecimiento y división que ha impedido conocer exactamente qué fue lo que pasó en Nochixtlán, quiénes —desde el gobierno y desde las organizaciones— tuvieron alguna responsabilidad (y paguen por ello). Lejos de eso, Arturo Peimbert ha sido el mayor promotor del encono y la subsistencia del conflicto, y es —junto con el Estado— el principal responsable de que, un año después, no haya justicia para las víctimas.

+ Mercado negro de proveedores, ‘secreto’ que esconde diversas formas de corrupción

A raíz de la aprehensión del ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, y de las órdenes de captura que han sido libradas en contra de ex servidores públicos y de particulares por la comisión de delitos relacionados con la contratación y ejecución de obra pública por el gobierno estatal, sería sano que el Gobierno del Estado iniciara una revisión a fondo de su propio padrón de proveedores y contratistas y, sin autoengaños, comenzara a limpiarse de empresas fantasma. El caso de Salud es apenas un botón de muestra de algo mayor, que debe ser investigado.

En efecto, la semana pasada hubo información en el sentido de que seis particulares habían sido detenidos, en el marco de las investigaciones relacionadas con los delitos que presuntamente cometió Tenorio y otros ex funcionarios, en la contratación y (no) construcción de baños ecológicos en varios municipios de la entidad. Se supo luego que esas personas no eran parte de los servidores públicos perseguidos, sino los apoderados y representantes legales de las empresas constructoras que habrían participado en el fraude por el que se procesa judicialmente a las personas antes mencionadas.

Sólo que en estos días han aparecido voces que señalan algo que —a la luz de la corrupción que existe alrededor de muchas empresas que proveen bienes y servicios al Gobierno del Estado mediante subcontrataciones no controladas— parece lógico: que al menos uno de los seis particulares que fueron detenidos la semana pasada, en realidad es una persona que ni se dedica a la construcción, ni cuenta con los recursos para haber montado una constructora, ni tampoco tiene antecedentes de ser empresario. Más bien, según sus familiares, es el trabajador asalariado de una empresa privada, sobre quien aseguran que fue suplantada su identidad.

Esta posibilidad es latente, aunque no es la única. Según versiones de los familiares y abogados, a esta persona la habrían involucrado sin su consentimiento en la constitución de una empresa constructora, a partir del expediente personal al que terceros tuvieron acceso, por ser aquel empleado de alguno de ellos. Según la versión, lo habrían incluido en la sociedad gracias a sus documentos, y habrían falsificado sus firmas y presencia ante fedatario para manifestar su voluntad de ser parte de la nueva persona moral, con la que después supuestamente fueron a quebrantar al erario con la contratación de obra pública que no se ejecutó pero por la que sí cobraron.

Evidentemente, de continuar con ese argumento, los involucrados tendrían que demostrar ante la justicia la supuesta suplantación de sus respectivas identidades así como la falsificación de sus firmas, y otros elementos para establecer que en realidad ellos no tuvieron nunca la voluntad ni de ser parte de esas empresas, ni mucho menos de ser parte de los quebrantos por los que se les acusa. Con ello tendrían que poner incluso en entredicho los registros de instituciones federales como el Servicio de Administración Tributaria ante los cuales se registran los apoderados y administradores de las empresas, para poder ser quienes realizan trámites fiscales en nombre y representación de las mismas.

No obstante, ellos y el propio gobierno más bien tendrían que comenzar a reconocer consistentemente la existencia de todo un mercado negro perfectamente organizado en el que las empresas —básicamente, los documentos que prueban legalmente su existencia— son “rentadas” para que terceros hagan negocios con el gobierno. Esa es una práctica común, concomitante a otros negocios cuestionados como por ejemplo la venta de facturación simulada, que en gran medida explica en mucho este tipo de maquinaciones por las que varios enfrentan hoy a la justicia.

NEGOCIO OSCURO

Todos aquellos que simulan operaciones a través de empresas, necesariamente deben tener cómplices. El problema es que en ese tipo de negocios, hay cómplices que están conscientes de lo que están haciendo, y personas a las que sorprenden en su buena fe para involucrarnos en negocios ilícitos incluso sin que ellos, por ignorancia o candidez, lo sospechen. ¿De qué hablamos?

De que a un trabajador asalariado que apenas si gana un monto superior del salario mínimo, le debe parecer un negocio muy redituable ganar una cantidad importante de dinero por unas firmas y la realización de algunos trámites. Eso es lo que pasa con muchas personas a las que engañosamente involucran en la constitución de empresas de diversos giros, que luego son utilizadas con fines indebidos.

Si a esa persona que —por poner un ejemplo— gana mil pesos a la semana, y lo invitan a ese negocio ofreciéndole 10 o 20 mil pesos por ayudar con sus firmas y presencia a constituir una empresa sobre la que no tiene ningún control ni sabe cuáles son sus actividades, ingresos y comportamiento fiscal, evidentemente debe ser esa una oferta atractivísima y una posibilidad tentadora para hacerse de un monto que ganaría luego de meses de trabajo y que, obviamente, no lo vería junto como para poder comprar algo.

A través de esas prácticas existen miles de empresas constituidas, que luego son utilizadas para diversos negocios que no tienen que ver con sus giros comerciales o empresariales, sino que más bien son utilizadas para un lucro indebido. En el caso de los esquemas de facturación, a esas empresas se les van cargando créditos fiscales hasta niveles importantes y luego son tratadas de desaparecer mediante mecanismos como el concurso mercantil, la quiebra o la suspensión de operaciones. Para cuando eso ocurre, ya tienen a una nueva empresa a la cual pueden seguir cargándole los residuos fiscales de sus negocios de facturación.

En el caso de las constructoras hay otro negocio. Muchas de las personas que se dedican a la facturación, también constituyen esas empresas para rentar los documentos constitutivos. Ante el contratante —en este caso, el gobierno— presentan todos los documentos que son necesarios para la contratación de una obra. Éstos son facilitados a cambio del pago de un tercero que será “beneficiario” de una obra, o a cambio de que a través de sus mismos esquemas se realice todo el proceso de facturación, comprobación y manejo de los recursos provenientes de la obra.

Así es como se contratan muchas obras en el Gobierno del Estado, pero también así se proveen de muchísimos servicios en muchas dependencias estatales. ¿Saben eso los funcionarios involucrados? Obviamente, sí. ¿Hacen algo para evitarlo o combatirlo? Evidentemente, no, porque en muchos casos ellos mismos son beneficiarios de diezmos, moches o porcentajes justamente por evitar darse cuenta que aunque son legales, los documentos constitutivos y de comprobación de esas empresas no son en realidad de las personas a las que se les está asignando la compra del bien o servicio que requiere el gobierno.

DEJAR EL AUTOENGAÑO

Por eso, todo pasaría por dejar de hacerse tontos solos, todos, y comenzar a reconocer este problema que quizá ya sea endémico. Hay mucha gente que compite con sus empresas para ser proveedores del gobierno. Pero también hay vivales que contribuyen a situaciones como éstas aprovechándose de la buena fe de algunas personas, y de la forma en que el gobierno se ha hecho el desentendido frente a estas prácticas. No basta con ver a Tenorio en la cárcel. En realidad tendría que haber decisiones más de fondo para acabar con esta forma tan común de corrupción hoy en día.

+ Herramientas jurídicas: base para entender por qué sí se puede combatir

Si existe ya un consenso sobre la urgencia de impulsar un combate efectivo y certero a la corrupción en nuestro país, lo siguiente que tendría que existir son los caminos para conseguirlo. El Estado mexicano, en ese afán constante de responsabilizar a la ley por lo que no hacen sus funcionarios, ha optado por las modificaciones legales como base para un mejor combate a la corrupción. Sin embargo, al margen de los caminos preventivos, lo cierto es que las herramientas jurídicas para ello ya existen. Sólo falta aplicarlas en los términos que la propia ley dice, en contra de todo el que incurra en esas situaciones.

En efecto, por un lado habría que entender que la desenfrenada carrera de los cambios legales como mecanismo para aparentar el cumplimiento de la ley, no es exclusivo del sistema anticorrupción. Más bien, esa ha sido la vía permanente de la clase política cuando no encuentra un camino más adecuado para justificar su inacción frente a ciertos hechos. Por eso, la vía de modificar la ley frente a los cuestionamientos de la gente, se ha reflejado en el conjunto de cambios que pudiendo no existir en la Constitución, sí podrían haberse realizado de haber habido la suficiente voluntad para hacerlo. Ejemplos, a estas alturas, sobran.

Hay muchos, pero uno de ellos es el de las sucesivas reformas electorales, que han tenido como objeto aparente limpiar los procesos electorales de la corrupción, de la manipulación y de la injerencia del poder y el dinero público en la voluntad política de las personas expresadas en sus votos. ¿Qué ha ocurrido? Que en realidad, la competencia democrática entre partidos y candidatos sigue viviendo bajo un asedio enorme, y que la ciudadanía sigue siendo objeto de todas las bajezas conocidas y por conocer cuando se trata de manipular o la voluntad ciudadana, o el resultado de una elección.

Por eso vemos que a pesar de todo sigue habiendo dádivas, manipulación, compra y coacción de voto y utilización de dinero de procedencia pública o desconocida para tratar de influir en los procesos electorales. Pareciera, pues, que los cambios legales no sólo no han frenado la vorágine de dispendios y violaciones a la ley, sino que las han fomentado y acentuado a grado tal que hoy el propio Estado ya no sabe qué hacer para frenar a los partidos y candidatos en medio del enorme descrédito que tienen las instituciones, como árbitros de los procesos electorales, que no logran detener las violaciones a la ley.

En el caso del combate a la corrupción, la historia no es muy distinta, y más bien parece la repetición de muchas conductas y situaciones que se norman en la Constitución con la intención aparente de “lo ponemos en la ley máxima, para que ahora sí se cumpla”, cuando en realidad lo que tendría que haber es simplemente voluntad y capacidad para aplicar las normas y los procedimientos que ya existen.

Pues resulta que aún cuando el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción establece toda una nueva estructura institucional y legal para combatir la corrupción, la medida de fondo tendría que radicar básicamente en aplicar las leyes ya existentes cuando hubiere un caso concreto de un funcionario corrupto. Específicamente, las leyes penales ya norman muchas conductas que deberían ser comúnmente perseguidas y castigadas. La pregunta, en realidad, tendría que versar en por qué a tan pocas personas en el país se les aplican dichas sanciones por sus conductas.

LOS DELITOS

Sí existen las herramientas y aquí están. Por un lado, el Código Penal Federal señala, sobre el enriquecimiento ilícito, lo siguiente: “Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Artículo 224)”.

Por otro lado, dice que comete el delito de peculado (artículo 223) todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa (fracción I). El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona (Fracción II).

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades (Fracción III), y cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó (Fracción IV).

Y por si esto no fuera suficiente, hay más: el delito consistente en realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que según el artículo 400 del Código Penal Federal, se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

APLICAR LA LEY

¿Qué necesitamos? En el fondo, más allá de esperar a ver si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona, y si los encargados de implementarlo están verdaderamente comprometidos con la honestidad, lo que urge es que en México se hagan valer las leyes que ya son vigentes. Hemos visto que sí hay eficacia, cuando hay voluntad. Por ende, lo que se debe reproducir con todo vigor es la voluntad, muy por encima de la delirante carrera por los cambios legales que lamentablemente en muchos casos han servido para enmascarar la demagogia.