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El caso Marco Antonio y la necesidad de conocer más sobre la desaparición forzada de personas

La misteriosa detención, desaparición y localización del joven Marco Antonio Sánchez Flores, en la Ciudad de México, debe llevarnos a entender y hablar más en México sobre desaparición forzada de personas. Éste, que es uno de los delitos más abominables que pueden cometerse en contra de una persona y todos los que están a su alrededor, está considerado como de lesa humanidad. Aunque en situaciones distintas, este caso es igual de grave que la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por eso debemos tomar la dimensión del caso y, como ciudadanos, exigir que se investigue y se sancione hasta sus últimas consecuencias.

En efecto, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, es estudiante de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue detenido por policías capitalinos el pasado 23 de enero en la colonia El Rosario, supuestamente por tomar fotografías. Un testigo dijo que el menor fue subido a una patrulla afuera de la estación del Metrobús El Rosario.

Pasaron los días y el joven no regresó a casa, por lo que su familia acudió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), lugar en el que se abrió una carpeta de investigación para saber qué pasó. Luego de esta denuncia intervinieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron dar con el paradero del joven y acusaron a las autoridades de una posible desaparición forzada. Los usuarios en redes sociales crearon el hashtag #DóndeEstáMarcoAntonio para ayudar a la causa. Por su parte, la UNAM condenó la desaparición y exigió una investigación exhaustiva.

Ante la creciente protesta, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo para su búsqueda. Este domingo la SSP-CDMX informó que dos de los elementos de la policía capitalina que participaron en la detención de Marco Antonio, estaban bajo arresto. La dependencia confirmó que los policías detuvieron al estudiante pero, según declaraciones de los propios agentes, lo dejaron en libertad calles próximas a la detención luego de que un ciudadano lo solicitara.

A dos de los cuatro policías detenidos se les grabaron sus declaraciones sobre el suceso y esto fue lo que dijeron. Martín González Martínez comentó que tiene más de 20 años trabajando en la institución y que lo han reconocido por medio de premios. Agregó que teme perder su trabajo porque él también tiene un hijo y se pone en los zapatos de la familia de Marco Antonio. Y esa es la razón por la que, dijo, declaraba para que se sepa qué paso con el estudiante de la UNAM.

Marco Antonio Sánchez Flores fue hallado cinco días después, el 28 de enero por la noche, en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Detalló que las autoridades de la CDMX recibieron aviso del paradero de Marco, gracias a una llamada ciudadana tras la conferencia de prensa que dio pasadas las 20:00 horas. Mancera explicó que a la madre del joven se le mostró una fotografía para que pudiera identificarlo. Asimismo, el procurador de la CDMX, Edmundo Garrido, explicó que Marco Antonio presentó algunas escoriaciones en la cara y cuerpo, que según la certificación médica, son lesiones que tardarán 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida.  Sin embargo, no se pudo obtener su declaración, ya que tras la revisión médica se determinó que se le debe aplicar una prueba psicológica.

Ante esta cadena de hechos, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el del Estado de México intentaron atajar la posibilidad de una acusación sobre desaparición forzada de personas. Ello, a pesar de que, de existir un verdadero Estado de Derecho sólido y robusto, este asunto tendría que haber sido investigado desde el primer momento como desaparición forzada de personas. Igual que como debió ocurrir, también desde el primer momento, con el caso de los 43 de Ayotzinapa y muchos otros casos en los que sólo las circunstancias y la presión social han logrado que se reconozcan como tales.

DESAPARICIÓN FORZADA

Tal delito debió investigarse desde el inicio como desaparición forzada de personas, a partir de dos cuestiones: primera, la apariencia de que la posible comisión de un delito estaba relacionada con eso; y segunda, porque a la luz del principio pro persona (que señala que toda norma que protege un derecho fundamental, debe ser interpretada y aplicada en un sentido maximizador para garantizar su ámbito protector a favor de la persona sobre quien se aplica), la investigación debió ser así para considerar desde el inicio todos los factores posibles, y evitar que una investigación más limitada dejara fuera elementos que sí podrían ser luego necesarios para la configuración de un delito de esa naturaleza.

El problema es que en realidad conocemos muy poco los ciudadanos sobre esos temas, y por esa razón tenemos una capacidad limitada para exigirle a la autoridad. Fue muy eficaz, en este caso, la protesta que impulsaron diversas organizaciones para denunciar la posible desaparición forzada del menor Marco Antonio, ya que eso, la presión social, fue la que presionó a las autoridades para que apuraran la presentación del joven. Si el asunto no hubiera cobrado tal relevancia, las autoridades de los dos estados no habrían puesto celeridad en las pesquisas para la localización del joven, y esto habría quedado como uno más de los casos en los que una persona desaparece, sin que haya interés por dar con su paradero.

En esa lógica, un aspecto por demás relevante es el hecho de que desde el primer momento se denunció que quienes habrían “levantado” al joven eran elementos policiacos. Ello implicaría la participación de agentes del Estado en un evento como ese, similar a lo que ocurrió con la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque en contexto los asuntos son distintos, lo cierto es que en ambos casos se trata de personas que fueron privadas de su libertad a manos de agentes que tenían la calidad de servidores públicos, lo que agrava la situación y la hace trascender de un secuestro a una cuestión encaminada a la desaparición forzada de personas.

CASTIGO EJEMPLAR

Al final, en todas las formas y de todos los modos posibles, hay que rechazar y denunciar esas prácticas abominables. El delito de desaparición forzada de personas lesiona todos los bienes jurídicos y derechos de la persona sobre quien se ejerce, pero también los de su familia y de la humanidad. Por eso este no debe ser visto como un asunto menor, sino como una muestra palmaria de lo que ya no debe ocurrir. Y de ese mismo modo debe ser investigado, aclarado y sancionado.

En Oaxaca, los gremios y las organizaciones ven una realidad de egoísmo frente a los ciudadanos

Al parecer, en Oaxaca estamos arañando los límites del egoísmo y el desdén por la realidad que ven y padecen miles de personas. Esos linderos son diariamente confrontados y traspasados por organizaciones sociales y sindicatos que, sin miramientos y sin piedad ante la realidad, exigen y presionan como si sus necesidades fueran las únicas válidas en una realidad donde cada vez más son despojados para que ellos reciban algo. Es una práctica perniciosa pero común, frente a la cual los ciudadanos no sólo debemos ser sensibles sino proactivos.

En efecto, desde el inicio del año hemos visto un cúmulo de acciones que tienen un común denominador: organizaciones y sindicatos exigiendo vorazmente, a pesar de las señales de agotamiento —en todos los sentidos— de las instituciones a las que les exigen. Un ejemplo pueden ser los sindicatos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; otro, la Sección 22 del SNTE; uno más, los grupos, organizaciones y sindicatos que existen al interior de los servicios de salud en la entidad; y detrás de ellos, una cauda de grupos que a lo largo del año exigirán cuotas políticas, prebendas, recursos económicos y canonjías, a instituciones colapsadas por los excesos continuados.

¿De qué hablamos? De que, en el caso de algunos sindicatos, éstos actúan con un egoísmo infame frente a patrones que institucionalmente se encuentran en el límite de lo que pueden hacer. Un ejemplo perfecto es la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que vive momentos que no sólo son parte de sus ciclos anuales de exigencias y negociaciones salariales con sus sindicatos, sino que hoy se enmarcan en el colapso financiero de la Universidad, que se encuentra incluso en vías de declararse en insolvencia ante la incapacidad de mantener el régimen de privilegios que ha pervivido durante décadas, y por el que existe un riesgo fundado de quiebra.

Eso lo sabemos perfectamente, igual que como se conoce a los responsables históricos y actuales de esta enorme crisis financiera de la Máxima Casa de Estudios. En esa lógica, de lo que poco se habla es de la necesidad no sólo del rescate financiero y del replanteamiento de la relación entre la Universidad y sus trabajadores, sino también el castigo a los responsables inmediatos —y mediatos— de esa crisis. Si de por sí se habla poco de la necesidad de ese acto de justicia, resulta que lo menos importante en todo esto sigue siendo el enorme boquete académico que la crisis y la irresponsabilidad institucional que las sucesivas administraciones universitarias, le han heredado a Oaxaca.

En el fondo, los conflictos políticos, los excesos administrativos, el saqueo al que ha sido sometida la Universidad, y la voracidad permanente que ejercen sus sindicatos, organizaciones, grupos políticos y porriles, ha impactado en que la vida y el aprovechamiento de los universitarios oaxaqueños sea de los más rezagados del país, y que la UABJO sea una opción excluyente y aislada sólo para aquellos que no se encuentran en posibilidad de costear estudios universitarios en un centro educativo cuando menos ordenado, y ajeno a las prácticas indebidas e inestabilidad propias de nuestra lastimada Máxima Casa de Estudios.

Al final, pareciera que en la vorágine perniciosa de exigencias y chantajes de los sindicatos a la administración, nadie ve que la herencia que esto le deja a Oaxaca estará marcada en los universitarios, que gracias a eso tienen un presente académico lleno de carencias y posibilidades negadas, y que muchos de ellos —la gran mayoría— tendrán un futuro sombrío, a partir de que los recursos que debían ser destinados a una mejor educación superior, son invertidos en chantajes y exigencias de quienes, además, ya no están dispuestos a aportarle nada distinto o mejor a la formación de los universitarios.

MÁS EGOÍSMO

Algo similar ha ocurrido con la Sección 22 del SNTE, que marcó una ruta oprobiosa que han seguido muchos de los sindicatos en Oaxaca. El magisterio inauguró y marcó una ruta en la que el gobierno atendía todo tipo de peticiones y exigencias, cuando éstas se volvían amenazas; y en la que el gobierno accedía a privilegios incosteables siempre que éstos le reportaran una ganancia extraordinaria —política, económica, o ambas— al régimen en turno.

Por esa razón, hoy vemos que muchos sindicatos actúan como pequeños émulos del magisterio, y que cuando se revelan sus condiciones de trabajo, salarios y privilegios, se pone también en evidencia que durante mucho tiempo los propios servidores públicos fueron cómplices de quienes ahora aparecen como verdugos de las instituciones por sus exigencias insaciables y reiteradas.

¿A poco, por ejemplo, la enorme crisis que viven hoy los Servicios de Salud de Oaxaca fue sólo propiciada por un puñado de funcionarios corruptos, o solamente estimulada por dirigentes sindicales voraces e irresponsables? Lo que queda claro es que lo que ocurre hoy es resultado de la connivencia entre ambos sectores, y de la irresponsabilidad con la que fueron históricamente manejadas esas instituciones, mientras los fines para los que éstas fueron creadas mermaron hasta límites inadmisibles.

¿Con qué cara exigir privilegios, por ejemplo, cuando esos mismos privilegios dejaron a miles de oaxaqueños sin la atención médica que merecían; a niños enfermos de cáncer sin los tratamientos adecuados a los que sí tenían derecho; y a las clínicas y hospitales sin los insumos médicos más básicos para atender a la gente? El problema en realidad no es que a pesar de todo eso los sindicatos puedan exigir, sino que lo hacen de manera indiscriminada igual que como los sindicatos universitarios amagan con radicalidad a pesar de ser trabajadores privilegiados, frente a estudiantes vilmente precarizados.

RECHAZO CIUDADANO

Por eso mismo es que los oaxaqueños debemos ser empáticos para rechazar el egoísmo de quienes exigen vorazmente, sin considerar que por cada privilegio obtenido se le niega un derecho fundamental —educación, salud, bienestar, etcétera— a alguien que sí lo merece. La actitud de egoísmo e insensibilidad de quienes no parecen ver y considerar otra realidad más que la de sus conveniencias, le hace tanto daño a Oaxaca como quienes han tolerado la corrupción. Eso va más allá de las campañas y de los discursos fáciles que escucharemos durante estos días.

Urgente, un debate serio y alejado de la falsa moral con respecto a la legalización de la marihuana

Uno de los rasgos más complejos de la personalidad de los mexicanos, radica en la incapacidad que en general tenemos para abordar sin rodeos las discusiones, máxime cuando éstas implican dilemas morales a los que no queremos enfrentarlos. Un ejemplo de eso es la discusión relacionada con la posibilidad de la legalización de la marihuana, sobre la que quién sabe con qué ánimo, el Secretario de Turismo federal volvió a poner en el centro de la atención al fijar una postura que, luego supimos, era de índole personal —y lamentablemente no institucional— al respecto.

En efecto, durante el fin de semana el secretario Enrique de la Madrid hizo una propuesta por demás inusual en la clase política, aunque no así entre quienes entienden y estudian las implicaciones sociales, políticas, de seguridad y de criminalidad de la legalización de la marihuana. El titular de la Secretaría de Turismo propuso la legalización del consumo, venta y producción del enervante en regiones del país que tienen alta incidencia turística, como una forma de estabilizar algunas situaciones que hoy se encuentran fuera de control, y que ponen en riesgo a la ciudadanía.

De hecho, la propuesta y la reflexión de Enrique de la Madrid resulta por demás interesante y honesta, en este contexto nacional en donde, a pesar de la enorme crisis que vive el país en distintos aspectos, todos parecen estar acostumbrados y ceñidos a las poses de lo prudente y lo políticamente correcto para evadir esas reflexiones y discusiones de fondo honestas y realistas, que le vendrían muy bien a este país que, como lo hemos apuntado reiteradamente, padece un profundo ayuno de ideas y propuestas por parte de la clase política, incluso en los tiempos electorales en los que se supone que ese debería ser el principal insumo de las campañas.

En ese sentido, hay varios argumentos muy rescatables de la aparentemente espontánea propuesta del secretario De la Madrid. Los recuperamos del texto publicado ayer al respecto, por el escritor Héctor Aguilar Camín (http://bit.ly/2GwGnu4) en su columna de Milenio: “México es tan grande”, dijo De la Madrid, “que deberíamos pensar en ejercicios diferenciados. Así lo han hecho en Estados Unidos, donde, a pesar de que, a nivel federal, sigue prohibido el tema del consumo y la producción de mariguana, es un hecho que en diferentes estados, como en California, ya se legalizó para fines médicos y recreativos. Es absurdo que como país no demos ya ese paso”.

También dijo: “Me gustaría ver qué se puede hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos principales destinos de México, que no tienen que ser víctimas de la violencia de un trato inadecuado del problema de las drogas en México” (…) “Nos haría un enorme daño perder esos destinos turísticos por temas de combate al narcotráfico. El hacer legal, no solamente el consumo,  sino la producción y venta de la mariguana, que no de otras drogas, contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros”.

“Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana. Lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana. Es un absurdo. (…) Tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir un crimen que, científicamente hablando, la mariguana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco”.

DEBATE NECESARIO

¿Era tan grave que un Secretario de Estado se pronunciara en el sentido que lo hizo Enrique de la Madrid? Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sí lo fue, porque por eso mismo publicaron un comunicado estableciendo que lo dicho por el Titular de Turismo era a título personal y que no reflejaba la postura del gobierno federal sobre la situación actual de la marihuana.

Evidentemente, la segura preocupación del gobierno federal se enfocó en la distorsión que significa para su política de combate a la delincuencia organizada, el argumento de uno de sus integrantes sobre la legalización de uno de los productos por los que hoy el gobierno federal persigue de manera violenta a los capos criminales. También es cierto que respecto a la posibilidad de la legalización de la producción, venta y consumo de la marihuana, el gobierno federal se ha mantenido en una postura alejada de los compromisos y muy cercana a la prudencia y la evasión, porque esto lo volvería a confrontar con algunos de los sectores conservadores a los que les atribuye alguna de sus derrotas políticas.

En particular, recordemos que en 2015 el presidente Peña Nieto propuso al Congreso el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo; y que rápidamente su propuesta fue rechazada por algunos de los sectores más conservadores del país, a los cuales el propio Presidente les terminó achacando una campaña negativa contra los candidatos del PRI, y la derrota de muchos de ellos en los comicios federales intermedios de aquel año, a pesar de que en realidad no hubo datos sustantivos que asociaran con claridad los descalabros electorales, con un posible boicot de los sectores conservadores, aún cuando en medio se quedó el grueso de la ciudadanía mexicana a la que nunca le preguntaron si estaba de acuerdo o no en un tema tan sensible y progresista como el del reconocimiento constitucional a la diversidad sexual en México.

En el fondo, quizá el gobierno federal hoy asuma que una discusión de ese tipo, es innecesaria en los tiempos electorales que ya se sienten con particular vigor. Políticamente, sería ya imposible que el Congreso abordara una discusión de esa dimensión en los meses siguientes; y seguramente el gobierno federal está ya evitando que cualquier otra propuesta atrevida, lo siga involucrando en más problemas y cuestionamientos de los que ya enfrenta por sus males endémicos —la corrupción o la impunidad, entre otros—, y lo siga enredando y poniendo en más peligro de cara a la elección presidencial.

Lo cierto, en esa lógica, es que mientras ese tema siga sin discutirse la llamada guerra contra el crimen organizado continuará su curso, y se mantendrá en su sangrienta estela de muerte y terror entre la población de amplias zonas del país. Es cierto que muchísima de la violencia que se padece en México, la mayoría, es producto de la acción de los grupos criminales. Pero también lo es que mientras no se tomen medidas de fondo para arrancar el problema de la población, el eterno círculo vicioso que hoy es la guerra antidrogas continuará para siempre aquí, mientras que nuestro vecino del norte ya utiliza las drogas con fines lúdicos, recreativos y de consumo habitual.

DIFERENCIAS

La diferencia está, en realidad, en la capacidad para discutir un tema sin falsos dilemas morales. Al norte de la frontera hicieron lo primero; aquí, insistimos en evadir el problema y mantenernos en la caótica situación que vive el país.

Con la definición de candidatos, el PRI en Oaxaca está ante su mayor desafío electoral y de gobernabilidad

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† En memoria de mi padre, don Ismael Humberto Ortiz Romero


Conforme avance la presente semana, se irá conociendo la baraja electoral del priismo oaxaqueño rumbo a los comicios de julio próximo. Éste es el mayor desafío que haya enfrentado el tricolor en Oaxaca en todos los tiempos. No es exageración: el PRI gobierna la entidad en una segunda alternancia; pero al menos de entrada, la posibilidad de que el priismo gane la elección presidencial, es lejana. Al ser ésta una elección concurrente, en la misma jornada se definirán los rumbos local y nacional, el primero con las diputaciones locales y las alcaldías, y la segunda por los cargos federales en juego. Por eso mismo la apuesta, y el riesgo para el PRI oaxaqueño, son mayúsculos.

En efecto, en la jornada electoral del primer domingo de julio se definirá la elección presidencial, la de senadores y diputados federales, la de presidentes municipales y la de diputados locales. Es la elección más grande que se haya organizado en el país, y en Oaxaca será la jornada en la que al mismo tiempo se definirán más cargos de índole estatal y federal. Uno de los signos distintivos de esta elección será la ausencia previsible de voto diferenciado. Y siendo así, aquí ganarán todos los candidatos del partido cuyo candidato presidencial aventaje en las preferencias de los electores.

Para el PRI eso es un problema. Tradicionalmente, el priismo está acostumbrado a sumar y restar posibilidad a partir del llamado “voto duro”, que no es sino el conjunto de votos corporativos que se supone que tienen cautivos gracias a sus sectores, organizaciones y la compra, condicionamiento o coacción del voto a través de programas gubernamentales. El problema es que, al menos en Oaxaca, ese voto duro ha demostrado ser insuficiente para determinar el rumbo de una elección, y más bien ha quedado claro que es el trabajo, los candidatos o incluso las inercias electorales las que hacen que un candidato gane o pierda, pero sin que el voto duro resulte uno de los esquemas determinantes para ello.

En esa lógica, otro dato relevante es que en las últimas dos elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador —y sus candidatos— han obtenido resultados favorables de manera abrumadora en el conteo estatal. A pesar de haber perdido las dos elecciones presidenciales, López Obrador ha sido el gran ganador en la entidad, y su inercia ha hecho cómodamente diputados federales y senadores a personajes que en realidad trabajaron poco para llegar a sus curules y escaños, respectivamente, a partir de que muy pocos electores diferencian el voto marcado en las diferentes boletas, y la gran mayoría de ellos al decidir por qué candidato presidencial vota, en automático destina su voto a los demás abanderados de ese mismo partido, incluso independientemente de quiénes sean éstos.

Eso es por demás relevante. En los comicios de 2018 esa inercia podría hacer perder al régimen espacios valiosísimos de gobernabilidad tanto en las presidencias municipales como en el Congreso local, que son las dos anclas en las que todo Gobernador asegura su propia estabilidad. Por eso, un cálculo incorrecto de esas dos últimas variables podrían ser monumentalmente desastrosas para el futuro y la estabilidad del régimen.

LA ENCRUCIJADA

Ganar, evidentemente, es la premisa de toda competencia. Pero en lo electoral la perspectiva cambia: a veces se gana perdiendo, o se pierde ganando. No es un juego de palabras, sino una circunstancia permanente que obliga al gobernante y al político a establecer escenarios diversos. Oaxaca está en esa encrucijada.

En esa lógica, el gobernador Alejandro Murat deberá definir si gana perdiendo o pierde ganando. En el más idóneo de los escenarios, José Antonio Meade gana la presidencia y mantiene el impulso de gobiernos priistas y panistas. Pero en un hipotético triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno priista de Oaxaca sería una isla. Pensar en la sobrevivencia es inminente en estos dos escenarios que se dibujan más cercanos aún cuando Meade, el precandidato, va en tercer lugar de las preferencias electorales.

Ahora bien, para cuando se defina la presidencia de la República, al régimen actual le faltarán aún cuatro años aproximadamente para la conclusión del mandato constitucional, periodo que deberá prever desde ahora porque no ha sido para nadie sencillo cuando la federación cambia de partido. Ya lo vivieron con Fox y Calderón.

Por eso, en el mejor de los escenarios, el gobierno de Murat requerirá aliados: un Congreso local mayoritariamente priísta; presidencias municipales que también lo arropen. Y diputados federales que lo respalden en una eventual solicitud de recursos. El problema hoy, es que al menos el escenario actual, estadístico, sitúa a Morena por encima de cualquier oferta política.

De ahí que la operación en tierra tendría que enfocarse a ganar la mayoría en el Congreso local y las presidencias municipales o, como lo hemos apuntado en diversos momentos, establecer vasos comunicantes para que tanto en el PRI como en Morena haya candidatos capaces de dialogar y generar acuerdos con el régimen. Hablamos, pues, de un escenario micro que no descobije a un gobierno que tendrá que mover sus piezas a las candidaturas.

Es el dilema. Cómo lograr fortalecer el gobierno y cómo presentar buenos candidatos que ganen la confianza del electorado. En este primer año, algunos de quienes ahora aspiran a cargos de elección popular no han ido al mismo ritmo del Gobernador. Muchos de ellos tendrían serios problemas para demostrar su competitividad en tierra. En esta encrucijada, también deberán contener las diferencias internas en el PRI que ya se pueden notar en algunos casos, donde los conflictos son creados o se dejan pasar como en una especie de fuego amigo generado desde algunos espacios domésticos.

Algunos, incluso, parecen no terminar de asumir que estamos viviendo nuevos tiempos. La tardanza en las definiciones del PRI, la ausencia de precampañas locales y la pugna interna por posiciones, abre la posibilidad a los otros partidos políticos que sí han hecho presencia en algunas regiones, aún con las molestas movilizaciones de las que los ciudadanos están hartos.

DILEMA

Al final, las decisiones más trascendentes debieran transitar por acuerdos en los que los candidatos en la oposición sean lo menos radicales posibles para que pueda haber relación civilizada a partir del día siguiente de la elección. Se trata de fortalecer al gobierno con aliados. Ganar perdiendo. Ceder algunas posiciones para ganar estabilidad y concertación. De ese tamaño es la importancia de la operación que necesita ya no el PRI, sino Oaxaca, para asegurarse espacios que de verdad abonen a la gobernabilidad democrática.

La irritación social, tiene su base en la lejanía entre el discurso político y lo que necesita la gente

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Es muy particular, y muy preocupante, el altísimo nivel de irritación social que existe entre el electorado mexicano. Un pulso más o menos asequible, lo ofrecen las redes sociales, en las que se descarga un nivel de furia nunca antes visto entre la ciudadanía, que opina e interactúa no con los políticos, sino con quienes les manejan sus redes sociales. ¿Por qué la irritación social? Porque la gente está enojada. Y parece estarlo porque los políticos insisten en mantener la distancia entre lo que ellos quieren decir, y lo que la ciudadanía desea que le respondan.

En efecto, basta ver prácticamente cualquier comentario publicado por cualquier figura política en redes sociales. En el común, la respuesta inmediata —de los llamados bots, trolles, y de usuarios reales— es una descarga infinita de furia, señalamientos, recriminaciones, ataques e insultos, los cuales en alguna medida tienen su origen en las campañas de seguimiento y desprestigio generadas por sus adversarios políticos, pero en eso también existe una enorme carga de sentimientos genuinos de desaliento, decepción y enojo en contra de la clase política, cualquiera que sea su vertiente.

¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, para hacerse rentable, la clase política se ha valido del recurso bajo de la confrontación como medio para hacer presencia. Han utilizado ese mismo encono como vehículo para la transportación de todos los odios a partir de los cuales han creado sus plataformas políticas. Acaso, luego del proceso electoral del año 2000, en el que propios y extraños tuvieron —tuvimos— la convicción de que la alternancia de partidos en el poder derivaría en una auténtica transición a la democracia, la constante ha sido la decepción de todo lo que han hecho, dicho, prometido e incumplido los distintos integrantes de la clase política.

Esto bien puede explicar la situación actual. Aunque digan lo contrario, lo cierto es que, por un lado, existe una enorme proclividad de la clase política por ceñirse a lo que la gente quiere escuchar, pero justamente en el terreno del reproche, la confrontación, el encono y los insultos; en el otro extremo, existe la paradoja relacionada con el hecho de que existe toda una vertiente de argumentos respecto de los cuales la clase política cree abordar y agradar a la ciudadanía, pero sin abordar en realidad ninguno de los problemas sustantivos que le darían un rostro distinto a nuestro país, o que cuando menos resolverían algunos de los asuntos que generan ese encono.

De hecho, desde hace casi dos décadas uno de los constructores de ese encendido encono social ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido un discurso que en gran medida es antisistémico, pero que ha ido variando según el tiempo, la circunstancia y la conveniencia política.

En su propia vertiente, López Obrador ha sido un constructor del discurso de confronta a la clase gobernante, a partir de los propios errores y excesos que ésta ha cometido en los últimos lustros. Y el problema hoy no ha sido sólo ese, sino el hecho de que eso ha generado una inercia entre la ciudadanía que, al no tener otros puntos de referencia, hoy tiende a odiar de manera exponencial independientemente de si esa fue o no la intención inicial de quienes generaron esa tendencia que ha carecido de autocontroles o al menos de la prudencia por parte de quienes la impulsaron.

Esto no significa, sin embargo, que esa haya sido la única forma de incitar al encono o a la irritación social. De hecho, aunque esta parece ser la forma más visible, en realidad es la menos grave porque esa gravedad se centra en quienes, con hechos y con decisiones contrarias a las aspiraciones de la ciudadanía, ha contribuido a alimentar esa inconformidad social.

ENOJO SOCIAL

Hace veinte años una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía era la recurrencia de la crisis económica. A finales de la década de los noventas, la delincuencia organizada y la violencia criminal no eran parte central de los temas en la agenda de la ciudadanía. El entonces presidente Ernesto Zedillo dijo que por primera vez en décadas, en un final de sexenio, no habría crisis económica. Y no sólo lo cumplió, sino que además fue parte de quienes construyeron la alternancia pacífica de partidos en la presidencia de la República —algo que en otros países provocaba guerras, o cuando menos periodos prolongados de inestabilidad política.

Los problemas vinieron después, ya que en el aspecto democrático y de gobierno, Vicente Fox hizo muy poco para desmontar las estructuras que alimentaban el régimen de partido hegemónico; no se decidió a combatir la corrupción ni a establecer los parámetros de una nueva gobernabilidad basada en el Estado de Derecho. Únicamente generó los equilibrios indispensables para sobrellevar su gobierno, pero sin demostrar una verdadera intención por una transición democrática que partiera de un nuevo orden jurídico, político y social.

Lejos de eso, crecieron exponencialmente otros problemas, hoy centrados en dos aspectos: el avance imparable de la criminalidad; y el crecimiento, en esa misma medida, de la corrupción entre la clase política en los tres órdenes de gobierno. El gobierno de Felipe Calderón hizo muchas cosas pero evitó abordar esa, que era la problemática de fondo. A él no se le acusa directamente de haber participado en un acto de corrupción; pero es evidente que su indolencia frente al crecimiento de este fenómeno lo hace corresponsable de esa vorágine que consumió los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

En esa misma lógica, el gobierno de Enrique Peña Nieto coronó los esfuerzos para enconar a la ciudadanía. Fue un gobierno que, primero, se asumió dominante al establecer un pacto cupular de gobierno —el llamado Pacto por México, que ni de lejos habría podido ser equiparable a otros acuerdos de gobierno como el Pacto de la Moncloa, en España— con el que sacó adelante su proyecto reformista pero sin pasar por el combate a la criminalidad y a la corrupción. Luego vino la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y las revelaciones sobre su llamada casa blanca, y ello constató que el gobierno no tenía voluntad por hacer eco de los temas que a la ciudadanía le preocupaba.

Al final, Peña Nieto no ha tenido que hacer o decir algo en concreto, para seguir enojando a la ciudadanía. Ésta se sigue enojando cada día más por su inacción, por su impermeabilidad a la irritación social, y por su convicción por seguir adelante en sus objetivos sin considerar la irritación de la ciudadanía.

AYUNO DE IDEAS

¿Acusar al adversario equivale a proponer? Evidentemente, no. Pero es lo único que hace la clase política respecto a temas como la corrupción, la inseguridad, la violencia y los altos índices de ineficacia gubernamental, en todos sus niveles. Poco o nada es lo que se propone antes, durante y después de cada campaña electoral.

Visita Bolaños Cacho, juzgado y centro de justicia de Ixtlán

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El titular del Poder Judicial de Oaxaca reinicia sus recorridos por los juzgados instalados en la entidad

IXTLÁN DE JUÁREZ.- El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Magistrado Raúl Bolaños Cacho, visitó este jueves el Juzgado Mixto ubicado en este municipio, así como el Centro de Justicia que entrará en operación en fecha próxima.

Acompañado de las autoridades municipales, el también presidente del Consejo de la Judicatura recorrió, primero, el juzgado mixto, en donde entabló un diálogo directo con el personal encabezado por la jueza, Graciela Maldonado González.

Bolaños Cacho les aseguró que ha reiniciado sus visitas a los juzgados que se encuentran instalados en la entidad para constatar de manera directa las condiciones en las cuales labora el personal, así como el estado de los inmuebles.

Maldonado González le agradeció su visita y le indicó “que la falta de material de oficina comenzó a subsanarse a partir de su llegada al Poder Judicial”.

Al visitar el Centro de Justicia que se ubica al sur de esta población serrana y en compañía de la regidora de Cultura y Deporte, Verónica Gisela Ruiz, representante del presidente Román Manuel Aquino Matías, Bolaños Cacho reconoció el apoyo de ese ayuntamiento al dotar de servicios a este complejo que albergará también a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía, así como la Defensoría Pública.

“Este Centro de Justicia le dará un cambio positivo a Ixtlán que se ubica en la Sierra Juárez cuyos habitantes son apegados a la ley pues a través de los usos y costumbres contribuyen a la paz de la entidad”, señaló.

Acompañaron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en este recorrido, el director de Infraestructura Judicial, arquitecto Rafael Vergara Rodríguez, así como el visitador general, licenciado Roberto López Sánchez.

En todos lados, menos en México, escandaliza el nivel de degradación del salario mínimo

 

Para nadie es un secreto que el salario mínimo en México es uno de los más deprimidos del mundo, y que es urgente tomar acciones para que éste no sólo recupere su poder adquisitivo, sino que se eleve en términos reales. Aunque el gobierno mexicano ha dicho que tiene la voluntad de que esto ocurra, y ha intentado dar muestra de ello, lo cierto es que este sigue siendo un tema latente y un problema que en el exterior genera también preocupación. Y quizá, eso termine siendo uno de los temas determinantes en la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En efecto, en el marco de la última ronda de negociación de las posibles nuevas condiciones del Tratado, se dio a conocer que a la petición de sindicatos canadienses de incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del TLCAN, se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quienes pidieron al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.

De acuerdo con la información, aproximadamente 185 congresistas enviaron al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), especialmente en lo que se refiere a las políticas laborales mexicanas.

La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya un outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial, explicaron en la carta que enviaron al funcionario estadounidense. Para los congresistas demócratas y republicanos la política de mantener bajos salarios, evitar que las voces de los trabajadores se oigan y proteger a las inversiones es un imán para el crecimiento industrial mexicano. “Cualquier nuevo TLCAN debe tener una fuerte, clara y obligatorias provisiones que agenden condiciones laborales en México”, aseguraron.

Y es que, de hecho, la situación del salario mínimo en México es nada alentadora. Ante la mirada internacional que volteó a México por la implementación de las reformas estructurales, el salario mínimo mexicano también se reveló como el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de los menores en América Latina, en dólares corrientes o constantes. Su nivel es el 15% del PIB per cápita, frente al 30% en Chile o Brasil, y equivale al 19% de la media salarial nacional; porcentaje muy bajo para la región. Como afirma OIT en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados”, y según CEPAL “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.

SALARIO Y JUSTICIA SOCIAL

No hay ninguna seguridad de que la clase política entienda esto, pero el debate sobre el salario mínimo ha marcado al país. Como lo apuntan Juan Carlos Moreno-Brid y Stefanie Garry (http://www.nexos.com.mx/?p=24115), en primer lugar creó conciencia del agudo deterioro que ha tenido por décadas y que le coloca en un monto lejos de garantizar el nivel de vida digno que estipula nuestra Constitución Política como derecho de los y las mexicanas. Su deterioro ha frenado el alza real de los demás salarios y, con ello, contribuido a que hoy el salario del 43% de la población no alcance para comprar la canasta alimentaria básica y a que la participación de las remuneraciones laborales en el PIB de México sea de las menores en la OCDE y en América Latina.

En segundo lugar, en menos de ocho meses el debate conformó una masa crítica y presión política convencida de la necesidad de insertar al salario mínimo en una senda de recuperación acorde con el mandato constitucional, misma que se tradujo en la presentación de tres iniciativas —incluso por el Presidente— ante la Cámara de Diputados para desvincular legalmente al salario mínimo de toda función de unidad de referencia de transacciones ajenas al mercado laboral. Estas fueron dictaminadas positivamente por dicha Cámara y hoy son ley vigente en el país. En tercero, reveló que muchas de las objeciones a colocar el salario mínimo en una pauta de repunte considerable y sostenido tienen poco sustento en la concepción moderna del mercado laboral o en la evidencia histórica comparativa regional. En particular, el debate ha hecho evidente que afirmar que las mejoras en productividad laboral beneficiarán significativa y automáticamente a los receptores del salario mínimo es iluso o falso.

A fin de cuentas elevar el salario mínimo al nivel acorde con la Constitución es una cuestión de respeto a la ley ( The Rule of Law), de conducta ética con los trabajadores que menos ganan y de compromiso con la sociedad más igualitaria y la economía más dinámica que debemos y podemos construir en México. Quizás el mayor impacto del debate ha sido hacer patente la desigualdad en el país y su relevancia como un obstáculo al crecimiento económico. Cifras recientes de OCDE indican que la desigualdad ha restado 10 puntos de crecimiento del PIB de México entre 1990 y 2010.8 Al respecto, el modelo de desarrollo seguido por México en los últimos 30 años ha fracasado en insertar a la economía en una pauta de crecimiento elevado y sostenido de la actividad económica y del empleo. La discusión ha subrayado que este fracaso se ha acompañado de, y en parte se explica por, una dinámica de distribución de los beneficios de la productividad que incluye insuficientemente a los trabajadores, sobre todo a los receptores de salarios mínimos.

LOS RETOS

Reconstruir la dinámica de distribución del ingreso con una orientación más igualitaria hacia los trabajadores, y que fortalezca el mercado interno y lo potencie como motor del crecimiento económico va más allá de la indispensable renovación de la política de fijación de salarios mínimos que tan buena manera sería de dar expresión concreta al objetivo de democratizar la productividad de la actual administración. Requiere un acuerdo nacional en torno a una estrategia de desarrollo en la que, como sostiene CEPAL, la igualdad y el crecimiento económico sean reconocidos como objetivos complementarios e inseparables, en vez de antagónicos y secuenciales como han sido vistos tradicionalmente. Todo esto, en el contexto de la renegociación del TLCAN y la fijación de este como uno de los temas centrales, le dará una nueva dimensión al problema del grave rezago del salario mínimo en México que en todos lados, menos aquí, se reconoce y se dimensiona como algo prioritario.

Juzgar con perspectiva de género, prioritario para el Poder Judicial

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La doctora Francisca María Pou impartió el cuarto módulo Análisis de resoluciones relevantes en materia de género diplomado sobre Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género

Como parte de la campaña ‘Únete’ que promueve la no violencia contra las mujeres y la conmemoración del Día naranja el 25 de cada mes, impulsado desde 2008 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Poder Judicial de Oaxaca, que preside el magistrado Raúl Bolaños Cacho impulsa diferentes acciones para sensibilizar al personal y a la sociedad civil sobre la importancia de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia hacia este sector de la población.

En seguimiento al proyecto “Ciudadanizando la Justicia: un modelo de acompañamiento al Poder Judicial del Estado de Oaxaca”, ejecutado por EQUIS: Justicia para la Mujeres, A.C., los días 19 y 20 de enero, se impartió el cuarto módulo Análisis de resoluciones relevantes en materia de género, como parte del diplomado sobre Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género.

La Dirección de Derechos Humanos de la Judicatura, detalló que este módulo tuvo como objetivo analizar las resoluciones nacionales e internacionales, así como del derecho comparado relevante en materia de género. También resaltar la importancia de las resoluciones que contienen criterios sobre discriminación, violencia, debida diligencia, acceso efectivo a la justicia y reparación transformadora con perspectiva de género.

En este sentido, el módulo se desarrolló en dos sesiones impartidas por la doctora Francisca María Pou Giménez: en la primera, las y los juzgadores del Poder Judicial del Estado analizaron sentencias con perspectiva de género emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México; Caso Fernández Ortega y otras vs México; Caso Bueno Alves vs Argentina; Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, entre otras.

También, la sentencia de Konstantin Markin vs Rusia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la segunda sesión, analizaron las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son: ADR 554/2013; ADR 1754/2015; y ADR 992/2014. De igual forma, el caso Sisneros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Durante su ponencia, la especialista señaló que las personas juzgadoras juegan un papel de gran transcendencia y de importancia en la aplicación del derecho, ya que sus sentencias inciden en la política institucional en materia de derechos de las mujeres, y en el acceso efectivo a la justicia; por ello, invitó a las y los jueces del Poder Judicial del Estado aplicar la perspectiva de género en sus resoluciones o sentencias.

La doctora Francisca María Pou Giménez, es profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho, perteneciente a la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con antelación se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío, de la SCJN.