+ Herramientas jurídicas: base para entender por qué sí se puede combatir

Si existe ya un consenso sobre la urgencia de impulsar un combate efectivo y certero a la corrupción en nuestro país, lo siguiente que tendría que existir son los caminos para conseguirlo. El Estado mexicano, en ese afán constante de responsabilizar a la ley por lo que no hacen sus funcionarios, ha optado por las modificaciones legales como base para un mejor combate a la corrupción. Sin embargo, al margen de los caminos preventivos, lo cierto es que las herramientas jurídicas para ello ya existen. Sólo falta aplicarlas en los términos que la propia ley dice, en contra de todo el que incurra en esas situaciones.

En efecto, por un lado habría que entender que la desenfrenada carrera de los cambios legales como mecanismo para aparentar el cumplimiento de la ley, no es exclusivo del sistema anticorrupción. Más bien, esa ha sido la vía permanente de la clase política cuando no encuentra un camino más adecuado para justificar su inacción frente a ciertos hechos. Por eso, la vía de modificar la ley frente a los cuestionamientos de la gente, se ha reflejado en el conjunto de cambios que pudiendo no existir en la Constitución, sí podrían haberse realizado de haber habido la suficiente voluntad para hacerlo. Ejemplos, a estas alturas, sobran.

Hay muchos, pero uno de ellos es el de las sucesivas reformas electorales, que han tenido como objeto aparente limpiar los procesos electorales de la corrupción, de la manipulación y de la injerencia del poder y el dinero público en la voluntad política de las personas expresadas en sus votos. ¿Qué ha ocurrido? Que en realidad, la competencia democrática entre partidos y candidatos sigue viviendo bajo un asedio enorme, y que la ciudadanía sigue siendo objeto de todas las bajezas conocidas y por conocer cuando se trata de manipular o la voluntad ciudadana, o el resultado de una elección.

Por eso vemos que a pesar de todo sigue habiendo dádivas, manipulación, compra y coacción de voto y utilización de dinero de procedencia pública o desconocida para tratar de influir en los procesos electorales. Pareciera, pues, que los cambios legales no sólo no han frenado la vorágine de dispendios y violaciones a la ley, sino que las han fomentado y acentuado a grado tal que hoy el propio Estado ya no sabe qué hacer para frenar a los partidos y candidatos en medio del enorme descrédito que tienen las instituciones, como árbitros de los procesos electorales, que no logran detener las violaciones a la ley.

En el caso del combate a la corrupción, la historia no es muy distinta, y más bien parece la repetición de muchas conductas y situaciones que se norman en la Constitución con la intención aparente de “lo ponemos en la ley máxima, para que ahora sí se cumpla”, cuando en realidad lo que tendría que haber es simplemente voluntad y capacidad para aplicar las normas y los procedimientos que ya existen.

Pues resulta que aún cuando el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción establece toda una nueva estructura institucional y legal para combatir la corrupción, la medida de fondo tendría que radicar básicamente en aplicar las leyes ya existentes cuando hubiere un caso concreto de un funcionario corrupto. Específicamente, las leyes penales ya norman muchas conductas que deberían ser comúnmente perseguidas y castigadas. La pregunta, en realidad, tendría que versar en por qué a tan pocas personas en el país se les aplican dichas sanciones por sus conductas.

LOS DELITOS

Sí existen las herramientas y aquí están. Por un lado, el Código Penal Federal señala, sobre el enriquecimiento ilícito, lo siguiente: “Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Artículo 224)”.

Por otro lado, dice que comete el delito de peculado (artículo 223) todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa (fracción I). El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona (Fracción II).

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades (Fracción III), y cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó (Fracción IV).

Y por si esto no fuera suficiente, hay más: el delito consistente en realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que según el artículo 400 del Código Penal Federal, se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

APLICAR LA LEY

¿Qué necesitamos? En el fondo, más allá de esperar a ver si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona, y si los encargados de implementarlo están verdaderamente comprometidos con la honestidad, lo que urge es que en México se hagan valer las leyes que ya son vigentes. Hemos visto que sí hay eficacia, cuando hay voluntad. Por ende, lo que se debe reproducir con todo vigor es la voluntad, muy por encima de la delirante carrera por los cambios legales que lamentablemente en muchos casos han servido para enmascarar la demagogia.

+ Fue a prisión por voracidad y desaseo en función pública

 Si entendieron bien la información ofrecida por el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, el sábado en el marco de la aprehensión en Guadalajara del ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, varios de los funcionarios de la administración de Gabino Cué deben estar muy preocupados. Tenorio cayó en las manos de la justicia no sólo por los excesos cometidos durante su ejercicio como funcionario, sino por haber incurrido en ominosa forma de burlar la ley para obtener provecho. El hecho de que haya sido encarcelado por el delito de abuso de autoridad, no significa que no pueda haber nuevos procedimientos. Vale la pena analizarlo.

En efecto, es necesario releer algunas de las líneas dadas por el titular de la Contraloría, el sábado en la conferencia de prensa que ofreció junto con el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, en el marco de la detención de Tenorio en Guadalajara, esa misma mañana y su inmediato traslado a Oaxaca. Ahí, luego de explicar cómos e inició en general la ejecución de programas gubernamentales durante la administración pasada en diversas dependencias, Díaz Navarro dijo lo siguiente:

“Se revisó la totalidad de los programas y, en el caso de los Servicios de Salud del Estado, se detectaron expedientes sobre dotación de infraestructura sanitaria en las regiones más marginadas. Se advirtió que las obras no fueron realizadas y que dichas contrataciones se realizaron de manera irregular, tanto en su procedimiento administrativo, como en los límites del marco legal aplicable.

“Ante tal situación, se procedió a la ejecución de las fianzas que se constituyeron para garantizar su cumplimiento, advirtiendo en ese momento que se trataba de documentos falsos. Estas irregularidades, no hubieran ocurrido sin la participación –a través de conductas omisas- del ex funcionario, ahora detenido, que tenían la obligación legal de vigilarlas. (…) Las conductas descritas, constituyen por una parte maquinaciones encaminadas a defraudar al Estado, e involucran una serie de conductas por parte de servidores públicos que procuraron diversas acciones y con ello el desvío de recursos. El daño al Estado, no solo consiste en la pérdida económica, sino también el menoscabo en infraestructura que perjudica directamente a la sociedad y población en general.”

¿Por qué poner particular énfasis en esto? Porque lo que queda claro es que a Tenorio lo pudieron procesar —independientemente del asunto de los quebrantos financieros que propiamente deben estar determinados en las cuentas públicas, o que pueden incluso estar en vías de concretarse a través de la Auditoría Superior del Estado, y la federal— por haber incurrido en un asunto que fue, y ha sido, una práctica común entre los contratistas y el gobierno para poder ejecutar libremente obra pública y servicios aminorando costos para estirar las utilidades que luego sirven para los diezmos, las complicidades, los noches y, en general, la corrupción. Esto es, la falsificación de documentos, contratos y fianzas.

Según Díaz Navarro, dichos procedimientos —por abuso de autoridad— se iniciaron al haber establecido que había obras de infraestructura sanitaria existentes en documentos, pero que nunca se realizaron materialmente, y que al tratar de hacer valer las fianzas correspondientes, establecieron que éstas eran falsas.

De ser así, entonces no sería Tenorio el único procesado porque, evidentemente, tampoco sería el único involucrado en la realización de esa conducta, en la que debieron participar coordinadamente diversos funcionarios para poder brincarse el cumplimiento de diversos requisitos que la ley establece para la realización de obra pública, y luego para cobrar los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras que sólo existieron documentalmente y que alguien les debió validar para poder realizar los pagos.

LA OBRA Y EL BOTÍN

En general, para la contratación de una obra con el gobierno, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados de Oaxaca, exige en su artículo 37 que el contratista o constructor exhiba las siguientes garantías: I.- Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la cantidad total del monto concedido, para garantizar los anticipos; II.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar el cumplimiento del contrato; y III.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra.

Aunque éste es un requisito lógico y hasta un acto de responsabilidad, en Oaxaca ha sido una práctica muy reiterada que existan personas o agrupaciones que se dediquen a vender o “arrendar” los documentos necesarios para la contratación de una obra. Hay quienes “rentan” los documentos de constitución y fiscales de constructoras para que terceros contraten obra y la ejecuten; hay quienes venden pólizas de afianzadoras que en realidad son apócrifas pero que, al menos en apariencia, sirven para solventar ese requisito que deben cubrir ante las autoridades que los contratan por exigirlo así la ley de obra pública.

De hecho, cuando no existe “acuerdo” —complicidad— entre el constructor y el gobierno que lo contrata para la ejecución de una obra, corroborar la validez de una póliza emitida por una afianzadora es relativamente fácil. Pues ha sido tan reiterada la práctica de las pólizas apócrifas que todas las afianzadoras tienen líneas telefónicas directas para la verificación de las pólizas a través del número de folio y otras características. El problema, como en este caso, surge cuando sí hay acuerdo de complicidad entre la autoridad y el constructor, porque entonces uno integra el expediente técnico con documentos falsos, y el segundo lo valida, omitiendo deliberadamente corroborar la legalidad y vigencia de los documentos que recibe contra el pago del anticipo y las demás estimaciones sobre la ejecución de la obra.

Así, al ser esto lo que ocurre, queda claro que Germán Tenorio está en prisión por la realización de conductas ilícitas relacionadas con casos específicos de la contratación de obra pública relacionada con el área de la salud, de las que debió estar enterado y debió haber participado —como lo dijo el secretario Díaz Navarro el sábado—, independientemente de las investigaciones específicas sobre los quebrantos financieros de los Servicios de Salud de Oaxaca.

En todo esto, la pregunta que ahora deben estarse haciendo diversos ex funcionarios de diversas dependencias, y el temor que varios de ellos deben estar sintiendo, es por la posible reiteración y “normalización” de este tipo de prácticas, durante la administración de Gabino Cué para obtener algún tipo de provecho indebido.

LIMPIAR LA OBRA PÚBLICA

En el fondo, ninguna de estas son prácticas aisladas y, al contrario, son bien conocidas por todo aquel que se dedica a la obra pública en la entidad, y que conoce los entresijos y las complicidades que existen para evadir las obligaciones que impone la ley. Por eso, más bien el gobierno de Oaxaca hoy está explorando una nueva veta que le podría permitir poner ante la justicia a más ex funcionarios por este tipo de conductas, pero que también debería poner en capilla a particulares que a través de esas prácticas alientan los actos de corrupción. En este caso, es evidente que para que todo este haya ocurrido, eran necesarios tanto funcionarios como particulares que participaran de la corrupción, de los negocios, y ahora de las consecuencias.

+ Su pelea con los medios, la exhibición de sus escándalos y la revelación de Eva

Es ya antigua aquella frase de que el peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador, es él mismo. Quedó demostrado primero cuando en 2006 su soberbia lo llevó a menospreciar a sus adversarios durante el último tramo de la campaña presidencial, y terminó perdiendo por un margen apretado contra Felipe Calderón, que incluso cuando inició la campaña presidencial se encontraba en el tercer sitio de las preferencias electorales. Lo volvió a vivir seis años después cuando se evidenció en la denuncia anticipada de un fraude que nunca tuvo forma de comprobar; y parece estarse repitiendo la misma historia mientras emerge la podredumbre relacionada con el dinero que ejerce su partido, Morena, sus escándalos con la prensa, y las recientes revelaciones de su “recaudadora”, la diputada local de Veracruz, Eva Cadena.

En efecto, es ya parte de la historia reciente del país la forma en cómo Andrés Manuel construyó y afianzó su derrota en 2006. Quizá comenzó a destruirla desde el momento en que fue seducido por la soberbia del triunfo asegurado, que ya se veía concreto desde principios del año en comento. Ya ungido como candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel se dedicó a menospreciar a sus oponentes y a arengar a la gente en sus mítines y encuentros con la militancia, como si con eso lograra generar los espacios para mantener su ventaja. Lejos de eso, actitudes como la de insultar no a Vicente Fox, sino al Presidente; resistirse a participar en los debates televisivos entre candidatos; y destellar soberbia en cada paso que daba, lo llevaron a no incrementar su base de votantes, lo cual finalmente resultó insostenible frente al milimétrico trabajo que hicieron sus adversarios para desacreditarlo y para imprimirle velocidad a sus propias campañas.

De hecho, pareciera que la cúspide de su soberbia quedó consolidada cuando, el 17 de marzo de 2006, López Obrador dijo justamente en el Puerto de Salina Cruz lo siguiente: “Pemex dejará de ser el ‘charrito que lo aguanta todo’”. Ahí, Andrés Manuel, candidato presidencial de la coalición Por el bien de todos volvió a arremeter contra el presidente Vicente Fox a quien llamó “chachalaca”.

Allí, López Obrador pidió el apoyo del pueblo, “de los trabajadores petroleros y de los técnicos” de la paraestatal para “limpiar a Pemex y al gobierno de la corrupción”. Y una vez más, se lanzó contra Fox al señalar: “Ya le tuve que decir; así, despacito porque yo no hablo de corrido; le dije: Cállate Cha-cha-la-ca, dice que no se puede, cómo no se va a poder, todo va a depender de que acabemos con la corrupción en el gobierno”.

¿Por qué la cúspide de la soberbia? Porque en ese momento López Obrador demostró ya no estar dispuesto ni siquiera a respetar al Presidente. Luego vino la cascada de demostraciones de soberbia y seguridad de ganar la elección, para finalmente perder por un margen escaso pero suficiente a juicio de la autoridad electoral. Cuando eso ocurrió, Andrés Manuel impulsó una nueva estrategia consistente en tratar de llevar el conflicto post electoral a las calles y de ahí comenzar una larga resistencia que, según vemos, aún no termina.

TRASPIÉS ACTUALES

Andrés Manuel nunca ha tenido una relación cordial con la prensa, pero nunca antes había peleado con representantes de los medios, al aire y en cadena nacional. La semana pasada, el periodista José Cárdenas decidió concluir de manera abrupta una entrevista que realizó a Andrés Manuel López Obrador en Radio Fórmula.

El desencuentro ocurrió cuando, luego de hablar de la agresión de la que fue objeto en Veracruz y de la que responsabilizó al gobernador Miguel Ángel Yunes, el comunicador cuestionó al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el presunto vínculo que sostendría con la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo. López Obrador pidió a Cárdenas no caer en calumnias.

–¿A ti no te mancha la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo?, preguntó José Cárdenas.

-Ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto, o sea, hagan un periodismo independiente distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad y esto es de manera afectuosa y cariñosa, dijo Andrés Manuel.

-¡Te agradezco las clases de periodismo Andrés Manuel!, ¡Lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador, eso si no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú!, exclamó Cárdenas.

-Tómalo como quieras, sentenció, López Obrador.

¡Ah, no ya lo tomé Andrés Manuel! ¡y si quieres aquí terminamos la entrevista no hay nada más que hablar entre tu y yo!, dijo el conductor de Fórmula.

-Serénate, alcanzó a decir el dirigente de Morena.

-Yo creo que el público no merece que lo llenes de mentiras, ni de exageraciones, la que era la mafia del poder, ahora ya quedó santificada porque tú la bendijiste, yo narro pero tu te enojas y dices que soy un calumniador, ¡no se vale!”, indicó José Cárdenas.

Ante ello, López Obrador pidió al conductor seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. Tras una despedida en la que ambos se enviaron un afectuosos saludo, Cárdenas concluyó con la frase: “¡Qué te vaya muy bien y si no te va bien, también!”.

Luego, en otra entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Andrés Manuel también se refirió en términos de reproche a la información que ésta había dado sobre Miguel Ángel Yunes y la maestra Gordillo. Nuevamente, Andrés Manuel intentó generar un diálogo de ruptura que no fue seguido por la periodista, aunque a la distancia se notaba su molestia e incomodidad por la situación en la que se encontraba. Quizá, López Obrador esté intentando generar un ambiente antisistémico similar al del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero aún con todo eso, faltaba más: durante las últimas semanas se fueron revelando videos en los que la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, recibía fuertes sumas de dinero que, según, serían entregadas al mismo Andrés Manuel. Cuando ocurrieron las revelaciones, Cadena se vio obligada a callar, a asumir la responsabilidad por las revelaciones hechas, y a deslindar a Andrés Manuel. Quizá, como ella misma dice, porque la dejaron sola finalmente ayer decidió aclarar la versión y establecer algunas cuestiones que irremediablemente van a enlodar aún más a Morena y a López Obrador.

Cadena dijo que su ex partido, Morena, incurre en “financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz”. Hizo esa declaración, aunque no presentó pruebas al respecto. En conferencia de prensa, a cuatro días de las elecciones en cuatro estados del país, incluyendo Veracruz, Cadena señaló que Morena la abandonó, después de que aparecieran los videos, y que ese partido la ha usado para lavarse la cara.

“Mi partido, Morena, cuando más lo necesitaba me dejó sola; violaron mi presunción de inocencia, y violaron mis derechos políticos y humanos”, dijo Cadena. “Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas: el dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales”, agregó.

AMLO, EN EL LODO

A estas alturas ya nadie duda de la podredumbre que ronda la elección del Estado de México, que en este año es la reina de los procesos electorales. Sin embargo, de nuevo, ese cúmulo de señalamientos y de demostraciones de intolerancia y soberbia, parecen ser el inicio de la ruta de una nueva debacle para López Obrador orquestada, paradójicamente, en gran medida por él mismo.