+ Eliminar el criterio político para la designación de su Presidente

Si nada extraordinario ocurre, hoy asumirá Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución de Alfredo Lagunas Rivera. Este cambio ocurre en medio de una de las peores crisis orgánicas de la justicia en la entidad, y por eso mismo el cambio debe obedecer específicamente a la necesidad de encauzar una transición, de fondo y de largo plazo, en el sistema de justicia en Oaxaca.

En efecto, desde hace varias semanas se hablaba de la posibilidad de que Lagunas Rivera —electo como magistrado Presidente hasta 2019, según la última reforma constitucional en la materia— dejara la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para dar paso al nuevo régimen en el sistema de justicia. Parecía, de entrada, una negociación de claroscuros, ya que Lagunas es un fiel representante del grupo político que fue derrotado en las urnas el año pasado y, como tal, siempre actuó como representante de un sector político y no como alguien interesado en el sistema de justicia.

La parte aparentemente compleja de esa negociación, radicaba en que, en sí mismo, el diálogo relacionado con la necesidad de que abandonara la presidencia del Tribunal contradecía el principio constitucional de autonomía e independencia entre poderes, y también era una contraposición a la tendencia nacional de reforzar la capacidad de autodeterminación interna de los propios poderes. No obstante, en la ponderación de circunstancias contra principios, Lagunas salía derrotado por haber sido un titular del Poder Judicial incapaz y despreocupado por defender las prioridades y principios sustantivos más básicos, y por sólo dedicarse a cuidar y representar su parcela política.

De hecho, Lagunas Rivera no fue sino la continuación de la práctica ominosa que llevó a otros personajes, igualmente despreocupados por las tareas sustantivas del Poder Judicial y ajenos a la carrera judicial, a la titularidad del Poder Judicial del Estado. Su antecesor, Héctor Anuar Mafud Mafud, por ejemplo, en todo su paso por la administración pública, nunca se caracterizó por haber sido un abogado destacado, un jurista con aportaciones académicas, o un profesional del derecho respetado y considerado por la comunidad jurídica local o nacional, como para poder llegar con el favor político, pero también con los méritos suficientes, al cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Y de hecho, al igual que Mafud, Lagunas Rivera llegó a la magistratura gracias a una negociación política; y gracias a eso mismo ascendió hasta la Presidencia del Tribunal al margen de cuestionamientos tan básicos como si él habría querido en realidad ser magistrado; si estaba preparado para ello; y, sobre todo, si tenía la capacidad para tomar en sus manos la responsabilidad de la administración de la justicia en la entidad, y también la administración del Poder encargado de dar justicia a las personas.

En realidad, siempre se supo que él llegó a la magistratura gracias a un favor familiar ofrecido desde el Gobierno del Estado a cambio de una buena relación comercial y política con el periódico Noticias; que lo hizo sin haber acreditado carrera judicial o méritos profesionales; no fue un jurista destacado ni tampoco ha sido reconocido por sus criterios jurídicos, por su capacidad como juzgador o por sus aportaciones al sistema de justicia.

No lo demostró como magistrado y tampoco como Presidente del Tribunal, ya que ni siquiera tuvo la capacidad de defender la obligación constitucional relacionada con la implementación calendarizada del nuevo sistema de justicia penal, ni tampoco de evitar la precarización del trabajo de los juzgados y salas de segunda instancia, que en general hoy atraviesan por un periodo aciago. Por eso, al margen de sus intereses políticos, en realidad nadie extrañará a Lagunas como Presidente porque no acumuló ningún mérito destacable y tampoco fue un ejemplo de independencia o autonomía frente al poder que en su momento le permitió llegar a la titularidad del Poder Judicial.

TRIBUNAL HACIA EL FUTURO

Raúl Bolaños llegará a la presidencia del Tribunal, pero debe hacerlo para plantear el sistema de justicia hacia el futuro. Acaso, el primero planteamiento que tendría que asumir con responsabilidad, es el de sentar las bases para la profesionalización de fondo de los jueces y magistrados, para que en el mediano plazo la Presidencia del Tribunal quede fuera de los intereses y los apetitos políticos. La Presidencia del Tribunal Superior debe dejar de ser un cargo eminentemente político, para pasar a la lógica de que dicho cargo sea ocupado por un juzgador, que asuma la responsabilidad de representar políticamente al Poder Judicial del Estado ante los demás poderes.

Otro de los planteamientos de fondo debe radicar en la dignificación de fondo de la labor judicial. No hay correspondencia entre la carga de trabajo y el menguado nivel salarial de los jueces y secretarios judiciales. Un Poder Judicial confiable, debe otorgar las suficientes garantías económicas y laborales a sus trabajadores, para inhibir en la mayor medida posible que éstos incurran en actos de corrupción.

Otro punto por demás relevante, apunta a que el propio Pleno del Tribunal debe reorganizarse y depurarse, ya que hoy existen más magistrados que esferas de competencia del Tribunal, y es no sólo una sangría sino también una demostración de falta de seriedad y compromiso que el Pleno casi haya tenido que inventar materias y áreas de conocimiento para tener entretenidos su excesiva y costosa planta de magistrados. No es una tarea fácil, pero debe haber correspondencia y equidad tanto entre las percepciones económicas del personal judicial y los magistrados, como también en el número de servidores públicos asignados a cada jerarquía judicial para hacer un correcto reparto de las cargas de trabajo y las necesidades administrativas y jurisdiccionales.

Todos los que conocen el Poder Judicial saben que está lleno de gente valiosa que necesita ser reconocida. Por eso la necesidad de ir eliminando la incidencia de los criterios políticos para la asignación de funciones, responsabilidades y representaciones. Ahí tiene que brillar cada día más la especialización y el conocimiento jurídico, y menos el chambismo, el cuatismo, los favores políticos y la pertenencia a facciones partidistas.

En el fondo, ahí es donde están los mayores retos del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tendrá como primera tarea importante lograr que Oaxaca supere el rezago en la atropellada implementación del nuevo sistema de justicia penal, del que en otros tiempos fue pionero, pero ahora se encuentra en el cabús de las entidades que aún no logran establecerlo.

Ese rezago tiene como origen la indolencia de los dos últimos presidentes, y el poco interés de los dos anteriores gobernadores por el sistema de justicia. No obstante, el mayor reto de Bolaños radicará en sentar las bases e impulsar la transición del tribunal para las décadas siguientes. Ojalá tenga voluntad y respaldo para hacerlo.

EDIL, INERTE

Es increíble cómo un personaje con tanta experiencia política, tenga hoy tantos problemas en tan poco tiempo: José Antonio Hernández Fraguas, edil citadino, ha preferido el enfrentamiento a la posibilidad de hacer algo relevante en sus dos primeros meses como autoridad municipal de la capital. Nadie puede basar su gestión en quejas, acusaciones y retractaciones, todo a partir de intereses “fantasmales”. Todo eso, más que una circunstancia parece excusa. Y la capital oaxaqueña no merece eso.

+ Imposible, tener a la entidad abatida, sin al menos dar explicación

Existen varias explicaciones posibles respecto a la crisis financiera por la que pasa la entidad, producto del problema de liquidez por la que atraviesan las arcas estatales. Todo eso, constituye sin embargo sólo una parte del problema. La otra parte de la situación, y que tendrá repercusiones en el mediano plazo, radica en que hasta ahora la ciudadanía no ha recibido, y el gobierno tampoco ha ofrecido, una explicación clara y sucinta de las razones de esta crisis que tiene paralizada la economía estatal. Mientras no haya claridad ni capacidad de gestión, no sólo habrá consecuencias de corto plazo, sino también en las capacidades futuras del gobierno estatal.

En efecto, para mal de todos, Oaxaca es una de esas entidades federativas que dependen casi por completo del presupuesto que la federación le ministra a la entidad. Aunque parece ya un lugar común, es claro que toda la economía local depende en gran medida de la movilidad económica que se genera desde el gobierno, que es el mayor consumidor de bienes y servicios en todos los rubros de la economía, y es también la más importante —y casi única— fuente de empleos de la entidad, no relacionados con el llamado sector terciario que corresponde a la provisión de servicios como pudiera ser el turismo. Ello explica, en términos simples, por qué cuando se para la economía que se impulsa desde el consumo gubernamental, sufren todos los sectores que directa o indirectamente dependen de ello, que son prácticamente todos en la economía estatal.

En Oaxaca eso es lo que ocurre no sólo desde el inicio de la presente administración, sino que más bien la economía estatal lleva más de un semestre detenida a partir de la aparente falta de liquidez del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Por eso, desde los primeros meses del año pasado, el gobierno dejó de pagar buena parte de los bienes y servicios que consumía; dejó también de cubrir los adeudos que tenía con los sectores productivos de la entidad; y también dejó parado al sector de la construcción, que emplea a buena parte de los oaxaqueños que laboran en el sector privado.

Sin mayores reparos, desde el gobierno se paró la economía, y Cué fue primero evasivo respecto al origen del problema, y después cómodamente dijo que como los adeudos eran un problema institucional, la nueva administración respondería por los pagos ya que era dinero que ya estaba destinado a Oaxaca pero que físicamente —es decir, en el sistema financiero— no había ministrado.

Con esas explicaciones poco claras, Cué dejó el gobierno el último día de noviembre, y le cargó el problema a la administración entrante que, al menos para temas económicos, no ha sido eficaz en lo que se supone que sería su prioridad, no sólo en lo relacionado a la administración de los recursos públicos, sino también de generar movilidad económica y certidumbre para todos los que se quedaron varados por la inmovilidad financiera gubernamental.

A estas alturas, uno de los problemas más graves que existen respecto a esto, es no sólo que la economía estatal continúa detenida sino que además nadie tiene claridad para entender qué ocurre, y desde el gobierno nadie tiene disposición para ofrecer una explicación para este problema que indirectamente afecta a toda la economía.

INMOVILIDAD ¿SIN RAZONES?

En una nota publicada por TIEMPO el 16 de diciembre, se daba cuenta de cómo un centro de investigación tan reputado como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostenía que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la deuda pública de la entidad fue disfrazada a través de diversos mecanismos de planeación administrativa y financiera. “Se indicó [en el estudio del CEEY] que Oaxaca forma parte de cuando menos 10 estados que utilizaron a la firma transnacional Evercore para contratar un esquema financiero y jurídico para tener acceso a recursos sin contar con la autorización del Poder Legislativo. De acuerdo con la ASF, Oaxaca (…) se encuentra entre las tres entidades que tienen mayor diferencia entre la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda, y la que dieron a conocer en la Cuenta Pública de 2015”.

En un primer momento, explicaciones como ésta intentaron explicar el origen del enorme problema de inmovilidad financiera que enfrentó el gobierno desde el primer día de la actual administración. Sin justificarlo ni sentirse aliviados, muchos sectores productivos se sintieron al menos proveídos de una razón que explicara la inmovilidad que ocurría. No obstante, continúa pasando el tiempo y las voces desde el sector privado continúan denunciando los estragos que provoca la inmovilidad económica que surge de la incapacidad de la Secretaría de Finanzas de, por un lado, generar fluidez económica; y, por el otro, de explicar exactamente qué ha ocurrido, y qué están haciendo, para revertir esta situación.

El no hacerlo provocará problemas que quizá ahora no están del todo vislumbrados, y que parten de la deuda heredada, pero que se complementan con la incertidumbre actual. Por eso —y no es la primera vez que lo apuntamos aunque parece que este problema continúa en la misma fase inicial del mes de diciembre pasado—, el gobierno ahora debe establecer con toda claridad los parámetros concretos de cómo afrontará el problema de deudas que recibió de Gabino Cué.

De hecho, desde el 17 de diciembre abordamos el tema y señalamos que el solo hecho de considerar la posibilidad del “borrón y cuenta nueva” sobre los pasivos, no sólo demostrará la pequeñez de los funcionarios entrantes sino que además les cerrará las puertas en el mediano plazo.

¿Cómo afianzarán el cumplimiento de sus metas si de entrada quiebran a más de la mitad de sus proveedores, cuya supervivencia depende del reconocimiento —y pago— de los compromisos asumidos por el sector público? ¿Cómo generarán certidumbre en el mediano plazo frente al sector privado, si no comienzan demostrando que el Estado, no ellos, tiene capacidad de cumplir su palabra y sus compromisos? Esta es una cuestión no sólo de dinero, sino de construir certidumbre. Ahí está la parte fina de este enorme problema.

Hoy, a más de tres meses de haber asumido, pareciera que el nuevo grupo de funcionarios encargados específicamente de este tema, no ha tenido la sensibilidad suficiente para entender la magnitud del problema, y la necesidad tanto de generar movilidad en la economía, como de mantener el prestigio financiero del gobierno, que irremediablemente terminará necesitando de la iniciativa privada —a la que ahora tiene ahogada— tanto como ésta necesita del ejercicio de los recursos públicos para continuar subsistiendo.

No se trata sólo del buró de crédito, sino en general de la credibilidad y certidumbre que genere la palabra y el compromiso gubernamental frente a todas las personas físicas y morales con las que tiene relaciones económicas. Eso tendrían que entenderlo para evitar, además, que la persistencia de los espacios de silencio abran la oportunidad a la especulación y al desprestigio que ya de por sí corroe el sector público en general.

¿ES LA FEDERACIÓN?

En el fondo, además, parece que o algo esconden todos, o le tienen pavor a la federación. ¿Por qué nadie dice con entereza que el problema radica en los atrasos en la ministración de los recursos federales? Porque ese sería uno de los pocos problemas no atribuibles al gobierno local. ¿Entonces?

+ En 2006, la incapacidad de generar consensos internos derrotó a Madrazo  

El pasado 4 de marzo el PRI cumplió 88 años de existencia y, en apariencia, la conmemoración del aniversario marcó el inicio de la carrera por la candidatura presidencial dentro de ese partido. Las lecturas sobre la recomposición política de ese partido, son variadas. Sin embargo, si algo ha quedado claro en los últimos tres procesos electorales es que el peso específico y las posibilidades más amplias de triunfo de los candidatos presidenciales, no está en las encuestas o en la aceptación espontánea de los ciudadanos, sino en los gobernadores. ¿Está de verdad preparado el presidente Enrique Peña Nieto para pactar con los gobernadores la posibilidad de la permanencia del PRI en el poder?

En efecto, hoy el PRI enfrenta el escenario quizá más complicado de todos los tiempos respecto a una elección presidencial. Ahora, como nunca, propios y extraños tienen la certeza de que el partido del Presidente no cuenta con la fuerza suficiente para retener el poder.

Y de ahí parten todas las perspectivas: parece haber una especie de consenso general a favor de que Andrés Manuel López Obrador es quien abreva la gran mayoría de las simpatías ciudadanas; también, que el Partido Acción Nacional puede construir una opción política interesante con la persona de Margarita Zavala; y también, parece haber una idea cada día más sólida de que el PRD está en vías de extinción. En ese manojo de certidumbres, está también sembrada la idea de que el PRI no tiene con quién ganar, en gran medida por los pasivos electorales que representa el propio Presidente, que ya no es un aliciente sino un lastre para su partido. Esas son las perspectivas de cualquier ciudadano con mediana capacidad de análisis.

Sin embargo, junto a esa perspectiva común, se encuentran los demás factores que también juegan en una elección presidencial: el respaldo del empresariado, las alianzas con los poderes fácticos e incluso el apoyo relevante que se ofrece, o se niega, desde las entidades federativas. En esa perspectiva, en la era de los gobiernos priistas hasta antes del año 2000 eran tradicionales los arreglos entre los candidatos presidenciales y los grupos de poder económico y los poderes fácticos. En ciertos momentos, tanto las estructuras obreras como las cámaras empresariales se sumaban al candidato oficial; y luego, juntos iban a pactar con uno de los mayores poderes fácticos del país, que en otros tiempos fue la industria de la radio y la televisión.

En aquellos años, la alianza con los gobernadores era sólo relativa y aparente: hasta principios de la década de los noventas, todos tenían la certeza de que independientemente del resultado, de todos modos el Presidente seguiría siendo de cuño priista. Por eso, con subordinación todos debían entrar al aro del sostenimiento del estado de cosas: tenían que apoyar inopinadamente al candidato oficial, para que éste convertido en Presidente, los respaldara en sus respectivos gobiernos, intereses y cacicazgos —personales o de grupo— estatales. Básicamente, nadie se atrevía a cuestionar el poder presidencial porque no había certeza alguna de que un enfrentamiento con el Presidente tendría buen puerto para quien lo intentara. Por eso, para el Presidente en la vieja era priista, el apoyo de los gobernadores era uno de los elementos que, sin negociar, ya daba por sumado.

Todo eso cambió cuando en el año 2000 el propio Presidente permitió el avance de la oposición, en buena medida a partir de las advertencias a los gobernadores de que no influyeran en el proceso electoral, y la permisividad para que incluso algunos de ellos pactaran con el candidato opositor. Ya para entonces, además, había varias gubernaturas en manos de la oposición. Por eso tuvo tanto eco el llamado al voto útil como una forma de desmantelar y deslegitimar la estructura de apoyo incondicional —y condicionada— que fueron siempre los gobernadores al candidato presidencial priista.

LECCIONES DE LA HISTORIA

Cuando el gobierno de Vicente Fox se enfiló hacia su último tercio, no parecía posible que el PAN retuviera la Presidencia en 2006. En uno de los frentes, Andrés Manuel López Obrador ganaba popularidad aceleradamente como jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y en el otro frente, estaba Roberto Madrazo Pintado, parecía respaldado por la mayoría de los gobernadores que habían emanado del PRI.

Esto último era, en realidad, un espejismo, ya que pronto quedó claro que la mayoría de ellos no sólo no tenía coincidencias con Madrazo Pintado —y que, de hecho, eran opositores silenciosos—, sino que además no tenían ninguna intención de volver a tener un gran cacique nacional, en la figura del Presidente como jefe máximo del priismo, como en el pasado.

Por si eso no fuera suficiente, Roberto Madrazo se dedicó de tiempo completo, desde casi dos años antes de la elección presidencial, a construir su candidatura presidencial desde la Presidencia del partido, lo cual rompió todas las reglas internas de equidad y generó agravios con los Gobernadores, que finalmente fueron cobrados en la construcción de nuevas alianzas relacionadas con el llamado “voto útil”, aunque ahora a favor del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. E incluso, en el año 2012, los priistas tuvieron consensos a favor de Enrique Peña Nieto porque éste supo dar juego a todo un grupo de gobernadores que vieron en la potencial figura presidencial, una forma de asegurar sus espacios de privilegio que hoy están rotos circunstancialmente por la intolerancia social cada vez mayor social frente a la corrupción.

En esta lógica, una de las preguntas de la mayor relevancia en estos momentos radica en qué alianzas, y qué alicientes le dará el Presidente a los Gobernadores, para que éstos accedan a respaldar el proyecto político del priismo. Puede ocurrir que el Presidente quiera amagar a los Gobernadores con la imposición de su candidato; puede ser que intente llevar a la candidatura presidencial a una figura unificadora que abra el entendimiento con los mandatarios que hoy pudieran sentirse en riesgo por la necesidad de perseguir la corrupción. Incluso, puede ocurrir que finalmente los gobernadores, como representantes sustitutos de los poderes fácticos, se unan para impulsar ellos a un candidato y al que insten al Presidente para que lo apoye.

Lo único que no puede ocurrir, en esta lógica, es que hoy en día salga un candidato presidencial de entre los gobernadores. Para mal de todos, esa es una figura que prácticamente no se ha modificado desde los tiempos del viejo régimen de partido hegemónico, y por eso hoy los espacios de las gubernaturas están sometidos a fuertes presiones y desgastes relacionados con el ejercicio mismo del poder y los recursos públicos.

DESTINO ANTICIPADO

Por esa razón, uno de los temas que cobrará relevancia conforme avance la contienda interna por la candidatura presidencial en el PRI, será el de la relación que el Presidente pueda entablar con los gobernadores, y los alicientes que tengan uno y otros para mantener el poder. Queda claro que al Presidente no le alcanza su capital político para distanciarse de los gobernadores, y que éstos no tienen la legitimidad suficiente como para impulsar a alguno de ellos a la Presidencia. Entonces, en la búsqueda de su justo medio —con un candidato que seguramente no será un peñista puro, pero tampoco la consecuencia de un chantaje de los gobernadores—, es como en buena medida los priistas resolverán anticipadamente su destino para la elección presidencial del año próximo.

+ Medición de fuerzas: apuestan a que el Ejecutivo se distraiga

En la ecuación del compromiso contra los intereses, se explica por qué el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), denunció que en lugar de cumplir con la orden del Ejecutivo —de dedicarse de lleno a la organización de los comicios en las comunidades en conflicto, dentro de los siguientes 30 días de su designación—, la mayoría de los administradores municipales está más preocupado por priorizar obras y ejercer los recursos municipales. Las administraciones municipales son un rentable negocio que debiera ser erradicado desde la ley. Y mientras eso no se haga, de todos modos persistirá el conflicto y el empeño porque más comunidades permanezcan en el conflicto, a pesar de las órdenes expresas que se giren desde el más alto nivel.

En efecto, según información dada a conocer por TIEMPO el pasado 4 de marzo, el IEEPCO detectó que la mayoría de los 26 administradores municipales recientemente designados por el Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, han desatendido las órdenes del Gobernador en el sentido de que dentro de los siguientes treinta días de su nombramiento debían generar las condiciones para la celebración de los comicios municipales, y que en lugar de ello están más dedicados a temas como la priorización de obras y la ejecución de recursos municipales.

En voz del consejero Presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, el órgano electoral dijo que aún cuando ellos trabajan en la organización de las jornadas electorales bajo el régimen de sistemas normativos internos, los administradores municipales han estado más dedicados a temas relacionados con la obra pública, desdeñando la posibilidad de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para la celebración de las asambleas comunitarias, aún cuando el Instituto Electoral ha cumplido con la entrega de la documentación necesaria para que los administradores cumplan con su parte de la tarea para la organización de los comicios.

Recordó que todo esto contraviene la orden del gobernador Alejandro Murat, quien instruyó expresamente a los administradores para que no tuvieran más prioridad que la celebración de los comicios dentro de los siguientes treinta días a la fecha de su nombramiento; y dijo, además, que la urgencia de la celebración de los comicios en esas comunidades surgió, en la mayoría de los municipios, de un mandato de los tribunales electorales del orden estatal y federal, quienes ordenaron la reposición de las asambleas y jornadas electorales debido a las inconsistencias presentadas en las jornadas ordinarias.

Ante esto, habría que preguntarse por qué razón la Secretaría General de Gobierno no ha cumplido con la responsabilidad de vigilar no sólo el trabajo de los administradores, sino también el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo del Estado. Más bien, pareciera que tanto los administradores, como la propia Secretaría General de Gobierno, están tratando de ver hasta dónde pueden llevar este tema, y hasta qué punto los asuntos coyunturales van a ser prioritarios para el Ejecutivo en detrimento de temas como el de los administradores municipales que, además, revisten tantos intereses políticos y económicos.

De hecho, esa es la única explicación coherente que puede hallarse, para la forma en la que tanto la Secretaría General de Gobierno, como los Administradores Municipales, están lanzando este abierto desafío a las órdenes del Gobernador del Estado. Los administradores parecen muy preocupados en generar concertación entre los habitantes de las comunidades en conflicto, a través de la generación de obras; y la General de Gobierno parece estar únicamente distraída —quizá, deliberadamente distraída— en otros menesteres y no vigilando la parte de la responsabilidad que les corresponde en el cumplimiento de las órdenes del Gobernador del Estado para que los comicios se realicen dentro del menor tiempo posible en las comunidades en conflicto.

En el fondo, aunque parece una afrenta inaceptable, todo esto ocurre porque nadie se ha atrevido a tocar en la ley todo lo relacionado al régimen jurídico, administrativo y financiero de los administradores municipales. Por eso, en la ecuación de los intereses contra el cumplimiento del mandato del Ejecutivo, todos parecen empeñados en que prevalezca la avidez económica. Y mientras no modifiquen la ley, esto tenderá a convertirse en un ciclo perverso que funcionará siempre aceitado por la corrupción y los ríos de dinero que corren en las administraciones municipales.

PROTECCIÓN, DESDE LA LEY

En realidad, la Constitución del Estado es por demás vaga en la regulación de los administradores municipales. Sólo establece las facultades del Ejecutivo para el nombramiento de los mismos, y refiere algunas responsabilidades generales del Congreso para la vigilancia de los mismos.

Fuera de eso, son también laxas las disposiciones relativas tanto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la de Fiscalización Superior del Estado, y en la Ley Orgánica Municipal, respecto a los administradores. Toda esa vaguedad, en el fondo, está encaminada a evadir los candados que incluso tienen los Consejos Municipales, y los Ayuntamientos constitucionalmente electos, para el ejercicio de los recursos públicos y la toma de decisiones trascendentes por parte de la autoridad municipal.

Por esa misma razón, los administradores municipales prácticamente son autoridades dictatoriales, ya que al margen de cualquier exageración, se entiende que un dictador es el que gobierna sin facultades expresas contenidas en una ley. Básicamente, los administradores tienen un régimen general, que la propia ley los equipara a un Presidente Municipal, pero con la salvedad de que no tiene Cabildo, tampoco tiene una autoridad intermedia que los regule con efectividad, y sí tienen el beneplácito de las instancias del Poder Ejecutivo —básicamente de las Secretarías de Finanzas, y de la General de Gobierno— que los reconoce como autoridad equiparada a las constitucionalmente electas, y les permite el acceso a los recursos públicos, se supone que para la inversión en obra y para el funcionamiento propio de la autoridad municipal.

No obstante, en la mayoría de los casos los administradores realizan algunas obras que justifiquen la utilización de la totalidad de los fondos destinados a la inversión en obra e infraestructura municipal; se inventan una estructura administrativa para justificar el pago de salarios; y de las obras que realizan, éstas las otorgan discrecionalmente a empresas con las que pueden generar compromisos mutuos a partir de la inexistencia de un cabildo o comités de obra que al menos justifiquen y avalen la existencia de licitaciones o invitaciones restringidas para la asignación de las inversiones.

MODIFIQUEN LA LEY

En esa perspectiva, el negocio de los administradores será redituable, y habrá siempre una competencia contra el Ejecutivo —del que se supone que son subordinados—, mientras no se establezca en la ley que los administradores no pueden ejercer recursos ni acceder a los fondos municipales, y que su única función consiste en el avenimiento de las condiciones para la celebración de los comicios. Al menos en el futuro cercano, no se ve forma alguna de frenar la avidez económica y de los intereses de los administradores, y de sus padrinos, sino hasta cuando el Ejecutivo se decida a cortar estos vicios de fondo y presente —y cabildee políticamente en el Congreso— una iniciativa para hacer definitivo el fin de estos negocios. Mientras eso no ocurra, esta será una historia cíclica de intereses y desafíos.

+ Turismo y Economía, desaparecidos del radar de la promoción social de la entidad

Hay botones de muestra que, aunque parecen pequeños, revelan lo mucho que se está dejando de hacer en tareas prioritarias. Ejemplo de ello es el reciente anuncio de los organizadores de La Carrera Panamericana, de excluir por segundo año consecutivo —y ahora sin razón aparente— a Oaxaca de su edición conmemorativa por el 30 aniversario del rally en su etapa actual. Aunque toda la responsabilidad se le pudiera cargar a las circunstancias, en realidad lo que parece es que alguien desde el gobierno no está haciendo su trabajo.

En efecto, a través de sus cuentas en redes sociales, el martes la empresa organizadora de La Carrera Panamericana anunció que ésta se correrá, en su trigésima edición, de Querétaro a Durango, pasando por Puebla, la Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Por segunda ocasión consecutiva, excluyeron a todo el sureste del país, ya que en diversas ocasiones la competencia había iniciado o en Tuxtla Gutiérrez, el Puerto de Veracruz, la capital oaxaqueña o en Bahías de Huatulco.

Esta decisión, en un primer momento, provocó extrañeza y desilusión entre los aficionados a este tipo de eventos deportivos, y particularmente a quienes gustan de presenciar, año con año, la llegada y salida de esta glamurosa competencia, en todas las ciudades que fueron excluidas. La Carrera Panamericana es uno de los eventos automovilísticos de mayor tradición y arraigo en México, y es también el rally urbano más importante del mundo, en el que cada año participan lo mismo celebridades que pilotos profesionales, magnates y antiguos corredores de otras competencias internacionales en categorías como Nascar, o la Fórmula 1, entre muchos otros. De ese tamaño es La Carrera Panamericana, que ahora por motivos aparentemente inexplicables, no visitará Oaxaca en su edición 2017.

Frente a esto, como se apuntaba en líneas anteriores, se le puede achacar todo a las circunstancias y a la inestabilidad social en Oaxaca. El año pasado, en el itinerario oficial estaba incluido el paso de la competencia por la ciudad de Oaxaca, siendo la primera ciudad sede de la competencia, como había ocurrido durante casi toda una década consecutivamente. La Carrera Panamericana no vino a Oaxaca en 2006 por el conflicto magisterial; pero después de ese año, todos los siguientes fue recibida en Oaxaca, e incluso hubo dos años (2009 y 2011) que arrancó en Bahías de Huatulco, para beneplácito —y beneficio— de la industria turística de aquel destino turístico, tan largamente castigado por la lejanía y la intrincada comunicación por vía terrestre.

Así, en 2016 se atravesó el enfrentamiento de Nochixtlán, en junio, y la larga resistencia magisterial —que cerró durante semanas el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, por donde se desarrolla buena parte de la competencia en la ruta de Oaxaca a la ciudad de Puebla—, por cuya contingencia se tuvo que cancelar su paso por Oaxaca. La situación, frente a las circunstancias, fue ampliamente comprendida; y por esa razón se lamentó la cancelación de la sede en Oaxaca, pero realmente nadie cuestionó la decisión tomada por los organizadores.

Lo que no se termina de comprender es por qué en 2017, La Carrera Panamericana nuevamente decidió no pasar por Oaxaca.

DEPENDENCIAS AUSENTES

El pasado 28 de febrero, desde la cuenta oficial de Facebook de La Carrera Panamericana, se dio a conocer el itinerario oficial en que se confirmó que Oaxaca estaba nuevamente excluido de la competencia. Innumerables fanáticos de la competencia oriundos de Chiapas y nuestra entidad, cuestionaron duramente la decisión de los organizadores. Éstos, cortésmente contestaban a quienes pedían una explicación por la exclusión de Oaxaca y Chiapas en la edición de 30 aniversario de la competencia, que “se deben alinear los factores para tener una gran carrera en todos los aspectos”; que había “factores ajenos al Comité Organizador de la Carrera”; y que “la planeación de la ruta requiere de muchos elementos”, entre otras respuestas que, aunque decían poco, dejaban ver mucho.

¿Qué dejaban ver? Primero, que a nivel nacional se sigue teniendo una percepción por demás negativa de Oaxaca, como un territorio dominado por el conflicto magisterial, y por la inestabilidad social, que inhibe la certidumbre sobre algo tan básico como la posibilidad de que las carreteras estén abiertas y disponibles en un periodo en específico —y siempre. Esta percepción, sigue sin tener un contrapeso real a través de acciones gubernamentales y civiles para revertir dicha imagen. Parece, pues, que a nadie le importa la imagen socialmente violenta y de inestabilidad de Oaxaca.

Pero, en segundo término, esas respuestas lacónicas de los organizadores de la Panamericana, también dejaban ver que o no hubo la suficiente concertación y apoyo de los representantes del gobierno de Oaxaca para lograr la reinserción de la entidad dentro del mapa de la competencia; o que, aún habiéndolos, de todos modos los organizadores de la competencia no le tomaron la suficiente seriedad a sus interlocutores del gobierno estatal, y de ahí la decisión de dejar de todos modos fuera a la entidad.

Todo esto, a pesar de que durante los dos primeros meses del presente año, no se han presentado bloqueos de vías carreteras en la entidad; y de que, a menos que ocurra un nuevo desencuentro entre la Sección 22 y el gobierno, octubre —periodo dentro del cual se desarrolla la competencia, generalmente a partir de la tercer semana de ese mes— no es un mes que se caracterice por movilizaciones o agitaciones dentro del calendario político ya conocido del magisterio oaxaqueño.

En cualquier caso, lo que queda claro con esta nueva exclusión de Oaxaca de la ruta de La Carrera Panamericana, es que hay funcionarios de la Secretaría de Turismo, de la de Economía, e incluso de la Secretaría General de Gobierno, que no están haciendo su trabajo. Y no se trata de pensar que la Panamericana es el único o el mayor evento del año del que dependa la economía o el turismo local; pero tampoco es aceptable la posibilidad de que las dependencias estatales desestimen la importancia significativa y simbólica, de que Oaxaca aparezca al menos en alguno de los eventos deportivos que tienen eco nacional e internacional por su tradición, por sus participantes, o por el entusiasmo que despierta en los aficionados de todo el país.

Hasta ahora, ni el secretario de Turismo del gobierno estatal, Juan Carlos Rivera Castellanos, ni el de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, han hecho manifestación alguna sobre el tema en particular. Quizá estén pensando que La Carrera Panamericana es simplemente un evento deportivo, que no reviste ninguna implicación en temas económicos y turísticos; y quizá por eso están pensando —erróneamente— que debe ser la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte quien tendría que manifestarse al respecto.

SILENCIO INDOLENTE

¿No está entonces implicada la imagen de Oaxaca? ¿No importan los cientos de aficionados que como turistas de alto nivel, gastan cantidades millonarias, sólo por el gusto de acompañar la Carrera en todo su itinerario? ¿No representa una derrama económica importante el desplazamiento de las escuderías, ingenieros, mecánicos y personal de apoyo de los competidores? ¿Y, entonces, el Gobierno de Oaxaca puede quedarse tranquilo ante esa exclusión que, en el fondo, refleja que no confían en la entidad?

Este silencio gubernamental es terrible, desde el ángulo que se le vea.

+ Gobierno y grupos internos, todos a favor de la “familia real”

Lamentablemente, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca enfrenta calamidades muy superiores a las de sus sindicatos, y sus chantajes y amenazas de huelga de cada año. La Universidad, en realidad, atraviesa por una situación crítica que se agrava por el desinterés e incapacidad tanto de la administración estatal, como de la mayoría de sus grupos internos, para impulsar cambios de fondo. Con la inercia que lleva, su única ruta posible es la de la ruina.

En efecto, el fin de semana la administración universitaria anunció el fin de la huelga que había sido decretada por una facción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) que, para variar, había sido resultado indirecto de las presiones y chantajes orquestados por el secretario administrativo de la Universidad, Taurino Amilcar Sosa Velasco, que es funcionario universitario y a la vez impulsor del grupo sindical que organizó la huelga. La huelga —ilegalmente estallada— terminó no por las acciones jurídicas impulsadas por la rectoría para declarar su ilegalidad, o por la capacidad de concertación del gobierno estatal, sino por la firma de acuerdos hasta ahora no del todo clarificados por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez.

Aunque este fue un alivio, todos saben que en realidad el vía crucis anual de la Universidad por la relación con sus sindicatos apenas inicia. Dentro de no mucho tiempo vendrán las acciones que impulse el STEUABJO; y luego vendrán las de los demás sindicatos (SUMA, STAUO y los otros grupos con reconocimiento como organizaciones sindicales) que igualmente presionarán a la administración universitaria no sólo para que les cumpla sus demandas y presiones de orden laboral o económico, sino también porque a través de la vida sindical de la UABJO, se desahogan buena parte de los problemas políticos que ahí existen.

En ese escenario, resulta una voz solitaria la del rector Bautista Martínez, que cada que puede insiste en señalar los graves problemas financieros que enfrenta la Universidad, y la imposibilidad de continuar cumpliendo los caprichos y demandas de todos sus sindicatos. En reiteradas ocasiones, Bautista Martínez ha dicho que la crisis económica de la universidad es profunda, pero su actitud de sometimiento a la familia Martínez Helmes le ha impedido ir más allá para exigir la clarificación de las cuentas y los estados financieros e la Máxima Casa de Estudios, que en buena medida se encuentra en crisis gracias al prolongado y desbordado control que han ejercido durante mucho tiempo el ex rector Abraham Martínez Alavés y sus hijos.

Si ese es un problema en sí mismo grave, todo se profundiza cuando se reconoce que si bien el tema financiero es grave, éste no es el peor de los problemas de la Universidad. Impacta, sí, en el hecho de que la Universidad tiene una carencia enorme de personal académico capacitado y reconocido en sus competencias reales, y que la propia administración universitaria ha fomentado y permitido la existencia de toda clase de vicios, tales como la manipulación del alumnado, la tergiversación del voto universal para las elecciones universitarias, y el discrecional y totalmente opaco sistema de asentamiento de calificaciones.

Aunque al final, la permanencia de cada uno de esos vicios es un abono a la tergiversación de la vida universitaria, y la existencia de los estrictos controles políticos por parte de la llamada “familia real”, que en el fondo se combinan con otros problemas más de fondo sobre los que nadie tiene voluntad o decisión para enfrentar y resolver de fondo.

TODOS AVALAN

A LA FAMILIA REAL

Aunque tienen una de las peores famas dentro de todos los cacicazgos universitarios en el país, nadie se ha atrevido a intervenir el poder de la familia Martínez Helmes. No lo ha hecho el rector Bautista Martínez, que no sólo no tiene ninguna voluntad para enfrentar a los Martínez, sino que tampoco podría tener la capacidad de hacerlo. Él, que es un investigador de cierto renombre y al que sus compañeros le reconocen amplias capacidades intelectuales, está totalmente solo y copado en la administración universitaria por los distintos grupos, y por los afines a los Martínez Helmes; pero además es un Rector que no tiene ganas ni fuerza para enfrentarlos.

Ello es lo que explica por qué el rector Bautista se ha resistido a reconocer la existencia de facciones contrarias dentro de la Universidad, y por qué también se ha negado sistemáticamente a entablar diálogo con los grupos disidentes en facultades y en conflictos como el de Derecho, que cualquier día podría volver a hacer crisis si al rector “legal” le vuelven a dar ganas de enviar a sus porros a tratar de desalojar a quienes tienen en su poder el edificio central universitario.

¿Por qué el rector Bautista se niega a dialogar con la disidencia en ese conflicto? Toma esa postura, no sólo porque le es más cómodo evadir el problema y no reconocerlo en su dimensión real, sino sobre todo porque es muy evidente que tiene miedo de que eso contradiga las decisiones y los intereses del ex rector Martínez Alavés, y haga algo que ponga en riesgo su supuesto bastión político de la Facultad de Derecho. Por eso, él —con todo y sus supuestas resistencias y diferencias con la “familia real”— sigue siendo el principal aliado de la permanencia en el poder de los Martínez.

En esa lógica, es trágico que hasta ahora la disidencia en el conflicto de la Facultad de Derecho tampoco haya tenido la capacidad de generar el eco y la atención necesaria en el Gobierno del Estado. Particularmente, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, tiene una situación más cómoda evitando involucrarse en el conflicto ya que tiene una particular cercanía con la ex rectora Leticia Mendoza Toro, secretaria General de la Universidad —el hijo de ésta, Nahum Carreño Mendoza, es el secretario Particular de Avilés—, que a su vez tiene una alianza cargada de intereses con los Martínez Helmes.

Ahí, de hecho, la responsabilidad recae no sólo en la actitud deliberadamente indolente y convenenciera de Avilés —que, como casi siempre, calcula a favor de sus conveniencias sus movimientos, importándole poco si eso mismo le conviene al Estado—, sino también en el hecho de que los disidentes de la Facultad de Derecho no han logrado afianzar un movimiento que les permita el reconocimiento universitario, pero también la intervención política del Estado para darle cauce a su problemática de fondo.

Al final, la realidad apunta que por un lado los intereses políticos, y por el otro la displicencia, terminan beneficiando a los Martínez Alavés, que a pesar de tener de rodillas a la universidad, y sus arcas verdaderamente a punto del colapso, siguen gozando de cabal salud política. Nadie ni nada los ha movido, a pesar de todo el daño que le han hecho a la Máxima Casa de Estudios; y, como van las cosas, no habrá en el futuro cercano algún movimiento que permitan entrar de fondo a la revisión de su Ley Orgánica, de su funcionamiento interno, y de la auditoría a sus cuentas.

IMPUNIDAD

A estas alturas, ya a nadie le importa que uno de los tantos socios de Jorge Castillo Díaz, fue justamente el antecesor del rector Bautista Martínez, Eduardo Martínez Helmes. Los propios ex funcionarios universitarios de aquella administración, relatan cómo contabilizaron “utilidades” ilegales del presupuesto universitario, por más de 20 millones de dólares, que habrían ido a parar a las cuentas particulares de varios personajes, incluidos entre ellos los “facilitadores” financieros del gobierno de Gabino Cué.