+ Repiten las historias funestas de órganos autónomos que se autodestruyen

Es de menores de edad, el comportamiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que ante la falta de controles y contrapesos a su función y comportamiento, han hecho de su legitimidad —personal e institucional— el hazmerreir de los órganos constitucionalmente autónomos y, en general, de las instituciones encargadas del control de la democracia en la entidad.

En efecto, de manera abrupta la semana pasada ocurrió el relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Sin mayor argumentación, los magistrados Víctor Manuel Jiménez Viloria y Miguel Ángel Carballido Díaz anunciaron que habían tomado la determinación de sustituir en la presidencia del Tribunal a Wilfrido Raymundo López Vásquez.

Al asumir la presidencia, Carballido justificó el relevo en la temporalidad de los cargos públicos y en la figura rotativa de la presidencia del máximo tribunal de justicia en materia electoral de la entidad. Sin embargo, aún con lo dicho en la sesión, pronto se constató —porque desde hace tiempo la manzana de la discordia ha sido el presupuesto que ejerce el Tribunal— que había mucho más detrás de ese aparente ejercicio democrático entre los magistrados.

Pues apenas hace más o menos un año, los magistrados del Tribunal Electoral habían protagonizado una historia muy parecida, cuando decidieron quitar a Jiménez Viloria de la presidencia. En aquel entonces, los dos magistrados integrantes del Tribunal, acusaron a su Presidente de no haber ejercido correctamente el presupuesto, y por no haber cumplido en tiempo y forma con diversas obligaciones relacionadas con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores del Tribunal, y en eso encontraron una causal —ya que la ley deja la organización interna al ‘buen criterio’ (es un decir) de los integrantes del Tribunal— para destituirlo de la Presidencia.

De hecho, aquella decisión dejó ver que la relación institucional entre los magistrados se había enrarecido, esencialmente por la disputa relacionada con el control y ejercicio del presupuesto. Cuando defenestraron a Jiménez Viloria de la Presidencia, Carballido y López Vásquez dejaron ver lo que pareció una alianza bien afianzada para —según ellos— reorientar el rumbo del Tribunal hacia un esquema de mayor transparencia y mejor control de su presupuesto.

Lo más preocupante es que esas, las económicas, fueron siempre las principales preocupaciones de los integrantes del Tribunal que, además, nunca han demostrado mayor interés en ponderar el trabajo jurisdiccional que se supone que debería ser la cuestión principal a partir de la cual tomar sus decisiones administrativas. Por eso, el desempeño tanto de los magistrados, como del personal administrativo del Tribunal, nunca ha sido una cuestión de fondo a discutir, sino que más bien ha sido el pretexto para justificar las sucesivas decisiones que han tomado, y que tienen como telón de fondo los más de 47 millones de pesos que anualmente ejerce como presupuesto el Tribunal Electoral, de manera autónoma y libre como lo señalan las propias leyes.

GESTIÓN DISCRECIONAL

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se rige, en su integración y funcionamiento, esencialmente bajo lo que dictan dos normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y la Constitución del Estado. En la primera se establecen las bases generales, los requisitos que deben cumplir los integrantes del Tribunal, el mecanismo de elección, así como las causas para la remoción de los magistrados.

En esa lógica, la LGIPE establece que aún incurriendo en alguna de esas causales, los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución —el relativo a las responsabilidades de los servidores públicos— y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos que les resulten aplicables. Y, por otro lado, la Constitución local define su naturaleza al señalar que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es un órgano especializado, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca.

¿Qué se desprende de todo eso? Que, en términos legales y constitucionales, el Tribunal tiene un margen excepcional de independencia que lamentablemente no sólo no ha sido aprovechada por sus integrantes, sino que incluso al incurrir en abusos y escándalos, ha resultado contraproducente para la correcta conducción de la vida interna del Tribunal, y la relación institucional entre los magistrados, que más bien han demostrado su falta de civilidad y sentido de la responsabilidad y, en conjunto, se han dedicado a exhibir sus propias tentaciones.

Pues, en este caso, queda claro que independientemente de que haya habido razón o no en los argumentos bajo los cuales dos de sus tres integrantes ya hayan pasado por la presidencia del Tribunal, lo que queda claro es que en general no se han sabido conducir con la diligencia y la probidad bajo las cuales se supone que fueron electos por el Senado de la República, y más bien se han dedicado a alimentar sus propias diferencias, como si eso fuera algo edificante para las instituciones electorales o para su propia calidad como servidores públicos.

Lamentablemente, en este caso, también es claro que aún cuando ya existen señalamientos directos entre ellos, también hay evidencias de complicidades. ¿De qué hablamos? De que, por lo menos en términos institucionales, a pesar de que los magistrados hoy se acusan y se señalan por acciones no sólo indebidas sino hasta ilícitas —como el intento de chantaje o extorsión que uno acusa sobre otro; o los señalamientos de utilización indebida de recursos, bajo los cuales han sido removidos dos magistrados de la presidencia, ambas cuestiones que no sólo son faltas éticas, sino quizá hasta delitos—, en realidad no existe forma de llevar ese daño a un estrato verdaderamente trascendente.

Si la Constitución local y la LGIPE dicen que esos magistrados sólo pueden ser removidos en términos del Título Cuarto, entonces para haber sanciones efectivas por las conductas que se señalan en público pero que no se llevan al terreno de lo legal, deberían también iniciarse los procedimientos administrativos y penales correspondientes, como un acto posterior al retiro de la inmunidad constitucional que los protege en términos del quinto párrafo del artículo 111.

Pero como nada de esto ha pasado, y seguramente tampoco pasará, entonces lo que seguiremos viendo es cómo los magistrados del tribunal electoral se siguen comportando como menores de edad. Con ello le seguirán dando la razón a quienes, por esa causa, siguen impulsando la idea de que los servidores públicos de los estados del país no pueden controlarse voluntariamente y que por eso hay que continuar con el proceso recentralizador. Ellos, para mal de ellos y de todos, han demostrado que ni las sesudas elucubraciones del Senado han servido para controlar ese tipo de ambiciones. Lamentable.

DEJA VU

Para pelearse escandalosamente bien, los magistrados del Tribunal Electoral deberían contratar a otros que dieron demostraciones circenses de lo mismo. ¿Alguien se acuerda de Esteban López José, Gema Sheyla Ramírez Ricárdez y Eréndira Fuentes Robles? Sí. Esos que protagonizaron una prolongada batalla campal por el control de los recursos cuando fueron integrantes de la tristemente célebre Cotaipo. ¿Qué ganaron? El descrédito profesional, y la desaparición del organismo. Andando esos pasos, van muy bien, Señores Magistrados.

+ Quisieron inhibir carrera magisterial, y fallaron; ahora les ocurre lo mismo

Podrá decir misa la Sección 22 del SNTE, pero es claro que en la arena sustantiva sigue perdiendo batallas. Esa ha sido la constante al menos en la última década, en la que a pesar de que reiteradamente gana las calles y deja sin clases a los niños y jóvenes oaxaqueños, no ha logrado frenar el tránsito de cada vez más profesores, de la resistencia a la aceptación de los procesos de evaluación docente. Así, aún cuando el fin de semana desquició nuevamente a Oaxaca, la Sección 22 volvió a perder en la arena de la evaluación docente.

En efecto, en acciones paralelas la Sección 22 protestó y bloqueó la circulación vial en las más importantes carreteras de la entidad, pero aún así la Secretaría de Educación Pública aplicó la evaluación docente que ellos trataron de impedir. En lo relativo a las protestas, la 22 aplicó cierres carreteros durante dos días consecutivos, como un acto de presión directa al Gobierno del Estado para que gestionara la regularización automática de los beneficiarios de las plazas normalizadas mediante el acuerdo del 7 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, a pesar de ello un poco más de mil profesores de Oaxaca participaron en la evaluación de desempeño convocada por el Servicio Profesional Docente. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la jornada de evaluación para el caso de Oaxaca y Chiapas, se llevó a cabo durante el fin de semana pasado, el Servicio Profesional Docente, junto con las autoridades educativas de la Ciudad de México, Puebla y Tabasco, dispusieron de 34 sedes de aplicación en apoyo al desarrollo de este proceso, para facilitar la realización exitosa y eficiente. En el caso de Chiapas, se presentaron mil 091 profesores y en Oaxaca, mil 124, mientras que en Michoacán, 653, para un total de dos mil 868 docentes, quienes dijeron sí a las evaluaciones.

De entrada, habría que ver de forma relativa la confronta entre dos cifras: por un lado, el IEEPO y la Sección 22 han asegurado que son tres mil 699 plazas regularizadas, y por el otro la SEP informa que fueron un mil 124 docentes los evaluados. Aunque de entrada esta no parece ni la tercera parte del total de plazas recientemente otorgadas, lo que habría que ver con más detenimiento es hasta dónde esas tres 699 corresponden al mismo número de personas.

Nos explicamos: hay docentes a los que se les regularizaron horas de trabajo, ubicación, niveles salariales o alguna cuestión que no necesariamente significaba la apertura de una nueva plaza de trabajo. Por eso, resultaría relativo y hasta engañoso asegurar que sólo se evaluaron mil 124 de los tres mil 699 nuevos docentes. Por eso, en la confronta real de los números, podrá verse —cuando el IEEPO finalmente informe el estatus real de ese proceso— hasta dónde permeó el llamado de la Sección 22 a sus nuevos agremiados —muchos de los cuales sí tenían meses, y hasta años, sin cobrar su salario y que a partir del acuerdo del 7 diciembre comenzaron su proceso de normalización laboral y salarial— a no evaluarse, y con ello poner en riesgo su reciente y provisional incorporación al servicio docente. Pues se supone que, justamente, esta evaluación tenía como objeto continuar con los trámites para hacer definitiva su plaza de trabajo.

FALLAS REITERADAS

La Sección 22 intentó, desde el año 2008 —cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó la Alianza por la Calidad de la Educación con la dirigencia nacional del SNTE que entonces encabezaba la maestra Elba Esther Gordillo— impedir los procesos de evaluación, para el programa que hasta entonces fue conocido como Carrera Magisterial, y que a partir de la firma de la Alianza, quedó supeditado a ciertos procesos de estimación del desempeño docente, como punto de referencia para el otorgamiento de beneficios salariales para los profesores del país.

En aquel tiempo, la Sección 22 tenía el control total de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y entonces le fue relativamente fácil frenar los procesos de evaluación de la Carrera Magisterial, no porque antes no se aplicaran diversos tipos de exámenes a los profesores que accedían a participar en ese proceso, sino más bien por el establecimiento de la posición política de rechazar el acuerdo entre el SNTE —que ha sido su adversario sindical histórico— con el gobierno del presidente Calderón, al que también consideraban como espurio —según ellos— por haberle robado el triunfo en la elección presidencial, al entonces candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.

Así, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación frenó por años la aplicación de las pruebas relacionadas con la Alianza por la Calidad de la Educación. En aquel entonces, la dirigencia magisterial no encontró rechazo por parte de los profesores afectados, ya que como la Sección 22 mantenía el control absoluto de la estructura administrativa del instituto educativo oaxaqueño, entonces los profesores a los que se les frenó la evaluación no tenían forma de oponerse por la posibilidad de que eso fuera considerado como una traición al movimiento sindical, y entonces sufrir mayores consecuencias en su ubicación laboral, salario o condiciones de trabajo.

Aún así, al final la Coordinadora perdió porque con todo y su oposición, la reforma educativa del gobierno actual trajo como consecuencia la implementación de los procesos de evaluación que se han llevado cada vez con más regularidad. Aunque continúa habiendo oposición, es claro que cada vez más profesores acceden a participar, a partir de que: a) de no hacerlo, corren el riesgo de perder sus condiciones salariales y de ubicación; y b) de que a pesar de la virulencia con la que sigue actuando la dirigencia de la Sección 22, ésta ya no tiene todos los hilos del control administrativo de los trabajadores de la educación, y por esa razón tampoco puede aplicarle a los maestros las mismas sanciones que antes acostumbraba para todo aquel que se insubordinara a sus posiciones políticas.

Hoy, a pesar de la forma en la que la 22 sigue ganando las calles, queda claro que esta fue una nueva derrota, pues ni su más reciente clientela hizo eco de los llamados a no participar en la evaluación. En el fondo, continúa el “estira y afloja” en la relación política entre la Sección 22 y el gobierno de Oaxaca, que intentan establecer los parámetros de su propia sinergia utilizando la evaluación de los profesores como pretexto. Pero de manera concomitante a ello, queda claro que en el terreno de lo sustantivo, la 22 sigue acumulando derrotas porque no hay forma de frenar la determinación de cada vez más profesores por acceder a la evaluación independientemente de los temas políticos que envuelven la compleja relación entre el sindicato y el Estado en Oaxaca.

¿SER AMIGOS?

¿Quiénes habrán sido los ilusos al interior del régimen que pensaron que podían ser amigos de las organizaciones sociales, que no tienen palabra de honor, ni escrúpulos, ni más amigos que sus propios intereses? El enfrentamiento del domingo entre pobladores de Zaachila con integrantes de la organización 14 de junio, no es sino la secuela de una historia más profunda: la de personas afines al nuevo régimen, tratando de ganar la gracia de esas organizaciones —desde la CTM hasta la 14 de junio, pasando por la CNP, el Sindicato Libertad, y otras— como una forma de clientela electoral. Quizá en su momento lo lograron. Sin embargo, hoy todos esos grupos se asumen con una impunidad directamente proporcional al daño que le causan a Oaxaca. ¿Ahora resultará que nadie tiene responsabilidad?

+ 10 años de desapariciones; 43 de Ayotzinapa, y miles más, amplían su lucha

La detención-desaparición que durante 10 años ha denunciado el Ejército Popular Revolucionario de dos de sus integrantes, hoy en día se inscribe en una dolorosa agenda en la que las desapariciones son un problema nacional, y en el que el Estado se ha visto completamente rebasado en la contención de este fenómeno de tanto dolor e incertidumbre continuados. Aunque a la luz de las circunstancias actuales, la desaparición forzada de los dos eperristas parece algo lejano, esto bien puede ejemplificar la indolencia gubernamental para atender integralmente los casos de esta naturaleza.

En efecto, en el caso de la detención-desaparición de estos dos militantes eperristas, existe una amplia documentación del posible contexto en que ocurrió su posible aseguramiento por parte de elementos de alguna corporaciones policiaca. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras, que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado específicamente, pero de ese mismo rumbo, de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De hecho, en lo único en lo que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el EPR, es que tanto Edmundo Reyes Amaya como Gabriel Alberto Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones, se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

En ese sentido, el eperrismo denunció la desaparición de sus militantes, apenas unos días después de que ocurrió su detención. Según los comunicados de la época, lo hizo luego de poner en marcha sus mecanismos de verificación y de consultar a las comandancias regionales del EPR sobre la posibilidad de que tuvieran noticias de ellos. Fue entonces que aceptaron públicamente la participación de los dos desaparecidos en el conflicto magisterial en su calidad de luchadores sociales (ver, por ejemplo, el comunicado que emitió la Comandancia del EPR en Hidalgo el 12 de junio de 2007, donde aceptan ese hecho de forma expresa). Y fueron enfáticos, desde el principio, en acusar tanto al gobierno del Estado de Oaxaca, como al federal, de haber participado, en una especie de “colaboración”, en la detención-desaparición de sus militantes.

Luego vinieron los actos de sabotaje, que en el segundo semestre de 2007 lanzaron en contra de instalaciones estratégicas de Pemex. Ante la respuesta gubernamental de que los buscarían y detendrían, el EPR propuso una tregua unilateral que permitiera abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal. Éste aceptó, pero reiteradamente dio largas al asunto.

Hoy han pasado diez años de la detención-desaparición de los dos eperristas, y llama la atención que ninguno de los dos ámbitos de gobierno parezca no terminar de entender dos circunstancias que son fundamentales en este tema: primera, que la detención y desaparición de esas dos personas está más documentada de lo que parece, sin que hasta el momento haya una conclusión concreta por parte del Estado sobre qué pasó con ellos, así como se sabe concretamente qué ha pasado con los miles de desaparecidos más que se han acumulado de entonces a la fecha a lo largo y ancho de amplias regiones del país.

Y segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, el EPR no ha vuelto a optar ni por la violencia ni por el sabotaje para tratar de presionar al Estado para que responda por sus desaparecidos. ¿Por qué? Porque parece claro que ese grupo tiene una estrategia perfectamente delineada, que hoy en día lo que busca es que por medio de la denuncia este asunto continúe vigente, y al final eso termine impactando en la forma en cómo la comunidad internacional ve a México frente a hechos incalificables como el permitir, tolerar o promover la detención arbitraria, y la desaparición forzada de personas.

En ese rubro, parece que en una misma medida, la lucha eperrista de los últimos años ha sido discreta pero eficaz.

LA RUTA DE LA DENUNCIA

Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los dos eperristas, y durante todo este tiempo el EPR —junto con otras organizaciones que, por su lado y a través de sus propios métodos, hacen lo mismo— se ha limitado a la denuncia. Ellos más que nadie, parecen tener claro que el único camino posible en este caso es la denuncia reiterada. Saben que la posibilidad de encontrar vivos a sus compañeros es cada vez menor, pero también parece quedarles claro que ante lo irremediable de esos hechos lo menos que pueden hacer es permitir que el tema se olvide, o que se quede archivado en los expedientes de la burocracia.

Por eso no es raro que todas las personas que desde la vida pública están encargadas de la defensa de los familiares de los desaparecidos, insistan en continuar actuando frente a las autoridades judiciales, para que una vez agotados todos los procedimientos vayan ante las instancias continentales en materia de derechos humanos.

Así, el camino que seguirá este asunto es llegar —tarde o temprano— a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después irá a la Corte Interamericana. Ahí resultarán las responsabilidades que hasta ahora el gobierno federal y el local han querido evadir, y finalmente el Estado Mexicano se verá obligado a enfrentar este tema, que hasta ahora ha intentado ser minimizado por los gobernantes en turno.

Si esa posibilidad, vista por muchos como remota pero no imposible, se entrelaza con el drama nacional por las miles de desapariciones cometidas por diversos agentes públicos y privados —quizá algunos cometidos por el propio Estado, pero muchos otros cometidos por particulares aunque con la aquiescencia del Estado— y también por otros temas que, en otras vías, intentarán también se llevados a los tribunales continentales en materia de derechos humanos, específicamente para enjuiciar a los últimos dos presidentes por sus acciones relacionadas con el combate a la delincuencia organizada que pudieran derivar en responsabilidad internacional por hechos ilícitos y por violaciones a la legislacion internacional en materia de derechos humanos.

Si se recuerda, al ex presidente Felipe Calderón se le ha intentado llevar a tribunales internacionales bajo acusaciones de haber cometido crímenes de lesa humanidad; y hay organizaciones que, en su momento, intentarán hacer lo mismo con el presidente Enrique Peña Nieto con temas como la conformación de las autodefensas en Michoacán —grupos de civiles a los que el propio Estado armó y toleró, para que combatieran a otros civiles aparentemente identificados con la delincuencia organizada—, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y muchísimos otros casos de desapariciones que han ocurrido en los últimos seis años a lo largo del país.

DOLOR

En el fondo, es claro que la lucha eperrista actual nunca ha perdido los derroteros; para mal del país, una década después las propias circunstancias le dan la razón en medio del dolor y el horror que se vive en amplias zonas del país tanto por la violencia desbordante, como por la incapacidad del Estado por cumplir con sus responsabilidades.

+ Sirve poco dialogar, cuando no se tiene respaldo y herramientas para actuar

Si bien es cierto que la gobernabilidad debe tener como premisa el diálogo, también lo es que un diálogo sin derroteros ni respaldo institucional, es tanto como la demagogia. A eso es a lo que se enfrenta la Secretaría General de Gobierno, que tiene ante sí una circunstancia compleja, en la que efectivamente el diálogo es la principal herramienta, aunque en los hechos se debe demostrar que todo el gobierno está alineado a favor de esa vertiente a través del respaldo y las acciones institucionales. De ser así, entonces podrán demostrar que el diálogo se traduce en concertación, y que esa concertación es la base de la gobernabilidad.

En efecto, no es nueva la circunstancia de la Secretaría General de Gobierno. En los últimos años, la mayor constante —y la mayor desgracia— que ha habido en esa dependencia, ha sido justamente la de la incapacidad de articular las acciones del gobierno. ¿Por qué ha ocurrido? Porque al menos desde hace dos sexenios, el gobierno dejó de estar alineado a favor de la gobernabilidad, para establecer prioridades distintas que menguaron la capacidad y la fuerza de la Secretaría General de Gobierno.

¿De qué hablamos? De que hasta hace tres o cuatro administraciones, todos los servidores públicos estatales estaban convencidos de que el Titular de la Secretaría General de Gobierno era el funcionario más fuerte y con mayor injerencia en la administración. Por eso, en aquellos tiempos la Secretaría General era la encargada de conducir las relaciones políticas del régimen con todos los interlocutores más importantes, y por eso mismo era la que articulaba de forma efectiva todos los esfuerzos de gobierno para lograr ese indeterminable objetivo de la gobernabilidad.

El problema vino cuando esa gobernabilidad comenzó a verse más como un botín o como una oportunidad al interior del mismo gobierno, y entonces comenzaron a establecerse prioridades distintas según los grupos políticos o los intereses —e incluso la fuerza al interior del gabinete, y la injerencia ante el Gobernador— de algunos integrantes de la administración estatal. Cuando eso ocurrió, la gobernabilidad dejó de ser el fin para convertirse en una moneda de cambio, o un mecanismo de torpedeo entre dependencias y funcionarios, y por eso la Secretaría General de Gobierno dejó de ser el eje —político— articulador de los esfuerzos a favor de la paz social, y eso se transfirió a espacios incluso privados desde donde se trataba de intervenir para encauzar los conflictos.

Y ese es, de hecho, un problema que tiene diversos factores. Por ejemplo, durante la administración del gobernador Ulises Ruiz la figura de la Secretaría General de Gobierno quedó desacreditada luego del conflicto magisterial de 2006 por una especie de resaca de poder. Jorge Franco Vargas fue un secretario de Gobierno fuerte, pero toda esa fuerza se convirtió en descrédito luego de que la Secretaría de Gobernación —federal— relevó a la dependencia estatal encargada del diálogo con el magisterio y las organizaciones, luego del desastre que fue el 2006 y el repudio que le profesaron desde entonces los grupos que fueron declarados como ganadores del conflicto magisterial, por la propia autoridad federal que con eso terminó de desacreditar, para todo lo que restaba del sexenio, la presencia y capacidad de la Secretaría General de Gobierno.

MÁS DESCRÉDITO

Luego vino el gobierno de Gabino Cué que, como todos sabemos, nunca vio con seriedad la importancia de la Secretaría General de Gobierno. Desde el inicio, y durante todo el sexenio, otros grupos tomaron el control de las organizaciones sociales, e incluso había personajes que durante las primeras horas del día fungían como servidores públicos, pero por la tarde acudían a las dependencias a exigir recursos y gestiones en su calidad de luchadores sociales.

Así, el gobierno de parcelas que impulsó la coalición de partidos que llevó a Cué a la gubernatura, provocó no sólo el desastre de gobernabilidad que fueron los años del gobierno de Gabino Cué, sino también un socavamiento profundo a lo que tendría que haber sido la Secretaría General de Gobierno.

En esa lógica, la Segego perdió por completo su capacidad de interlocución al interior del gobierno. Esto, dicho en palabras más simples, se traduce en el hecho de que la figura del Secretario General de Gobierno dejó de ser lo suficientemente respetada y fuerte al interior del gabinete, que a partir de entonces comenzó a tener como optativo, y potestativo, hacer eco a los llamados de la Segego para resolver conflictos y temas relacionados con la gobernabilidad.

En esa lógica, la Segego dejó de tener el papel político que tuvo durante mucho tiempo de ser una jefatura fáctica de gabinete. Aunque esa fue una categoría que nunca existió en la ley —la del Titular de Segego como Jefe de Gabinete—, en realidad siempre fueron los propios Gobernadores quienes establecían al interior del gabinete la relevancia de las determinaciones y necesidades de la Secretaría General, para que todas las demás dependencias de la administración estatal la acompañaran en sus necesidades para resolver problemas.

Al perder esa categoría política de jefatura fáctica de gabinete, entonces la Secretaría General de Gobierno perdió también su capacidad de concertación. ¿Qué podemos entonces entender por concertación? Es, en términos generales, la capacidad de conseguir que el diálogo institucional venga acompañado de acciones integrales por parte de distintos actores y dependencias a favor de un mismo fin.

Por eso, cuando una entidad como la Segego tiene capacidad de concertación, entonces también tiene capacidad de hacer cosas positivas a favor de la gobernabilidad. Y eso le hace bien a cualquier sociedad porque es la muestra efectiva de que un gobierno funciona. Pero por eso mismo, una de las principales interrogantes que en la actualidad deben responderse los mismos funcionarios de la Secretaría General —aunque no se lo digan a nadie fuera de la dependencia, ni lo socialicen—, es si en realidad el gobierno está alineado e instruido a acompañar a la Segego en las tareas de la gobernabilidad, o si persiste el mismo problema estructural que heredaron de las administraciones anteriores, y que al parecer ni siquiera alcanzó a visualizar el efímero primer titular de la Secretaría General, Alejandro Avilés Álvarez, quien más bien se dedicó a crear la dependencia que le convenía, pero no la que Oaxaca necesitaba.

En el fondo ahí es donde está el reto de Héctor Anuar Mafud Mafud: reconocer que la Segego de hoy no es la Secretaría General de Gobierno que él ejerció en tiempos anteriores, y establecer los mecanismos y acciones para realinear todos los esfuerzos institucionales a favor de la gobernabilidad. Si lo logra, sin duda será de gran beneficio para Oaxaca.

RECONOCIMIENTO

Rosalba Castellanos Baltazar, una oaxaqueña excepcional, hija de nuestro apreciado amigo y compañero de páginas en TIEMPO, Raúl Castellanos Hernández, el pasado fin de semana obtuvo el Título de Master of Business Administration por la Universidad de Texas at Austin. Licenciada en Idiomas y en Derecho, Diplomada por la Sorbona de París en Civilizaciones Europeas. Funcionaria en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y actualmente en la SCJN, suma un éxito más a su trayectoria académica y profesional. Le enviamos una cálida felicitación.

+ El Estado mexicano da pasos en reversa, sin entender la dimensión del problema

Son al menos tres circunstancias las que hoy corren en los carriles paralelos que parecen tener como rumbo el infierno para México: la primera de ellas es la imparable violencia criminal, que no tiene forma ni fin; la segunda, es la brutal demostración de impunidad que significa el robo de combustible de los ductos de Pemex, sin que nadie lo haya logrado frenar a pesar de que es un problema añejo y ampliamente documentado por todos, menos por las autoridades; y la tercera circunstancia es el crecimiento acelerado de las agresiones contra comunicadores. Si alguien buscara ejemplos de un coctel de la ignominia, hoy México podría ser un inmejorable ejemplo.

En efecto, las tres circunstancias son demostraciones más o menos similares de un mismo problema. En México parecemos haber llegado al extremo de la incapacidad del Estado para aplicar la ley, y ello se refleja en el cúmulo de circunstancias que hoy tienen como un doloroso leitmotiv de impunidad, de dolor y de soledad de la sociedad mexicana frente a los problemas que, en conjunto, tienen completamente rebasado al Estado y asolada a la gente en amplias regiones del país.

En esa lógica, por ejemplo, no resulta exagerado preguntarnos qué tipo de conflicto enfrenta el país. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el país sí atraviesa por lo que podría ser algo equiparable a una guerra civil, a partir de circunstancias objetivas tales como el altísimo número de muertos que tiene el país, o la incapacidad del Estado de detener a quienes ponen en entredicho el imperio de la ley, e incluso por la articulación que han demostrado tener las organizaciones que todos los días intentan contrarrestar las acciones que el gobierno impulsa para detenerlos.

Acaso, podría decirse en descargo de la idea anterior, que en México no se vive una guerra civil porque dentro de la violencia no existen los elementos políticos que pudieran llevarnos a suponer que la violencia tiene como objetivo el cambio de régimen, o una idea más o menos parecida. ¿Es esto real?

En realidad, el crimen organizado hoy no establece como una de sus líneas de acción —y de violencia— el derrocamiento del Presidente de la República o el establecimiento de un gobierno distinto. Sin embargo, en el fondo, pareciera que de facto sí existe tal voluntad no a nivel del gobierno federal, aunque a estas alturas ha quedado claro que los cárteles de la delincuencia organizada sí han logrado infiltrar, intimidar o someter a autoridades que van desde presidentes municipales, jefes y fuerzas policiacas completas, e incluso funcionarios de primer nivel en el ámbito de las entidades federativas, y hasta gobernadores.

Por esa razón, a pesar de lo que se diga, es claro que sí existen ingredientes que ponen en evidencia el ingrediente político implícito que está en ello. Y el círculo vicioso se cierra cuando se evidencia que de forma sistemática, el propio Estado se ha dedicado a proteger y a negar la existencia de esos altísimos índices de corrupción entre sus funcionarios, y por acción u omisión se ha dedicado a encubrirlos y protegerlos.

INCERTIDUMBRE TOTAL

De hecho, en la búsqueda de criterios más o menos objetivos —es decir, más allá de si se quiere o no cambiar al régimen a través de la vía violenta organizada— sobre el tema, la semana pasada el periodista Raymundo Riva Palacio citaba los ofrecidos por Virginia Page de la Universidad de Columbia (http://bit.ly/2pW9ihD). Según Riva Palacio, en un estudio sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil, que en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo seis mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Siguiendo a Riva Palacio, este apunta que las autoridades han negado, desde el gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el expresidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90: el gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra ‘guerra’, pero las acciones extraconstitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad. Por sus omisiones y negligencias con sus estrategias fallidas e ilegales, dice Riva Palacio, como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para ‘limpiar’ de criminales a Michoacán, el gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta.

A todo esto habría que agregarle el drama nacional que significa el auge del llamado “huachicol”. ¿Qué es eso? Es nada menos que la piratería y el robo a cielo abierto llevado a su máxima expresión. Antes nos sorprendíamos por los mercados de pulgas en los que vendían algunos objetos robados, o productos introducidos al país a través del contrabando para evitar el pago de impuestos.

Hoy todos esos mercados siguen existiendo, florecientes, al amparo de un negocio todavía mayor que evidencia el nivel de impunidad que impera en México. La venta del combustible robado significa una de las mayores y más funestas expresiones que existen de cómo el desafío descarado al Estado de Derecho puede convertirse en uno de los mayores negocios de nuestro tiempo, acaso sólo por debajo del narcotráfico, pero sí similar a otras formas de delincuencia organizada.

Ello significa, en el fondo, que se perdió todo pudor y que entonces hay un nivel superior de desafío: criminales roban el combustible en zonas que son ampliamente conocidas, para luego llevarlo a estaciones de servicio donde nos vuelven a robar con litros incompletos, y en donde se vuelven a burlarse de la autoridad que ni puede detener la extracción ilegal de gasolina y diesel de los ductos, y tampoco puede frenar a quienes no sólo compran para revender combustible robado, sino que también lavan dinero al ingresar cantidades millonarias por concepto de esas ventas, cuando nadie sabe —bueno, sí, todos sabemos que le compran la gasolina robada a los huachicoleros— de dónde la obtuvieron porque no se la compraron a Pemex, que hasta hoy es el único distribuidor de gasolina al mayoreo en nuestro país.

CALLAR LA REALIDAD

Todo eso se enmarca en un problema aún más doloroso: las agresiones contra periodistas. Pues no sólo se trata del número de reporteros y comunicadores que han sido asesinados —y que pone a México en un espacio vergonzante frente a la comunidad internacional, que ni en conjunto concentra tantas agresiones a comunicadores— sino de todo lo que se está callando y dejando de contar sobre la realidad nacional. Si solo hay algo peor que la censura, llamado autocensura, ¿cuántos periodistas en México prefieren no registrar los acontecimientos diarios por miedo a la impunidad que los somete? Es una pregunta de muy largo aliento en nuestro país.

+ Reformas a favor de la inclusión, congeladas por los atavismos de los políticos

La conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia, en Oaxaca y en México sigue siendo meramente testimonial y contradictorio, porque a pesar de que en los discursos se habla de inclusión, de tolerancia y de reconocimiento, la realidad es aplastante y refleja que en nuestra sociedad sigue privando la exclusión, los atavismos y la homofobia, que van desde las constantes agresiones a todo aquel que aparenta ser diferente, o quienes parecen más débiles. Si la ocasión sirviera para hablar de algo, seguramente aquí tendría que ser un resumen de derrotas.

En efecto, desde hace varios años cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, como una forma de promover el respeto a la comunidad lésbico gay. En México, en cada fecha como esa se realizan foros y se extienden promesas de inclusión y tolerancia que no tienen ningún trasfondo. Lo más preocupante es que además de que no se promueve la parte cultural de este proceso de inclusión, ello tampoco se refleja en las manifestaciones sustantivas donde debería impactar ese cambio de mentalidad. En esa lógica, resulta abominable que hoy sea la propia clase política la que quiera disimular y esconder esa fecha porque para algunos sectores políticos ha sido algo que resulta mal visto. ¿De qué hablamos?

De que apenas el año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto había puesto como una de sus convicciones el respeto y la promoción de valores encaminados a la inclusión y el reconocimiento legal y constitucional a la comunidad lésbico gay. Precisamente el 17 de mayo del año pasado, el Presidente envió un paquete de iniciativas de ley que tenían como objetivo reconocer el matrimonio igualitario, a partir de la constatación del principio constitucional que dice que todas las personas somos iguales ante la ley.

El problema es que ayer, cuando se cumplió un año de aquel acontecimiento —que luego fue vetado por legisladores, políticos y hasta gobernadores que aseguraban que ello rompía con los valores morales de la sociedad mexicana, e incluso se le intentó responsabilizar a esa iniciativa del Ejecutivo federal por la derrota electoral del PRI del año pasado en varios de los estados que se consideran conservadores—, resulta que el Presidente decidió conmemorar otra cuestión y ya no la inclusión, como el año pasado, quizá porque ya no fue lo redituable que pensó, o quizá por temor a que esos mismos sectores reaccionarios que lo criticaron y boicotearon el año pasado, le volvieran a hacer lo mismo ahora que está en juego la trascendental elección del Estado de México.

Lejos del año pasado, ayer el presidente Peña Nieto decidió celebrar en el 17 de mayo el día de internet, y no el día mundial contra la homofobia, como sí lo hizo el año pasado. En su cuenta @EPN en Twitter, y en el marco del Día Internacional de Internet, expresó que con dicha reforma, más de 50 por ciento de la población está conectada a Internet y los precios en servicios de comunicaciones han disminuido más de 20 por ciento. Añadió que en los últimos años, la proporción de mexicanas y mexicanos que utilizan Internet para interactuar con el gobierno federal pasó de 1.2 a 22.2 por ciento.

Así, la inclusión de las minorías quedó relegada para otro momento.

REFORMAS PENDIENTES

El año pasado, el Presidente presentó un paquete de reformas que parecía trascendental para los pasos necesarios en el reconocimiento de la comunidad lésbico gay a través de la constitucionalización del matrimonio igualitario, y el reconocimiento a diversos derechos de ese orden, que si bien están reconocidos jurisprudencialmente, con esas reformas —de haber ocurrido, aunque hoy están muertas gracias a la partidocracia legislativa que decidió que ese tema no era importante para el país— alcanzarían el orden constitucional y la necesidad de un mayor reconocimiento.

En aquel entonces, el presidente Enrique Peña Nieto firmó una serie de iniciativas para garantizar en todo el país el respeto al derecho a un matrimonio sin discriminación y para derogar o modificar cualquier norma con contenido discriminatorio en las leyes del país. Asimismo, el mandatario anunció varias acciones para reforzar el acceso de la comunidad de la diversidad sexual a sus derechos.

En ese aspecto, el Ejecutivo federal firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Detalló que de esta forma quedaría explícito el matrimonio igualitario en la Constitución como lo ha determinado la Corte y como ya ocurre en varias entidades federativas, no así en Oaxaca.

“Sin embargo no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados y entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la SCJN y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en la Carta Magna como un derecho”, precisó el Mandatario. El Presidente firmó además una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario a fin de que pueda realizarse sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años acorde con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Por qué era relevante todo esto? En un primer aspecto, porque era claro que ante la pasividad y los atavismos sociales de varios estados del país, ayer el gobierno federal le arrebató otro tema en el que no tenía por qué meterse, pero que lo hizo para aprovechar la oportunidad —política, y quizá hasta electoral— que esto representa. Es creciente la comunidad mexicana que exige cambios en la regulación sobre la convivencia y las relaciones entre las personas —el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, como cúspide esas exigencias.

Sólo que los gobiernos estatales han declinado —en su mayoría— la posibilidad de establecer una postura y reformas sobre ese tema, y por eso hoy una variedad enorme entre estados que aceptan o rechazan el matrimonio igualitario, como reflejo (aparente) de los dilemas morales de sus respectivas sociedades. Oaxaca se encuentra en el pináculo de esa situación, por ser la entidad sobre la que se estableció la jurisprudencia sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario.

Y es que los seis años previos, Oaxaca presumió de tener un “gobierno de izquierda” en el que, tanto el Ejecutivo como el Congreso de Oaxaca litigaron hasta la última instancia la pervivencia de la figura que establece que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer. Fue una pareja —dos mujeres que querían contraer matrimonio— la que en Oaxaca inició el proceso de reconocimiento de su derecho a casarse. Solicitaron la celebración del matrimonio ante la Dirección del Registro Civil, y ésta les negó dicha posibilidad, alegando lo que establece el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca.

OPORTUNISMO Y SILENCIO

El año pasado, queda claro, el Presidente conmemoró el Día Mundial contra la Homofobia. Quizá por eso mismo, porque ven que es un tema complejo, en Oaxaca las fuerzas políticas de mayoría se resisten a modificar el vergonzante 143 del Código Civil. Con silencio y oportunismo ahora pretenden coronar la inclusión, pero en sentido contrario.