+ Después de 2018, AMH va a necesitar figuras alternas que estabilicen su gestión

En lugar de generarse desgaste inútil en temas de poca trascendencia en el Congreso local, el Ejecutivo del Estado debería estar ya trabajando de forma muy detallada y pormenorizada todo lo que se relaciona con los gobiernos de coalición en la Constitución local. Hasta ahora hay sólo rastros generales de esa figura en las leyes locales, pero no existe el desarrollo pormenorizado que ya debería haber, para evitar que después de 2018 el gobierno se tambalee ante la inestabilidad derivada de los resultados electorales. Este es un resultado ampliamente previsible. Y por eso, en lugar de perder tiempo en frivolidades, intereses personales, y errores, los asesores del Ejecutivo, y la bancada priista, deberían invertir su capital político en el perfeccionamiento de ciertas figuras que después le serían de gran utilidad.

En efecto, hay amplias posibilidades de que la elección concurrente de 2018 sea un desastre para el priismo en la entidad. las razones no se basan sólo en el trabajo político que pueda desarrollar el priismo local en los comicios donde se elegirán diputados locales, diputados federales, senadores y Presidente de la República, sino en los factores nacionales que ponen a Oaxaca como un semillero de votos de un partido distinto al que gobierno.

En esa lógica, es ampliamente sabido que el Movimiento de Regeneración Nacional se beneficia reiteradamente de los votos que le suma Andrés Manuel López Obrador, y que del 2006 a la fecha ha sido una constante que en las elecciones en las que el tabasqueño es candidato, en Oaxaca todos los resultados le terminan siendo favorables. Esa fue la inercia que en 2006 llevó a Gabino Cué a la Senaduría; que en 2012 llevó también a Benjamín Robles Montoya —cuando todavía AMLO militaba en el PRD— al triunfo, en ambos casos acompañado de nutridas bancadas en la cámara baja federal. Y por eso mismo, no hay una sola razón para no suponer que ocurra lo mismo en 2018, con la agravante —para el PRI— de que ahora habrá elecciones concurrentes.

Sí. en 2018 se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. La LXIII Legislatura, de transición, sólo durará dos años. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.

Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.

En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa. Por esa razón, si 2018 será un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.

En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?

Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que en comicios federales, Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos—. Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, incluso —como se dice coloquialmente— vendándose el dedo antes de provocarse la herida.

BANCADA PERDIDA

Es muy lamentable que la fracción parlamentaria del PRI, que encabeza la diputada María de las Nieves García Fernández, tenga tantos problemas en el control de los temas que lleva a la arena legislativa. Hasta ahora, se han encargado de discutir temas en realidad poco trascendentes, y han perdido tiempo y capital político muy valioso en la corrección de los errores que cometieron quienes confeccionaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y lo hicieron mal.

Desperdiciar su fuerza menguante, discutiendo temas como el de Cortv, o el de un reglamento ecológico que por ignorancia, descuido o mala intención derogaron, es reflejo de que no tienen claras las prioridades no de algunos funcionarios, sino del gobierno para el que trabajan, del que todos dependen, y a los que todos necesitan que le vaya bien.

Todas esas, en realidad, han sido discusiones bizantinas que han surgido inopinadamente, y que se han convertido en problemas que nunca debieron existir. ¿Qué nunca se preguntaron no qué estructura quería el entonces Gobernador electo, sino qué estructura orgánica necesitaba su régimen? ¿Nunca entendieron que la estructura gubernamental debió haber sido resuelta antes del 1 de diciembre? ¿Siguen sin entender que lo que ahora inviertan en tiempo y capital político para resolver caprichos, será proporcional a su inmovilidad e incapacidad de interlocución posterior?

El mejor ejemplo de que no están discutiendo ni lo importante ni lo urgente, es el olvido en el que tienen a la figura del gobierno de coalición. ¿No entienden también, que lo más seguro es que el PRI pierda la mayoría legislativa en la LXIV Legislatura, y entonces el gobernador Murat tendrá que optar por un gobierno de coalición para poder mantener la estabilidad de su régimen e involucrar a algunas de las fuerzas de oposición en un esquema común de trabajo, para asegurar cuando menos las mayorías indispensables para poder gobernar?

En la actualidad existen sólo dos enunciados referentes al gobierno de coalición en la Constitución del Estado (artículo 59, fracción LXVIII y artículo 79, fracción XXVI), pero sin ningún tipo de desarrollo operativo, para hacer funcional dicha figura. Y si dentro de poco tiempo el Ejecutivo se ve en la necesidad de optar por dicha figura, se encontrará con una serie de problemas relacionados con la falta de reglamentación precisa, que habrá ocurrido por la enorme indolencia de la bancada priista de la Legislatura actual, que está empeñada en mantenerse en discusiones retóricas e ignorar los asuntos que serán previsiblemente importantes en un mediano plazo que está más cerca que nunca.

OPACIDAD

Otro de los temas que la Legislatura local tendría que discutir con cierta congruencia, es la profunda opacidad en la que desarrollan sus funciones tanto la parte legislativa, como la administración del Congreso. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que al menos funcione su portal de transparencia, o en general la deprimente página web del Congreso?

+ En la agenda, ningún tema relacionado con la educación; ¿qué se negocia?

En los últimos dos meses el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE han llevado a cabo diversas rondas de negociación de cuyo contenido y alcances prácticamente no existe información disponible. Los únicos indicios de los temas que se están tratando en las mesas de trabajo, han salido a través de las comunicaciones que el sindicato magisterial emite para conocimiento de sus agremiados. Si en el corto plazo no se establece una ruta, de cara a la sociedad, sobre lo que se negocia y los alcances posibles de dichos acuerdos, entonces el propio gobierno estará abriendo la posibilidad de negociaciones y chantajes infinitos, y daños profundos a la gobernabilidad, por parte de la Sección 22.

En efecto, desde el 1 de diciembre ha habido dos reuniones publicitadas entre el Ejecutivo del Estado y la dirigencia de la Sección 22. La primera ocurrió el 2 de diciembre, cuando se estableció el acuerdo por el que se regularizaban tres mil 600 plazas de trabajadores de la educación; y la otra ocurrió a finales de enero, en la que el gobierno entabló diálogo con la nueva dirigencia magisterial, y en la que se delineó el establecimiento de mesas de trabajo para resolver asuntos laborales y políticos. Derivado de esas mesas, cuyo contenido ya ha sido cautelosamente reservado a la opinión pública, la noche del lunes ocurrió un bloqueo por parte de normalistas e integrantes de la Sección 22, del que nuevamente se informó prácticamente nada. ¿Es correcto dejar tanto espacio al silencio, en un tema de vital importancia para los oaxaqueños?

Evidentemente, la respuesta tendría que ser negativa, aunque en realidad parece que el gobierno estatal pretende establecer nuevos parámetros, sobre bases lamentablemente ya por todos conocidas. En esa lógica, es claro que la administración estatal busca generar una relación más civilizada con la Sección 22, pero lo que habría que ver es si el propio sindicato tiene ánimos de atender a esa nueva relación, o si su pretensión es continuar con la lógica del chantaje que los ha caracterizado avasalladoramente al menos en la última década. Para atajar esta última posibilidad, cualquier negociación tendría que pasar por el tamiz mínimo de la transparencia.

¿Por qué? Porque lamentablemente en Oaxaca, el gobierno estatal está negociando quién sabe qué temas con la dirigencia de la Sección 22, pero lo único seguro es que no está discutiendo nada relacionado estrictamente con la educación. Y si se supone que, por un lado, la administración de la educación pasó a ser un tema federal a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente; y que, en el otro extremo, el gobierno concretó la regularización de las plazas docentes a partir del acuerdo del 2 de diciembre con la anterior dirigencia de la Sección 22, entonces no quedaría del todo claro qué se seguiría discutiendo, a menos que fueran temas estrictamente educativos.

El problema es que hoy en día ni el IEEPO, ni la Secretaría General de Gobierno, dejan lo suficientemente claro qué se sigue negociando. Esa opacidad es parte de los viejos usos y costumbres del diálogo entre la Sección 22 y el gobierno, aunque no debería ser algo aceptable a la luz de la nueva relación entre el Estado y el magisterio, y de las particularidades que en ello ha presentado la relación específica del gobierno estatal con la Sección 22.

En esa lógica, llama la atención el silencio que ha mantenido la SEP frente al tema, y los sorpresivos movimientos y anuncios internos de la Sección 22 frente a sus agremiados. Nadie debería apostar al privilegio de los espacios de silencio y las interrogantes, porque ello únicamente alimenta la idea de que, la larga historia de desencuentros entre la educación y la gobernabilidad en Oaxaca, no ha servido para nada porque de nuevo son temas políticos los que se discuten.

PRESIONES Y CHANTAJES

No debería echarse en saco roto las lecciones iniciales que dejó la implementación de la reforma educativa, y la relación —similar en muchos aspectos a la que ahora pretende el gobierno estatal— que intentó el gobierno federal con la Sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué ocurrió?

Que inicialmente se intentó que la relación fuera política y no educativa. La conducción le fue encargada al entonces subsecretario de gobierno de Segob, Luis Enrique Miranda Nava, que se dedicó a buscar la forma de transigir con la Coordinadora a partir de la concertación de espacios a cambio de una mejor gobernabilidad. Todos los intentos fracasaron, incluso los que pretendían pasar por la cooptación de la dirigencia y por la entrega de recursos ilimitados a cambio de la civilidad por parte de las secciones sindicales integrantes de la Coordinadora. La CNTE nunca cedió en su exigencia de la abrogación de la reforma educativa.

Esto no ocurriría, como tampoco el cese de las hostilidades de la CNTE. Por eso, a la larga la única solución posible fue la de la intervención de la fuerza pública, y el traspaso de la responsabilidad de la implementación de la reforma educativa a la SEP. Por el lado de la fuerza, Gobernación replegó a la CNTE; y la SEP estableció que cualquier negociación con la Coordinadora tendría que darse a partir de la aceptación de la reforma educativa, mientras le requisaba el IEEPO a la estructura política de la Sección 22.

Lamentablemente, en el camino se atravesó Nochixtlán, en junio del año pasado, y ello cambió las variables de la negociación para devolverlas a Gobernación, que a la larga se dedicó a los temas de la justicia por el enfrentamiento, pero evitó regresar a los temas de la negociación política de espacios y posiciones con la Sección 22.

¿Qué refleja todo eso? Que en su momento el gobierno de Gabino Cué, como el federal, buscaron por todas las vías evitar que el conflicto magisterial volviera a aterrizar en las negociaciones relacionadas con la reforma educativa. Y hoy, a pesar de todas esas duras lecciones —y lo mucho que todo ese proceso le ha costado a Oaxaca, en todos los sentidos— ya no queda claro si lo que se negocia son espacios para los normalistas, o la inaplicación de lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en Oaxaca, o simplemente en los temas de justicia relacionados con Nochixtlán; o con la ubicación de los trabajadores regularizados a partir del acuerdo del dos de diciembre.

Lo único cierto es que a nadie le benefician esos espacios de silencio y de opacidad que hoy se privilegian en la nueva relación del gobierno con la Sección 22. Es muy lamentable que las instancias encargadas de la gobernabilidad prefieran mantener en la discreción el contenido de las negociaciones, y que la ciudadanía sólo sepa que existe diálogo cuando las protestas salen del recinto donde se negocia y se instalan en las calles, como ocurrió la noche del lunes y la tarde de ayer con los normalistas.

El gobierno debía informarle a la ciudadanía qué pretende la Sección; qué exigen los normalistas; qué ofrece el gobierno y, sobre todo, cuáles son las condiciones y los límites de ese diálogo. Ello implicaría el establecimiento de condiciones mínimas para un diálogo verdaderamente civilizado. No hacerlo abre la puerta a los chantajes y a los amagues magisteriales que tanto daño le han hecho a Oaxaca.

DE LUTO

Armando Navarrete Cornejo falleció anoche, luego de una larguísima lucha contra el cáncer. Fue un hombre cabal, idealista y congruente, que supo siempre brindar amistad y consideración a sus seres queridos. Su familia tendrá la fortaleza para superar esta pérdida, siguiendo su ejemplo de entereza, tenacidad y valor para enfrentar las adversidades. Un abrazo solidario para sus deudos en estos momentos de profunda pena. Descanse en paz.

+ ASF refleja el tamaño del problema que tiene el país con la corrupción

En tiempos de crisis, los gobiernos pueden optar por medidas populistas o decisiones de fondo para enfrentar los problemas. México enfrenta varios problemas económicos graves, y ante esa complicada situación los tres ámbitos de gobierno deberían reconocer dónde están los verdaderos problemas y dejar de plantear soluciones absurdas y demagógicas que no sólo no contribuyen a combatir los males de fondo, sino que los esconden y los disimulan tras medidas que en realidad son intrascendentes. Eso debería quedarle claro a todos los que tienen funciones administrativas —y que según también tienen “compromiso con la ciudadanía”— en Oaxaca, y en nuestro país.

En efecto, el país enfrenta un problema económico muy grave que se deriva de varias circunstancias. El problema es que, frente a ello, políticos y partidos intentan ofrecer soluciones de solidaridad que en realidad no hacen sino alimentar las posturas demagógicas.

¿De qué hablamos? De que, en un primer término, el país está en el umbral de severos problemas financieros y presupuestales; y de que, frente a ello, nada en México ha pasado de ofrecer soluciones sólo aparentes como las de la llamada “austeridad” y la reducción de salarios que, en realidad, acaso podría ser un acto de solidaridad con los que ganan menos, pero que en realidad no contribuye a evitar de fondo la crisis que se avecina.

Y es que resulta que México está en el umbral de una crisis porque, a pesar de las promesas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal no ha podido reducir de forma importante el gasto público, ni tampoco le ha entrado a fondo al combate a la corrupción, y mucho menos ha conseguido relanzar la producción petrolera en México. Ese es un coctel que ya de por sí era explosivo, y que tendrá todavía más agravantes cuando se desacelere el consumo y la economía interna del país derivado de la crisis comercial que podría ocurrir a partir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Así, si México enfrenta ya un problema por tener un gasto público obeso, fuentes de financiamiento disminuidas derivado de la caída en la producción del petróleo y sus bajos precios internacionales, y una potencialmente menor capacidad de recaudación producto de que la gente comenzaría a dejar de gastar, el problema se vuelve doblemente complejo cuando además se comprueba que el dinero que se tiene no sólo no se está gastando bien, sino que las fugas de dinero continúan abiertas.

No obstante, hasta hoy la solución que el gobierno federal, y algunos gobiernos estatales le han ofrecido a la ciudadanía, han radicado justamente en algunas medidas de austeridad, que en los últimos dos meses las hemos visto desfilar a lo largo y ancho del país. Desde el Instituto Nacional Electoral, que decidió devolver los mil millones que tenía destinados para su nueva sede, hasta los ayuntamientos —como el de Oaxaca de Juárez— que, según para ahorrar, han anunciado que dejarán de ofrecer telefonía, vales de gasolina y otras prestaciones a algunos de sus empleados, hemos visto que en realidad frente a un problema de grandes proporciones sólo han ofrecido soluciones aparentes, demagógicas y poco provechosas.

GASTO DESCONTROLADO

A principios de 2016, el gobierno federal anunció un recorte presupuestal de alrededor de 120 mil millones de pesos. Casi un año después —o sea, en meses recientes— decidió dejar de subsidiar los combustibles por considerar que eso significaba una sangría para las arcas públicas, y que mantener la política de precios controlados de la gasolina y el diesel implicaría tener que aplicar nuevos recortes por alrededor de 200 mil millones de pesos a los programas sociales y al gasto tanto del gobierno federal como de las entidades federativas.

A la par de ello, comenzaron a surgir las medidas de austeridad antes citadas que, para efectos prácticos, no queda claro cuál es su utilidad real, qué tanto han generado ahorros a las arcas federales, y en qué medida han contribuido a aliviar las presiones fiscales que hoy imponen las circunstancias. Sea como sea, queda claro que aún haciendo los cálculos, esas reducciones salariales y de gastos de representación no representan el nivel de ahorros que verdaderamente el gobierno federal debía de tener, para considerar que están contribuyendo a la despresurización del presupuesto y, al contrario, muy probablemente estarían generando problemas de fomento a la corrupción.

En ese sentido, es clarísimo que la verdadera sangría al gasto federal está en la corrupción y no en el argumento demagógico de los salarios. Ayer, por ejemplo, al entregar la Cuenta Pública 2015, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que el órgano de fiscalización federal realizó observaciones o posibles daño al erario público, sólo en lo que corresponde a ese año, por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno Federal y los estados y municipios.

Asimismo, Juan Manuel Portal detalló que aproximadamente detectaron hasta este momento 100 mil millones de pesos en erogaciones con irregularidades del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos, y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron las entidades de los estados. Y puntualizó que para 2015, el monto observado a las entidades federativas se integra por 33 mil 449 millones de pesos derivados de subejercicios; y 31 mil 745 millones de pesos que se refieren a violaciones normativas en las que se presume un daño al erario público Federal.

Además, dijo, “en el sector central, en el Poder Ejecutivo, digamos que estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos, pero están sujetas a este proceso de aclaración, justificación, etcétera, pueden acabar en observaciones, en pliegos o en ambos casos o en denuncias de hechos”, y dijo que lo más grave que encontraron fueron la persistencia o subsistencia de desviaciones o irregularidades en obras públicas, es decir, sin licitaciones, fallas en la planeación, falta de proyectos ejecutivos, desviaciones durante la ejecución de recursos oportunos y falta de licitaciones en algunos casos y mala calidad, incumplimiento de plazos.

¿Qué significa todo esto? Que, básicamente, el gasto mal ejecutado por parte de la federación y los estados, es mayor a todos los supuestos esfuerzos que ha hecho el gobierno federal por “apretarse el cinturón” y por implementar medidas de austeridad para supuestamente disminuir el gasto.

En ese marco, el gobierno se ha negado a reconocer que mientras pague peores salarios a sus funcionarios, éstos estarán más tentados a incurrir en actos de corrupción. Por eso, no sólo parece una estratagema, sino un juego perverso, el tratar de hacer creer a la ciudadanía que se contribuye a paliar los efectos de la crisis inminente reduciendo los salarios, cuando ésta es una medida que significa silenciosamente una invitación abierta a la comisión de aún más actos de corrupción.

GASTAR CORRECTAMENTE

Por eso en Oaxaca seguimos esperando los pronunciamientos no sólo sobre el gasto público, sino también contra la corrupción. ¿Qué medidas tomará el gobierno estatal para gastar mejor, para dejar de sub ejercer recursos federales, y para tener la certeza —frente a la ciudadanía, y frente a ellos mismos— de que gasta correctamente en el tiempo y la forma que señala la ley? ¿Cuáles son sus planes respecto a la corrupción pasada, presente y futura? Para el gobierno, el silencio está dejando de ser una opción: tienen que dejar en claro cuanto antes si podemos esperar algo de ellos.

+ En EU, divididos por valores y anhelos; aquí lo estamos por mezquindades

El sonoro fracaso de las manifestaciones convocadas este fin de semana en nuestro país, para protestar en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, son un reflejo de la división mexicana: esa que no se enfrenta por valores o por el contraste en las visiones del modelo de futuro, sino por simples pero profundas mezquindades. A pesar del apoyo retórico que se le dio al Presidente de México a partir del 20 de enero, queda claro que en realidad los mexicanos seguimos igual de divididos que siempre, y que en esas condiciones no sería raro que Trump terminara cumpliendo íntegramente su plan antimexicano dentro de los próximos cuatro años. Nuestras propias acciones —y silencios— le terminan dando la razón.

En efecto, luego de la toma de posesión de Trump, y el inicio de las hostilidades retóricas contra nuestro país, amplios sectores de la sociedad mexicana se dijeron a favor de respaldar al Presidente en el establecimiento de una posición de dignidad, aún frente a la desigualdad, ante el nuevo gobierno norteamericano. Políticos, empresarios, intelectuales y sociedad civil, se dijeron convencidos de otorgar un voto de confianza al presidente Enrique Peña Nieto, en la necesidad de hacer planteamientos consistentes a Trump, que dejaran en claro que la dignidad y la soberanía nacional de México no era un asunto sujeto a negociación.

Paradójicamente, esos mismos sectores de la sociedad mexicana se dijeron defraudados cuando vieron que el Presidente respondía con tibieza y tientos frente a las bravuconadas del gobierno norteamericano. Quizá tenían el deseo de ver a un Presidente mexicano contestatario y rudo —como lo estaba siendo Donald Trump—, sin considerar que México ha sido un país promovente de la pulcritud diplomática.

Pareció entonces que el grueso de la población no entendió que la prudencia no era sinónimo de debilidad de carácter sino posiblemente de serenidad, frente a los desplantes convulsivos del Mandatario norteamericano; y que esa, la de Peña Nieto, con todo y su tibieza, era una actitud más digna que la que estaba asumiendo Trump, que llegó asumiendo que insultaba a sus empleados y no que estaba hablando con Jefes de Estado de naciones que en el plano internacional se encuentran en un plano de igualdad política frente a los Estados Unidos.

Acaso eso explica por qué, después de los primeros desencuentros entre el Presidente de México y Donald Trump, fueron tan contrastantes las opiniones que se vertieron tanto en México como en Estados Unidos, sobre el encuentro. Mientras aquí propios y extraños no dudaron en calificar a Peña Nieto de timorato, de tibio y de pusilánime frente a Trump, en la Unión Americana permeó una opinión muy distinta a partir de que ellos vieron a su propio Presidente, iracundo y perdiendo rápidamente el control, frente a otro Mandatario que aún estando en una posición de desventaja supo mantener la prudencia hasta el último momento, y ha evitado entrar en confrontación directa con el norteamericano.

Incluso pareciera que con ese primer affaire Trump-Peña Nieto, mexicanos y estadounidenses quedamos en evidencia: ellos habrían querido tener a su Presidente con la prudencia del mexicano; y seguramente nosotros hubiéramos querido tener al Mandatario rudo e intolerante, que encara a sus homólogos con groserías y desplantes. No se explica de otra forma, más que de ese modo, que en Estados Unidos hayan aplaudido a Peña Nieto, y que en México hayamos terminado descalificándolo —y con eso dándole silenciosamente la razón a Trump por humillarlo.

LOS PRESIDENTES Y LA GENTE

El sábado 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos hubo manifestaciones simultáneas bajo el grito de “nasty woman”.

Esa, que podría traducirse como “mujer desagradable”, fue una frase que Trump lanzó en uno de los debates presidenciales en contra de su adversaria del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y que las mujeres de prácticamente todo Estados Unidos tomaron como una humillación y una ofensa extensiva hacia ellas. Y por eso, al día siguiente de su unción, por miles salieron a marchar ya no sólo en protesta por la personalidad y las actitudes misóginas del Presidente, sino también para establecer frente a él un punto de referencia de la resistencia que habrán de ofrecer para que no replique conductas como la del debate presidencial mientras sea Presidente.

Esa, en ningún sentido puede considerarse como una actitud espontánea o pasajera: queda claro que en Estados Unidos hay un convencimiento profundo tanto de los asuntos que deben involucrar a la sociedad civil organizada, como de los valores que están en juego, y las amenazas que representa, que un hombre como Donald Trump haya llegado a la Presidencia.

Por esa razón, un día sí y otro también ha habido protestas en los Estados Unidos; y las perspectivas apuntan a que ésta será una dinámica inversamente proporcional a la pérdida de popularidad y desgaste político que vaya teniendo en el desarrollo de su gobierno. Es decir, que mientras más caiga su popularidad, más presión ejercerá la ciudadanía sobre él a través del rechazo y quizá de las manifestaciones en las calles, quizá hasta poder quitarlo de la Presidencia, aunque ese no parece un camino fácil ni una tarea sencilla.

Esto es muy contrastante con lo que ocurre en México. Hoy queda claro que el rechazo hacia Trump en nuestro país ha sido de dientes para afuera, y que los mexicanos no hemos perdido esa inicua tendencia a preferir la autodestrucción frente al enemigo exterior, antes que aceptar que podemos ser aliados temporales de nuestros adversarios domésticos cuando hay enfrente una calamidad que nos amenaza de forma común a todos.

Esto se reflejó en un acto tan sencillo pero simbólico como el del domingo. La convocatoria tenía que surgir de la sociedad civil, y pronto se vio que hasta ésta estaba dividida. Las fuerzas de izquierda descalificaron la manifestación argumentando que ésta significaba un apoyo disfrazado al Presidente de la República y, mezquinos como solemos ser los mexicanos, distinguimos más las ambiciones y las mezquindades electorales de cara al 2018, que la posibilidad de demostrarle desde el inicio al Presidente norteamericano que los mexicanos tenemos preocupaciones y convicciones que están por encima de nuestras diferencias, y que por eso nos habríamos manifestado de forma contundente a partir de una convocatoria lanzada desde la sociedad civil.

Lo más triste, en esta realidad desalentadora, es que ahora hay sectores de la sociedad mexicana —los convocantes a la manifestación, y el propio gobierno— que tienen miedo de que cualquier día de estos Donald Trump se refiera al fracaso de la marcha “Vibra México”, se burle de la desunión y mezquindad de los mexicanos, y decida mantener sus planes de odio y segregación, tanto contra nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, como con nosotros mismos que habitamos al sur de su frontera, con cuestiones como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el establecimiento de las condiciones de pago del muro fronterizo, u otros planes aviesos que tiene contra nuestro país sólo para demostrarle al mundo la dureza de sus iniciativas.

NUBARRONES

Si todo eso ocurre, no nos sorprendamos: con nuestra apatía, mezquindad y desunión, nosotros mismos le estamos dando la razón para que lo haga.