+ Crítico, enfrentar a las instituciones contra las resistencias humanas

Nada garantiza que el nuevo sistema de justicia penal prevalezca en sus condiciones actuales. Al contrario: parece haber —y en este espacio lo hemos señalado con abundancia— una especie de “alianza” entre diversos poderes fácticos y formales para consumar una contrarreforma al sistema, disfrazada de un “ajuste” que no haría sino hacernos retroceder varios pasos hacia el modelo inquisitivo que se supone que tendría que estar en vías de desaparecer. Si no entendemos de fondo la lección —y la premonición— que eso representa, entonces estaremos destinados a repetir el fracaso con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En efecto, es clara la intención de reformar el recién estrenado sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para restablecer algunos criterios relacionados con la prisión. Parece quedar claro que la idea prevaleciente en la mayoría de las conciencias del país, es la que apunta a que frente a la comisión de los delitos que socialmente se consideran como graves, debe haber una respuesta ineludible de privación de la libertad.

No se ha entendido —ni se ha querido comprender— que en realidad el nuevo sistema de justicia penal no dispone en sí mismo la tasación de los delitos según su gravedad, sino la consideración de las circunstancias que envuelven al imputado —es decir, a la persona a la que se le acusa de la comisión del delito— para establecer la prisión según las condiciones. Así pues, el sistema permite al juez aplicar su propio criterio en el establecimiento de las medidas que deba imponer no para mantener necesariamente en prisión a la persona que lo comete, sino para garantizar las condiciones para que éste permanezca sujeto al procedimiento penal que se inició en su contra.

En esa lógica, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los códigos procedimentales en materia penal de las entidades federativas, en lo que son aplicables respectivamente, establecen sólo un catálogo mínimo de delitos por los que se puede imponer la prisión preventiva oficiosa. Esos delitos son, entre otros, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, delitos cometidos con el uso de armas de fuego y violencia, y los que tienen que ver con la corrupción de personas menores de 18 años de edad.

Sólo en esos casos, el Juez debe imponer prisión preventiva al imputado, al margen de las circunstancias en que ocurre la presunta comisión del delito. Pero en los demás casos —como es la portación de armas de fuego, robos y algunos otros por los que hoy en día muchos pretenden culpar al sistema de justicia por ser una “eterna puerta giratoria” por la que entran y salen de prisión los delincuentes— es el Juez quien debe considerar las medidas cautelares que le imponga al imputado son las suficientes para que éste no se sustraiga de la acción de la justicia —pudiendo incluso decretar la prisión preventiva oficiosa si esa es la medida que considera como indispensable para que una persona que, por ejemplo, ha sido reincidente; que no tiene arraigo en la entidad donde cometió el delito; que no puede ofrecer certeza de su permanencia; o que a juicio del juez representa un riesgo de sustracción del procedimiento que existe en su contra.

Así pues, en realidad el problema de la “eterna puerta giratoria” en realidad no es responsabilidad de la ley, sino del conjunto de operadores del sistema: jueces, fiscales, peritos, policías investigadores, abogados y demás participantes, son quienes tienen la responsabilidad de actuar con eficacia en las facultades discrecionales que la propia ley les da para que establezcan medidas según su tasación de circunstancias, y su criterio. Y por eso mismo, esa “eterna puerta giratoria” que evidentemente constituye y promueve injusticias, en realidad no es responsabilidad del sistema, sino de quien no lo está aplicando en los términos que debería.

¿Cuál es el resultado? Que hoy vemos un bombardeo brutal de opiniones deliberadas —y muchos oficiosos que no saben ni de lo que hablan, pero que repiten cómodamente los supuestos argumentos en contra del sistema de justicia penal— y de intenciones de funcionarios federales, gobernadores, legisladores y hasta de medios de comunicación, que se pronuncian a favor de una contrarreforma al sistema de justicia penal, como si con ello resarcieran el problema de que los operadores del nuevo modelo de justicia no están actuando a la altura de las circunstancias del país, ni de las exigencias que establece el propio sistema.

EL SNA, QUE PONGA SUS BARBAS A REMOJAR

Hay otro problema en puerta, tanto o más grave que el relacionado con el nuevo sistema de justicia: somos testigos de cómo en el país, el propio sistema político está frenando —hasta el oprobioso límite de sus capacidades de resistencia— la conformación de todos los órganos y normas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Concretamente, han hecho todo para no definir los nombres y los alcances de la Fiscalía Anticorrupción, y para no permitir el avance de los comités que integran el Sistema. A partir de esa pauta, lo siguiente que veremos son los obstáculos para la puesta en marcha de las atribuciones del propio Sistema. Y si no vira la forma de entender sus alcances, después veremos el cuestionamiento al Sistema como el mecanismo de demostrar que éste no sirvió y que por esa razón se debe reformar —o contrarreformar— para supuestamente corregir los errores pero muy probablemente para frenar de manera definitiva sus capacidades de fiscalización, control y persecución de los delitos y faltas relacionados con la gestión pública.

Lamentablemente, el sistema de justicia está poniendo la pauta: aunque tardó ocho años para entrar en vigor, hoy resulta que —relativamente— muy pocos operadores e instituciones se tomaron en serio la responsabilidad de reaprender todo lo necesario para hacer funcional y eficaz dicho modelo, y hoy que esas circunstancias han hecho turbulento el avance del sistema, otras voces oportunistas apuntan a que es mejor reformarlo y hacerlo retroceder para que entonces sí se cumplan las expectativas del binomio delito/prisión que quieren seguir viendo todos aquellos que justamente no quieren que las cosas cambien, y que tampoco están de acuerdo en que sean las propias circunstancias las que pongan a prueba a las instituciones, para que éstas se crezcan ante esos retos.

Al final, es claro que la corrupción y la impunidad son dos de los más grandes flagelos que enfrenta nuestro país. El de la impunidad intentó abordarse a partir del establecimiento de un nuevo modelo de justicia que pusiera a las víctimas en la cúspide de su operación y de sus prioridades, pero que hoy está siendo sometido a fuertes presiones gracias a sus errores de aplicación. Exactamente lo mismo puede ocurrir con el Sistema Nacional Anticorrupción, si al final triunfan las intenciones de todos aquellos que no sienten fragmentada su alianza permanente por llevar a la quiebra al Estado de Derecho en México.

EL PLANETARIO

No sólo para la Secretaría de Administración, sino para todo el Gobierno del Estado, sería una muy buena forma de celebrar las más de cuatro décadas de existencia del Planetario Nundehui, modernizándolo. Dicen los expertos, que ese es el último planetario del mundo que sigue —medio— funcionando con diapositivas fotográficas y proyectores de los años setentas. Quién sabe si en realidad sea el único en esas condiciones, pero lo cierto es que en todos los demás planetarios del país, las proyecciones se hacen por computadora, con tecnología de imagen de alta definición, y sonido de alta fidelidad. ¿Lo sabrán?

+ Modificación al sistema de justicia, y en asuntos electorales, los ejemplos

Es inaudito que mientras la política nacional es un caos, el único consenso político aparente sea a favor de una contrarreforma. Es lo que están intentando conseguir desde diversos frentes, todos aquellos que se han pronunciado por una modificación a las condiciones de operación del nuevo sistema de justicia penal. Si consiguen también el aval legislativo —que no es complicado, dadas las condiciones actuales de esa discusión— entonces estaríamos en el preámbulo de la consumación de una de las más grandes felonías cometidas, desde el poder público, en contra de sí mismo, y de las personas. Vale la pena reflexionarlo y entender la trascendencia de ello.

En efecto, desde hace varios meses el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha sostenido que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, ha sido la causa del incremento en los índices delictivos de la capital del país.

Sin argumentar demasiado, y sin ofrecer tampoco datos corroborarles de sus afirmaciones, ha responsabilizado al sistema de justicia y con ello ha intentado disculparse ante la ciudadanía por la explosión delictiva que hoy azota a la Ciudad de México. Su remedio propuesto, hoy llevado ya a la arena nacional, ha sido el de modificar algunas condiciones de justicia para eliminar lo que ahora otros mandatarios han denominado como “hipergarantismo”. Algo verdaderamente atroz, si consideramos que lo que está en juego es el catálogo de derechos fundamentales que compartimos todas las personas.

De hecho, Miguel Ángel Mancera ha hecho de la contrarreforma al Sistema de Justicia Penal su principal tema, ahora que preside la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esa bandera ha sido ahora compartida por otros gobernadores que también tienen problemas con sus índices de criminalidad, y que también encontraron la ruta fácil de secundar las intenciones de Mancera de eliminar algunos de los principios del sistema acusatorio para evitar que ese “hipergarantismo” permita que los delincuentes enfrenten sus procedimientos fuera de prisión.

En términos sencillos, eso apunta a regresar, así sea parcialmente, al sistema de justicia que se supone que abandonamos en junio del año pasado cuando entró en vigor la llamada reforma penal; y a volver a esquemas de justicia que sostenidamente probaron ser tan nocivos —y mucho más—, como los que ahora se satanizan por quienes no han entendido que uno de los imperativos de la toda reforma de gran calado radica en ajustar su funcionamiento sobre la marcha, a partir de la experiencia.

El problema, en este caso, apunta a que esa experiencia que ellos están socializando y haciendo pasar por válida, en realidad es la justificación de la ineptitud y la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por hacer lo que es correspondía, en el tiempo y las circunstancias correctas en lo que corresponde a los esquemas de capacitación y profesionalización de todos los que participan en el nuevo sistema de justicia. Como no lo hicieron cuando debían, hoy el sistema penal no funciona bien. Y lo que quieren es aplicar una contrarreforma para eliminar de la ley los imperativos que ellos no cumplieron, sin reconocer que su prioridad tendría que radicar en ajustar sus políticas y conductas a los requerimientos actuales.

EXTRAÑA UNANIMIDAD

El primero fue Mancera, pero detrás de él han venido otros gobernadores. Los de Hidalgo, Durango, Querétaro y Nuevo León expresaron que el próximo lunes la Conago —ese órgano de gobernadores que con el tiempo se ha ido erigiendo en un grupo de presión, más que en un contrapeso del poder federal— solicitará al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo Sistema de Justicia Penal, ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si solicitan una revisión de su caso para seguir su proceso en libertad, como lo determinó la Suprema Corte, y afinan propuestas para una eventual reforma.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad dice, por ejemplo, que estudian propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar “hipergarantismo” que permita a presuntos delincuentes enfrentar sus procesos en libertad, en menoscabo del derecho de las víctimas a tener justicia. Estableció también la necesidad de revisar, en particular, la reclasificación del delito de portación de armas de fuego como no grave, razón por la que los indiciados a causa de ese ilícito no pisan la prisión, tema que “preocupa”, dijo.

“Estoy impulsando una buena parte de la reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio para reforzarlo, porque los operadores de la justicia, como son los jueces y los ministerios públicos, nos están refiriendo una serie de actitudes de la delincuencia de estar aprovechando algunas cosas del sistema donde hay hipergarantismo o garantismo extremo (…) Se trata de que esto no suceda, queremos exacto equilibrio entre los derechos de los imputados, que deben respetarse todos sus garantías, en eso no vamos a retroceder, pero tenemos que garantizar que no se vayan a poner por encima de los derechos de las víctimas”, señala.

Fayad refutó que los gobernadores busquen señalar fallas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evadir responsabilidades. “No se trata de que nos justifiquemos o justifiquemos a la violencia. Por eso se realiza una amplia valoración con participación de víctimas, académicos, y la mayoría coincidimos en que debemos ayudar a desarrollar el sistema de justicia”.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro dijo que los mandatarios coinciden en que se tiene que modificar el nuevo sistema de justicia, porque hay personas que pudieran incluso estar en libertad cuando fueron detenidos por portación de arma. “Vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida [de presuntos delincuentes] de esa manera”, dijo el mandatario al término de la ceremonia por el 15 aniversario de la Fundación de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, explicó que van a mandar una carta pública, suscrita por todos los gobernadores, para urgir primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado, para que todo lo que determinó la SCJN, respecto a que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen, porque es uno de los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal. “Todos los gobernadores mandaremos una carta pública en todos los medios, a más tardar el lunes, donde los integrantes de la Conago urgimos, con todo respeto, empezando por la Cámara de Diputados y siguiendo al Senado, que todo lo que ordenó la SCJN para que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen. Esos son los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal”.

PRESIONARÁN A LOS LEGISLADORES

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido ambiguo en el tema, pero no ha rechazado la posibilidad de una contrarreforma. Y la postura legislativa es la que más preocupa, porque ni por bancadas ni por entidades federativas, ha habido pronunciamientos consistentes a favor o en contra. Parece que los únicos que defienden la preservación del sistema de justicia en sus condiciones actuales, está en quienes lo crearon y en quienes directamente lo operan. Pero ellos no tienen la fuerza y la presencia política de los gobernadores. Así, con esa extraña, inusitada —y nociva— unanimidad que parece haber entre gobernadores, lo que podría ocurrir es que presionen a sus diputados federales y senadores, para hacer que esta contrarreforma pase. Sería la demostración de que existe una nueva grieta en el sistema federal, a partir de la cual algunos se ponen de acuerdo para frenar el perfeccionamiento —así sea turbulento— del Estado de Derecho.

+ Nuevas leyes sí son bienvenidas, pero sólo después de terminar con la impunidad

El pasado viernes, la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C., tuvo la deferencia de invitar al autor de esta columna a un foro denominado “Oaxaca, leyes e instituciones para periodistas”, en el que varios ponentes realizaron un análisis críticos a las iniciativas de Ley de Protección a Periodistas que se encuentran en estudio en el Congreso del Estado, así como de los mecanismos y protocolos —los que ya existen, y los que deben ser creados— de atención a comunicadores cuando se encuentran en una situación de riesgo por el ejercicio de su labor informativa.

En efecto, en ese encuentro el autor de este espacio expresó algunas ideas que, además de lo que diversas notas informativas ya señalaron durante los últimos dos días, son importantes a considerar para el análisis crítico de la situación y las propuestas, las cuales se transcriben a continuación.

En una de sus últimas reflexiones académicas publicadas, el finado constitucionalista mexicano Jorge Carpizo McGregor, criticaba que en México había una carrera desbocada en la modificación y creación de nuevas leyes, y en las reformas y adiciones a la Constitución, con la intención de que diversas situaciones se establecieran en la ley, e incluso en la Constitución “para que ahora sí se cumplan”.

Esta situación bien puede ser la de la anhelada y malograda legislación en materia de protección a periodistas. Es bienvenido y se saludan los esfuerzos que diversos órganos han hecho en la materia, aunque lo cierto es que la realidad nos aplasta y revela que México es uno de los países que representa el mayor riesgo para la libertad de expresión en el mundo. Resulta que aquí el problema es sistemático porque no sólo existe un clima generalizado de impunidad que invita diariamente a muchas personas, a cometer delitos en contra —o no— de comunicadores sin el temor a ser presentados ante la justicia, porque saben que sólo existe una milésima posibilidad de que eso exista.

Ese mismo clima de impunidad es el que ha invitado tanto a particulares como a propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Razones en concreto puede haber varias. Sin embargo, es cierto que una de las más importantes es la incomodidad que genera para algunos el ejercicio de la libertad de expresión, y los amplios márgenes de libertad que ese clima de impunidad les permite para cometer delitos sin ninguna consecuencia esperable.

Pareciera que la respuesta del Estado es todo menos lo esperable. ¿Qué han hecho? El gobierno federal ha asumido la postura de siempre: ante hechos que agravian e indignan a la sociedad, propone mecanismos irrealizables de protección y atención a esos problemas. La otra respuesta son las normas de protección a periodistas que, como decía el doctor Carpizo, en gran medida significan una especie de “relegislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado; establecer criterios ambiguos y muy posiblemente contraproducentes, e incluso contradictorios y atentatorios en contra de los principios deontológicos más básicos del ejercicio periodístico y de la libre expresión en México según sus propios principios constitucionales.

¿NUEVAS LEYES?

Hago referencia a la iniciativa del diputado Horacio Antonio, que actualmente se enceuntra en análisis ante el Congreso del Estado. Y de esa propuesta, que coincide en mucho con otras que se han presentado en otros momentos a la Legislatura oaxaqueña, me refiero a tres ejemplos: 1. El establecimiento de los mecanismos de protección. 2. El intento desafortunado, temerario y hasta contraproducente, de normar principios éticos y deontológicos. 3. El Fondo de Protección a Periodistas.

Respecto al primero de los puntos, la iniciativa establece la creación de una Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Oaxaca. Inicial y esencialmente, este órgano presenta los mismos problemas que como ocurre en el ámbito federal: es un órgano burocrático, carente de nivel y ascendencia social y política, e incluso desprovisto de la atención que debería requerir un órgano encargado de enfrentar y atender uno de los rubros que más agravian a la sociedad, como lo son los delitos y agresiones cometidas en contra de la libertad de expresión.

Todos lo sabemos: cuando en la ley hablan de “representantes de la Secretaría X…” en realidad se está disculpando al Titular de ese órgano de asistir y atender esa responsabilidad, para limitarse a lo que dice la ley: enviar un representante, que lo mismo puede ser alguien comprometido que ser un funcionario de segundo, tercero o cuarto nivel, que sólo cumpla con el requisito de acudir a las reuniones, pero sin ningún vínculo con la importancia de la Comisión. Y el gobierno, todos lo sabemos, está atiborrado de gente dispuesta a sólo cumplir con los mínimos de la ley y sus responsabilidades, sin involucrarse mayormente en los asuntos que se les encargan.

Me refiero ahora, al establecimiento de principios como la cláusula de conciencia, o de conceptos como la “orientación informativa” o la “línea ideológica”. ¿Sirve de algo establecer lo que ya está en la ley? El ejercicio libre de la libertad de expresión está normado en los artículos 6 y 7 constitucionales; la libertad de trabajo lícito, en el artículo 5; la libertad de asociación en el artículo 9; los derechos de autor y firma en las leyes ordinarias sobre ese tema; y el secreto profesional, es un elemento inherente a diversas profesiones y oficios, que incluso se inscribe en la esfera de lo indecidible para el marco jurídico —es decir, de esos linderos que la propia autoridad no puede cruzar ni con los médicos, ni con los abogados, ni con cualquier persona que tiene al secreto profesional como una de las bases del propio ejercicio de sus funciones—. ¿Caeremos entonces en la tentadora vaguedad de re legislar esto “para que ahora sí se cumpla”, como lo criticaba el doctor Carpizo?

Ahora bien, con la cláusula de conciencia el propio legislador puede entrar en terreno pantanoso. ¿Por qué no mejor propone un “código ético obligatorio” para que entonces termine de exhibirse en su ignorancia? La cláusula de conciencia, bien lo sabemos, comprende el conjunto de principios morales, éticos y hasta sociales, a partir de los cuales un profesional puede optar por dejar de hacer algo incluido en su catálogo de actividades, cuando eso atenta contra sus principios.

Otro de los aspectos que me parecen centrales de abordar es el relativo a las infinitas tentaciones que representa el llamado Fondo para la Protección de las y los Periodistas. En específico, mis reservas se centran en el hecho de que considero que somos un grupo que enfrenta riesgos por la naturaleza de nuestra labor y por las circunstancias que imperan en el estado y en el país, pero que ello no debe llevarnos a la confusión de asumirnos como un grupo vulnerable. No lo somos. Ni tenemos por qué considerarnos así, ni permitir que bajo ninguna circunstancia se nos intente tratar o asumir como tal.

UNA DISCUSIÓN INTEGRAL

Al final es necesario que pensemos en propuestas integrales, y las exijamos. De qué sirve crear una nueva ley que será como los llamados a misa, mientras prevalezcan la impunidad.  La impunidad es el caldo de cultivo de las agresiones a periodistas, y más allá de leyes especiales, tipos penales, endurecimiento de penas, y otras medidas que sí son necesarias, lo primero que debemos exigir es que las autoridades hagan su trabajo. Asimismo, en la discusión sobre las leyes y mecanismos relacionados con la protección a periodistas debemos estar los periodistas; debemos estar para ser considerados y para ser incluidos en esta discusión que no sólo es de burócratas, de políticos, de servidores públicos o de legisladores.

+ Relevante, este paso en la maximización de la esfera protectora de los derechos

En el artículo que publica este día en estas mismas páginas de TIEMPO nuestro apreciado y respetado amigo, el profesor Juventino Gamelí Cruz García, se hace una pregunta que, a nuestro juicio, debe ser respondida resaltando la importancia que tienen los pasos que dan las instituciones y los servidores públicos en la ampliación de la esfera protectora de los derechos fundamentales, como los relativos a la igualdad y no discriminación, de los que somos titulares todas las personas independientemente de cualquier condición social, económica, racial, o política.

En efecto, en el artículo denominado “Empate en Oaxaca”, publicado este día en TIEMPO, el profesor Gamelí señala: “Resulta que una pareja de mujeres (al menos así están registradas en sus actas) lograron casarse en Oaxaca, con ‘apoyo’ de X ‘juez’ que no sabe o se hizo el olvidadizo, que en Oaxaca aún no hay ley que haga legal las ‘bodas gay’ o de seres diferentes a la gran mayoría, que se apegan a lo que marca la que señala que los casamientos son entre ‘un hombre y una mujer’… En otros casos y en otros lugares del país, para realizar los casamientos de otra índole, ‘los o las’ contrayentes se tienen que amparar, pero, al parecer lo sucedido en Oaxaca fue de otra manera… ¡Que alguien nos explique… Por favor!”.

Por la importancia que este hecho reviste jurídica y socialmente, vale la pena la explicación a la luz de los derechos fundamentales. Esa explicación, en términos generales, debe partir del propio contexto en el que ocurrió el reconocimiento al llamado matrimonio igualitario. Ello ocurrió hace algunos años, cuando precisamente en Oaxaca, una pareja conformada por dos personas del mismo sexo, presentaron una solicitud ante la Dirección del Registro Civil para contraer matrimonio. Éste lo negó argumentando que el artículo 143 del Código Civil señala que el matrimonio es el contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida.

En términos rigoristas, el Registro Civil tenía cierta razón en aquel momento, a partir de la interpretación estrecha de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. No obstante, la pareja solicitante a la que le fue negada la posibilidad de celebración de ese acto de la vida civil, recurrió al juicio de amparo ante tribunales federales, el cual en diversas instancias les concedió la razón, al interpretar el contenido del 143 del Código Civil a la luz de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.

En términos simples, la Suprema Corte concluyó en definitiva que dicho artículo es inconstitucional porque quebranta esos dos derechos y porque hoy en día los fines del matrimonio van mucho más allá que el de la perpetuación de la especie, y que está demostrado que no sólo entre un hombre y una mujer se pueden proporcionar ayuda mutua en la vida.

Así las cosas, tal y como lo señala el profesor Gamelí Cruz, era ya sabido que en Oaxaca cada que una pareja de dos personas del mismo sexo quería contraer matrimonio, tenía que recurrir a un juicio de amparo para que, amparados y protegidos por la justicia de la Unión, la Dirección del Registro Civil se viera obligada a celebrar el contrato civil del matrimonio, como si el artículo 143 del Código Civil dijera que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre dos personas (sin especificar los géneros), y no “entre un solo hombre, y una sola mujer” como lo sigue estableciendo hasta ahora.

ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ?

Básicamente, hubo un cambio de criterio de aplicación por parte de la Dirección del Registro Civil, el cual pasó de la postura de negar la celebración del acto solicitado en virtud de lo que dice el Código Civil, a la de hacer un control difuso de constitucionalidad para reconocer que existen suficientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la actual redacción del artículo 143 del Código Civil viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación de las personas, para realizar la desaplicación del mencionado precepto y ponderar sobre ello los criterios establecidos por el Máximo Tribunal de justicia del país.

En esa lógica, la Dirección del Registro Civil dio un paso importantísimo —ese sí, histórico— en la preservación de los derechos fundamentales de los oaxaqueños, al reconocer para sí la obligación que le impone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Así, a partir de esa obligación, relacionada con los principios pro persona y de interpretación conforme, que obligan a las autoridades a hacer todo lo que esté a su alcance para maximizar la esfera protectora de los derechos fundamentales, la Dirección del Registro Civil decidió ponderar la interpretación constitucional en el sentido de que el artículo 143 del Código Civil viola los derechos fundamentales de ciertas personas, para no aplicarlo y en lugar de ello preferir el criterio que no viola derechos fundamentales.

Por esa razón, con el cambio de criterio —un criterio ampliamente reconocido por la Corte, por el cual incluso inició una Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto al 143 del Código Civil de Oaxaca, y que ya está plenamente reconocido en otros sistemas jurídicos que ya reconocen el matrimonio igualitario dentro de su sistema jurídico— se hizo innecesario que la pareja solicitante acudiera a un juicio de amparo, y más bien fue la propia autoridad ejecutora quien reconoció su obligación de hacer todo lo que estuviera a su alcance para respetar y garantizar los derechos de esas personas a ser tratadas en un marco de no discriminación e igualdad ante los demás.

Esta decisión resulta por demás relevante. Oaxaca ha sido señalada reiteradamente tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por diversos organismos protectores de los derechos fundamentales de todas las personas, y de las minorías, por su resistencia a reconocer no sólo una situación de hecho bastante común en la actualidad, sino sobre todo por reconocer y tomar medidas legales y administrativas frente a una necesidad jurídica, que está encaminada a proteger a todas las parejas, independientemente de las características físicas de quienes la integran.

Al final, igual que como las parejas heterosexuales se unen en una relación, y adquieren diversos derechos y obligaciones relacionadas no sólo en lo mutuo, sino también en lo económico, material, e incluso en el otorgamiento recíproco de beneficios de seguridad social —desde atención médica hasta una pensión—, las parejas conformadas por personas del mismo sexo enfrentan esas mismas situaciones, y hasta ahora lo han hecho en medio de una especie de limbo jurídico.

Por eso es una buena noticia la decisión de cualquier autoridad, y en este caso de la Dirección del Registro Civil, de tomar la iniciativa, y con un alto sentido de responsabilidad, hacer lo necesario —y sin mayor aspaviento, porque no es un asunto que alguien haya pretendido ponderar, celebrar o capitalizar políticamente— para la protección de los derechos de todas las personas.

¿POLICÍAS NEGOCIADORES?

Es inaudito, pero de verdad increíble —y penoso—, que ahora sea el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, quien “pida” a los del “Frente Popular 14 de Junio”, que se retiren del zócalo a un albergue. ¿No querrán después, las instancias oficiales supuestamente encargadas de la gobernabilidad, que también la Policía Estatal les cargue sus tiliches a los inconformes, y no sólo los lleve, sino que también les construya un albergue? Es una vergüenza, que refleja el extravío en que se encuentran no sólo la Segego sino diversas dependencias gubernamentales encargadas de la atención a los conflictos sociales.