+ Veracruz, Chihuahua, Nuevo León… en todas, el resultado es desalentador

El federalismo mexicano vive una resaca terrible con la inoperancia y corrupción actual de los gobiernos estatales. Si en el pasado la mayor queja institucional parecía provenir del gobierno federal y de las arbitrariedades propias del régimen presidencialista —entendido éste como un sistema presidencial exacerbado, propio de las incipientes democracias latinoamericanas—, hoy buena parte de los mayores problemas institucionales tienen su origen en la contradictoria figura de los gobernadores. Éstos, a pesar de la enorme evolución institucional que le apremia al país, siguen extremadamente sometidos en algunas atribuciones y, paradójicamente, excesivamente libres en otras. Si se busca la confianza del ciudadano en el Estado, esa es una de las figuras que debería modificarse con urgencia.

En efecto, hoy abundan las historias relacionadas con la corrupción de varios gobernadores. En el caso de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y varias más, se acusa a los ex gobernadores de haber dejado deudas estratosféricas, además de graves problemas en rubros como la seguridad. Y en otras entidades —como Oaxaca o Puebla— que hoy tienen menos atención de la opinión pública nacional, tampoco distan demasiado de esos mismos problemas que tienen una derivación de fondo en la corrupción.

En realidad, hoy que están en juego cuatro gubernaturas, y que ello no será sino la antesala de un proceso electoral mayor, ese resulta ser uno de los problemas de fondo para la generalidad de los partidos y para la credibilidad y legitimidad en general de la importancia de la renovación del poder público. Es evidente que este asunto superó por mucho la esfera de los problemas ordinarios, y que se ha incrustado como uno de los más graves en la vida pública del país. La corrupción, como problema genérico del Estado, se particulariza en temas como la impunidad, pero también se bifurca en la inoperancia de las instituciones y en las excesivas libertades que tienen hoy algunos servidores públicos. Y ello se refleja con toda claridad en los gobernadores.

Pues, por un lado, seguimos siendo testigos de que hoy son algunos gobernadores los que mejor ejemplifican los problemas de corrupción en el país. En este momento son César y Javier Duarte en Chihuahua y Veracruz, respectivamente. Previo a ellos fue Roberto Borge en Quintana Roo. Pero hace un poco más de tiempo fue Guillermo Padrés en Sonora; Fausto Vallejo en Michoacán; y antes fue Humberto Moreira en Coahuila. Es decir, que este es un problema sistemático, en el que gobernadores de todas las facciones, grupos, partidos y antecedentes, comparten el mismo problema de haberse excedido en sus funciones y haber incurrido en todo tipo de irregularidades, particularmente con las que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos, y las tentaciones del peculado.

Y como si eso no fuera suficiente, resulta que esos mismos gobernadores han entregado gestiones verdaderamente desastrosas en cuanto a resultados. Hoy el país está incendiado por la criminalidad, por la violencia y por la impunidad. Y el rasgo distintivo –para variar— son los gobernadores completamente incapaces de controlar las situaciones de riesgo en sus respectivas entidades. Todos por igual, claman por ayuda federal ante la evidente incapacidad de controlar un problema que en gran medida ellos contribuyeron a crear.

Lo hicieron cuando permitieron que la delincuencia le ganara terreno al orden público; cuando distrajeron recursos prioritarios para el mejoramiento de las policías, para otros fines; cuando asumieron que la seguridad no era un tema estatal sino federal; y cuando, por indolencia o por candidez, dejaron de atender ese y muchos otros problemas que hoy, por su dimensión, tienen también rebasado al gobierno federal.

PODER DE CLAROSCUROS

¿Y no son esos mismos gobernadores a quienes se acusa, por ejemplo, de haber sobre endeudado a sus entidades federativas? Son ellos mismos, porque en esos controles y libertades que hoy tienen los Ejecutivos estatales —una de las figuras que particularmente no ha sufrido modificaciones sustanciales en el esquema constitucional federal, a pesar de la alternancia de partidos en el poder y de los cientos de reformas que en los últimos 17 años se han hecho a la Constitución— les siguen permitiendo ejercicios discrecionales del gasto y, además, controles muy anticuados de los contrapesos democráticos.

¿Cómo se puede explicar, entonces, que la gran mayoría de los gobernadores, independientemente de la filiación política de la que emanaron, enfrenten problemas similares de acusaciones sobre endeudamientos irresponsables? En ese rubro, ninguno de los partidos sale bien librado, porque más bien ese ha sido un efecto nocivo de la praxis política que, además de reflejar irresponsabilidad en el ejercicio del presupuesto, revela también la inexistencia de contrapesos reales o, en su caso, de una relación de connivencia entre los gobiernos y las fuerzas opositoras.

Los hechos así lo demuestran: todos los gobernadores, para contratar deuda y comprometer sus ingresos fiscales futuros, necesitan el aval de su respectivo Congreso. Y todos los gobiernos endeudados tienen fuerzas opositoras que prácticamente en todos los casos terminan respaldando al gobernador en sus intenciones, ya sea porque entablan negociaciones para compartir los beneficios, o porque simplemente existe un problema de sometimiento permanente de la oposición al oficialismo. Y, en cualquiera de los casos, todo esto ocurre gracias a que no existen los equilibrios efectivos en el ejercicio del poder.

En todo eso, la propia federación ha sido corresponsable. Pues a pesar de la transformación institucional que ha sufrido el país, y de las modificaciones al esquema de poder del Presidente, resulta que los gobiernos estatales siguen siendo muy dependientes del paternalismo federal, que en gran medida se ha promovido —valga la redundancia— desde la propia federación.

Por décadas —antes y después de la alternancia de partidos en la presidencial, en el año 2000— el gobierno federal ha buscado restarle facultades sustantivas a los gobiernos estatales, menguándoles sus capacidades recaudatorias, ejecutivas, administrativas, de seguridad y de desarrollo. Por eso, el gran poder lo ha seguido teniendo la federación —cosa que no cambió ni con las reformas estructurales recientes— y los gobernadores están reducidos a la cómoda posición de jefes políticos de sus entidades federativas, aunque con márgenes muy limitados de acción para enfrentar con bases los problemas de los territorios que gobiernan.

Por eso no es ocioso el señalamiento sobre la urgencia —hipotética— de que evolucione la figura de los gobiernos estatales. Lejos de menguarles aún más el poder, se le deben dar las responsabilidades que hasta ahora se le han regateado, y se le deben poner los controles que hasta ahora han evitado. Conforme pasa el tiempo y los problemas nacionales, queda cada vez más claro que los gobiernos estatales están rebasados.

DESARROLLO REAL

No se ha querido entender que no se trata de seguirlos supliendo, o de quitarles aún más facultades, sino todo lo contrario: como a un adolescente que está en desarrollo, a los gobiernos locales se les debe dar responsabilidades y obligarlos a que las asuman. Sólo de ese modo se podría ir menguando la figura parasitaria que hoy tienen en general los gobiernos estatales respecto a la federación, y se impulsaría el replanteamiento de la figura sustancialmente.

+ Si hubo sobreendeudamiento de GCM, que lo procesen; pero ¿y si no fue así?

El gobierno de Oaxaca no debería tomar tan a la ligera la enorme incertidumbre que está generando la llamada reactivación económica, que sigue durmiendo el aparente sueño de los justos. La persistencia del enorme vacío de información confiable sobre el origen y las posibilidades de cumplimiento de los adeudos y subejercicios presupuestales, alimenta la idea de las irresponsabilidades institucionales. Y la recién entrada administración estatal debe asumir que o clarifica consistentemente por qué la economía gubernamental está detenida; o de lo contrario, ni siquiera en el mediano o largo plazo podrá cumplir con su promesa de generar derrama económica para la entidad, por encima de las empresas foráneas.

En efecto, la semana pasada el gobierno estatal anunció que a partir de este mes iniciará el pago de adeudos a diversos sectores de la Iniciativa Privada a los que la administración anterior dejó con adeudos. Esto ocurre en un panorama en el que el propio gobierno dijo que del monto original que la administración gabinista les dejó como pendiente de pago —un monto que oscilaba en los dos mil 500 millones de pesos—, a la ventanilla única de recepción de documentos que acreditaran adeudos del sexenio anterior, que instaló la Secretaría de Administración en diciembre para hacer una compulsa real de la situación, sólo hubo reclamos —con soporte documental—, por un monto de alrededor de mil millones de pesos.

Esto dio un panorama más real de los adeudos, aunque en realidad lo que sigue siendo un verdadero problema para el gobierno ha sido explicar los adeudos a la luz de alguno de los supuestos siguientes: a) que el gobierno de Gabino Cué hubiera dejado pagos pendientes que carecían de la cobertura presupuestal para ser liquidados; b) que teniendo cobertura presupuestal, las partidas que se afectarían para esos pagos hubieran sufrido algún recorte o cancelación; c) que dichos pagos no tuvieran la debida gestión de los recursos a través de algún fondo extraordinario, fuere de los ámbitos local o federal; d) que dichas obligaciones hubieran sido contraídas legalmente —es decir, con pagos presupuestados, cobertura y justificación de la necesidad de la contratación—, y que el retraso en los pagos fuera sólo un problema de retrasos en la ministración de los recursos para enfrentar las responsabilidades.

Pues resulta que hasta el momento, el gobierno estatal sigue sin explicar con cabalidad cuál es el origen tanto del retraso en la cobertura de los pagos pendientes a toda la gama de empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno, como de las posibles irregularidades heredadas por funcionarios de la administración anterior con relación a dichos adeudos.

En no pocos casos, se sabe que la administración actual ha intentado realizar nuevas negociaciones a partir de esos adeudos, lo cual lejos de aliviar el problema genera más suspicacias a partir de una razón: si se supone que esos fueron adeudos legalmente planeados y presupuestados, lo único que tendrían que hacer es pagarlos; y si no cumplieron con esos requisitos –es decir, que sean gastos fuera de presupuesto o que no cumplen con los requisitos que establece la ley para realizar el pago correspondiente— entonces no sólo no debería negociarlos, sino que tampoco debería pagarlos; y, más bien, debería iniciar procedimientos administrativos y penales en contra del o los funcionarios que violaron un principio constitucional elemental respecto al gasto público, consistente en haber ordenado pagos que no estaban contemplados en el presupuesto o en alguna ley aplicable.

SÓLO EL SILENCIO

¿Por qué no es buena noticia que en muchos casos haya voces que señalen que el gobierno está “renegociando” los adeudos de la administración anterior? En primer término, porque eso alimenta la incertidumbre sobre el tipo de adeudos que dejaron, y el tipo de tratamiento que les está dando el gobierno actual.

En el fondo, no se trata de si los débitos fueron de Gabino Cué o si de son de la camada actual de funcionarios: en realidad, lo grave es que los adeudos —si son comprobables— son un compromiso institucional del gobierno de Oaxaca, lo cual rebasa por mucho los nombres y los sexenios, y se convierte en un asunto de la legitimidad que tendrá el gobierno de cara a quienes lo proveen en sus necesidades y que, en muchísimos casos, lo hacen a crédito y con el solo empeño de la palabra institucional. Si se trata mal la deuda, entonces estarán cerrando —como lo hemos apuntado antes— diversas puertas de apalancamiento al sector público para tiempos futuros en los que, como ahora, todos los problemas tengan su origen en el retraso de las ministraciones federales.

Hay algo más: llevar y traer con tanta ligereza el problema de los adeudos y el manejo del presupuesto estatal, sin ofrecerle a la ciudadanía una explicación puntual y exacta de cualquier problema presupuestal que tuviera el gobierno —porque además, los oaxaqueños merecemos esa explicación—, en alguna medida hace nugatoria la certeza jurídica que se supone que ofrece ese documento que cada año aprueba el Congreso del Estado, denominado Presupuesto de Egresos del Estado.

¿De qué sirve que exista tal documento, si de todos modos una buena parte del manejo presupuestal quedó, o sigue quedando, en la completa discrecionalidad, y en las consideraciones y renegociaciones que pudieran estar haciendo funcionarios a nombre del gobierno, como si el presupuesto se tratara de la bolsa o la riqueza de alguien en específico?

También por esa razón, no es una buena noticia que, por un lado, todo este gran problema presupuestal que enfrenta la entidad exista sin una explicación puntual de la Secretaría de Finanzas; y que, en el otro extremo, estén intentando desacreditar la legitimidad y el valor que se supone que debe tener el Presupuesto de Egresos, como base fundamental del ejercicio del gasto gubernamental, y como garante de la certeza con la que se van a ejercer los recursos.

Al final, si en realidad el problema sigue siendo que el gobierno de Gabino Cué gastó de más; si el problema fue que contrajeron más obligaciones de las que sus presupuestos podían soportar; si se comprometieron a futuro sin contar con las bases legales y presupuestales para cumplir con las responsabilidades institucionales del Estado; y si lo hicieron para heredarle un problema de economías a la administración actual, entonces el gobierno estatal debe dejar de titubear, y de renegociar, e irse con todo el peso de la ley en contra de los ex funcionarios ineptos o corruptos que provocaron este desastre económico.

En el fondo, tanta secrecía, tanta discrecionalidad, y tanto ánimo por mantener a Oaxaca en un prolongado ayuno económico, y de explicaciones sobre las razones creíbles y consistentes que lo provocaron, sólo alimenta la idea de que o están encubriendo a los funcionarios de la administración anterior; o que están queriendo reabrir capítulos presupuestales cerrados para obtener un beneficio; o que definitivamente no tienen la capacidad para enfrentar un problema socialmente tan complejo como éste.

MALA REPUTACIÓN

Al final, no se trata sólo del dinero que se debe, sino de los sectores que están a punto del colapso por la inmovilidad económica, de las miles de familias que dependen de esa economía privada, que están sufriendo sobremanera por este prolongado problema económico que enfrenta Oaxaca; y de la imagen inconsistente que se sigue construyendo el Estado como una persona (moral) que con la mano en la cintura puede desconocer sus compromisos institucionales. Esto último, es lo más terrible de todo.

+ Morena desfonda al PRD, que no opta por formación ciudadana

La desbandada de perredistas hacia las filas de Morena en Oaxaca, es sólo uno de los tantos síntomas de que las fuerzas de izquierda en la entidad viven una crisis de tal profundidad, que no han logrado encontrar un equilibrio entre la práctica de ‘la cargada’, y el sostenimiento de los parámetros mínimos de compromiso social y representación de la ciudadanía. No hay forma, hasta ahora, de que cualquiera de esas fuerzas refleje que en realidad el votante de a pie se encuentra con él. Y más bien, en su mayoría, le apuestan a las cúpulas, a las apariencias y a las ecuaciones electorales rumbo al 2018.

En efecto, en las últimas semanas ha ocurrido un fenómeno pocas veces visto en las últimas décadas no sólo en Oaxaca, sino en el país. En unos cuantos días, sectores completos de militantes del PRD y otras fuerzas políticas anunciaron su adhesión a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el Movimiento de Regeneración Nacional. Propios y extraños hicieron presencia en un mitin del tabasqueño el pasado 21 de marzo en Oaxaca. Pero salvo excepciones, casi nadie ha explicado cuál es la razón por la que esos personajes transitaron de una opción a otra dentro de la misma izquierda; y tampoco se entiende cuál pudiera ser una postura asequible del perredismo frente a la desbandada.

En lo que respecta a la desbandada de perredistas y petistas hacia Morena, esto no resulta ser sino una expresión de la ya conocida ‘cargada’ que fue parte de la vieja tradición priista. ¿De qué se trata? De que, entonces como ahora, había un gran elector que en cierto momento inclinaba la balanza por alguno de los posibles candidatos, pero para legitimar la decisión enviaba como ‘avanzada’ a los sectores, organizaciones y expresiones adherentes al partido oficial, a pronunciarse a favor de esa candidatura.

A esa tradición, conocida como ‘cargada’, le seguía el anuncio de la decisión final en la que ‘el partido y yo’ (o sea, el Presidente y nadie más) según hacían eco de esa decisión de las expresiones políticas y oficializaba lo que previamente ya había sido decidido y ‘operado’ desde la propia oficina de ese gran elector que era el Presidente en la tradición priista, para legitimar a su candidato.

Eso es exactamente lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, Morena y las fuerzas de izquierda, en un contexto en el que la tradición y el pragmatismo están pudiendo más que la democracia y el compromiso con sus respectivas militancias. En este caso, el propio Obrador es al mismo tiempo el gran elector y el depositario de la decisión, pero ya no sólo dentro de su partido sino que logró influir en todas las fuerzas de izquierda.

Pues resulta que la fortaleza actual de Morena es proporcional a la debilidad del perredismo y petismo; además esos dos partidos, enfrentan un grave problema al no lograr encontrar la identidad que perdieron luego de la escisión de la izquierda, y que ni siquiera se llevó López Obrador a su partido. Así, además de la crisis de las militancias, de las cargadas y de las numeralias rumbo al 2018, resulta que en general todas las fuerzas de izquierda viven una grave crisis de credibilidad frente a todos aquellos que no ven ni a López Obrador, ni a cualquier otro posible abanderado de las fuerzas de izquierda, con fe ciega.

Acaso lo más grave de todo esto, resulta ser que hasta el momento, en general Morena, el PRD y los demás partidos afines no ha logrado plantear ni un solo rasgo de algún discurso relacionado con los postulados ideológicos y políticos de la izquierda para el país. Nadie, ni López Obrador, ni cualquiera de los posibles abanderados de los otros partidos de izquierda, ha articulado un discurso que refleje sustancia política, entendimiento de su papel histórico, y un proyecto de país que pueda ser sostenido como algo más que simple pragmatismo y oportunismo ante la posibilidad de ganar la elección presidencial.

De entre todo eso, lo que resulta aún más grave es la imposibilidad del propio Andrés Manuel López Obrador de establecer coordenadas concretas del proyecto alternativo de nación. A la luz de los acontecimientos políticos del último año en los Estados Unidos, debería comenzar a quedarle claro —a él como aspirante presidencial, y a nosotros como electores— que emprender campañas anti stablishment (o antisistema), como lo hizo Donald Trump como candidato, y como lo intensifica hoy López Obrador en México, no necesariamente tienen derroteros alcanzables aún cuando cuantitativamente tengan un respaldo importante.

En esa lógica, una de las preocupaciones que despierta el tabasqueño es que presenta un discurso en el que los rasgos de la izquierda siguen ausentes, y sólo se ha centrado en lo que la ciudadanía pretende escuchar. Por eso, aún cuando es cada día popular, éste no pasaría ninguna prueba como candidato de la izquierda; y por eso mismo, los apoyos que ha recibido en las últimas semanas no son más que una grosera expresión de la vieja cargada priista, porque en realidad la gran mayoría de las expresiones de izquierda que se le han sumado tienen más el sueño —y la ambición— de ganar por fin una elección presidencial, que de ver cumplido algún ideario —o algún rasgo— de la izquierda para el país.

López Obrador no ha demostrado convicciones y contenido ideológico de izquierda ni como candidato, ni como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y por eso no hay una sola garantía de que pueda y quiera llevar algún tipo de programa de gobierno verdaderamente progresista como Presidente del país.

PERREDISMO, EXTRAVIADO

En el otro extremo está la triste realidad del PRD, que no dista mucho de su escenario nacional con el de Oaxaca. Tanto en el contexto nacional, como en el doméstico, lo único que se refleja es un profundo atrincheramiento de quienes calculan el control de las cúpulas sin importarle la dignidad de su partido. En el caso de la entidad, el perredismo que se quedó con la dirigencia del partido cumple con el indigno papel de ser una comparsa oficialista que sólo se podrá mantener en la medida que continúe teniendo alguna representación legislativa.

Pues resulta que ante la cargada, hoy el PRD ya no puede explicar la dimensión real de su militancia en la entidad; tampoco puede establecer con exactitud cuál es el nivel de cohesión de su bancada en el Congreso local; y mucho menos tiene cara para presentarse ante sus simpatizantes y militantes luego del escandaloso proceso interno en el que se pelearon los aliados de Gabino Cué, contra los aliados del régimen actual, por lo que le quedaba de sustancia política y actores relevantes a ese partido. De ahí que la huida de diversos actores hacia Morena, el perredismo quedó doblemente desfondado porque ya no tuvo capacidad ni sostenerse ni de ofrecerle a la ciudadanía una explicación coherente de su situación actual, y de sus nuevos derroteros como fuerza política menguada.

DEVASTACIÓN POLÍTICA

Al final, lo más triste es que quienes se quedaron en el perredismo, lo hicieron atrincherados y no abiertos a las expresiones ciudadanas. Hay mucha gente que bien podría militar en el PRD —o en Morena, o en el PT— pero que prefiere el apartidismo ante el desgaste de las siglas partidistas en general. Quienes tiene cálculos políticos se fueron a Morena; y quienes no los tienen, prefieren no acudir a ningún partido porque eso significaría poner en entredicho su propia legitimidad como personas, frente a un partido que sólo ha demostrado resistencias, incapacidades y caprichos como su única forma de mantenerse con algún espacio de poder. Es una paradoja que hoy sean las personas quienes se cuiden de los partidos, y que éstos se presenten con tanta procacidad a pesar de su falta de sustancia y congruencia con el ideario político que ya sólo tienen de adorno.