+ Alianzas políticas: o se evitan, o se impulsan de cara a la ciudadanía

En Oaxaca tenemos ya una historia larga de coaliciones estériles y, por la estabilidad y credibilidad del nuevo gobierno, y de la propia Legislatura, deberían evitarse las alianzas de facto o, de lo contrario, establecerse con corresponsabilidades y de cara a la ciudadanía. Es el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, cuya fracción parlamentaria en el Congreso local ofrece un voto de confianza a la administración que iniciará el 1 de diciembre, pero sin establecer con claridad en qué implica ese posible acuerdo inicial con el inminente nuevo oficialismo oaxaqueño —el PRI.

En efecto, en entrevista con TIEMPO, el coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura, Irineo Molina Espinoza, dijo que se le debe dar un voto de confianza a la administración que encabezará Alejandro Murat Hinojosa, y que en ese tenor se analizará el proyecto de Presupuesto de egresos 2017 que presente en fechas próximas, así como la designación de los integrantes del gabinete. Negó, además, cualquier posible acuerdo “en lo oscurito” con el PRI, o que la decisión tomada para que sea Morena quien presida la Junta de Coordinación Política en el primer año legislativo, sea producto de una concesión otorgada por el PRI (a través del nuevo método del “voto ponderado”) a cambio de su respaldo a la nueva gestión gubernamental.

Esta situación hay que verla con claridad: de facto, Morena trabó una alianza inicial con el Partido Revolucionario Institucional. El contenido del acuerdo, es evidente: el PRI le dio a Morena el reconocimiento como segunda fuerza política de la entidad, gracias al cambio de modalidad en la determinación de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, a cambio de que éste reconociera su respaldo al nuevo gobierno. Eso no está mal. Finalmente, la política se construye con acuerdos, concesiones recíprocas, y consensos. Y por eso mismo, lo que quedaría pendiente es saber hasta dónde Morena cargará con la corresponsabilidad del apoyo al gobierno, y hasta dónde pretendería también institucionalizar y asumir el apoyo que está concediendo.

Nos explicamos: en los últimos seis años, hubo una alianza igualmente fáctica entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y, parcialmente, del Partido del Trabajo. El problema es que dicha alianza careció permanentemente de cualquier tipo de contenido político, de gobierno o de corresponsabilidades. Es decir, la alianza funcionaba cuando le funcionaba al gobierno, o a los partidos que la integraban, pero sólo servía para facilitarles ciertos acuerdos o decisiones. Esa coalición nunca pasó por el tamiz de las corresponsabilidades, de los débitos institucionales, o del cumplimiento de cierta agenda común.

Eso generó que el gobierno tuviera siempre el respaldo de una coalición condicionada; que esa coalición chantajeara abiertamente al Gobernador para que éste les diera concesiones o prebendas a los legisladores a cambio de su apoyo; y que toda la parafernalia relativa a la portentosa alianza de partidos opositores que triunfó sobre la maquinaria autoritaria priista, terminara siendo una simple pose, carente de contenido, explicación, resultado, o agenda. Del lado del gobierno, esa supuesta alianza le obligó a hacer un gobierno carente de responsabilidades: el Gobernador tomó sus propias parcelas dentro del gabinete, y entregó el resto de la administración a representantes de los partidos políticos que integraban la coalición, como espacios francos para que ellos sirvieran a placer.

Esos antecedentes, avivan la necesidad de que toda coalición en Oaxaca, de jure o de facto, sea de cara a la ciudadanía y con un contenido específico, pero no como lo está haciendo Morena al inicio de la LXIII Legislatura.

CHEQUE EN BLANCO

Es evidente que Morena no está —al menos por ahora— en la posibilidad de cogobernar con el PRI en Oaxaca. No, porque este primer tercio del gobierno, será el del bono democrático de Alejandro Murat como gobernante, emanado de una amplia mayoría electoral. Pero por eso mismo, si hay acuerdos iniciales, éstos deberían ser llevados concretamente a las instituciones para ser verificables, para ser confiables, y para ser políticamente transparentes.

¿De qué hablamos? De que Morena y el PRI tendrían que ser claros, y utilizar la Constitución, para establecer los albores de un gobierno de coalición, en el que no sólo Morena, sino cualquier partido que trabe un acuerdo con el oficialismo, tenga también una corresponsabilidad por los efectos positivos o negativos de las decisiones que se tomen, y que se respalden. El eslabón más perfeccionado de esa cadena sería el establecimiento de un gobierno de coalición, como sí lo contempla la Constitución local, a partir del establecimiento de una agenda, de posiciones administrativas, y de un programa conjunto de gobierno. Pero, por ahora, iniciarían bien estableciendo al menos algunos compromisos conjuntos para generar un mejor panorama para Oaxaca.

ACUERDOS CLAROS

Finalmente, cuestionar una alianza de facto como la de Morena y el PRI no debe llevar irremediablemente a pensar que hubo acuerdos “en lo oscurito”. Eso, de hecho, es lo de menos. Más bien, de lo que se trata es de que esos acuerdos tengan contenido, tengan claridad, sean explicables a la ciudadanía, y tengan efectos positivos en los poderes del Estado. Si son alianzas como las del pasado, de auténticos cheques en blanco o de conveniencias y chantajes mutuos, entonces no le estarían procurando un futuro mejor a las instituciones oaxaqueñas.

+ Ciudadanía, ¿será, de nuevo, vencida por inercias y desencanto?

Ayer, con la instalación de la LXIII Legislatura inició formalmente el proceso de transmisión de poderes en Oaxaca, que concluirá el próximo 1 de diciembre cuando asuma Alejandro Murat como gobernador del Estado. Este será un periodo formidable, en el que de nuevo, los partidos y sus representantes quedarán sometidos al escrutinio popular. Si a los ciudadanos no nos vence el desencanto, podremos ver si realmente todos están dispuestos a asumir los roles que determinó la voluntad popular en las elecciones, o si —de nuevo— terminan siendo comparsas de sí mismos. 

En efecto, ayer inició funciones la LXIII Legislatura local en medio de un clima particular por la constatación de que, igual que en las dos legislaturas anteriores, en ésta el signo distintivo vuelve a ser la pluralidad. En los últimos seis años, los oaxaqueños constatamos que si esa pluralidad tuvo efectos, éstos fueron los de la simulación y la incapacidad en el ejercicio de la política.

Simulación, porque prácticamente todos los integrantes de las fracciones parlamentarias terminaron ceñidos a intereses y no a planteamientos congruentes y razonados; e incapacidad en el ejercicio de la política, porque también quedó claro que cuando no había intereses comunes en las negociaciones, los legisladores fueron totalmente incapaces de transigir para construir consensos. De hecho, si hubiera que denominar con un solo adjetivo a cada una de las dos Legislaturas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la LXI recibiría el adjetivo de la simulación; y la LXII el de la incapacidad —total— para el ejercicio demostrable de la política.

Por eso la LXIII Legislatura tiene el reto de ubicar su propio espacio, ante la tentación de caer en los mismos vicios de sus antecesoras. Tiene la particularidad de que ahora no interactuará con un gobierno de coalición, sino con un Gobernador que pretende asumirse como un Ejecutivo fuerte, acompañado de un partido sometido —a cuyos diputados quizá tenga primero que disciplinar—, pero con un Congreso determinado por un sentido de pluralidad que puede ser desafiante y hasta preocupante, si es que esa pluralidad supera las posibilidades de la simulación. Por eso, los diputados de esta Legislatura que inicia, tienen el reto de no terminar siendo arlequines del poder, ya del Ejecutivo, ya de su propia parcela de influencia en la Legislatura.

La posibilidad es formidable: en los últimos seis años, los integrantes de las fracciones parlamentarias simularon acciones en contra de Gabino Cué, pero siempre actuaron a la conveniencia del Ejecutivo. Ahora tienen de nuevo la posibilidad de fungir como contrapeso al poder del Gobernador, pero también enfrentan la tentación de plegarse al poder, para sacarle conveniencia a no ser un estorbo para los planes del gobierno entrante. Esa disyuntiva es la que comenzará a dibujarse apenas comiencen a verse las acciones a tomar las fracciones parlamentarias.

SIGNOS DETERMINANTES

En la LXIII Legislatura, el PRI tiene 16 legisladores, frente a ocho del PRD y Morena, respectivamente, y dos fracciones minoritarias del PAN y PT. Esta composición abre un abanico de posibles alianzas que, como único denominador común, tienen la característica de uniones políticamente incontenibles. Primero, el PRI tiene mayoría aunque insuficiente para hacer cualquier cosa por sí mismo en el Congreso. No tiene los votos para aprobar leyes ordinarias (necesita 22 votos) y mucho menos para realizar reformas a la Constitución (es necesaria la suma de 28 votos); algo similar ocurre con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por eso la urgencia de la reforma de último minuto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como acto final de la Legislatura saliente: con la legislación anterior, el PRI tenía la posibilidad de encabezar la Junta pero entregar la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Legislatura cuando actúa en Pleno— a alguna de las fuerzas de izquierda para diversos actos de gran relevancia respecto a la unción del Ejecutivo. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley para privilegiar el consenso en la titularidad de los órganos de gobierno legislativo, y bordear con ello la prelación que se los impedía. Ahora lo que sigue es que el PRI trabe una coalición de facto con alguna de las fuerzas de izquierda (PRD o Morena) para poder sacar adelante cualquiera de sus proyectos legislativos o de gobierno para Alejandro Murat.
¿Una coalición fáctica PRI-Morena soportaría algún intento de explicación o justificación racional? Difícilmente. Lo harían, más bien, como una forma de privilegiar la praxis y el pragmatismo en el ejercicio del poder, que como una forma de cumplir con un programa conjunto o con coincidencias políticas. De hecho, salvo la fracción del PT, ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho público el contenido de su agenda política o de trabajo para los dos años siguientes.

¿Y LA OPOSICIÓN?
Desechando las ideas que asocian a la oposición con la terquedad, habrá que ir descubriendo qué partido en realidad se asume como la contraparte de quienes están aliados a favor del poder. Básicamente, toda la izquierda tiene ante sí la oportunidad, pero ahora sólo hace falta que la tomen. ¿Cuál sería la oposición más eficaz? No la que pare incontestablemente al Ejecutivo, sino la que logre incidir en los temas de la discusión pública, y que logre que sus propuestas legislativas permeen en el aluvión de necesidades que el Ejecutivo le pida aprobar al Congreso para cumplir con su plan de gobierno. Veremos quién de ellos (PRD, PT, Morena) tiene la determinación y la estatura para conseguirlo.

+ Como gobernante, tendrá oposición y pondrá a prueba su federalismo

Cada quien está preocupado por lo que pueda pasar en su propio territorio; pero si algo debe quedarnos claro desde el inicio es que si una sociedad pagará principalmente el peaje de un presidente como Donald Trump, esa será la estadounidense. Serán ellos, independientemente de lo que pase en México o en cualquier otro país, porque como lo hemos comprobado nosotros mismos en otras experiencias, a nadie le resulta más costosa una elección de esa magnitud, que a los mismos que deciden ejerciendo su democracia. Ello no es alivio, pero sí puede ser un punto de referencia importante hacia el futuro, ante la incertidumbre y el miedo por el resultado de esta elección.

En efecto, para muchos (nos) fue casi insospechada la victoria de Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y ante la realidad el sentimiento predominante fue el de la incertidumbre y el temor por el futuro. En México, la opinión generalizada fue en ese sentido, ante las tronantes declaraciones del magnate estadounidense en contra de la comunidad mexicana en aquel país; y por la exteriorización de ciertas intenciones, como la de construir un “hermoso muro” en la frontera entre México y la Unión Americana.

Ahora habrá que pensar no sólo en los efectos que tenga la presidencia de Trump no sólo para México (nuestra realidad doméstica), sino también ver los efectos que ello tendrá para la población estadounidense, que por miedo, por egoísmo o por añoranza sobre el extraviado “american dream”, votaron por el controvertido magnate por encima de la figura de la “política tradicional”, forjada en el sistema, que representaba la candidata demócrata, Hillary Clinton.

La oferta principal de Trump como presidente es justamente la de devolver a los estadounidenses el estilo de vida que ellos consideran como “tradicional” y regresarles ciertas condiciones que ellos creen perdidas por la integración de diversas minorías (latinos, afroamericanos, homosexuales, etcétera) al rol de vida norteamericano. En el fondo, quienes votaron por Trump piensan que esa integración social, ha menguado sus privilegios; y votaron por el Republicano, justamente porque él les prometió recuperar —y así lo reiteró en su primer discurso como Presidente Electo— el sueño americano que se vio truncado por las últimas administraciones, y por el que ubican como particular responsable al presidente saliente, Barack Obama, y por extensión a Hillary Clinton.

Frente a todo eso, el problema es que no es lo mismo ser candidato que ser presidente. Y si bien como aspirante a la presidencia estadounidense, Trump encontró —con precisión mercadológica y política— el discurso exacto para hablarle y conquistar a la mayoría de los votantes. El problema es que una vez que ha dejado de ser candidato, y que se prepara para ser Presidente, sus posibilidades de ser infalible se reducen. Es más, a partir del 20 de enero —fecha en que asumirá la Presidencia—, su capital político comenzará a invertirse en cada decisión que tome. Por eso, tendrá que ser más cuidadoso no sólo con lo que decida, sino con las consecuencias que tengan esas decisiones.

PRESIDENTE VIGILADO

Es muy prematuro suponer que Trump inaugurará una nueva época de cesarismo en los Estados Unidos. Es muy aventurado decirlo, porque durante la campaña quedó claro que Trump no tenía la simpatía total del Partido Republicano; también es evidente que si bien los conservadores tienen mayoría en ambas cámaras, existirá una oposición demócrata que se recuperará vigorosamente por la magnitud de las decisiones que Trump pueda tomar, porque ahora ellos serán una oposición sin algo más que perder; y porque —lo acepten o no— los demócratas siguen teniendo la simpatía de un poco más de la mitad de la población estadounidense que respaldó a Hillary Clinton.

Así, lo que resulta evidente es que, como Presidente, Donald Trump tendrá en mucho más que preocuparse antes que voltear los ojos hacia México, o hacia cualquiera otra nación del orbe. Tiene grandes retos enfrente, que evidentemente no se resuelven construyendo un muro o cancelando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque —aunque las medidas son deseadas por la población que votó por él, porque quiere ver de regreso del “american dream”— los efectos de esas decisiones serían inversamente proporcionales a los resultados deseados.

Por esa razón, los primeros implicados en esa gran interrogante que significa la presidencia de Donald Trump, son los propios estadounidenses. Antes que nosotros —y eso no es consuelo— tendrán que asumir las consecuencias de un contradictorio ejercicio democrático que coronó la aspiración disruptiva de millones de estadounidenses que prefirieron al no-político, que a las personas construidas o desde el sistema político, o desde las familias de tradición presidencial, o a los personajes que tradicionalmente llegaban o aspiraban al poder.

PRESIDENTE INMÓVIL

Finalmente, habrá que ver qué tanta movilidad logra tener Trump. Ello pondrá a prueba —como nunca— el sistema de frenos y contrapesos, del que el modelo republicano de gobierno estadounidense ha sido paradigmático en el mundo a lo largo de los últimos 200 años. A partir de hoy, tendrá que tejer alianzas, ceder, reconsiderar y pensar —también con precisión mercadológica, si es que el término es aceptable— cada paso que dé. Lo que sí es seguro, es que su gestión, como la de todos los gobernantes, tendrá que ser mucho más que las bravuconadas de un candidato queriendo agradar a los electores. De eso, en México, ya sabemos bastante…

+ Gobiernos han aprovechado el cómo la ley prevé que se declare la deuda

El caso de Veracruz es paradigmático, pero está lejos de ser el único en lo que se refiere a la magnitud de las deudas y compromisos estatales. De hecho, detrás de Veracruz están otros casos que hoy son por demás conocidos, como Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila. Pero eso no significa que esas entidades tengan el monopolio del sobreendeudamiento, o que sean los únicos en los que existan interrogantes institucionales sobre la dimensión de las presiones que arrastran las finanzas estatales.

En efecto, ayer TIEMPO establecía que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, existiría una discrepancia respecto a las cifras que ha revelado la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, con relación a los montos que se tienen registrados por otros pasivos. Según la información, Finanzas sostiene que su deuda es de 13 mil 175 millones de pesos; pero de acuerdo con la ASF, ese monto tendría una cifra oculta, adicional, de unos siete mil 800 millones de pesos, para llegar a la cantidad 21 mil millones.

Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas se ha mantenido firme en el señalamiento de que la deuda pública estatal asciende a la cantidad —hablando en cifras redondas— de unos 13 mil millones de pesos. Lo hace con seguridad, y seguramente están en lo cierto, porque una de las cosas que no explican con detalle cuando se ofrecen las cifras, es que no todos los compromisos financieros constituyen —según la Ley de Deuda Pública y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— deuda pública. Por eso, las cifras son una verdad a medias que debía ser aclarada y justificada, de una forma más profunda y detallada que la que hasta ahora se ha informado a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que según la Ley de Deuda Pública, ésta se constituye por el total de obligaciones de pasivos, derivadas de la contratación de financiamientos que contraten el gobierno estatal o municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de reestructuración o refinanciamiento.

A su vez, la citada ley define a la deuda pública del gobierno estatal como el total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de financiamientos realizados por el Estado. En gran medida, esas obligaciones que constituyen deuda pública tienen que ver con el financiamiento que ocupa el gobierno para enfrentar desastres naturales o contingencias, para financiar obras con la banca de desarrollo, cuando tiene problemas de liquidez o, como lo señala la ley, en los casos en que tiene la necesidad de solventar necesidades temporales de flujo de caja, que no excedan de 90 días naturales o que su pago se realice dentro del propio ejercicio fiscal.

VERDADES A MEDIAS

Básicamente, esa es la deuda pública, aunque ello de ninguna manera significa que sea la única forma que tiene el gobierno de contratar obligaciones que luego derivan en pasivos financieros.

De hecho, una de las primeras ocasiones en las que ocurrió ese delirante juego de palabras relacionado con la deuda, que no era deuda pero sí compromiso de pago, fue cuando el gobierno de Ulises Ruiz contrató la construcción de los complejos de Ciudad Administrativa, y Ciudad Judicial, mediante un esquema denominado Proyectos de Prestación de Servicios, en los que el gobierno le contrata a un particular una obra que requiere una gran inversión a corto plazo, se compromete a pagar por el uso del inmueble por un periodo determinado, y al finalizar el plazo entonces la obra y su administración pasa a ser responsabilidad y propiedad del Estado.

Por una disposición legal, los PPS contratados para Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no recibieron la denominación de deuda pública, pero sí son un compromiso de pago para las arcas estatales. Específicamente, el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Oaxaca, señala sobre los PPS que “los pagos que realicen las dependencias y entidades, como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato para prestación de servicios a largo plazo, se registrarán como gasto de capital y no constituye deuda”.

Por eso, el gobierno de Ruiz siempre negó que la construcción de esos complejos constituyera deuda pública, pero al mismo tiempo se negó sistemáticamente a informar a cuánto ascendieron las obligaciones de pago multianuales por esas obras, y mucho menos cómo se contrató, quién fue el contratista, así como las fuentes de financiamiento privado de la obra.

Lo mismo ocurre con la bursatilización de ingresos futuros, o a la contratación de instrumentos derivados, a los que la Ley de Deuda Pública define como las garantías de pago oportuno, así como aquellos instrumentos financieros dirigidos a mitigar los riesgos de mercado de un financiamiento. En éste último caso, la Ley de Deuda Pública señala (artículo 14) que la contratación de instrumentos derivados no impactará en el cálculo de endeudamiento aprobado por el Congreso.

MUCHAS DUDAS

Finalmente en ese universo de instrumentos financieros —hasta ahora no revelado en su totalidad por el gobierno estatal— se encuentra la respuesta sobre el endeudamiento real del Estado, independientemente de si los compromisos de pago tienen o no la calidad específica de deuda pública. Esa idea maniquea, palidece frente al hecho de que todo se paga de la misma bolsa —el atribulado erario estatal—, y de que hasta el momento no hay certeza de a cuánto ascienden en realidad esos compromisos de pago en Oaxaca, que podrían ser por 21 mil millones de pesos. O más.

+ México: demagogia avanza disfrazada de izquierda; EU, es de derecha

Mañana son los comicios presidenciales en los Estados Unidos, y el hecho de que el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, no se alce con la victoria, no significa que las calamidades están conjuradas para nuestro país, para nuestra economía y para nuestros paisanos que viven en aquella nación. De hecho, al margen de lo que pueda ocurrir mañana en los comicios, esa preocupación debería persistir porque lo que Trump demostró es que en aquellas naciones, aparentemente acomodadas y civilizadas, el discurso de la intolerancia y del hartazgo también tiene una alta rentabilidad electoral, con el añadido de que Trump demostró que una parte de la población estadounidense sigue siendo tan racista como no lo hubiéramos creído antes del inicio de las campañas presidenciales.

En efecto, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, al estadounidense promedio le han arrebatado las nuevas minorías dominantes en aquel país, como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses, independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

De hecho, ese discurso de odio, de racismo y de segregación fue censurado por diversos sectores sociales instruidos de los Estados Unidos, pero también fue aceptado gustosamente por mucha gente que hoy mantiene la incertidumbre sobre el llamado “voto escondido”. Eso no representa otra cosa que la decisión de millones de electores norteamericanos de no revelar el sentido de su voto a alguna casa encuestadora, e incluso de negar públicamente la posibilidad de votar por Trump, pero finalmente terminar haciéndolo por estar convencido de su discurso aún frente al hecho de que el contenido y la oferta política del Candidato Republicano tiene una dosis alta de racismo, segregacionismo y odio hacia algunas minorías y sectores de la población.

MÁS FANTASMAS

De hecho, se tenía la idea de que los escándalos personales, y la misoginia demostrada por Trump, podrían llevarlo a la debacle. Hace más o menos un mes se pensaba que la caída del Republicano se basaría en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres.

Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Pero las demostraciones de misoginia, fueron las que comenzaron a marcar su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

Hoy, a un día de los comicios presidenciales queda claro que por lo menos casi la mitad de los electores promedio norteamericano no reprueban que uno de sus candidatos no sólo sea un defraudador fiscal y una figura polémica por sus escándalos personales, sino que también sea un propagador de discursos de odio, de segregación, de racismo y de diferenciación de las personas por su origen, por su aspecto, o por alguna de sus preferencias. Resulta también que el elector promedio —la mitad de ellos, que son básicamente los que respaldan a Trump a pesar de todo— no reprueban que su candidato tenga abiertas actitudes de misoginia, o que haya sido evidenciado refiriéndose de manera despectivamente de las mujeres, justo por el hecho de ser mujeres.

¿Qué significa todo esto? Que aún cuando pierda Trump la elección, los fantasmas que dejó se van a quedar ahí y quién sabe cuál sea el resultado de esa apuesta tan arriesgada, en la cuna de los sistemas republicanos contemporáneos. Mucha gente apoya a Trump porque representa el discurso de cambio frente a un sistema que los ha oprimido en el bienestar y en el bolsillo. Pero Trump les ha dicho no sólo lo que quieren escuchar, sino que les ha hecho creer que es posible seguir siendo racista, misógino o discriminador, y que eso no sólo no es reprobable sino que puede redituar dividendos políticos.

POCAS DIFERENCIAS

Ese discurso totalizador es básicamente el mismo que se propala en México con insistencia, por quienes dicen ser la alternativa de cambio real para el país. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Estados Unidos ese discurso lo han lanzado los republicanos, que no son sino el ala conservadora del sistema político norteamericano; aquí, ese discurso es de la izquierda más radical. En el fondo, el odio y la demagogia pueden tener dos orígenes pero exactamente los mismos efectos contraproducentes para los sistemas políticos.

+ Luego del año 2000, las entidades federativas se quedaron sin control

Todavía hace dos semanas, Javier Duarte de Ochoa era uno de los 32 hombres más poderosos de la geografía nacional. Era Gobernador Constitucional de un estado, emanado y convalidado por el voto popular, y tenía bajo su control una de las entidades federativas económicamente más poderosas en el país. Gobernaba a plenitud a pesar de las reiteradas denuncias por corrupción y desvíos; la Auditoría Superior de la Federación se quejaba amargamente de no poder hacer más en contra del mandatario veracruzano. Y hasta hace pocas semanas, el gobierno federal no había dado ninguna señal de querer intervenir en la preocupante situación de aquella entidad federativa. ¿El caso Duarte será un incentivo contra la corrupción?

En efecto, la caída de Duarte se explica en unos cuántos días, y en eso tuvo mucho que ver la presión política que ejerció en su contra el gobierno federal, más que los efectivos controles constitucionales y legales de combate a la corrupción, o lo que pudieran hacer las instituciones encargadas del ejercicio del gasto público o las encargadas de la fiscalización de los recursos. Básicamente, Duarte de Ochoa fue obligado a pedir licencia cuando el Presidente de la República entendió que, o protegía al Gobernador a cambio de la propia estabilidad política de su gobierno, o lo entregaba a la justicia como forma de lavarse la cara frente a los mexicanos, y demostrar algo de voluntad por el combate a la corrupción.

Duarte a esas alturas era ya indefendible, y por esa razón el gobierno federal lo único que hizo, con su licencia y con los expedientes penales que se abrieron, fue confirmar que todas las denuncias de corrupción existentes en su contra, tenían una base judicial. De hecho, fue la sociedad mexicana —sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones y hasta las redes sociales— quienes mucho tiempo antes habían demostrado el talante autoritario y corrupto de Duarte de Ochoa, y sólo hacía falta que la autoridad estableciera un criterio frente a esas evidencias.

Desde antes ya se había hablado de las amenazas de Duarte contra la prensa, del brutal dispendio de recursos económicos del gobierno veracruzano, de la existencia de redes de corrupción y blanqueo de recursos; de la ostentosa vida del Gobernador y de su familia, y de la forma abierta en la que utilizaba al gobierno en un sentido claramente patrimonialista, al margen de cualquier temor relacionado con la justicia, con su futuro e incluso con su prestigio luego que dejara de ser Gobernador.

¿Qué hizo el gobierno federal? Atender al llamado a la justicia, pero de acuerdo a su calendario. Por eso, no es mérito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estar procesando y persiguiendo a Duarte, en una aparente ‘cacería’ de la PGR: lo hizo quizá un año y medio después de que se constatara la calaña del ahora ex Mandatario, y de que existieran evidencias que permitieran la integración de denuncias penales por la posible comisión de diversos delitos.

¿EL GOBIERNO FEDERAL RESPONDERÁ?

Ahora la cuestión que sigue pendiente, es saber si el gobierno federal hará lo mismo con otros ex Mandatarios que también son señalados de corrupción. El asunto se vuelve relevante no sólo cuando se aprecia el contraste entre la vida de lujos, excesos e impunidad que envuelve a los Gobernadores y la vida de resto de las personas; sino que hoy, además, esos lujos son directamente proporcionales al nivel de deuda y de los problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, de cara a la reducción presupuestal que se viene para el año próximo.

Esa crisis generalizada del país —que no fue causada por los gobernadores pero que sí forman parte del cúmulo de problemas que enfrentan los estados del país y el gobierno federal— hará sufrir a muchas personas; y todo se ahondará cuando comiencen —si no es que ya iniciaron— a verse los estragos que están causando la irresponsabilidad, la corrupción y los excesos cometidos por muchos gobernadores, en el ejercicio de sus funciones. El mexicano común está particularmente agraviado no sólo por la crítica situación en que subsiste, sino también porque durante mucho tiempo se ha prometido combate a la corrupción pero se ha procurado exactamente lo contrario.

Por eso el gobierno federal está urgido de procesar a Duarte, y quizá, si tiene voluntad, también lo esté de ir en contra de otros mandatarios que están directamente detrás de Duarte en la lista de procesados: Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés, entre otros que podrían no estar tan visibles —como es el caso del Gobernador de Oaxaca— pero que también enfrentan señalamientos por posibles actos indebidos. Y lo que sería realmente relevante es que no sólo tuviera voluntad política sino que estableciera los controles que ahora no existen, y que permitieron que Javier Duarte llegara al extremo de la ignominia que lo tiene también al borde de la prisión.

CONTROLES

Esos controles tendrían que estar centrados en la conformación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y no en manos del gobierno federal que, por lo visto, sólo actúa por conveniencia pero no por convicción. Desafortunadamente, la laxitud que quedó en los estados luego de la caída del viejo régimen priista, en el año 2000, les permitió hacer y deshacer impunemente a los mandatarios, que se portaron como menores de edad con una herencia millonaria en las manos: se excedieron, dilapidaron, y se beneficiaron. Pero eso, como el dinero mismo, no puede durar para siempre.