+ El Ejecutivo reprueba a la Segego, por decidir sin recabar su acuerdo

No es común que un gobernante deje sin efecto sus propios actos. No lo es, y tampoco tendría por qué serlo, a partir de que existe un mandato constitucional en el sentido de que todos los integrantes de la administración pública deben recabar el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo antes de dictar disposición alguna en el área de su competencia (artículo 89 de la Constitución de Oaxaca), y por esa razón se supone que toda decisión importante para el gobierno debe ser consultada con el Gobernador por sus funcionarios para recabar su autorización. Queda claro, según los hechos, que nada de ello ocurrió con la designación de los administradores municipales.

En efecto, en las últimas semanas la capital oaxaqueña se ha visto lastimada por el arribo de protestas por conflictos postelectorales que terminaron en la designación de administradores municipales. De los primeros 17 ayuntamientos a los que se les designó una autoridad provisional, al menos 10 han venido hasta la capital a externar su inconformidad y a generar algún tipo de protesta. El límite llegó el pasado martes cuando la capital se vio ahogada por siete protestas simultáneas, varias de las cuales tenían que ver con personas inconformes provenientes de poblaciones sobre las que recayó la designación de un administrador municipal.

La respuesta del Gobernador vino el miércoles. En conferencia de prensa hizo suya una disposición del Tribunal Estatal Electoral, en el sentido de que los administradores sólo deben durar un mes en el cargo, y luego implícitamente dejó sin efecto las instrucciones dadas por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, al reconocer que el mandato superior en esas comunidades debe ser que prevalezca la voluntad popular en la elección de sus autoridades municipales.

“Hoy giro instrucciones a la Secretaría General de Gobierno y a los Administradores Municipales para que apoyen al IEEPCO y generen las condiciones necesarias para la realización de elecciones extraordinarias,  en los municipios que la autoridad jurisdiccional en materia electoral determine”, dijo el Mandatario, al tiempo que remarcaba la necesidad de no dejarles el camino de la discrecionalidad a los enviados como administradores, al instruir expresamente a la Secretaría de la Contraloría “para que supervise la actuación de los administradores, en tanto se realicen las elecciones municipales extraordinarias y se constituyan las autoridades respectivas”.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

¿Qué significa todo esto? De entrada, que fue el propio Gobernador quien reconoce que la figura del administrador municipal, como se conoce actualmente, va de salida; segunda, que sus instrucciones fueron precisas respecto al periodo (30 días) en el que los administradores deben contribuir a la realización de elecciones, y ahora habrá que ver en qué medida cumplen —o desafían— al Mandatario con tal de tratar de continuar con el negocio y el (pequeño) coto de poder que significa una administración municipal.

Tercero, que esta decisión constituye también un reconocimiento implícito del Gobernador a la idea que tienen muchas comunidades —aunque en la mayoría de los casos, es una realidad—, de que los administradores municipales son esencialmente picapleitos, y no facilitadores de los procesos de avenencia democrática, por la razón simple de que mientras persista el conflicto estará justificada la permanencia del administrador.

Cuarto —aunque no por ello menos relevante—, también queda claro que la decisión del Gobernador de salir al paso en este tema, constituye una desaprobación clara al hecho de que la decisión y la lista de administradores nombrados, no pasó por su acuerdo. Es evidente que si bien la figura jurídica en sí misma del administrador genera incomodidad en las comunidades, en este caso gran parte de la molestia no radicó en el ejercicio de la facultad de nombramiento, sino que la gran mayoría de los administradores designados son gente relacionada con Alejandro Avilés y que, además, han dejado una estela de quebrantos y agravios en otras comunidades, por lo que en este caso hubo un consenso casi unánime de los municipios en conflicto de no admitir a los administradores porque, además, Avilés no respetó el mandato de consensar con las comunidades o de al menos explicarles las razones objetivas por las que estaban nombrando a esas personas, y no otras, en las administraciones provisionales.

Una quinta implicación tiene que ver con el fin de la pésima costumbre de Alejandro Avilés de decidir sin consultar ni consensar sus decisiones. Cuando no había Gobernador priista, Avilés se sintió un pequeño virrey que tenía plena capacidad de decidir según sus intereses. Así lo hizo en la LXII Legislatura; igualmente lo hizo cuando fue Presidente del PRI estatal; pero también debe irle quedando claro que esos tiempos de la autonomía de sus intereses, quedaron atrás.

LASTRE JURÍDICO

Al final, la persistencia de la figura del administrador municipal en la Constitución local, en sus condiciones actuales, es una vergüenza para la democracia y la civilidad institucional en Oaxaca. Si hoy tanto el Tribunal Electoral, como el Ejecutivo, están convencidos de la urgencia de su transformación, deben buscar junto con el Congreso, formas más novedosas y equilibradas para replantearlo. Oaxaca no puede seguir siendo rehén de disposiciones constitucionalizadas como esa, que difícilmente se justificarían en una necesidad o contingencia, y que sí le generan muchos problemas y tentaciones a quienes tienen en las manos las tareas de la gobernabilidad del Estado.

+ ¿Dónde está la gestión para que se aprueben los recientes acuerdos?

Todos en el gobierno de Oaxaca, pero particularmente en las áreas involucradas con temas de gobernabilidad, deben tener claro —y trabajar consecuencia— que la relación política más importante del gobierno en la entidad es con la Sección 22 del SNTE. Todos deben trabajar en mantener una relación sana y provechosa. Por eso, la forma en cómo arranca el diálogo con la nueva dirigencia magisterial debe ser un ejemplo de lo que no les puede volver a ocurrir a las áreas y dependencias estatales, que se supone que trabajan a favor de Oaxaca.

En efecto, el pasado miércoles se realizaría un primer encuentro de trabajo entre el gobernador Alejandro Murat y la nueva dirigencia de la Sección 22, que encabeza el profesor Eloy López Hernández. Ante la complicada coyuntura que vive el país, para la misma fecha se estableció una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República. La complejidad del tema —la nueva relación bilateral México-Estados Unidos— hacía necesaria la presencia de los 32 gobernadores como un mensaje de respaldo institucional al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno de la república y al pacto federal.

Ante ello, ¿no había alguien dispuesto y atento en el gobierno estatal para adecuar y empatar a tiempo la agenda estatal del Gobernador, con los asuntos de relevancia nacional que apremiaban su presencia? El asunto no es menor, porque lo grave no radica en que el Mandatario no haya llegado a una cita de trabajo, sino al hecho de que su equipo de trabajo falló gravemente en la previsión de las necesidades y los asuntos de la entidad, y en el tratamiento no a uno de los temas de relativa importancia, sino al tema de mayor relevancia para la agenda política y de gobernabilidad estatal.

En ese sentido, resulta que no se trabajó con la dedicación necesaria para establecer el espacio de diálogo que era necesario para evitar no sólo la cancelación del encuentro, sino la apariencia de que en los asuntos de la agenda pública, uno de los temas más importantes es relegado. En ello, nadie cuestiona la importancia y la necesidad de la presencia del Gobernador del Estado en la reunión con el Presidente, sino el hecho de que no hubo la previsión necesaria en los funcionarios en quienes recayó la atención a ciertas tareas básicas del gobierno, tales como la agenda de gobernabilidad y el apoyo logístico al propio Mandatario.

Lamentablemente, esa ha sido una característica de muchos servidores públicos de la presente administración: no han entendido que su lealtad y compromiso está con Oaxaca y con el Gobernador, y que deben trabajar sin soberbia ni petulancia en las tareas que les fueron encomendadas.

Es común que ni siquiera entre funcionarios de primer nivel se tomen las llamadas para tratar asuntos oficiales; que sean comunes las dificultades para entablar diálogo institucional porque hasta los titulares de las áreas de apoyo se asumen como inalcanzables; y que muchos de ellos —incluso en el staff del Mandatario— no asuman que su función debiera estar lejos de los desplantes y esencialmente enfocada en facilitar la labor del Gobernador, y evitarle problemas.

¿Y LA RELACIÓN CON LA 22?

Junto a esto debieran plantearse otras preguntas, y responderlas con seriedad: ¿Cuál es el estado real del avance y cumplimiento de los acuerdos firmados el 2 de diciembre entre el Gobernador y la dirigencia seccional de la Sección 22? ¿Qué han hecho las áreas del gobierno estatal con injerencia en la relación con el magisterio, para facilitar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Y qué han hecho quienes debieran haberse encargado de tiempo completo a generar los cabildeos necesarios con los factores de poder al interior de la Sección 22, para que ocurriera la aceptación formal de ese importante acuerdo signado en el marco del relevo de poderes en la entidad?

Esas cuestiones no son menores. El 2 de diciembre, el acuerdo entre el gobernador Murat y la Sección 22 implicaba el reconocimiento de más de 3 mil trabajadores de la educación sobre los que se comprobó que efectivamente laboraban en una situación irregular, y a los cuales el gobierno federal se comprometió a regularizarles sus plazas y salarios.

El arreglo, en términos económicos, implicó el compromiso federal de expandir en más de mil 200 millones de pesos el presupuesto educativo anual de la entidad; y eso mismo hacía muy importante el acuerdo para la dirigencia magisterial saliente, porque éste representaba la conquista más importante de la Sección 22 a la administración federal que, con todo y su resistencia, les impuso y comenzó a aplicar la reforma educativa.

Hoy, frente a los dislates de la Secretaría General de Gobierno, y de la Oficina de la Gubernatura, que con su labor no ayudan al Gobernador, debería haber claridad en la importancia del acuerdo signado en diciembre, y sobre todo en la relevancia de mantener una relación institucional clara y saludable con el factor de gobernabilidad más importante de la entidad.

EXTRAVIADOS

¿Acaso querrán esperar a que, por fallas y distracciones de funcionarios de segundo nivel, esa relación tan importante se descomponga? ¿De verdad no comprenden la complejidad que representa Oaxaca? Cada uno de esos funcionarios, en sus respectivos ámbitos, debieran entender que la gobernabilidad del Estado es mucho más que las grillitas con los partidos políticos; y que la responsabilidad que tienen en Oaxaca no tiene nada que ver con el esnobismo y los escenarios controlados de la capital del país, en los que estaban acostumbrados a moverse.

+ Jarquín, igual de cuestionado que su antecesor en Ayuntamiento

Es muy particular la disputa en la que se enfrascaron las autoridades actuales del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, con sus antecesoras. Lo es porque pareciera que cuando se trata de hablar de corrupción, los conversos se sienten puros, y viceversa. Es cierto: en los últimos lustros, Xoxocotlán ha sido un territorio permanentemente lastimado por las disputas políticas y por los excesos de sus autoridades. Sin embargo, queda claro que en ese microcosmos, hoy menos que nunca unos pueden convertirse en verdugos de los demás, cuando todos son parte del mismo problema.

En efecto, en las últimas semanas edil actual de ese municipio conurbado a la capital oaxaqueña, Emanuel Alejandro López Jarquín, ha estimulado las denuncias —públicas y mediáticas, aunque no queda claro si también en la vía jurídica— en contra de Héctor Santiago Aragón, acusándolo de cualquier cantidad de desvíos y actos de corrupción.

Ha facilitado, mediante gacetillas (con el viejo método del “ahí publícalo como si fuera tuyo”), documentos e información para exhibir a Santiago Aragón que, vale decirlo, durante su gestión fue ejemplo de todo tipo de frivolidades y excesos que, por las solas apariencias, hoy le dan la razón a quienes lo acusan. No obstante, en ese cruce de acusaciones no debieran quedar extraviadas las coordenadas de fondo que determinan tanto al acusador como al acusado. ¿De qué hablamos?

De que por un lado, en Oaxaca hay pocos ejemplos tan acabados de personajes cuestionados de principio a fin al frente de ayuntamientos importantes, como lo pueden ser hoy Héctor Santiago Aragón, y Galdino Huerta Escudero, en Xoxocotlán y en Santa Lucía del Camino. El llamado Lobo Mayor, fue cuestionado desde antes de ser electo como candidato del PRI al Ayuntamiento de Xoxocotlán por haber aprovechado su fama populachera de locutor cumbiero, junto con los favores económicos y políticos que intercambió con el entonces dirigente priista, y hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez para convertirse en abanderado priista para ese ayuntamiento.

Sin explicación ni argumentos sostenibles, el PRI lo lanzó a la alcaldía y ganó la elección pero no por su fortaleza en campaña, sino por el favor que le hizo el PRD postulando en la diputación que incluye a ese municipio, al ex también edil de Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, y a un endeble Juan Carlos Ignacio Esteva, que terminó siendo arrollado por el repudio y el ‘fuego amigo’ lanzado en contra de José Julio. Eso, quizá sintió Santiago Aragón, habría sido como sacarse la lotería.

¿Por qué? Porque durante su gestión hubo todo tipo de excesos. Xoxocotlán padeció los signos del abandono y la simulación de obras y acciones de gobierno. De hecho, hoy lo acusan de haberse ido sin comprobar alrededor de 500 millones de pesos, y de acrecentar pública e inexplicablemente su patrimonio durante ese periodo. Ello revela que Santiago Aragón no sólo no tuvo interés en generar certidumbre sobre su gestión, sino que además cometió los pecados propios de la imprudencia y de la ostentación, que directamente lo hicieron parecer responsable —independientemente de si se logra acreditar, o no, que desvió recursos públicos, y si los usó para su beneficio personal— de todo lo que se le acusa.

PARADOJAS

Así, Héctor Santiago Aragón enfrenta ya no sólo las responsabilidades jurídicas —administrativas y penales— que puedan derivar de su gestión como edil, sino también el repudio popular por su frivolidad y soberbia. No obstante, lo que no hay que perder de vista es que quien lo acusa, y para mal de Xoxocotlán, tendría también mucho que explicar sobre su desempeño como diputado y como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en el gobierno del —también repudiado— gobernador Gabino Cué Monteagudo.

¿De qué hablamos? De que como no tenemos memoria, pareciera que muchos de nosotros ya olvidamos que, por ejemplo, Alejandro López Jarquín fue el cuestionado presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la LXII Legislatura, cuando se dieron a conocer millonarios desvíos de recursos del Poder Legislativo que quedaron en cuentas bancarias de particulares.

De él, particularmente, se exhibieron estados de cuenta bancarios en los que se reflejaba el importante y acelerado crecimiento de sus ahorros e inversiones, las cuales no eran proporcionales a lo que se decía que ganaba un legislador local. A pesar de todo eso, López Jarquín fue uno de los que bloqueó cualquier posibilidad de que se auditaran los recursos del Congreso, y luego fue protegido por el Gobernador a través de la Sedesoh.

En esa dependencia aún hace falta por aclarar cuál fue la razón por la que persisten los claroscuros respecto a programas sociales como el de las ayudas económicas a adultos mayores, a estudiantes, de útiles escolares y de dotación de uniformes. López Jarquín fue titular de esa dependencia justo hasta el momento en que se anunció su candidatura a la alcaldía de Xoxocotlán. Se fue, pero los cuestionamientos —que ya existían en su periodo como servidor público— sobre las irregularidades en la gestión de los programas sociales de esa dependencia continuaron hasta el último día del gobierno de Cué Monteagudo.

POBRE XOXOCOTLÁN

Así, queda claro que son iguales tanto el pinto como el colorado. Acusador y acusado padecen exactamente del mismo mal. Aunque el problema es que, como siempre, a la inmensa mayoría nos falla la memoria. Qué injusto destino para ese importante municipio, porque a través de esas disputas palaciegas siguen evadiendo los temas verdaderamente dolorosos para la ciudadanía, como la inseguridad, los giros negros y otros que están perfectamente identificados pero de los que coincidentemente no habla la autoridad. Ni la actual, ni la que se fue.

+ Desde Cárdenas no se había exaltado la unidad entre mexicanos

El sentimiento de unidad nacional debe salir del lugar común, y apartarse de los argumentos retóricos, para generar una auténtica vertiente positiva para nuestro país. Acaso el último momento en que eso quedó de manifiesto, fue cuando en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la expropiación de la industria petrolera, y el pueblo mexicano le mostró su respaldo incondicional para el pago a las petroleras norteamericanas e inglesas a las que les fueron requisadas sus instalaciones, equipos y concesiones. Hoy, lo que estamos a punto de ver no es una hazaña sino una cuestión de necesidad para la que debemos estar inteligentemente preparados.

En efecto, Donald Trump tiene una semana en la presidencia de los Estados Unidos, y está haciendo temblar no sólo a México, sino al mundo. Trump ha sido un fenómeno porque pareciera estar dispuesto a formalizar la anarquía y los sentimientos segregacionistas que hacía mucho tiempo no veíamos en el mundo. Según él, está dejando de ser políticamente correcto para ser eficaz en los propósitos que persigue. Pero queda claro que esa idea de la corrección política contra la eficacia tiene de fondo un profundo sentimiento de xenofobia, de aislacionismo y de discriminación hacia todos los que él considera como un peligro para una nación superior, como concibe a los Estados Unidos.

En el caso de México, Trump se fue directo contra la relación económica entre ambos países, pero a partir de una política de insultar y sobajar para que, desde esa posición de fuerza, luego busque una negociación más benéfica para nuestro país. Esa sola actitud generó entre los mexicanos un sentimiento de unidad en torno a la figura del Presidente, que ahora debe servir para apuntalar la política exterior mexicana pero no para repetir los odios y las estratagemas impulsados por el presidente norteamericano. ¿De qué hablamos?

De que Trump está queriendo implementar políticas de aislamiento para los Estados Unidos. Es decir, está queriendo cerrar las fronteras para obligar a sus ciudadanos a consumir lo hecho en aquel país, y no lo importado desde México y otros países. Para justificar su decisión de cerrar sus fronteras y aislar a Estados Unidos está incitando a odiar a los mexicanos a través de mentiras como que nuestro país se ha burlado de ellos, que se ha aprovechado de los tratados comerciales, y que nos hemos robado los empleos que podrían existir en los Estados Unidos. Así, a través del odio y la segregación por un motivo de origen nacional, Trump incita a odiar a México como una forma de justificar sus acciones.

Él puede tener sus políticas, y es decisión de los estadounidenses decidir si lo secundan o no. Sin embargo, algo que nosotros difícilmente podríamos justificar en el mediano plazo, es repetir esa actitud. Es decir, ponernos a odiar a todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, simplemente como una respuesta a lo que su presidente impulsa desde el otro lado de la frontera. Esa, que podría ser la actitud fácil, simplemente nos rebajaría al nivel impulsado por Trump y terminaría justificando los odios que él propala, estableciendo que él odia porque nosotros también los odiamos.

UNIDAD NACIONAL

Por esa razón es importante entender que la unidad nacional no se construye odiando al diferente, sino incluso incluyéndolo. El camino fácil de la unidad nacional dice que no debemos consumir, por ejemplo, lo hecho en Estados Unidos. Sin embargo, esa sola actitud nos llevaría a contribuir con la misma desgracia económica que está impulsando Trump porque la integración de las economías es tan profunda, que miles de empresas estadounidenses tienen inversiones mexicanas, y viceversa, y miles de empresas de origen norteamericano, en México son operadas por empresas nacionales y generan empleo y productividad para miles de paisanos en ambos lados de la frontera.

En ese sentido, es claro que un mal entendimiento del “consume lo local” puede llevarnos muy fácilmente a replicar las políticas aislacionistas que impulsa el Presidente de los Estados Unidos, y convertirnos accidentalmente en repetidores de sus mecanismos de justificación de la segregación y la discriminación. Consumir lo local significa que nosotros mismos podamos potenciar nuestra economía, y darle movilidad a los mercados y productos que pudieran entrar en una etapa de sufrimiento por las dificultades impuestas en la frontera, pero no que nos pongamos a repudiar todo lo de fuera simplemente por su origen, porque esa sería una práctica chovinista, maniquea y de segregación, tan aberrante como las que impulsa Trump.

Finalmente debemos entender con inteligencia el complejo momento que vive Oaxaca, México y el mundo. Estamos al filo de un proceso histórico sin precedentes, y lo mejor que podemos hacer es asumir la idea de la unidad nacional con las bases y las formas correctas para no caer al nivel de quienes impulsan políticas de odio en contra nuestra.

RELACIÓN EMOCIONAL

La única victoria que México le ha arrebatado a Estados Unidos en una disputa fue justamente en los tiempos de la explotación petrolera. Evidentemente, Peña Nieto no es Cárdenas. Pero lo que sí podría hoy tener el Presidente —como lo tuvo en su tiempo el general Cárdenas— es la claridad para saber hasta qué punto se puede negociar para priorizar lo económico, y hasta dónde hay un punto de sostener la dignidad.