+ Para hacerlo, es necesario, mas no indispensable, el sistema anticorrupción  

Para saber quién protege a ex ediles acusados de innumerables actos de corrupción, como Galdino Huerta Escudero en Santa Lucía del Camino, o Héctor Santiago en Santa Cruz Xoxocotlán, no sólo habría que señalar a sus padrinos y protectores políticos, sino que también –y por sorprendente que parezca— habría que mencionar a todo el aparato institucional que, por acción u omisión, los protege. Al final, más que de la implementación de un sistema, el combate a la corrupción es un asunto de voluntad al que nadie le ha querido entrar, y ello es la base de esta tragedia social en Oaxaca.

En efecto, en los corrillos de la grilla local es ampliamente sabido que el hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, fue el protector y solapador de autoridades municipales corruptas como la de Santa Lucía del Camino. De hecho, en el caso de Huerta Escudero, fue Alejandro Avilés quien en su calidad de coordinador de la bancada priista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el primero año de la LXIII Legislatura fue quien construyó el acuerdo político con el PSD para que Huerta asumiera la alcaldía de ese municipio.

Rápido quedó claro que dicho acuerdo incluía la protección institucional a todos los niveles para tanto para Huerta como para su ex contrincante, José García, a cambio de favores sobre los que siempre se habló pero que —obviamente— nunca se hicieron públicos tanto para Avilés como el PSD, que le había permitido el paso. A tanto llegó el acuerdo y la protección que Huerta no fue el único que terminó siendo acusado de pillerías en Santa Lucía, sino que prácticamente en la misma proporción terminó cuestionado García, a quien se le acusó de promover una cuadrilla de mototaxis, protección a giros negros, desvíos de recursos, y diversas actividades presuntamente ilícitas, realizadas lo mismo gracias al amparo de la autoridad municipal que ostentaba, que al acuerdo de no agresión con Huerta, y a la protección que se les brindó desde la Legislatura del Estado.

Algo muy similar pasó en Santa Cruz Xoxocotlán. A Santiago se le formularon todo tipo de acusaciones de desvío de recursos que nunca fueron indagadas, y que llegaron al grado de que no Santiago no realizó entrega-recepción, . La razón institucional, durante el gobierno de Gabino Cué, radicó en que su misma administración construyó un espacio de “equilibrios” —de ignominia— en los que el régimen le permitiría impunidad a ciertas autoridades emanadas del PRI, a cambio de que ellos no cuestionaran de fondo las irregularidades que se estaban cometiendo desde el Gobierno del Estado, y en algunos municipios cercanos al anterior régimen.

¿Y DESPUÉS?

El problema, claramente, es ahora, cuando ni Huerta ni Santiago —ni muchos otros, que fueron menos conocidos pero que enfrentan conductas y cuestionamientos similares o peores a los de esos dos estandartes de autoridades cuestionadas por corruptas— son ya autoridades municipales. El problema no es sólo que hayan robado, o que no hayan realizado entrega-recepción, o que —como se dice coloquialmente— hayan dejado a sus ayuntamientos “en banquitos”.

El problema de fondo es que nadie los está persiguiendo, y que las instancias que podrían estar haciendo algo se encuentran aparentemente distraídas en otras labores y grillas, y no están haciendo lo necesario para demostrarle a la ciudadanía que el sistema de justicia funciona, y que el Estado no premia los actos de corrupción con impunidad.

¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha tenido serias resistencias para procesar las averiguaciones previas relacionadas con autoridades y ex autoridades municipales, independientemente de la comisión de delitos por los que se les acusan. Están, por ejemplo, los expedientes que la Auditoría Superior les ha consignado y que ellos siguen sin poder resolver sobre la procedencia de la acción penal correspondiente.

Algo muy similar ocurre con la Contraloría estatal, que en los seis años del gobierno de Gabino Cué no fue clara respecto a las acciones que pudiera emprender contra quienes ejercieran incorrectamente los recursos, y hasta el momento tampoco existen coordenadas concretas de esa dependencia en la nueva administración estatal. Al final, lo que parece es que con todos esos excesos juntos, y la inacción de las autoridades que deberían estar indagando y persiguiendo esos hechos y señalamientos, la percepción que queda es de que nadie está haciendo nada y que, por ende, los actos de corrupción se pueden seguir multiplicando y la ciudadanía debe confiar aún menos en sus autoridades.

En el fondo, lo que debiera ser de entendimiento común es que nadie, ni en el Poder Ejecutivo, ni en la Fiscalía, ni en la Auditoría Superior, ni en el Congreso local, ni en cualquier otra instancia relacionada con la fiscalización y la revisión de la actividad de las autoridades, es indispensable la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, para que actúen.

Pueden hacerlo, aún con limitaciones, con las herramientas jurídicas actuales siempre que haya voluntad. Eso es lo que deben demostrar. Pero, curiosamente, es a lo que más se han resistido a pesar de los incansables llamados de la ciudadanía para que se castigue a todos los que abusaron de las responsabilidades que se les confirió en las urnas.

QUE SE AUDITEN

Lejos de entrar en rejuegos políticos que en buena medida tienen como objeto encubrir su prolongada opacidad, el Congreso local debería hacer lo que cualquier empresa cuando le va a rendir cuentas al SAT: auditarse por un tercero, y hacer públicos los resultados. Eso sí demostraría que el buen juez por su casa empieza. Pero no. No lo harán. ¿Apuestan?

+ Necesario, que la Segego unificada tenga un solo rumbo a favor de Oaxaca

Hay varias coordenadas que refuerzan el llamado a que Alejandro Avilés Álvarez se ponga verdaderamente a trabajar a favor de la gobernabilidad del Estado, y deje de invertir tanto tiempo en las grillas de los partidos políticos. Tiene varias circunstancias a su favor. Lo único que le falta es reconocer esas oportunidades y ponerse a trabajar a favor de Oaxaca, en una dimensión mayor al tiempo y los recursos que le invierte a los intereses de su grupo político.

En efecto, el miércoles el pleno de la LXIII Legislatura local demandó al secretario Avilés Álvarez que “se ponga a trabajar” y que “desquite su sueldo y atienda los diversos conflictos existentes en varias comunidades de distintos municipios que incluso han dejado muertos y decenas de desplazados”.

Los diputados de las diversas fracciones parlamentarias coincidieron en señalar que es lamentable que el secretario General de Gobierno no haya instalado las mesas de diálogo en los municipios en conflicto, y esperan que la Segego atienda con prontitud los problemas que ya son graves. Uno de esos problemas agrarios, dijeron, es el existente entre San Mateo y Santa María del Mar, en Juchitán, en donde recientemente hubo tres muertos derivados de la persistencia de un bloqueo que obliga a los habitantes de Santa María a desplazarse sólo por vía marítima con las demás comunidades cercanas.

Pues resulta que, en realidad, esas omisiones son reflejo fiel de las debilidades y fortalezas personales y políticas del ahora Titular de la Segego, que en estos poco más de cuarenta días al frente de esa dependencia, le ha dado particular preferencia a la atención de los asuntos políticos y de gobernabilidad que involucran a partidos, pero que al mismo tiempo ha evitado involucrarse en otros temas que también son relevantes en la agenda de la gobernabilidad del estado, y que no necesariamente tienen que ver con las relaciones entre partidos o facciones políticas.

¿De qué hablamos? De que con el paso del tiempo, y de forma casi natural, la Secretaría General de Gobierno ha ido perdiendo relevancia como instancia conductora de las relaciones del gobierno con los partidos. La razón es lógica: la vida democrática ha ido remarcando la autonomía de la oposición, y las relaciones se conducen cada vez más en otros campos que no son los de la discrecionalidad de la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, resulta que así como la Segego ha ido perdiendo relevancia en la conducción de esas tareas, proporcionalmente ha ido ganando importancia en la conducción de los verdaderos temas de fondo de la gobernabilidad estatal, tales como los conflictos agrarios; las discordancias entre comunidades ya sea por cuestiones políticas, sociales o religiosas; los asuntos relacionados con los sindicatos y las relaciones laborales de los trabajadores; la protección civil y, en general, las cuestiones que ponen en riesgo la seguridad, la paz o la concordia entre las comunidades.

A eso es a lo que el secretario Avilés debería dedicarse antes que seguir invirtiendo tiempo y atención en los temas que conoce, pero que hoy pierden relevancia ante lo abultado de la verdadera agenda política de Oaxaca.

HACER FUNCIONAR LA SEGEGO

Quién sabe si Avilés reconozca la ventaja que hoy tiene con una Secretaría General integrada prácticamente según sus necesidades, y no como funcionó durante toda la administración anterior. Pues, de hecho, durante prácticamente todo el gobierno de Gabino Cué, la Segego funcionó fraccionada y con titulares que sólo incidían en una parte de la estructura orgánica de la dependencia pero sin poder realmente articular un trabajo encaminado según su criterio o necesidades. ¿De qué hablamos?

De que hoy, con excepción de la Subsecretaría de Gobierno, Alejandro Avilés prácticamente integró toda la Secretaría según sus intereses, afinidades y personal de confianza. Ello abre un margen importante de certidumbre respecto a que él tiene a la mayor parte de la estructura orgánica de la dependencia trabajando según sus disposiciones y a favor de un proyecto —se supone que— más o menos homogéneo.

Esto, en la administración anterior, ocurrió parcialmente quizá sólo en el último tramo de la gestión de Alfonso Gómez Sandoval, y también de forma parcial en el periodo de Carlos Santiago Carrasco. Siempre fue parcial, porque desde el inicio, Gabino Cué nombró subsecretarios que siempre asumieron que sus cargos no estaban subordinados al Secretario General de Gobierno y entonces actuaban de forma autónoma.

Esto fue por demás visible en las gestiones de Irma Piñeyro y Jesús Martínez Álvarez, que fueron titulares débiles por el hecho mismo de que sólo contaban con la colaboración de su staff, pero no con la ayuda —y mucho menos con el trabajo coordinado— de las subsecretarías que, en los hechos, funcionaban como pequeñas secretarías autónomas de la potestad del Secretario de Gobierno en turno.

PONERSE A TRABAJAR

Por eso, lo menos que puede hacer Alejandro Avilés es dejar las grillitas en las que se siente cómodo involucrándose —colonizar sin derroteros a la oposición, por ejemplo—, y aprovechar las fortalezas que el diseño institucional, y el Gobernador, le permitieron en la dependencia que encabeza. Oaxaca siempre ha tenido la gobernabilidad al filo del conflicto, y lo que hoy necesita Alejandro Murat es un Secretario de gobierno que lo ayude, y no que sea un lastre para su prestigio, y para los buenos resultados que prometió y debe entregarle a los oaxaqueños.

+ El enojo no es sólo por el gasolinazo, sino por la ignorar la corrupción

Aunque parece uno más de los actos reflejos por la molestia nacional, la decisión de Coparmex de no atender el llamado del presidente Enrique Peña Nieto a la firma de un acuerdo nacional de emergencia ante la irritación social —por los claros efectos económicos, que causó, y que seguirá generando el incremento al precio de los combustibles en el país—, es una representación clara de lo que está ocurriendo a todos los niveles en el país ante los llamados gubernamentales. No atenderlos, así como no creerle al Presidente, es hoy el resultado de un gobierno que con soberbia supuso que la ciudadanía tenía la obligación, mas no la potestad, de atender al llamado gubernamental y de asumir las consecuencias de sus disposiciones. No es así, y por eso la credibilidad del Presidente está en caída libre.

En efecto, frente al llamado del presidente Peña Nieto a todos los sectores económicos y productivos del país para la firma de un acuerdo de emergencia que mantenga el empleo, los precios de la canasta básica y la movilidad económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que su posición de no firmar el llamado Acuerdo de Fortalecimiento Económico, presentado el pasado lunes 9 por el Presidente, fue debido a que es insuficiente y “demasiado corto” a lo que se necesita, por lo que señalaron estar a favor de un acuerdo de mayor alcance e incluyente.

Asimismo, Coparmex reprochó que el país sí necesita un compromiso pero que no responda a intereses políticos o mediáticos, sino a la verdadera realidad que vive la población, especialmente lo que menos tienen; por lo que dio a conocer la propuesta que ponen en la mesa y que calificó como “un acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social” que no intenta establecer una agenda única de temas, dijo, sino que son líneas de acción para debatir a nivel nacional.

Según el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, ellos están a favor de un acuerdo sólo “cuando sea fruto de la participación ciudadana, y escuchar las propuestas de los diferentes sectores donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual, que impulse la competitividad y productividad de todos, que impulse a las pequeñas empresas, emprendedores y a la innovación”, cuestión que en su opinión no se cumple de forma real con el contenido del acuerdo al que el lunes llamó el Presidente a firmar, de cara al incremento de los combustibles y del previsible disparo de la inflación para los próximos meses.

En este sentido, es claro que independientemente del contenido del acuerdo y de los razonamientos a partir de los cuales la Coparmex decidió no acudir a la firma del documento, lo más relevante resulta del hecho mismo de que, como muy pocas veces ocurre en el país, uno de los más importantes organismos empresariales nacionales decide no sólo no atender un llamado presidencial, sino incluso criticar el contenido de su propuesta.

Ello hace que esta decisión del organismo empresarial sea no sólo un acto reflejo del enojo social, sino un referente de la forma en que muchos mexicanos vemos hoy a un gobierno que no supo atender las coordenadas del enojo social, y de la demanda ciudadana de cuando menos iniciar, pero sí con denuedo, las tareas para el establecimiento de mecanismos y voluntades para atacar temas como la corrupción y la impunidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo hizo, y estas son hoy las consecuencias.

CIUDADANÍA ENOJADA

En las formas tradicionales del Estado en México, era común que aunque los sectores más importantes del país no estuvieran de acuerdo con el contenido o las formas políticas presidenciales, acudieran a los llamados del Ejecutivo federal por la importancia que éste revestía, e incluso por temer a las consecuencias de desairar la convocatoria para un tema delicado en el que estaba relacionado la legitimidad presidencial o la necesidad de demostración de que al gobierno de la República lo respaldaban los factores económicos, sociales, políticos, y hasta de fuerza, más importantes del país.

Esto ha dejado de ocurrir en México, primero como una saludable forma democrática en la que la pluralidad implica la posibilidad de hacer pública la discordancia con el gobierno; pero, en segundo término, esa desatención al llamado presidencial tiene una trascendencia mayor cuando lo que implica es un reflejo del abierto enojo frente a las decisiones presidenciales.

En este caso, la ciudadanía ha reprochado al Presidente no sólo el hecho del alza en el precio de los combustibles —incluso, ese parece ser el pretexto— sino sobretodo el empecinamiento federal por tratar de mantener el estado de cosas —y privilegios— para algunos, mientras pide solidaridad y comprensión a la gran mayoría, que sí tiene que hacer esfuerzos importantísimos para mantener saludable a una clase política que, además de sus privilegios, está decidida a continuar sin entrarle de lleno al combate a la corrupción.

PRESIDENTE AGONIZANTE

Eso, que parece algo tan simple, es lo que el Presidente —y la clase gobernante en el país, y también en las entidades federativas— sigue sin comprender: no se puede exigir esfuerzos reiterados a la gente, cuando desde el gobierno se refleja corrupción, impunidad y convicción por el no-cambio. El gasolinazo no debe verse a la luz del bolsillo, sino de los bonos millonarios, los privilegios dispendiosos, el silencio federal frente al combate a la corrupción. Y Moreira. Y Borge. Y los Duarte. Y Gabino Cué. Y todas las demás representaciones de corrupción e impunidad que a diario se presentan como una burla al esfuerzo de los mexicanos.