+ Altibajos del movimiento magisterial están determinados por el terror

Parece exagerado decirlo, pero es claro que el movimiento magisterial de Oaxaca está determinado en gran medida por la percepción de fuerza, y de miedo, que las bases tienen de su dirigencia y del Estado. Eso es lo que ha determinado la capacidad de reposicionamiento que ha tenido en estos dos años la dirigencia de la Sección 22 del SNTE entre sus bases gremiales, aunque también esto ha ocurrido gracias a la incapacidad del gobierno —estatal y federal— de entender cómo actúan los trabajadores de la educación frente a circunstancias determinadas. Entender esto, resulta relevante hoy que en apariencia se genera una nueva relación entre la 22 y el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

En efecto, para comprender mejor esta realidad hay que volver al momento previo a la requisa del IEEPO por parte del acuerdo entre el gobierno federal y el estatal. Hasta entonces, la estrategia del gobierno federal para tratar de dar cauce al problema magisterial, se había centrado en tratar de apaciguar a la Sección 22 y a la Coordinadora, ofreciéndole recursos y canonjías a cambio de que ésta acordara no movilizarse.

Esta estrategia de negociación, que había sido conducida por Luis Miranda Nava desde la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, tuvo saldos negativos al fracasar como medida para lograr que se llevaran a cabo los comicios federales intermedios de 2015, y lograr la desmovilización de las bases magisteriales a través de una amplia presencia de la Policía Federal y de la Gendarmería en Oaxaca.

Ese fracaso fue lo que le abrió paso a la expropiación del IEEPO a la Sección 22. Cuando el gobierno federal comprobó que a través de la demostración de fuerza había logrado que la 22 desistiera en su intento por boicotear los comicios federales, decidió dar un siguiente paso acordando con el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, la desaparición del Instituto educativo bajo la predominancia de la Sección 22 en su integración, y la fundación de una nueva institución en la que la autoridad federal tomara el control de las áreas directivas, no sólo para comenzar el proceso de implementación de la reforma educativa, sino para generar una nueva política de administración de la educación.

Ello significó un golpe moral no sólo para la Sección 22, sino para todas las organizaciones que se movilizaban al amparo de la estrategia de “movilización-negociación-movilización” impuesta como costumbre en la presión social al gobierno, por el propio magisterial. Luego de la recuperación del IEEPO —ocurrida el martes 21 de julio de 2015—, hubo un periodo de más de dos meses en el que ninguna organización de lucha social en Oaxaca se movilizó. Lejos de lo que se pensaba, las bases magisteriales se mantuvieron apaciguadas —temerosas—, y fue hasta varios meses después cuando se reactivaron las tradicionales acciones de protesta, una vez que el Estado relajó la presencia policiaca y que decidió ir recuperando la normalidad perdida desde el día de los comicios federales.

PREDICAR CON  EL (MAL) EJEMPLO

Fue hasta enero del presente año que la Sección 22 logró reactivar sus movilizaciones. Todos los meses de 2015 posteriores a la refundación del IEEPO, las bases magisteriales se mantuvieron en calma básicamente por dos razones: en el primer estrato, la dirigencia, que se mantuvo en bajo perfil porque palpaba la posibilidad de una respuesta escasa de las bases, y para ganar tiempo; y en el segundo estrato, las bases magisteriales que esencialmente se mantuvieron en sus actividades cotidianas por miedo.

Durante ese tiempo, el gobierno insistió en la idea de difundir que los maestros ya no estarían sujetos al condicionamiento sindical sobre su trabajo. Pero falló al no lograr la eliminación de la influencia de los representantes de la Sección 22 entre los propios trabajadores. Por eso, la presión pasó de los temas salariales a prácticas como la de expulsar de sus centros de trabajo, o desconocerse, entre compañeros, por el hecho de estar o no de acuerdo con las nuevas prácticas administrativas. De nuevo, el miedo movió a muchos a seguir apoyando a sus sindicatos. Y ahora era el miedo a ser repudiados por sus mismos compañeros.

Así llegó Nochixtlán. El gobierno federal decidió ir por todo cuando decidió la aprehensión de los líderes magisteriales. Esta acción, que pretendió ser quirúrgica, olvidó la capacidad de movilización de las bases afines a la Sección 22, entre maestros y organizaciones radicales que históricamente han apoyado a la Coordinadora. Por eso, el gobierno federal se centró en la aprehensión de diversos líderes. Pero mientras lo hacía, esas bases radicales sitiaron Oaxaca para evitar la incursión policiaca, que finalmente intentó ocurrir el 19 de junio de forma desastrosa.

Paradójicamente, cuando eso ocurrió hubo un efecto contrario respecto al miedo. Nochixtlán le demostró a las bases que era posible reconquistar los espacios perdidos. Por eso, las bases magisteriales reaccionaron fuerte ante el enfrentamiento; por eso, lograron retomar el centro de la ciudad, mantener la toma a las oficinas del IEEPO, e incluso no iniciar el ciclo escolar. Era, pues, la constatación de que las bases ya no tenían miedo, que veían de nuevo fuerte a la dirigencia, y que por tanto había que apoyar.

NUEVA RELACIÓN

Es importante entender está lógica, de cara a los primeros acuerdos entre el gobierno y la 22. No se trata de sólo ver qué se les da y cómo lo reciben, sino en qué dimensión se establece la relación gobierno-sindicato. Y debiera ser motivo de alarma que en la Secretaría General de Gobierno —donde se supone que se conduce la política interna del Estado— no haya un solo funcionario de primer nivel que conozca, incida o tenga cierta ascendencia respecto a este, que es el principal problema político de la entidad.

+ Poderes legislativos asumen su legitimidad pero deshonran mandato

Es ya lugar común en Oaxaca, afirmar cuando termina el respectivo periodo de la Legislatura local que fue “el peor en la historia”. Lo es, porque parece que cada trienio los legisladores locales se esfuerzan aún más en alejarse de las demandas de la ciudadanía, y de la expectativa que generan no sólo los legisladores en particular sino como representantes de la clase política que gobierna. El de nuestra entidad es un ejemplo, aunque en realidad la insensibilidad inunda por igual a los poderes legislativos seguramente de todas las entidades federativas, y también el federal.

En efecto, la LXII Legislatura local en Oaxaca fue particularmente criticada por varias cuestiones muy puntuales: primera, porque fue la Legislatura más cara de la historia, al ejercer un presupuesto trianual de alrededor de mil 800 millones de pesos; segunda, porque fue una de las Legislaturas más improductivas, al no tener en sus haberes ninguna reforma o ley relevante; tercera, porque fue una de las Legislaturas más reprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Acciones de Inconstitucional que expulsaron del orden jurídico diversas normas emitidas por el órgano legislativo local; cuarta, porque además fue una de las Legislaturas con menor capacidad de lograr acuerdos; y quinta —entre muchas otras—, por la incapacidad de los grupos políticos para conducirse en un marco mínimo de corrección social y política, y por hacer del enfrentamiento y la intriga, su único rasgo distintivo.

Aunque ya es a toro pasado, debiéramos preguntarnos por qué ocurre esto, a partir de la idea de que la LXIII Legislatura corre exactamente el mismo riesgo de inoperancia, de desapego y de indolencia por las demandas ciudadanas, para privilegiar únicamente los intereses de los grupos que la componen. Y la respuesta a la pregunta de por qué la LXII Legislatura fue ejemplo de reprobable, podría embonarle perfectamente a la diputación actual, que de no demostrar cambios significativos en su compromiso con los oaxaqueños, no estaría sino repitiendo las prácticas que tanto ha reprobado la ciudadanía. ¿De qué hablamos?

De que quienes integraron —y comandaron— la LXII Legislatura asumieron que la legitimidad con la que fueron electos como diputados, era el soporte que les permitiría hacer lo que quisieran sin ninguna posibilidad de reprobación por parte de la ciudadanía. Eso era parcialmente cierto: hasta la Legislatura anterior, no había posibilidad de reelección, y por ende los legisladores estaban a salvo de cualquier forma de evaluación “coactiva” por parte de la ciudadanía.

Por eso, los coordinadores parlamentarios y sus seguidores —no todos los diputados— hicieron lo que quisieron, incluyendo todo tipo de decisiones impopulares, contrarias a las demandas de la ciudadanía, e incluso a costa de la ya de por sí pobre credibilidad y legitimidad del órgano legislativo. Lo hicieron, en resumen, porque no había forma de que la ciudadanía los hiciera pagar alguna consecuencia por sus actos.

Hoy, la LXIII Legislatura sí tiene el incentivo de la reelección inmediata de sus integrantes actuales, aunque parece que los legisladores apenas están despertando del letargo del cambio de gobierno y de la euforia por haber asumido sus curules. ¿Qué tendría que quedar? Un cambio sustantivo en su desempeño, para demostrarle —por primera vez— a la ciudadanía que están dispuestos a actuar en la forma que se espera de ellos, y no como si tuvieran un cheque en blanco que pueden dilapidar, a discreción, y sin ninguna consecuencia.

REFLEJO FEDERAL

Esa indolencia por la opinión que tiene la ciudadanía de los legisladores, no es privativa de Oaxaca. En los últimos meses, el Congreso federal ha dado también muestras de padecer el mismo problema, de no tomarle importancia a lo que la ciudadanía demanda y priorizar sus agendas partidistas. Hay al menos tres ejemplos:

Primero, la ciudadanía sabe que el problema de la corrupción es el más importante que enfrenta el país, y según diversos sondeos lo ubica al nivel de los problemas de inseguridad y violencia que se viven en el país. Para la gente, el combate a la corrupción es tan apremiante como el combate al crimen. ¿Pero qué hizo el Congreso federal? Que lejos de priorizar la necesidad del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que pasa por el nombramiento del Fiscal de la materia, decidió posponer el abordaje del asunto y llevarlo cuando menos al mes de febrero del próximo año. Es decir, lo que para la ciudadanía es apremiante, para ellos no, y por eso puede esperar el tiempo que sea necesario.

Segundo, desde hace varias semanas, las fuerzas armadas han enviado señales alarmantes de inconformidad no por la realización de labores de seguridad pública, sino porque ellos no cuentan con un marco jurídico que respalde esa actividad. Han demandado al Congreso la emisión de una Ley de Seguridad Interior, que les brinde el marco de actuación para no terminar en la disyuntiva de cumplir órdenes y enfrentar a la justicia civil; o desobedecerlas y enfrentar a la justicia militar. Aún con eso —y con la sombra del golpe de Estado que, aunque lejana, está siempre latente entre las fuerzas armadas—, el Congreso no asume la urgencia de responder a esa demanda.

BONO SECRETO

Tercero: se “descubrió” que los diputados federales reciben un “bono secreto” de fin de año. ¿Qué hicieron? Unos dijeron que lo donarían; otros que lo devolverían; y algunos más prefirieron no hacer comentarios. Lo cierto es que más allá del monto, eso es exactamente lo que el país no necesitan. Todos lo entendemos, menos los legisladores que con sus actos contradicen por completo su idea de que son “representantes populares”.