+ Es un tema coyuntural y de oportunismo político

Si hay temas que verdaderamente constituyen una estratagema para el debate nacional, ese es el relativo al fuero que protege a los servidores públicos. Ello se agrava cuando, además, del engaño, este asunto se vuelve ocasión para el oportunismo de algunos legisladores locales que están acostumbrados a los “bomberazos” para salir del paso y justificar su dieta como representantes populares. Tal es el caso de Oaxaca y su falso debate sobre la eliminación del fuero.

En efecto, la semana pasada fue noticia nacional que el diputado local independiente en el Congreso del Jalisco, Pedro Kumamoto, había logrado la aprobación de una reforma a la legislación de esa entidad para eliminar el fuero. Eso, que en sí mismo resulta algo no del todo encomiable por razones que apuntaremos más adelante, ha servido como pretexto para que otros oportunistas se suban al tema como si fuera prioritario para el debate nacional, que está atiborrado de temas más urgentes. ¿De qué hablamos?

De que, en el caso de Jalisco, se informó que la reforma aprobada la semana pasada establece en el Artículo 91 de la Constitución de aquella entidad que “los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través del procedimiento previsto en la legislación penal”. Y en el 99: “la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal”, de acuerdo con un comunicado del Congreso de Jalisco. La única salvedad que aún sigue teniendo dicha reforma es la necesidad de la aprobación de más de la mitad de los Ayuntamientos que integran el estado de Jalisco; esto es, que lo aprueben por lo menos 63 de los 125 municipios de aquella entidad.

Esto fue ocasión para el oportunismo de algunos “bomberos” legislativos en Oaxaca, que están dedicados de tiempo completo a cazar temas nacionales para tratar de replicarlos en el Congreso local, inependientemente de su inutilidad y su impracticidad frente al universo de temas que deben desahogarse en la entidad. En ese sentido, el diputado Sergio Bello Guerra presentó al Congreso oaxaqueño una iniciativa para eliminar el fuero constitucional de la legislación local, basado en una serie de argumentos que resultan —por decir lo menos— ridículos.

Según el Legislador “en nuestro estado la impunidad es uno de los problemas de mayor urgencia y gravedad, no sólo para la consolidación de la democracia sino, para su propia sobrevivencia, su prestigio y su correcto desarrollo”. Y no conforme con eso —y como si la impunidad tuviera que ver directamente con el fuero— afirmó que que la impunidad está en el centro de los grandes problemas del estado, pues “ante la violencia, la inseguridad, la corrupción y los conflictos de interés, las y los ciudadanos tienen la certeza de que quienes cometen delitos no serán investigados y mucho menos sancionados”, y que en la actualidad “el poder cobija y protege al delincuente, aparentando esta acción el principio rector de la vida pública”.

Así, considera el Diputado a sus pares y a todos los que gozan de inmunidad constitucional. Según él, se encuentran en el mismo rasero que los delincuentes y por eso es necesario quitarles el fuero constitucional.

UNA PATRAÑA

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

El pequeño problema para los oportunistas como Sergio Bello, es que fuera de esos dos ejemplos —dos, entre miles de legisladores (locales y federales) que han existido desde que el poder está dividido en México— no existe otro que demuestre que el fuero constitucional es sinónimo de impunidad. Ese argumento, más bien, atiende al propagandismo propio de quienes prefieren las proclamas por encima de los argumentos. Pero, con seriedad, puede decirse que quizá un tercer ejemplo podría ser el de la llamada “chapodiputada” que también ha enfrentado un problema con el fuero, pero que ya le fue retirado para que responda ante la justicia por la falsificación de documentos con los que accedió a la celda de Joaquín Guzmán Loera en el penal de La Palma.

UN ENGAÑO

Los diputados oaxaqueños deberían estar más preocupados porque haya más debates serios y no patrañas con las que pretenden justificar el trabajo. Es cierto que el fuero debe replantearse, pero no como una forma de “bomberazo” con el que presentan iniciativas con el solo objetivo de llenar un record de “eficiencia” legislativa. Se entretienen en eso pero nada dicen sobre temas torales como el sistema anticorrupción y otros que duermen plácidamente en la Legislatura del Estado

+ Ley enfrenta crisis de legitimidad, no de legalidad o de constitucionalidad

Hay dos realidades paralelas alrededor de la maltrecha reforma educativa: una, la de la legalidad, que apunta a que la legislación en esa materia tiene plena vigencia y que por ende debe aplicarse en términos de ley; y la otra, que denuncia la ilegitimidad de la reforma y, a partir de ello, rechaza toda posibilidad de aceptar cualquiera de sus términos. El problema de fondo, entonces, no está en la ley sino en la incapacidad de los bloques —los que la repudian, y los que la defienden— de reconocerse y entenderse entre sí.

En efecto, esas dos realidades son excluyentes: por un lado, en la Secretaría de Gobernación hay instalado un panel permanente de negociación de los términos de la reforma educativa; en el otro extremo, se encuentran los otros dos poderes constituidos —el Legislativo, y el Judicial— que no sólo no reconocen los “consensos” que está realizando el Ejecutivo para lograr la aceptación de la reforma por todos los sectores magisteriales del país (la CNTE, en particular), sino que reiteran su voluntad por aplicar la norma educativa vigente en sus términos actuales.

Ese panorama, resulta que por un lado, en la mesa de diálogo instalada en Gobernación para la atención de las demandas estrictamente relacionadas con la reforma educativa, los representantes de la SEP aceptaron que no sólo la evaluación sino todo el entramado legal de la reforma educativa podría ser sometido a una consulta amplia entre todos los sectores magisteriales, pero la Coordinadora de antemano reitera que no aceptará el modelo educativo que ellos reducen todas sus demandas a una: la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales —que constituyen la médula de la reforma educativa—, para que eso abrogue automáticamente toda la legislación ordinaria derivada de esos preceptos.

Pero en el otro extremo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que prevé discutir un proyecto de resolución, que establece que reubicar a los maestros que reprueben la evaluación docente en áreas administrativas es constitucional. Esto es, en términos constitucionales, la convalidación de la vigencia y legitimidad legal de la reforma educativa que las secciones sindicales que integran la CNTE, quieren que se abrogue.

Según anunció la Corte, en el proyecto de resolución —cuya discusión está programada para el 10 de agosto— fue realizado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, con la que se propone confirmar una sentencia de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla en un juicio promovido por 17 integrantes de la CNTE. A través de un recurso de revisión, los profesores solicitaron al máximo tribunal que estudiara la constitucionalidad de la revocación del mandato prevista para los maestros que reprueben, en tres ocasiones, la evaluación.

Conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en 2013, los profesores que tienen el nombramiento de plaza deberán someterse a una evaluación al término del segundo año de haber iniciado su encargo. De no aprobar esa prueba, podrán intentarlo dos veces más. Si reprueban una tercera ocasión, el nombramiento será revocado sin responsabilidad para la administración pública. El maestro será removido de su área, pero conservará su plaza dentro del magisterio. El proyecto del ministro Cossío Díaz establece la diferencia entre una sanción administrativa, que puede implicar la separación del cargo, y la revocación del mandato, que implica un cese de funciones.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

¿Qué se prevé, respecto a cada uno de los escenarios? Que independientemente de sus resoluciones judiciales, los acuerdos parciales en las mesas de diálogo, y sus proclamas en contra de la reforma educativa, esencialmente nada cambie. Esto es así porque tanto la Coordinadora, como el poder público, enfrentan hoy una crisis profunda de legitimidad que hace irreconciliables sus posiciones, independientemente del contenido de las mismas.

En ese sentido, es evidente que el contenido de la reforma educativa es prácticamente imposible que cambie porque legalmente los poderes Legislativo y Judicial sostienen que la reforma educativa no enfrenta ningún problema de legalidad —de forma y de fondo— y que por esa razón hablar de reformas es tanto como el cumplirle un capricho a quienes no quieren modificaciones, sino la anulación de la misma.

En el otro extremo está la propia crisis de legitimidad de la Coordinadora Nacional, que insistentemente ha tratado de presentarse como la representación viva del pueblo ya no sólo de Oaxaca, sino de México. El magisterio disidente, aglutinado en la CNTE, ha tratado de llevar la presión a la consecuencia última de toda pretensión política: el cambio en el orden jurídico. Particularmente, ellos quieren que se reforme una cuestión que les afecta en lo particular. Para ello han tratado de envolverse en el esquema de la representación popular. Sólo que esa representación está por mucho lejana de lo que verdaderamente pudiera catalogarse como un movimiento social de masas capaz de aglutinar la legitimidad como para una labor de esa naturaleza.

PROBLEMA SIN SOLUCIÓN

Por eso, la crisis no está en la reforma —ésta es, de hecho, el pretexto— sino en la ilegitimidad que se profesan quienes riñen. Entre ellos no se reconocen de verdad. Y por eso cualquier arreglo al que se llegue estará afectado exactamente del mismo problema que tiene hoy la reforma: independientemente de su contenido, será rechazada y señalada. Dadas las circunstancias, es un resultado más que previsible.

+ Que se repruebe igual a autoridades, a proveedores y a particulares

Es muy relevante que, en el discurso alusivo a la promulgación de las leyes ordinarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto haya reconocido la importancia que tienen no sólo las actuaciones concretas de los servidores públicos, sino también la percepción que se genera de ellas. Es muy relevante porque en México queda claro que ni quienes detentan el poder, ni quienes estamos en el espectro ciudadano, hemos comprendido la necesidad de hacer que cada quien pague el costo político, y social, por sus acciones. Esta parece ser la nota distintiva, subjetiva, del Sistema Nacional Anticorrupción, que ayer vivió una jornada trascendente.

En efecto, ayer el presidente Peña Nieto encabezó el acto protocolario mediante el cual firmó, y mandó a publicar, los siete conjuntos normativos que conforman la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción. En su discurso alusivo, el Mandatario fue muy concreto en el reconocimiento de la necesidad no sólo de que los servidores públicos se conduzcan con apego a la ley, sino que además lo hagan con la noción de que la percepción que generan esos actos trae aparejado también un costo social y político, que lastima la reputación de quienes los cometen, que también impactan en la legitimidad de las figuras institucionales, como la investidura presidencial, el cual debe generar más consecuencias que el solo repudio moral.

“Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada ‘casa blanca’ causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto, reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mis sinceras y sentidas disculpas por el agravio que les causé…”, dijo el Presidente.

Esto es de la mayor trascendencia, porque por primera vez —quizá en toda la historia nacional contemporánea— un titular de la Administración Pública Federal acepta que los actos realizados por los funcionarios deben ser no sólo legales, sino legítimos. Es decir, que no sólo deben cumplir con los parámetros legales estrictos, sino que también deben atender a lo que la ciudadanía considerará que es correcto.

Esta es una noción que en otros países se encuentra perfectamente construida desde hace mucho tiempo, pero que en México primero se rezagó porque la legitimación del poder público estaba basada en el corporativismo —durante el régimen de partido hegemónico—; y después, en los tiempos de la alternancia, en la idea de que el aval de los votos era suficiente para dar legitimidad al poder, independientemente de lo que ocurriera después.

Hoy queda claro que esos parámetros son insuficientes, y que por ende un funcionario debe cuidar la ley tanto como su comportamiento y sus acciones a la luz no sólo de la ley, sino de la legitimidad que debe mantener ante sus gobernados. A eso se refirió el Presidente, y por esa razón es muy necesario que nosotros como ciudadanos ahora vigilemos y participemos para que esa intención —aparente y forzada— se cumpla.

TODOS, FRENTE AL ESPEJO

“Tenemos que vernos frente al espejo”, dijo el Presidente. Y ver nuestro propio reflejo significa reconocernos tal cual somos. Y en los aspectos de la corrupción, queda claro que no se trata sólo de criminalizar o perseguir a los servidores públicos porque, como dice el dicho popular, “para que haya problemas hacen falta dos”. Esos dos son el que corrompe, y el que se deja, fuerza o “invita” a corromperse.

Ese otro es el ciudadano, que ahora también tendrá que pasar por el tamiz del sistema anticorrupción. Ese rubro ha sido otro tabú que ahora deberá romperse en México. Pues es evidente que el servidor público es quien está obligado a pagar un costo legal, social y político por los actos de corrupción en que incurre, pero también lo es que esa situación pasa también por quien participa, desde el sector privado, en la comisión de ese tipo de conductas. En eso debemos ser muy enfáticos, y firmes, porque el nuevo rasero de la evaluación de la función pública debe también pasar por los particulares que coparticipan de esas acciones indebidas.

El caso más concreto es el del propio Presidente. Él incurrió en una conducta inmoral. ¿Pero qué pasó con el dueño de la constructora que otorgó el “préstamo” para que la esposa del Presidente construyera su mansión? Juan Armando Hinojosa es, acaso, uno de los primeros particulares que abiertamente se ve sancionado moralmente —el valor de su compañía cayó, gracias al conflicto de interés, y quedó evidenciada frente a la opinión pública nacional— por verse relacionado en alguna práctica indebida en su relación con la función pública.

A NIVEL LOCAL

También habrá que ver qué acciones toma el Congreso y el Ejecutivo en Oaxaca para implementar un sistema estatal armónico, y necesariamente superior al nacional, para el combate a la corrupción. Oaxaca no aguanta más situaciones así y, para ganar credibilidad, el nuevo Gobernador deberá envolverse en esas banderas para cumplirle a la ciudadanía.

+ Gobierno y la CNTE, dispuestos a “legalizar” cualquier acuerdo político

La CNTE denuncia —con razón— que sus dirigentes encarcelados son “presos políticos”. Sólo que con esa misma claridad y denuedo debería también reconocer que la decisión de trasladar a cuatro de esos dirigentes, a un reclusorio en territorio oaxaqueño, es también consecuencia de un acuerdo político tomado con la Secretaría de Gobernación. En este país en el que las decisiones políticas son legalizadas a través de formalismos, y nadie se sorprende de ello, esto no debería ser un asunto de poses sino de la demostración de cómo grupos de presión —como la Coordinadora— pueden conseguir negociaciones efectivas.

En efecto, en las primeras horas del martes 12 de julio —horas después de que se llevara a cabo el tercer encuentro entre la CNTE y Gobernación—, se anunció que el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, había sido trasladado junto con Francisco Villalobos, Aciel Sibaja y Heriberto Margariño al penal de Miahuatlán, Oaxaca durante la madrugada.

Tal información fue confirmada por el abogado Hugo Paz a un medio de la capital del país, y de inmediato se especuló que éste había sido uno de los acuerdos políticos tomados para facilitar la distensión del conflicto, a pesar de que el traslado de los dirigentes magisteriales detenidos no aparecía en la lista de acuerdos alcanzados entre Gobernación y los representantes de la Coordinadora que acudieron a la mesa de trabajo.

Ayer miércoles, a pesar de la coincidencia en tiempo y circunstancias, la Coordinadora intentó aclarar el punto asegurando que el traslado de los cuatro dirigentes no era parte de los acuerdos con Gobernación, sino que más bien era un logro de la defensa de los procesados. Edith Santibáñez, integrante del equipo Jurídico de Sección 22, aseguró que el traslado de cuatro líderes magisteriales fue un acuerdo judicial  y “no un favor” ni “rotación” de las autoridades, aunque no descartó que la comisión negociadora haya puesto el asunto sobre la mesa de diálogo.

“Teníamos no nada más un acuerdo, teníamos hasta tres acuerdos de traslados emitidos por los jueces, sin embargo las autoridades hacían caso omiso. Hasta el día lunes que se le emplazó al juez segundo de lo penal de Oaxaca, el tenía que darle vista al agente del Ministerio Público en cumplimiento de su mandato judicial”, explicó Santibáñez. ¿De verdad podemos quedarnos con esta versión?

DECISIONES POLÍTICAS

Pues es claro —porque en estos asuntos las casualidades nunca son tal— que esta fue una más de las decisiones políticas a las que luego buscan darle forma jurídica para legalizarlas y —es un decir— “legitimarlas”. La mejor prueba de ello es la propia detención de todos los dirigentes de la Sección 22 y la Coordinadora, que fue un acto político revestido de formalidades jurídicas, no con la intención de castigar la comisión de delitos sino de tratar de desmembrar a un movimiento de presión, que —¡vaya paradoja!— ahora tiene de rodillas a la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, en esta columna apuntamos desde el 14 de junio que lo primero que debíamos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas.

¿Por qué?, nos preguntábamos. Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

Ahora bien, en este contexto es menester considerar otro factor imprescindible: en la mesa de Gobernación, hoy en día todo está sujeto a una negociación política. ¿Cómo quiere la Coordinadora, por ejemplo, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “abrogue” la reforma educativa, si ello no está entre sus facultades? ¿Cómo consiguió la CNTE que el gobierno federal claudicara en su anuncio de despedir a más de tres mil por incurrir en los supuestos de responsabilidad que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, por faltar más de tres días a sus labores, en el periodo de un mismo mes? ¿Y cómo quieren que se distienda el conflicto de Oaxaca, Chiapas y otras entidades del país? La respuesta a cualquiera de esas preguntas —incluyendo el traslado, y quizá hasta la próxima liberación de Núñez Ginez y compañía— pasa por una negociación política, revestida de formas jurídicas.

Por eso la Coordinadora debe dejar esos maniqueísmos cuando no le conviene, y reconocer que el traslado de Núñez fue una decisión tomada en Gobernación, y luego legitimada por los acuerdos judiciales y el cumplimiento de la autoridad penitenciaria. Nada tan simple —y tan visible— como eso.

ARDOR

Se siguen preguntando por qué fue el ex gobernador Ulises Ruiz, el único priista del país que públicamente salió a rechazar la “elección” de Enrique Ochoa Reza como líder nacional del PRI. La respuesta es simple: porque Ochoa representa a la misma generación de políticos a la que pertenece Alejandro Murat. Sabe también que esa decisión fortalece políticamente —en el mediano plazo— al ahora Gobernador electo. Y que —es lo que le duele— eso lo tendrá aún más alejado de lo que ya está del poder en Oaxaca, luego de sus recurrentes saldos rojos, y sus derrotas recientes.