+ Como gobernante, tendrá oposición y pondrá a prueba su federalismo

Cada quien está preocupado por lo que pueda pasar en su propio territorio; pero si algo debe quedarnos claro desde el inicio es que si una sociedad pagará principalmente el peaje de un presidente como Donald Trump, esa será la estadounidense. Serán ellos, independientemente de lo que pase en México o en cualquier otro país, porque como lo hemos comprobado nosotros mismos en otras experiencias, a nadie le resulta más costosa una elección de esa magnitud, que a los mismos que deciden ejerciendo su democracia. Ello no es alivio, pero sí puede ser un punto de referencia importante hacia el futuro, ante la incertidumbre y el miedo por el resultado de esta elección.

En efecto, para muchos (nos) fue casi insospechada la victoria de Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y ante la realidad el sentimiento predominante fue el de la incertidumbre y el temor por el futuro. En México, la opinión generalizada fue en ese sentido, ante las tronantes declaraciones del magnate estadounidense en contra de la comunidad mexicana en aquel país; y por la exteriorización de ciertas intenciones, como la de construir un “hermoso muro” en la frontera entre México y la Unión Americana.

Ahora habrá que pensar no sólo en los efectos que tenga la presidencia de Trump no sólo para México (nuestra realidad doméstica), sino también ver los efectos que ello tendrá para la población estadounidense, que por miedo, por egoísmo o por añoranza sobre el extraviado “american dream”, votaron por el controvertido magnate por encima de la figura de la “política tradicional”, forjada en el sistema, que representaba la candidata demócrata, Hillary Clinton.

La oferta principal de Trump como presidente es justamente la de devolver a los estadounidenses el estilo de vida que ellos consideran como “tradicional” y regresarles ciertas condiciones que ellos creen perdidas por la integración de diversas minorías (latinos, afroamericanos, homosexuales, etcétera) al rol de vida norteamericano. En el fondo, quienes votaron por Trump piensan que esa integración social, ha menguado sus privilegios; y votaron por el Republicano, justamente porque él les prometió recuperar —y así lo reiteró en su primer discurso como Presidente Electo— el sueño americano que se vio truncado por las últimas administraciones, y por el que ubican como particular responsable al presidente saliente, Barack Obama, y por extensión a Hillary Clinton.

Frente a todo eso, el problema es que no es lo mismo ser candidato que ser presidente. Y si bien como aspirante a la presidencia estadounidense, Trump encontró —con precisión mercadológica y política— el discurso exacto para hablarle y conquistar a la mayoría de los votantes. El problema es que una vez que ha dejado de ser candidato, y que se prepara para ser Presidente, sus posibilidades de ser infalible se reducen. Es más, a partir del 20 de enero —fecha en que asumirá la Presidencia—, su capital político comenzará a invertirse en cada decisión que tome. Por eso, tendrá que ser más cuidadoso no sólo con lo que decida, sino con las consecuencias que tengan esas decisiones.

PRESIDENTE VIGILADO

Es muy prematuro suponer que Trump inaugurará una nueva época de cesarismo en los Estados Unidos. Es muy aventurado decirlo, porque durante la campaña quedó claro que Trump no tenía la simpatía total del Partido Republicano; también es evidente que si bien los conservadores tienen mayoría en ambas cámaras, existirá una oposición demócrata que se recuperará vigorosamente por la magnitud de las decisiones que Trump pueda tomar, porque ahora ellos serán una oposición sin algo más que perder; y porque —lo acepten o no— los demócratas siguen teniendo la simpatía de un poco más de la mitad de la población estadounidense que respaldó a Hillary Clinton.

Así, lo que resulta evidente es que, como Presidente, Donald Trump tendrá en mucho más que preocuparse antes que voltear los ojos hacia México, o hacia cualquiera otra nación del orbe. Tiene grandes retos enfrente, que evidentemente no se resuelven construyendo un muro o cancelando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque —aunque las medidas son deseadas por la población que votó por él, porque quiere ver de regreso del “american dream”— los efectos de esas decisiones serían inversamente proporcionales a los resultados deseados.

Por esa razón, los primeros implicados en esa gran interrogante que significa la presidencia de Donald Trump, son los propios estadounidenses. Antes que nosotros —y eso no es consuelo— tendrán que asumir las consecuencias de un contradictorio ejercicio democrático que coronó la aspiración disruptiva de millones de estadounidenses que prefirieron al no-político, que a las personas construidas o desde el sistema político, o desde las familias de tradición presidencial, o a los personajes que tradicionalmente llegaban o aspiraban al poder.

PRESIDENTE INMÓVIL

Finalmente, habrá que ver qué tanta movilidad logra tener Trump. Ello pondrá a prueba —como nunca— el sistema de frenos y contrapesos, del que el modelo republicano de gobierno estadounidense ha sido paradigmático en el mundo a lo largo de los últimos 200 años. A partir de hoy, tendrá que tejer alianzas, ceder, reconsiderar y pensar —también con precisión mercadológica, si es que el término es aceptable— cada paso que dé. Lo que sí es seguro, es que su gestión, como la de todos los gobernantes, tendrá que ser mucho más que las bravuconadas de un candidato queriendo agradar a los electores. De eso, en México, ya sabemos bastante…

+ Gobiernos han aprovechado el cómo la ley prevé que se declare la deuda

El caso de Veracruz es paradigmático, pero está lejos de ser el único en lo que se refiere a la magnitud de las deudas y compromisos estatales. De hecho, detrás de Veracruz están otros casos que hoy son por demás conocidos, como Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila. Pero eso no significa que esas entidades tengan el monopolio del sobreendeudamiento, o que sean los únicos en los que existan interrogantes institucionales sobre la dimensión de las presiones que arrastran las finanzas estatales.

En efecto, ayer TIEMPO establecía que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, existiría una discrepancia respecto a las cifras que ha revelado la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, con relación a los montos que se tienen registrados por otros pasivos. Según la información, Finanzas sostiene que su deuda es de 13 mil 175 millones de pesos; pero de acuerdo con la ASF, ese monto tendría una cifra oculta, adicional, de unos siete mil 800 millones de pesos, para llegar a la cantidad 21 mil millones.

Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas se ha mantenido firme en el señalamiento de que la deuda pública estatal asciende a la cantidad —hablando en cifras redondas— de unos 13 mil millones de pesos. Lo hace con seguridad, y seguramente están en lo cierto, porque una de las cosas que no explican con detalle cuando se ofrecen las cifras, es que no todos los compromisos financieros constituyen —según la Ley de Deuda Pública y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— deuda pública. Por eso, las cifras son una verdad a medias que debía ser aclarada y justificada, de una forma más profunda y detallada que la que hasta ahora se ha informado a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que según la Ley de Deuda Pública, ésta se constituye por el total de obligaciones de pasivos, derivadas de la contratación de financiamientos que contraten el gobierno estatal o municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de reestructuración o refinanciamiento.

A su vez, la citada ley define a la deuda pública del gobierno estatal como el total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de financiamientos realizados por el Estado. En gran medida, esas obligaciones que constituyen deuda pública tienen que ver con el financiamiento que ocupa el gobierno para enfrentar desastres naturales o contingencias, para financiar obras con la banca de desarrollo, cuando tiene problemas de liquidez o, como lo señala la ley, en los casos en que tiene la necesidad de solventar necesidades temporales de flujo de caja, que no excedan de 90 días naturales o que su pago se realice dentro del propio ejercicio fiscal.

VERDADES A MEDIAS

Básicamente, esa es la deuda pública, aunque ello de ninguna manera significa que sea la única forma que tiene el gobierno de contratar obligaciones que luego derivan en pasivos financieros.

De hecho, una de las primeras ocasiones en las que ocurrió ese delirante juego de palabras relacionado con la deuda, que no era deuda pero sí compromiso de pago, fue cuando el gobierno de Ulises Ruiz contrató la construcción de los complejos de Ciudad Administrativa, y Ciudad Judicial, mediante un esquema denominado Proyectos de Prestación de Servicios, en los que el gobierno le contrata a un particular una obra que requiere una gran inversión a corto plazo, se compromete a pagar por el uso del inmueble por un periodo determinado, y al finalizar el plazo entonces la obra y su administración pasa a ser responsabilidad y propiedad del Estado.

Por una disposición legal, los PPS contratados para Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no recibieron la denominación de deuda pública, pero sí son un compromiso de pago para las arcas estatales. Específicamente, el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Oaxaca, señala sobre los PPS que “los pagos que realicen las dependencias y entidades, como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato para prestación de servicios a largo plazo, se registrarán como gasto de capital y no constituye deuda”.

Por eso, el gobierno de Ruiz siempre negó que la construcción de esos complejos constituyera deuda pública, pero al mismo tiempo se negó sistemáticamente a informar a cuánto ascendieron las obligaciones de pago multianuales por esas obras, y mucho menos cómo se contrató, quién fue el contratista, así como las fuentes de financiamiento privado de la obra.

Lo mismo ocurre con la bursatilización de ingresos futuros, o a la contratación de instrumentos derivados, a los que la Ley de Deuda Pública define como las garantías de pago oportuno, así como aquellos instrumentos financieros dirigidos a mitigar los riesgos de mercado de un financiamiento. En éste último caso, la Ley de Deuda Pública señala (artículo 14) que la contratación de instrumentos derivados no impactará en el cálculo de endeudamiento aprobado por el Congreso.

MUCHAS DUDAS

Finalmente en ese universo de instrumentos financieros —hasta ahora no revelado en su totalidad por el gobierno estatal— se encuentra la respuesta sobre el endeudamiento real del Estado, independientemente de si los compromisos de pago tienen o no la calidad específica de deuda pública. Esa idea maniquea, palidece frente al hecho de que todo se paga de la misma bolsa —el atribulado erario estatal—, y de que hasta el momento no hay certeza de a cuánto ascienden en realidad esos compromisos de pago en Oaxaca, que podrían ser por 21 mil millones de pesos. O más.

+ México: demagogia avanza disfrazada de izquierda; EU, es de derecha

Mañana son los comicios presidenciales en los Estados Unidos, y el hecho de que el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, no se alce con la victoria, no significa que las calamidades están conjuradas para nuestro país, para nuestra economía y para nuestros paisanos que viven en aquella nación. De hecho, al margen de lo que pueda ocurrir mañana en los comicios, esa preocupación debería persistir porque lo que Trump demostró es que en aquellas naciones, aparentemente acomodadas y civilizadas, el discurso de la intolerancia y del hartazgo también tiene una alta rentabilidad electoral, con el añadido de que Trump demostró que una parte de la población estadounidense sigue siendo tan racista como no lo hubiéramos creído antes del inicio de las campañas presidenciales.

En efecto, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, al estadounidense promedio le han arrebatado las nuevas minorías dominantes en aquel país, como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses, independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

De hecho, ese discurso de odio, de racismo y de segregación fue censurado por diversos sectores sociales instruidos de los Estados Unidos, pero también fue aceptado gustosamente por mucha gente que hoy mantiene la incertidumbre sobre el llamado “voto escondido”. Eso no representa otra cosa que la decisión de millones de electores norteamericanos de no revelar el sentido de su voto a alguna casa encuestadora, e incluso de negar públicamente la posibilidad de votar por Trump, pero finalmente terminar haciéndolo por estar convencido de su discurso aún frente al hecho de que el contenido y la oferta política del Candidato Republicano tiene una dosis alta de racismo, segregacionismo y odio hacia algunas minorías y sectores de la población.

MÁS FANTASMAS

De hecho, se tenía la idea de que los escándalos personales, y la misoginia demostrada por Trump, podrían llevarlo a la debacle. Hace más o menos un mes se pensaba que la caída del Republicano se basaría en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres.

Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Pero las demostraciones de misoginia, fueron las que comenzaron a marcar su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

Hoy, a un día de los comicios presidenciales queda claro que por lo menos casi la mitad de los electores promedio norteamericano no reprueban que uno de sus candidatos no sólo sea un defraudador fiscal y una figura polémica por sus escándalos personales, sino que también sea un propagador de discursos de odio, de segregación, de racismo y de diferenciación de las personas por su origen, por su aspecto, o por alguna de sus preferencias. Resulta también que el elector promedio —la mitad de ellos, que son básicamente los que respaldan a Trump a pesar de todo— no reprueban que su candidato tenga abiertas actitudes de misoginia, o que haya sido evidenciado refiriéndose de manera despectivamente de las mujeres, justo por el hecho de ser mujeres.

¿Qué significa todo esto? Que aún cuando pierda Trump la elección, los fantasmas que dejó se van a quedar ahí y quién sabe cuál sea el resultado de esa apuesta tan arriesgada, en la cuna de los sistemas republicanos contemporáneos. Mucha gente apoya a Trump porque representa el discurso de cambio frente a un sistema que los ha oprimido en el bienestar y en el bolsillo. Pero Trump les ha dicho no sólo lo que quieren escuchar, sino que les ha hecho creer que es posible seguir siendo racista, misógino o discriminador, y que eso no sólo no es reprobable sino que puede redituar dividendos políticos.

POCAS DIFERENCIAS

Ese discurso totalizador es básicamente el mismo que se propala en México con insistencia, por quienes dicen ser la alternativa de cambio real para el país. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Estados Unidos ese discurso lo han lanzado los republicanos, que no son sino el ala conservadora del sistema político norteamericano; aquí, ese discurso es de la izquierda más radical. En el fondo, el odio y la demagogia pueden tener dos orígenes pero exactamente los mismos efectos contraproducentes para los sistemas políticos.

+ Luego del año 2000, las entidades federativas se quedaron sin control

Todavía hace dos semanas, Javier Duarte de Ochoa era uno de los 32 hombres más poderosos de la geografía nacional. Era Gobernador Constitucional de un estado, emanado y convalidado por el voto popular, y tenía bajo su control una de las entidades federativas económicamente más poderosas en el país. Gobernaba a plenitud a pesar de las reiteradas denuncias por corrupción y desvíos; la Auditoría Superior de la Federación se quejaba amargamente de no poder hacer más en contra del mandatario veracruzano. Y hasta hace pocas semanas, el gobierno federal no había dado ninguna señal de querer intervenir en la preocupante situación de aquella entidad federativa. ¿El caso Duarte será un incentivo contra la corrupción?

En efecto, la caída de Duarte se explica en unos cuántos días, y en eso tuvo mucho que ver la presión política que ejerció en su contra el gobierno federal, más que los efectivos controles constitucionales y legales de combate a la corrupción, o lo que pudieran hacer las instituciones encargadas del ejercicio del gasto público o las encargadas de la fiscalización de los recursos. Básicamente, Duarte de Ochoa fue obligado a pedir licencia cuando el Presidente de la República entendió que, o protegía al Gobernador a cambio de la propia estabilidad política de su gobierno, o lo entregaba a la justicia como forma de lavarse la cara frente a los mexicanos, y demostrar algo de voluntad por el combate a la corrupción.

Duarte a esas alturas era ya indefendible, y por esa razón el gobierno federal lo único que hizo, con su licencia y con los expedientes penales que se abrieron, fue confirmar que todas las denuncias de corrupción existentes en su contra, tenían una base judicial. De hecho, fue la sociedad mexicana —sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones y hasta las redes sociales— quienes mucho tiempo antes habían demostrado el talante autoritario y corrupto de Duarte de Ochoa, y sólo hacía falta que la autoridad estableciera un criterio frente a esas evidencias.

Desde antes ya se había hablado de las amenazas de Duarte contra la prensa, del brutal dispendio de recursos económicos del gobierno veracruzano, de la existencia de redes de corrupción y blanqueo de recursos; de la ostentosa vida del Gobernador y de su familia, y de la forma abierta en la que utilizaba al gobierno en un sentido claramente patrimonialista, al margen de cualquier temor relacionado con la justicia, con su futuro e incluso con su prestigio luego que dejara de ser Gobernador.

¿Qué hizo el gobierno federal? Atender al llamado a la justicia, pero de acuerdo a su calendario. Por eso, no es mérito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estar procesando y persiguiendo a Duarte, en una aparente ‘cacería’ de la PGR: lo hizo quizá un año y medio después de que se constatara la calaña del ahora ex Mandatario, y de que existieran evidencias que permitieran la integración de denuncias penales por la posible comisión de diversos delitos.

¿EL GOBIERNO FEDERAL RESPONDERÁ?

Ahora la cuestión que sigue pendiente, es saber si el gobierno federal hará lo mismo con otros ex Mandatarios que también son señalados de corrupción. El asunto se vuelve relevante no sólo cuando se aprecia el contraste entre la vida de lujos, excesos e impunidad que envuelve a los Gobernadores y la vida de resto de las personas; sino que hoy, además, esos lujos son directamente proporcionales al nivel de deuda y de los problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, de cara a la reducción presupuestal que se viene para el año próximo.

Esa crisis generalizada del país —que no fue causada por los gobernadores pero que sí forman parte del cúmulo de problemas que enfrentan los estados del país y el gobierno federal— hará sufrir a muchas personas; y todo se ahondará cuando comiencen —si no es que ya iniciaron— a verse los estragos que están causando la irresponsabilidad, la corrupción y los excesos cometidos por muchos gobernadores, en el ejercicio de sus funciones. El mexicano común está particularmente agraviado no sólo por la crítica situación en que subsiste, sino también porque durante mucho tiempo se ha prometido combate a la corrupción pero se ha procurado exactamente lo contrario.

Por eso el gobierno federal está urgido de procesar a Duarte, y quizá, si tiene voluntad, también lo esté de ir en contra de otros mandatarios que están directamente detrás de Duarte en la lista de procesados: Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés, entre otros que podrían no estar tan visibles —como es el caso del Gobernador de Oaxaca— pero que también enfrentan señalamientos por posibles actos indebidos. Y lo que sería realmente relevante es que no sólo tuviera voluntad política sino que estableciera los controles que ahora no existen, y que permitieron que Javier Duarte llegara al extremo de la ignominia que lo tiene también al borde de la prisión.

CONTROLES

Esos controles tendrían que estar centrados en la conformación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y no en manos del gobierno federal que, por lo visto, sólo actúa por conveniencia pero no por convicción. Desafortunadamente, la laxitud que quedó en los estados luego de la caída del viejo régimen priista, en el año 2000, les permitió hacer y deshacer impunemente a los mandatarios, que se portaron como menores de edad con una herencia millonaria en las manos: se excedieron, dilapidaron, y se beneficiaron. Pero eso, como el dinero mismo, no puede durar para siempre.

+ Su intervención y “activismo” rebasa el dogma o las ideas que defienden

Si hay quien piensa que la Iglesia Católica cumple con su rol de guía moral de la sociedad, y que por eso sólo opina en temas como el matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o el aborto, en realidad tendría que ver el nivel de injerencia que tiene la Iglesia sobre asuntos que no debían ser de su estricta incumbencia. Aunque la Constitución se lo prohíbe, la Iglesia hoy incide, y hace activismo a favor de sus posturas, a niveles que parecerían increíbles en una democracia laica como la mexicana.

En efecto, pocas veces se había visto una intervención tan abierta de la Iglesia como en estos tiempos. Cuando en mayo pasado el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa para reconocer constitucionalmente el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin limitación de sexo, la Iglesia lanzó un contraataque que hasta ahora no ha terminado de ser calculado y dimensionado: llamó no sólo a rechazar la iniciativa presidencial, sino también a que los católicos dejaran de votar por un partido no que defiende la igualdad y la no discriminación, sino que —en su retórica— ataca a la familia y los valores morales de los mexicanos.

En esa intervención se ha tratado de explicar al menos una parte de la debacle priista de junio pasado. La Iglesia, además de opinar —que los curas, como ciudadanos mexicanos, están en su derecho de hacerlo—, tomó partido en la defensa de la familia (en singular), organizando marchas, manifestaciones y pronunciamientos; y ahora también lo ha venido haciendo de forma abierta, en otros temas en los que antes había hecho activismo pero cupularmente. Nos referimos al tema del aborto, que ha sido del interés permanente de la Iglesia aunque pocas veces como ahora lo había hecho tan público, y con la posibilidad abierta de que al retomar el tema intente —como en lo relativo a la familia— llevarlo del plano de la opinión, a la ley a través de una intervención abierta en un asunto que no es de dogma sino de orden público, y político.

En ese sentido, ayer la Arquidiócesis de México señaló que el número de abortos practicados en la Ciudad de México supera a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado al registrarse 160 mil embarazos interrumpidos por lo que se trata de una violencia “legítima e invencible”.

Bajo el título “La vida no vale nada” el editorial del semanario Desde la fe indicó que los más de 160 mil “niños asesinados” son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida y la puede “desechar por decisiones legislativas”; afirmó que propiciar el dolor y la muerte no es exclusivo de quienes están fuera de la ley, puesto que la “necrolatría” se tolera al proteger “el asesinato de indefensos a fin de que prevalezcan egoístas decisiones sobre el cuerpo: el aborto”.

“Este poder de la violencia legítima e invencible que atenta contra las vidas en gestación arroja, tan sólo en la Ciudad de México, la infausta cifra de más de 160 mil niños asesinados. (…) México dice honrar a sus muertos, pero paradójicamente nos sumimos en la indiferencia hacia los miles de cuerpos humanos tratados peor que basura, y que por cierto, superiores en número a las víctimas que ha arrojado la guerra contra el crimen organizado”, enfatizó.

INCIDIR EN LOS ESTADOS

La Iglesia Católica sí ha incidido en el tema del aborto, y por esa razón en 17 estados —incluyendo Oaxaca— existen disposiciones antiaborto, disfrazadas de “derecho a la vida”. ¿De qué se trata? De establecer disposiciones —como en el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca— que disponen que la ley protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Con esta idea, se genera una “certidumbre” de que cualquier forma de aborto voluntario está prohibida a partir de que la ley está protegiendo la vida desde su inicio, y que por eso está fuera de la potestad interrumpir un embarazo.

La Iglesia logró, entre 2008 y 2009, que los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán establecieran disposiciones en ese sentido. Lo hizo cabildeando apoyos a los gobiernos —muchos de ellos con mandatarios emanados del PRI— para el establecimiento de dichas disposiciones —procesadas a través de iniciativas presentadas por el PAN— a cambio de contribuir a la gobernabilidad entre los feligreses.

Evidentemente, dicha intervención no era pública, sino cupular. Eran, pues, acuerdos tomados entre políticos y jerarcas católicos para procesar y respaldar dichas reformas independientemente de cuál fuera la postura política. La diferencia entre antes y ahora, parece ser que la Iglesia está viendo el margen para dejar ese activismo de altos perfiles y bajar sus temas a la ciudadanía.

INTERVENCIÓN ABIERTA

Dicha opinión sobre el aborto claramente fija una postura en un debate que ha sido parcialmente ganado por la Iglesia. Dada su intervención en otros temas, nada impediría pensar que ahora estaría pensando en redoblar esfuerzos para el establecimiento —o endurecimiento— de las leyes provida, en una clara intervención en los asuntos públicos del país, en los que, según el artículo 130 de la Constitución federal, se supone que tiene prohibido inmiscuirse.

+ En Oaxaca también hay ejemplos del doble discurso del priismo

Como si la vida partidista, y la gubernamental, se desarrollaran en ámbitos distintos, en México el Partido Revolucionario Institucional pretende un discurso que a todas luces no honra. Pues de nuevo, cuando el país necesita certeza y espera que el gobierno marque las pautas para la devolución de la confianza ciudadana, el grupo gobernante toma rutas peligrosas y contradictorias que ponen en evidencia que el discurso de la legalidad y el combate a la corrupción están muy lejos de ser reales.

En efecto, desde su arribo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se ha encargado de asegurar que su partido está en contra de la corrupción, y de cualquier posibilidad de encubrimiento institucional hacia quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Como ejemplo de ello, el CEN priista aceleró el proceso de suspensión de derechos partidarios, y de posterior expulsión, de Javier Duarte de Ochoa, todavía ostentando el cargo de Gobernador del estado de Veracruz.

En ese mismo sentido, el gobierno federal dejó ver que Duarte era investigado por su posible participación en conductas ilícitas como las de lavado de dinero y desvío de recursos. Esas cuestiones se reflejaron en la obtención, por parte de la PGR, de órdenes de aprehensión en contra de Duarte y varios de los funcionarios de su gobierno. Parecía, además, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mandaba la señal a todos los servidores públicos del país de que ahora sí la lucha contra la corrupción iba en serio, y que cualquiera que transgrediera los principios de la función pública sería perseguido y sancionado, en los mismos términos que el régimen intentaba castigar al gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Dónde perdió forma esta intención de demostrar fuerza, legalidad y compromiso con el combate a la corrupción? En el lado priista, esto quedó desmantelado cuando se dio a conocer que, a pesar de ser garante de la legalidad y la honestidad, Enrique Ochoa Reza había recibido 1.2 millones de pesos por concepto de liquidación, luego de haber renunciado a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.

Ochoa intentó explicar la legalidad de dicho procedimiento de liquidación, a pesar de que bajo cualquier óptica sólo se liquida a quien se despide del empleo, y no a quien renuncia. Pero perdió la oportunidad de dejar satisfecha a la ciudadanía —que en general se siente enojada y agraviada por los excesivos privilegios de los servidores públicos de alto nivel, respecto al abandono de los empleados en general—, al atajar cualquier posibilidad de devolver dicho monto o transferirlo a alguna acción de beneficencia social.

Luego vino la ocasión del gobierno federal, que en todo este proceso ha intentado demostrar, política y judicialmente, que está comprometido con la legalidad, aunque ha demostrado lo contrario. Por el lado político, dejó ver que presionó a Duarte para que dejara la gubernatura, aunque lo que en los hechos ocurrió es que al dejar el gobierno de Veracruz también perdió la necesidad de continuar en la vida pública.

Al licenciarse de su cargo, Duarte pudo huir; y entonces se inhibió el efecto positivo para el gobierno por haber dejado ver que lo había presionado para dimitir; y también quedó cancelada cualquier forma de eficacia judicial al huir a la vista de las autoridades, que nada pudieron ni quisieron hacer para asegurarse de que estuviera presente para rendir cuentas por sus actos y por las acusaciones que le formuló la PGR.

DISCURSO CONTRADICTORIO

Luego, el gobierno federal, en ese mismo contexto, anunció esta semana la modificación del esquema institucional de persecución de los delitos, y del control a los servidores públicos. Arely Gómez González fue removida de la PGR para ser enviada a la Secretaría de la Función Pública; y a la PGR llegó el senador Raúl Cervantes. Dichos cambios, aunque fueron aprobados por las cámaras legislativas, fueron muy mal recibidos por la incertidumbre que sus nuevos titulares representan para las tareas encomendadas. No hay en el país labor más relevante que la persecución del delito y el combate a la corrupción. Y según parece, los recién designados ni de lejos generan esa certidumbre.

En todo ese contexto, lo que queda es una gran contradicción, a todos los niveles, que incluso tiene su pequeño impacto en Oaxaca: Francisco Javier García López, uno de los que aspira a una responsabilidad en la siguiente administración, recibió de la CFE la cantidad de $908 mil 289 pesos, por dos años con veintinueve días laborados, en un contexto muy similar que el de su líder nacional, Ochoa Reza. Antes, cuando fue coordinador de la bancada priista en la LXI Legislatura, también fue acusado de recibir transferencias millonarias desde las cuentas del Poder Legislativo, sin que sobre ello recayera la investigación correspondiente.

Lo relativo a su “liquidación”, lo dio a conocer hace algunas semanas el semanario Proceso, en un reportaje firmado por Alvarado Delgado, quien indagó los beneficios recibidos por Ochoa. Delgado sostiene, textualmente, en una parte su reportaje; “Hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López; renunció al cargo el 2 de abril de este año —“por así convenir a mis intereses”, explicó—, y con dos años y 29 días de antigüedad no tenía derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz.

¿ENTONCES?

No se ve, a ningún nivel, un ánimo real por cambiar las prácticas. Más bien, la ruta apunta a continuar por la peligrosa ruta de prometer una cosa, pero llevar a los hechos exactamente lo contrario. Algo por demás preocupante.