+ Pueden hostigarlos, reconstituirlos o ahogarlos económicamente

Más allá del discurso, hay coordenadas sustantivas que darán la pauta de qué tan comprometido con la rendición de cuentas, y con los equilibrios democráticos, estará el gobierno que asumirá el 1 de diciembre. Los órganos constitucionalmente autónomos constituyen un moderno y creciente contrapeso al poder público, y por eso lo que decida la nueva administración sobre ellos —al margen de sus titulares— será trascendental como señal de compromiso con la democracia.

En efecto, en las últimas semanas se ha incrementado la expectativa sobre qué decidirá el nuevo régimen sobre los órganos constitucionalmente autónomos, a partir de la idea de que como los actuales titulares fueron impuestos por el régimen saliente, el nuevo gobierno buscará la reintegración de esas instituciones —el órgano de transparencia, la Auditoría, la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Comisión de Arbitraje Médico, que hábilmente ha procurado ser invisible en los últimos años— con personas afines al nuevo régimen. Esa idea no sólo es superficial sino también equivocada, porque si se supone que los órganos autónomos son contrapesos al poder público, resulta un contrasentido quitar a los “amigos” del régimen saliente, para imponer a los “amigos” del régimen entrante, y volver a minar la credibilidad y la legitimidad que tanto necesitan los gobiernos actualmente.

Más bien, en lo que la sociedad y la opinión pública deberían —deberíamos— estar más interesados es en los signos que lance el nuevo gobierno sobre las atribuciones, el presupuesto y los alcances de esos órganos autónomos para los siguientes años. Esto es mucho más importante que los titulares de los órganos, porque finalmente los limitados alcances que actualmente tienen esas instituciones no derivan de la fortaleza o debilidad de sus titulares, sino de las condiciones en que medio realizan su trabajo. ¿De qué hablamos?

De que, si revisamos uno por uno los órganos autónomos, podremos comprobar que sus limitaciones son estructurales y que el fondo de este asunto no está en quién encabece el órgano sino en qué alcances institucionales pueda tener cada uno de ellos. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido un problema de fondo —en gran medida estimulado por su actual titular, Arturo Peimbert Calvo— por el asedio permanente de las organizaciones sociales que se asumen como garantes y únicas titulares y depositarias de los derechos humanos, y han desviado la labor del organismo defensor, a lo que ha contribuido ampliamente el propio Ombudsman que no parece comprometido con sus atribuciones sino con los compromisos con esas organizaciones.

ÓRGANOS DÉBILES

La Defensoría de los Derechos Humanos representa el menos complejo de los problemas que enfrentan los órganos autónomos. Ésta sí es débil en la misma dimensión de la falta de compromiso de su titular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Instituto de Acceso a la Información, y con la Auditoría Superior, con los que sí debe haber demostraciones sustantivas de compromiso por parte del nuevo gobierno si es que quiere dotarse de la legitimidad que hoy no tiene el gobierno saliente —y de la que también adolece el régimen federal—, y si quiere demostrar que tiene compromiso verdadero con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con el acceso a la información.

La cuestión es simple: ayer el titular del Instituto de Acceso a la Información, Francisco Álvarez Figueroa se lamentaba el regateo de recursos económicos de que ha sido blanco por parte de la Secretaría de Finanzas, que aún le adeuda recursos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, por un monto superior a los tres millones de pesos. También reveló que su presupuesto anual ha sufrido recortes y —lo obvio— que esos recursos son claramente insuficientes ante las obligaciones que le impuso a los órganos de acceso a la información la última reforma constitucional y la nueva Ley General de la materia.

Caso similar es el de la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano de fiscalización que tiene el mayor número de entes fiscalizables en el país —entre entidades estatales, municipios y órganos autónomos son alrededor de 650 entes sujetos a revisión por parte de la ASE— pero al mismo tiempo es el órgano que tiene el menor presupuesto de entre todas las auditorías estatales, y la federal, en México.

Finalmente, la resistencia de los diputados a asignarle más recursos a la Auditoría —a pesar de que en los últimos seis años el presupuesto del Congreso se duplicó—, y el desinterés del gobierno estatal, han hecho que actualmente —y por un asunto de limitaciones estructurales— la ASE no pueda revisar, en números redondos, más que al 10 por ciento de todos los entes a los que cada año debería realizarles una auditoría, cuando lo correcto sería que anualmente revisara las cuentas de los 570 municipios, de todas las dependencias estatales y de los órganos autónomos estatales.

SIGNOS DE CAMBIO

Por eso, más que pensar en si el nuevo régimen releva, defenestra o sostiene a los titulares de esos órganos, en donde se verán sus verdaderas intenciones será en el tratamiento presupuestal, legal y político que le dé a esas entidades autónomas. Si los mantiene económicamente arrinconados, si no les procura un mejor horizonte como contrapesos del poder, y si continúa con la lógica de la debilidad que los ha caracterizado en los últimos años, es que de fondo nada cambiará. Pronto —en el proyecto de Presupuesto 2017— lo veremos.

+ Mujeres trabajadoras, blanco de ataques misóginos y de intolerancia

A pesar de que el lugar común dice que en Oaxaca todos los actores y grupos de la vida pública luchan por la democracia y los derechos, la realidad apunta en sentido contrario. Hemos sido testigos de ataques reiterados no sólo en contra de la legalidad y la convivencia respetuosa, sino del trabajo legítimo de las personas. En los casos más recientes, además, han sido mujeres el blanco de esos ataques, cometidos demagógicamente en nombre de la democracia.

En efecto, el primero de esos casos es el de nuestra compañera fotorreportera de TIEMPO, Citlalli Cid que el fin de semana fue atacada arteramente por un grupo de profesoras de la Sección 22 del SNTE cuando hacía su trabajo —es decir, tomaba fotografías— sobre el estado que guardaba el plantón magisterial en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Ese grupo de maestras, intolerantes y arbitrarias, persiguió a nuestra compañera, que se guareció en una tienda de electrodomésticos ubicada en la primera calle de Guerrero, contigua al Palacio de Gobierno, y hasta ahí fue alcanzada por las “profesoras”, quienes la amenazaron, la vejaron y la obligaron a borrar su material de trabajo a la vista de elementos de seguridad pública, que ni por humanidad hicieron algo por proteger a la fotorreportera.

La respuesta de TIEMPO, con el respaldo solidario y necesario de un grupo amplio de medios informativos de la entidad, fue apenas proporcional a la agresión sufrida por nuestra compañera: dichos medios anunciaron su decisión de dejar de dar cobertura a las actividades de la Sección 22 del SNTE.

Y contrario a lo que dolosamente ha intentado argumentar la Sección 22 —que esa decisión atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía—, ésta decisión de los medios oaxaqueños no sólo responde a la agresión sufrida por Citlalli Cid (incluso ni siquiera por el hecho de ser mujer, o porque las féminas que la agredieron no respetaron el estado de gravidez en que se encuentra, o porque lo hicieron en la vía pública, a plena luz del día y ante la mirada imperturbable de la autoridad) sino en realidad al hecho de que, mientras no existan garantías mínimas —de la autoridad, y de los mismos grupos de presión en su imperativo de comportarse en un marco mínimo de civilidad— para realizar la labor periodística, no vale la pena arriesgar la integridad física de los trabajadores de la información.

En ese sentido, la Sección 22 se ha mantenido en su actitud de no reconocer lo que ocurrió, y achacar la situación a un malentendido. No asumen con responsabilidad el hecho de que ellos mismos, con sus llamados a la censura y a la persecución de todos —medios informativos, incluidos— que no respaldan incondicionalmente su lucha, contribuyeron a crear esa actitud de intolerancia y de agresión en contra de todos los medios. Y esa actitud ha sido pareja: lo mismo han hecho contra representantes de medios que han tenido coincidencias con ellos, que con quienes han sido críticos con sus acciones y estrategias de lucha.

Por eso, al final esto no se trata de censurarlos o de castigarlos. Simplemente se trata de protegernos como gremio frente a su intolerancia y su vocación violenta.

VIOLENCIA ¿DEMOCRÁTICA?

Una situación más o menos parecida es la que el diputado y sedicente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo García Henestroza, ha emprendido en contra de varias empleadas del Poder Legislativo. La agresión más conocida es la que emprendió en contra de la directora de Comunicación Social, Gisela Mónica Ramírez Hurtado para separarla de su cargo a través de maniobras abiertamente ilegales y violentas; y ayer, García Henestroza emprendió acciones similares en contra de la titular del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, María de Jesús Mendoza Sánchez.

¿Cuál es la intención de García Henestroza? Según él, asumir plenamente la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque en realidad lo que está haciendo se reduce a dos intenciones: primera, desviar la atención, a través de esos actos violentos, de la enorme crisis financiera que enfrenta el Poder Legislativo para tratar de obtener alguna ganancia del río revuelto; y segundo, demostrar que en el Congreso local no conocen los escrúpulos ni le temen al escrutinio ciudadano, porque ellos mismos se han encargado de denigrar a los órganos encargados de proteger los derechos humanos de las personas.

En el primero de los casos, García Henestroza pretende, a través de la persecución a Ramírez Hurtado —con la complicidad silenciosa de la bancada priista—, desconocer toda la carga financiera que institucionalmente tiene el Congreso con las empresas de medios en Oaxaca. Esas maniobras demuestran tener la intención de disponer de los recursos económicos que quedan, y que son para el pago de proveedores, para fines que no terminan de ser claros.

ARBITRARIO E INDOLENTE

Por eso mismo ayer emprendió el ataque en contra de la dirección de recursos humanos, y es posible que lo haga también con las demás áreas legislativas que cuentan con recursos económicos para el desarrollo de sus funciones. En el caso de Gisela Ramírez, el diputado García Henestroza ha desoído dos oficios consecutivos de medidas cautelares emitidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se aprovecha de la debilidad de la defensoría, y demuestra que no le interesa en lo más mínimo los efectos de opinión que generen las arbitrariedades que está cometiendo. ¿Esa es la civilidad democrática de la que tanto hablan?

+ Improductividad, conspiraciones y traiciones, sello distintivo

La LXII Legislatura terminará en medio del enfrentamiento de la fracción panista, la hegemonía silenciosa de la bancada priista, y la desaparición material de todas las corrientes de izquierda. Al final, esta Legislatura, que tuvo como sello distintivo inicial la pluralidad, termina plegada oficiosamente, y por completo, a los intereses del gobierno electo, pero además olvidando que fue la ciudadanía, y no ellos, quien definió las características políticas de la presente Legislatura, que ellos ya dieron por descontadas.

En efecto, la actual Legislatura es muy singular dentro del proceso de alternancia de partidos en el poder público en Oaxaca, porque en ella hubo la representación de nueve partidos políticos. Otra característica particular fue que a pesar de esa enorme pluralidad de la representación, el modelo de organización interna de la Legislatura llevó a que sólo hubiera tres fracciones parlamentarias, y que los representantes de seis partidos políticos se quedaran sin voz y voto dentro de los órganos de gobierno del Congreso local. No obstante las anteriores, es claro que la característica más particular de esta Legislatura fue la combinación de inmovilidad, conspiraciones y traiciones, que es justamente como está cerrando sus trabajos la LXII Legislatura.

¿De qué hablamos? De que finalmente ni la pluralidad, ni el aparente control que por modelo se supone que ejercerían las bancadas grandes sobre las pequeñas —y sobre los diputados sin fracción parlamentaria—, fueron condiciones relevantes. Más bien, desde el inicio de la LXII Legislatura hubo una disputa permanente por los controles políticos, ya fuera al interior de las facciones políticas —en cada fracción parlamentaria había cuando menos dos grupos enfrentados—, y después trasladado a las disputas por los intereses políticos y económicos de todo el Congreso.

Primero fue la fracción del PRD, que a lo largo de la presente Legislatura ha tenido cuando menos tres coordinadores parlamentarios. Hubo una agria disputa entre los diputados del Sol Azteca que en gran medida tuvo que ver con la forma en cómo se repartían los recursos —opacos, discrecionales— que le eran entregados a la coordinación de la fracción parlamentaria.

Esa falta de consensos, y esos cuestionamientos internos, generaron al menos tres cismas distintos en la fracción, que inició con el fallecido Anselmo Ortiz como coordinador, luego pasó por Félix Serrano y, maltrechamente, está terminando con Jesús López Rodríguez, que carga con el peso de haber apoyado a Benjamín Robles Montoya en su malograda carrera por la gubernatura como candidato del Partido del Trabajo.

TRISTEZA PANISTA

Al interior del PAN las cosas no han sido muy distintas. Desde el primer día de la Legislatura, un grupo importante de diputados cuestionó la designación que hiciera el dirigente estatal, Juan Mendoza, en su marco de facultades, de la diputada Natividad Díaz como coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN. Básicamente, los diputados alegaron desde entonces que eso contravenía a la democracia interna. Y aunque en varios momentos intentaron nombrar a Gerardo García Henestroza como su coordinador parlamentario, hasta hace pocas semanas pudo más la presión que ejercían en su contra desde la gubernatura, que sus intentos por llevar la democracia a la conformación de su bancada.

¿Qué pasó ahora, que sin más tumbaron a Natividad Díaz no sólo de la coordinación de su bancada, sino de la Junta de Coordinación Política que le corresponde al PAN presidir en este tercer año de trabajos legislativos? Que, como era de esperarse, desde la bancada priista decidieron mandarle un obús no a la diputada Díaz Jiménez, sino a la poca legitimidad que aún le queda al panismo como representación parlamentaria en la Legislatura siguiente.

Evidentemente, era de poca trascendencia pelear la coordinación de la bancada panista y la presidencia de la Jucopo, a escasos dos meses de que termine la Legislatura. Sin embargo, la intención de fondo fue generarle, desde el PRI, elementos de debilidad al PAN, que es el único grupo de varios diputados que no tendrá bancada en la LXIII Legislatura. Esa conjura en contra del panismo, fue orquestada desde el priismo con la complicidad de la bancada del PRD para mantener el oligopolio de las fracciones parlamentarias entre ellos, y para atajar lo que le queda de liderazgo a Mendoza Reyes, que siempre se lo debió al grupo gobernante que hoy está también en la agonía.

Acaso, es la fracción priista la que, a través de su coordinador, Alejandro Avilés Álvarez, ha logrado dividir a las fuerzas opositoras para que éstas no sean un obstáculo para los próximos dos años. Lo sorprendente en todo esto es que, a pesar de los enfrentamientos y las divisiones, en los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y los que no tienen partido, hay un solo consenso: colaborar con el nuevo gobierno para demostrar disposición, y luego esperar que, después del 1 de diciembre, alguien se acuerde de ellos —oficialistas y opositores— y les permita no caer en el peor error de todo político, que es vivir fuera del presupuesto.

IMPUNIDAD

El subauditor de Fiscalización de la ASE, Ramón Icazbalceta, dijo ayer a un medio de la capital del país que hay desvíos detectados por casi cuatro mil millones de pesos. Eso no les preocupa a los diputados, que no avanzarán en las reformas anticorrupción porque tendrían que comenzar por transparentar el presupuesto del Congreso. ¿Así quieren no tener la peor reputación de entre los políticos en la entidad?

+ Ridículo que maestros se avergüencen de ser fotografiados en el plantón

La ciudadanía oaxaqueña merece saber, con detalle, cuál fue el contenido del acuerdo mediante el cual los verbeneros que llevan meses en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, fueron desalojados de la zona, para reinstalarse impunemente la misma tarde del 16 de septiembre. Los oaxaqueños no merecemos ese nivel de burla tanto de profesores como de autoridades. Y por eso debía quedar claro cuál fue el contenido del acuerdo, y por qué la autoridad permitió que la Sección 22 retomara el zócalo para sus actividades comerciales.

En efecto, la historia de ésta última semana en Oaxaca es de una verdadera burla: al iniciar la semana pasada, el Ayuntamiento de Oaxaca, junto con la Policía Estatal, anunciaron un operativo para el desalojo de la Plaza de la Constitución y la parte de la Alameda de León que permanecía en manos de los comerciantes ambulantes protegidos de la Sección 22.

Según se informó, los verbeneros decidieron desalojar el área antes de ser echados por las fuerzas del orden, pero los integrantes de la Sección 22 que tenían ahí sus campamentos dijeron que no se moverían, y hasta quemaron basura y restos de las techumbres dejadas por los verbeneros, según en protesta por el desalojo. Por eso, las fuerzas municipales y estatales ingresaron al perímetro pero sólo para realizar labores de limpieza y no para recuperar un área que antes de eso ya había sido desocupada por quienes ilegalmente la mantenían en su poder.

Lo que ocurrió después es historia: se anunció que gracias a que la zona había sido despejada, habría ceremonia del Grito en el Palacio de Gobierno encabezada por el Gobernador del Estado, y desfile militar al día siguiente; previo a la ceremonia, la noche del 15, una marcha de la Sección 22 llegó hasta las inmediaciones del zócalo citadino e intentó ingresar a la plaza principal, bajo el argumento de que iban a impedir la realización de la ceremonia del Grito. Fueron replegados por elementos de la Policía Estatal, pero luego de un enfrentamiento que ahuyentó a todo aquel que tuviera ganas de acercarse a presenciar la ceremonia o para divertirse en alguno de los establecimientos de la zona.

Lo que ya no supimos fue qué pasó después: el 15 en la noche la propia Sección 22 lanzó advertencias en contra de la ciudadanía de que instalaría retenes y barricadas en distintos puntos de la entidad. Finalmente no lo hizo, y tampoco intentó boicotear el desfile militar que se realizaría la mañana del 16 de septiembre.

Pero la misma tarde de ese día, luego de que pasó la efervescencia y el temor por el enfrentamiento entre la policía y los profesores, y con toda la libertad del mundo —ya con la permisividad de la Policía Estatal, que ahora recibió la orden de no impedirles el paso cuando la noche previa sí los contuvo— los profesores de la Coordinadora y los verbeneros lisa y llanamente regresaron a ocupar las dos plazas principales del Centro Histórico de la capital, como si nada hubiera ocurrido.

¿Quién negoció? ¿Qué negociaron? Y sobre todo, ¿por qué esa enésima capitulación incondicional de la autoridad, ante las presiones de la Coordinadora?

SIMULACIÓN Y COMPLICIDAD OFICIAL

De entrada sería necesario que quedara claro quién negoció por parte del gobierno para la desocupación del zócalo. Porque esto resulta de la mayor importancia, ya que según los hechos este fue un absoluto acto de simulación que no benefició a nadie: la Sección 22 de todos modos boicoteó la ceremonia cívica de la noche del 15 de septiembre; el gobierno estatal se quedó con las ganas de “despedirse” civilizadamente de la ciudadanía; los comerciantes de la zona de nuevo vieron con tristeza cómo el radicalismo y la estupidez les ganaron la batalla en un día que preveían algún tipo de recuperación en sus actividades; y la ciudadanía, una vez más, vio frustrada la posibilidad de pasar una fiesta cívica en paz y alegría, como se supone que es la noche mexicana del 15 de septiembre.

Por eso, si todo fue una simulación, lo importante sería saber quién, y a cambio de qué, negociaron con la Sección 22 ese desalojo a medias, por tres días, del zócalo y la Alameda de León. Sería importante saber, incluso como un ejercicio de transparencia, qué se negoció y qué ofrecieron a cambio (dinero, impunidad, prebendas, etcétera) de que los profesores decidieran retirar “voluntariamente” a los verbeneros a los que ellos controlan y cobran derecho de piso, para que se realizara la ceremonia.

A estas alturas sería importante saberlo, al menos por dos razones: si hubo una negociación política, la que sea, queda claro que los propios profesores de la Coordinadora no la cumplieron; y segunda, cualquier cosa que se haya ofrecido, la que sea, para que se retiraran temporalmente, es a estas alturas una ofensa directa de la ya de por sí lastimada ciudadanía que ha visto cómo reiteradamente se negocia a sus costillas y todo el costo de esas negociaciones se le carga a la pérdida de derechos de la ciudadanía.

INTOLERANCIA

En ese mismo marco de impunidad se inscribe la artera agresión que recibió nuestra compañera fotorreportera Citlalli Cid, que fue intimidada sólo por hacer su trabajo. ¿Les da vergüenza que les tomen fotos a los monigotes que pierden el tiempo en el plantón? Vergüenza debería darles estar ahí, a la vista de todos, en una lucha que sólo lastima infinitamente a la gente. Nuestra solidaridad con Citlalli, y nuestro repudio más honesto y sincero a la brutalidad e intolerancia de los “democráticos” que con esos actos demuestran ser lo más retardatario y repugnante de la lucha social en Oaxaca.

+ EPN, derrotado por modelo del régimen; con otro partido sería lo mismo

En México es común que los ciudadanos a veces pensemos que los asuntos del poder público únicamente corresponden al gobierno y, quizá, a los partidos políticos. A su vez, los partidos asumen que ellos no tienen nada que ver con las tareas del gobierno; y éste, a su vez, ha sido incapaz de entender que no puede ser gobierno y partido a la vez. Por eso, la crisis de legitimidad que vemos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sería exactamente la misma si gobernara el PAN, el PRD, o quien fuera. Lo que debe cambiar es el modelo del régimen, y no sólo los partidos en el poder.

En efecto, hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis —al parecer irremediable— de falta de legitimidad y de respaldo de la ciudadanía a sus acciones. Hay razón: mientras la ciudadanía demanda resultados que el gobierno no puede entregar, y los partidos de oposición se dedican de día y de noche a criticar la incapacidad del gobierno para cumplir con sus deberes más básicos, al interior del gobierno hay una lucha que hoy en día pasa más por el futurismo que por la supervivencia. En el gobierno del presidente Peña Nieto se está dirimiendo el 2018 al mismo tiempo que se están definiendo las políticas para evitar una caída aún mayor en los índices de aceptación ciudadana.

Todo esto, es apenas reflejo de un panorama que los mexicanos comenzamos a ver desde los dos regímenes panistas, y que creíamos que era problema de los partidos y no del gobierno: el presidente Vicente Fox fue incapaz de lograr los consensos necesarios para modificar la estructura del poder público, y apenas después de la primera mitad de su gobierno se dedicó a arbitrar su propia sucesión, dentro de su partido y del gobierno. No logró la modificación del esquema del poder, y tampoco una sucesión a sus intereses. Volvió a ganar el PAN, en 2006, pero con un candidato antifoxista.

Al presidente Felipe Calderón le pasó algo muy similar. Llegó al poder pero con un escenario político irremediablemente trabado por la imposible construcción de consenso con las fuerzas opositoras. Calderón intentó reformas que nunca pasaron en el Congreso, y luego intentó —casi— gobernar por decreto. El atasco de los consensos partidistas nuevamente paralizó al gobierno; y después de los comicios de 2009 —y mientras todos ya le reprochaban el fracaso de su gobierno, por la prolongada inmovilidad legislativa y su incapacidad de diálogo— dedicó gran parte de su tiempo a dirimir los enfrentamientos al interior del gabinete, para ver quién sería el candidato presidencial panista.

Una vez más —como en 2006, con Santiago Creel—, el candidato del Presidente cayó en medio de un fratricidio panista. Y el gobierno paralizado, y enfrentado por su involucramiento en los temas electorales de un partido, fueron la causa de que Calderón terminara su gobierno en medio de fuertes críticas por su mal desempeño que, en alguna medida tenían como base los temas electorales.

NADA CAMBIÓ CON EL PRI

Quizá por eso había la idea de que ese viejo orden se reinstauraría con el regreso del PRI a la presidencia. “Ellos sí saben gobernar” o “en el PRI sí hay disciplina”, se pensaba para refrendar dicha idea. Pero no ha sido así: a cuatro años de distancia —y a pesar de las reformas estructurales logradas— el gobierno de todos modos está en crisis: es blanco cotidiano de todas las descalificaciones; es reprobado por la ciudadanía; y además enfrenta un problema operativo fuerte ante la inminencia de la carrera, al interior del gabinete, por la candidatura presidencial.

Es decir, que Peña Nieto está terminando su gobierno —y eso es relativo, porque aún faltan dos largos años de gestión— peor que Fox y, podríamos afirmarlo, también en condiciones mucho más complejas que las enfrentadas por Felipe Calderón.

Por esa razón, pensar que el problema es de Peña Nieto, o del PRI, es tan ingenuo como falaz, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe cambiar es el modelo del régimen. No son funcionales la “disciplina partidista” ni “la experiencia de saber gobernar” porque hoy el sistema político es plural, competitivo y abierto; porque la ciudadanía es mucho más participativa que en cualquier otro momento de la historia nacional; y porque finalmente los problemas que hoy enfrenta el PRI en el poder, son más o menos los mismos que la década pasada y, podemos afirmarlo, son menos complejos de los que seguramente enfrentará el gobierno federal en la década siguiente.

Por esa razón es importante pensar ya no en una reforma política que modifique reglas aisladas, sino más bien un proceso refundacional de los mecanismos de acceso y ejercicio del poder público. Por eso, en este sistema competido y abierto, seis años de gobierno ya resultan demasiados, cuando hay una oposición que, por diseño constitucional, no tiene corresponsabilidad en las tareas públicas, y un gobierno que irremediablemente llega al punto —como ya está sucediendo ahora— de asumir la doble función de ser partido y gobierno para dirimir su propia sucesión.

CONTRASTES

En el fondo se trata de que el Estado mexicano sea más eficaz, y no convirtamos el ejercicio del poder en una cíclica noche de los cuchillos largos, en la que vemos cómo quien llega al poder se destruye, para deleite de sus opositores. Y así, sucesivamente. Al final, sin legitimidad, sin eficacia y sin gobernabilidad, no pierden los partidos sino nosotros los ciudadanos.

+ Visita de Trump tuvo un costo del tamaño de la caída del 2

Uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto radica en la impermeabilidad del grupo gobernante al sentir de la ciudadanía. Los mexicanos en general están —estamos— muy enojados con el gobierno por su incapacidad de cumplir con sus fines básicos de seguridad y bienestar para la población, en un marco de legalidad y honestidad; y estamos enojados con el Presidente por hacernos ver que él y su gobierno están al margen de lo que la ciudadanía opine. Así, hay un cúmulo de temas que rebasaron la popularidad de Peña Nieto e impactaron —y siguen haciéndolo a diario— en la imagen del Presidente. ¿De qué tamaño es la crisis del régimen, que para demostrar que sí son sensibles sacrificaron al número dos del gobierno federal?

En efecto, este gobierno ha tenido que pagar costos muy altos en imagen, y prácticamente todos los costos han sido proporcionales a los problemas de fondo que reflejan esas aparentes crisis de comunicación. Hay tres ejemplos para ilustrarlo, cada uno con un coste progresivamente mayor.

Primero, cuando ocurrió la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el gobierno federal sorpresivamente decidió mantenerse al margen de la problemática tratando de endosarle el problema de los desaparecidos al gobierno guerrerense que encabezaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Durante varios días, el gobierno federal guardó silencio frente al tema, argumentando que era un asunto que debían dirimir y aclarar las autoridades estatales.

Al margen de quienes vieron en eso una oportunidad política de venganza contra Peña Nieto y el PRI, hubo un sector amplio de la sociedad mexicana que se sintió profundamente agraviado con la actitud del Presidente y del gobierno federal, que demostraban insensibilidad absoluta frente a un hecho abominable y que además asumían con total indolencia y desparpajo un conjunto de hechos que constituían uno de los actos más horrendos —la desaparición forzada— que se puede cometer en contra de cualquier persona. La combinación de esos dos factores dio como resultado que el problema escalara al reproche y el señalamiento directo en contra del gobierno federal, no sólo como autor del crimen sino también como una autoridad omisa que pensó más en el cálculo político que en las consecuencias y el agravio que constituía, hacia todos los mexicanos, la desaparición de los normalistas.

INDOLENCIA

Segundo. Meses después de la desaparición de los normalistas, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer los detalles de la adquisición de la mansión habitada por la familia del Presidente. De nuevo, la cuestión no radicaba en el clasismo de si ellos tenían dinero para comprar esa casa o no, o de si merecían tenerla, sino de cómo habían aprovechado la amistad y la relación política con un contratista del gobierno federal, para contratar un crédito en condiciones preferenciales para construir una casa valuada en casi 100 millones de pesos.

El Presidente no sólo demostró haber incurrido en un evidente conflicto de interés —cuestión hasta ahora no reglamentada específicamente en la ley mexicana— sino que inicialmente trató de defenderse presentando a su esposa, que en una actitud iracunda, intentó aclararle a la ciudadanía el origen de la mansión, como si ella y su familia no pudieran estar bajo el escrutinio público a partir del cargo público de su marido.

Aún cuando pidió perdón a los mexicanos —más de un año después de revelada la información, y luego de una investigación que no convenció a nadie por haber sido practicada de inferior a superior jerárquico—, el Presidente mostró por segunda ocasión a qué nivel podía ser impermeable al enojo ciudadano y cómo podía más la protección —y la provisión de impunidad— a sus intereses que la opinión nacional, que en este caso incluía a Luis Videgaray por haber adquirido una propiedad, en las mismas condiciones que el Presidente, y al mismo contratista que es proveedor del gobierno federal.

En esa misma lógica pintaba la tercera situación, que ocurrió con la visita del candidato presidencial republicano, Donald Trump, a México. Videgaray vio en esto una enorme oportunidad no sólo para entablar diálogo con un enemigo de México, sino también de apostar a su propio crecimiento político. Aún ganando, perdió. Y fue así porque pareció que a Videgaray sólo le importaron los números sin considerar que a los mexicanos no nos agravia tanto lo relacionado con el muro o la renegociación del Tratado de Libre Comercio —muchos de nosotros, de hecho, no sabemos nada al respecto—, como lo que tiene que ver con los insultos y el arquetipo del mexicano que Trump se ha dedicado a crear y propalar.

Por esa razón, bajo ninguna circunstancia la visita de Trump podía ser algo bueno ya no digamos que para el país, sino para la imagen del Presidente. Todo parecía indicar que contra los cálculos, Videgaray saldría fortalecido —a partir de razones que, en su soberbia, sólo el vio como superiores al mal humor nacional— aunque el país quedara más enojado y agraviado de lo que ya estaba.

CAER, CAER, CAER

Por esa razón, quizá este resulte ser un intento desesperado del gobierno federal por demostrarle a todos que sí escucha, que sí es permeable y que sí atiende la indignación ciudadana. Ahora, para honrar ese destello, tendría que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, enfrentar el conflicto de interés a todos los niveles, y encarcelar cuando menos a uno de los muchos funcionarios sobre los que se acusa corrupción. Quién sabe si algo de eso ocurra. Pero mientras, la caída de Videgaray no es estratégica, sino desesperada ante lo agraviada que está la ciudadanía mexicana.