+ Tribunal popular de 2006: muestra de que la ley no se respeta
A pesar de lo abrumadoras que puedan parecer, las imágenes de un grupo de profesores chiapanecos simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vejando y rapando a siete directivos por tacharlos de “traidores”, resultan ser casi cotidianas si se observan en el contexto de la lucha magisterial —y la abominable permisividad oficial— en entidades como Oaxaca. Aquí no sólo han ocurrido vejaciones como las perpetradas en el llamado “tribunal popular” instalado por la Sección 22 y la APPO en el 2006, sino muchas otras que nunca fueron sancionadas por la subordinación del gobierno a los excesos magisteriales.
En efecto, el pasado martes seis maestros —dos mujeres y cuatro varones— que ocupan cargos directivos fueron trasquilados en la ciudad de Comitán, en Chiapas, por integrantes de organizaciones campesinas, quienes los hicieron caminar descalzos y les colocaron cartulinas con leyendas como traidores a la patria y charros. Según la información, el supervisor de la zona 006, Armando Castellanos Aguilar, uno de los afectados, quien lleva cerca de 50 años en el magisterio, relató que durante hora y media fueron agredidos verbalmente y acusados de ser charros.
El docente explicó que había acudido a Comitán, donde está la sede de la supervisión a su cargo, para recoger documentación que le entregarían directores de escuelas con datos de profesores que no están de acuerdo con el apoyo al paro de labores del magisterio en protesta contra la reforma educativa. Agregó que luego llegaron dos maestras y tres profesores que le entregarían los documentos, porque la supervisión está cerrada. A uno de los compañeros, que está en la Coordinadora, lo cachetearon y le dijeron barbaridades.
Detalló que posteriormente los obligaron a quitarse los zapatos y los llevaron caminando más de dos kilómetros por el bulevar Belisario Domínguez, hasta la central de abasto, para que nos viera la gente. Una vez que llegaron a la central, les dijeron: Descansen, maestros, en las bancas.
“Lo que querían era que nos sentáramos para que nos quitaran el cabello”, dijo, cuestión que ocurrió a la vista de cientos de personas —representantes de medios de comunicación, incluidos— que fueron testigos de este acto de barbarie que luego fue difundido en medios informativos de la capital del país, y que por primera vez motivó reacciones de indignación por parte de sectores de la sociedad, el gobierno federal y hasta el sindicato magisterial, que rechazaron dicha práctica.
¿De verdad le queda a la sociedad no oaxaqueña, sino mexicana, indignarse hasta ahora por esos actos de barbarie cometidos por profesores y/o integrantes de organizaciones sociales, en contra de personas? Eso mismo ha ocurrido en Oaxaca docenas de veces, a la vista del público, a plena luz del día, y frente a las cámaras y micrófonos de los medios informativos —nacionales e internacionales— sin que alguien se inmutara por actos tan inadmisibles como los que vimos el martes pasado.
DOBLE MORAL
Particularmente, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, emitió un enérgico comunicado a propósito de los hechos de Comitán, en el que luego de condenar los actos de barbarie de la CNTE, “a los políticos, intelectuales y líderes de opinión que respaldan a la Coordinadora, el SNTE, representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación, los convoca a que asuman una posición pública sobre estos actos”.
¿Por qué llamarlos a asumir una postura pública sobre esos actos? Porque justamente son ellos, junto con el silencio cómplice del gobierno, quienes no sólo han permitido, sino que han convalidado y justificado esas acciones cometidas durante mucho tiempo por el magisterio de la Coordinadora. Para refrendar tales prácticas, esos políticos, líderes de opinión e intelectuales han acudido a los falsos argumentos del comunitarismo, de la democracia popular y hasta de que eso es una consecuencia natural ante la cerrazón del gobierno a concederles sus exigencias o, en este caso, a instalar la mesa de diálogo con la administración federal, que en este caso es su principal demanda.
En 2006, por ejemplo, la APPO y la Sección 22 instalaron en el zócalo de la capital oaxaqueña un tribunal popular en el que, en más de una ocasión, vejaron de esa misma forma a varias personas al acusarlas de cualquier cantidad de “faltas” o actos de traición, como si ese solo hecho les diera el derecho y la legitimidad para llevar a cabo ese tipo de prácticas.
Recordemos: en 2006 ¿quién se indignó, quién se sintió ofendido por esa “barbarie” o por ese tipo de prácticas abominables por parte de un movimiento popular que era respaldado por todos aquellos que, en la visión más estrecha e ignominiosa que se pueda uno imaginar, asumían que sólo las autoridades violan derechos humanos, y que por ende esos actos eran “otra cosa” pero no las evidentes transgresiones a la dignidad y los derechos fundamentales de aquellas personas que en aquellos años —en muchos episodios— fueron blanco de la irracionalidad de los que, como ahora, en nombre de la lucha popular cometían actos indecibles contra los ciudadanos? Ojalá respondieran aquellos que sólo guardan silencio.
SILENCIO
En silencio estaremos tres días luego del ruidero que fueron las campañas. Ruido estéril en el que apenas hubo algunos destellos de propuestas, pero muchos más candidatos cobardes que decidieron cobijarse tras las “campañas grandes” de Gobernador. ¿Servirá este periodo? El ciudadano, convertido en elector, tendrá la palabra.
