+ Gobierno y la CNTE, dispuestos a “legalizar” cualquier acuerdo político

La CNTE denuncia —con razón— que sus dirigentes encarcelados son “presos políticos”. Sólo que con esa misma claridad y denuedo debería también reconocer que la decisión de trasladar a cuatro de esos dirigentes, a un reclusorio en territorio oaxaqueño, es también consecuencia de un acuerdo político tomado con la Secretaría de Gobernación. En este país en el que las decisiones políticas son legalizadas a través de formalismos, y nadie se sorprende de ello, esto no debería ser un asunto de poses sino de la demostración de cómo grupos de presión —como la Coordinadora— pueden conseguir negociaciones efectivas.

En efecto, en las primeras horas del martes 12 de julio —horas después de que se llevara a cabo el tercer encuentro entre la CNTE y Gobernación—, se anunció que el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, había sido trasladado junto con Francisco Villalobos, Aciel Sibaja y Heriberto Margariño al penal de Miahuatlán, Oaxaca durante la madrugada.

Tal información fue confirmada por el abogado Hugo Paz a un medio de la capital del país, y de inmediato se especuló que éste había sido uno de los acuerdos políticos tomados para facilitar la distensión del conflicto, a pesar de que el traslado de los dirigentes magisteriales detenidos no aparecía en la lista de acuerdos alcanzados entre Gobernación y los representantes de la Coordinadora que acudieron a la mesa de trabajo.

Ayer miércoles, a pesar de la coincidencia en tiempo y circunstancias, la Coordinadora intentó aclarar el punto asegurando que el traslado de los cuatro dirigentes no era parte de los acuerdos con Gobernación, sino que más bien era un logro de la defensa de los procesados. Edith Santibáñez, integrante del equipo Jurídico de Sección 22, aseguró que el traslado de cuatro líderes magisteriales fue un acuerdo judicial  y “no un favor” ni “rotación” de las autoridades, aunque no descartó que la comisión negociadora haya puesto el asunto sobre la mesa de diálogo.

“Teníamos no nada más un acuerdo, teníamos hasta tres acuerdos de traslados emitidos por los jueces, sin embargo las autoridades hacían caso omiso. Hasta el día lunes que se le emplazó al juez segundo de lo penal de Oaxaca, el tenía que darle vista al agente del Ministerio Público en cumplimiento de su mandato judicial”, explicó Santibáñez. ¿De verdad podemos quedarnos con esta versión?

DECISIONES POLÍTICAS

Pues es claro —porque en estos asuntos las casualidades nunca son tal— que esta fue una más de las decisiones políticas a las que luego buscan darle forma jurídica para legalizarlas y —es un decir— “legitimarlas”. La mejor prueba de ello es la propia detención de todos los dirigentes de la Sección 22 y la Coordinadora, que fue un acto político revestido de formalidades jurídicas, no con la intención de castigar la comisión de delitos sino de tratar de desmembrar a un movimiento de presión, que —¡vaya paradoja!— ahora tiene de rodillas a la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, en esta columna apuntamos desde el 14 de junio que lo primero que debíamos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas.

¿Por qué?, nos preguntábamos. Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

Ahora bien, en este contexto es menester considerar otro factor imprescindible: en la mesa de Gobernación, hoy en día todo está sujeto a una negociación política. ¿Cómo quiere la Coordinadora, por ejemplo, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “abrogue” la reforma educativa, si ello no está entre sus facultades? ¿Cómo consiguió la CNTE que el gobierno federal claudicara en su anuncio de despedir a más de tres mil por incurrir en los supuestos de responsabilidad que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, por faltar más de tres días a sus labores, en el periodo de un mismo mes? ¿Y cómo quieren que se distienda el conflicto de Oaxaca, Chiapas y otras entidades del país? La respuesta a cualquiera de esas preguntas —incluyendo el traslado, y quizá hasta la próxima liberación de Núñez Ginez y compañía— pasa por una negociación política, revestida de formas jurídicas.

Por eso la Coordinadora debe dejar esos maniqueísmos cuando no le conviene, y reconocer que el traslado de Núñez fue una decisión tomada en Gobernación, y luego legitimada por los acuerdos judiciales y el cumplimiento de la autoridad penitenciaria. Nada tan simple —y tan visible— como eso.

ARDOR

Se siguen preguntando por qué fue el ex gobernador Ulises Ruiz, el único priista del país que públicamente salió a rechazar la “elección” de Enrique Ochoa Reza como líder nacional del PRI. La respuesta es simple: porque Ochoa representa a la misma generación de políticos a la que pertenece Alejandro Murat. Sabe también que esa decisión fortalece políticamente —en el mediano plazo— al ahora Gobernador electo. Y que —es lo que le duele— eso lo tendrá aún más alejado de lo que ya está del poder en Oaxaca, luego de sus recurrentes saldos rojos, y sus derrotas recientes.

+ EPN no es político tradicional, ni tecnócrata. ¿Entonces?

Es común que las nuevas generaciones no sepan bien qué es un tecnócrata, por la sencilla razón de que no tienen como punto de referencia, qué había antes de la tecnocracia en los gobiernos mexicanos. Esta cuestión toma relevancia ante el anuncio de la llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI. ¿De verdad es importante —o riesgoso— que un tecnócrata asuma ese cargo que, para la idea de muchos, debe estar en manos de un político?

En efecto, el 20 de junio Manlio Fabio Beltrones presentó su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, luego de los escandalosos resultados globales para ese partido, en los comicios del 5 de junio. Interinamente, asumió la presidencia, la hasta entonces secretaria General, Carolina Monroy del Mazo, pero rápidamente atajó las especulaciones sobre su posible permanencia en la presidencia del partido.

Fue hasta finales de la semana pasada que la CTM anunció —vía la “cargada priista” que se creía extinta de la praxis política— su apoyo al director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, como posible candidato de unidad para la presidencia nacional del PRI. Esto generó muchas suspicacias, básicamente por dos razones: la primera, que Ochoa carece de experiencia y trabajo político en el PRI; y segunda, que es visto como un “tecnócrata” hasta por integrantes de su mismo partido. ¿De verdad la tecnocracia puede ser vista como algo tan nocivo para un partido, para un gobierno, o para el país?

Realmente lo que tendríamos que hacer es, de entrada, un ejercicio de retrospectiva para distinguir cuál es la diferencia entre un político y un tecnócrata. Pues, de hecho, en México hubo una larga tradición de Presidentes preparados en universidades mexicanas —la UNAM, básicamente—, y formados política y administrativamente, en el PRI y en el gobierno federal.

Esa historia se remonta a los gobernantes emanados del PRI desde que se estableció la era de los civiles en la Presidencia (el general Manuel Ávila Camacho fue el último militar en ser titular del Ejecutivo federal en México) y que habría terminado en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, al establecer los primeros puentes con la globalización, e incorporar al gobierno a una nueva clase instruida en el extranjero y alejada de la praxis y el trabajo político en el PRI, como base para la ascensión al poder presidencial.

De hecho, Carlos Salinas de Gortari ha sido el símbolo de la tecnocracia en México, y Ernesto Zedillo Ponce de León su constatación más acabada. Ambos se formaron en universidades de Estados Unidos (Harvard y Yale, respectivamente) y regresaron a México pensando como estadounidenses, y poniendo en práctica los conocimientos y las bases políticas aprendidas en su formación académica.

Ambos —cada uno en su circunstancia— desplazaron a los políticos de la vieja guardia, e instauraron esa nueva era en la que se le pretendió aplicar base técnica al ejercicio político. De ahí que tecnocracia tenga como traducción simple “el gobierno de los técnicos”.

¿POLÍTICO O TECNÓCRATA?

Los políticos puros —esos que son muy eficaces para la operación política, pero que no tienen ningún respaldo ni preparación académica— reprocharon largamente a la tecnocracia, haber desmantelado al PRI. Para todos los presidentes, hasta antes de Salinas de Gortari, la dirigencia nacional del tricolor era vista no sólo como una dependencia gubernamental más, sino como un símbolo del orgullo de una ideología política llevada al poder.

De ahí que había una especie de sacralización, que se rompió cuando Salinas llegó a la presidencia y, dentro de sus decisiones más básicas, estuvo la de comenzar a menguar al partido en la importancia moral y política que había tenido hasta entonces para los presidentes y para los militantes de ese partido.

Salinas y Zedillo nunca aplicaron de lleno la tecnocracia al PRI, sino que más bien, como tecnócratas, desdeñaron al partido como fuente relevante del acceso al poder presidencial, privilegiando otros aspectos sobre la militancia partidista para los cargos públicos, para la integración de los círculos del poder, e incluso para la toma de decisiones sucesorias. De hecho, salvo Luis Donaldo Colosio, no hubo otro personaje al que se le pudiera catalogar como “tecnócrata” al frente del PRI, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hasta la actualidad.

Por esa razón, llama mucho la atención que, de entrada, a Ochoa Reza se le califique como tecnócrata, y se le critique por eso en su arribo al CEN del PRI. Para sustentar esa crítica, habría que preguntarse si el propio presidente Enrique Peña Nieto tiene la calidad de “político” o de “tecnócrata”. En un breve repaso por sus antecedentes, podremos ver que no tiene ni una calidad, ni la otra.

VAIVÉNES

De hecho, el Presidente es el ejemplo de un burócrata de un gobierno local venido a más, e integrante de una élite regional encumbrada por las circunstancias que, sin embargo, no puede presumir la calidad de tecnócrata —no tiene ninguna ascendencia en círculos académicos, o estudios o labor en el extranjero dentro de la “tecnocracia”, como para ser considerado como tal—, y mucho menos de las de un personaje —y ni siquiera su grupo— formado en la puritana tradición priista. Con Beltrones, el Presidente optó por el prototipo del político de larga trayectoria; con Ochoa el PRI está virando, por primera vez en décadas, hacia un tecnócrata que, para variar, se encuentra con la circunstancia de que difícilmente podría obtener resultados más devastadores, que con los que está recibiendo a su partido.