+ Retrospectiva: ¿cómo se llegó a prohibición de diversas drogas en el siglo XX?

La semana que termina fue pospuesto el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de emitir una autorización para el cultivo y comercialización de marihuana con fines lúdicos y medicinales. El argumento para alargar una semana la reflexión de los ministros, radicó en la necesidad de conocer más puntos de vista sobre el tema. Es deseable que ese debate y ese análisis que se supone que están realizando los integrantes de la Corte pase no sólo por las cuestiones relacionadas con el combate al crimen organizado sino también por sus aspectos médicos, que son relevantes. Es necesario desmitificar este debate, sacarlo de los prejuicios y darle una perspectiva de avanzada. México no puede seguir evadiendo este tipo de cuestiones.

En efecto, lo primero que vale la pena entender es que no todo el tiempo, todas las drogas en México, y en el mundo, han sido ilegales. Antes de la primera guerra mundial en todo el mundo se podían adquirir las más diversas sustancias con una alta calidad. Hasta principios del siglo xx, en el mundo y en México, el consumo de drogas tampoco era castigado, y se veía como un acontecimiento cotidiano, que en el peor de los casos podría considerarse una enfermedad, curable con cierta facilidad, como lo prometían los anuncios que aparecían en la prensa de la época.

Según una publicación de El Universal sobre el origen de la prohibición de la mariguana en México (http://eluni.mx/20gAx4x), Ricardo Pérez Montfort (Yerba, goma y polvo, Era-Conaculta, México, 1999) cita algunos de los aparecidos en los diarios mexicanos: “Morfina / Curación radical de morfinomanía y narcomanías sin molestia: en casa/ Medicina y métodos nuevos. Muestra gratuita para cuatro días / Dr. Antonio Márquez, 1ª Donceles 4”. O éste otro: “Morfinismo/ Se cura este hábito en cuatro semanas / con el tratamiento Keeley aplicado en el / sanatorio para alcohólicos y morfinómanos / The Keeley Institute Puebla / 3ª. Aztecas 3. Médico director: Alberto O’Farrill.”

En la mayoría de las boticas del país, así como en hospitales y dispensarios se adquirían sin receta ni control “clorhidrato de cocaína, de morfina alemana de la casa Merck y francesa, Poulenc Frères”. En las ciudades donde se habían asentado los inmigrantes chinos no era difícil conseguir opio. Pérez Montfort asegura que durante el régimen de Madero un grupo de comerciantes chinos ofreció pagar impuestos por un millón de pesos si se le permitía monopolizar la importación de chandoo (el opio para fumar).

Ahora bien, las bases de los instrumentos legales y discursivos utilizados para combatir el consumo de drogas eran del porfiriato. Un antecedente se encuentra en el Código Penal de 1871 para el DF y el territorio de Baja California. Ese reglamento cuyo énfasis estaba puesto en garantizar el buen estado de los alimentos y de las medicinas, ya contiene un capítulo titulado “Delitos contra la salud pública”, donde se prohíbe la elaboración de “sustancia nocivas a la salud o productos químicos que puedan causar grandes estragos” (Axayáctl Gutiérrez Ramos, La prohibición de las drogas en México. La constitución del discurso jurídico, 1917-1931, tesis, Instituto Mora, México, 1996).

La Revolución, señala el artículo de referencia, fue un paréntesis en el fortalecimiento del discurso prohibicionista, pero una vez resuelta la fase armada, al momento de discutirse la Constitución, apareció el tema. Y era abordado con los prejuicios de la época, entre los que figuraba, en primer lugar, “la degeneración de la raza”: “es indispensable que las disposiciones dictadas para corregir esta enfermedad de la degeneración de la raza provenida principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, la morfina, el éter, la cocaína, la marihuana, etc., sean dictadas con tal energía, que contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abuso del comercio de estas sustancias tan nocivas a la salud.”

En los albores de la legislación prohibicionista las preocupaciones fundamentales eran el alcoholismo y el morfinismo. La marihuana, aunque se mencionaba al pasar, se mantenía al margen cuando se enlistaban las “sustancias peligrosas”. En 1920 los prohibicionistas ponen la mira en la marihuana. Hasta ese momento el cannabis era considerado una planta medicinal, “como lo demuestra –asienta Axayáctl Gutiérrez– su inclusión en la lista de sustancias medicinales del reglamento de farmacias y boticas que estuvo en vigor desde 1892”. Pero en una sesión del Consejo de Salud, en enero de 1920, fue propuesto que se añadiera a la marihuana en la lista de sustancias peligrosas: “la marihuana no es una planta medicinal –decía la propuesta– no es medicina. Pero es una de las manías más perniciosas en nuestro pueblo.”

EL DEBATE ACTUAL

Ahora bien, el polémico proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre la marihuana, plantea declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud que prevén un “sistema de prohibiciones administrativas” y que constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para el autoconsumo de marihuana (como la siembra, cultivo, cosecha, posesión, transporte, etcétera). Prohibición que restringe de manera innecesaria y desproporcional el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El proyecto del ministro Zaldívar plantea que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental derivado del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. El libre desarrollo de la personalidad, “permite la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo”, de tal manera que “supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos”.

¿DEBATE O PREJUICIOS?

En ese sentido, este derecho permite que las personas decidan, sin interferencia de ningún tipo, qué actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializarlo. En este caso, se trata del consumo de sustancias, en particular de marihuana, lo que pertenece únicamente a la esfera de autonomía personal. Dicho debate tiene muchísimo de fondo, y lo que debe esperarse es una discusión, y una decisión, tomada con base en argumentos y no en prejuicios.

+ Los cambios quedaron relegados por intereses personales

Han pasado exactamente nueve años de la incursión de la entonces denominada Policía Federal Preventiva a la capital oaxaqueña, para disolver los disturbios que encabezaban los profesores de la Sección 22 del SNTE, e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. En aquel momento, un mes y medio de presencia policiaca terminó con las afectaciones a terceros, y desactivó las acciones de los inconformes. Pero a la distancia, tendríamos que preguntarnos en dónde quedaron los postulados y aspiraciones que dieron vida a este movimiento social y, a la luz de los hechos recientes, en qué derivó aquella histórica protesta magisterial.
Las preguntas no son ociosas. Porque si alguien pagó los costos y las consecuencias de ese movimiento, fueron no sólo el gobierno estatal (que habiendo o no razón, fue vilipendiado y linchado de todas las formas posibles ante la opinión nacional e internacional), la administración federal (que fue la encargada de decidir la presencia policiaca, y quien cargó con el costo político de diversos actos calificados como “represión”), la Sección 22 (que puso las bases de organización, y que sostuvo su presencia aún en los momentos de mayor incertidumbre), y la Asamblea Popular, que fue el órgano que abanderó protestas, que generó el emblema del movimiento, y que aportó a los reprimidos de ese conflicto.
En realidad, lo que se ha reconocido poco pero ha sido una gran carga para Oaxaca, es que quien pagó los mayores costos por ese turbulento episodio, fue la ciudadanía. Y, en todo caso, es a ésta a quien se le tendría que ofrecer por lo menos una explicación de dónde quedó la secuela de aquellos aciagos momentos.
Pues contrario a lo que muchos consideran hoy, el conflicto magisterial de 2006 no se generó a partir de demandas de democratización. En realidad, la pugna entre el magisterio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, comenzó cuando hubo un desacuerdo en los arreglos económicos a los que anualmente llegaban. Una vez agotadas las posibilidades de negociación, cada uno comenzó a mover sus propias piezas políticas para obligar al adversario a cumplir con sus pretensiones.
Visto a la distancia, es claramente perceptible que cuando se agotaron los canales de diálogo entre el magisterio democrático y el gobierno estatal —y ante la total inacción federal que asumía que el tema magisterial era local— comenzó a rondar el fantasma de la acción policiaca. Y paradójicamente, la represión fue buscada por ambos grupos: el Gobierno del Estado consideró la intervención de las fuerzas del orden, para dar una imagen pública de autoridad y determinación; y la Sección 22, para tener motivos con los cuales hacer escalar sus protestas, hasta lograr los objetivos inicialmente trazados.
Esa represión ocurrió el 14 de junio de 2006. Un desastroso operativo policiaco enfrentó a los profesores que se mantenían en plantón en el primer cuadro del Centro Histórico en la capital oaxaqueña. Los mentores terminaron replegando a los elementos de la entonces Policía Preventiva del Estado. Y al ser derrotadas las fuerzas del Estado, los profesores tuvieron la posibilidad de comenzar a ondear banderas de tipo político, que hasta entonces se encontraban ausentes de cualquier protesta o inconformidad magisterial o de los grupos que luego se unieron para encabezar las exigencias del conflicto social.

¿LUCHA POR EL BIEN COMÚN?
Teóricamente, un hecho que implica la necesidad de buscar y obtener el bien común, adquiere la calidad de “hecho político” y, por lo tanto, es de la incumbencia de toda la comunidad en la que ocurre. Si esa concepción la llevamos a los ejemplos tangibles, basados en la realidad, y los sometemos a cuestionamiento, entonces podremos concluir si éstos tienen una connotación de búsqueda del bien común en sus aspiraciones y poseen la capacidad de llevarlos a los hechos, o si todo se queda en simples ideales o cuestiones sin sustento.
Habría que pasar por ese tamiz lo ocurrido en 2006. Nueve años después, puede verse con total claridad que lo que fue un movimiento que verdaderamente tuvo respaldo social, y que gracias a ello abanderó causas de democratización y replanteamiento de los límites y las prácticas abusivas del gobierno, hoy no parece ser sino un mal chiste de lo que, en otros tiempos, fue un auténtico dique de resistencia que, además, prometía plantear los cambios políticos, legales y democráticos que eran urgentes para nuestra entidad.
No está de más seguirlo preguntando. Lo real, más allá de los idealismos, radica en que ni los profesores de la Sección 22, ni quienes integraron la APPO, tuvieron los elementos y la lucidez suficiente para entender que los cambios de fondo para beneficio de la sociedad, no ocurren cerrando calles o encabezando protestas o acciones de lucha, que luego son reproducidas por la prensa nacional e internacional y merecen la solidaridad de grupos disidentes de otros países. Esos cambios ocurren, fríamente, cuando se puede comprender de modo eficaz la lógica del poder, y se decide actuar dentro de ella para —como dicen los clásicos— generar los cambios desde dentro.
Uno y otro grupo, en estos últimos años, han sido incapaces de comprender que los cambios reales, para bien o para mal, ocurren únicamente por la vía institucional, o por los caminos de la verdadera violencia insurreccional. Todos sus postulados y aspiraciones se quedaron simplemente en eso, porque fueron incapaces de sumarse a las fuerzas que representan el acceso al poder.
Así, tal parece que su desconfianza y lejanía hacia los partidos políticos, su ánimo poco racional por criticar sin construir, y sus anhelos infundados de conseguir todo lo que se proponían, o simular que lo buscaban, a través de marchas, plantones y pancartas, los llevaron únicamente a dejar constancia de cómo se puede llegar a nada cuando una parte importante de una comunidad le apuesta a un todo.

CAMBIOS POSPUESTOS
Finalmente, es imposible decir que las cosas no han cambiado de 2006 a la fecha en la vida institucional y política de Oaxaca. Pero pudo haber evolucionado más si hubiera habido mayor compromiso tanto de los partidos en el poder, como del magisterio, por privilegiar la evolución pública a la satisfacción de sus intereses. Esos cambios pudieron haber sido impulsados y concretados por quienes encabezaron una lucha que para muchos era genuina, y no otorgados como una concesión graciosa del régimen de gobierno en turno, a los que en los últimos cinco años muchas de sus grandes promesas democratizadoras terminaron haciendo agua.