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¿Por qué el Congreso no abre el diálogo con la Sección 22?

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S22 congreso

+ Indispensable, atajar radicalismos que traban ley educativa

Un grupo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nuevamente protestó ayer en la sede del Congreso del Estado, en rechazo a la armonización de la ley estatal educativa con la reforma federal en la materia. La nota distintiva se centró en que ahora los profesores pidieron, con esa manifestación, que los diputados les abrieran las puertas del Congreso para debatir la iniciativa que entregaron como resultado de los foros regionales que ellos realizaron. En lugar de ignorarlos, el Poder Legislativo debió haberles tomado la palabra de debatir tal propuesta.

En efecto, según los profesores que ayer acudieron nuevamente a protestar a la sede legislativa, la iniciativa de ley que presentó la Sección 22 hace casi dos años “contempla las voces del pueblo de Oaxaca”, y es acorde al tipo de educación que requieren las comunidades; “no es una ley a modo” como la reforma educativa que ordenaron los organismos internacionales dueños del dinero, que quieren ciudadanos que no piensen ni analicen, dijo Angélica García Pérez, al tiempo de asegurar que ellos quieren “ciudadanos que piensen, que analicen, que sean factores del cambio de la sociedad en la que viven para mejorarla”. Los profesores estuvieron algunas horas a las afueras del Congreso, pero nadie ahí hizo eco de su llamado a ser recibidos y a debatir las propuestas existentes respecto a la ley educativa estatal, que —según— debe ser emitida antes de que concluya la semana próxima.

¿Por qué el Congreso debió abrirles la puerta? Irremediablemente debía hacerlo las veces que fuera necesario, justamente porque el Congreso local es el foro idóneo para la discusión de ideas y propuestas, cuando éstas existen. ¿Cuál es el problema? Que todo parece indicar que, por parte del magisterio, apenas están cayendo en la cuenta que eso que están solicitando es justo por lo que debieron apostar desde el inicio de sus movilizaciones respecto a la ley educativa. Lo más grave, es que parece que de parte del Congreso nadie les toma la palabra de debatir justamente no hay quien tenga las ganas y la preparación suficiente como para debatir con seriedad un tema como éste.

Es claro que, en el caso de los profesores de la Sección 22, hay una escasa capacidad reflexiva, y que todo eso se refleja en sus tardías y desatinadas estrategias de lucha. Cualquier persona habría apostado desde el inicio a defender su iniciativa dialogando y debatiendo desde el primer momento. Ellos prefirieron la movilización y la fuerza, y en ello perdieron la oportunidad histórica de lograr la emisión de una ley impulsada por ellos y consensada con las fuerzas políticas a las que habría convencido —no sometido— de que su iniciativa era la más viable. Hoy, como erraron en aquel camino inicial, ya no tienen la fuerza para conseguir el diálogo, y más bien lo están implorando hasta con quienes debía ser natural debatir.

CONGRESO MUDO

Lo que llama la atención es que el Congreso local sea totalmente impermeable a los llamados de la Sección 22. Es claro que los profesores tienen aliados dentro del Congreso; es también claro que esos aliados son los que reiteradamente los han “alertado” sobre la posible discusión legislativa de algún dictamen de reforma educativa; e incluso es claro que varios de los integrantes de la Comisión Permanente de Educación —comenzando por el diputado Jesús López Rodríguez— se han pronunciado de forma franca por la alianza con el magisterio oaxaqueño. Si tienen todo eso, ¿por qué entonces nadie los recibe para debatir, o al menos para considerar sus puntos de vista en la construcción de los términos de la reforma educativa?

En realidad parece que en el Congreso nadie tiene ganas, ni capacidad para discutir este tema. No tienen ganas, porque es claro que hoy en día la gran mayoría de los legisladores locales se encuentra embriagado de los ánimos electorales; los coordinadores de las bancadas están en francas actividades de campaña, lo mismo que varios diputados que ahora pretenden ser legisladores. Pero se supone que al margen de eso tendría que haber legisladores preocupados no sólo por defender las posturas del Congreso, sino incluso por incluir las consideraciones de un bloque como el magisterial, en la discusión de un tema tan trascendente como la reforma educativa. El problema es que no tienen ganas.

Y, de hecho, aún hay más de fondo. Es claro que los legisladores tampoco reciben a los profesores de la Sección 22 del SNTE, porque recibirlos implicaría discutir y debatir un tema que en realidad los legisladores no conocen. De hecho, el propio diputado Jesús López Rodríguez —aliado de la 22— no tiene claros cuáles serían los términos de una reforma afín al Estado, o afín al gremio magisterial. Por eso, simplemente no podría debatir.

Al final, quien pierde es Oaxaca porque este sigue siendo un agobiante diálogo de sordos. Todos vociferan, pero en realidad nadie se está entendiendo y, lo más trágico, nadie tiene ganas de que haya entendimiento.

SUSPICACIAS

Qué mala decisión de Eviel Pérez Magaña de aceptar la coordinación de la campaña priista a la gubernatura en Oaxaca, cuando tenía en puerta la negociación de un cargo federal. Por donde se le vea, la decisión de asumir la responsabilidad en la administración federal resulta un foco de suspicacias y golpeteos políticos por todos lados: mina la campaña proselitista, que necesita certezas y no dudas; mina al gobierno federal, que aparentó legitimar a un mapache. ¿Tanta es la imprudencia? ¿O tanta la codicia por los cargos?

¿Por qué Registro Civil permite que desacrediten su legitimidad?

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RegCivil

+ “Actas actualizadas”: golpe en la médula a la certeza de registros

En Oaxaca es común —pero grave— que casi para cualquier trámite ante instancias públicas o privadas en las que se involucra alguno de los atestados que expide la Dirección del Registro Civil, exista la práctica de solicitar “actas actualizadas”. Esta es una práctica que, además de ser indebida e ilegal, no hace sino poner en duda la propia certeza jurídica y oficial que debería regir a cualquier documento expedido justamente por la instancia encargada de mantener los registros de la vida civil de las personas.

En efecto, a estas alturas los oaxaqueños estamos acostumbrados a la práctica de las llamadas “actas actualizadas”. Esto lo hacen casi todas las autoridades que para algún trámite solicitan actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción, y lo hacen por un falso imperativo de la autoridad para determinar la legitimidad y la “actualidad” del documento referido. En muchos casos, esa dejó de ser una práctica para convertirse en una especie de requisito extralegal que, sin embargo, resulta insalvable cuando se trata de alegar la razón por la que se pide dicho documento “actualizado”.

En ese sentido, el Código Civil señala que el estado civil de las personas sólo se comprueba con las actas y sus certificaciones, inscritas y expedidas por el Registro Civil en los términos previstos en el artículo 52 del Código. Ningún otro medio de prueba, dice la norma en comento, es admisible para ese efecto, salvo los casos expresamente previstos por la Ley. Además, dice también el Código, las actas del Registro Civil se asentarán en formatos especiales que contendrán los datos propios de cada acto.

¿Para qué establece el Código Civil todos esos requisitos para el asiento de registros de la vida civil de las personas, y para la expedición de copias certificadas de dichos actos? La respuesta lógica es que establece todas esas medidas justamente para que cualquier atestado expedido por el Registro Civil tenga plena validez y certeza al surtir efectos frente a terceros —los particulares—, y naturalmente cuando esos documentos se presenten ante el propio Estado para la prestación de algún servicio público.

Frente a todo eso, resulta un claro contrasentido que en prácticamente todas las dependencias del propio gobierno se mantenga la práctica —ante la omisión o complicidad del propio Registro Civil— de solicitar las llamadas “copias actualizadas”, como si la emisión de un año u otro representara la variación o la mejora de un registro que corresponde únicamente a las personas.

En el fondo, parece que más bien dicha exigencia tiene que ver con un ominoso ánimo recaudatorio para que la gente recurrentemente se vea en la necesidad de solicitar copias “actualizadas” de una misma copia certificada de sus registros; con una práctica propia de las complicaciones burocráticas; o con el fomento —impulsado quién sabe si cándida o deliberadamente— desde el propio Registro Civil, de la desconfianza a sus registros de los actos de la vida civil de las personas.

¿Y EL REGISTRO CIVIL?

Cuando una institución pública tiene certeza de los actos que realiza, no establece como requisito el refrendo periódico de los documentos que prueban dicho acto. Por ejemplo, una escritura pública tiene el mismo valor desde su emisión, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde que fue asentada. Si esto es así, ¿entonces por qué la Dirección del Registro Civil, a cargo de Clarivel Rivera Castillo, permite que las certificaciones que ellos expiden, sean escandalosamente ninguneadas con la exigencia de “documentos actualizados”?

Eso es lo que ocurre cuando otras instancias, como el Instituto Estatal de Educación Pública, las instancias de salud, o la propia administración estatal, exigen que las personas que realizan algún trámite que involucra alguna de sus actas expedidas por el registro civil, sean ya no sólo del año en el que se realiza el trámite, sino que llegan a la exageración de exigir —so pena de no admitir el trámite— que el atestado haya sido expedido el mismo mes en que se realiza el trámite.

Esta es una práctica ilegal, que sin embargo todos aceptan. Todos juntos pasan por alto que justamente por eso, el Código Civil establece los mecanismos para el cuidado de la certeza jurídica de las testimoniales que expide sobre los registros que obran en sus archivos. Más aún, pasan por alto que el artículo 121 de la Constitución de la República establece que en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras; y que, expresamente, establece que los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las otras.

CÓMPLICES

¿Por qué si esos actos del estado civil —y sus accesorios, como son los atestados que prueban la existencia de esos actos— tienen una validez general no condicionada por cuestión alguna, aquí se permite, se tolera y se fomenta la práctica de las “actualizaciones”? ¿Cuál es el fundamento legal de esa práctica, que la propia Dirección del Registro Civil debería combatir frontalmente nada más para cuidar su propia dignidad y legitimidad como institución encargada de resguardar la certeza de los actos de las personas? ¿O qué hasta ellos están tan inseguros de los actos que registran, que por eso fomentan y permiten esa abominable práctica que sólo entorpece trámites y hace a los particulares desperdiciar tiempo y recursos inútilmente?

Avilés debe dejar la diputación para dedicarse al PRI

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+Norma educativa, atorada; compromisos, incumplibles

Con seriedad, Alejandro Avilés Álvarez debía considerar la posibilidad de solicitar licencia a su cargo de diputado local, para dedicarse de lleno a su labor como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Más allá de los egos y los ánimos de concentración de poder, es claro que sus dos responsabilidades actuales son incompatibles, y que el compromiso con su partido y su candidato debieran estar por encima de los temas coyunturales. Hay varias razones que debería considerar. Y de hacerlo, Avilés tendría que dejar, o el PRI, o el Congreso.

En efecto, el pasado sábado Avilés fue ungido como dirigente priista, en un acto tan subrepticio que no fue sino hasta algo natural en su personalidad como político. Al mismo tiempo, Avilés ocupa una diputación local, es coordinador de su bancada en el Congreso local, y además es integrante de la Junta de Coordinación Política, en una LXII Legislatura que se ha caracterizado por su complejidad e inoperancia. En eso, sin embargo, no radica el imperativo de abandonar su cargo, sino en el hecho de que la misma campaña lo está poniendo en una especie de callejón sin salida. ¿De qué hablamos?

De que en el Congreso están atorados varios temas que son fundamentales para Oaxaca y también para la campaña priista que ahora él conduce formalmente como dirigente del PRI. El más trascendente de esos temas es el relacionado con la reforma educativa, que sigue atorada en el recinto legislativo y que, según parece, no tiene forma de remediarse en el futuro cercano.

Es evidente que Avilés no es el único responsable de ese atorón —al final, la responsabilidad política se prorratea entre todos los líderes de los grupos parlamentarios—, pero sí recae en él la responsabilidad de la inmovilidad de su bancada. Sea como sea —incluso con la resistencia de la totalidad de las fuerzas de izquierda— el PRI sí podría conseguir los votos suficientes para la emisión de una Ley Estatal de Educación que llevara a Oaxaca a superar el problema político-constitucional en el que se encuentra actualmente por la no armonización de las normas educativas.

En ese sentido, una salida provisional —que no ha aportado Avilés, con toda su experiencia política— podría ser la emisión de una ley educativa de transición hacia el siguiente régimen; pero con la suma de sus votos, y de algunos diputados de otras fuerzas que sí apoyarían una norma definitiva, el PRI podría conseguir los 22 votos que necesita —ellos tienen 18, y sólo necesitarían cuatro, que sí pueden conseguir— para lograr la aprobación de dicha norma. Evidentemente, no lo hacen, porque no quieren pagar el costo político de provocar a la Sección 22. Pero al no hacerlo le trasladan el problema al siguiente gobierno, que probablemente encabece el actual candidato de su partido.

VER AL FUTURO

La ley educativa es sólo el más visible de varios problemas que enfrenta la LXII Legislatura en general, pero que recaen en Avilés en su doble papel de dirigente priista y de coordinador de su bancada en el Congreso local.

El lunes, por ejemplo, el propio abanderado priista a la gubernatura, Alejandro Murat, anunció en el noticiario radiofónico del periodista Humberto Cruz, que solicitará a los diputados en funciones, que aprueben una reforma a la legislación local que establezca un Sistema Anticorrupción más robusto, y que establezca entre sus disposiciones iniciativas como la llamada “3de3”, para que todos los servidores públicos en su administración, tengan el deber de presentar sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de posible conflicto de interés.

Frente a esto, si Avilés ha demostrado que a pesar de haber estado supuestamente de lleno en su actividad parlamentaria, no fue capaz de sacar varias iniciativas de ley que finalmente le habrían servido mucho más a la próxima administración del gobierno estatal —en la que el PRI tiene importantes posibilidades de ganar—, que a la actual que prácticamente va de salida. ¿Qué podría decir Avilés a su favor, frente a un planteamiento tan concreto como el anunciado el lunes por el Candidato a Gobernador del PRI, pero unos resultados legislativos que son en general tan pobres como los de la LXII Legislatura?

De hecho, en las democracias maduras ha ido creciendo la idea de la incompatibilidad natural y política entre los cargos legislativos, y los de orden político. Esto debería acentuarse en escenarios en los que ambas responsabilidades revisten tantos problemas y asuntos pendientes —como es el caso de Oaxaca— como para que una sola persona tenga ambos deberes y de entrada no exista la certeza de que habrá de dedicar todo su tiempo y capacidades a uno solo de ellos.

Así, por una cuestión de congruencia y responsabilidad con las tareas que le han sido encomendadas, Avilés tendría que definir con seriedad cuál de ellas quiere y puede cumplir, y cuáles debe delegar a otros personajes de la política estatal y de su partido, para que le den seguimiento al trabajo legislativo que finalmente habrá de beneficiar a su partido y a la entidad.

DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD

Este tendría que ser un momento decisivo, en el que un personaje tan polémico y cuestionado como Alejandro Avilés diera muestra de seriedad y madurez, y asumiera la actividad política más allá de las coyunturas o de lo que puede resolver sólo en el corto plazo. No hacerlo puede provocarle, al final, más pérdidas que beneficios no a él, sino a su partido y su candidato.

2016: disputas y el agotamiento del sistema de partidos

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Elecciones

+ Abuso de choque electoral: no es práctica, sino tiempos

 

Más allá de la especulación y los chismes que abundan en el ambiente político actual, tanto en Oaxaca como en el ámbito nacional debía haber una preocupación genuina: todos —partidos políticos, facciones, dirigentes formales, jefes políticos y candidatos— deberían comenzar a preocuparse por las importantes señales de agotamiento que comienza a presentar nuestro sistema democrático. El abuso de las prácticas nocivas, del choque violento, de las inmoralidades políticas y acuerdos inconfesables, y de las descalificaciones entre competidores electorales, están en vías de provocar un colapso del que nadie parece percatarse.

Por principio de cuentas, pareciera que el escenario —y la arena— electoral de 2010, es en nada distinto a los del pasado. Ahora, como antes, las fuerzas políticas definieron sus estrategias y a sus abanderados, de acuerdo a sus prácticas antidemocráticas de siempre; están preparándose para ir al proceso electoral formal, valiéndose de recursos y fuentes de financiamiento indebidas pero con posibilidades de ser “legalizables”; afinan, cada una desde su trinchera, los obuses, escándalos mediáticos y revelaciones que harían caer de las preferencias electorales a sus oponentes; e incluso, en Oaxaca y en el ámbito nacional, hoy se sabe cierta la existencia de un acuerdo escrito y formal entre las dos fuerzas políticas más importantes del país —PRI y PAN— para la no realización de alianzas electorales.

Cualquier político avezado podría asegurar que es errado hablar de un agotamiento del sistema democrático, porque las prácticas antes descritas han prevalecido desde siempre, sin provocar un desgarramiento del tejido que sustenta a la democracia electoral en México. Lo que no parece tomarse en cuenta, es que 2010 no es 1988, 1994 e incluso el año 2000; que la sociedad de hoy no es la misma que la de hace una década y media. Y que hoy, como nunca antes, el ciudadano común comienza a cuestionar con energía la existencia de prácticas que son nocivas para cualquier democracia.

Es evidente que hoy los partidos políticos, y sus dirigentes, no parecen tomar en cuenta esas variantes. Por esa razón, desde hace más de medio año, el PAN ha buscado alianzas con sus otrora enemigos recientes; por eso el PRI se ha encargado de descalificar esas coaliciones aduciendo razones morales e ideológicas de las que tampoco ellos han sido un modelo a seguir. Y todos juntos han entrado en la ruta de las descalificaciones mutuas, los amagues sobre la revelación de escándalos de corrupción, y los señalamientos encaminados a que el elector desestime la entereza política o la moralidad de una u otra fuerza partidista.

El problema, en realidad, es que esa vorágine de prácticas nocivas, se presenta hoy ante una sociedad que cuestiona mucho más que antes. Lo verdaderamente preocupante de toda esta situación, es que mientras las fuerzas juegan a la descalificación y ponen en práctica las estrategias duras de siempre, el ciudadano hoy ha optado por cuestionar no sólo a los partidos o sus candidatos, sino al sistema mismo que ya mira con desconfianza, y con la idea de que más allá de los colores y las descalificaciones, todos incurren en la misma práctica.

¿Cómo asegurar lo contrario, si en una u otra medida hoy el PRI, PAN y las fuerzas de izquierda (PRD-PT-PC) son parte del mismo juego de espejos, verdades a medias y descalificaciones? ¿Cómo creer que, en todo eso, uno es menos responsable que otro, si todos han participado de lo mismo? ¿Cómo dejar de entender al ciudadano que no vota, que anula su boleta electoral, o que deja en blanco la papeleta, por una fundada desconfianza al partido y los candidatos que, según ellos, lo “representan?

Lamentablemente, el escenario —local y nacional— deja ver que ese es el rumbo que lleva, en su conjunto, el sistema de partidos. Poco pueden hacer los defensores de la democracia electoral, frente a la ola de afrentas y descalificaciones que han puesto en práctica —y que preparan— las fuerzas políticas como estrategias de campaña. Si esto no cambia, dentro de no mucho tiempo nuestro sistema democrático comenzará a agotarse. Y sin una transformación efectiva en la práctica política, las reformas legales seguirán, como hasta ahora, sirviendo sólo para el autoengaño de quienes las promueven.

¿Y LAS PROPUESTAS?

Otro de los grandes problemas, en este sentido, es que las fuerzas políticas no han dejado de privilegiar la descalificación, por encima de la propuesta efectiva de gobierno y, en su caso, de Estado. En el caso de Oaxaca, los partidos en disputa paulatinamente comienzan a arreciar el choque y el encono electoral, sin que hasta ahora se haya presentado, más allá de la declaración demagógica coyuntural, un solo viso del proyecto de gobierno que le urge a la entidad, entre quienes pretenden erigirse en Gobernador del Estado.

Lo mismo ocurre en el ámbito nacional. A nivel de partidos, éstos han comenzado su configuración estratégica rumbo a los dos años que siguen. El PAN, por ejemplo, sabe que el enemigo a vencer ya no es el PRD, sino el PRI; así, perredistas y panistas insisten en su unión, porque saben que ese es el único camino para hacer un papel decoroso en los procesos electorales que se avecinan. Y los tricolores hoy apuestan todo a la estrategia mediática y electoral que les permita conservar el poder donde ya lo tienen, y hacerse de él donde son oposición.

Todo esto parece lógico. Sin embargo, los mexicanos hemos corroborado una y otra vez el altísimo costo que paga un país —o una entidad federativa— por tener un gobierno sin proyecto y, por lo tanto, sin rumbo. El problema es que, hasta ahora, eso es lo que menos les preocupa a quienes tienen en sus manos la parte activa de los procesos democráticos. En su lógica, primero hay que obtener el poder, para después ver qué se hace con él. Y esa visión demagógica, es la que ha llevado a improvisar estrategias, programas y “rumbos” del gobierno, que al final terminan siendo fiascos de altos costos para el territorio y la sociedad en que se ejecutan.

¿QUÉ RUMBO?

Hoy las fuerzas de izquierda se enfrentan a una situación inédita: entre ellas reniegan de la continuidad de los gobiernos emanados de ellas. Es exactamente lo que ocurre en Oaxaca. Una “izquierda” habla de la consolidación de una transición democrática que existe sólo en sueños. La otra, del PT, habla de perseguir a los corruptos que son de su mismo cuño –aunque renieguen-. ¿Entonces?

Inician las campañas: ¿entienden que nadie quiere más confrontación?

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campañas

+ Discurso debe salir de los “qués” para darle prioridad a los “cómos”

Ayer iniciaron las campañas, y varias dudas surgen sobre qué tan claros están los abanderados de los distintos partidos sobre lo que queremos, y lo que necesitamos, los oaxaqueños. En los discursos de arranque de campaña predominaron los lugares comunes, pero hubo un ayuno total de ideas sobre la verdadera situación en la que se encuentra Oaxaca, y lo que los ciudadanos esperamos de la clase política. Basta con bajarse un momento del triunfalismo electoral, y reparar en qué necesita la ciudadanía.

En efecto, ayer se llevaron a cabo varios eventos de apertura de campaña en la capital oaxaqueña, y en cada uno de ellos la ciudadanía no escuchó sino lo mismo de siempre: que “vamos por un cambio”, que “es hora de acabar con la corrupción”, que ˝haremos un gobierno honesto y transparente”, que “ya basta”; que “iremos a combatir a los corruptos”; que “habrá transición a la democracia”; o incluso los que prometieron cambiar todo casi mágicamente, como si un mejor gobierno fuera sólo un asunto de voluntad y no de los cambios estructurales que se necesitan.

Frente a eso, hay una pregunta base: ¿los candidatos entienden de verdad la situación por la que atraviesa Oaxaca? Porque tal pareciera que varios de ellos estaban esperando el inicio de las campañas como si fueran boxeadores esperando el sonido de la chicharra para ir a pelear el primer round. Es evidente que toda campaña necesariamente debe venir acompañada de cierta dosis de rudeza, de morbo y hasta de bajezas. Pero en el caso de Oaxaca parece que nadie recuerda que hace apenas una década —diez años son nada, si de confrontaciones se trata— la propia ciudadanía oaxaqueña fue arrastrada a una crisis social profunda, que si bien fue provocada por grupos políticos y de presión, fue la ciudadanía quien terminó pagando las consecuencias de ese enfrentamiento entre grupos.

En ese sentido, ¿nadie comprende que lo que menos necesita Oaxaca es un clima de ajuste de cuentas? Pareciera, además, que las campañas tienen ese ánimo general de querer ir a picar un pleito añejo para seguir medrando de la pus que todavía le sobra al conflicto magisterial y a la confrontación entre ciudadanos. Lo más grave es que cada actividad de campaña en la que se apela a la confrontación, al odio, al ajuste de cuentas o a la revisión estéril del pasado, es un espacio que se pierde para hablar de las cosas que se supone que se van a hacer para revertir o mejorar la situación social o económica en la que se encuentra la ciudadanía.

Por eso, a estas alturas ya no sólo parece una pérdida de tiempo, sino una verdadera acción intencional, la de insistir en una campaña negativa cuando Oaxaca impone muchísimo trabajo que rebasa por mucho la maniquea intención de querer ubicarse en el bando de los buenos, para desde ahí incriminar y reprochar al bando contrario, como si este fuera una confrontación entre dos personas, y no el destino de una entidad federativa completa y compleja como Oaxaca. Al final, una ciudadanía demandante y madura debía rechazar esos burdos intentos y exigirle a sus candidatos no los “qués”, sino los “cómos” para enfrentar una realidad tan compleja como la nuestra.

LO SUSTANTIVO

Oaxaca tiene problemas muy concretos, que son los mismos que hace diez años eran un problema, y que de no atenderse lo seguirán siendo en las décadas siguientes. Estos son, básicamente, los siguientes y en torno a eso deberían rondar las respuestas y las propuestas de los candidatos en campaña.

  1. a) Gobernabilidad. Cualquier candidato que quiera asegurar con seriedad que hará algo por la gobernabilidad del estado, debería comenzar por decir cuál será su trato con las organizaciones sociales, con los “sindicatos” de organizaciones populares, y con los grupos de presión. No es un problema nuevo: las más de quinientas organizaciones de lucha social han hecho al gobierno un verdadero rehén de sus pretensiones y chantajes económicos y políticos. Esto va desde las organizaciones de taxistas en las regiones, pasando por los “sindicatos” (el Sindicato Libertad es muestra fehaciente de ello), que no tienen ninguna forma legal pero que igual presionan y condicionan el trabajo de los demás al cumplimiento de sus pretensiones, hasta las verdaderas organizaciones de clientelas políticas que medran con la pobreza en los pueblos, pero traen a la gente de las comunidades a presionar al gobierno cuando éste no les cumple sus caprichos traducidos en apoyos económicos, proyectos productivos o dádivas clientelares. Los candidatos deberían responder: ¿Cómo cambiaría eso?
  2. b) Educación. Oaxaca, a pesar de la expropiación del IEEPO a la Sección 22, sigue enfrentando un problema educativo de largo plazo. Pasará mucho tiempo antes de que el magisterio democrático decida plegarse a las nuevas disposiciones constitucionales, y mientras todo se seguirá manteniendo gracias a la espada de Damocles que significan los descuentos y los despidos. Fuera de eso, no hay forma cercana de un entendimiento real y civilizado entre el gobierno y el magisterio. ¿Qué plantean los candidatos hacer al respecto, y cómo lo harían?
  3. c) Inmovilidad económica. Esto ocurre, sí, por la falta de dinero privado circulando en Oaxaca a través de empresas, empleos y riqueza no proveniente del gobierno. Pero en los últimos años, esto se ha combinado con una interminable incapacidad del gobierno para manejar sus recursos bien, a tiempo, y equitativamente. Todos los sectores, todos, se quejan de la inmovilidad económica y de la falta de crecimiento real en el empleo, en los salarios, y en la incapacidad de crecimiento de quienes deciden emprender prácticamente desde cualquier sector de la economía. ¿Cómo van a destrabar esa inmovilidad?
  4. d) Gula política. Parece que por doquier, no hay forma de hacer algo sin que se le vea el matiz político. Y evidentemente, es un imperativo lograr que la mezquindad no sea el común frente a la necesidad de crecer. Y esa es, justamente, una condición que deviene de un clima de concordia que, digan lo que digan, no existe en Oaxaca. ¿Qué harán para que eso ocurra?

MUCHOS RETOS

No debe ser una petición al aire que los candidatos dejen los lugares comunes y se dediquen a hacer lo que se supone que debe ocurrir en un tiempo de campaña: proponer, demostrar proyecto y conocimiento; ganar la confianza de la gente. Pero debe hacerse con planteamientos sustantivos, no con las promesas de papel que tantas veces han sido repetidas sin resultado alguno.

¿Qué pasa si LXII Legislatura no armoniza la ley educativa?

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Ley Estatal de Educación

+ Vencimiento del plazo, generaría sanción moral, no jurídica

Es entendible que exista la idea de que si los diputados de la LXII Legislatura no cumplen con la armonización de las normas educativas locales con la Constitución federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les retire la inmunidad constitucional que los protege, y los consigne ante la autoridad judicial. Es entendible sólo en la medida en que la situación en que se encuentra Oaxaca respecto a la armonización educativa reviste un grado importante de complejidad y particularidades que no son comunes. Es por eso que vale la pena entender qué puede pasar en realidad si los diputados llegan al 15 de abril —fecha límite que les dio la Corte para armonizar— sin emitir una nueva ley educativa local, acorde con la legislación federal.

En efecto, hace casi dos años, el 14 de abril de 2014, el Presidente de la República presentó ante la Suprema Corte sendas controversias constitucionales por la aplicación indebida de la reforma educativa en cuatro entidades: Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora. El rasgo común —se informaba en aquellos momentos— es que los congresos locales y/o el gobernador han autorizado beneficios para el sindicato de la educación, particularmente lo que se refiere a la evaluación de los maestros.

“En los estados en donde el Ejecutivo acusa omisiones y excesos para la aplicación de la reforma hay una importante actividad de los maestros que se opusieron a esta enmienda constitucional, especialmente Oaxaca, Chiapas y Michoacán, bastiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, informaba una nota de La Jornada de aquella fecha, al tiempo que remarcaba: “En el caso de Oaxaca el Ejecutivo subrayó que hay una ‘omisión total’ para armonizar la legislación local a los preceptos constitucionales en la materia”.

“En caso de que los ministros le den la razón al Ejecutivo, Oaxaca deberá emitir las leyes locales de inmediato acorde a la reforma constitucional, y en los tres estados se ordenaría la expedición de normas que cumplan con el mandato de la Carta Magna”. La controversia constitucional presentada en contra del estado de Oaxaca fue abordada por la Corte en el mes de septiembre del año pasado, resolviendo en términos general en el sentido de que el Ejecutivo y el Congreso del Estado de Oaxaca eran responsables por la omisión de emitir la legislación correspondiente. Junto a eso, la Corte les dio un plazo de seis meses —que vence dentro de 14 días— para emitir la legislación.

Frente a este conjunto de hechos y acciones judiciales surgen dos preguntas importantes: primera: ¿Es de verdad posible, en términos jurídico-constitucionales, que en México el sistema jurídico y político den la posibilidad de que la federación obligue a una entidad federativa a emitir una norma?; y segunda: ¿Cuál es la ruta jurídico-constitucional para sancionar una misión legislativa, como la que prevalece en el estado de Oaxaca respecto a la legislación educativa federal?

RUTA JURÍDICA

El Poder Judicial de la Federación estableció, en una tesis aislada, que para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley), luego de la declaración en la norma “programática”, en la que se establece un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación “operativa” en las leyes o acciones conducentes; b) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un derecho o garantía. (Registro: 2005186).

Esto es exactamente lo que ocurre en el caso de la armonización educativa en Oaxaca. ¿Qué sanción amerita? En otras tesis jurisprudenciales, la Suprema Corte ha resuelto que la no armonización de las leyes locales al contenido de una disposición constitucional federal constituye una omisión legislativa de carácter absoluto en el desempeño de una facultad o competencia de ejercicio obligatorio, lo que genera una violación directa a la Constitución Federal que subsiste, mientras el Congreso local no haya subsanado la omisión.

Ahora bien, regresemos a algunas palabras clave enunciadas en líneas anteriores, para tratar de hallar una ruta a la aparente imposibilidad de control constitucional que traería aparejada la omisión legislativa: violación directa a la Constitución Federal. ¿Cómo se sanciona esto?

Dice el último párrafo del artículo 110 de la Constitución de la República: “los gobernadores de los estados, diputados locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen (…) pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que (…) procedan como corresponda”.

Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales, tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal —y comunicada al Poder Legislativo local, que es integrado por ellos mismos—, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

Todo esto, sin considerar el hecho de que antes de ver todo eso, habría que revisar si la omisión legislativa puede considerarse como una violación grave a la Constitución individualizada para cada diputado, cuando según el artículo 59, fracción I, de la Constitución de Oaxaca, es facultad colegiada del Congreso del Estado, y no de cada diputado, “dictar leyes para el gobierno interior del Estado…”.

LA RUTA: RESPONSABILIDAD

Esto nos da una idea clara: la Corte no puede desaforar, ni consignar a los diputados si no armonizan. No puede hacerlo porque la ruta para ello es a través del juicio político, que está en manos del Congreso federal, y no de la Corte. Por eso, más que sanciones, lo que hay que exigir es responsabilidad de los diputados para hacer lo que les corresponde.

En extinción, que políticos usen discrecionalmente nuestros datos personales

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Celulares

+ Transparencia y protección de datos deben alcanzar a partidos políticos

A muchos ciudadanos nos resulta molesto —y hasta lesivo— que en tiempos electorales, reiteradamente seamos blanco de actos abiertos o disfrazados de campaña, de personajes a los que nunca les ofrecimos alguno de nuestros datos personales para que nos hicieran llegar información de sus actividades, encuestas o “noticias”, que no son sino una burda máscara de sus aspiraciones políticas. Este es uno de los muchos problemas de lagunas legales que actualmente enfrentan las autoridades que regulan a los partidos, y los procesos electorales, pero que debe ser abordado con toda seriedad para evitar que continúen los abusos.

En efecto, personajes como los candidatos a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, y otros que ni siquiera tienen en la actualidad un derrotero definido dentro de la competencia electoral en Oaxaca —como Hugo Jarquín, Luis Alfonso Silva Romo, o Alberto Benítez Tiburcio, entre otros—, han recurrido reiteradamente a la contratación de empresas que utilizan números telefónicos o direcciones de correo electrónico de ciudadanos de un determinado ámbito territorial, para enviarle correos, realizar llamadas telefónicas, o enviar mensajes de texto y hasta de mensajería como whatsapp, en la que “informan” sobre alguna cuestión relacionada con dicho personaje.

Esta situación resulta particularmente molesta no sólo por el contenido mismo del mensaje, sino incluso por su origen e intención. Luis Alfonso Silva Romo, por ejemplo, contrató un servicio en el que a través de un mensaje de texto (SMS, como se conoce popularmente) primero envió una encuesta en la que se invitaba al ciudadano a responder cuál de los problemas propuestos era prioridad de atención.

Al margen de si se respondía o no, algunos días después envió otro en el que ofrecía los supuestos resultados de la pretendida encuesta. Lo más ofensivo para el sentido común de cualquier ciudadano era que el personaje aludido “prometía” también atender no sólo el asunto que, según su encuesta, era el prioritario, sino los tres. Esa “disposición” hacía inútil la realización de una encuesta (falsa), en la que los temas habían sido propuestos por el artífice de la misma, y porque de todos modos no había un derrotero o agenda apegada a la opinión del ciudadano, al ofrecer atender “todos” esos asuntos.

En otro ejercicio, Hugo Jarquín contrató un servicio de llamadas telefónicas en la que una persona —de un número telefónico registrado en Brasil— ofrecía “informar” al ciudadano, sobre las acciones y el trabajo del susodicho, “a favor de los oaxaqueños”. Estefan y Robles optaron en diversos momentos en disfrazar de “mensajes informativos” su necesidad de que la gente ubicara sus nombres, como preámbulo o contexto de algún acontecimiento importante, encuesta o decisión de su partido.

En el fondo, lo que queda al ciudadano en general, es la duda, el enojo y la inconformidad de que varios de sus datos personales (nombre, dirección física o electrónica, o sus números telefónicos fijos o móviles) se encuentren en manos de empresas que no se identifican, y sean utilizados para fines sobre los que obtuvieron un consentimiento bajo algún tipo de engaño, o que definitivamente se hacen al margen de cualquier regulación legal o consentimiento del particular.

¿QUIÉN REGULA?

Esta es una duda razonable hasta para quienes tienen algún tipo de conocimiento jurídico en general, e incluso relacionado con el tema. Pues al parecer, las llamadas o mensajes desde call centers a favor de un candidato o partido, son un acto que en la actualidad escapa a la regulación tanto de las autoridades electorales, como de quienes tienen encomendada la protección de los datos de las personas.

En ese sentido, el término “datos personales” se refiere a toda aquella información relativa al individuo que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Además de ello, los datos personales también describen aspectos más sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros. Esta definición es de la Ley estatal de Datos Personales.

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución federal establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley…”. No obstante, la pregunta de fondo es: ¿Quién regula el uso de esos datos?

A simple vista, queda claro que esa es tarea de los llamados “órganos garantes de la transparencia” que, entre sus funciones, también tienen la de la protección de los datos personales. Hay uno local, y otro nacional. En ese sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, actualmente es competente para regular este tipo de situaciones sólo en el caso de los entes públicos, o personas, empresas u organizaciones privadas que reciban recursos públicos.

En todos los demás casos, el competente es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ya que éste es quien tiene el deber de garantizar la protección de los datos personales en poder de particulares, según la Ley de protección de datos personales en poder de los particulares. El problema es que el INAI —antes IFAI— no tiene representaciones regionales o delegaciones estatales, lo que dificulta que un ciudadano pueda presentar algún tipo de recurso en contra de prácticas como las antes mencionadas.

EMPUJAR LAS REFORMAS

En el caso de Oaxaca, el IAIP que encabeza Francisco Álvarez, ha sido sensible a este tipo de señalamientos y por eso ha impulsado la colaboración con la autoridad electoral para regular lo mayor posible las actividades políticas en este periodo de campañas. Junto a esto, Álvarez ha sido insistente en concientizar a la ciudadanía sobre el permiso que otorgan —muchas veces por desconocimiento—, para el uso de sus datos a empresas, redes sociales, bancos, telefónicas, o al descargar aplicaciones en sus teléfonos móviles, y después les extraña el uso de los mismos en campañas o precampañas. Por ello, debe haber conciencias, pero también reformas, para que la autoridad regule eficazmente estas situaciones.

Candidaturas independientes: fueron hechas para no prosperar

almargenoaxaca
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Ind. Oax.

+ Financiamiento raquítico, una forma de mantenerlos sometidos

Los candidatos independientes se encuentran en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. El sistema político abrió el espectro a las candidaturas independientes, como una forma de frenar las críticas internacionales derivadas de la sentencia Castañeda versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ésta resolvió que el Estado mexicano debía abrir la posibilidad de que candidatos sin partido pudieran contender en los procesos electorales ordinarios. La apertura fue a medias porque, por diversas razones, la figura es inoperante. Y parece buscar la condena de los independientes o a la inanición, o a lo mal habido, para poder competir.

En efecto, en Oaxaca es muy probable que existan ocho candidatos a la gubernatura, de los cuales uno será por la vía independiente. El ciudadano Juan Manuel García López será candidato independiente, en un contexto de franca desigualdad frente a los candidatos de los partidos, derivada de la forma en que estructuralmente fue concebida la vía independiente, como mecanismo de participación en los asuntos políticos del país. Vale la pena revisar los altísimos requisitos que la ley y las instituciones electorales le exigen a quienes aspiran a un cargo público por la vía independiente, y la inequitativa forma de acceso a los medios y los recursos para llevar a cabo la labor proselitista que, se supone, es uno de los pilares para la renovación de la democracia representativa.

En ese sentido, el caso de Oaxaca es particular porque la Constitución local contempla la existencia de las candidaturas independientes para cargos públicos, pero por virtud de la resolución del cinco de octubre pasado, en el que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el contenido total del decreto 1290, publicado el nueve de julio de dos mil quince, en el tomo XCII, extra, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Esa situación obligó al Consejo General del IEEPCO a emitir un Acuerdo (IEEPCO-CG-23/2015) mediante el cual estableció los lineamientos generales para las candidaturas independientes.

En dicho acuerdo se establece, entre otras cosas, que para que un ciudadano pueda solicitar al Instituto que se le considere como aspirante, debe entregar la constancia de la constitución de una asociación civil con las mismas características de un partido político y que tenga ya una cuenta bancaria abierta, con esas mismas características equiparadas. Luego, dice el artículo 13 del anexo de dicho acuerdo que “una vez que el ciudadano interesado obtengan la calidad de aspirante podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña…”. Es decir, debe hacer una primera campaña, totalmente a ras de suelo, realizada con recursos propios, y sin acceso a ningún tipo de medio de información, para obtener el apoyo ciudadano que, valga decirlo, tampoco es fácil de lograr en el porcentaje que señala la ley.

En ese sentido, dice el artículo 16 del citado acuerdo que para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al estado de Oaxaca, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos trece de los veinticinco distritos; en ningún caso el porcentaje de la cédula de respaldo en los trece distritos electorales será menor al 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

¿Qué significa eso? Que, en términos sencillos, quien aspira a una candidatura independiente se enfrenta a un universo de electores potenciales de alrededor de dos millones 800 mil inscritos en el padrón electoral; que debe obtener, en total, unas 56 mil firmas de apoyo, pero que debe hacerlo en al menos 13 de los 25 distritos electorales y, además, que en cada uno de esos trece distritos debe obtener cuando menos el uno por ciento del apoyo ciudadano, en cada uno.

Es decir, para conseguir su candidatura, un ciudadano sin partido debe recorrer al menos la mitad del territorio estatal, y hacer una mini campaña en la que no puede incurrir en ninguno de los actos considerados como “anticipados de campaña”, pero en la que sí debe convencer a miles de personas para que le firmen sus cédulas de respaldo ciudadano.

CANDIDATURAS MENGUADAS

Existe otro Acuerdo del IEEPCO, en el que se establecen los montos de financiamiento público para las campañas que, para variar, también es increíblemente inequitativo frente a las posibilidades de financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos.

En ese sentido, se establece como punto de referencia de la propia ley, que un partido de nueva creación tiene derecho a recibir el dos por ciento del monto global que reciben los partidos para su financiamiento ordinario. En Oaxaca, se establece, dicho monto global es de $129,961,923.64 (ciento veintinueve millones novecientos sesenta y un mil novecientos veintitrés pesos 64/100). Por ende, a un partido de nuevo registro le corresponderían $2,599,238.46 (dos millones quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 46/100 M. N.). Y se establece que, según la Ley General de Partidos Políticos, a las candidaturas independientes se les destinaría la mitad del monto asignable a un partido de nueva creación. Por ende, a todos los candidatos independientes en el proceso electoral 2015-2016 (diputados locales, autoridades municipales y a gobernador) se les entregará el fabuloso monto total de $1,299,619.23 (un millón doscientos noventa y nueve mil seiscientos diecinueve pesos 23/100 M. N.) por concepto de gastos de campaña, el cual se debe dividir entre todos para sus actividades proselitistas.

CAMPAÑAS DE SALIVA

Juan Manuel García López tendrá, por ende, 432 mil 773 pesos para los sesenta días que duren sus actividades de campaña. Esto no tiene comparación con lo que gasta cualquier candidato en un solo mitin en cualquier día dentro o fuera del tiempo de campaña. Por eso decíamos ayer que, o los independientes hacen campañas testimoniales, u optan por venderle su alma al diablo para competirle a los candidatos de los partidos.

¿En Oaxaca nadie apuesta a la legitimidad democrática de los comicios?

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Elecciones

+ Elección turbia, judicializada y confrontada, lo que los partidos alientan

Es preocupante que en Oaxaca tanto las fuerzas políticas, como sus candidatos y estrategas, apuesten en general a la judicialización del proceso electoral, como si eso lograra darles la ventaja que ellos mismos creen no poder conseguir en las urnas. En este momento en que el registro de candidatos a la gubernatura se cerró, y que sólo faltan días para que inicien las campañas, pensar en una campaña de legitimidad democrática debiera ser el factor real a conseguir, y no la judicialización y la turbiedad a la que todos parecen estar apostando.

En efecto, en Oaxaca hay un escenario lleno de particularidades que debe ser considerado en este tiempo de campañas que apenas inicia. Habrá al menos ocho candidatos a la gubernatura, en un espectro que implica varias cuestiones novedosas, complejas e incluso inestables. Por el bien del resultado electoral, ese escenario ya de por sí complicado, tanto los partidos como sus candidatos no deberían añadirle más turbiedad, aunque parece que esa es exactamente su apuesta. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos a algunos aspectos básicos que parecen tratar de someter, pero que desde la ciudadanía deben resaltarse por el bien de la afligida democracia, que a pesar de todo intenta subsistir en Oaxaca.

Uno. En Oaxaca hay un vacío legal, que parece ser el escenario propicio para una elección turbia. En realidad, hasta el momento todos los partidos y sus candidatos parecen apostar abiertamente al hecho mismo de que como no existe una legislación específica para regular el proceso electoral, ellos tratarán de buscar en tiempo real los límites de la ley y de la actuación de la autoridad electoral. Por eso hemos visto que sostenidamente han llevado a cabo actos flagrantemente violatorios de la ley, y sólo los han frenado en la medida en que la autoridad se ha tratado de imponer (con más fallas que aciertos) frente a la intención de buscarle el límite material a la ley.

Dos. En este proceso electoral conviven figuras de los dos sistemas electorales: el vigente pero carente de contenido legal; y el derogado, pero revivido por decisión de la Corte. Este es un problema mayor, ya que la resolución del 5 de octubre pasado por parte del pleno de la Suprema Corte dejó sin efectos una buena parte de la legislación secundaria en materia electoral, y obligó a que este proceso se lleve a cabo según muchas de las reglas del antiguo CIPPEEO, que se supone que había quedado abrogado por la emisión de la legislación secundaria de la reforma política. El resultado de todo eso, es que el viejo Código Electoral establece reglas básicas para la realización del proceso, pero hay muchas figuras constitucionales no reguladas, y que el Congreso local no permitió que el OPLE-IEEPCO reglamentara provisionalmente por considerar que ello invadía la facultad legislativa que es exclusiva de la Legislatura del Estado. Todos están parcialmente en lo correcto. Pero el problema es que en medio de todo eso queda una enorme laguna legal que será con el desarrollo del proceso se convertirá en la piedra angular de la anarquía, los excesos, y las situaciones de hecho que la autoridad electoral no podrá regular o castigar en el tiempo y la forma en que esto debería ocurrir normalmente.

APUESTA POR LA ILEGITIMIDAD

Tres. La autoridad electoral tiene, por ende, una ilegitimidad de origen que no debe ser ahondada. ¿Qué pasará cuando el IEEPCO intente ejercer, en sentido estricto, su papel de autoridad reguladora del proceso electoral? Lo primero que ocurrirá, casi en automático, es que los partidos y/o sus candidatos intentarán desacreditar las decisiones de la autoridad electoral (incluso de los tribunales) argumentando que no tienen las facultades completas como para imponer sanciones o de establecer ciertos parámetros de comportamiento que limiten su rango de actuación. Frente a ese posible intento, la apuesta ciudadana tendría que ser justamente por el reconocimiento de la legitimidad de la autoridad electoral, y no por convertirse en paleros de quienes, adrede, buscan establecer la duda de la ilegitimidad en ellos.

Cuatro. Los partidos apuestan, premeditadamente, a la impugnación de cada una de las etapas del proceso electoral, de las decisiones de la autoridad, e incluso de las resoluciones de los tribunales, como si ese fuera su factor de triunfo. A estas alturas, parece que nadie reconoce que los protagonistas de fondo en un proceso electoral son los ciudadanos. Por eso vemos que cada partido, toma acciones casi frente a cada movimiento que hacen sus adversarios electorales. Prácticamente todas las fuerzas políticas pretenden ganar en los tribunales lo que no parecen estar convencidos de hacer en las urnas. Y el problema es que una elección excesivamente judicializada y dirimida esencialmente en los tribunales, y no en las urnas, es por definición el preludio de un periodo de gobierno lleno de turbiedades y cuestionamientos que se vuelven conflictos de gobernabilidad inminentes.

Cinco. Otro aspecto relevante, es que habrá una enorme disparidad entre los candidatos. Esto no es culpa más que de los partidos y sus alianzas. Pero todo parece indicar que en Oaxaca los partidos seguirán una ruta similar a la de la pobreza: los partidos o coaliciones más grandes habrán de ensancharse, mientras que los partidos pequeños llevan una ruta franca a la desaparición. ¿A quién le perjudica esto? A la democracia representativa que, se supone, ha luchado por integrar la mayor cantidad de minorías posibles en aras de la pluralidad democrática. Esto corre un grave riesgo.

HAY UN INDEPENDIENTE

Hay un sexto aspecto relevante, dentro de esta lista que tiene muchos más puntos que los enumerados en esta entrega: En Oaxaca hay un candidato independiente, que hará campaña en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. Juan Manuel García López será candidato independiente a la gubernatura, en una abierta y abominable desventaja tanto de capacidad de movilización en las regiones del estado, como de financiamiento. ¿Qué un independiente está condenado a hacer un papel meramente testimonial, por no contar con la estructura y el dinero que sí tienen los partidos político o, en su defecto, venderle su alma al diablo (o al dinero mal habido) para librar una batalla más o menos equitativa con los partidos?

La sucesión en la UABJO ya comenzó judicializada

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La sucesión en la UABJO ya comenzó judicializada

Martínez

+ Consejeros se amparan; van por Comisión Electoral

Uno de los problemas que ya enfrenta el grupo del rector Eduardo Martínez Helmes en la sucesión de Rector en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es el de la judicialización de dicho proceso. Uno de los varios grupos disidentes decidió arrancar este proceso sucesorio presentando un amparo en contra de la conformación de la Comisión Electoral. La elección de la próxima autoridad universitaria bien podría tener un destino aparejado al de dicha demanda de garantías.

En efecto, el ocho de marzo pasado el rector Helmes intentó realizar, a hurtadillas, una sesión extraordinaria del Consejo Universitario que tenía como punto fundamental la conformación de la Comisión Electoral que conduciría los trabajos rumbo a la renovación de la rectoría, que debe ocurrir en el mes de mayo. Dicha sesión fue reventada por alumnos de la escuela de Ciencias que reclamaban respeto a la elección de su director, pero también por un grupo importante de consejeros universitarios que no estaban conformes con la realización a modo de una sesión de Consejo, con la intención del Rector de que la Comisión Electoral estuviera conformada sólo por personas afines a su grupo político.

Aquella sesión reventada causó estupor entre la comunidad universitaria, que hacía ya varios lustros que no había visto un episodio como ese. Dicha sesión se llevó a cabo algunos días después pero ya con una fuerte presencia policiaca, en un auditorio resguardado por la fuerza pública estatal, y con una asistencia que nunca quedó claro si alcanzaba a ser la mínima necesaria como para que el Consejo Universitario pudiera llevar a cabo actos deliberativos y resolutivos. Rectoría dijo que tal sesión, llevada a cabo en la Escuela de Bellas Artes, sí cumplía con los requisitos legales. Sólo que en este periodo un grupo de consejeros universitarios presentó un amparo que puede ser decisivo para la comunidad universitaria en este convulsionado proceso.

En primer término, los más de cuarenta quejosos que presentaron dicha demanda de amparo —todos ellos integrantes del Consejo Universitario— reclaman a la justicia federal la protección en contra de los actos del rector Martínez Helmes, que pueden resumirse en tres puntos:  Primero, la falta de notificación y emplazamiento que se omitió hacerles de manera de manera personal y con las formalidades de Ley para concurrir a la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la UABJO, del que los quejosos son miembros, y que se llevó a cabo el día 11 de marzo a las 11:30 horas, en el edificio que ocupa la Facultad de Bellas Artes en esta ciudad.

Segundo, la ilegal integración que se hizo del H. Consejo Universitario de la UABJO el día 11 de marzo a las 11:30 horas, ya que ésta no se realizó con el quórum establecido en su Ley Orgánica, es decir con  los dos tercios del total de sus miembros tal como lo establecen los artículos 30 y 40 de la ley Orgánica de la UABJO. Y consecuentemente, como tercer punto a reclamar, la ilegal designación que hizo el H. Consejo Universitario de los miembros de la Comisión Electoral, sin haber sido integrado por lo menos con el Quórum establecido.

Ahora bien, los quejosos en esa demanda reclaman a la Comisión electoral, todos los actos posteriores que pretenda realizar, o que realice, la Comisión Electoral elegida ilegalmente como lo son: actualizar el padrón de miembros de la comunidad universitaria; difundir en todas las unidades académicas y administrativas el padrón electoral universitario; redactar la Convocatoria y difundir la misma para la Elección del Rector de la UABJO por el periodo del mes de mayo del 2016 al mes de mayo de 2020; la realización de elecciones por medio del voto universal y directo de todos los miembros de la UABJO para elegir rector de la misma para el periodo 2016-2020; y eventualmente hacer la toma de protesta de la persona que resulte electa para ser rector de la UABJO por el periodo citado, y cualquier otro acto que pretenda realizar el Comisión Electoral con base en su ilegal designación.

LEGALIDAD EN ENTREDICHO

Básicamente, los quejosos en dicha demanda de amparo alegan ser consejeros universitarios y que por lo tanto debieron ser convocados para estar presentes en la Sesión Extraordinaria convocada por el Rector para celebrarse el día 11 de marzo del presente año, “sin embargo —alegan en el escrito de demanda, de la que esta columna tiene copia— nos enteramos de esta sesión que se celebró en el Edificio de la Escuela de Bellas Artes ubicada en el lugar bien conocido a un costado de la Plaza de la Danza a puerta cerrada y con una vigilancia policiaca el día y hora antes indicada, sesión que nos enteramos de su realización por los medios informativos impresos y/o electrónicos que se conocen en nuestra ciudad, es decir en ningún momento fuimos notificados de manera personal y formal de la celebración de esta sesión”.

Asimismo señalan que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la mencionada Universidad, el Quórum necesario requerido para la validez de las determinaciones o acuerdos del Consejo Universitario, debe integrarse con la presencia de las dos terceras pates del total de sus integrantes, y que la sesión que se llevó a cabo el día 11 de marzo que se impugna “no se integró con este mínimo de las dos terceras partes como lo demostramos entre otras formas con la firma de esta demanda de amparo de más de cuarenta consejeros universitarios que somos prácticamente la mitad de los miembros del consejo universitario que no asistimos a la sesión que se impugna por no haber sido notificados y citados a la misma”.

¿Qué buscan con esta acción? Que el juzgado federal que conozca de dicha demanda entre a la revisión de la forma en que se llevó a cabo dicha sesión extraordinaria del Consejo Universitario, y desde esa perspectiva lleve a cabo un control de legalidad y constitucionalidad para evitar que existan actos posteriores, que lleven a la consumación de los que ellos reclaman.

EMPECINAMIENTO

Al final, nada de esto estaría ocurriendo si el ánimo del rector Martínez no fuera el de seguir pisoteando y ninguneando a los grupos internos de la Universidad, con acciones que tienen todos los elementos de un claro y certero albazo. De prosperar dicha demanda de amparo obligará a la reposición de todos los actos relacionados con el proceso electoral universitario. No había necesidad de tal turbiedad. Pero tal parece que los Martínez simplemente no entienden razones.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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