+ No se trata de pasar límites, sino del sentido del servicio público
Las revelaciones hechas la semana pasada por la Agencia Reuters, sobre cómo varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública gastaban sus viáticos en comidas, bebidas y demás extravagancias en sus viajes de trabajo al extranjero, es un botón de muestra del nivel al que se debe llevar la función pública, en el que ya no sólo se trate de no rebasar los límites, sino que dentro de ellos se actúe con sentido de responsabilidad.
En efecto, Reuters reveló que en una cena con champán, caviar y salmón ahumado en la exclusiva tienda departamental Harrods fue como Hilda García, una funcionaria anticorrupción, gastó parte de sus viáticos de 450 dólares diarios en Londres el año pasado. Otro funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Jorge Pulido, enviado a una conferencia a Kuala Lumpur, hizo una escala en Fráncfort, donde se las arregló para gastar más en taxis y comidas, que en sus seis días de estancia en un hotel de Malasia. Otro empleado más de la SFP, Alejandro Bonilla, viajó a Hawái para las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que comió tres rondas en 24 horas.
Sobre esto, Alejandro Bonilla le dijo a Reuters que su trabajo en la unidad de contratación pública de la secretaría significa que tuvo asistir a eventos tales como negociaciones del TPP, que incluyeron dos reuniones en Hawái y otra en Guam el año pasado. En tanto que Jorge Pulido, jefe de asuntos legales de la SFP, que desembolsó más de 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort de camino a una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur, dijo que las comidas y taxis en la ciudad alemana son caros y que no gastó más de 450 dólares por día durante su viaje de dos días.
Quien fue más allá —y revela el poco pudor sobre lo que debiera significar la función pública en un gobierno con más sentido de responsabilidad frente a sus gobernados, que evidentemente no lo es el federal— fue Hilda García, la funcionaria que cenó en Harrods, que entregó la mayoría de sus recibos. Una de sus otras comidas fue en Starbucks, señaló, y ella consideró que la comida en Harrods fue como una recompensa después de un duro día de trabajo que involucró complicadas reuniones con lenguaje técnico en inglés. “No tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días”, agregó.
¿Por qué esto debiera escandalizar, aunque fue aceptado por la Función Pública? Porque en su visión abrumadoramente formalista y proteccionista del actuar “legal” aunque poco ético de los funcionarios, la dependencia dijo que no se habían transgredido ninguno de los parámetros de la normatividad que rige estos procesos, debido a que ninguno de los tres funcionarios aludidos había sobrepasado el presupuesto de 450 dólares diarios que la dependencia les entrega por concepto de viáticos cuando viajan al extranjero.
En ese sentido, pareciera entonces que la lógica correcta sería la de gastar los 450 dólares discrecionalmente y no bajo el concepto de austeridad y eficiencia, que son principios básicos que rigen la función de los servidores públicos cuando tienen encomiendas oficiales. Incluso, bajo esa misma lógica parecería hasta un tonto el también empleado de la Función Pública, Jaime Cerdio, quien según la nota de Reuters fue más austero, ya que en un viaje a Washington, vivió de emparedados de 10 dólares y refrescos que compró en el local Safeway y regresó casi una tercera parte de sus viáticos, reponiendo a las arcas del Gobierno más de mil dólares.
Si esa estrecha lógica gubernamental aplicada por la Secretaría de la Función Pública fuera la correcta, entonces no habría por qué escandalizarse si un funcionario, en el desempeño de una comisión oficial en el extranjero —o donde fuere— entregara a su regreso, tickets o facturas de consumo de un prostíbulo o de un centro nocturno, porque no se sobrepasó de lo que podría gastar. En los servidores públicos no sólo se trata de que gasten legalmente los recursos que tienen a su disposición, sino que lo hagan siempre de la forma más racional posible.
CAMBIO DE VISIÓN
Es una tragedia que la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, se encuentre voluntariamente supeditada a la realización únicamente de juicios legales y no éticos o morales. En el caso de la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, o de la casa que grupo Higa le vendió de forma preferencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pudo no haber habido la comisión de delitos o de faltas administrativas. Pero sí fue evidente —y por eso tal juicio quedará asentado en los anales de la historia— es la inmoralidad que representa la ventaja para la adquisición de esos predios, a partir de las responsabilidades que desempeñaban en el momento de adquirirlas.
En ese sentido, resulta inaceptable que la lógica gubernamental apunte a que si no se cometen faltas legales entonces no hay nada que condenar. Al final, la función pública está compuesta por los aspectos legales, que son fundamentales, pero también en reglas de conducta, que si bien se encuentran en el ámbito de los convencionalismos sociales, también deben ser aplicadas y exigidas en la misma medida que los temas estrictamente legales. Por esa razón, es hasta trágico que toda conducta no encuadrada específicamente en la violación a un reglamento, sea aceptada por las propias dependencias gubernamentales, como si el desempeño de un funcionario fuera un asunto de claros y oscuros, sin matices de por medio.
¿Qué debiera esperarse entonces, en este caso? No sólo que la Función Pública sancione o repruebe —al menos moralmente— a los servidores públicos que incurrieron esa conducta, sino también que establezca no sólo parámetros jurídicos, sino también éticos, de cómo deben actuar los servidores públicos. Por algo, en el mundo existen las comisiones de “honor”… aunque en el caso de México la gran mayoría de las veces no pasan de ser adornos para cubrir un requisito sobre el que nadie está preocupado.
CUENTA REGRESIVA
En el PRD hay una verdadera tensión por la definición de su candidato. A escasas 24 horas de que venza el plazo para hacer el anuncio oficial parece que aún no hay los consensos necesarios para la unción de un candidato. ¿Les ganará el cisma?
