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¿Con pasividad Oaxaca y EPN quieren demostrar que hay reforma educativa?

Escuela Cerrada

+ Hechos de ayer demuestran que el magisterio intenta tomar una nueva medida


A las ocho de la mañana de ayer, cuando en un noticiero televisivo de la capital del país entrevistaron al director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, sobre el impacto que había tenido en Oaxaca el llamado al paro de labores de la CNTE, éste soltó una cifra que nadie supo si era totalmente real, o cuál era la estadística que la soportara. Con esos titubeos, y con las declaraciones vacías del titular de la SEP sobre la firmeza de la ley —mientras en Oaxaca los maestros desquiciaban la capital—, todo más bien parecía ser una burla para la sociedad mexicana.

En efecto, ayer ante la pregunta del periodista Carlos Loret sobre el número de escuelas que sí habían tenido labores en Oaxaca, Robles aseguró que era un 35 por ciento. Por el tono y la espontaneidad con la que soltó la cifra, más bien parecía que había improvisado el número para salir del paso, pues luego aclaró que aún no tenía cifras concretas sobre el total de escuelas que abren a las 7 de la mañana que sí habían tenido labores, y que además faltaba que se generara el reporte de cuántas escuelas primarias (que inician la jornada a las 8 am) sí habían tenido clases. Es decir, que según sus propios dichos la cifra ofrecida era un mero número al aire.

Luego, un par de horas después, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación de la capital del país, en la que hizo una larga defensa de la reforma educativa, y repetía una y otra vez que habría descuentos a los maestros que no laboraran este lunes. “estamos de lado de las niñas y los niños, y los maestros que creen que es válido dejar sin clases a los menores están equivocados (…) De tal suerte que no vamos a dialogar bajo presión y mucho menos cuando se está violando la ley; si están haciendo una marcha dejando a niños sin clases, que es el derecho fundamental para exigir diálogo, esa no es la manera de exigirlo”, subrayaba.

Del mismo modo, Nuño intentaba decir, con energía, que en la SEP harían un balance del paro de labores realizado este lunes, y que de inmediato procederían a descontar el día a los maestros que no hubieran ido a trabajar, para posteriormente hacer una revisión de los directores y supervisores que no hubieran hecho los reportes sobre las inasistencias, para que éstos también fueran sancionados administrativamente. Y quienes acumulen más de tres faltas en un mes, serán dados de baja del servicio, reiteraba.

Mientras esto ocurría, los maestros le daban rienda suelta a sus movilizaciones. En la capital oaxaqueña no lograron hacer todas las acciones que habían previsto, pero sí lograron cerrar varios cruceros importantes para la movilidad de una buena parte de la ciudadanía. Aunque no todos participaron en las movilizaciones, sí en la capital y en la mayoría de los municipios de la entidad las escuelas estuvieron cerradas.

Esto significa que, por un lado, los maestros continúan respondiendo a los llamados de su sindicato sobre los paros de labores; por el otro, que no le tienen ningún temor ni a los descuentos ni a la amenaza velada sobre la pérdida de su empleo; y en un tercer ángulo pareciera que ninguno de los llamados de la autoridad han logrado permear entre las bases magisteriales que no reparan en reincidir en la dosis de los paros anunciados y consumados de labores.

¿Qué es lo que más llama la atención? Que a diferencia de algunos otros momentos, en los que el gobierno intentaba hacer presencia aunque fuera simbólica frente a las movilizaciones magisteriales, ahora no ocurrió. Todavía en las primeras horas de la tarde había reportes de que los profesores mantenían bloqueos en varios puntos de la entidad, y ni los discursos del Director General del IEEPO, ni las amenazas del titular de la SEP podían persuadirlos de deponer su decisión de mantener las movilizaciones.

¿Qué significa todo esto? Que al menos ayer, en Oaxaca volvimos al pasado. Ese pasado en el que la autoridad es una caricatura; en el que los maestros hacen y deshacen a placer; y en el que la ciudadanía es presa silenciosa de la ira magisterial sin control. ¿En esas condiciones quieren que creamos que ahora sí la reforma educativa va, y que las cosas van a cambiar en Oaxaca?

NO HAY REFORMA

Podemos suponer válidamente que los profesores oaxaqueños, y de varias entidades del país, siguen pensando que todo eso de los descuentos y los ceses por inasistencias, es una falacia que únicamente sirve para asustarlos pero que no va a ocurrir porque la SEP —que es ahora quien paga directamente la nómina magisterial en todo el país— no tiene el control de las incidencias y, le guste o no a Aurelio Nuño, los coordinadores, directores y supervisores de todo el sistema educativo nacional —y más aún los de la CNTE, que tienen un adoctrinamiento profundo sobre su militancia y lealtades políticas— siguen siendo profesores que, sin excepción, velarán por cuidar a sus compañeros, antes que entregarlos a la autoridad para que les descuenten.

Incluso, se puede suponer válidamente que los profesores tienen esa idea porque en realidad el único paro de labores que habían realizado antes que el de ayer, fue el del pasado 2 de octubre, cuando también se tomaron el día para protestar en las calles, o simplemente como de asueto, ante el llamado de su sindicato para cerrar las escuelas. Son dos paros de labores de un solo día en lo que va de una quincena.

¿Qué debería hacer entonces la SEP? Descontar cuanto antes, los días no laborados. Pero para eso necesita tener respaldos documentales —es decir, reportes de inasistencias— que quién sabe si llegue a conseguir sobre el 70 % por ciento de los profesores que no laboraron el 2 de octubre; y sobre el 65 % que según el director del IEEPO no fue ayer a clases. Sólo así podría descontar y no meterse en problemas. De lo contrario, descontará y luego reintegrará ante su imposibilidad de comprobar la inasistencia. Irremediablemente, para esos efectos, todos los profesores habrán laborado, y todos serán blanco de una persecución política. Podemos adelantarlo.

LA PRUEBA DEL ÁCIDO

Si este escenario previsible, ocurre, entonces estaremos ante el ocaso material de una reforma educativa que ha sido muy cuestionada, muy defendida, y muy implementada hasta con el cuidado de la fuerza pública, pero que no podría sortear la circunstancia del proceso administrativo para hacerla valer.

El CCCO, ¿qué destino tiene frente a la siguiente administración?

Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca

+ Es necesario aceptar el proyecto, no transar con él… como la velaria


La instalación de la velaria en el Auditorio Guelaguetza, fue una de las banderas políticas de la actual administración, cuando hace seis años era el principal grupo opositor al grupo que entonces gobernaba la entidad. Esa situación deben verla en perspectiva, a la luz de varias posibilidades relacionadas con el Centro Cultural y de Convenciones, que por el rechazo, la polémica y la incertidumbre que genera, hoy por hoy es al actual gobierno, lo mismo que fue la velaria para la gestión del gobernador Ulises Ruiz.

En efecto, es importantísimo ver el destino que tiene la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, a partir de una circunstancia específica: en los trece meses y medio que le quedan de gobierno a Gabino Cué, su gobierno difícilmente podrá culminar las obras relacionadas con el estacionamiento del complejo, y es prácticamente nula la posibilidad de que termine toda la edificación del CCCO.

Por esa razón, era muy importante una legitimación real del proyecto —y no el engaño que terminó siendo la consulta ciudadana realizada hace dos fines de semana—, para que éste no quedara al arbitrio de los cálculos políticos del gobierno que arranque en diciembre de 2016 —quizá contrario al actual, quizá no—; o simplemente fuera blanco del olvido o la connivencia, como lo fueron para esta administración varias obras como la velaria del Auditorio Guelaguetza, o los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Judicial.

En este sentido, es claro que el gobierno estatal debe revisar con puntualidad todos los escenarios, a partir de diciembre de 2016. Una de las posibilidades (la esperada, pero no necesariamente posible) era que por su grado de legitimación y respaldo ciudadano, la administración siguiente se viera obligada a continuar las obras del CCCO tal y como la dejó planeada el gobierno saliente.

Otra (más posible) es que el CCCO termine siendo una de las banderas políticas para los tiempos electorales, y que por tratar de conseguir respaldo ciudadano algún candidato o partido ponga en la arena electoral la promesa de no continuar con la obra del Centro de Convenciones, para captar la simpatía —y, sobre todo, el voto— de los que rechazan la obra. Una tercera posibilidad, radica en que simplemente el siguiente gobierno se desinterese de la obra, por no ser un proyecto propio ni respaldado por la ciudadanía.

A partir de este análisis, el gobierno de Gabino Cué debe revisar qué hizo con la velaria del Auditorio Guelaguetza, que en su tiempo fue una obra casi tan polémica y cuestionada como hoy lo es el Centro de Convenciones. Pues resulta que hace seis años (por ahí de 2009) el actual grupo gobernante era oposición, y una de sus varias banderas de rechazo al gobierno de Ulises Ruiz se centraba en la crítica a la arbitrariedad de la instalación de la velaria, y la exigencia de una consulta ciudadana para que los oaxaqueños opinaran sobre ella.

De hecho, abiertamente ellos se decían en contra del proyecto, y durante los tiempos electorales siempre hicieron creer a la ciudadanía que, de ganar los comicios, ellos corregirían esta situación devolviendo a los oaxaqueños un Auditorio Guelaguetza al aire libre, como se supone que la mayoría de las personas lo exigía.

En su momento, esa era una bandera legítima porque ellos, como muchísimos oaxaqueños, no estábamos de acuerdo en que se invirtieran alrededor de 200 millones de pesos en esa obra innecesaria, costosa y de poca utilidad para un recinto que anualmente se utiliza sólo en contadas ocasiones. Aún así, el gobierno siguió el proyecto. Y lo que ya no cuadró fue que sus antiguos opositores, una vez en el gobierno se convirtieran en los principales defensores de la velaria, y hoy tengan la firme intención de utilizar esa misma velaria como parte del contexto de su proyecto del CCCO, que tendría una conexión directa con el Auditorio (techado) para hacer de ambos inmuebles un solo complejo.

EL CCCO NO TIENE PERSPECTIVA

El CCCO se enfrenta a un problema mayor: la legitimación ciudadana que dice el gobierno que tiene el proyecto, es ficticia. Es así, porque a la consulta ciudadana sólo acudieron 19 mil personas (y seis mil votaron en contra), lo cual no constituye ni el uno por ciento de la ciudadanía con que cuenta sólo el municipio de Oaxaca de Juárez. A su vez, la consulta se supone que tenía como objetivo demostrar la aceptación ciudadana, y por ende la legitimidad que le permitiría al proyecto superar el cambio de los tiempos políticos.

No hay tal respaldo ciudadano y por eso lo único que quedaría es que el siguiente gobierno vea la conveniencia (sí, puramente la conveniencia) de continuar con el proyecto. ¿Se recuerda al entonces secretario de las Infraestructuras de este gobierno, Netzahualcóyotl Salvatierra López, argumentando denodadamente a favor de la velaria, cuando el grupo con el que llegó al gobierno la rechazaba firmemente? Su postura era, por un lado, la de un funcionario sometido ya no por la demagogia sino por los compromisos institucionales. Pero sobre todo, dejaba ver un acuerdo de negocios para concretar la obra, ahora con nuevos proveedores y nuevos beneficiarios, entre los que ya se encontraban personas del actual régimen a las que ahora les convenía continuar con el proyecto.

¿Qué ocurrió con los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial? Funcionalmente, el gobierno actual los olvidó, y regresaron a la vieja práctica de llenar de oficinas (ahora denominadas “alternas”, pero también rentadas, con cargo al erario estatal) en el primer cuadro de la capital. De entonces a la fecha, los dos conjuntos inmobiliarios han sido permanentemente soslayados y menospreciados por un gobierno que no sabe si sirven o no, pero que de antemano se decidió a no utilizarlos en sus verdaderas capacidades por ser una herencia del régimen anterior.

¿Qué futuro le espera, en esta perspectiva, al CCCO? Puede ser cualquiera de los antes descritos, los cuales pasan más por las conveniencias que por un verdadero sentido de actuar en función de lo que quiere la ciudadanía, y lo que le conviene al gobierno.

SOBREVALUACIÓN

Por cierto, siguen creciendo las historias (leyendas urbanas, hasta ahora, pero no por ello erradas) de que los terrenos aledaños al CCCO pasan por un momento de jauja. ¿Quiénes serán los adinerados que estarían haciendo en estas semanas, millonarias compras “de oportunidad” con esos predios?

¿Independientes? En Oaxaca no podría haber un “Bronco”

El Bronco

+ Independientes ganan, vale decir, con gente independiente


En Oaxaca varios sueñan con emular a Jaime Rodríguez Calderón, que como candidato independiente ganó la gubernatura de Nuevo León, y este fin de semana pasado tomó posesión en medio de una gran euforia ciudadana, y el respaldo a un político no visto desde hace 15 años cuando Vicente Fox le ganó la Presidencia de la República al PRI. El análisis simple dice que cualquiera que se envuelva en la bandera de “candidato independiente” y tenga un buen discurso, puede ganar. Sin embargo, hay condiciones objetivas que dificultan sobremanera esa posibilidad, en una entidad federativa como la nuestra.

En efecto, en los comicios de julio pasado la novedad fueron, por un lado, Rodríguez Calderón, que arrasó en la elección de Gobernador de Nuevo León como candidato independiente, asestándole una paliza a todos los partidos políticos. En el otro extremo, se ubicó Pedro Kumamoto Aguilar, que también ganó como candidato independiente el distrito correspondiente a Zapopan, Jalisco, y que llamó la atención por el bajo costo que tuvo su campaña y la enorme influencia que tuvo en su destino electoral el uso estratégico de las redes sociales.

En otro extremo se encuentra un contexto como el nuestro, en el que las condiciones sociales, económicas y políticas son totalmente distintas. Oaxaca es una de las entidades federativas que no únicamente concentra más condiciones de pobreza y marginación que casi todas las demás entidades del país, sino que además es una entidad en la que la dispersión poblacional es enorme, y en la que el acceso no sólo a conectividad, sino a servicios básicos de educación son deficientes y limitados en la gran mayoría de los centros de población que, a su vez, son zonas rurales.

En ese contexto, en Oaxaca los procesos electorales no son un asunto de convencimiento, sino una cuestión de dinero y de estructuras electorales. Históricamente, Oaxaca fue uno de los bastiones priistas cuando los comicios se acostumbraba ganarlos invirtiendo recursos económicos para los programas sociales o para el llamado “voto verde” o voto del campesinado, que por décadas estuvo fuertemente adoctrinado, y condicionado con los apoyos gubernamentales, a que dieran siempre su voto al PRI.

Cuando llegó la pluralidad de partidos al país, lo único que cambió en Oaxaca fue el color del partido que generaba la movilización y el uso de los recursos; pero finalmente ha sido un uso y costumbre que las elecciones las gane quien reparte más recursos, quien utiliza con mayor eficacia los programas de asistencia social con fines electorales, y quien crea la mejor estructura de promoción y captación del voto. Todo eso lo saben priistas, panistas y perredistas, porque todos han ejercido esas prácticas por igual para ganar los espacios de los que hoy gozan.

¿Cuál es la diferencia? Que, por un lado, las normas electorales abrieron la posibilidad de las candidaturas independientes, y esto ha incrementado el número de personas que quieren competir por un cargo de elección popular, y que saben que en esa condición no necesitan mantener ni demostrar disciplina a un partido sino que deben trabajar para conquistar la simpatía ciudadana.

Por el otro lado, están los grupos políticos que, ante su falta de prospectos para heredar o conquistar el poder, pretenden impulsar a independientes para ganar los comicios, para luego ir a reclamarles el apoyo ofrecido y continuar viviendo de las prebendas políticas. Por esa razón, hemos visto que sin ningún pudor gente que todavía milita en un partido habla de convertirse en candidato independiente. Un ejemplo de ello es el priista Samuel Gurrión Matías; pero no es el único que intenta hasta emular las muletillas del Bronco a ver si con eso gana popularidad entre la “raza”.

UN ESTADO POBRE

No se trata de la victimización de siempre. Oaxaca es un estado que tiene grandes problemas sociales, y rezagos de todo tipo, y por esa razón sería muy difícil –quizá imposible— que un candidato independiente tuviera el éxito de Nuevo León o Jalisco.

Por ejemplo, La candidatura de Kumamoto al Congreso llamó la atención de medios internacionales por el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su campaña, así como el bajo presupuesto con que se financió. Según su página de internet, recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

¿Podría hacerse una campaña así en Oaxaca? Evidentemente no, porque en Oaxaca el número de hogares que cuentan con algún tipo de conectividad a internet continúa siendo muy reducido incluso en los centros urbanos, y porque si bien cada vez más personas tienen un teléfono celular, sigue siendo una cuestión propia de los espacios más urbanizados que las propias redes de cobertura de las compañías de telefonía móvil ofrezcan algún servicio de datos para las personas. Así pues, en Oaxaca internet no es sinónimo de redes sociales. Y por eso un Kumamoto oaxaqueño no podría ganar unos comicios con el solo uso de Twitter o Facebook porque su penetración sigue siendo menos reducida que la oferta de una despensa o el condicionamiento de un programa social.

¿Y un Bronco oaxaqueño? Tampoco, porque aquí el candidato vale de forma similar a la estructura electoral que lo respalda. Rodríguez Calderón también recibió un fuerte apoyo de las redes sociales. Pero debemos entender las abismales diferencias entre Nuevo León y Oaxaca.

al final, tiene mucho que ver el discurso, la forma de presentarse ante el electorado, y los antecedentes. Sin embargo, la gran inercia contra la que se debe luchar es la de la pobreza. Sí, esa pobreza que tiene marginadas a cientos de miles de personas, y que las hace blanco de las conocidas prácticas de ingeniería electoral que llevan a simular resultados obtenidos legítimamente, y que le provocan un daño profundo a la democracia en México.

¿QUÉ INDEPENDIENTES?

En ese contexto, llama la atención que políticos como senador Benjamín Robles Montoya siga guardando silencio acerca de si dejará el PRD para también buscar una candidatura independiente. Pareciera que su intención no es esa. ¿Entonces?

Los diputados deben “tomar nota” de todo lo que hicieron mal

SCJN

+ Ministros, en muy pocas palabras resumieron pifias legislativas


Si hubiera más sentido de responsabilidad, los diputados de la LXII Legislatura deberían estar pugnando hoy en día por un mejor trabajo legislativo, y por una administración civilizada de sus recursos económicos. Es una locura que hoy en día el Congreso local atraviese por una gran crisis debido, por un lado, a la deficiencia del trabajo técnico legislativo que realizan; y por el otro, por la incapacidad de las fracciones parlamentarias por hacer el trabajo político que se supone que legitima su existencia. Esta situación los evidencia como improvisados y no como los profesionales de la vida política y parlamentaria que debieran ser.

En efecto, esta semana la Suprema Corte le “tumbó” a la Legislatura local un conjunto importantísimo de reformas en materia político-electoral, debido en gran medida a que los diputados no pudieron hacer un trabajo legislativo que cumpliera con los parámetros exigidos por la Constitución y la democracia en nuestro país. Casi al mismo tiempo, un grupo importante de diputados denunció también esta semana que en el Congreso habría un problema importante con la administración del presupuesto asignado para el presente año al Poder Legislativo. Ninguno de los dos temas es menor, y vale la pena resaltarlo.

Pues en el primero de los asuntos, los diputados debieran releer, repensar, y analizar, las razones por las que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar inconstitucional toda la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Corte para superar la votación de ocho votos que, según el artículo 105 constitucional, era necesaria para “expulsar” del orden jurídico nacional todo el contenido de la norma referida.

Al exponer el proyecto de resolución, el ministro Gutiérrez dijo: “se sostiene que, haciendo una valoración integral y en conjunto de todo el trabajo legislativo, se actualiza una trasgresión a los principios de legalidad y democracia deliberativa. Primero, no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria de la sesión de nueve de julio; segundo, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado, previo a la sesión o durante la misma; tercero, ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió́ cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político de manera inmediata; cuarto, sin solventar la inconformidad de un grupo de diputados y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del partido con la presencia de sólo veintitrés diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.

“Consecuentemente —continuó el Ministro en la sesión del lunes pasado—, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad, lo cual provoca una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propone declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado” (Versión taquigráfica de la sesión de pleno de la SCJN. 5 de octubre de 2015, págs. 51 y 52).

Todas esas son cuestiones que desde el primer momento fueron señaladas como errores y deficiencias en la conducción de la sesión en la que fue aprobada dicha ley. Incluso, puede decirse que no se necesitaba ser Ministro de la Corte para distinguir lo que ahí había ocurrido, y cómo los vicios del procedimiento habían sido tan profundos y tan visibles que el contenido de esa atropellada sesión se hacía insostenible.

Los propios diputados lo supieron siempre pero prefirieron el circo legislativo, y la soberbia de sostener sus decisiones a costa de todo, antes que reconocer sus pifias y enmendarlas. Por eso, el resultado final fue la Corte echó por tierra la norma sin siquiera entrar a su análisis. Y por eso mismo —por esa derrota “por default” — si hubiera conciencia, los diputados tendrían que repensar sobre su actuación y los resultados que le están entregando a Oaxaca.

LA JUCOPO, UN DESASTRE

Es hasta romántica la naturaleza jurídica de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su artículo 39 ésta señala: “La Junta de Coordinación Política, es la expresión de la pluralidad del Congreso; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.

Según el artículo siguiente (el 40), es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno del Congreso la designación del Oficial Mayor, el Tesorero y el Contralor Interno (fracción XV). Y según los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Tesorería recibirá́ de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para los gastos que origina el Congreso del Estado; y el Tesorero hará́ los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este efecto.

¿Por qué traer a colación todo esto? Porque resulta inverosímil, y hasta indigno, que diputados de varias filiaciones políticas le pidan cuentas públicamente al Tesorero, como si éste fuera un empleado superior a ellos, o como si éstos no tuvieran la potestad de solicitarle cuentas no sólo a él, sino también a la Comisión de Hacienda, por la forma en cómo se ha ejercido su presupuesto.

INCÓGNITAS

Esto se acentúa aún más, cuando fue esta misma Legislatura quien aprobó una reforma constitucional para hacer “irreductible” su presupuesto ante la tentación del Ejecutivo de reducirlo. Hoy en día, y a la luz de esos hechos, los diputados debieran explicar para qué querían un presupuesto anual ascendente, y para qué pelearon tanto por sostener su reparto partidista de las posiciones administrativas en el Congreso local, si hoy sus subordinados están más empoderados que ellos, y parece que no pueden controlarlos.

Con la ley de LIPEO se va un buen escenario para la coalición

Alianza

+ Adiós a candidaturas comunes, que eran “coalición selectiva”


El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó completamente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO), que contenía una serie de disposiciones claramente convenientes para los partidos políticos que acostumbran a conformar alianzas para ir a los procesos electorales. Una de las figuras que incorporaba esa ley —declarada inconstitucional por el desaseo en el procedimiento legislativo— era la de las coaliciones, frentes, fusiones y candidaturas comunes. Al anular la ley se dejó fuera esa figura, y con ello habrá un quebranto para la ingeniería electoral de varios partidos el año próximo.

En efecto, es necesario revisar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por la Suprema Corte más allá de los asuntos que fueron inicialmente ruidosos. Una de las cuestiones que había llamado la atención de esta norma, fue la incorporación de varias figuras que permitían “coaliciones light” de las cuales podían beneficiarse todos los partidos selectivamente, según la geografía política, y las fortalezas y debilidades de cada partido según sus estructuras electorales y de movilización. Esas figuras son las que a continuación señalaremos.

Las candidaturas comunes. Si bien la Ley General de Partidos Políticos contempla las fusiones, coaliciones y frentes, deja abierta la puerta para que los congresos locales legislaran otras figuras de participación o asociación de partidos políticos con el fin de postular candidatos. En el caso de Oaxaca, la figura alterna que utilizó el Congreso local en la LIPEO, fue la de las candidaturas comunes.

Acaso, la figura más parecida a ésta última que existe en la legislación nacional, es la de las coaliciones totales, parciales y flexibles, en las que dos o más partidos se comprometen a postular a la totalidad de sus candidatos en un mismo proceso electoral local o federal bajo esa figura, o a hacerlo —en el caso de las coaliciones parciales— en un 50 por ciento; o en un 25 % en el caso de las flexibles. No obstante, las candidaturas comunes contempladas en la ley electoral local daban aún más margen a los partidos políticos para postular candidatos comunes o en solitario, según fueran sus conveniencias.

Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, Las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

Incluso, el numeral 5 del apartado 3 de ese artículo 299, señalaba lo siguiente: “No será motivo de negación de la candidatura común el que los partidos participen en coaliciones en otros puestos de elección popular, salvo lo dispuesto en el artículo 88 numeral 3 y 4 en la Ley General de Partidos Políticos”.

GOLPE A LA INGENIERÍA ELECTORAL

¿Por qué esto es un duro golpe a los partidos que acostumbran coaligarse? Porque todo aquel que sepa de ingeniería o alquimia electoral, debe entender que cada partido tiene repartidas sus fuerzas y sus capacidades según la geografía del Estado, y que esa es una de las razones fundamentales por las que en cada proceso electoral define qué distritos o municipios son sus prioridades y a ellos enfila sus “esfuerzos” para ganar.

Esos “esfuerzos” bien pueden ser trabajo político genuino, pero también mecanismos de compra o coacción del voto. Y las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde son débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías.

Pongamos un ejemplo. En los últimos procesos electorales el PAN ha ganado siempre distritos como el de Ejutla, y el PRD era siempre de sus más cercanos competidores. Separados dividían su votación, pero, ahí, juntos la potenciarían. En las elecciones estatales no se han conformado coaliciones totales, porque no se juegan intereses superiores como los de la gubernatura.

A todo esto, la salida perfecta eran las candidaturas comunes porque constituían una forma de “coalición selectiva” en la que en cada distrito o ayuntamiento habría una definición propia sobre ir juntos, o por separado, según fueran sus posibilidades de triunfo frente a los adversarios naturales. En Oaxaca PAN, PRD y buena parte de los partidos minoritarios pueden aliarse; y el enemigo natural es el PRI.

Esto era magnífico para los partidos aliancistas porque les permitiría potenciar sus posiciones e incrementar sus márgenes de votación sin comprometerse en coaliciones totales, parciales o flexibles, al utilizar ese mecanismo de coalición selectiva. Así, se unirían donde les conviniera, y no lo harían donde de todos modos son bastiones de sus adversarios naturales, y esto multiplicaría la capacidad captadora de votos de esos partidos en el supuesto de tener un candidato a Gobernador postulado por una coalición de esos mismos partidos, al no haber en la entidad una cultura fuerte del voto diferenciado.

ADÍOS “DÍA DE CAMPO”

Esta es una de las figuras que cayó como parte de la LIPEO. Era un mecanismo muy útil, que siempre tuvieron escondido ciertos partidos, para utilizarlo en los tiempos precisos. Ahora tendrán que ir a coaliciones en las que tendrán que comprometer algo más que la voluntad del candidato. Esto quitará margen de acción a los que ya pensaban que, por figuras como éstas, 2016 sería un día de campo para su futuro político.

Congreso: Nadie va a responder por la vergüenza legislativa

SPCJN

+ Se constata Legislatura como costosa, improductiva e ineficaz


Ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prácticamente toda la reforma político-electoral aprobada en junio por el Congreso del Estado, y promulgada por el Ejecutivo local. Esta decisión judicial tendría que ser parte aguas, primero para que los poderes locales a los que les invalidaron la norma respondan a la sociedad por este yerro; y segundo, para que esos mismos poderes asuman la responsabilidad que han evadido, al pactar normas por intereses políticos y no considerando que Oaxaca es parte de una federación en la que existe una jerarquía normativa —federal e internacional— que deben considerar al emitir normas.

En efecto, ayer el pleno de la Corte concluyó la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que varios partidos políticos presentaron en contra de la reforma político electoral aprobada de última hora por el Congreso local. Los integrantes de la Corte no únicamente criticaron y reprobaron el hecho de que el procedimiento legislativo en este caso haya sido deficiente, sino que también invalidaron preceptos que son claramente contrarios a la norma constitucional federal. En todo eso, los ministros dejaron ver que la actitud de los legisladores locales fue inadecuada por pretender sobrepasar su marco de actuación, y por querer involucrarse en temas y situaciones para las que ellos no tienen facultades.

En ese sentido, uno de los argumentos fundamentales utilizados por los ministros al exponer los razonamientos en los que fundaron la decisión de optar por la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, fue el relacionado a que el procedimiento legislativo no se llevó a cabo correctamente, debido a que no existen indicios de que la convocatoria a los legisladores para la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, hubiera sido entregada en tiempo y forma a cada legislador para estar en condiciones de participar en el acto legislativo.

Otro fue el relacionado a que la mayoría de diputados que aprobó el dictamen, no permitió que se desarrollara una sesión en la que las minorías pudieran participar y exponer sus consideraciones. Empero, los argumentos más sólidos de los ministros tuvieron que ver con la clara intención de los legisladores locales por entrometerse en asuntos que no se encuentran en el ámbito de lo “decidible” a nivel local.

Así, los ministros hicieron una larga exposición de los aspectos que declararon inconstitucionales de la reforma político electoral, aunque técnicamente nunca surgió polémica alguna entre ellos, lo que significa que la unanimidad con la que se votó cada uno de los puntos alegados por los partidos promoventes era directamente proporcional a la invasión de competencias que nunca consideró la mayoría que aprobó esas normas.

¿Cuál es el problema? Que la LXII Legislatura ya no está en condiciones de enmendar sus yerros y aprobar una reforma que sea acorde con lo que marca la Constitución, y útil para ser utilizada en el proceso electoral que se avecina. Resulta que las normas electorales no pueden ser modificadas sino antes de 90 días antes de que inicie el proceso electoral siguiente. Por eso al finalizar el mes de junio, los diputados locales tenían una urgencia enorme de aprobar la reforma constitucional, y ya sobre el tiempo emitieron las normas reglamentarias de las nuevas disposiciones federales.

Tomando como base esta misma disposición, aunque los diputados llegaran a emitir una nueva legislación durante todo el año siguiente, ésta no sería eficaz porque no podría regir el proceso electoral que inicia dentro de unos días. Y si se supone que el mandato de armonización tenía como finalidad normar los procesos electorales venideros, entonces resulta que tenemos un Congreso que no sólo no hace su trabajo, sino que deja a la entidad que representa en un completo estado de incertidumbre jurídica y política, y a merced de las situaciones que regulan las normas federales.

RESPONSABILIDAD

Sabemos que México es el país de “no pasa nada” y por eso ante pifias como la que ayer terminó de exhibir la Suprema Corte del Congreso de Oaxaca, no habrá un solo responsable y mucho menos rodará cabeza alguna. Es así porque los legisladores finalmente vieron este trabajo de armonización de las normas electorales locales a las federales, como una oportunidad de obtener ganancias políticas en la intervención en diversos temas que no estaban bajo su potestad, y como un espacio para el “a ver si pega”.

No pegó. Y ahora resultará que en la LXII Legislatura local no habrá ni un solo responsable, porque como la iniciativa fue una entreveración de intereses, entonces todos son corresponsables, aunque eso signifique que en los hechos nadie responda en concreto.

Ya podemos prever el hecho de que el PRI diga que ellos no son responsables porque fueron parte de la “minoría” a la que supuestamente no dejaron participar.  PAN y PRD van a argumentar que ellos sometieron a consideración del supuesto pleno, un dictamen que previamente habían confeccionado y consensado con la fracción priista; y finalmente los diputados que no tienen partidos se sentirán “orgullosos” de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas locales, aunque eso no signifique ninguna mejoría para la salud política de la entidad, salvo la posibilidad de enmendar todo lo que se hizo mal en una reforma futura, que ya no harían ellos.

De facto, la Legislatura actual terminará casi en el mismo tiempo que el proceso electoral llegue a su fase final. Y en la vorágine del cambio de gobierno y de Legislatura —todo esto va a ocurrir en los siguientes 13 meses—, nadie tendrá ánimos ni capacidad política para impulsar una reforma como ésta que sí es urgente para Oaxaca. Así que la “armonía” político-electoral seguirá esperando, igual que el deber de al menos saber quién fue el o los responsables de esta pifia, y por qué razones todos en Oaxaca permitieron que esto ocurriera.

EL PRIISMO CANÍBAL

Ayer una parte del priismo festejaba porque, según ellos, la Corte había sacado de la jugada sucesoria a uno de los prospectos de su propio partido. No alcanzaron a ver que tumbando la nueva redacción del 68 constitucional, quedaba el precepto como se encontraba inicialmente, el cual tiene aún más espacios para la participación política de la ciudadanía en los procesos democráticos. Al final, el juego de espejos sirvió para exhibir el canibalismo, no para sacar a alguien de la ruta sucesoria.

Los defensores del Fortín de todos modos deben impulsar el plebiscito

Defensa del Fortín

+ Consulta carece de base legal, por ende no inhibe vías constitucionales


A raíz de la urgencia por legitimar la ubicación del nuevo Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal desplegó la más amplia campaña publicitaria para un proyecto específico de todo el sexenio. Movilizó a miles de personas, gastó cantidades millonarias en publicidad y no tuvo rubor en transgredir las condiciones de equidad que se supone que debieron existir para la realización de la consulta. Y como esto fue un simple ejercicio potestativo, carente de fuerza vinculante, y ajeno a cualquier mandato legal, entonces lo que los opositores al proyecto debieran hacer es de todos modos impulsar un plebiscito sobre el asunto.

En efecto, de entrada es necesario revisar y entender la naturaleza jurídica de la consulta realizada ayer por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Pues es necesario comprender, primero, que no es no son lo mismo, ni pueden ser equiparables, la figura del plebiscito con la de una simple consulta ciudadana; y segundo, que el “ejercicio democrático” que fue la consulta realizada ayer no cancela ni agota la posibilidad de emprender otra consulta, pero ésta sí legitimada por los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución del Estado.

¿De qué hablamos? De que, quizá, con la realización de la consulta ciudadana ayer, el gobierno estatal intentó adelantarse a la ciudadanía organizada en al menos dos supuestos: el primero, ganarle a los ciudadanos el paso de la exigencia de consulta, al ser el propio gobierno quien lo propuso directamente al IEEPCO, aunque mañosamente no a través de la figura del plebiscito que contempla la Constitución, sino por medio de una consulta sin bases legales y, por ende, sin obligatoriedad en sus resultados. Lo segundo que el gobierno intentó ganar a los ciudadanos es el hecho de que una vez realizada la consulta no hay más que hacer, y el resultado —seguramente muy amañado a su favor, por la enorme campaña que desplegó— tendría que ser acatado por las partes.

Es posible que en el campo político esto sí pudiera ocurrir, pero no en el campo de lo jurídico. Pues con el solo hecho de que la consulta realizada ayer no tiene fundamento legal —y más bien parte de una interpretación torcida de la Ley de Participación Ciudadana— se puede y debe entender que su realización y su resultado, tampoco inciden frente a los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran contemplados en el apartado C del artículo 25 de la Constitución local. Como jurídicamente la consulta no existe, entonces siguen perfectamente vigentes, y en posibilidad de ser ejercidos, los mecanismos de participación ciudadana relacionados con el Cerro del Fortín, y la construcción del CCCO en aquella zona.

Esta es la principal ventana de oportunidad que ahora tienen los opositores a que el CCCO se construya en el Cerro del Fortín, porque fuera de esos mecanismos parece que ya no existen otros que puedan llegar a ser igual de eficaces no sólo para obligar al gobierno a que cumpla con un resultado, sino también a establecer una verdadera línea de legitimación entre la ciudadanía.

A nadie le va a sorprender, por ejemplo, que la consulta de ayer haya tenido una bajísima participación ciudadana espontánea, y que se haya nutrido de las formas tradicionales de influir en algún proceso electoral. Esto ocurre porque una parte importante de la ciudadanía no logró ser convencida de algunas de las posturas que han establecido los impulsores y detractores del CCCO en el Fortín, y por ende la participación real es escasa, y ese será uno de los defectos principales de la legitimidad que quieran sacar de la consulta para la edificación de la obra.

QUE NO SE DETENGAN

La mañana de ayer, el artista plástico Francisco Toledo afirmaba que no participaría en la Consulta Ciudadana que se realizaría este domingo en la capital del estado para determinar si se construirá o no el Centro Cultural y de Convenciones pues, dijo, es una farsa; dudó que el proceso a cargo del IEEPCO, sea transparente y autónomo. “Mi postura se mantendrá firme, no puede cambiar, pues hay muchos elementos para afirmar que el Cerro del Fortín no es el mejor lugar para su construcción. Es un mal proyecto, está mal planeado”, agregó.

De lo que ya no dijo nada el Artista Plástico, y debiera ser fundamental en estos momentos, es de las supuestas 70 mil firmas que había ya recabado antes de que arrancara todo este proceso de la consulta. ¿Por qué son fundamentales? Porque esa cantidad de firmas bien podrían ser la punta de lanza para el impulso de un plebiscito ante el órgano electoral. Como debemos recordar, ese mecanismo de participación ciudadana sí puede ser impulsado directamente por la ciudadanía o por el Congreso local, para obligar al Ejecutivo a someter a consideración de la ciudadanía una disposición de naturaleza administrativa, como lo es la construcción de un edificio público en un espacio determinado.

Nada inhibe la posibilidad de esa participación. A Oaxaca no le sirve el derrotismo de quienes anticipadamente han acusado que la consulta de ayer domingo era una farsa o un fraude, como tampoco le sirve la simulación del gobierno de un supuesto ejercicio democrático, cuando lo que abiertamente ha hecho es manipular a distintos sectores de la ciudadanía, y trabar alianzas con grupos de presión como el transporte público, los locatarios de los mercados, o los sindicatos de la construcción, que finalmente dentro de muy poco tiempo irán a cobrar su apoyo a través de prebendas.

Al final, lo que Oaxaca necesita es una ciudadanía proactiva que ataje, con la ley en la mano, los intentos del sector público de simular acciones en las que en verdad no cree. La consulta de ayer es irrelevante en su resultado. Como no es vinculante, de todos modos el gobierno continuará construyendo el Centro de Convenciones, y esto quedará como un simple ejercicio indicativo que no tiene ninguna trascendencia. Y como todos los mecanismos de participación ciudadana están a salvo, entonces la ciudadanía necesita empoderarse para asumir su importancia en estos procesos.

ÚLTIMA ESCALA

Esta semana será determinante en la política oaxaqueña. La consulta de ayer fue el último dique antes del desbordamiento que será la sucesión del año próximo. A partir de ya, todo en Oaxaca puede esperar: son tiempos electorales, y el hambre, la injusticia, la pobreza y demás, quedarán en segundo plano.

El matrimonio como ente dinámico: ¿lo que sigue es legalizar la poligamia?

Unión Gay

+ En nuestro sistema, primero se debe consolidar la protección a los menores


Mientras en otras ciudades del país se ha explorado con éxito la posibilidad de legislar en materia del matrimonio civil con figuras vanguardistas como los matrimonios entre personas del mismo sexo, o el llamado divorcio exprés, en Oaxaca seguimos instalados en las figuras jurídicas tradicionales que además de ser infuncionales, son perniciosas para la sociedad, para los hijos de las parejas que ya no quieren continuar en matrimonio, y para quienes ven lastimados sus derechos por la negativa de nuestro Congreso a reformar esas figuras. En otros sistemas se habla de nuevas figuras. Aquí no alcanzamos ni siquiera a proteger y hacer valer lo que ya existe. Vale la pena revisarlo.

En efecto, hace algunos meses el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constató en jurisprudencia la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca al considerar que éste era discriminatorio al establecer que el matrimonio es un contrato que se celebra “entre un solo hombre y una sola mujer”. La discriminación, evidentemente, es para las personas del mismo sexo que pretenden hacer vida en pareja y, además, que pretenden establecer relaciones jurídicas de diversos tipos entre ellas, como poseer bienes, hacerse extensivos derechos sociales o, entre otras, asegurar sus respectivas sucesiones al momento de fallecer.

Por eso la Corte estableció que no sólo el precepto del código civil oaxaqueño, sino cualquiera en el país que tenga una redacción similar o equiparable, son inconstitucionales y que por ende frente a esas disposiciones debe entenderse que lo que dice es que el matrimonio es simplemente un contrato civil que se celebra entre dos personas. Hace tiempo ya, la Corte dijo que no podía obligar al Congreso de Oaxaca a cambiar la redacción de dicho artículo, pero sí le hizo una conminación muy enfática en el sentido de que debía “corregir” la redacción del precepto para evitar que éste fuera discriminatorio.

No es raro que, hasta el momento, el Congreso del Estado no lo haya hecho, y que tampoco tenga interés en hacerlo. Si nuestra honorable Legislatura no tiene capacidad ni para resolver sus asuntos más relevantes, mucho menos va a tener capacidad y “consensos” para entrar al análisis de estos asuntos que no reportan ganancias políticas, ni votos, ni dinero, pero que sí podrían impactar de forma importante en la vida de miles de personas que en su vida cotidiana enfrentan diversos problemas relacionados con su estado civil.

El Congreso bien podría tomar varias medidas, si un tema como ese fuera de su interés. El primero tendría que ser el de corregir esta inconstitucionalidad declarada en lo relativo al concepto del matrimonio. Otro, sería establecer nuevos lineamientos para la solicitud de divorcio. En otros estados del país se ha legislado el llamado “divorcio exprés”, en el que el contrato de matrimonio puede disolverse con la solicitud y la manifestación de voluntad de una sola de las partes, y no lo ata a arreglos interminables, o juicios por divorcios necesarios, que pueden durar años y de todos modos no cumplir con el objetivo de proteger a la mujer, a los hijos y todo lo que se relaciona con un matrimonio que sentimentalmente se termina.

Junto a eso hay otras figuras que en Oaxaca ni siquiera se conciben porque nuestro atraso es mayúsculo. No obstante, lo que llama la atención es que en otros lugares ya se está discutiendo la evolución de esas figuras que para nosotros son de vanguardia. Una de las rutas, se dice, es la relativa a continuar ahora con la revisión del matrimonio bajo la duda de si éste sólo puede darse entre dos personas, o si podría incluir la legalización de la poligamia.

¿DOS… O MÁS PERSONAS?

Hace cincuenta años, dice Cuitláhuac Castillo Camarena, en el blog El Juego de la Corte de la revista Nexos, era inimaginable pensar que dos hombres o dos mujeres lograran unirse en matrimonio, ¿por qué no podría ser similar con el hecho de que tres o más personas puedan hacerlo bajo una misma unión marital? Y si quisiéramos defender a capa y espada las uniones monogámicas –como ya es típico—bajo el interés superior de la niñez. ¿Ello no supondría mayor amor, recursos económicos y cuidado para los niños?

Sentencias como Obergefell v. Hodges y la jurisprudencia 43/2015, nos guste o no, fracturan un sistema tan añejo como la heteronormatividad y, en este caso, la monogamia como presunción aceptada por el derecho. Ambas nos obligan a cuestionarnos la finitud y contingencia de nuestras instituciones y, por consecuencia, de nuestros propios modos de vida. Al final, quizá sea nada más y nada menos acostumbrarse a los cambios y entender que estos no son más que lecciones de humildad.

Incluso, el autor de dicho texto señala que el ministro José Ramón Cossío, aseveró respecto al matrimonio que “es un producto cultural, dinámico y variable, construido de diversas representaciones y anhelos individuales que terminan por darle contenido social y, finalmente, forma jurídica”. Entonces, ¿es también la cantidad de personas que pueden integrar el matrimonio dinámica y variable?

Si la cantidad es una construcción social que en determinado momento fue útil, ¿acaso hoy existe alguna razón para impedir su variación? Aquellos adultos que comunitariamente se amen (si es que es o no pensable que puedan generar sentimientos de amor más de dos personas, en conjunto y ser recíprocamente correspondidas), ¿pueden o no aspirar a ser incluidas dentro del matrimonio?

En nuestro propio país, en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos la breve y contradictoria Ley de Libre Convivencia que entró en vigor el 1 de enero de 2014, en su artículo tercero señala que: “La libre convivencia es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua.” El único requerimiento es tener la voluntad de cohabitar, no estar en alguna relación matrimonial, e ir ante un notario público para celebrar el feliz nacimiento de una relación polígama permitida por el ordenamiento jurídico mexicano (http://bit.ly/1QPv9yK).

EMPUJAR LOS CAMBIOS

Hoy se nos hace de locos creer en la legalización de la poligamia. Pero hace no tantos años pensábamos lo mismo del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Al final, podemos estar a favor o en contra, pero lo importante es que temas como éstos se discutan.

¿Cuánto tiempo va a pasar antes que el ulisismo traicione a sus candidatos?

Ulises Ruiz

+ Coquetean con el oficialismo, en su desesperación por ver perdido el futuro


El ejercicio de la política tiene a la oportunidad como de sus pilares, y a la traición como uno de sus principales lados oscuros. Esos son dos puntos clave para entender los movimientos actuales de uno de los principales grupos políticos en la entidad, que está perfilando sus baterías rumbo a la sucesión gubernamental del año próximo. Todo parece indicar que el ulisimo está haciendo lo necesario para transitar hacia un ansiado retorno al poder, aunque eso implique traicionar a sus prospectos orgánicos y trabar una alianza con un sector del grupo gobernante.

En efecto, en Oaxaca la política es un quesillo y sus avatares lo demuestran. En todos los partidos políticos hoy se libra una lucha feroz por las definiciones tempraneras rumbo a las candidaturas del 2016. En todos los institutos políticos, y en todos los grupos, campea la idea de que la contienda hay que ganarla desde ahora, y que para hacerlo hay que actuar con más oportunidad que estrategia. Sólo así se puede entender esta ruta precoz hacia la sucesión gubernamental, y la inquina que rápido está aflorando entre los grupos en su intento por ganar los espacios que aún no están en disputa. El PRI es un claro ejemplo de ello.

En ese partido, dos grupos políticos luchan por tomar la delantera en la carrera por la candidatura a gobernador, y después por la sucesión. Uno es el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que ha caminado más o menos cohesionado en los últimos años, pero que no ha visto coronada su intención de ser el grupo dominante. A todos ellos, les pesa sobremanera la derrota electoral de 2010, y su incapacidad de ganar alguna otra posición importante en la entidad, de entonces a la fecha. El otro grupo, es el que se ha amalgamado de todas las demás corrientes políticas que no aceptan la idea de que un grupo derrotado y desacreditado sea quien continúe definiendo el rumbo de ese sector político en la entidad, y que también tiene a sus aspirantes a la gubernatura, destacadamente entre ellos el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa.

Si ese es el contexto doméstico del priismo, esto se entrelaza de forma importante con el panorama político general de la entidad. El ulisimo fue el principal grupo que combatió al actual grupo gobernante, al que no le pudo ganar en los comicios de 2010, y al que no ha podido derrotar en la entidad de entonces a la fecha. El grupo comandado por el ex gobernador Ulises Ruiz ha sido no sólo señalado, sino perseguido judicialmente por el actual régimen, y aún tiene pendientes diversas cuentas administrativas y penales de su propio desempeño al frente del gobierno oaxaqueño entre 2004 y 2010. Parecía, frente a todo eso, que no habría podido haber puntos de encuentro entre el anterior grupo gobernante y el actual, simplemente porque uno intentó derrotar al otro, y porque el actual gobernante ha perseguido a sus antecesores.

¿Qué ocurre? Que hoy parece que en el ánimo de recuperar el poder, el ulisismo parece estar dispuesto a pactar hasta con sus peores adversarios en otros partidos siempre que esto implique combatir al grupo priista que no les permitió ejercer su poder plenamente luego de la derrota electoral de 2010. Comienzan a dar pautas sobre esa intención, aunque en realidad todo parece un intento desesperado por recuperar el poder público que, de otro modo, no podrían reasumir prácticamente bajo ninguna circunstancia. Veamos.

EL PASE DE LISTA

Hace dos días apuntamos en este mismo espacio: “El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata”.

¿De qué hablábamos? Del evento social organizado por el diputado federal del PRD, José Antonio Estefan Garfias, al que inopinadamente asistió un nutrido grupo de ulisistas orgánicos que en otros años hicieron hasta lo imposible por encontrar un pretexto para disculparse por su inasistencia a ese mismo evento. Evidentemente, el diputado Estefan se encuentra en una posición distinta a la que tuvo en los últimos años, y hoy es nuevamente uno de los integrantes de la baraja política del régimen rumbo a la sucesión del año próximo. Esta circunstancia implica un cambio de posición importantísimo que es el que parece que ha impulsado al ulisismo para tratar de acercarse a este personaje, en busca de un posible acuerdo político para caminar juntos en la ruta del 2016.

Evidentemente, la circunstancia común es la posible ruptura de toda posibilidad de alcanzar una candidatura importante a través del priismo. José Antonio Estefan Garfias es un aspirante natural a la candidatura, ahora por los partidos del actual régimen, y entonces parece que el ulisismo está tratando de generar empatía con ese grupo, para tratar de abrirse una ruta rumbo a la gubernatura ahora que sus credenciales dentro del PRI están más desvalorizadas que nunca.

El problema es que ese grupo, el del ex gobernador Ruiz, tiene a sus propios prospectos a los que tendría que abandonar en aras de su nostalgia por el poder. Esos personajes son el senador Eviel Pérez Magaña y, eventualmente, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. Este escenario en ninguna forma es descabellado y más bien pinta de cuerpo entero una posibilidad real, en la que por conquistar eventualmente una parte del poder político en la entidad, el grupo del ex gobernador Ruiz tendría que traicionar a varios de los suyos, comenzando por sus dos prospectos a la gubernatura. Sólo sería cuestión de tiempo.

LAS DISCORDIAS

¿Cómo procesaría el ulisimo, ahora que intenta acercarse a sus adversarios naturales, la cercanía que a su vez tiene con dicho grupo, el ex secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, y su principal enemigo declarado, Jorge Franco Vargas? Es, por ejemplo, uno de los asuntos que tendrían que procesar quienes ahora están dispuestos a dar todo con tal de regresar al poder.

Sordera política por CCCO: “escuchar” a quienes no deben

Obra CCCO

+ Hay un preocupante y deliberado vacío técnico sobre la obra


Una de las manifestaciones más claras de la sordera política, y de la demagogia que envuelve la consulta ciudadana sobre el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), es la de ir preguntarle a quien no deben, y al mismo tiempo dejar de lado todas las opiniones calificadas. Al final, la continuación de dicho proyecto no es un asunto de popularidad ni exclusivamente de aceptación ciudadana. Más bien, es un asunto técnico y de seguridad para la ciudad, sobre el cual nada se ha abundado.

En efecto, este fin de semana se va a realizar la llamada consulta ciudadana sobre la realización del CCCO, para conocer el sentir de la ciudadanía. El ejercicio es organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y según lo que ha manifestado el consejero Presidente del órgano electoral, Gustavo Meixueiro Nájera, la jornada durará nueve horas el domingo próximo y se instalarán 147 mesas receptoras de opinión, en las que se distribuirán 213 mil 105 boletas correspondientes al listado nominal del Registro Federal de Electores en el municipio de Oaxaca de Juárez. La idea es que todos los ciudadanos con registro en la capital oaxaqueña estén en condiciones de acudir a emitir su opinión sobre la realización del proyecto.

Este ejercicio, más allá del matiz democrático que le han intentado dar el gobierno estatal con la anuencia del IEEPCO, este ejercicio demuestra varias cosas: primera, que al final el gobierno le apuesta a la forma más precaria de legitimidad —un burdo disfraz de democracia—, equiparando la aceptación popular del proyecto con la viabilidad técnica y urbanística, que finalmente tendría que ser el principal parámetro para aceptar o rechazar la obra.

Segunda, que en aras de hacer un ejercicio fácil y controlable, el gobierno estatal impuso —y el IEEPCO aceptó— que la consulta se circunscribiera únicamente a Oaxaca de Juárez, como si el municipio citadino fuera una isla en medio de la nada, y como si a la demarcación correspondiente a la capital no hubiera por lo menos una veintena más de municipios en los que habita, trabaja y se desarrolla la gran mayoría de las personas que todos los días fluctúan en la capital y realizan algún tipo de actividad en la zona céntrica en la que se intenta edificar la obra.

Tercera, que ni el propio IEEPCO tiene certeza de que el resultado de su consulta ciudadana de verdad puede ser un indicativo verificable y sostenible de una auténtica opinión mayoritaria, y de la viabilidad, de la construcción de la obra. Por esa razón, en cada declaración que ofrece a los medios informativos, el consejero Meixueiro Nájera a los medios informativos, se limita a señalar que el IEEPCO “sólo organizará y proveerá el andamiaje para que la voz de los oaxaqueños sea escuchada”. Esto choca con la necesidad básica de que un ejercicio como éste sea interpretado, valorizado y hasta encauzado, si lo que se requiere es que de verdad éste sirva como referente del respaldo y la legitimidad ciudadana. El IEEPCO nada dice al respecto, y por eso lo que puede esperarse es que todos atiendan al resultado lineal de la consulta sin ir más allá de lo que la ciudadanía considera sobre este asunto.

¿A QUIÉN PREGUNTARLE?

Esta es una de las cuestiones más relevantes. Pues lo que se hará es únicamente abrir la consulta a la ciudadanía, sin importar que sólo un número muy menor de ciudadanos esté verdaderamente consciente de lo que implica la construcción de una obra como la que se quiere, en el espacio en el que se desea. Si no todos tienen esa conciencia razonada, son menos aún los que podrían tener una opinión técnica especializada sobre las implicaciones y los riesgos, o los beneficios y las bondades, de que una obra como esa se construya específicamente donde planea el gobierno.

Pues parece que al final el gobierno optó por evadir cualquier cuestionamiento técnico para dejar el asunto únicamente en manos de la popularidad. Y como en ese campo de lo “electoral” es mucho más fácil moverse que en el técnico, entonces decidieron convertir la consulta en un auténtico acarreo, y dejar que la manipulación supla la necesidad de contar con respaldo y opinión de las personas o grupos especializados a los que, desde el inicio, la STyDE les fue a preguntar —en su afán de “socializar” el proyecto, pero a puerta cerrada— y sólo le espetaron cuestionamientos, advertencias y hasta reclamos por la temeraria intención de construir el CCCO en un espacio como las faldas del Cerro del Fortín.

Al final, es cierto que la opinión del pintor Francisco Toledo únicamente tiene fuerza moral y legitimidad por su calidad de defensor permanente de la ciudad, pero no porque sea una opinión técnica o especializada. No obstante, el gobierno tampoco ha tenido intención alguna de cubrir ese espacio vacío con la consulta a los colegios de profesionistas relacionados con la planeación, cimentación, construcción y urbanización del CCCO. Es decir, que deliberadamente ha evadido escuchar la opinión de los colegios de arquitectos, de ingenieros o de urbanistas, entre otros, que existen en Oaxaca, y mucho menos a los colegios nacionales, los institutos científicos relacionados con el tema, o las instituciones académicas de mayor prestigio, como debiera ameritar el caso.

Al final se debía tratar de gozar de la mayor legitimidad posible, para continuar adelante con la obra. Pero esa legitimidad debía ser una cualidad bien ganada, bien cimentada e irrefutable. ¿De qué serviría la opinión de un artista, frente a un aluvión de opiniones técnicas calificadas a favor de un proyecto como ese? El problema es que quieren avalar el CCCO a partir de una cuestión de popularidad pero no de sustento real. En esas condiciones, no extrañan las prácticas del acarreo, de la inducción de la opinión ciudadana, y hasta acciones de ingeniería electoral con tal de lograr el objetivo fácil de ganar una consulta.

¿MITO O VERDAD?

Entre la gente —y también entre algunos grupos políticos— se comenta que recientemente fue comprada una propiedad, en efectivo y por una suma multimillonaria, que es contigua al hotel del que es accionista el secretario José Zorrilla. Un asunto de plusvalía que ya habría disparado el interés y la codicia por las áreas aledañas a donde estará el CCCO. No hay certeza sobre la operación, pero sí de que, si aún no ha comenzado la puja feroz por esos predios, esto ocurrirá a partir del lunes próximo.