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Transporte: ¿Por qué no permitir que llegue Uber a Oaxaca?

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Uber

+ Rechazo implica condenarnos todos al atraso y al mal servicio

Ayer los taxistas de la capital oaxaqueña salieron a protestar en contra de la próxima introducción del servicio tipo Metrobús, así como por la posibilidad —un rumor— de que se podría realizar una reforma a la Ley de Transporte para permitir el funcionamiento de sistemas de transporte colectivo utilizados a partir de tecnología de geoposicionamiento global. Aunque la protesta pudiera ser entendible a partir de la lógica de la protección de los intereses gremiales, desde la ciudadanía debiera exigirse el rompimiento de los monopolios para conseguir la nada sencilla posibilidad de un mejor servicio al usuario.

En efecto, desde el día previo el gremio del transporte concesionado de la capital oaxaqueña anunció una protesta en contra del llamado Metrobús (que en Oaxaca recibirá el nombre de SitiBus) y también contra servicios como Uber. Los líderes del taxismo citadino exigen una mesa de diálogo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo para exponer su inconformidad  para que se autorice el servicio de taxis Uber por considerar que se trata de una competencia desleal.

De entrada anunciaron que no bloquearían las vialidades de la capital oaxaqueña. Sin embargo, también advirtieron que lo harían, en los principales cruceros, si no eran atendidas sus demandas. Un par de horas después establecieron una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, y alrededor del mediodía anunciaron que retirarían su concentración de unidades en el Centro Histórico luego de alcanzar acuerdos preliminares con la dependencia que encabeza Carlos Santiago Carrasco.

Hasta ese punto, pareciera que los taxistas locales tienen alguna motivación legítima para protestar en contra de sistemas como Uber que, en definitiva, los superarían desde el inicio tanto en precio como en calidad del servicio. En lo que corresponde al SitiBus, la protesta del taxismo citadino más bien parece un apoyo a su oligopolio hermano del transporte urbano y suburbano, que también se vería involucrado en una nueva dinámica de competencia y mejoramiento del servicio, a la que hasta ahora se han resistido a partir de su sola capacidad numérica y de presión al gobierno estatal.

Ahora bien, en varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma, pues es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado.

Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?  Esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

¿COMPETENCIA DESLEAL?

En paralelo, en el escenario local, los transportistas han rechazado la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, porque —aseguran— va a afectar al sector y  provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general; y porque sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad. Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

QUE HAYA COMPETENCIA

Los oaxaqueños debemos apostar a que haya competencia. Puede entenderse que el pulpo camionero, o los taxistas, defiendan sus intereses y a su gremio frente a las nuevas modalidades de competencia. Pero ese, con respeto lo afirmamos, es problema de ellos. Nosotros como ciudadanos debemos exigir calidad, eficiencia, seguridad, comodidad, y no resignarnos a la condena de un mal servicio sólo porque a ellos les puede afectar la competencia. Esa posibilidad es simplemente insostenible. Por eso, frente a los nuevos sistemas, lo más sano y conveniente es que todos se pongan a competir, traten de mejorar y no nos conviertan a los ciudadanos en rehenes de su ineficiencia y resistencia al cambio.

UABJO: ¿por qué era tan importante controlar la Comisión Electoral?

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Martinez Helmes

+ Con esas acciones, los Martínez reconocen tácitamente falta de control

Para muchos sigue siendo una interrogante por qué repentinamente, el martes se desató la violencia en la Máxima Casa de Estudios. Anteayer, dos grupos se enfrentaron en el recinto donde se celebraría una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Aunque la causa aparente del zafarrancho era el conflicto que persiste en la Escuela de Ciencias por la designación de su Director, en realidad la crisis de fondo se explica en el intento del rector Eduardo Martínez Helmes de darle un albazo a los demás grupos de la Universidad, en la designación de los integrantes de la Comisión Electoral.

En efecto, hace dos semanas apuntábamos en este espacio que un punto neurálgico del control político de la Universidad, se centra en el Consejo Universitario. Decíamos, de hecho, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia.

Repasando la Ley respectiva, el artículo 34 establece que dicho Consejo se integra por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario?, nos preguntábamos en aquel momento. Y entonces planteamos un aspecto que paulatinamente cobra mayor relevancia: Porque una cosa es ganar los comicios, y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector, lo cual aplica desde el momento mismo de su toma de protesta como tal. Y según las maniobras actuales del grupo del rector Eduardo Martínez Helmes, resulta que ellos están particularmente interesados en mantener el control político de la Universidad aún quebrantando los principios básicos de la equidad, desde la médula. En ese sentido, la Comisión Electoral juega un papel clave en esta situación y por eso el interés inusitado del Rector por asestarle un albazo a todos sus oponentes. ¿De qué hablamos?

De que la Comisión Electoral juega un papel clave en cada sucesión universitaria, porque como lo establece la propia Ley Orgánica de la UABJO, ésta es la encargada de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en lo que concierne en la elección del Rector. La Comisión Electoral es integrada por el Rector, por el Secretario General de la Universidad; por cuatro representantes del sector académico; cuatro representantes del sector estudiantil, y dos representantes de los trabajadores administrativos, todos ellos miembros del Consejo Universitario, dice el artículo 45 de la Ley, además de dos representantes de cada uno de los candidatos.

En ese sentido, la Comisión Electoral tiene una importancia determinante en cada proceso electoral, porque al ser todos sus integrantes miembros del Consejo Universitario, termina siendo esta Comisión ante quien materialmente toma protesta cada nuevo Rector, en cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica, de que la unción formal en dicho cargo ocurra ante el Consejo Universitario.

EL DESCONTROL

Volvemos a la pregunta inicial: ¿Por qué si el rector Eduardo Martínez Helmes dice tener el control total del Consejo Universitario, pretendió asestar este certero albazo? Lo hizo porque en realidad no detenta ya el poder que presume, y porque tampoco tiene la capacidad de permitir que se conduzca un proceso en el que del Consejo Universitario emanen figuras hacia la Comisión Electoral, que no le sean incondicionalmente afines. El albazo, en ese sentido, es una premonición de una elección álgida. Por eso el intento descarado —aunque fallido— de concretarlo.

Para entender lo anterior, es también necesario considerar una cuestión de hecho: en cada elección de Rector, es justamente al seno de la Comisión Electoral en donde, la noche de la jornada electoral, se negocia entre los grupos universitarios —y el gobierno estatal, que siempre es quien da el verdadero voto de calidad en este proceso— para establecer la nueva configuración universitaria que regirá los años siguientes.

Ahí es donde cada Rector ha negociado los espacios que le cede a la oposición para dotar de gobernabilidad y equilibrios a su gestión. Y por eso mismo, era un espacio clave que pretendía tener bajo su control el rector Martínez Helmes, —según su lógica— para no perder la ventaja en una posible negociación del resultado la noche de la elección universitaria.

En ese sentido, quienes conocen y han vivido dichos procesos saben que la Comisión Electoral es fundamentalmente un espacio de negociación que, en la medida que se cierra y se abre, permite la concurrencia de los distintos grupos dentro de la Universidad. Sólo que en un escenario como el actual, el empecinamiento por mantener el control de dicha Comisión más bien se explicaría en un intento de reventar la jornada electoral —en el escenario de la derrota de los Martínez—; o de intentar una toma de protesta fast track, sin negociación y con manotazos —como es la nueva práctica de Abraham Martínez Alavés— en el caso de ganarla por un margen estrecho de votos favorables.

Al final, si de verdad hubiera control, no tendrían por qué hacerle pasar estos tragos amargos a la Universidad, que recuerdan sus peores años y que la ubican en el espacio de la barbarie y las obsesiones, que la gran mayoría quisiera ver desterrado. Por esa razón, todo apunta a que en realidad el actual grupo en el poder universitario ya resiente una merma importante en su poder, y por eso estas maniobras desesperadas para tratar de controlar lo que aún creen que tienen en sus manos.

BORDEAN AL CONGRESO

Luego de la contradictoria experiencia de que la LXII Legislatura no ratificara a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Ejecutivo estatal tomó una vía alterna: ante la renuncia de José Zorrilla a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, optó por nombrar una titular encargada: Ángela Hernández Sibaja, que al tener ese estatus “provisional”, no tendrá que pasar por los trámites y caprichos legislativos. Ver para creer.

UABJO: soberbia de los Martínez revienta Consejo Universitario

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Sesión UABJO

+ Intentaron madruguete en la conformación de Comisión Electoral

 

Ayer la violencia regresó a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y, como era de esperarse, la causa fue el arranque subrepticio, pero fracasado, de la sucesión de Rector. Una sesión —a hurtadillas— del Consejo Universitario terminó en gases lacrimógenos, jaloneos y amenazas no sólo por la efervescencia natural del relevo en la rectoría, sino sobre todo por la forma en cómo el grupo del rector Eduardo Martínez Helmes pretende seguir pisoteando a los demás grupos universitarios.

En efecto, en las primeras horas de la tarde de ayer fue noticia la suspensión violenta de una sesión de Consejo Universitario que se realizaría en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la máxima casa de estudios. De entrada, llamó mucho la atención que una sesión de Consejo Universitario no pudiera llevarse a cabo, ya que al menos en los tres últimos lustros no se recuerda que algún acto porril o de grupos políticos hubiera derivado en la suspensión de una sesión, del máximo órgano de dirección de la universidad oaxaqueña.

Si eso llamó la atención, lo que sí provocó verdadera alarma fue que esa suspensión hubiera ocurrido en medio de un acalorado acto violento, en el que dos grupos llegaron al punto del enfrentamiento. En redes sociales, casi de inmediato circularon videos en los que se apreciaba a un grupo de estudiantes y profesores encarando a algunos integrantes del Consejo Universitario, y a otras personas —luego se supo que éstos eran policías vestidos de civil, y grupos porriles afines al rector— intentando detener a quienes llegaron a impedir que se concretaran los trabajos del Consejo Universitario.

En la respuesta a la pregunta de qué ocurriría en esa sesión, puede entenderse el acto violento, y la desorbitada respuesta de la Rectoría que exacerbó la violencia. Básicamente, eran dos puntos los que se tratarían en esa sesión: uno, era la instalación de la Comisión Electoral, que sería la encargada de conducir los trabajos técnicos rumbo a la elección del sucesor del rector Martínez Helmes.

Otro punto que se trataría en esa sesión, sería el relacionado con la problemática que ha prevalecido desde hace varias semanas en la Escuela de Ciencias, producto de que la rectoría impulsó el desconocimiento de las autoridades legítimamente electas por la comunidad universitaria. El ingrediente subjetivo que hacía falta para terminar en este desastre, se centra nada menos que en el hecho de que hoy en día ni en el mismo Consejo Universitario existe un respaldo a las acciones del grupo político que comandan los Martínez Helmes. Todo eso se combinó para terminar en violencia. ¿Qué ocurrió?

Primero, que dicha sesión de Consejo Universitario, con carácter de extraordinaria, fue convocada a espaldas de varios grupos políticos. Esos grupos a los que no se les convocó ni se les avisó anticipadamente de dicha sesión, son justamente los que en otros tiempos fueron parte del clan de los Martínez, pero que paulatinamente se fueron alejando por la intolerancia y las exigencias de sumisión incondicional por parte de Abraham Martínez Alavés, padre del actual rector y “líder moral” de dicho grupo.

Así, si esa ya era una razón suficiente para una sesión de Consejo convulsa, el asunto que tratarían era determinante: el grupo de los Martínez Helmes quería conformar una Comisión Electoral sólo con integrantes afines a ellos. Por eso no convocaron a los demás grupos, que de todos modos se enteraron y decidieron acudir. Ello se combinó con el hecho de que maestros y alumnos de la escuela de Ciencias se enteraron que también en esa sesión tratarían su problemática, y pretendieron acudir para ser escuchados en sus demandas de respeto a la elección de su director. Así, esas dos situaciones se conjuntaron, pero se encontraron con la situación de que los grupos porriles y de seguridad del Rector —comandados por el cuñado del rector, Helios Zárate Ramírez—, trataron de sellar el recinto donde se llevaría a cabo la sesión.

Ahí inició la trifulca: los asistentes alegaron, con razón, que por disposición expresa de la Ley Orgánica de la Universidad, todas las sesiones de Consejo Universitario deben ser públicas. La negativa y la reiteración a permitirles el acceso, derivó en el enfrentamiento que terminó en el hecho de que la seguridad del rector lanzó gases lacrimógenos y hubo un enfrentamiento violento, como hace mucho tiempo no se veía en la Máxima Casa de Estudios, en el desarrollo de una sesión del Consejo Universitario para la elección de una Comisión Electoral.

DOBLE DISCURSO

Esta situación puso en claro que, entre varias otras cosas, la ahora conocida como “la familia real universitaria”, es decir, el grupo de los Martínez Helmes, sigue emprendiendo acciones de desesperación para mantener un poder que no supieron alimentar con trabajo y tacto político. Evidentemente, esa sesión de Consejo Universitario bien se pudo haber llevado a cabo en otro momento, porque hasta hace relativamente poco tiempo gozaban de un consenso amplio al interior del ese órgano colegiado. Lo perdieron al empecinarse en querer heredar el poder sin limitaciones de pudor y sentido político. Y por eso hoy enfrentan una situación que está en vías de alcanzar la situación de incontrolable.

En ese sentido, la familia del rector reiteradamente exige que existan condiciones democráticas para llevar a cabo los procesos políticos de la universidad. Sólo que actos como éstos dejan en claro que el discurso se aleja cada vez más de la realidad; pues aunque exigen el cumplimiento de condiciones para una competencia electoral que quieren aparentar como equitativa, ellos pretenden tomar burdamente la delantera a sus adversarios a través de maniobras como ésta.

Evidentemente, los Martínez no han logrado su cometido, no sólo por la pluralidad de corrientes políticas dentro de la universidad, sino también por el consenso —cada vez mayor— entre sus grupos contrarios, de ya jubilar al actual grupo en el poder y darle paso a una nueva etapa en la Universidad.

RETUMBOS POLÍTICOS

Como siempre, lo que pasa en la UABJO es sintomático de lo que viene para Oaxaca. Parecen dos caras de un mismo escenario, que ojalá no se enturbie más: efervescencia, enrarecimiento, competencia feroz, intentos de albazo, reacomodos interminables. Meses álgidos le esperan a Oaxaca.

Santa Lucía del Camino: municipio olvidado; gobierno rapaz

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GH

+ Galdino Huerta esquilma a habitantes; no resuelve problemas

Pocas veces se había visto en Oaxaca, a un gobierno municipal tan decidido a maltratar y abusar de sus habitantes, como el de Santa Lucía del Camino con Galdino Huerta Escudero al frente. En los más de dos años que lleva al frente de ese municipio, Huerta se ha caracterizado por ser una autoridad ávida de recursos para mantener los acuerdos políticos por los que se mantiene al frente del Ayuntamiento, a pesar de que hasta ahora no sólo no ha resuelto los problemas del municipio, sino que los ha incrementado.

En efecto, Galdino Huerta llegó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, luego de una atropellada elección en la que había, por lo menos, dos cuestionamientos de fondo. El primero, que Huerta no tiene arraigo social o político en aquel municipio conurbado a la capital; y segundo, que la elección municipal terminó decidiéndose en un tribunal, en donde se declaró a Huerta por el margen de un voto sobre José García, que era candidato del Partido Social Demócrata, luego de haber sido fustigado por el PRI en su proceso interno presuntamente por el arreglo económico entre Huerta y Alejandro Avilés Álvarez.

¿Qué pasó después? Que su victoria de un voto era aparentemente democrática pero insostenible políticamente. Ahí, Huerta volvió a caer en las manos de Alejandro Avilés, que ya para entonces era diputado local, coordinador de su fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso local. Con esa ascendencia legislativa, y con la conocida capacidad de Avilés para maniobrar en conflictos políticos y sacar provecho de ellos, no le fue difícil entablar un acuerdo con su par, el diputado Manuel Pérez Morales, para “conciliar” un arreglo político entre Huerta y José García que —según— le diera gobernabilidad al municipio.

Con ese arreglo, Huerta le escrituró el destino de los habitantes de ese municipio, a gente ávida de dinero. Para que éste pudiera asumir la Presidencia Municipal, se acordó que García fungiera como síndico municipal. En el reparto —del que en gran medida eran beneficiarios los “facilitadores” que operaron el acuerdo desde del Congreso— también se incluían las participaciones municipales, la obra pública y el producto de la recaudación propia. Huerta, en su empecinamiento por ser presidente, se vio obligado a repartir el presupuesto y las posiciones administrativas municipales.

Por eso, Galdino Huerta pronto se dio cuenta que no habría dinero que le alcanzara. Por esa razón, luego de un par de trifulcas por el dinero en la tesorería con la gente de José García, se decidió a tomar toda clase de medidas impositivas y perturbadoras en contra de la población. Ésta sería, en términos simples, quien pagaría los costosos acuerdos políticos que primero le permitieron gobernabilidad al municipio, pero que después convirtieron al Ayuntamiento en una aspiradora de recursos de la población, a pesar de que no han sido capaces de resolver un solo problema del municipio.

¿Qué hicieron? Tuvieron la cortesía de, por ejemplo, crear un cuerpo de Policía Vial, que ha sido tan voraz, inservible y molesto para la ciudadanía, que hoy por hoy es la corporación más repudiada de todos los valles centrales. No es para menos: los elementos que conforman esa Policía Vial nunca tienen la preocupación de resolver uno solo de los muchos problemas que enfrentan las calles y avenidas de esa población. Más bien, su única misión ha sido la de molestar, extorsionar y vigilar a los automovilistas para que —según— cumplan un reglamento que, además, enfrenta problemas legales de origen por haber sido emitido en sesiones de cabildo que han existido sólo documentalmente.

AUTORIDAD RAPAZ

Todos los días, casi a cualquier hora, uno puede ver a elementos de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, andar a pie por las avenidas Hornos, Ferrocarril —en la parte que le corresponde—, Lázaro Cárdenas y El Rosario. Su misión no consiste, nunca, en ayudar a la agilización del tráfico cotidiano o auxiliar a los automovilistas cuando enfrentan alguna contrariedad. Esa policía fue hecha únicamente para molestar al ciudadano, y para imponerle sanciones ante la menor situación posible según contemplada en su reglamento de tránsito.

Basta ver cómo ninguna de sus dos patrullas —autos viejos, contaminantes, y hasta hace pocas semanas incluso sin placas de circulación— está tampoco para hacer alguna labor constructiva. Todos están dedicados a vigilar. Lo único que traen en las manos, siempre, es su block de infracciones. Y éstas se han caracterizado por ser de las más caras que se cobran por un ayuntamiento en todo el territorio estatal.

Algo muy similar ocurre con su operativo alcoholímetro. Pues carentes de todo pudor —al ser ellos los que más han alentado los giros negros en la zona conurbada de Oaxaca— son también los mayores vigilantes de que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Esa, que pudiera ser una función loable, también la emprendieron con fines eminentemente recaudatorios.

Así, los conductores que por alguna causa se quedan detenidos en el alcoholímetro municipal de Santa Lucía, son sancionados con multas exorbitantes que, además, pueden pagar en el mismo acto ante el juez calificador, y continuar su camino. Para ellos el alcoholímetro es un medio más de recaudación, y no una forma de sancionar al conductor irresponsable y, sobre todo, cuidar su vida y la de los demás ante el hecho de que conduzca bajo los efectos de alguna bebida embriagante.

Lo más paradójico es que Santa Lucía del Camino en casi dos años y medio de administración no ha sido capaz ni siquiera de tapar los hoyancos y baches que existen en las calles en las que todos los días hostigan a los particulares. Quizá, dicen, no arreglan las calles para que los vehículos no puedan ir a más de 5 o 10 kilómetros por hora, y así los puedan alcanzar sus agentes que, para variar, hacen su trabajo a pie.

COBRO DE DERECHO DE PISO

A estas alturas ya es bien conocida la avidez insaciable del gobierno de Huerta: ha enfrentado pleitos con empresas como Cablemás, Maderería la Asunción y ahora hasta una escuela privada a la que, según denuncian, le quería cobrar 130 mil pesos anuales por concepto de continuación de operaciones. Huerta está urgido de dinero para pagarle a sus avaros padrinos, y para recuperar lo que dice que invirtió en su campaña. Todos los problemas de Santa Lucía siguen ahí. Y él pasará a la historia doméstica de Santa Lucía, con ese triste legado.

Estado debe cuidar para qué servirá informe de Comisión de la Verdad

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+ Es necesario documentar esos hechos, no ser una herramienta electoral

 

En días próximos, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregará su informe final sobre las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007. Como es predecible, dicho informe incluirá una relatoría de hechos así como una enumeración de servidores públicos, víctimas, e integrantes de la ciudadanía, que tuvieron alguna relación con dichos acontecimientos. Este informe, constituye una oportunidad histórica para que los oaxaqueños sepamos con exactitud qué pasó durante la crisis social de hace casi una década. Es deseable que se logre dicho objetivo y no que el informe termine siendo una herramienta política para los tiempos electorales.

En efecto, desde que en noviembre de 2014 se integró la CVO, se estableció que sería en la primera quincena de marzo de 2016 cuando entregarían y darían a conocer su informe final. En dicho documento, dijeron los integrantes de la Comisión al tomar protesta, se consignarían “los elementos necesarios que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como las recomendaciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se vivieron en ese periodo en Oaxaca”.

Esta posibilidad constituye una gran oportunidad para Oaxaca. El problema es que insistentemente, a esta CVO se le ha intentado presentar como un instrumento de persecución de delitos, o de fiscal, que evidentemente no debería tener. Pues como su propio nombre lo dice, una Comisión de la Verdad es creada para conocer palmo a palmo el conjunto de hechos ocurridos durante un periodo específico, en el que probablemente habrían ocurrido violaciones a derechos fundamentales. Por eso, aunque suene a redundancia, una Comisión de la Verdad está hecha para conocer la verdad, antes que para perseguir a los presuntos responsables de la comisión de delitos, incluso los de lesa humanidad.

En ese sentido, parece que en Oaxaca hubo un conjunto de confusiones que dieron pie a esta aparente dualidad de la Comisión de la Verdad, que como su nombre lo dice, está conformada para la investigación de hechos, pero que según su decreto de creación, también tiene como encomienda de contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, cometidos contra las personas con el movimiento social ocurrido en el Estado los años 2006 y 2007 (parte final del artículo 6 de la Ley que crea la CVO).

Asimismo, en las atribuciones de la Comisión de la Verdad también se encuentra una que está encaminada a la persecución de delitos. En la fracción VIII del artículo 8 de la Ley, se señala que la CVO tiene como atribución “denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito a los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos, para que implementen las acciones legales correspondientes en términos de ley”.

Frente a todo esto, vale una pregunta: ¿Además de perseguir el cumplimiento de sus funciones naturales de investigación, una Comisión de la Verdad debe ser también una especie de “coadyuvante” del Ministerio Público, o una denunciante formal de hechos que a su consideración constituyan delitos? Más aún: ¿una Comisión de la Verdad puede utilizar su informe de resultados como una especie de dedo flamígero que acuse, cuando se supone que la tarea de perseguir delitos debiera ser propio de las autoridades ordinarias, justamente como el Ministerio Público o los jueces, según sus respectivas competencias?

QUE NO SEA HERRAMIENTA POLÍTICA

Parece una expresión de Perogrullo, pero una Comisión de la Verdad debe dedicarse a buscar la verdad, y nada más. No es una afirmación tajante en el sentido de que no pueda expresar opiniones, o incluso poner a disposición de las autoridades el resultado de su investigación, para que esa sea la pauta para la persecución de algún delito que posiblemente hubiere quedado impune. Lo que es mucho más delicado, es que formalmente una Comisión de esta magnitud se cree con esa finalidad persecutora, así sea marginalmente.

¿Por qué? Porque, como lo apuntamos aquí desde que se planteaba la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad sobre el conflicto magisterial de 2006, hacerlo significaría de entrada el reconocimiento tácito del propio Estado en Oaxaca, de que todas las autoridades e instancias bajo sus órdenes son incapaces de llevar a cabo esas investigaciones, no sólo para conocer la verdad sino también para perseguir delitos. Ordinariamente, esa es una tarea del Ministerio Público y de los jueces. Y el hecho de que venga una Comisión a hacer ese trabajo de sistematización de información con el objeto de llegar a una verdad histórica, significa que el trabajo de las autoridades ordinarias es inservible.

Evidentemente, esa es apenas una arista del problema. A todos debe quedar perfectamente claro que ni esta Comisión, ni cualquier otra que se jacte de ser seria y tener finalidades creíbles, debería tener como misión hacer juicios de valor o señalamientos específicos. Una cosa es conocer la verdad a partir de la corroboración de hechos y testimonios de los involucrados, y otra muy distinta la de ser un fiscal que señala y acusa según su perspectiva de lo investigado.

Esto último pone a la CVO, y sus resultados, en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Primero, porque la tentación de acusar resulta natural de cara a un episodio como el ocurrido en Oaxaca hace una década. Segundo, porque hay una proclividad casi natural —aunque no por ello justificable— a señalar directamente las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos. Y tercero, porque por el momento político por el que atraviesa el Estado —la sucesión de Gobernador y el reacomodo de las fuerzas políticas en la entidad—, también sería una tentación enorme la de utilizar los resultados del informe como una herramienta de fines político-electorales.

ESCENARIOS CAMBIANTES

¿Por qué el PRI en Oaxaca sigue moviendo fechas y programas de sus procesos internos para elegir candidatos a diputados y autoridades municipales? Ello refleja falta de seriedad, además de poner en duda la operación política para determinar a sus abanderados. ¿Dónde están esos codiciosos “generales” priistas que según iban a ser el factor de estabilidad para las campañas en la entidad?

¿De verdad la ruptura del PT tiene origen en el pago de favores?

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Benja

+ Los partidos coaligados evitan pasar por un proceso autocrítico

La noche del viernes el senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, anunció que será candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo. Esta noticia sorprendió, porque ello implica la salida de dicho partido de la coalición que ya tenía pactada con el PRD y el Partido Acción Nacional. Ante los hechos, las fuerzas políticas coaligadas denunciaron la injerencia de otras fuerzas políticas en los procesos internos de esa alianza. Pero lo que no hacen es reconocer que sus propias fallas contribuyeron a la fractura de sus posibilidades de triunfo en Oaxaca.

En efecto, antenoche la dirigencia nacional del PT anunció su decisión de apoyar al senador con licencia y ex perredista, Benjamín Robles Montoya, como su candidato a gobernador de Oaxaca para la lección del próximo 5 de junio. Al mismo tiempo, el PT envió un aviso al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca donde informó de su separación de la alianza denominada “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” donde lanzarían a un mismo candidato a Gobernador.

Mientras eso ocurría en la capital del país, el todavía representante en Oaxaca, Rafael Armando Arellanes Caballero, aseguraba que la versión de la postulación de Robles por el PT era falsa. Pero una vez que todo se confirmó, éste anunció su dimisión como dirigente estatal de ese partido. Luego vino la siembra de dudas por parte del perredismo, respecto a la posibilidad legal de que Robles pudiera ser candidato del PT. Según dichas versiones, Robles Montoya habría sido designado candidato por el petismo, a pesar de no haber presentado formalmente su renuncia a las filas del PRD.

En consecuencia y para efectos legales, refería una nota de Excélsior, Benjamín Robles sigue siendo perredista, ya que su carta de renuncia como integrante del Sol Azteca no ha sido entregada en la ventanilla del partido que lo llevó a convertirse en senador por su estado. Esta declaración se la dio al diario de la capital del país, Edgar Blasio García, integrante de la Comisión Nacional de afiliación del PRD, quien destacó la relevancia de formalizar ante las instancias respectivas la salida de un partido político, sobre todo de cara a un proceso electoral.

Incluso detalló que “ciertos personajes” —haciendo una alusión clara a Robles— consideran que con el sólo hecho de anunciar públicamente su retiro de las filas del partido es suficiente. Otros lo hacen, dijo, con la intención de que si en otro partido no consiguen sus intereses, opten por regresar al PRD conservando todos los derechos que les da sus años de militancia partidista.

“La postulación del senador Robles por el PT en Oaxaca actualiza la posibilidad de la cancelación inmediata de la membresía del senador (…) pues mientras no tengamos el escrito de renuncia sigue siendo integrante del partido, una vez que haga formal su registro como candidato de otro partido se actualiza esta reforma estatutaria y en este momento se cancela su membresía”, aseguraba a Excélsior el perredista.

Ya ayer, trascendidos soltados por el propio equipo de campaña de Robles Montoya referían la posibilidad de que éste fuera candidato no sólo del PT, sino también del PUP, del Social Demócrata y del Partido Encuentro Social. Hasta las primeras horas de la tarde de este jueves no había confirmación expresa de tales situaciones; aunque evidentemente aún existe la posibilidad de que haya sustitución de candidatos dado el marco jurídico que rige al proceso electoral.

SOSPECHAS SIN AUTOCRÍTICA

La tarde de ayer, el coordinador parlamentario del PRD en la cámara de diputados federal, Francisco Martínez Neri, sostuvo que la salida del PT de la coalición en Oaxaca, obedece a un pago de factura al PRI por ayudarles a mantener el registro.

“Yo quisiera empezar por manifestar que esta madrugada, el PT resolvió disolver su participación de la alianza que se había armado en Oaxaca con el PAN y con el PRD. Quiero manifestar que nos parece bastante sospechosa la dimisión del Partido del Trabajo de esta alianza y que, desde luego, nos remonta a pensar que se trata de facturas que el PT estaría pagándole al PRI por haberlo salvado de su pérdida de registro y que hoy fue Colima y después es Oaxaca”, señaló.

En entrevista con El Universal, Martínez Neri afirmó que las acciones del PT son actos “perfectamente planeados por el PRI”, quien tienden a descarrilar la alianza de PAN-PRD en Oaxaca para la gubernatura. “Tanto el PRD como el PAN está suficientemente fortalecidos en Oaxaca, y vamos a trabajar muy fuertemente por conservar la gubernatura y, desde luego, por desenmascarar acciones de esta naturaleza”, anotó.

Hasta ahí todo parece muy correcto frente a la desbandada aparente que generó la salida formal de Robles Montoya, y el apoyo del PT. Sólo que en esa explicación, el PRD y el PAN no han atinado a entrar al necesario proceso autocrítico por el que debieran pasar no sólo para explicar este cisma, sino sobre todo para abordar lo relacionado con el proyecto de continuidad que representan esos dos partidos y su candidato, en un contexto en el que irremediablemente se enfrentarán a la polarización de la ciudadanía, y a una competencia electoral atomizada por la diversidad de candidatos, cargos de elección popular en juego, proyectos, y aspiraciones políticas.

En el fondo, no se trata de sólo ponerse a repartir culpas en el exterior, o de asumir una postura chovinista en la que todo lo malo viene del exterior, sin asumir también que existe una parte de responsabilidad que está en sus acciones y en las decisiones tomadas para sostener sus intereses cupulares, frente a la necesidad de generar consensos.

El reto que enfrentarán es mayúsculo, ya que ahora habrá al menos tres candidatos con capacidad importante de competir. Y si no asumen una postura crítica que les permita entender sus errores y convertirlos en oportunidades, entonces terminarán emulando al PRI que, en 2010, fue derrotado tanto por su guerra interna, como por la fortaleza de sus adversarios.

MUCHA PLURALIDAD

Actualmente, en el Congreso local hay nueve partidos representados. Esa pluralidad —que pudiera pensarse como sinónimo de democracia— no ha servido para nada, porque el Legislativo está paralizado, dominado por intereses, y sin capacidad resolutiva. Estos comicios, por la atomización del voto, reforzará esa pluralidad… y seguramente los problemas que ésta trae aparejada. ¿Lo ven quienes pretenden gobernar Oaxaca?

Robles se repartirá su capital político con partidos minoritarios

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Benja PT

+ Mantendrán registro a cambio de darle gusto con su candidatura

 

Benjamín Robles Montoya ha tardado demasiado en anunciar que será candidato de al menos dos partidos políticos con registro local, pero ayer el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ya dejó en claro que sí puede ser abanderado en la carrera por la gubernatura. Sólo falta ver los movimientos necesarios para que eso ocurra, aunque realmente la trascendencia de esta posibilidad radique no en lo que sume a su causa, sino en lo que divida en las contrarias.

En efecto, ayer Gustavo Meixueiro Nájera le dijo a la Agencia Quadratín Oaxaca que Robles Montoya tiene a salvo sus derechos político electorales y puede, si así lo desea,  contender por otro partido político a la gubernatura del estado. “Cualquier persona puede ser postulada por algún partido político siempre y cuando no participe al mismo tiempo en un proceso de selección en otro instituto político”, dijo.

“La ley lo que imposibilita es que una persona pueda participar al mismo tiempo en dos o más procesos internos de selección de los partidos políticos o de coaliciones”, detalló, mientras aclaraba que en el caso de Robles Montoya, como de cualquier otro ciudadano que haya participado en un proceso de selección interna y otro partido o coalición decida, quiera y pueda postularlo, “lo puede hacer siempre y cuando cumpla con el procedimiento interno de ese partido político de selección de candidato”.

Frente a esto, vale la pena repasar lo que ha pasado en los partidos minoritarios, que son en los únicos en donde Robles Montoya tendría cabida. Como apuntábamos en días anteriores, el Verde Ecologista y Nueva Alianza se registraron en coalición con el PRI. Con el PAN y PRD se registró el Partido del Trabajo. Y quedaron libres el Partido Social Demócrata, Encuentro Social, Unidad Popular y el Partido Renovación Social, además de Movimiento Ciudadano. Estos dos últimos ya manifestaron expresamente que no irían con Robles Montoya como candidato a Gobernador. Así que como únicas opciones “vacantes” quedan el PSD, el PUP y Encuentro Social.

Tanto el PUP como Encuentro Social no han definido quién sería su candidato a la gubernatura, por lo que aún tienen las puertas lo suficientemente abiertas como para definir que éste sea Robles Montoya. En el caso del PSD, aunque ya tiene como candidato al diputado local Manuel Pérez Morales, aún podría entablar una negociación con Robles Montoya —si no es que ya la tiene en marcha— para llevar a cabo una sustitución de candidato en los términos que establece el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que se aplica en lo que alcance a regular, al no existir una legislación local armonizada a la última reforma política. ¿Qué dice el CIPPEEO?

En su artículo 160 señala: Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitaran por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones: I.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirse libremente; II. Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de este Código; y III.- En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por este al Consejo General, se hará́ del conocimiento del partido que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.

CANDIDATURA COMÚN

De este modo, la figura de la sustitución de candidato se combinaría, en este caso, con la de las candidaturas comunes. Resulta que una de las bondades de la nueva ley electoral, que sí tiene aplicación porque se encuentra en la Constitución del Estado y no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, es la figura de las candidaturas comunes. ¿Qué significa? Que en este caso, una misma persona puede ser candidato de varios partidos sin necesidad de que exista un convenio formal de coalición, como el que sí tienen los partidos que se aliaron para compartir diversas candidaturas bajo un mismo esquema de campaña.

Según lo que dispone la ley electoral, el proceso para sustituir candidato podría ser utilizado por el PSD bajo la lógica de que el diputado Pérez Morales renuncie a su candidatura y en ésta se sustituya por el Senador con licencia. En el caso del PUP y Encuentro Social, no habría mayor problema, ya que estos partidos aún no han hecho pública ninguna definición sobre algún tipo de proceso interno que estén llevando a cabo para la postulación de su candidato a la Gubernatura. Dicho procedimiento, en el fondo, puede ser tan simple como que su Asamblea o Consejo Estatal lo defina directamente, o que esto ocurra a través de algún mecanismo simplificado de postulación.

En el fondo, todo esto parece menos interesante que la duda de cuál será el destino de los votos que se lleve Robles Montoya. Evidentemente, la cuestión complicada no radica en cuántos sufragios ciudadanos sume, o qué tan eficaz pueda ser la operación de las estructuras electorales con las que cuenta el michoacano. En el fondo la incógnita es a quién le va a arrebatar votos, y quién será el beneficiario implícito de esa aparente decisión arrebatada de inscribirse aún a sabiendas que ni la combinación de su voto duro con las estructuras electorales de los mini partidos, serían suficientes para ganar la gubernatura.

Al final, todo apunta a que Robles terminaría arrancándole a la coalición PAN-PRD-PT una franja de votos que, casi en cualquier escenario, le sería muy necesaria para poder afianzar la victoria electoral. Ejemplos hay varios en Oaxaca de cómo el esquirolaje es una práctica conocida a través de las cuales se gana una elección a través de la capacidad de modificar las variables del voto duro.

¿COMO DOS GOTAS DE AGUA?

Sería muy lamentable, para todos los que han creído en su causa y proyecto, que Benjamín Robles Montoya terminara siendo a la elección de Gobernador, lo que Hugo Jarquín ha sido, y seguirá siendo, en cada elección a la alcaldía de la capital: no el candidato que juega a ganar, sino el que lo hace, buscando arrebatarle votos a unos para que otro de sus contrincantes comunes gane.

GC y Conago: destino marcado por beligerancia magisterial

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GC-CONAGO

+ Oaxaca era lastre; hoy es baluarte federal de la ley educativa

El lunes el gobernador Gabino Cué asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, luego de un largo proceso de acomodos en la relación de Oaxaca con las demás entidades federativas, y con el gobierno federal. Este hecho revela una paradoja de la política nacional: nuestro estado era, hace dos años, una especie de paciente leproso por el problema con la CNTE, pero hoy resulta ser un baluarte del gobierno de la República en la defensa de la reforma educativa. En gran medida, eso explica el intrincado camino del gobernador Cué a la Presidencia de la Conago, que tardó más de dos años en concretarse.

En efecto, vale la pena recordar que desde septiembre de 2014 estaba previsto que el Gobernador de Oaxaca asumiera la presidencia de la Conago. Sólo que, en aquel momento, desde los meses previos diversos intereses se unieron para impactar en contra del gobierno de Oaxaca, y mostrarlo ante la mirada nacional como el único responsable de que hasta entonces no se hubiera podido implementar la reforma educativa en nuestra entidad.

De hecho, esos intereses —en aquel momento del gobierno federal, pero también de varios gobernadores— que se unieron para hacer ver al gobierno estatal como el único responsable de la crisis educativa, ignoraron deliberadamente que en los últimos tiempos fue el gobierno federal quien terminó de empoderar a la 22, cuando en las negociaciones políticas del conflicto de 2006 decidieron cumplir todas las exigencias económicas y políticas del magisterio para que éste se apartara de la revuelta popular.

En esa lógica, quienes presionaron en 2014 para que Oaxaca no figurara en la presidencia de la Conago, pasaban por alto que lo que entonces pasaba la entidad por el problema magisterial no eran sino las consecuencias de años de abandono y desinterés federal por el manejo que dieron sucesivas administraciones estatales a los aspectos administrativos y financieros de la educación que eran de origen federal, y que por ende debieron también estar permanentemente bajo la vigilancia de las autoridades federales.

En ese sentido el gobierno federal tardó mucho tiempo en asumir la injusticia que estaba cometiendo en contra de Oaxaca, al haberle transferido todo el costo político del problema magisterial, cuando en realidad debieron haberlo pagado institucionalmente juntos, porque aún cuando no fueron ni el gobernador Cué ni el presidente Peña quienes le dieron poder a la 22, sí eran ellos quienes tenían el deber no personal, sino institucional, de responder por lo que en otros momentos hicieron los gobiernos que ellos encabezan.

Por eso, hasta mediados del año pasado la decisión sistemática del gobierno se centró en bloquear al gobierno de Oaxaca en cualquier cuestión que pudiera parecer relevante para la vida nacional. Una de las formas en que eso se demostró fue en el bloqueo que aplicaron varios gobernadores, estimulados por la propia federación, para que impidieran el paso del gobernador Cué a la presidencia de la Conago, bajo el argumento de que una entidad débil y emproblemada como la nuestra no sería un buen referente de lo que ocurría al seno de los gobiernos estatales.

Cuánto han cambiado las cosas, que hoy si una entidad cuida el gobierno federal es a Oaxaca, ya que su único baluarte político por el supuesto éxito de las reformas estructurales está precisamente aquí, donde al menos ya lograron contener la fuerza de los trabajadores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

CONTRASTES

En los dos primeros años de gestión, el gobierno federal trató con mucha soberbia a entidades como la nuestra. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se sentía lo suficientemente fuerte como para no sólo conseguir las reformas, sino para implementarlas sin el apoyo de nadie.

La primera parte del trabajo lo consiguió a través del Pacto por México, por medio del cual lograron los consensos y las mayorías legislativas que eran necesarias para consolidar las reformas en los ámbitos constitucional y legal. Y, de hecho, el problema no radicó en que tuvieran problemas para implementar las reformas, sino en que las grietas de la corrupción, de la complicidad y del conflicto de interés, mermaron gravemente cualquier grado de legitimidad y credibilidad que pudieran tener, y todo se terminó de agravar con hechos como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, las revelaciones sobre las mansiones de funcionarios de primer nivel, y el derrumbe de la industria petrolera mundial, que eclipsó los alcances de la reforma energética.

Frente a ese panorama, ¿qué le quedaba al Presidente? Únicamente defender el único bastión que le quedaba a salvo, pero que ellos mismos habían estado socavando a través de su mala relación con el gobierno de Oaxaca. Hasta entonces, el gobierno federal se empecinaba en mostrar al gobierno oaxaqueño como cómplice de la Sección 22 y como promotor del ausentismo en las aulas.

El problema es que una vez que vieron que el fracaso de las otras reformas empujaba también la caída del nuevo modelo educativo con un Oaxaca como paradigma del incumplimiento, decidieron cambiar la estrategia para impulsar la recuperación de la rectoría de la educación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el gobierno de Oaxaca no tuvo reparo en actuar en consecuencia al interés federal. El gobierno del Presidente de la República no sólo no encontró oposición, sino que halló a un gobierno local ávido de ser escuchado en sus planteamientos y respaldado en su necesidad de replantear la relación con el sindicato magisterial. Solo no podía hacerlo. Pero con el apoyo federal quedaba claro que las cosas podían cambiar sustancialmente.

Todo eso se vio reflejado en la requisa al IEEPO y en la implementación de la reforma educativa federal aún a sabiendas de que no existe una normatividad estatal que complemente las nuevas figuras de la reforma federal. Eso finalmente no ayudó tanto al gobierno federal como sí reposicionó al de Oaxaca, que hoy se presenta como una entidad totalmente distinta a la que se intentaba mostrar hace apenas un año y medio, cuando la obstrucción era la moneda de cambio de la relación del gobierno local con el federal, y con los de otras entidades federativas.

REIVINDICACIÓN

En el fondo, esta es una reivindicación no sólo a Gabino Cué, sino a Oaxaca. En el fondo, eso es lo más trascendente de que el Gobernador haya asumido la presidencia de ese órgano colegiado de mandatarios estatales.

Sección 22: aunque lo niegue, su poder está menguado

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seccion22

+ No están en lucha electoral; sus exigencias, de coyuntura

Ayer la Sección 22 sitió la ciudad de Oaxaca pero, aunque lo intentó, no logró hacer la demostración de fuerza que pretendía, y mucho menos el desafío a la reforma educativa que, aunque pobremente, ha mantenido en el discurso. Sí consiguió hacer algunos bloqueos viales; pero según los hechos no hubo aquellas manifestaciones multitudinarias que en otros tiempos organizaban casi en tiempo real. Así, lejos de demostrar fuerza, dejaron ver que carecen de organización, de respaldo de sus bases y de capacidad para incidir en la lucha electoral que ya está en puerta.

En efecto, ayer integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron bloqueos en carreteras de Oaxaca para presionar al establecimiento de una mesa de negociación con autoridades del Gobierno de Oaxaca. En la capital oaxaqueña, unos 500 maestros bloquearon los cruceros del Periférico y Símbolos Patrios, así como del Parque del Amor.

Asimismo, según la agencia Quadratin, unos 200 maestros bloquearon el crucero del IEEPO, el del Monumento a la Madre y el de 5 Señores, en el sentido rumbo a la Avenida Universidad. Los docentes bloquearon además la carretera internacional Cristóbal Colón, a la altura del puente del PRI. Fuera de la ciudad de Oaxaca, los maestros bloquearon el tránsito en el Puente de Fierro en Tehuantepec, en todos sus sentidos; en Matías Romero, bloqueando el paso Istmo-Cuenca.

En Tapanatepec bloquearon el paso al estado de Chiapas. En Huajuapan, realizaron un bloqueo en el crucero del Chacuaco en la carretera federal 190; en Yucudaa, bloquearon el paso a Tlaxiaco. Por su parte, la Supercarretera está bloqueada a la altura de Nochixtlán. También, los maestros bloquearon la carretera federal 200, tramo Pinotepa-Acapulco, a la altura de la Estancia. Autoridades educativas calculan una participación de 3 mil docentes y personal que busca la regularización.

Con este conjunto de acciones, pareciera que hubo una gran movilización magisterial. Aunque lo cierto es que sólo fueron contingentes relativamente pequeños de profesores los que perpetraron todas las acciones antes descritas. En ese sentido, la apariencia fue que el gobierno decidió ser prudente con los profesores, al no impedir que realizaran los bloqueos. Acaso esto pareció como una forma en la que permitieron que esto sirviera como una especie de válvula de escape para las manifestaciones magisteriales que de todos modos deben ocurrir regularmente.

De hecho, sólo cuando los profesores inconformes comenzaron a tomar acciones violentas, en el crucero del IEEPO, se hizo presente la fuerza pública como una forma también de demostrar que ante la persistencia de las acciones sí podrían entrar en acción. Al final, lo que pareció fue que el gobierno estatal decidió no intervenir directamente en las acciones de la Sección 22, y dejar que sean las disposiciones relacionadas con la reforma educativa las que operen para sancionar a quienes faltaron a clases.

¿Por qué? Porque de inmediato el IEEPO activó diversos canales de comunicación para invitar a la ciudadanía a que realizara la denuncia correspondiente ante el conocimiento de que algún profesor en cada escuela del estado, se ausentó de sus labores docentes para acudir al llamado de la Sección 22. En el fondo, a los gobiernos estatal y federal parece que  tampoco les preocupan mucho las movilizaciones magisteriales, porque según los hechos todas las variables apuntan a que el magisterio demanda atención y no está metida, como en otros tiempos, en la lucha electoral ahora que en Oaxaca todo se prepara para la sucesión de Gobernador, y el cambio de autoridades municipales y legisladores locales.

EXIGENCIAS DE COYUNTURA

Básicamente, la Sección 22 realizó la movilización de ayer para hacer públicas dos demandas: la primera es la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno estatal; y la segunda, la exigencia de libertad inmediata e incondicional de los profesores que fueron detenido el año pasado en el marco de la expropiación del IEEPO a la Sección 22. Y de hecho, hubo una tercer demanda implícita: el repudio al anuncio hecho el fin de semana por el gobierno federal, de que tiene tres órdenes de aprehensión más en contra de profesores que retuvieron bienes propiedad del IEEPO, como vehículos y oficinas luego de que se les ordenó entregárselas el año pasado.

¿Qué tiene de particular este conjunto de demandas? Que ninguna trae aparejada, ni implícitamente, la intención de participar o incidir en el proceso electoral, y ni siquiera de constituir una señal de que tienen al menos la intención de tener algún tipo de presencia en éste.

Parece que, en realidad, la Sección 22 enfrenta uno de sus escenarios más adversos al sólo poder demostrar desarticulación, baja convocatoria y, además, una circunstancia en la que el gobierno federal le cambió por completo los factores y las variables de negociación, al pasar del sostenimiento de la paz social y la gobernabilidad en Oaxaca (lo que negociaban todavía el año pasado al más alto nivel), a la demanda actual, casi implorada, de que establezcan una mesa de diálogo con el gobierno estatal, quizá por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para plantear algunas cuestiones que evidentemente no pasarían por la negociación de la aplicación de la reforma educativa.

En ese sentido, es significativa la presencia del Secretario de Educación Pública la semana pasada: aquí, a una escuela de la Sección 22, vino a decir que no habrá forma de negociar la reforma educativa y que tampoco se permitirá el condicionamiento de la labor docente a las demandas políticas. Aunque esta fue la respuesta de la Sección 22, quedó claro que ni lejanamente tuvo la fuerza de otros tiempos y mucho menos será capaz de convertirse en una factor para que ahora sí el gobierno estatal, o la federación, decidan establecer canales de comunicación con el magisterio. Al final, parece que su beligerancia sólo los está llevando a abrir al público sus más profundas debilidades actuales.

REHENES

Llama la atención que ahora la Sección 22 ya no denomina como “presos políticos y de conciencia” a los profesores que se encuentra en prisión. Ahora les da la calidad de “rehenes”. ¿Rehenes de quién? Según ellos del gobierno federal. ¿No recordarán que ellos tomaban reiteradamente como rehén a la ciudadanía para —ellos sí— pedir en las negociaciones una especie de rescate? Ahora resulta que el lenguaje del secuestrador, que manejaron permanente, se les vino encima. Increíble.

UABJO: ¿qué variables jugarían para expulsar a los Martínez?

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UABJO-Huelga

+ Elección: asunto de cifras y de control del Consejo Universitario

Aunque en apariencia la vida académica en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) reinicia hoy lunes luego de la intervención política de la Secretaría General de Gobierno, intermitencias como ésta las seguiremos viendo durante todas las semanas que medien hasta el día de la elección del nuevo Rector. En la Universidad, la tensión radica no sólo en las revisiones salariales o en el relevo en la rectoría, sino que todo pasa por la supervivencia o expulsión de los Martínez Helmes del poder universitario.

En efecto, hoy en la UABJO prevalece un clima de enrarecimiento, que en gran medida se explica por el aparente agotamiento de las estructuras de poder que representan el rector Eduardo Martínez Helmes y su familia, como principales caciques universitarios. Diversos grupos —algunos ex aliados de los Martínez, y otros disidentes de siempre— tienen la previsión de que por primera vez en varios lustros están en posibilidades de derrotar al grupo liderado por el ex rector Abraham Martínez Alavés, padre del Rector actual y líder moral de dicho grupo.

Eso explica el hecho de que desde hace algunas semanas haya una confrontación abierta entre la rectoría y los grupos con los que se va a enfrentar, y que eso haya derivado en un primer cierre de las instalaciones universitarias, como consecuencia del manotazo del Rector al cesar al Contralor universitario, con lo que comenzó la tarea de cerrar filas para la supervivencia de su grupo en los comicios que se aproximan. El cese tuvo como respuesta el paro decretado por el STAUO. El sábado, gracias a la eficaz mediación del secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, las partes en conflicto llegaron a un primer acuerdo que, en realidad, podría durar muy poco.

La razón, es que todos enfrentan un problema común: van al relevo de Eduardo Martínez Helmes, y eso hace que cada movimiento sindical, administrativo, académico y político en la UABJO tenga como común denominador los cálculos de cara a su proceso electoral. Tal parece que el grupo que controla hoy la Universidad ya logró la suma de varios grupos que estaban dispersos y que ahora tratarán de aglutinarse para tratar de derrotarlos. Y como en cada elección, en gran medida esto se reduce a un asunto de números, pero también de control de los órganos de gobierno universitario. ¿De qué hablamos?

De que, en un primer repaso, valdría la pena revisar qué tanta población votante tiene cada uno de los grupos que disputarán el poder. Históricamente, las escuelas preparatorias fueron grandes semilleros de votos. El problema es que hoy, casi todas las escuelas de nivel medio superior de la Universidad enfrentan un proceso paulatino de despoblación que pone en riesgo su capacidad de servir, como antes, a los intereses de quienes quisieran manipular la elección.

De este modo, lo que queda ver son las escuelas de nivel superior, y facultades, que siguen siendo numerosas. En la UABJO resaltan, por mucho, las facultades de Derecho, y Contaduría y Administración, que siguen siendo de las más pobladas en la Universidad. En ese sentido, la Facultad de Derecho es el principal coto político de los Martínez. De hecho, de ahí pretenden sacar al actual director, Reynel Vásquez Zárate, para enviarlo como candidato a Rector de su grupo.

Saben que tienen un respaldo de unos 4 mil votos al mantener el control de esa facultad —en buena medida, gracias a los mecanismos de cooptación, corrupción, y tráfico de servicios administrativos, de los que ya hemos hablado en otro momento—; pero no hay certeza de qué otras facultades puedan tener para mantener su control.

En ese se sentido, una de las incógnitas es respecto a la Facultad de Contaduría y Administración, en donde el director, Abel Morales, también quiere ser candidato a la Rectoría, y para ello también pretende contar con el apoyo de los Martínez, ya que nunca pudo construir una estructura electoral sólida que le permitiera alejarse del cobijo político de ese grupo.

Ahí, habrá que ver cómo funciona una posible negociación, primero para que Morales decline a favor de Reynel, y después para que la cauda de votos de esa facultad verdaderamente la dirija hacia el heredero de los Martínez. La duda está en que Morales ha dicho reiteradamente que él será candidato a la rectoría tenga o no el apoyo de ese grupo, aunque más como un capricho y bravuconería, que porque en verdad tenga capacidad de competir. Si finalmente ellos no se arreglan (como parece que ocurrirá), ambos —Morales y los Martínez— tendrán un problema importante para mantener a salvo sus intereses.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Según la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia. Éste se integra, dice la ley, por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario? Porque una cosa es ganar los comicios y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector. En otras experiencias se vio que aún derrotando electoralmente a un cacicazgo universitario, es posible que éste sobreviva. El caso de Raúl Briseño en la UdG, es paradigmático de cómo el grupo del dueño de esa universidad pública, Raúl Padilla, sobrevivió a un Rector ya en funciones, que desde el poder pretendía ponerle fin a su cacicazgo.

CONTROL

Frente a esto, vale una pregunta: ¿Qué grado de control tienen los Martínez sobre el Consejo Universitario, y sobre los demás espacios de control que pudieran ser determinantes para la subsistencia, o caída, de un Rector que eventualmente pudiera derrotarlos en las urnas, pero no conseguir la gobernabilidad que necesitaría para mantenerse en su cargo? En la respuesta a esas preguntas hay un cúmulo de aspectos que vale la pena continuar analizando en los días y semanas siguientes.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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