+ Que las normas avancen, pero que haya compromiso con honestidad

Es tan amplio el cambio que promueve la reforma que establece el sistema nacional anticorrupción, que esto no puede explicarse en otra causa que el impacto tan profundo que tuvo el escándalo de la corrupción por la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Si debemos lamentarnos por la pobre actuación de quienes investigaron el conflicto de interés en ese asunto, también debemos reconocer que ese fue el parte aguas de un cambio jurídico y político que puede ser trascendental para las décadas siguientes. Sólo falta que haya voluntad y decisión para no abandonar esa ruta.

En efecto, en noviembre de 2014 el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui dio a conocer el resultado de una investigación que los llevó a corroborar que la esposa del presidente Peña Nieto había adquirido una casa, a precios y condiciones preferenciales, con uno de los constructores más beneficiados por Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México, y luego en su gestión como Titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto generó un escándalo de proporciones nunca vistas en el país, que por primera vez obligó a un Presidente en funciones a someterse a una investigación sobre su actuación y posible conflicto de interés.

Ese último concepto, el de conflicto de interés, era en México conocido, pero nunca había sido factor de una crisis política. Desde siempre se ha sabido —porque hasta parece parte de la cultura política mexicana— que desde el poder se toman decisiones para beneficiar a amigos, a compromisos políticos, a familiares y hasta a sí mismo, en una práctica que hemos conocido como “dedazo”, “compadrazgo”, “amiguismo” y, a veces, como “tráfico de influencias”, “prestanombres”, “empresas fantasma” y “negocios fachada”, entre otros.

Todos tienen la peculiaridad de ser nombres para un solo tipo de actos: el conflicto de interés que se genera cuando una persona funge al mismo tiempo como autoridad y como beneficiaria —o intermediaria— en un negocio con particulares. Esto ha sido ampliamente conocido, aunque la cultura política ha permitido y hasta fomentado ese tipo de prácticas, porque en los tiempos del régimen de partido hegemónico, la corrupción era una de las formas de inclusión, de tolerancia y hasta de permisividad con los propios y con los contrarios, en aras de mantener eso que era conocido como la “estabilidad política”.

De hecho, nunca se habría imaginado que un Presidente mexicano en funciones pudiera ser sometido a un escándalo como esos, primero porque hasta hace pocos años nadie se hubiera atrevido a exhibirlo; segundo porque el Presidente era visto como un verdadero monarca con un reinado de sólo seis años; y tercero porque todos habrían sabido que, en otros tiempos, la posibilidad de hacer tambalear habría sido mínima, y la consecuencia de enfrentarlo habría sido mayúscula.

Y aunque este no fue un caso exitoso del todo —la periodista Carmen Aristegui fue sacada del aire con su exitoso noticiero radiofónico en la cadena MVS, y el Presidente fue exonerado por el subordinado que lo investigó— sí generó un cambio profundo que ahora debe ser empujado lo más posible para que al menos ese sea el gran dividendo de este innegable escándalo de corrupción.

¿QUÉ ES EL SNA?

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en principio porque es, en mucho, producto de la acción social manifiesta de diversas maneras, directas e indirectas, concatenadas en una expresión de inconformidad y hartazgo ante las cotidianas revelaciones de excesos y actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos o privados. En esto, es notable la revelación de la llamada “casa blanca” y de los otros escándalos de funcionarios federales que surgieron tras la publicación del conflicto de interés en que había incurrido el propio Presidente de la República.

En segundo término, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio propio. El incluir en el Título Cuarto constitucional a los particulares vinculados con “Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción” da cuenta de ello.

Cierto es que la mera inclusión de estas reformas no es garantía absoluta de que las prácticas apartadas de la ética se erradiquen de nuestra realidad, toca a los legisladores la parte más compleja para la generación de un real sistema, el tejido fino que permita la articulación de fines, alcances y estructuras con el soporte legal y funcional que le dote de eficiencia y eficacia. El Congreso de la Unión sólo cuenta con el plazo de un año para generar la legislación secundaria que obliga la reforma, pero el verdadero reto será la construcción del andamiaje operativo que armonice las responsabilidades y facultades de las diferentes entidades que integrarán el sistema.

Tres son los frentes principales que deberán observarse: la prevención, la contención y la sanción y ello demandará la integración de un subsistema muy fino que será el corazón de todo el aparato y sin el cual difícilmente será eficaz en su funcionamiento y resultados. El sistema anticorrupción demanda, además de un marco normativo sólido, claro y sin ambigüedad, los mecanismos indispensables para la obtención de los elementos de juicio necesarios, tanto para la detección oportuna, como para la acción consecuente.

En el fondo, parece que el Presidente, orillado por las circunstancias y presionado por la sociedad mexicana de una forma nunca antes vista, decidió lanzar el SNA de una forma tal que sea un verdadero parteaguas. Aún continúa en el Poder Legislativo la discusión sobre cómo se establecerá la legislación secundaria, que será lo que establezca todas las formas y candados que se deben establecer para combatir la corrupción.

GENERAR CULTURA

Lo que hace falta también establecer, y ese no es un problema de normas sino de cultura, es lo relacionado a dejar de ver la corrupción como parte de nuestro entorno y convertirla —como debió haber sido siempre— en un asunto repudiado, rechazado y perseguido por la propia sociedad mexicana, que ya no debería tolerar más el intercambio de democracia por estabilidad, o de corrupción por estado de cosas. Sin ese ingrediente, podríamos tener el mejor sistema anticorrupción del mundo, y no avanzar. Algo así como lo que ocurre en materia de procesos electorales.