Columna Al Margen

¿Gobierno calcula qué alianzas está haciendo para respaldar el CCCO?

Columna

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septiembre 17, 2015

+ El respaldo de grupos de presión… que después serán contraproducentes

La alianza que hubo entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE de 1992 a mediados de julio pasado, debe dejarnos a todos —gobierno y sociedad— una enorme lección relacionada con la gobernabilidad: que ninguna “sociedad”, por muy provechosa que pueda ser en el corto plazo para el régimen, puede y debe realizarse con grupos organizados y gremios para obtener un respaldo social, pues esto termina con el sometimiento del gobierno y de la gobernabilidad. Esta es una lección importante ahora que el gobierno ha recibido el respaldo de varios sindicatos y organizaciones, para la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

En efecto, si Oaxaca es famoso por su intrincada forma de abordar y resolver sus problemas políticos, y hasta se dice que somos tan enredados que hasta el queso hacemos bolas, todo lo relacionado con el CCCO no es la excepción. Desde hace un año el gobierno deslizó una propuesta para construir un centro de convenciones en la capital oaxaqueña, y por medio de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dedicó meses a realizar una campaña de “socialización” selectiva, representativa y meramente testimonial, con la que intentó cubrir el requisito del legitimidad y respaldo social que se supone que debe tener cada obra que incida en la vida y bienestar de la ciudadanía oaxaqueña.

Las adversidades no se hicieron esperar. La propuesta fue fuertemente rechazada por al menos tres razones: primera, porque se “socializaba” sin que la dependencia ejecutora tuviera cubiertos todos los elementos técnicos y administrativos del proyecto; segunda, porque la ubicación de la obra era polémica por su cercanía con una zona natural protegida, y había dudas de que el proyecto pudiera incluir espacios incluidos dentro del polígono declarado como reserva ecológica; y tercera, por el evidente conflicto de interés que existe entre el impulso del proyecto de infraestructura más importante para la capital oaxaqueña en los últimos tiempos, y el Hotel Victoria —como único “vecino”, que tendría el CCCO—, que es propiedad del funcionario que encabeza los trabajos de planeación, ejecución y “socialización” del proyecto.

Como si eso no fuera suficiente, resulta que fue el pintor Francisco Toledo quien tomó la batuta de la oposición no al proyecto, sino a la zona en que se pretende construir, y eso generó una situación más compleja para el gobierno. Éste se vio urgido de respaldo social, frente al aluvión de cuestionamientos y críticas al proyecto —en Oaxaca, y en el país—, que la sola presencia del maestro Toledo trajo aparejados.

En esta situación, no es cuestionable que el gobierno estatal haya buscado apoyos, más bien, lo cuestionable es con quién se está aliando para demostrar respaldo social a su insistencia de construir el Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín.

ALIANZAS PERVERSAS

Por eso justamente vale la pena revisar lo que hicieron administraciones anteriores en el gobierno estatal, para según obtener legitimidad frente a las organizaciones sociales. El caso más evidente es el del gobernador Heladio Ramírez, que para garantizar la paz en el último tramo de su gobierno, entregó la educación a la Sección 22 del SNTE.

¿Qué ocurrió? Que sí, la paz prevaleció en Oaxaca mientras el gobierno fue generoso con el magisterio; pero fue irremediable que éste último, como gremio, comenzó a exigir más. Así, la concordia se convirtió en chantaje, y entonces el gobierno terminó sometido a las presiones del magisterio para evitar el estallido social.

Por eso, al menos en los últimos tres lustros, la relación entre el gobierno y la Sección 22 ya no fue de concordia o de entendimiento, sino más bien de condicionamientos, de amagues y de sacrificios sociales y económicos a cambio de que éstos no pusieran de cabeza la gobernabilidad, y lastimaran los derechos de la ciudadanía. Lo más grave, es que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno y la sociedad oaxaqueña, de todos modos ocurrió el conflicto de 2006, y el magisterio engulló multimillonarios recursos económicos en privilegios, en una entidad que por décadas dejó de invertir en muchos rubros para tener en paz al magisterio.

Eso es lo que debieran pensar los que hoy desde el gobierno estatal alimentan las alianzas con algunas organizaciones para demostrar respaldo al CCCO. ¿Qué organizaciones son? Básicamente son tres: las de taxistas de la capital oaxaqueña; las de concesionarios que se dedican al acarreo de materiales; y las de integrantes de varios mercados públicos de la capital.

Al margen de los mercaderes, todos los oaxaqueños tenemos amplias referencias de la virulencia que han demostrado, tanto los taxistas como los materialistas, cuando pretenden presionar al gobierno para que les cumpla sus demandas. Unos y otros han colapsado la capital como medio de presión; ambos gremios han sido necios, radicales y voraces cuando se trata de cuidar sus intereses. En esos momentos, han demostrado no tener respeto alguno por la ciudadanía y por la gobernabilidad del Estado. Y nada le garantiza al gobierno que episodios como esos no se repitan cuando éstos decidan cobrar el respaldo que hoy están manifestando a las obras del CCCO.

¿Habrá reparado el gobierno en eso? ¿Están pensando en el mediano plazo, y no sólo en lo que pase en Oaxaca hasta el 30 de noviembre de 2016, cuando termina la actual administración? ¿Están pensando el problema que le van a heredar al siguiente gobierno, con estas alianzas que están construyendo en aras de sostener su proyecto del Centro de Convenciones? Es algo muy parecido a la herencia venenosa que le dejó el gobierno de Heladio Ramírez a Oaxaca, por su insistencia en aliarse con la Sección 22 y regalarles algo (la rectoría educativa y de la gobernabilidad) que no se terminaba con su periodo de gobierno.

CERRO DE BLOQUEOS

¿Cómo cobrarán esos gremios, su apoyo en el mediano o largo plazo? El taxismo de la capital va a asumir que ellos tendrán el monopolio del servicio en los alrededores del CCCO. Quizá hasta “bases” exigirán que el gobierno les permita instalar. ¿Los materialistas? Seguirían en su chantaje permanente para que en las obras que ejecute el gobierno, se les contrate en exclusiva a ellos (so pena de bloquear el CCCO si no se les cumple). ¿Y los mercaderes? Nomás faltaría que quisieran extender sus puestos a aquella zona. ¿Ya pensaron en todo eso?

Independencia: veamos lo que nos queda, y no lo que ya perdimos

almargenoaxaca

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septiembre 16, 2015

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+ Tradición bélica: las derrotas nos forjaron… sin saber hacia dónde

Este día exaltamos el llamado “grito” de la independencia, y nos inundamos de fervor patrio. Esa algarabía que nos enseñan en la escuela, y que nos infunden a través de los llamados héroes de bronce. En el aura inmaculada de quienes nos dieron patria, se encuentran borrados todos los episodios oscuros y cuestionables, y sólo quedan resaltados aquellos en los que hay heroísmo, patriotismo y defensa de la nación. Ese sentimiento, puro pero maniqueo que nos envuelve, a veces nos impide ver que la verdadera exaltación debiera estar tanto en la paz como en la guerra, y sobre todo ver —y asumir— que la historia es mucho más que un conjunto de guerras, de héroes martirizados, y de villanos execrables. Al final, debiéramos entender nuestro pasado en toda su gama de matices, y no en los blancos y negros que insistentemente nos presenta la historia oficial.

En efecto, es muy curioso cómo, por ejemplo, la historia de México, en sus guerras con el extranjero, está plagada de derrotas, intrigas y traiciones, pero cómo al mismo tiempo eso se convirtió en el más claro signo del patriotismo y del orgullo e identidad nacional de las generaciones posteriores. Pareciera que en cada derrota se forjó el sentimiento y la vanidad del mexicano; y en cada evocación a los momentos de guerra —que en otro país nadie quisiera recordar— se exalta nuestro honor contemporáneo. Y lo increíble no es sólo eso, sino que hoy en día lo sigamos machacando.

En ese sentido, todos los mexicanos tenemos contacto desde nuestra primera infancia con el himno nacional, que es uno de los grandes cantos bélicos que existen. En él se conjugan múltiples y variados llamados a la guerra y a la defensa de nuestro país. Lo curioso es que dicho canto en realidad no tiene un origen tan heroico como su letra, y en realidad tiene tantos claroscuros como estrofas, de las cuales hemos ido sabiendo paulatinamente, junto con algunas interrogantes como la relacionada a que los derechos no le pertenecen al Estado mexicano, sino a los Estados Unidos de Norteamérica.

Sobre esto, el periodista Juan Manuel Alegría hace ya algún tiempo daba pautas concretas sobre el origen santanista de nuestro Himno Nacional, y sobre su vocación violenta. Alegría señalaba en aquel escrito —y coincidimos plenamente con esa visión— que el Himno Nacional es de naturaleza bélica o violenta, de arenga a la guerra y a perder la vida por la patria; “mocho” (por donde quiera aparece Dios), lo cual no debe asombrar, se creó en tiempos violentos y religiosos; por lo demás, así son los versos de la mayoría de himnos. Aparte, es un falso canto nacional, pues se hizo servilmente para glorificar al peor dictador de México: Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón.

Es un disfraz, continuaba el periodista, con alabanza a su “Alteza Serenísima”, el cual el mismo convocó para hacerse gloria. Claro que la mayoría de los mexicanos lo ignora, pues, desde hace mucho, los versos alusivos al máximo vendedor de nuestro país fueron eliminados, como estos: Del guerrero inmortal de Zempoala / Te defiende la espada terrible, / Y sostiene su brazo invencible / tu sagrado pendón tricolor. / ¡El será del feliz mexicano! / en la paz y en la guerra el caudillo, / porque él supo sus armas de brillo / circundar en los campos de honor.”

CLAROSCUROS

Esta dualidad de nuestro himno nacional, se termina de enmarcar cuando, por ejemplo, en ese mismo escrito, Juan Manuel Alegría se refiere al pasado del autor del himno nacional, Francisco González Bocanegra, y su historia personal que está más cerca del conservadurismo y el apoyo a las causas proimperales, que a la República actual en la que el himno nacional sigue siendo la más grande exaltación del sentimiento patrio.

El 12 de noviembre de 1853, dice Juan Manuel Alegría, fue cuando se publicó la convocatoria para un Himno Nacional. Ya sabemos quién lo ganó: un poeta medio mexicano (que también le hizo un himno a Miramón, el fusilado junto a Maximiliano), Francisco González Bocanegra, sobrino del expresidente José María Bocanegra, quien fue Ministro de Relaciones con Santa Anna. El 5 de febrero de 1854, esa letra fue premiada por un jurado formado por tres amigos del jarocho, poetas conservadores: José Joaquín Pesado, Manuel Carpio y Bernardo Couto. Y, ya con la música del catalán Jaime Nunó (premiado en agosto), fue estrenado el 15 de septiembre en el Gran Teatro Santa Anna.

Al final, nuestro autor hace una propuesta que no está de más que se tomara en cuenta: Es difícil, por el nacionalismo (o patrioterismo) que priva en el país (lo resentirían en los estadios), pero, ya es tiempo de pensar en convocar a otro himno que hable de héroes verdaderos no de un dictador; de la dignidad, de la superación, otros valores, no el de la agresión. Tampoco ha habido ningún concurso que lo haya premiado como el segundo más bello del mundo. Aparte, los derechos del Himno están en EE. UU (aunque la ley de los derechos de autor en Estados Unidos dice que el Himno es del dominio público, ya que fue estrenado antes de 1909).

Hoy, pues, que es una fecha muy mexicana debiéramos reflexionar con mayor seriedad la forma en cómo concebimos nuestros símbolos patrios, y la forma que les queremos dar para el futuro. No se trata de querer reformar todo, como tampoco de que continuemos repitiendo inopinadamente lo que nos enseñaron que era “lo mexicano” y que recurrentemente exaltamos de forma vacía, en fechas como ésta. Al final, el mexicanismo tendría que ser mucho más que eso, y tendría que estar encaminado a una forma más adecuada de concebir los elementos que nos identifican como mexicanos. Solos, y vacíos, el grito y el himno nacional son tan vacíos, porque evocan algo con lo que no necesariamente todos los mexicanos nos identificamos (la guerra), y dejan de lado otros aspectos que debieran ser igual de predominantes que el sentimiento bélico.

TERMINAR CON EL MANIQUEÍSMO

Haríamos bien con comenzar por eso. Ninguno de nuestros héroes nacionales fue incólume. Ninguno. Hay otros que ayudaron a la patria, pero vivieron y ejercieron el poder tanto tiempo que dejaron de ser héroes para convertirse en traidores a la patria. ¿Sabemos algo sobre eso? ¿Nos interesa? México es un mosaico de pensamientos e ideas políticas, igual que como lo fue hace 150 o 200 años. Por eso ayuda tan poco esa visión de los buenos y los malos con la que se insiste en seguir enseñando la historia de nuestro país.

Un atavismo, que la Sección 22 insista en los pagos con “cheques de papel”

almargenoaxaca

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septiembre 15, 2015

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+ No ganarán los amparos; los pagos electrónicos son iguales a los físicos.

Es estéril la controversia que existe entre un grupo de trabajadores de la educación y el IEEPO por el pago de sus salarios vía transferencias bancarias. Además de que los empleados educativos inconformes no tienen una sola posibilidad de vencer al sistema financiero en lo relativo a la “bancarización” de sus salarios, hoy los pagos de nómina realizados mediante transferencias tienen un valor probatorio pleno, reconocido por los tribunales federales. Por esa razón, de entrada sería incongruente que el Poder Judicial de la Federación se contradijera por un asunto en el que realmente no hay controversia.

En efecto, ayer TIEMPO informaba en su primera plana que el Poder Judicial de la Federación avaló pagos de la SEP a maestros de la Sección 22 a través de cajeros, al negarle el amparo a un maestro para cobrar quincenas con cheques, como ocurría antes de que el IEEPO pasara a manos del gobierno federal. El amparo que perdieron los docentes es el 1273/2015, el cual una vez resuelto llegó al juez federal a confirmar la legalidad del proceso de bancarización de la nómina magisterial del IEEPO. Así, informaba este diario, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado suspendió de manera definitiva el amparo presentado por un solo profesor de la Sección 22, toda vez que este régimen de pago no violenta los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

No obstante, también ayer los profesores insistieron en tener la razón. En las primeras horas de la tarde un grupo de maestros de la Sección 22 encabezó una protesta en la pagaduría del IEEPO, exigiendo que se les entregaran sus “cheques de papel”, argumentando que ellos “habían ganado” más de 100 amparos en los que el Poder Judicial de la Federación suspendía provisionalmente los pagos vía depósitos bancarios. Dijeron también que el gobierno debe atender sus exigencias porque ya llevan dos quincenas sin cobrar, “lo cual les causa serios conflictos para mantener a sus familias”.

Este escenario es lamentable, de entrada, por una razón en particular: los maestros oaxaqueños, durante muchos años, han librado batallas formidables en contra del Estado mexicano para preservar sus privilegios y para conseguir más. Justamente por esa razón, es triste que hoy se desgasten en una batalla tan intrascendente; que inviertan tiempo y recursos en defensas legales que no tienen ningún derrotero claro; y sobre todo, que continúen haciendo sufrir a sus propios agremiados, a quienes engañan con el supuesto éxito de su empresa judicial, y mientras llevan un mes sin cobrar sus salarios bajo la nueva modalidad de depósito a una tarjeta bancaria.

Y es que, como lo apuntábamos en nuestra entrega del pasado 11 de septiembre, era previsible que los juzgadores federales a los que les corresponde conocer y resolver estas demandas de amparo, terminaran negándolos al no haber violaciones a derechos fundamentales. Señalábamos que a simple vista podía distinguirse que no había transgresiones a la esfera jurídica de los quejosos, porque el patrón (en este caso, el gobierno federal) está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sus salarios, y porque todo el sistema bancario y fiscal de nuestro país sigue la tendencia de que la mayor parte de las operaciones financieras se realicen dentro del sistema bancario (es decir, evitando el uso de dinero en efectivo).

Si esas eran ya razones suficientes, es también relevante el hecho de que en la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales a través de jurisprudencias y tesis aisladas, se reitera con toda claridad no sólo que los depósitos por concepto de pago de nómina son perfectamente legales, sino que además tienen un valor probatorio pleno ante las autoridades fiscales y los tribunales. Con ello, no queda duda de la inutilidad de esta lucha por parte de los maestros, que sólo los engaña y los desgasta más de lo que ya están.

INTERPRETACIONES JUDICIALES

Una tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en material del trabajo del Primer Circuito (en el Distrito Federal), emitió una tesis aislada que nos da una idea clara de los alcances que tiene el pago de salarios vía depósitos bancarios.

Dicho criterio señala que “aun cuando las constancias de nómina salarial mediante depósito electrónico no contengan la firma del trabajador, tienen valor probatorio para considerar que corresponden al pago de salarios y sirven como comprobantes de éstos, si las cantidades que aparecen en aquéllas coinciden con las que constan en estados de cuenta bancarios, si en ellos se detallan los depósitos realizados por el patrón en la cuenta del trabajador bajo el concepto ‘pago por nómina’ u otro similar, tiene cierta periodicidad y aparece el nombre de la institución bancaria emisora” (Registro 170186).

Otra tesis sostiene que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), fue desarrollado por el Banco de México (…) para permitir a los clientes de bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero. Sistema complejo del que destaca que para poder llevar a cabo este tipo de transacciones, los usuarios deben completar toda aquella información fidedigna que identifique ampliamente no sólo a la parte que abona y a la que recibe, sino que proporciona un número de referencia de hasta 7 dígitos, un identificador llamado clave de rastreo, de hasta 30 posiciones alfanuméricas que llevan como finalidad la rápida identificación del pago realizado, el monto del abono, así como la fecha y hora en que se realiza. Dicha seguridad se encuentra basada en mensajes firmados digitalmente para lo cual los participantes usan certificados digitales y las claves de las personas autorizadas, los que se obtienen de acuerdo con las normas de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), del Banco de México. A partir de ello, dicen los tribunales federales, no queda duda de la autenticidad de los depósitos y por ende, refrenda, tienen un valor probatorio pleno (Registro: 2008633).

VALOR PLENO

Es importante considerar el valor que le dan los tribunales federales a esos pagos. En términos simples, es un valor pleno. Por esa razón, y con esos antecedentes, sería impensable que ahora el Poder Judicial se desdijera para sostener que esos depósitos son violatorios de derechos fundamentales. De fondo, como lo dijimos antes, los maestros van a perder en esta lucha estéril, en la que insisten sólo por necedad.

¿Los mexicanos ya sabemos qué hacer con nuestra independencia?

almargenoaxaca

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septiembre 14, 2015

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+ Mañana, un grito que necesitaría tener un impacto en futuro común

Mañana, en todos los municipios, en las entidades federativas, y en la capital del país, ocurrirá la ceremonia tradicional del grito de independencia. Es la liturgia conocida en la que la principal autoridad política evoca el llamado del cura don Miguel Hidalgo a luchar por la independencia del país, junto con la rememoración de los principales héroes de nuestra primera gesta patria. Hoy que el país vive momentos de excepcional crispación, los mexicanos debiéramos plantearnos hacia dónde debemos enfilar la independencia nacional, y nuestra democracia, para que nos sirva para algo.

En efecto, cada año vale menos la sola evocación de la gesta independentista, cuando el país se nos va de las manos no sólo porque la independencia no tiene un derrotero definido, sino también porque parece que no sabemos qué hacer con la realidad, y preferimos evadirla. El llamado “grito de independencia” tenía como base la búsqueda de la liberación del sometimiento extranjero hacia nuestro país. Hoy, por el contrario, pareciera que el grito tiene como intención de fondo liberarnos de nosotros mismos.

¿A qué nos referimos? A que nuestros padecimientos nacionales son más domésticos que nunca. Pues resulta que a diferencia del pasado, hoy no son calamidades o potencias extranjeras. Más bien, nuestros padecimientos son generados y fomentados por nosotros mismos, al tener una clase política poco comprometida con el bienestar nacional; por tener normas que son cambiadas incluso antes de que rijan las situaciones para las que fueron hechas, simplemente porque la prioridad política del momento cambia; porque hemos caído en la posición cómoda de creer que como nadie habrá de sancionarnos, entonces podemos quebrar la ley, y traicionar al interés público sólo para obtener un beneficio económico momentáneo, impunemente.

Todo esto es un signo clarísimo del profundo desánimo que hoy priva entre los mexicanos. A diferencia del pasado, cuando hubo importantísimas amenazas sobre nuestro país y logramos sobreponernos, hoy pareciera que perdimos la fe en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando se luchó por la independencia, se derramó sangre, se perdieron vidas, y se convulsionó el país, en aras de conseguir algo que era vital para nuestro futuro como nación con identidad propia: poder gobernarnos nosotros mismos.

Luego vino la intervención estadounidense, y el riesgo del desmembramiento nacional. Aunque hubo una derrota dolorosa, con la pérdida de medio país que se fue arrebatado por Estados Unidos, en el México que quedó hubo la noción de que debía lucharse ya no por lo que se perdió, sino por lo que quedó del país. Una década después, vino la guerra de reforma fundamentada en la radicalidad liberal de la Constitución de 1857, y las reformas juaristas de los años siguientes.

Y aunque suene a romanticismo, resulta que en ese momento más que nunca se luchó por un ideal. Sí, porque esa Constitución aún no había regido, y mucho menos había planteado en la realidad las transformaciones que se encontraban anunciadas en su articulado. Aún así, hubo una guerra entre quienes se oponían a toda posibilidad de que ese “fantasma” se materializara, y quienes creían en una Constitución que tenía vigencia pero todavía no una aplicación práctica, y por eso estaban también dispuestos a batirse en guerra. Eran, entonces, dos proyectos y visiones de país las que estaban enfrentadas.

Luego vinieron otras guerras: la de la intervención francesa, que selló la independencia no sólo de México, sino de América, frente a las potencias extranjeras, y le dio a don Benito Juárez —cabeza de la defensa de la República frente al imperio, y de cara a los últimos coletazos del colonialismo europeo— su pase directo al mausoleo de los gigantes de la historia contemporánea. Luego vino la Revolución, con sus postulados sociales y con el planteamiento de la urgencia de fundar un sistema político propio. Todo eso se acabó. Y pareciera que hoy sólo nos estamos disputando los despojos de toda esa historia.

¿Para qué queremos hoy la independencia?

LOS NUEVOS RETOS

Hoy tenemos tres problemas, graves todos: corrupción, impunidad e incapacidad para superar nuestros problemas sociales y políticos más básicos. Los tres se encuentran unidos por una misma melaza, que es la de un gobierno y una sociedad que no asumen su papel y el momento histórico que nos toca vivir. El país se nos va de las manos, a todos juntos, pero nadie está preocupado por lo que pase mañana, o dentro de un año, o en las décadas siguientes.

La corrupción es un mal irrefrenable; la impunidad es el pan de todos los días para millones de mexicanos que siguen esperando la atención a su propio caso, o que exigen que todos aquellos que cometen excesos desde el poder, tengan un castigo; y esas dos circunstancias son las que determinan la tercera: el Estado no puede cumplir con sus fines, porque sus funcionarios están tan ocupados tratando de evadir la ley, y de cumplir con sus caprichos o ambiciones de poder, que entonces invierten su tiempo y esfuerzo en ello, y sangran al Estado distrayendo sus recursos para sus fines particulares.

¿No es eso una bajeza nacional? Claro que lo es; el problema es que nadie pone un freno, y la sociedad acepta entonces que el gobierno gaste mal, desvíe recursos; que funcionarios hagan campaña política con cargo a las dependencias en las que trabajan; aceptan también que el Presidente se investigue solo frente a un caso de corrupción (con los previsibles resultados funestos); y que mientras todo eso ocurre, el Estado consuma recursos billonarios en el sostenimiento de un estado de cosas que no contribuye a remediar por lo menos parcialmente los múltiples rezagos sociales que padecemos como país.

ANODINOS

¿Para eso queremos la independencia? Evidentemente, el grito no sirve de nada, si no viene acompañado del reconocimiento de los muchos problemas que tenemos, y de la urgencia de hacerles frente y no seguirle dando la razón a los que dicen —desde los tiempos de Octavio Paz— que los mexicanos gritamos fuerte una noche para callar, resignados, durante todo el resto del año. Si queremos que la solución llegue desde el gobierno, sólo volteemos a ver el resultado de la investigación sobre el conflicto de interés en la adquisición de las propiedades del Presidente. De lo contrario, volteemos a ver a Guatemala, para reconocer la pusilanimidad de quienes, en México, ven el desfiladero y siguen sin hacer nada.

“Victoria judicial” por bancarización de pagos: CNTE celebra un espejismo

almargenoaxaca

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septiembre 11, 2015

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+ Sólo les concedieron una suspensión; al final, no podrán sostener su defensa

Esta semana, el equipo jurídico de la sección 22 del SNTE, cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presumió haber ganado un acto judicial al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al obtener una suspensión provisional dictada por un juez de distrito, con el objeto de evitar que un trabajador de la educación se sujete al pago de cheques de nómina, vía electrónica. La algarabía del magisterio en resistencia será sólo momentánea, porque finalmente lo único que obtuvieron fue una suspensión provisional y no una sentencia de amparo. Y es fundamental entender la abismal diferencia entre estas dos cuestiones.

En efecto, de acuerdo con información publicada esta semana en diarios y medios digitales locales, el vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo dijo que “el amparo ganado” ante el pago electrónica de la quincena, “abre la puerta a la resistencia civil organizada contra la medida”, por lo que la dependencia tendrá que pagarles a los docentes sus quincenas con cheques de papel. Según el triunfalista Otaqui Toledo, en la resolución del juez de distrito –no puntualiza de qué tipo es esa resolución— se determina “que con base en la ley de amparo se concede la medida suspensional a favor de los quejosos para el efecto de que se le pague de la forma en que se venia realizando, con uso de cheque y no mediante el pago de tarjeta bancaria”.

Quién sabe si Otaqui Toledo no entiende, o no quiere entender, la naturaleza de su supuesto triunfo. Pues en términos jurídicos, nadie duda que lo que sí hayan podido conseguir los maestros que intentan combatir la llamada “bancarización” de la nómina magisterial, es sólo una suspensión provisional, la cual es una de las figuras jurídicas que establece la Ley de Amparo para evitar que los actos de autoridad que reclama un particular, se sigan ejecutando o vayan a causar perjuicios que sean irreparables, en tanto se deciden las cuestiones de fondo en el juicio de amparo que se tramita.

En este sentido, la Ley de Amparo establece que todo aquel que tenga el carácter de quejoso en un juicio de amparo, puede solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, siempre que la suspensión del acto reclamado no involucre alguna contravención a normas de orden público o de aquellas situaciones que puedan contravenir el interés social.

Incluso, la Ley de Amparo establece que éstos dos últimos supuestos (la contravención a normas de orden público o al interés social) ocurre cuando, por ejemplo, la suspensión se solicite para que continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; entre varios otros supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo.

“TRIUNFO” SIN SUSTENTO

¿Qué tiene que ver todo esto con el supuesto triunfo jurídico de la Sección 22, que según Otaqui Toledo le abre la puerta a la resistencia civil pacífica a los profesores democráticos, en contra de las determinaciones del nuevo IEEPO, como la de pagar vía depósitos bancarios?

Casi nada: que el juez de amparo que le concedió a un docente una suspensión provisional en contra del cambio de modo de pago, lo hizo por exclusión. Es decir, le otorgó la suspensión porque hacerlo no contravenía ninguno de los supuestos establecidos por la Ley de Amparo como impedimento para la concesión de esa determinación que, como su nombre lo indica, es provisional. Incluso, de seguirse correctamente el procedimiento de amparo los quejosos podrían ganar la suspensión definitiva del acto reclamado, hasta en tanto se resuelva de fondo el juicio.

¿Qué va a analizar el juez cuando decida de fondo la petición de amparo, del profesor que no quiere que le paguen vía depósitos bancarios, sino que le sigan pagando con “cheques de papel”? Específicamente, lo que el juez va a determinar al resolver de fondo el asunto, es si esta situación viola los derechos fundamentales del peticionario de amparo.

Si al analizar los conceptos de violación ofrecidos por el quejoso, y revisar las actuaciones de la autoridad responsable, el juez decide que el pago de nómina vía bancaria no viola los derechos humanos del quejoso, entonces le va a negar el amparo y protección de la justicia federal, y su suspensión provisional quedará sin efectos, pudiendo así el IEEPO continuar los trámites para la bancarización de su salario, y poner a disposición del quejoso la tarjeta bancaria de nómina, para que éste decide si hace o no uso de su mismo dinero, sólo que ahora depositado en el banco directamente por el instituto educativo.

En esta disputa habrá otro factor que, al menos en este caso, se inclinará a favor de la autoridad: en la actualidad, todo el sistema fiscal está diseñado, y se ha volcado, hacia la tendencia de que todas las operaciones financieras de los particulares se realicen dentro del sistema bancario y con la menor cantidad de dinero en efectivo posible. Esta es una cuestión de orden público, en la que irremediablemente quedamos sometidas prácticamente todas las personas que percibimos ingresos por conceptos de salario u honorarios por servicios profesionales, y frente a la cual no parece haber un argumento de mayor peso a favor de un trabajador del propio Estado que intenta escapar a esa situación.

FACTOR DETERMINANTE

Al final, este será un factor decisivo en la decisión que tome el juez: si le concede el amparo, estaría abriéndole la puerta a que asalariados de todos los sectores y niveles, pidieran la “desbancarización” de sus salarios, y con ello provocarle un descontrol al sistema financiero y fiscal, porque entonces daría pasos en reversa a sus propios esfuerzos por desalentar el uso de efectivo, y porque la mayor cantidad posible de operaciones pecuniarias se realicen dentro del sistema bancario.

Seguridad Pública local: ahora la federación debe atender el problema

almargenoaxaca

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septiembre 10, 2015

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+ Faltante de elementos, histórico: que revisen el 2006 para cerciorarse.

En Oaxaca es cosa común escuchar que buena parte de la revuelta magisterial y popular de 2006 ocurrió por un error de cálculo del gobierno estatal, y por la desatención federal en materia de seguridad pública. Si rememoramos, nos encontraremos con el hecho de que las fuerzas policiacas estatales fueron desde el primer momento inferiores a las huestes magisteriales; y que la federación nunca tuvo disposición a atender ese grave problema de ingobernabilidad. Hoy que se supone que gobierno federal tiene las miras puestas en Oaxaca, ese es uno de los rubros que debiera atender con puntualidad.

En efecto, cuando ocurrió la incursión policial en el plantón de la Sección 22, el 14 de junio de 2006, las fuerzas policiacas estatales fueron inferiores a los profesores al menos por dos razones: primera, porque había una evidente inferioridad numérica entre el número de elementos que incursionaron en el plantón magisterial, y el número de profesores que lo defendían; y segunda, porque el gobierno federal nunca se hizo presente para respaldar las acciones que en ese momento había tomado el gobernador Ulises Ruiz, para contener las protestas sociales, a pesar de que había una promesa clara de enviar fuerzas federales para respaldar las acciones magisteriales en Oaxaca y evitar que la situación se desbordara. De todo eso los dos ámbitos de gobierno —estatal y federal— tendrían mucho que aprender. Y también tendrían mucho que considerar de cara a las decisiones que han tomado respecto a la Sección 22 del SNTE en los últimos meses.

¿De qué hablamos? De que, técnicamente, a los profesores de la Sección 22 les ocurre lo que a los insectos frente a una telaraña: los pequeños se quedan atrapados en ellas, y los grandes simplemente las rompen. Los grupos sociales que tienen una presencia menor siempre se encuentran frente a la disyuntiva de protestar de manera “pacífica” o de enfrentar a las fuerzas estatales, que se encuentran siempre dispuestas a aplicarles la política de cumplir con las exigencias del Estado o enfrentar a las fuerzas policiacas. Amplia diferencia con los grupos políticos grandes —como la Sección 22— que nunca consideran ninguna advertencia de las fuerzas estatales, y todo el tiempo rompen las reglas y las condiciones establecidas para el diálogo con el gobierno estatal.

¿Cuál es la razón? Que la Sección 22 sabe permanentemente que tiene una enorme superioridad numérica frente a las fuerzas de seguridad pública estatales. Los policías locales no rebasan los cinco mil elementos, mientras que en sus mejores momentos los profesores rebasan los setenta mil integrantes. Esto es una proporción aproximada de 14 maestros por cada elemento estatal, si la correspondencia fuera lineal. A pesar de que esto no es así, por muchos años a los integrantes de la Sección 22 no les preocupó que hubiera “amenazas” estatales, porque también sabían que había muchos más maestros que policías, y que por ende ninguna de las amenazas tenía mayor posibilidad de cumplirse.

Ese fue el “mal ejemplo” que cundió durante lustros, por lo cual hubo siempre un trato desigual entre los grupos sociales que protestaban. A los pequeños siempre se les acotó, mientras que a los grandes se les permitió hacer lo que les viniera en gana. Así, entonces, se creó una especie de “estado de excepción” a partir de lo cual hubo un trato diferenciado permanente entre grupos sociales y se inhibió la posibilidad de que hubiera un auténtico estado de derecho.

PRESENCIA POLICIAL

A partir de la última mesa de diálogo (fallida) entre los profesores de la Sección 22 del SNTE y la Secretaría de Gobernación, se decidió que se enviarían a las fuerzas federales a la entidad para resguardar la seguridad. Esto ocurrió el cinco de junio pasado. Y desde entonces, coincidentemente, no ha habido un solo cierre de calles, de carreteras o de vías de comunicación en Oaxaca. ¿La razón? El temor de todos los grupos de lucha social —incluida la Sección 22— a enfrentar a las fuerzas federales.

Esto es, evidentemente, momentáneo. Aunque la Policía Federal anunció que buscaría un espacio en la capital oaxaqueña para establecer un destacamento permanente, lo cierto es que en los últimos meses ha retirado a casi la totalidad de las fuerzas que desplegó en los últimos dos meses, y que nuevamente la entidad está a la deriva de lo que disponga la ley del más fuerte, que había prevalecido hasta antes de estas últimas decisiones. Una de las grandes lecciones que deja Oaxaca es que, aunque indeseables, la gobernabilidad sólo se puede mantener cuando hay una amenaza abierta de la fuerza pública federal, superior, frente a los grupos sociales “tradicionales”.

Por eso mismo, las fuerzas federales tendrían que reconsiderar seriamente la necesidad, o de establecer verdaderamente el destacamento federal permanente que prometieron cuando hace dos meses las fuerzas federales hicieron presencia en la entidad, o reforzar a las corporaciones estatales para cubrir el faltante de varios miles de policías, que ayer en su edición principal TIEMPO señalaba como uno de los factores que pone en entredicho la seguridad pública en la entidad.

Este no es un asunto menor. Pues al margen de la enorme problemática social que prevalece en la entidad, el gobierno federal tiene un diagnóstico preciso de todo lo que urge complementar en cuanto a la seguridad pública. Todo parte de cubrir el faltante de elementos per cápita, y luego habría que cubrir todo lo relacionado con capacitación, estandarización salarial y equiparación con las fuerzas policiacas de otras entidades federativas, que tienen salarios competentes, condiciones de trabajo adecuadas, y además la posibilidad de garantizar —medianamente— la seguridad y la gobernabilidad de los territorios sobre los cuales les corresponde dar cuentas a la ciudadanía.

CURA PARCIAL

Lo que hasta ahora le han recetado a Oaxaca es un mero desenfriol: no sirve de mucho que haya muchos policías dos meses, y que después todos se esfumen y las cosas vuelvan a su estado inicial. Eso fue lo que pasó en 2006 y las consecuencias fueron funestas para todos los oaxaqueños. La diferencia es que hoy la federación es la primera necesitada de que eso no ocurra. Es entonces deber federal cumplir con los parámetros de estandarización policiaca, y de la Secretaría de Seguridad Pública local gestionar lo necesario para cubrir dicho faltante.

Que la persecución a la CNTE, no inhiba la impunidad del SNTE

almargenoaxaca

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septiembre 9, 2015

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+ Sindicato, sigue siendo corrupto y tolerado por el gobierno federal

Como la realidad no está hecho de blancos y negros, sino de una gama de matices que no dejan lugar a maniqueísmos, los oaxaqueños, y todos los mexicanos, no deberíamos dejar de ver que la persecución a la CNTE, no debe ser pretexto para dejar de perseguir los excesos que siguen siendo cometidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No se trata de que al final la corrupción de unos, termine justificando la de los demás.

En efecto, en varias ocasiones hemos planteado en este espacio cómo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se le ha tratado de presentar como el único ente político-sindical corrupto dentro del magisterio nacional, cuando en realidad las entidades federativas bajo el dominio del SNTE siguen siendo las que más reportan irregularidades en el manejo de la nómina y la administración de los recursos humanos, económicos y materiales relacionados con la educación.

De hecho, según los resultados de la Cuenta Pública 2013 dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca no sólo no encabeza la lista de los señalamientos más graves sobre el uso indebido de los recursos federales relacionados con la educación pública, sino que incluso no es de los estados más incumplidos en ese rubro.

Pues resulta que en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal. Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo. Y de esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.

Todo esto pasaba —pudiera justificarse— en los tiempos en los que la reforma educativa aún se encontraba en proceso de elaboración e implementación. Podría también decirse que hasta antes de que se aprobara y pusiera en marcha la reforma educativa, lo que predominaba era un estado de corrupción generalizada en todo el sector, y que por ende no era posible esperar que hubiera entidades federativas sin problemas de malos manejos o faltantes en la administración de los recursos educativos.

El problema es que han pasado dos años desde entonces; la reforma educativa se supone que es ya un hecho consumado incluso en Oaxaca, que era el principal dolor de cabeza del gobierno federal en este rubro; y que durante todo este tiempo se ha puesto en evidencia la enorme corrupción de la Coordinadora, pero se ha evitado lo más posible hablar de la corrupción que continúa imperando en el sector educativo, en muchos casos prohijado por el propio gobierno federal, que no se sabe hasta qué punto ha cumplido con sus promesas de implementar una reforma transformadora en lo tocante a la administración de la educación.

¿QUÉ PASA EN LA ACTUALIDAD?

Los datos son reveladores. Una nota publicada ayer en el sitio de noticias Animal Político daba cuenta de lo engañosa que sigue siendo la promesa hecha por el gobierno federal el año pasado, de que a partir de 2015 no se le pagaría a ningún maestro que no hubiera pasado por su inclusión en el censo educativo, en el cual Oaxaca no participó por determinación de la Sección 22 del SNTE.

En este sentido, dice Animal Político que los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial dieron a conocer, en 2014, que existen al menos 184 mil registros de maestros que están jubilados, muertos, renunciaron o simplemente nadie conoce y a los que se les paga un salario. La promesa fue depurar la nómina pero, en realidad, el gasto no sólo ha crecido , sino que además los datos de los salarios y del censo muestran que no se ha cumplido con la promesa de usar este último como base para realizar los pagos. De acuerdo con la publicación, lejos de usar el Censo, documentos oficiales muestran que la nueva nómina magisterial de cada estado —que desde este año paga el gobierno federal y no cada entidad— es resultado de una negociación que encabezan los gobernadores ante Hacienda.

El caso más representativo es Oaxaca. La mayoría de los docentes de esta entidad se negaron a participar en el Censo educativo y en cambio, los adscritos a la Sección 22 de la CNTE realizaron su propio conteo, según el cual hay más de 83 mil maestros y 113 mil plazas. Ese conteo, según confirmó el IEEPO, se entregó al gobernador, Gabino Cué, quien lo usó como base para conciliar plazas y pedir los recursos federales.

De esta forma, dice Animal Político, Oaxaca solicitó para su nómina 15 mil 980 millones de pesos, mismos que fueron aprobados casi en su totalidad por Hacienda con una diferencia de sólo 76 centavos. Pero además, la SEP entregó, en la solicitud de información pública 0001100093315, el número de maestros que recibió un sueldo en febrero de 2015 a través de Hacienda, el cual es por mucho menor al número de profesores registrados. Esto tiene que ver con el hecho de que aquí no se realizó el censo educativo, y que los maestros incumplieron en concluir el llamado “plantilleo” con el que ellos mismos pretendían hacer un censo de sus agremiados.

OAXACA, Y EL PAÍS

Es cierto: Oaxaca es un problema. Pero el gobierno federal debe tomar medidas no sólo para perseguir a la CNTE como enemigo político, sino para realizar una verdadera depuración de la nómina magisterial, y también ir contra los vicios y la corrupción del SNTE. No hacerlo sería también claudicar en los titubeantes postulados de la reforma educativa.

Ley electoral: ¿Por qué no la impugnan los diputados?

almargenoaxaca

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septiembre 8, 2015

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+ En realidad son cómplices; por eso gritan pero no actúan

A estas alturas, es ya común escuchar a diputados de varias fracciones parlamentarias en la LXII Legislatura del Estado, señalar que la ley recientemente aprobada sobre el Consejo Electoral Indígena es inconstitucional. Lo que no hemos escuchado, es sobre las acciones concretas que los propios legisladores debieran estar tomando para combatir ese acto legislativo de una mayoría, pero no de todo el Congreso.

En efecto, prácticamente desde que fue aprobada la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, tanto el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, como la delegación del Instituto Nacional Electoral, se manifestaron en contra de dicha norma, la rechazaron, y anunciaron que presentarían acciones legales para tratar de combatirla. Detrás de ellos, ha habido expresiones de varios diputados locales, que en el mismo sentido han señalado que dicha norma es inconstitucional, y que incluso han previsto que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarará inconstitucional y ordenará su desaplicación.

En principio, la postura del INE y del IEEPCO parece moderada y correcta. Pues aunque fue inusual que incluso se decidieran a ocupar un comunicado de prensa para manifestar posiciones de ese tipo, lo cierto es que la reforma político electoral federal aprobada apenas el año pasado tenía como una de sus principales intenciones que los congresos de los estados dejaran de tener predominancia sobre la conformación y funcionamiento de los órganos electorales locales.

Pues si bien éstos quedarían también sujetos a la circunstancia política predominante en el INE, lo que se trataba de eliminar era la tendencia de los gobernadores, y de las partidocracias bananeras locales, de querer siempre tener sometidos a los órganos electorales, y a los órganos constitucionalmente autónomos, que se supone que son los contrapesos más actuales a la división de poderes tradicionales. En la reforma constitucional federal, lo que el Congreso de la Unión hizo fue “reprobar” a los poderes estatales en cuanto a la promoción y fomento de la autonomía de sus órganos electorales, y por eso les quitó la facultad, que ellos ya tenían por lo menos desde hace dos décadas, de ser quienes nombraran a sus autoridades electorales, y quienes controlaran su conformación, funcionamiento y límites.

En este caso, el problema es que la LXII Legislatura de Oaxaca no quiso entender ese mensaje, y ahora está poniendo groseramente a prueba a las instituciones. El hecho de que de inmediato el órgano electoral anunciara la presentación de acciones legales para tratar de contrarrestar los efectos y la injerencia del Congreso a través de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas de Oaxaca, es un indicador de que ellos sí tienen una noción clara de la intervención, y de la violación constitucional, cometida por el Congreso de Oaxaca al ámbito electoral, y de que habrán de intentar que esa injerencia no prevalezca.

En este escenario, la pregunta que debieran hacerse los propios diputados locales que hoy sostienen que hay inconstitucionalidad en la medida tomada por el Congreso local, es si ellos están también dispuestos a defender sus posiciones y argumentos, o si finalmente terminarán, como en otros casos, oponiendo resistencia sólo de palabra, pero evitando emprender acciones para verdaderamente tratar de revertir la decisión tomada.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, fue aprobada en una sesión en la que sólo se encontraban presentes 24 de los 42 diputados que conforman la LXII Legislatura. Es decir, que hubo quórum legal porque había alrededor del 60 por ciento del total de integrantes del Congreso. Si entendemos e interpretamos esa realidad en sentido contrario, entonces veremos que en realidad hubo una oposición superior —de los diputados que no asistieron a la sesión— al cuarenta por ciento del total de legisladores. Eso, si realmente los diputados locales quieren defender la Constitución y echar abajo la citada ley, constituye una enorme ventana de oportunidad.

¿Oportunidad de qué? De iniciar ellos —y por cuerda separada a las acciones que emprenderá el IEEPCO y el INE— una acción de inconstitucionalidad, en términos de lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice ese artículo? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución de la República.

Específicamente, en el inciso d) de dicha norma, se encuentra la ventana de oportunidad para el caso que nos ocupa. ¿Qué dice? Que el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales (en este caso, de la LXII Legislatura del estado de Oaxaca), puede emprender una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el propio órgano. Tal fue el caso de la ley de sistemas electorales indígenas, que fue aprobada por la propia Legislatura local y que puede ser también controvertida en una acción de inconstitucionalidad por una minoría de integrantes de ese órgano legislativo.

Pues resulta que justamente para eso se estableció la acción de inconstitucionalidad: para que las minorías legislativas contaran con un mecanismo constitucional de defensa frente a las posibles decisiones tomadas por la mayoría, que fueran consideradas inconstitucionales por una minoría. El Congreso pide que sólo sea una tercera parte de los diputados (catorce de ellos, en el caso de los legisladores oaxaqueños) la necesaria para presentar válidamente la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para ahí controvertir los puntos que se consideran inconstitucionales, para que el Alto Tribunal decida.

¿COMPLICIDAD?

¿Tomarán esa opción constitucional los diputados locales que por todos lados andan diciendo que esa norma es inconstitucional? Es saludable que haya pluralidad de opiniones, y que haya discrepancias en los encargados de hacer las normas jurídicas y de vigilar que se cumpla la Constitución. Lo que no es saludable es el desacuerdo de dientes para afuera y la complicidad de fondo, que es lo que parece en un asunto como éste.

CICLO VIAS

almargenoaxaca

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septiembre 7, 2015

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Carlos R. Aguilar Jiménez

Con la mejor intención y buena voluntad el gobierno de la ciudad construye ciclo vías, carriles de circulación privilegiada para bicicletas en las calles, donde se supone o espera que los ciclistas se desplacen libre y alegremente sin peligro de ser atropellados por algunos bestiales automovilistas, no obstante, la ciudad de Oaxaca no es apta para ciclistas, porque en principio no es plana, no se parece en nada Ámsterdam o el DF donde el relieve de la superficie gracias a la orografía es casi plano y liso, sin bajadas o subidas que de ida o vuelta exijan al ciclista un esfuerzo físico extraordinario para subir o remontar, excepto si se es adolescente o joven capaz de superar cualquier subida, pero si se es mayor de 30 años y, si además se desplaza a su trabajo y debe llegar impecable, limpio y fresco, no sudoroso, pestilente, jadeante y agotado a punto de tener un infarto, la bicicleta no sirve en Oaxaca.

La bicicleta sirve para ciudades pequeñas que sean planas y no haga calor superior a 25 grados que empape con sudor y transpiración la ropa del ciclista, donde no haya automovilistas desquiciados que puedan atropellar al ciclista y, en calles que las ciclo vías no puedan ser irrumpidas por los coches, donde el equipamiento urbano que delimite las ciclo vías de las calles sea de fierro o cemento, imposible de ser invadido por los autos so pena de dañar el vehículo, sin considerar además que las bicicletas sirven solo para el conductor y cinco o diez kilos de carga en portabultos, nunca para llevar el mandado, encargos o cosas que exijan un mayor esfuerzo físico, a no ser que el ciclista sea maratonista, triatleta o deportista en general, pero, para una persona normal la bicicleta solo es para entretenimiento, diversión o paseo, no un medio de transporte en una ciudad desquiciada en la que entre taxistas póngidos, camioneros brutales, automovilistas desesperados e iracundos, las bicicletas resultan frágiles transportes donde el conductor es parte de la carrocería expuesto a sufrir graves accidentes por atropellamiento. Muy bien, felicitaciones por la intención del gobierno de la ciudad construyendo ciclo vías, pero eso no es todo, se requiere primero de educación vial y cultura en general, para que, igual que en la ciudad de Ámsterdam, los ciclistas sean respetados y se les tenga toda la consideración, cortesía y atención que aquí, en una ciudad hostil y polarizada socialmente es imposible.

Los desaparecidos de Iguala: crimen de lesa humanidad

almargenoaxaca

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septiembre 7, 2015

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+ Estado mexicano, obligado a asumir su responsabilidad

Estamos a escasas tres semanas de que se cumpla el primer año de la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y el común denominador sigue siendo la pasividad y negación del Estado mexicano a reconocer la gravedad y las implicaciones del caso, y el surgimiento de nuevas investigaciones que apuntan a lo que quedó claro desde el principio: que éste es un crimen de lesa humanidad, por el que el Estado debe, además de castigar a los responsables directos, atender a su responsabilidad institucional por ese hecho.

En efecto, ayer domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa presentó el informe sobre sus primeros seis meses de trabajo. En sus conclusiones, el grupo de expertos desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Iguala en 2014, y aseguró que la principal hipótesis oficial de que fueron calcinados en un basurero nunca pasó.

El reporte del grupo de expertos, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que en todo momento fueron informados de lo que sucedía y no intervinieron.

Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos “tomaron” ese día para transportarse. Sobre esto, los expertos dijeron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre Iguala y Chilpancingo. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.

Estas primeras conclusiones, de un grupo de trabajo que no ha terminado sus labores, apunta a varias cuestiones que ahora tendrán que abundarse por el propio Estado mexicano: primera, que deja tambaleante la llamada “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República hace nueve meses, según la cual había quedado establecido el móvil de los hechos; segunda, que esto apuntaría a que lejos de agotarse la búsqueda de probables responsables con la detención de José Luis Abarca y su esposa, esto tendría que reactivarse y ampliarse a distintos ámbitos, que pudieran estar relacionados con los hechos y las posibles prácticas ilícitas en las que los normalistas habrían interferido y accidentalmente generado estos hechos.

Lo más importante, que no debe escapar a la mirada de nadie, es el hecho de que por encima de cualquier circunstancia lo que continúa prevaleciendo es la evidencia de la responsabilidad que recae sobre el Estado mexicano por la participación de sus agentes (los integrantes de dos corporaciones policiacas municipales que directamente participaron en los hechos, y la omisión de las demás corporaciones que estuvieron enteradas del hecho y no intervinieron para evitarlo) y la necesidad de asumir esa responsabilidad para resarcirla integralmente, y no negarla y esconderla, como hasta ahora ocurre.

DESAPARICIÓN FORZADA

Esto constituye, cuando menos, el delito de desaparición forzada de personas. Sobre esto, la Corte ha establecido que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución federal, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Registro: 2007426).

Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, señala que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.

Ahora bien, ¿si la autoridad jurisdiccional tiene el deber de no dejar pasar ni un solo momento cuando sabe que posiblemente se esté cometiendo un delito pluriofensivo como el de desaparición forzada de personas, por qué en este caso a las evidentes omisiones de agentes de la Federación, como el Ejército, y del Estado, como el mismo Gobernador, no se les puede ubicar en la misma dimensión de gravedad? E incluso, ¿qué de distinto tendría que los normalistas desaparecidos fueran criminales o guerrilleros, si esa posible circunstancia de todos modos no justificaría su detención y ni aminoraría la gravedad del delito de desaparición forzada de personas? Son preguntas vigentes desde que ocurrieron los hechos, y que siguen sin ser atendidas.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El delito cometido en Iguala es de lesa humanidad. En lo sustantivo se encuentra el delito de desaparición forzada de personas y la responsabilidad de Estado, por las acciones cometidas por algunos de sus agentes, o por los hechos tolerados por quienes siempre supieron lo que ocurría y no hicieron nada para evitarlo. A eso apunta la conclusión de este grupo de expertos, que obligará a replantear toda la investigación sobre los 43 desaparecidos, y que exhibe al Estado mexicano como encubridor de criminales.

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