+ Políticos usan “fundaciones” como pretexto, no por convicción social

Estos son los tiempos electorales, y en ellos abundan los políticos que crean fundaciones y asociaciones civiles fantasma, con el único objeto de engañar —y engañarse— con la casaca de la sociedad civil. En nuestro país, esa práctica constituye no sólo una impostura sino que además erosiona a la ya de por sí testimonial sociedad civil que de verdad trabaja desinteresadamente. Como ciudadanos, debiéramos estar llamados a rechazar frontalmente esas prácticas.

En efecto, es ya bien conocido que cada que se acerca un proceso electoral, surgen políticos que crean —o dicen hacerlo— fundaciones o asociaciones civiles con fines diversos. El común denominador de esas finalidades es, según dicen, hacer trabajo a favor de la ciudadanía como el fomento de valores, la formación de sociedad civil o realizar labor comunitaria.

En todos los casos —casi sin excepción—, dichos esfuerzos son en verdad interesados y llenos de mentiras. ¿Interesados en qué? En hacer parecer que los presidentes de esas fundaciones (que no son sino políticos en fáctica campaña proselitista) están preocupados por la ciudadanía. ¿Llenos de mentiras? Sí, porque como el esfuerzo no es genuino, aparentan la formación de ciudadanía aunque en realidad están socavando profundamente la identidad que debiera existir entre quien puede y quiere hacer labores de sociedad civil, y quien debiera recibir desinteresadamente los beneficios de ese trabajo.

En ese sentido, hoy es común ver asociaciones civiles —que nadie sabe si legalmente existen o no, y que muy probablemente son sociedades fantasma al margen de cualquier regulación jurídica o fiscal— que aparentemente promueven valores morales o humanos, pero que en realidad no son sino un pretexto para promocionar una imagen, unas iniciales, un eslogan o —a veces de la forma más burda— un “mensaje subliminal” para que luego, ya en campaña, un político se monte sobre ese trabajo para continuar el proselitismo pero ya de manera abierta. Hoy en día, prácticamente todos los aspirantes a alguna candidatura en los municipios importantes de la entidad (la capital oaxaqueña, ni se diga) están recurriendo a esa práctica oprobiosa.

Ahora bien, junto a ese maniobreo, hay casos todavía más cuestionables. Hay políticos, como el ex diputado federal Samuel Gurrión Matías, que utiliza el membrete de una asociación civil para ir, literalmente, de comunidad en comunidad haciendo dádivas a las personas. ¿Ese es trabajo de sociedad civil organizada?

No. Burda y abiertamente, es una labor de clientelismo político, realizada con dinero que se encuentra al margen de cualquier tipo de fiscalización, y con una finalidad eminentemente política. A la gente no le sirve —y eso lo sabemos desde hace mucho— que le regalen una despensa, una cobija o un electrodoméstico, a cambio de su simpatía. Eso, lo único que está generando es una burda y cuestionable clientela que luego será manipulada —cuando le cobren el favor— para los tiempos electorales.

Frente a todo esto, hay quien pudiera decir que cada quien es libre de hacer el trabajo que le plazca, o de regalar o hasta tirar su dinero a la basura, si ese es su deseo o si con eso cree que alimenta una intención política. Eso queda claro. Sin embargo, el tema verdaderamente preocupante no radica sólo en quién dizque promueve ciudadanía o quién se la pasa haciendo dádivas a cambio de simpatías electorales.

Un problema más de fondo, del que nadie parece preocuparse, radica en que eso ha hecho parecer el verdadero trabajo de ciudadanía como un burdo escalón para la política, y ha desacreditado el poco trabajo que se hace desinteresadamente a favor de ciertos sectores de la sociedad, como el que verdaderamente realizan algunos grupos de sociedad organizada, que sin ningún afán de lucro pretenden trabajar por los sectores marginados, pobres o alejados de los centros urbanos, no para regalarles algo que les sirva dos días, sino para verdaderamente ayudarlos a salir adelante.

¿Qué pasa? Que el político que se viste de ciudadano dos meses regalando cosas, y luego olvidándose de la ciudadanía, pervierte y degrada a toda la sociedad civil que sí necesita mucho trabajo organizado, desinteresado, y de fondo, para ayudar a equilibrar a los grupos que por alguna razón se encuentran rezagados.

LA OTRA IMPOSTURA

Junto a esos grupos de oportunistas, hay otros: los que además de buscar afanes políticos, lucran con la pobreza. Esos grupos también están perfectamente identificados, y son los que por años se han dedicado a representar comunidades para —según— ejecutar proyectos productivos. Esa ralea también es conocida, pero sorprendentemente, y a pesar de sus estremecedores antecedentes en las comunidades oaxaqueñas, hoy en día goza de cabal salud.

¿Qué hacen esos grupos? Se dedican a generar documentación para poder acceder a recursos estatales y federales —muchos de ellos a fondo perdido, y otros que deben comprobar, aunque pocas veces lo hacen—. Todo eso lo hacen ante las instancias gubernamentales, siempre, en nombre de la pobreza, la marginación y las carencias sociales; pero, de hecho, a las personas en nombre de las cuales piden beneficios, les regatean los recursos, los servicios o los bienes gestionados y comprados con recursos públicos, les piden “cuotas de recuperación” que no están contempladas en las reglas de operación de los programas, o simplemente les entregan sólo un porcentaje de lo obtenido, quedándose a veces con casi la totalidad del beneficio, por concepto de “gestión social”.

Eso tampoco es trabajo de sociedad civil, y es tan nocivo como el de la impostura de los políticos por crear asociaciones fantasma que sólo sirven para los tiempos electorales. Como ciudadanos eso denigra el trabajo organizado y pone en entredicho a quienes incurren en esa práctica para parecer muy ciudadanos, pero terminar siendo timadores que sólo buscan beneficios en nombre de acciones encomiables. En estos tiempos abundan. No contribuyamos comprando y creyendo esas mentiras.

EL CLUB DE LOS DERROTADOS

En la foto de la “operación cicatriz” en el PRI, dicen, llamaba la atención el pacto con ese, que bien podía ser el club de la derrota: en una sola foto estaban José Escobar, Beatriz Rodríguez, Eviel Pérez Magaña y varios representantes más del ulisismo que no han hecho sino acumular vapuleos en diversos procesos electorales. ¿Cuál habrá sido el “arreglo”?

+ Se debe fortalecer el municipio: ese, el reto a mediano plazo

No es buena señal que los propios mandatarios estatales, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, sean los primeros promotores de que se liquide el federalismo en materia de seguridad pública. Estimular la intención de que el gobierno federal asuma las tareas de seguridad, y que sean los gobiernos estatales los que engullan a las policías municipales, es tanto como eliminar de facto las funciones del municipio. Esa será la puerta de entrada a la tentación de ir menguando, aún más, la figura del municipio.

En efecto, hace dos días al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores ocurrió un pronunciamiento que debe revisarse con cuidado. Respaldaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la reforma constitucional para que las entidades federativas tomen para sí el control de las más de mil 800 corporaciones municipales de seguridad pública que existen en el país. Aseguran que la idea es que las policías municipales queden como órganos de tipo administrativo pero que dejen las funciones que actualmente realizan de velar por la seguridad. Quienes impulsan la iniciativa toman como base algunos ejemplos deplorables y corruptos que, sin embargo, no representan al grueso de las policías municipales del país.

Aseguran, por ejemplo, que las policías municipales deben desaparecer a partir de sucesos como el que protagonizaron las policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, al participar activamente en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Un caso más es el que ocurre en Morelos con la disputa entre el gobernador Graco Ramírez Garrido y las autoridades de varios municipios que bajo argumentos distintos no aceptan el establecimiento por decreto del Mando Único. Entre ellos está el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el cual tuvieron un enfrentamiento que casi escala a la violencia. Incluso, un caso más, es el de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a manos de presuntos elementos también de la corporación policiaca municipal de aquella ciudad.

Esto, que tratan de presentar como ejemplos de por qué sí deben desaparecer las policías municipales, son en realidad casos que no representan la generalidad de lo que ocurre en la mayoría de los municipios del país. De hecho, las policías municipales son las que tienen mayor trabajo de proximidad social y son las que más identidad y cercanía tienen con la población. No por nada los temas municipales —la seguridad, entre ellos— son los que generalmente preocupan más a la ciudadanía, y son los que más les interesa mantener cerca porque es justamente parte de lo que más les afecta.

Por esa sola razón, la posibilidad de eliminar a las policías municipales debiera ser objeto de un proceso más amplio de socialización y consulta no sólo entre los municipios del país sino entre toda la sociedad. Una reforma de este calado amerita, cuando menos, el consenso más amplio posible de entre todos los sectores de la sociedad involucrados.

RETOS JURÍDICOS

Una reforma como ésta debe discutirse, al menos, a la luz de dos retos por demás actuales: uno de ellos es el de la reforma política que desapareció el Distrito Federal para hacer emerger a la ciudad de México como la entidad federativa número 32, la cual incluye entre los cambios más trascendentes la equiparación de la figura de las delegaciones a la de los municipios; y el otro, el relacionado con lo que tendrá que pasar con los pueblos y comunidades indígenas, que también tienen sus corporaciones policiacas pero que responden a una dinámica distinta a la de los municipios “occidentalizados”.

En el primero de los rubros, será interesante ver qué tratamiento le dan al tema de las policías municipales en la capital del país, ahora que el régimen político está cambiando y que, en el caso de las jefaturas delegacionales, se van a equiparar de forma más específica a los ayuntamientos con todas sus facultades. Hoy hay un régimen especial en cuanto a la seguridad pública pero irremediablemente tendrá que cambiar, pero ya no sólo a la luz de la reforma política formal de la capital, sino también a este intento de establecer figuras como las del Mando Único que es impulsada por los gobernadores.

El caso de las comunidades indígenas es todavía más complejo, pues ahí, además de que, para que la reforma llegase a afectarlos tendría que ocurrir el requisito de la consulta previa e informada que establecen los convenios internacionales relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es claro que las corporaciones de policía tienen una intención distinta.

En muchos de los casos en realidad, la participación en una policía municipal en una comunidad regida por el sistema de usos y costumbres sigue la lógica del sistema de cargos, y de las responsabilidades comunitarias que tienen los ciudadanos de un municipio. En ese caso, la participación en la corporación tiene una lógica no sólo de seguridad sino sobre todo política. Quien participa como topil, generalmente tiene la visión de luego participar en otros cargos municipales, parroquiales y comunitarios —ser mayordomo de la fiesta patronal, por ejemplo, que engloba varias de esas cuestiones—, para luego acceder a responsabilidades ya formalmente municipales.

Esos, finalmente, son sólo dos aspectos de muchos que tendrán que considerarse en una discusión tan amplia como ésta. En el fondo, otro de los aspectos que tendrá que considerarse es si no ésta va a ser la puerta de entrada a la posibilidad de arrebatarle más facultades a los ayuntamientos. No se trata de que los municipios se mantengan incólumes, como tampoco de que queden desnaturalizados únicamente por la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de abordar con entereza los problemas que enfrentan. Lo que en el mediano plazo se ve, es que si los mismos gobernadores promueven el despojo a los municipios por parte de la federación, después podrían ser las facultades de los estados las que también comiencen a pasar por este tamiz ominoso.

¿QUÉ PASA EN EL PRD?

Sólo reina el silencio. En medio hay una disputa que nadie tiene claro si se resolverá en Oaxaca o en la capital del país. Ya tienen claro que sí habrá coalición, pero hay total incertidumbre sobre la definición del candidato, ya que ni siquiera hay claridad en cómo habrá de definirse.