Columna Al Margen

La Sección 22 debe explicar para qué pide cooperaciones

almargenoaxaca

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julio 24, 2015

+ ¿Quién financia, por ejemplo, la Guelaguetza magisterial?

Uno de los principales resolutivos de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del pasado miércoles, fue el de establecer una cooperación de veinte pesos semanales para cada profesor agremiado a su organización. El argumento para validar dicha determinación fue la inmovilización de las cuentas bancarias de la gremial por parte de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la expulsión de toda la estructura sindical incrustada en el antiguo IEEPO. ¿Para qué, y a quién rinde cuentas, la Sección 22 por los recursos que por distintas cuestiones pide a sus agremiados?

En efecto, no es nueva ni única la cooperación exigida por el Comité Ejecutivo Seccional a todos sus agremiados. Reiteradamente, la dirigencia magisterial exige a los trabajadores de la educación cuotas supuestamente voluntarias para financiar actividades concretas. Una de esas actividades es la llamada Guelaguetza Popular, que desde 2006 ha organizado la dirigencia magisterial con el aval y la labor de los trabajadores, pero también con apoyos gubernamentales. Fuera de ese hecho, la gremial solicita aportaciones a los trabajadores, que no impactan en una cuestión de solidaridad en el momento de las movilizaciones y las acciones de protesta.

Pues resulta que la propia Sección 22 reconoció que la principal cuenta congelada fue una del Banco Santander, en la cual el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le deposita a la dirigencia magisterial en Oaxaca, parte de los recursos provenientes de las cuotas sindicales que el patrón (es decir, el IEEPO) le retiene a cada uno de los trabajadores agremiados en la Sección 22. Se entiende, pues, que una parte de esos recursos se queda en el CEN, y otra es “regresada” a los comités seccionales para que éstos puedan financiar sus actividades. Hasta ahí no hay mayor duda.

El problema surge cuando esto se utiliza como justificación para la imposición de una cuota semanal de veinte pesos a cada trabajador, dizque para financiar las movilizaciones y las jornadas de lucha que vienen. Utilizando aritmética básica, se puede concluir que si cada trabajador (son 81 mil, aproximadamente) cumple con su cuota, entonces la dirigencia magisterial tendría una suma superior al millón 600 mil pesos semanales sólo por ese concepto. La pregunta es, ¿para qué va a utilizar esos recursos?

Podría entenderse que, en alguna medida, sirve para costear los traslados y los gastos que genera la manutención de algunos de los dirigentes magisteriales cuando se trasladan y pernoctan en la capital del país, mientras negocian con instancias federales. Ya hace algunas semanas se dio a conocer en redes sociales, una imagen del secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, mientras viajaba —según— en la zona de primera clase en un vuelo comercial que iba de la capital de Oaxaca hacia la Ciudad de México.

Sin embargo, aún considerando que verdaderamente algunos —o todos— los integrantes del Comité Seccional (son más de 150, y no todos tienen necesidad de trasladarse o permanecer en la capital del país, y mucho menos de forma continua o permanente) costearan sus viajes con esos recursos, de todos modos no se alcanza a justificar la posible recaudación de una suma de dinero de tal magnitud para ser utilizada, y mucho menos justificada, en esas actividades, subrayando el hecho de que fue impuesta semanalmente.

De hecho, en el gremio magisterial es bien sabido que el Comité Seccional no paga la movilización de sus trabajadores. Los trabajadores de la educación, a través de sus delegaciones y estructuras regionales, tiene desde hace años un esquema perfectamente armado en el que las movilizaciones siempre son financiadas por ellos mismos.

El esquema más exitoso para eso, radica en que no todos los trabajadores se movilicen: lo hace un porcentaje de ellos, y quienes no acuden a las marchas recibían su constancia de participación sindical a través de las cooperaciones económicas o en especie que realiza para que viajen, coman y tengan dónde dormir, los profesores que sí asisten a las marchas, plantones o movilizaciones en Oaxaca o la capital del país. Incluso, cuando se decretan las movilizaciones masivas, son los mismos trabajadores los que se organizan para viajar en grupos. Sólo bastaría ver la alta incidencia de accidentes carreteros que hay entre profesores de la Sección 22, en el marco de sus movilizaciones y acciones de lucha… que no paga la dirigencia magisterial.

¿QUIÉN PAGA LA

GUELAGUETZA MAGISTERIAL?

Para la realización de la Guelaguetza magisterial —que ya es algo así como una “tradición” dentro de la Sección 22, que nació al calor de la revuelta magisterial de 2006— el magisterio estableció desde el inicio que cada trabajador debía dar una cooperación de 10 pesos. Esto, porque la dirigencia magisterial aseguraba que era una actividad autofinanciada que demostraba su disciplina y capacidad de organización. Lo que nunca dejó claro la 22 es si realmente recibía algún tipo de apoyo por parte del gobierno estatal.

Durante la administración del gobernador Ulises Ruiz casi de inmediato quedó claro que sí. Luego del conflicto magisterial, el gobierno estatal no sólo le facilitó infraestructura y medios para la realización de su Guelaguetza alternativa, sino que incluso les daba insumos por los que ellos se supone que debían pagar. Así, por ejemplo, durante varios años el gobierno estatal pagó todo lo relacionado con el alquiler de estructuras, lonas, sillas, mamparas y templetes utilizados para su presentación. Hubo una ocasión en la que incluso les facilitó el acceso al Auditorio Guelaguetza para cumplirles su capricho de hacer su presentación en el mismo recinto donde se realiza la llamada Guelaguetza oficial.

¿Qué apoyos recibe ahora para esa actividad, para la que exige cooperación a sus agremiados? Esta administración ha sido mucho más cuidadosa en dejar ver si les presta algún tipo de ayuda. Y dado el nivel de connivencia habido hasta hace menos de una semana entre la dirigencia magisterial y el Gobierno del Estado, no sería extraño que esas “facilidades” —que le ahorrarían dinero a los organizadores, cuyo destino nunca ha sido dado a conocer— continuaran, con la oscuridad sobre el destino de los recursos recabados entre los propios trabajadores dizque para financiar esas actividades.

DEMASIADO PREOCUPADOS

La Sección 22 no renta edificios, ni paga salarios. ¿Para qué quiere más de un millón y medio de pesos semanal?

En el discurso, la 22 demuestra haber perdido rumbo y defensa

almargenoaxaca

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julio 23, 2015

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+ La dirigencia de Sección 22 se derrota antes de salir a protestar

El despliegue policiaco y militar realizado en Oaxaca en el marco del anuncio de la extinción del IEEPO, es exponencialmente mayor al realizado por el gobierno federal cuando en 2006 decidió intervenir en la capital para restablecer el orden público, perdido por la revuelta magisterial. La razón, radicó en la posibilidad de un virulento alzamiento magisterial, ante el anuncio hecho por el Gobernador del Estado. No ocurrió. Y llama la atención que lejos de parecer un repliegue táctico, lo que se ve es que la 22 no logra articular la defensa y, al menos en el discurso, está asumiendo una actitud de derrota.

En efecto, el martes Oaxaca se estremeció con el anuncio hecho por el gobernador Gabino Cué, y respaldado por el gobierno federal, de declarar extinto el IEEPO. Lo trascendente del anuncio no era en sí la desaparición del Instituto —porque, de hecho, se creó un “IEEPO espejo” pero ya sin la intervención magisterial— sino el hecho de que se cortarían las fuentes de control de la dirigencia seccional sobre las bases magisteriales.

Se preveía que el magisterio tardara algunas horas en articularse —porque se encuentran en periodo vacacional—; pero había dudas sobre la magnitud de la réplica hecha al anuncio del Gobernador. La respuesta no ocurrió más que con una tenue declaración del dirigente Rubén Núñez Ginez. Pero técnicamente, el mismo martes el magisterio se dejó ver desarticulado, y en una posición más de excusa sobre su inacción que de planeación de la defensa de sus intereses, frente a un gobierno que por primera vez logró tomar la delantera.

¿De qué hablamos? De que los señalamientos de Núñez, en el sentido de que la extinción del IEEPO era una afrenta y de que defenderían las posiciones que les quitaron en el IEEPO “porque les pertenecen”, no vinieron acompañados de una sola acción. De hecho, lo más trascendente que pudieron hacer fue cerrar las dos calles que rodean al edificio central de la Sección 22. Pero dos días después no han podido superar la reunión urgente a la que convocaron, y las quejas sobre las acciones que tomó el gobierno en su contra.

Esa es una posición de justificación y de derrota que, además, carece de fundamentos reales. Ayer, por ejemplo, Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la Sección 22, denunció que las cuentas bancarias de la sección 22, en las que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deposita una parte de las cuotas sindicales que se les retiene a todos los maestros, habían sido congeladas. “Se trata de cuentas en el banco Santander y que desde ayer (martes) los profesores no pueden retirar dinero”. En ese mismo sentido, hubo otra declaración, del secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, Benito Vásquez, quien acusó que se trata de un “golpe del gobierno” para acorralarlos y quitarles todo el financiamiento y no puedan realizar protestas.

Ambas declaraciones, leídas en el mismo contexto e incluso aisladamente, sólo dejan ver una cosa: que la Sección 22 está intentando, primero, justificar su incapacidad de accionar de manera “contundente” (usando sus mismas palabras) frente a un anuncio tan trascendente como el de la desaparición de su principal espacio de poder; y segundo, la Sección 22 está particularmente preocupada por sus fuentes de financiamiento internas, cuando es de todos conocido que no ocupa esas fuentes de financiamiento para acciones como la movilización de sus bases.

Es de todos conocidos, que el magisterio oaxaqueño está acostumbrado a realizar una autofinanciación de las movilizaciones, a través de cuotas establecidas y cubiertas por ellos mismos para costear viajes, campamentos, plantones y marchas en cualquier parte del país.

De hecho, fue así como los maestros “descubrieron” pequeñas fuentes de financiamiento que luego se convirtieron en lucrativos negocios, como el del llamado “ADO magisterial”: vieron que costear sus viajes rentando autobuses completos era muy barato. Luego, pasaron de cobrar cuotas exactas para el pago del transporte, a establecer tarifas entre ellos mismos ya con una ganancia marginal para quien organizaba los viajes. Y después la renta de autobuses pasó de ser para maestros al público en general. En todo eso, es posible que la dirigencia tuviera alguna ganancia o “comisión” por permitir ese negocio. Pero entre los propios maestros es bien sabido que la dirigencia seccional nunca puso un solo peso de las cuotas para financiar viajes, movilizaciones o plantones.

Eso refuerza la idea de que, en la búsqueda de justificaciones, el magisterio reitera lo abrumado que se encuentra, y deja ver su derrota.

CAMBIO DE DISCURSO

En los últimos dos días, a Moisés Robles Cruz, el ratificado director del llamado “nuevo IEEPO”, le han cuestionado mucho su falta de perfil profesional y experiencia en el manejo educativo. Tienen razón quienes lo critican. Y lo más probable, y hasta deseable, es que Robles sea sólo un “director de transición” que únicamente conduzca al instituto por el periodo de estabilización y reordenamiento por el que debe pasar, y llegado el momento le ceda la Dirección a un verdadero experto en temas y manejo educativo, como se supone que ocurriría si es que se llevan a cabo los ofrecimientos hechos ante el anuncio de la creación de un Instituto al margen de la política sindical.

No obstante, de entrada también llama la atención ese cambio de discurso, de la sumisión a la altivez, que no creeríamos ver del Director del IEEPO. En sus primeras entrevistas como director del nuevo Instituto, Robles convocó a los maestros de la CNTE a expresar sus inconformidades en una mesa de diálogo y no en las calles, ya que la nueva etapa del IEEPO no pone en riesgo sus derechos. “No hay pleito con los maestros, los maestros deben estar donde está su misión histórica, en las aulas”, afirmó.

“El llamado es primero para decirle a los profesores y al personal administrativo que desde luego no pierden sus derechos, sus derechos están reconocidos. Y según Milenio, sobre el llamado de la sección 22 a movilizarse contra la reestructuración del IEEPO, Robles dijo: “yo respeto a Rubén Núñez, exijo ese mismo respeto” (…) “Yo voy a seguir platicando con ellos, voy a seguir dialogando” (…) “no lo digan en la calle [sus inconformidades], nos lo pueden decir de manera ordenada”.

AMLO, OPORTUNISTA

López Obrador quiere en Oaxaca un “IEEPO legítimo” de la mano de la Sección 22… al servicio de Morena. ¡Vaya oportunismo!

Desaparecer el IEEPO: el golpe de muerte que necesitaba la 22

almargenoaxaca

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julio 22, 2015

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+ Extinguir IEEPO pega en el feroz control disciplinario de CNTE

Aunque pareciera que el inusitado respaldo federal al gobierno estatal para emprender la extinción del IEEPO responde a una estrategia apologética luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la toma de esta decisión es trascendental para la vida pública de Oaxaca. Con la desaparición del IEEPO se acaba la feroz disciplina con la que la Sección 22 del SNTE manejaba a sus agremiados, y ahora lo que es indispensable que ocurra es, primero, que el gobierno federal implemente correctamente la toma de control de la educación en la entidad; y segundo, que —ahora sí— haga conciencia en las bases magisteriales, de que la disciplina impuesta por la 22 se quedó ya sin elementos coactivos.
En efecto, La mañana de este martes, el gobernador Gabino Cué anunció la emisión de un decreto por el que se crea un nuevo instituto educativo en Oaxaca. Con esa decisión, dijo, desaparece el IEEPO para dar paso a un nuevo organismo dotado de autonomía de gestión. Vamos a crear un nuevo Instituto como organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, dijo.
“Su misión será garantizar la aplicación plena de los principios educativos consagrados en los Artículos 3ro. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, así como dar real cauce al proceso de implementación de la Reforma Educativa en nuestro estado”, recalcó el Gobernador, en un mensaje transmitido la mañana de ayer en compañía de los titulares de Sedesol, de la SEP y de la vocería de la Presidencia de la República, Rosario Robles, Emilio Chuayffet y Eduardo Sánchez, respectivamente.
Es evidente que, en el plano nacional, el gobierno federal se tardó nueve años en entender que negociar con la CNTE era un error, y que por eso era necesario establecer un nuevo equilibrio de fuerzas en Oaxaca. Desde que ocurrió el conflicto magisterial de 2006, estaba claro que cualquier medida de contención de la fuerza magisterial —tomada por el gobierno estatal o federal, en dos grandes momentos distintos— necesariamente tenía que pasar por la desincorporación de los cuadros directivos impuestos por la Sección 22 en el IEEPO.
Hoy, sin embargo, parece que el gobierno federal se decidió a mostrar dicho respaldo al gobierno de Oaxaca, motivado más por la urgencia de emprender acciones que lo legitimen ante la sociedad, que por tener verdaderamente una convicción sobre el destino de la educación. No debió ser producto de un análisis muy elaborado, el llegar a la conclusión, primero, de que luego de la fuga del Chapo, el Estado mexicano debía demostrar su fuerza mediante alguna decisión contundente; y segundo, que uno de los gremios más desacreditados frente a la sociedad mexicana, y que pasa por un momento de debilidad, es el magisterio oaxaqueño.
Pareciera que, en el plano nacional, la decisión anunciada ayer responde más a ese análisis que a la convicción por el rescate de la educación, y por desmantelar el control político hegemónico que hasta ayer podía ejercer la Sección 22 sobre sus agremiados, y sobre la gobernabilidad, a partir de la disciplina lograda con el control administrativo de la educación en la entidad.

EL IEEPO, PUNTO CLAVE
Quitar del control administrativo del IEEPO a la Sección 22 era una cuestión clave. A través de ese control administrativo, el sindicato magisterial tenía en sus manos a todos los agremiados y podía controlar los premios y castigos según su participación en las actividades sindicales. Al quitarlos de ese control también los quita de la posición de fuerza que tenía la dirigencia, y sus brazos en el IEEPO, sobre las bases magisteriales.
Ahora lo que le falta es que los propios trabajadores de la educación comprendan que si desean seguir participando en las actividades sindicales es por convicción política pero no por coacción salarial ni por la búsqueda de premios o castigos otorgados por el sindicato sobre su salario, sobre sus condiciones o ubicación de trabajo, o sobre sus privilegios económicos. Y es que, como lo apuntamos en otros momentos (Ver Al Margen 11.02.2015), el problema es que la gran mayoría de los profesores se encuentra en una situación de no saber que no saben, ni sobre su verdadero estatus ante la reforma educativa, y tampoco sobre la situación en la que quedan ante la desaparición del IEEPO.
Pues en lo que toca a la reforma educativa, resulta que como desconocen por completo el nuevo entramado institucional relacionado con la educación, también ignoran que esa nueva estructura fue hecha para quitarle poder no a los maestros, sino al sindicato, y que por eso (al menos en el papel) la Sección 22 ya no tendría forma de continuar obligando a sus agremiados a asistir a las extenuantes y riesgosas jornadas de lucha, a cambio de premiarlos o perjudicarlos en su salario o condiciones de trabajo.
Esa ha sido la base de la disciplina, por la que la dirigencia de la Sección 22 tanto lucha por mantener. En el caso de Oaxaca, tuvieron totalmente dominado el IEEPO, que hasta ayer no había hecho un solo cambio para modificar el estado de cosas que privilegiaba al control que ejerce el sindicato sobre sus agremiados. Y durante todo este tiempo, el Sindicato le ocultó —porque así le convenía— a sus agremiados que ellos ya no tendrían ninguna necesidad de continuar en los plantones, paros, marchas y demás, si no era su convicción hacerlo.
Eso lo hizo la Sección 22 con el silencio y el ocultamiento cómplice del IEEPO, porque ambos eran parte de la misma estructura política. Ese silencio, no beneficiaba a nadie más que a la dirigencia magisterial, voraz, que estuvo a punto de conseguir la capitulación del Estado y el perdón absoluto de manos de sus supuestos verdugos, por lo que les habían quitado con la ley en la mano.

NO MÁS CONTROL
Hoy eso es primordial: que el gobierno le abra la puerta a cada trabajador de la educación para decida qué hacer. Muchos van a optar por continuar la lucha sindical de la mano de la Sección 22, pero habrá otros muchos que cuando reparen en el hecho de que ya no hay más coacción ni “estímulos” para que participen en la lucha sindical, decidirán volver a clases. Lo más trascendente es que con la extinción del IEEPO se disuelve también el monismo sindical que controló a los maestros, que hoy seguramente ya no recuerdan lo que es acudir voluntariamente a una acción sindical.
@ortizromeroc

Es inadmisible que sigan desnaturalizando la Guelaguetza

almargenoaxaca

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julio 21, 2015

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+ Fiesta no debe ser monopolio de “comité de autenticidad”

Los oaxaqueños no debíamos dejarnos embriagar por la fiesta de la Guelaguetza, y más bien estamos obligados a no dejar de verla desde un sentido crítico. Sólo así podríamos entender a cabalidad que el proceso de modificaciones deliberadas por el que ha venido atravesando la Guelaguetza en los últimos años sólo le provoca daños y desnaturalización, y que si el gobierno no tiene en realidad un afán económico entonces debía ser el primero en insistir en que los Lunes del Cerro regresen a su origen.

En efecto, quizá en la última década hemos visto cómo la Guelaguetza se ha venido modificando sustancialmente. Desde la decisión de duplicar el número de representaciones, hasta la decisión —primero cuestionada, pero después avalada por la actual administración al ver su viabilidad comercial— de modificar el Auditorio Guelaguetza, hacen evidente que la fiesta de los Lunes del Cerro han venido perdiendo la trascendencia y el colorido que las caracterizó en el pasado como expresión cultural auténtica de las comunidades oaxaqueñas, para convertirla en un conjunto de espectáculos inertes que están hechos para deslumbrar al turista, pero sin respetar la raíz de las tradiciones que ahí se representan.

Hoy en día esa intención comercial está a la vista: desde que se decidió duplicar el número de representaciones de la Guelaguetza, el programa tradicional de los Lunes del Cerro comenzó a sufrir trascendentes modificaciones que han carecido de forma, orden y límites. Lo primero que ocurrió es que como había que cubrir con bailes y muestras de tradiciones las dos representaciones de cada lunes, el Gobierno del Estado y el Comité de Autenticidad —que en los últimos años no ha dado un solo destello de realmente velar por la preservación de las representaciones— comenzaron a relajar los requerimientos para las comunidades que aspiraban a participar en los Lunes del Cerro, y también comenzaron a incluir otro tipo de representaciones ajenas a los bailes, como calendas, mayordomías, bodas y fiestas populares de las comunidades, que hoy son parte de la representación.

Ello ha permitido tener cubiertas las cuatro presentaciones de los Lunes del Cerro, pero sin atender concretamente al criterio inicial de que lo primordial debían ser los bailes y la forma que establecieron los fundadores de esta tradición, hace más de medio siglo. Y los organizadores de la fiesta de los Lunes del Cerro han venido aprovechando año con año la doble bendición que, primero, para ellos constituye el hecho de que como la gran mayoría del turismo nacional y extranjero no tiene mayores antecedentes de lo que ve, de todos modos termina aplaudiendo y reconociendo la representación, que si bien es altiva y colorida, no es lo que debía ocurrir; y segundo, que al final, de todos modos la gran mayoría de los oaxaqueños termina seducido por la magia de la fiesta y por el amor a la tierra, y deja en segundo plano los aspectos negativos, y las desviaciones que ve pero no reconoce ni señala como debería, de los Lunes del Cerro.

Esta situación, al paso del tiempo, está institucionalizando lo que no debería ser de los Lunes del Cerro. Esto porque la reiteración de esas prácticas equivocadas, y de la forma en cómo han venido desnaturalizando la festividad, ha ocurrido sin una oposición firme de la ciudadanía, que lejos de seguir aplaudiendo y aceptando lo que a todas luces se ve que no es correcto, debería exigir el respeto a esta tradición, que si bien no es milenaria (porque tal y como la conocemos data de la década de los treintas del siglo pasado), sí tiene más de ochenta años siendo columna vertebral de la forma en cómo Oaxaca presenta a México y al mundo algunas de las principales tradiciones de sus pueblos originarios.

QUE LA FIESTA

CONTINÚE, PERO BIEN

No se trata de apostar porque los Lunes del Cerro permanezcan inmóviles o sin posibilidad de reconsiderar algunos de sus aspectos. Sin embargo, tampoco se trata de creer que la Guelaguetza es un monopolio del gobierno estatal o del llamado Comité de Autenticidad, y que en aras de mantener los aspectos comerciales terminen tomando decisiones que impactan decididamente en la forma en cómo se desarrolla la representación.

En ese sentido, sería harto lamentable —y esa es la ruta que lleva la fiesta de la Guelaguetza, particularmente desde que se duplicó el número de presentaciones en el Fortín— que los Lunes del Cerro terminara siendo una fiesta para los visitantes, que aparenta ser oaxaqueña, aunque sólo en la medida en que es un producto comercial hecho para quien busca la superficialidad.

Veámoslo sin ambages: hay muchas cosas que aparentan ser oaxaqueñas pero que en realidad están hechas para atrapar la atención del turismo: hay artesanías que sólo aparentan ser oaxaqueñas; mezcal que parece oaxaqueño pero que no lo es; artistas que son oaxaqueños impostores o, en el mejor de los casos, música o comida oaxaqueña que está tan estilizada que sólo por eso pierde todo su sentido y esencia como parte de nuestra tradición.

Al final se trata no de una resistencia al cambio sino a una evolución inteligente y pensada dentro del equilibrio entre lo comercial y la preservación de nuestra cosmovisión y tradiciones. No lo consigue el Comité de Autenticidad al manosear a su antojo la representación de los Lunes del Cerro, como si ellos tuvieran el monopolio de la decisión de qué y cómo ocurre la Guelaguetza. Y en esto el gobierno estatal ha sido permisivo al extremo, e incluso pareciera que —por un falso sentido de interés comercial— hasta estimula la toma de esas decisiones unilaterales que sólo lastiman la fiesta, y socavan el sentido de expresión cultural de los Lunes del Cerro.

No hay oaxaqueño que no agradezca que la fiesta de la Guelaguetza traiga la mayor derrama económica de cada año sobre nuestra entidad. Pero tampoco habrá oaxaqueño consciente que no repruebe que por esos afanes comerciales, estemos lastimando tanto nuestras tradiciones y hasta parezca que estamos matando a nuestra generosa gallina de los huevos de oro.

LO MISMO PERO “ALTERNATIVO”

Y nos seguimos preguntando: ¿Por qué la llamada “Guelaguetza magisterial” no es más que una copia simple de la tradición “oficial? Son de esas cosas inexplicables, que sólo revelan la indolencia de sus organizadores y la falta de compromiso de los profesores por rescatar algunas tradiciones de las comunidades. Abundaremos.

@ortizromeroc

RUBÉN OSIO

almargenoaxaca

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julio 20, 2015

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Carlos R. Aguilar Jiménez

Convertir las artes plásticas, la habilidad y el arte de pintar en una actividad divertida, atractiva, estética y, especialmente artística, para otorgarle en su sentido abstracto una perspectiva personal y social, es parte de la personalidad del maestro Rubén Osio, artista plástico quien desde hace más de dos décadas plasma su creativa, sugestiva y a veces alucinante imaginación, en tela, papel, madera y toda clase de materiales donde pueda representar lo que su imaginación, entelequias y talento le llevan a plasmar en su obra plástica que ha sido exhibida, presentada y encomiada en galerías, exposiciones, muestras y presentaciones.

Creativo, original, polifacético y con un estilo que lo distingue esencialmente en el mundo del arte entre de lo que se conoce en el país como “Escuela de Oaxaca”, el maestro Ruben Osio, originario de Huajuapan y avecindado en Oaxaca, afirma que: “Tanto en la vida como en el arte nunca hay pérdidas”, porque lejos de considerarlas quebrantos, piensa son recursos, alternativas o posibilidades que se pueden obtener de lo que, para otros, serían desventajas y así, en cada trazo, pincelada o línea de cada obra que inicia, siempre encuentra infinitas oportunidades artísticas para hacer de cada pintura, con sus colores, perspectivas, figuras, matices, contrastes y fusiones estéticas, un trabajo artístico único que lo distingue como un maestro de los pinceles, el óleo, la acuarela, los lápices, el grabado e incluso la escultura, como atestigua la enigmática cabeza de metal con casi dos metros de diámetro que luce a la entrada de su taller – estudio ubicado en un cerro cercano a población de Huitzo, lugar donde en sus momentos de inspiración busca aislamiento e intimidad para poder trabajar en paz y tranquilidad, dejando que fluyan libremente los trazos, pinceladas y toda la expresión de su imaginación artística, que actualmente y en función de su reciente producción pictórica, su obra se exhibe este mes en la exposición “MEZCALARTE” de la Galería Arte de Oaxaca ubicada en la primera calle de Murguía, (donde también se encuentra la magnífica obra escultórica de Judith Ruiz) y que también se puede apreciar en distintas plazas y colecciones privadas del estado, país y extranjero. Rubén Osio es así, por su obra artística un destacado maestro de la acreditada línea o escuela pictórica oaxaqueña.

La recentralización del poder impulsada por EPN no sirve para nada.

almargenoaxaca

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julio 20, 2015

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+ Antes, federalismo centralizado funcionaba por fortaleza presidencial

No ha pasado aún un año desde la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y desde entonces el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha podido revertir la caída libre. Pareciera que el problema fue la incapacidad de reaccionar ante la detención-desaparición de los normalistas, o ante la crisis generada por su “casa blanca”. En realidad, esta crisis continuada tiene su origen en la recurrencia de prácticas de corrupción y en la indolencia gubernamental, pero sobre todo en la incapacidad de construir una presidencia sólida.

En efecto, aunque la recentralización del poder por parte del gobierno federal no ha sido un tema analizado con la profundidad que amerita, sí es clara la maniobra del presidente Peña Nieto con la mayoría de las reformas que impulsó en la primera mitad de su gobierno: en cada una de ellas había un ingrediente recentralizador, que arrebataba atribuciones y alcances a los poderes estatales y municipales, para volverlos a concentrar en el gobierno que él encabeza.

Así, vimos cómo el gobierno federal impulsó la reabsorción facultades en las reformas educativa, político-electoral, financiera, de transparencia y hasta la fiscal y energética. Ninguna de las reformas constitucionales y legales tuvo algún ingrediente que denotara la disposición a incluir a las entidades federativas en algunas de las tareas de reorganización y administración de facultades o funciones. La federación, en eso, recogió todas las facultades, dejando ver que, al haberlas antes tenido los estados de la República, las habían subutilizado o viciado. A partir de eso, ubicó a las entidades federativas como menores de edad y de esa misma forma justificó la recentralización de todo tipo de facultades.

¿Cuál fue el problema? Que el gobierno federal tomó facultades que no tenía la capacidad de ejercer. Por esa razón vimos cómo en pocos meses el gobierno de la República se desfondó al tratar de asumir el manejo de la educación en varias entidades federativas; cómo ha sido incapaz de impulsar una política fiscal eficaz y equitativa con todos los contribuyentes; cómo le inyectó esteroides al IFE y al IFAI para convertirlos en institutos nacionales, sin brindarles la autonomía y la fuerza institucional que requerían para no terminar en el ridículo; y cómo ni siquiera pudo impulsar la política de beneficios energéticos que el gobierno de EPN prometió cuando trataba de justificar la reforma petrolera.

El sonoro fracaso tiene mucho que ver con su falta de cálculo de las dimensiones de las tareas que asumía, pero sobre todo con una cuestión de soberbia. Antes, en los años del régimen de partido hegemónico en el país, el gobierno federal tenía fácticamente todas las facultades políticas y administrativas del país, porque el sistema político, y los mecanismos de acceso y regulación del poder público, permitían que el Presidente fuera un hombre fuerte, capaz de tomar decisiones y hacerlas cumplir sin importar que éstas tocaran los ámbitos de gobierno, la división de poderes, o las facultades depositadas en estados y municipios.

Por eso, en aquellos tiempos un Presidente podía quitar y poner a un gobernador, influir para que los estados absorbieran o transfirieran facultades a la federación, o ser el fiel de la balanza en todos los conflictos políticos. En aquel entonces, reiteramos, el sistema político mismo estaba integrado para facilitar el funcionamiento de un centralismo disfrazado de federalismo. Y pareciera que el presidente Peña Nieto no entendió que los tiempos habían cambiado, justamente para que el sistema no permitiera poderes hegemónicos, y sin tener capacidad absorbió facultades que hoy no sólo le estorban sino que son la base de los cuestionamientos a su gobierno.

LA CORRUPCIÓN Y LA INCAPACIDAD

La incapacidad para ejercer las atribuciones que la ley establece, es un problema estructural que no sólo tendría Peña Nieto como gobernante, sino cualquier otro que hubiera incurrido en ese error de absorber voluntariamente lo que no va a poder cumplir. Pero la doble tragedia para el actual gobierno federal se revela cuando además de la pequeñez frente a las tareas por cumplir, se incurre en otras prácticas como la de la permisividad y el ejercicio de la corrupción.

¿Cuál sería el panorama actual si al gobierno del presidente Peña Nieto no se le hubieran atravesado tres hechos aparentemente fortuitos, como la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la revelación del origen de su casa y el conflicto de interés respecto al constructor, y la reciente fuga del delincuente más perseguido del mundo? Seguramente, con todo y los dislates cometidos en la deficiente implementación de las reformas estructurales, el gobierno de Peña Nieto tendría un tránsito más o menos cómodo.

Pues es claro que la sociedad mexicana tiene una ominosa costumbre a que el gobierno prometa más de lo que puede cumplir, y hasta tolera cierto margen de ineptitud en el ejercicio de las tareas públicas. Seguramente, la sociedad mexicana no estaría tan enojada por la negociación de la reforma educativa; por la incapacidad del gobierno federal por cumplir con el establecimiento de las condiciones para una reforma política eficaz, o con otros de los temas en los que ha fallado. No estarían tan enojados porque entonces de lo que se hablaría es de incapacidad. El problema es que esa incapacidad se combinó con otro factor que la sociedad también tolera, pero por separado: la corrupción.

La actual administración federal incurrió en esos dos pecados al mismo tiempo: la incapacidad ha sido manifiesta, y la corrupción también. ¿El resultado? Un gobierno en debacle que, además, continúa tomando decisiones según sus cálculos políticos y no las necesidades nacionales. A pesar de todo, dicen haber salido “bien” en los comicios recientes, y por eso dicen que los cambios no son necesarios. No, a pesar de las tres crisis seguidas y de los claros signos de que este gobierno está dando tantos tumbos que ya se está llevando al país entre las manos.

LA FIESTA DE TODOS

A partir de hoy, contemos una semana con los mejores días de Oaxaca: cultura, colorido, expresiones folclóricas, mezcal, comida y la grandeza que rebasa por mucho nuestros problemas comunes. Bienvenidos todos los que vienen a conocer y disfrutar Oaxaca. Nosotros los oaxaqueños disfrutemos y valoremos estas expresiones, que son esencialmente nuestras.

@ortizromeroc

Manejo educativo en Oaxaca, un problema del Estado mexicano

almargenoaxaca

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julio 17, 2015

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+ Federación debe asumir su responsabilidad como asunto político

Ayer el gobernador Gabino Cué Monteagudo reiteró, en la Comisión de Educación del Senado de la República, lo que en Oaxaca a todos nos queda claro pero al gobierno federal, no: que el manejo de la educación en la entidad es un asunto de índole nacional y no estatal, y que por tanto debe ser tratado al más alto nivel y no sólo como una problemática del gobierno y la sociedad oaxaqueña. Pareciera que el gobierno federal simplemente no quiere entenderlo.

En efecto, al acudir a la invitación de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, el gobernador Cué reiteró la postura de que el manejo de la educación pública en Oaxaca es tanto un tema técnico como político, y sobre todo reconoció que en ese manejo el gobierno estatal se encuentra rebasado, y que por ende es también corresponsabilidad de la federación entender y atender esta problemática a partir de soluciones viables.

En ese sentido, el gobernador Cué dijo, por ejemplo, que desde hace 23 años, el 92% de la estructura de personal del IEEPO es sindicalizada, incluidos sus mandos medios y superiores, lo que ha impedido a los gobiernos estatales en turno, diseñar y operar una eficiente política educativa que favorezca el desarrollo educativo de la entidad. Se trata, dijo, de un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado, apuntalado por una membresía sindical integrada por más de 83 mil trabajadores, cuya capacidad de movilización ha superado históricamente los mecanismos de contención y control de los gobiernos estatales.

Esta es la principal razón, reconoció el Gobernador, que ha imposibilitado el registro de los controles de asistencia, y la aplicación de descuentos y sanciones administrativas en el sistema educativo de la entidad. Del mismo modo, el Mandatario hizo un recuento de las acciones ha tomado en coordinación con el gobierno federal para enfrentar estas situaciones, pero también enumeró las acciones que ha emprendido en coordinación con el sindicato magisterial, como la elaboración de la iniciativa de ley estatal de educación, que desde hace 11 meses se encuentra atorada en el Congreso local.

En ese marco, si el gobierno federal estuviera en disposición y posibilidad de hacer un análisis de dichas acciones lejos de los maniqueísmos, tendría que reconocer que al final la política tan cuestionada del gobernador Cué respecto a su manejo no de la educación, sino del permanente conflicto magisterial en Oaxaca, ha buscado mantener los equilibrios sociales y políticos que ya en otros momentos estuvieron rotos, en aras de mantener la gobernabilidad y la mejor relación posible con los dos actores fundamentales de esta relación tripartita, como lo son por un lado el gobierno federal, y por el otro la radicalizada Sección 22 del SNTE.

MAGISTERIO, AMO DEL IEEPO

En Oaxaca conocemos a la perfección los dos grandes temas que abordó el gobernador Cué en su participación de ayer en el Senado, y que son parte de lo que debiera quedar bien claro al gobierno federal si es que quiere cambiar el estado de cosas del manejo educativo en la entidad.

Pues en la visión simplista del largo conflicto educativo de Oaxaca, casi siempre se omiten detalles que son fundamentales para comprender la realidad actual. Una de esas circunstancias, que sigue estando en el cajón del olvido del gobierno federal (que sólo opta por el camino fácil de culpar al gobierno de Oaxaca por la anarquía educativa), es la relacionada a la negociación que en 2006 emprendió el gobierno federal con la Sección 22, en el marco de la revuelta magisterial que entonces ocurría en la capital del Estado. Ahí se encuentra una de las razones claves de la beligerancia magisterial actual. ¿Por qué?

Porque uno de los temas que encendió la furia de los profesores (y fue gasolina para la revuelta social), fue la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz de retomar el control administrativo del IEEPO. Como bien se recordará, producto del convenio de descentralización educativa de 1992, el gobernador Heladio Ramírez había fijado nuevas reglas para la administración de la educación en el Estado, dentro de las cuales se estableció que sería la 22 quien nombraría a toda la estructura administrativa del nuevo instituto educativo, con excepción del Director General que sería el único nombrado por el Ejecutivo Estatal sin consenso con el sindicato magisterial.

Ruiz fue presa de esa regla, y por eso cuando decidió la embestida en contra de los profesores en 2006, uno de los aspectos clave que decidió tocar para minar su influencia, fue el de eliminar a todos los integrantes de la Sección 22 que eran parte del cuerpo directivo del IEEPO.

Esa fue una de las decisiones que más dolió al magisterio, porque si hubo un factor decisivo para mantener la disciplina de todos los miembros de la 22, éste era la capacidad que tenía el propio sindicato de coaccionar administrativamente a los integrantes del sindicato que no cumplieran con las tareas que ordenara el Comité Ejecutivo de la Sección 22. Por eso, al perder presencia la 22 en los cuadros directivos del IEEPO, también perdía mucha de su capacidad de control al interior de sus bases.

El problema fue que, producto del mismo conflicto y de las negociaciones en Gobernación, el gobierno de Vicente Fox y Ulises Ruiz concedieron que el magisterio recuperara todas sus facultades y privilegios dentro del IEEPO, y esa concesión sobrevive hasta la actualidad. Esa es una de las situaciones que hace presa del magisterio no al gobernador Cué, sino al Estado oaxaqueño, el control que tiene el sindicato sobre la administración de la educación en la entidad.

CORRESPONSABILIDAD

Finalmente, todavía hace algunos días vino una última andanada de críticas, enfiladas desde el gobierno federal, en contra del gobierno de Oaxaca, por no aplicar los descuentos a los profesores que perdieron 17 días de labores consecutivos. En el fondo, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parece no quedarle claro que si bien el gobierno de Gabino Cué carga con una parte importante de esa responsabilidad, el manejo de la educación es un tema no sólo educativo, sino sobre todo político y de gobernabilidad, que también debe ser enfrentado por el gobierno federal con la seriedad y responsabilidad que hasta ahora no ha demostrado frente a los oaxaqueños.

@ortizromeroc

La Constitución y sus instrumentos, base idónea para legitimar el CCCO

almargenoaxaca

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julio 16, 2015

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+ Que se den bases, y que se abra el debate a ciudadanía, dentro de la ley

El martes el gobierno de Oaxaca anunció que impulsará lo que ellos denominaron como una “consulta pública”, para que la ciudadanía sea quien decida si se construye el Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en las faldas del Cerro del Fortín. Qué bien que el camino para definir el futuro de esa edificación sea el de la Constitución, y ahora falta que el gobierno y la sociedad le den forma y legitimidad al anuncio, para que verdaderamente sea útil para la democracia participativa, y la sociedad oaxaqueña.

En efecto, cuando hace dos semanas nos referimos al CCCO apuntamos que lo idóneo sería que la ciudadanía organizada impulsara la puesta en marcha de uno de los mecanismos de participación ciudadana, denominado plebiscito. Éste, dice la Constitución, es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio pueden objetar las determinaciones de naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado. Dijimos que esto era lo idóneo porque la solución a un problema como éste debía darse dentro de la ley, y con la Constitución en la mano, y no a partir de acciones de fuerza.

Lamentablemente, en aquel momento ni el gobierno ni la sociedad civil organizada veían esa posibilidad. Por un lado, el gobierno estatal asumía que con el proceso de “socialización” del proyecto (es decir, su exposición a ciertos grupos) era suficiente para legitimar la viabilidad de la obra. Por el otro, la sociedad civil intentó algunas vías legales como el amparo, aunque pronto quedó claro que esto era insuficiente porque el problema de fondo que sigue pesando sobre proyecto del Centro de Convenciones, no es de legalidad sino de legitimidad. El problema es que desde la misma sociedad civil, hubo una visión displicente frente a la necesidad de resolver el diferendo dentro de la ley.

Por ejemplo, un integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín (Jorge López López, jorbosh_colis@yahoo.com.mx), se refirió a nuestra entrega del miércoles 1 de julio, a través de una misiva enviada vía correo electrónico al autor de este espacio, en la señalaba que la decisión de realizar una clausura simbólica de las primeras obras de construcción del CCCO fue el resultado de una convocatoria amplia “ante la cerrazón de las autoridades para atender las demandas legítimas de un sector importante de la ciudadanía”.

Incluso, sobre el planteamiento hecho en esta columna respecto a que lo idóneo sería que la ciudadanía impulsara un plebiscito, en lugar de impulsar medidas que no los llevarían a nada, el integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín decía lo siguiente: “Finalmente, tu propuesta de plebiscito me conmueve por su candidez ya que si estuviéramos en condiciones de organizarlo y llevarlo a cabo, perderíamos un tiempo valioso que las autoridades aprovecharían para avanzar –y quizá hasta terminar– la obra en cuestión, que ya cuenta con dos suspensiones provisionales que las autoridades no han querido acatar”.

Evidentemente, lo que de veras conmovía era que la propia sociedad civil organizada soslayara los llamados a resolver las controversias sobre asuntos públicos dentro del marco de la ley, y que en lugar de eso asumiera posturas maniqueas respecto a su participación y al trato con quienes no coinciden no con sus finalidades, sino con los métodos utilizados para conseguirlos.

¿Qué pasó? Que sorprendentemente, y frente a la arrogancia oficial que ha caracterizado el impulso a esta polémica y rechazada obra, el gobierno pareció comenzar a entender que su reiterado proceso de “socialización” no ha sido más que una fantasía y un autoengaño, y que lo necesario era acudir a una verdadera consulta pública.

Ahora es tarea de los grupos organizados de ciudadanos vigilar, primero, que no continúen los trabajos de construcción del estacionamiento del CCCO; segundo, que el gobierno estatal cumpla cabalmente su palabra de someter el destino del proyecto al escrutinio ciudadano; y tercero, que vigile con puntualidad el desarrollo de la llamada “consulta pública”, y aliente la participación democrática de toda la ciudadanía.

QUE CUIDEN LAS FORMAS

Formalmente, el gobierno de Oaxaca no está legitimado para impulsar un plebiscito, y la figura de la “consulta ciudadana” no existe como tal en la Constitución del Estado. Deberá impulsar, por tanto, un plebiscito a través de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local. Pedirle a los diputados, que a su vez soliciten el plebiscito, no representará ningún obstáculo para el gobierno de Gabino Cué: nadie en su sano juicio estaría en contra de impulsar un mecanismo democrático de participación ciudadana frente a un asunto como el del CCCO; y además el Ejecutivo cuenta con el respaldo político de más de la mitad del total de legisladores locales, con lo que no sería difícil conseguir el aval de los que hicieran falta para impulsar el plebiscito.

Al margen de esto, es claro que lo realmente importante se centrará en: a) establecer con toda precisión cuáles serán los alcances y límites de la consulta ciudadana realizada a través del plebiscito; y b) garantizar desde todos los frentes que esta consulta a la ciudadanía se realice de manera libre y participativa, y que todos juntos alienten a que sea el mayor número posible de ciudadanos los que participen en este ejercicio democrático, esgrimiendo civilizadamente sus respectivos argumentos, y tratando de convencer razonadamente a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la aceptación o el rechazo del proyecto.

A nadie deberían parecerle “cándidos” o “ingenuos” los llamados a resolver las polémicas con la Constitución en la mano. El gobierno, y las organizaciones que se han opuesto al proyecto del CCCO, estarán ahora obligados a dejar atrás cualquier postura arrogante, para asumir que ni uno ni otro representan, ni tienen el monopolio de toda la sociedad oaxaqueña. Si ya se abrieron los caminos de la participación ciudadana, lo único que queda es tomar las oportunidades y potenciarlas.

RESPONSABILIDAD

Si desde la ciudadanía no se impulsa la responsabilidad de la participación ciudadana dentro del cauce de la Constitución, entonces tampoco se puede exigir que el gobierno atienda el sentir de los gobernados. Cada oaxaqueño debiera manifestar su opinión; y todos juntos debían impulsar una participación mayoritaria para que el resultado de la consulta pública, o plebiscito, sea obligatorio para la sociedad y para el gobierno de Oaxaca.

@ortizromeroc

La ley electoral no pudo haber entrado en vigor antes de ser publicada

almargenoaxaca

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julio 15, 2015

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+ Viciar deliberadamente norma electoral, socava al sistema democrático

En la escuela, siempre, a todo el que estudia derecho le enseñan que el proceso legislativo tiene siete fases, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Eso, que se reza como plegaria en las clases de derecho constitucional, es lo que en gran medida legitima la observancia general y la obligatoriedad de las normas jurídicas. Por eso llama tanto la atención el conjunto de vicios que tiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, emitida la semana pasada por el Congreso del Estado.

En efecto, tal y como lo apuntábamos en nuestra entrega anterior, no deja de llamar la atención que el Congreso sea el primer infractor de la Constitución y del sistema democrático. Pues en aras de quitarse un problema generado por las pasiones y ambiciones políticas, la mayoría legislativa decidió aprobar la ley electoral a pesar de ya no poder cumplir con los tiempos y los requisitos plasmados en los transitorios de la reforma constitucional en materia político electoral, que establecieron la necesidad de emitir una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales.

En ese sentido, es un principio constitucional que las normas electorales no pueden ser modificadas ni derogadas en los últimos 90 días previos al inicio de un proceso electoral. El OPLE del INE, determinó que el proceso electoral 2015-2016 de Oaxaca iniciará el 8 de octubre. Por eso a los diputados les urgía aprobar la ley ordinaria respectiva a más tardar el día que lo hicieron, para no infringir el plazo de 90 días antes señalado, y para que pudiera ser esa norma la que rigiera el proceso electoral de gobernador y diputados locales en 2016.

El problema es que la norma tiene serias deficiencias derivadas de la infracción al proceso legislativo elemental. Pues resulta que sin considerar ninguna formalidad ni principio constitucional relacionado con las formalidades exigidas para la vigencia de una ley, los diputados aprobaron esa norma bajo serios cuestionamientos relacionados con la validez de la sesión legislativa. Y por si eso no fuera suficiente, cometieron otros dos errores que habrán de trascender a la validez y estabilidad misma de la norma, si es que alguien decide impugnarla.

El primero de esos errores fue el de convalidar la aprobación de un dictamen que no fue leído en la sesión en la que fue sometido a la consideración del pleno, y que tampoco había sido dado a conocer previamente a los diputados; el segundo error, que es aún más grave, tiene que ver con el hecho de que en los propios artículos transitorios de la ley, establecieron que entraría en vigor desde el momento de su aprobación. Esto lo hicieron para que la emisión de la ley coincidiera con sus tiempos y sus prisas. Sin embargo, es claro que esto rompe con todos los principios relacionados con la validez de las leyes a partir de su formación, y por ende se convierte en un problema de incertidumbre jurídica e ilegalidad evidente.

UN PROCEDIMIENTO INCONSTITUCIONAL

Sobre la falta de lectura de un dictamen, la Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia que esto es inconstitucional. “Cuando en el proceso legislativo —dice la Corte—, el Congreso del Estado de Sonora, por ejemplo, en el que culminó con el Decreto Número 19 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda (…) se dispensa de primera y segunda lecturas el dictamen de comisiones bajo el argumento de que es de notoria urgencia, sin que se motive esa circunstancia, y no se lleva a cabo una segunda sesión después de haberse presentado el dictamen referido al pleno del Congreso, se actualiza una violación formal a las normas de dicho proceso, concretamente a los artículos 55 de la Constitución Política [similar al artículo 51 de la Constitución de Oaxaca] y 126 a 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo locales, que trasciende fundamentalmente a las disposiciones aprobadas, porque la falta de cumplimiento de esos requisitos genera la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, pues si bien es cierto que se puso a discusión dicho dictamen, también lo es que no se realizó en condiciones de igualdad y libertad que permitieran la participación de aquéllas, ya que si ningún diputado solicita discutir el asunto en lo general o en lo particular, ello indica que no se garantiza a los integrantes de ese órgano legislativo tener tiempo suficiente para conocer y estudiar la iniciativa de ley de que se trate y su dictamen y, por ende, estar en posibilidad de realizar un debate al respecto. Máxime si el dictamen se aprueba por una mayoría parlamentaria, lo cual hace presumir, fundadamente, la ausencia de discusión por la minoría, debido, seguramente, a la falta de tiempo de conocer y estudiar el dictamen (Registro 2007632).

¿Qué significa esto? Simple: Que cuando una ley no se discute, como fue este caso, se comete una violación formal al proceso legislativo, y por ende la norma es inconstitucional.

La otra inconsistencia es igual de trascendente, a partir de la siguiente pregunta: ¿Puede una norma entrar en vigor sin antes haber sido promulgada, sancionada y publicada por el Ejecutivo? Eso es imposible, porque se incumple con la participación del Gobernador en el proceso legislativo, así como con los principios de publicidad y certeza que son parte esencial del mecanismo de autocontrol constitucional establecido para la creación de una norma.

Suponer, pues, que una norma puede entrar en vigor sin cumplir con la mitad de los requisitos establecidos en el proceso legislativo —como pretende el transitorio primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca— es tanto como creer que entonces el Congreso puede emitir normas sin la participación del Ejecutivo, erigiéndose en una especie de “súper poder”.

Acaso, esta gravedad se multiplica ante el hecho de que la inconstitucionalidad es de la norma que regirá el proceso electoral. ¿Con qué legitimidad podrán ser electos, y tener el carácter de representantes populares, el próximo gobernador y diputados locales, si fueron electos a partir de normas inconstitucionales? Es una pregunta que debieran responder los responsables de la aprobación de esta ley.

VENDIDO

En el Congreso nadie cree que el diputado-operador-electoral más mañoso haya sido vilmente chamaqueado. Más bien, dicen, se dejó mayoritear a cambio de “algo”. ¿Será?

@ortizromeroc

Que la certeza jurídica del Congreso incluya al Periódico Oficial

almargenoaxaca

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julio 14, 2015

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+ Nadie se alarma del nivel de incertidumbre que genera la publicación

Es práctica conocida, que en el Congreso local puedan modificar un dictamen ya pasado por el pleno, sin que esto genere consecuencias para quien lo perpetra. Sin embargo, también es conocido que el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se ha prestado, y podría seguirlo haciendo, a manipulaciones que multiplican esa incertidumbre. Es por eso que la búsqueda de certeza jurídica en el procedimiento legislativo, debe venir acompañada por la certeza de lo que se da a conocer en el Periódico Oficial.

En efecto, aunque puede ser un asunto intrascendente jurídicamente hablando, la falta de consistencia en la administración del Periódico Oficial del Gobierno del Estado genera incertidumbre donde no debiera haberla. Todos conocemos la atropellada historia de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada la noche del pasado jueves en medio de empellones en el Congreso del Estado.

Por la premura que implicaban los plazos constitucionales fatales (si no entraba en vigor ese día, no sería de observancia general sino hasta el siguiente proceso electoral, luego del de 2016), la norma fue aprobada por el Congreso y, según, sancionada y promulgada el mismo día por el Ejecutivo, para ser publicada en un Extra del viernes 10 de julio del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El problema es que dicho Extra sólo se mantuvo publicado dos días en la página web del órgano de difusión, y este lunes desapareció sospechosamente.

Cualquier funcionario podría decir, frente a este señalamiento, que las publicaciones digitales del Periódico Oficial son simplemente informativas y que carecen de todo valor jurídico. Podría argumentar, además, que quizá el sitio web www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx estuvo “en mantenimiento” este día, y que de ahí viene la intrascendencia jurídica que señalábamos dos párrafos atrás. Incluso podría decirse que en Oaxaca sólo las publicaciones impresas del Periódico Oficial tienen validez, y que por ende no hay razón para hacer un señalamiento relacionado con las fallas del sitio web de dicha publicación.

El problema —para ellos— es que si la naturaleza de un órgano oficial de difusión, es propiamente la de dar a conocer a los gobernados las normas y determinaciones que emite la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, entonces en los tiempos actuales debiera ser un sentido básico de responsabilidad y congruencia mantener en las mejores condiciones posibles, el medio a través del cual hoy la mayoría de las personas interesadas pueden acceder a una publicación como esa. Dicho medio es el electrónico.

Además, un ciudadano común —cualquiera de nosotros, que no ostentamos carácter alguno de autoridad, ni necesitamos un ejemplar del Periódico Oficial para fines legales— lo que busca es el contenido de lo que se publica; la certeza de que lo publicado es lo mismo que se aprobó en el Congreso, y sobre todo el momento en que dichas disposiciones entran en vigor, así como los límites de actuación establecidos.

Eso no es poca cosa. Y el hecho de que no haya certeza —no jurídica, sino certeza común— de lo publicado, genera incertidumbre, la cual bien puede ir desde el hecho de que no se pueda conocer el contenido de una ley ya vigente, hasta la suspicacia de que esa abrupta desaparición de un documento ya publicado en medios electrónicos pudiera ser el preámbulo de una negociación política para cambiar su contenido.

INCERTIDUMBRE

En otros tiempos, fue harto conocida la práctica de mandar a imprimir documentos idénticos a los elaborados por el Periódico Oficial para falsificar decretos, trámites, publicaciones y demás. La última gran noticia que hubo a este respecto, fue cuando en la administración del gobernador Ulises Ruiz, un grupo de funcionarios se dedicó a comerciar con el otorgamiento de patentes notariales, a través de lo cual se generó un ominoso mercado negro de la fe pública.

Uno de los pasos por los que pasaba ese otorgamiento ficticio era la publicación en el órgano oficial del resultado de exámenes, convocatorias y otros requisitos, para lo cual mandaban a imprimir documentos similares a los emitidos por el Periódico Oficial, que como no eran cotejados ni validados, entonces eran dados por buenos.

Nadie querría regresar a esos tiempos, en los que la certidumbre jurídica de lo publicado en el Periódico Oficial era nula. Por esa razón, la propia Dirección del Periódico Oficial, que depende de la Consejería Jurídica debiera procurar la generación de confianza y no de incertidumbre entre la ciudadanía, manteniendo lo más alcance posible, y con el mayor grado humanamente posible de certeza, el contenido de lo que publica. El asunto es de mayor trascendencia porque el contenido del Periódico Oficial es informativo en una vertiente distinta a la de cualquier otra publicación, porque no sólo se trata de que la ciudadanía sepa de la existencia de una nueva disposición o ley, sino también de su entrada en vigor.

A la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación (DOF), por ejemplo, el gobierno federal le dio hace tiempo el carácter de documento oficial, una vez que dispuso que el archivo en PDF (Portable Document File) de cualquier disposición publicada en él, tiene el carácter con valor oficial ya que contiene una firma electrónica avanzada, proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, al DOF le dieron ese carácter no sólo por una cuestión práctica o de preservación del medio ambiente, sino también para que cualquier persona pudiera acceder libremente a un medio de difusión de decisiones públicas sin necesidad de gastar dinero, y para romper la barrera de la limitación de los mecanismos para acceder a un ejemplar impreso, que siempre existió alrededor del Diario Oficial mientras mantuvo su tradicional valor probatorio y oficial sólo en su edición impresa. Esa es la ruta evolutiva que debiera seguir el Periódico Oficial. Aunque en realidad no sabemos cuándo ni cómo, e incluso si algún día ocurrirá.

EL HUEVO Y LA GALLINA

¿Puede entrar en vigor una norma que aún no ha sido publicada? Parece un contrasentido, pero eso es lo que sorprendentemente ocurrió —y nadie parece haber visto— respecto a la polémica Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que por las prisas de los irresponsables diputados según entró en vigor antes de ser publicada.

@ortizromeroc

Al MarganColumna

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RUBÉN OSIO

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