Magisterio, contra toda lógica, irá a ganar lo que ya perdió

Quién sabe si la Secretaría de Gobernación entiende la trascendencia que tienen las normas federales en materia educativa que se supone que ya entraron en vigor en el país, y la relación directa que tienen éstas con el poderío de la Sección 22 del SNTE. En términos simples, todo el nuevo entramado jurídico está hecho para desmantelar la hegemonía de la dirigencia sindical sobre los trabajadores. Pero, paradójicamente, la Secretaría de Gobernación insiste en regresarle a la Sección 22 el poder que se supone que la propia ley ya les quitó.
En efecto, en los últimos días hemos visto cómo la Secretaría de Gobernación ha insistido, casi hasta la ignominia, en continuar dialogando con un magisterio que no quiere acuerdos sino la rendición incondicional del gobierno federal. Sólo así puede entenderse que mientras la Sección 22 no ha cedido en una sola de sus posiciones respecto a las nuevas leyes en materia educativa, el gobierno federal poco a poco ha ido cediendo terreno, que ha recuperado el magisterio oaxaqueño, en este regreso inusitado de la posición de debilidad que se supone que tenía, a una de fuerza que sólo Gobernación parece ver como conveniente.
¿Por qué hablar de esa posición de debilidad de la 22, que se convirtió en fuerza gracias al propio gobierno federal? Porque se supone que las nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia educativa, establecieron que el gobierno federal asumía de nueva cuenta el papel de patrón en la relación laboral con los profesores del país, y que las condiciones de trabajo (salario, prestaciones, ubicación y demás) era nuevamente potestad total de la Federación, en detrimento del poder que había alcanzado a tener el sindicato magisterial en los estados (como Oaxaca) en donde formalmente controlaba parte de la estructura administrativa de los institutos o secretarías educativas locales.
Era inconcebible, pero tan cierto como la propia realidad, que en Oaxaca la Sección 22 logró tener un nivel envidiable de control y disciplina entre sus bases, gracias a la utilizacion de esos mecanismos administrativos y salariales como forma de presión hacia los trabajadores. Al controlar emisarios de la Sección 22 casi el total de la estructura administrativa del IEEPO, éstos eran también los encargados de velar porque los intereses sindicales prevalecieran, y de premiar y sancionar a los trabajadores a partir de su participación en actividades políticas y sindicales, y no de su desempeño o capacidades profesionales.
Por esa razón, si la reforma educativa buscaba desincorporar ese poder del sindicato dentro de la estructura administrativa de las instituciones educativas, Oaxaca constituye la muestra del “estado fallido” que es la reforma educativa, en los espacios en los que verdaderamente la reforma habría de tener un impacto visible en la relación gobierno-profesores, ya sin la intermediación administrativa del sindicato.
Gobernación, lejos de lo que pudiera pensarse, está insistiendo en regresarle y reconocerle a la Sección 22 el poder que teóricamente ya no debería de tener. Y desaprovecha la oportunidad de abrirle los ojos a los trabajadores de la educación para hacerles saber su nueva realidad administrativa, y darles los elementos para que ellos mismos decidan si continúan o no luchando porque prevalezca ese poder que los obliga a seguir asistiendo a actividades sindicales en detrimento de su labor docente.

DESINFORMADOS
El problema es que, como suele decirse, la gran mayoría de los profesores se encuentra en una situación de no saber que no saben. Es decir, que como desconocen por completo todo el nuevo entramado institucional relacionado con la educación, también ignoran que esa nueva estructura fue hecha para quitarle poder no a los maestros, sino al sindicato, y que por eso (al menos en el papel) la Sección 22 ya no tendría forma de continuar obligando a sus agremiados a asistir a las extenuantes y riesgosas jornadas de lucha, a cambio de premiarlos o perjudicarlos en su salario o condiciones de trabajo.
Esa ha sido la base de la disciplina, por la que la dirigencia de la Sección 22 tanto lucha por mantener. En el caso de Oaxaca, ya doblegaron completamente al IEEPO, que no ha hecho un solo cambio para modificar el estado de cosas que beneficia al control que ejerce el sindicato sobre sus agremiados; también han obligado al Congreso a no emitir una nueva norma que armonice a la legislación estatal con la federal, y abra la puerta para la reforma en los hechos del instituto educativo para desterrar a los emisarios sindicales en la estructura del IEEPO; y parece que también está consiguiendo que Gobernación le reconozca a la dirigencia seccional una fuerza que ya no tiene en la ley, pero que de facto busca recuperar y mantener.
¿De qué otro modo puede entenderse la virulencia de las acciones de la Sección 22 en la capital del país? De ningún otro, más que el que acabamos de mencionar. Ellos quieren que Gobernación los siga teniendo como el único interlocutor válido con el magisterio disidente, que además demuestra una posición de fuerza, y que mantiene la disciplina entre sus bases. En realidad, lo que quiere es que Gobernación le devuelva fácticamente lo que en la ley ya le quito, pero que nadie sabe ni reconoce.
Y si este ya es un error grave, lo es todavía más que voluntariamente los dos ámbitos de gobierno insistan en tener una posición falsamente democrática y tolerante con la 22, para agradarla y con ello abonar a su ablandamiento. Esto no ocurrirá. Todo lo que Gobernación y el Gobierno de Oaxaca ya le dieron a la 22, para ellos es terreno ganado a cambio de nada; y para el Estado es terreno cedido de manera inútil. La Sección 22 buscará mantenerse indefinidamente en la Ciudad de México no para defender los derechos de sus trabajadores, sino para dar la batalla final por la preservación de su posición de predominio entre sus sometidos.

SILENCIO CÓMPLICE
Y juntos, quizá, le sigan ocultando a los trabajadores de la educación que ellos ya no tendrían ninguna necesidad de continuar en los plantones, paros, marchas y demás, si no es su convicción hacerlo. El silencio y el ocultamiento no benefician a nadie, más que a la dirigencia magisterial, voraz, que está a punto de conseguir la capitulación del Estado y el perdón absoluto, de manos de sus supuestos verdugos, por lo que les habían quitado con la ley en la mano. Este es un final paradójico, de una gran reforma que con ello queda en el bote de la basura.

Relación México-China, causa de crisis con Estados Unidos

No es casualidad que los más importantes golpes mediáticos en contra de la clase gobernante en México tengan como origen periódicos e investigaciones realizadas desde los Estados Unidos. Nuestros vecinos del norte están, por un lado, escandalizados por la enorme tolerancia a la corrupción que tiene la clase política y la sociedad mexicana respecto a actos indebidos presuntamente cometidos por ellos mismos; y por el otro, parece alarmarlos el hecho de ese ingrediente de impunidad y corrupción pudiera ser el aditivo para la creciente relación de México con China.
En efecto, fue particularmente llamativo el hecho de que una extraña combinación de factores llevara a un diario estadounidense a publicar detalles sobre la residencia que ocupa el Presidente de la República y su esposa. Esto ocurrió en el contexto de la licitación del ahora pospuesto tren rápido México-Querérato, que había ganado la empresa ligada a la propiedad del inmueble del Presidente; pero también, en el contexto de los negocios internacionales, esa licitación había sido ganada por una importante empresa china, que tenía interés en México no sólo por la construcción de esa obra, sino por la significación que tenía el arribo de empresas orientales en grandes construcciones de infraestructura en México, que es considerado como estratégico en América Latina.
Por el lado del escándalo mediático y las revelaciones de corrupción, Estados Unidos ha demostrado que su clase política, y su sociedad, no son resistentes al escándalo. En innumerables casos en los que se ha demostrado que gobernantes y servidores públicos de alto nivel se encuentran involucrados en algún tipo de escándalo por conflicto de interés, por corrupción o hasta por escándalos pasionales o familiares, la misma dupla gobierno-sociedad han exigido hasta conseguir que los funcionarios involucrados renuncien a sus cargos para enfrentar sus responsabilidades. Esa es una práctica común en Estados Unidos, que lo mismo ha derribado a políticos por ser descubiertos en relaciones extramaritales, que por actos de corrupción. Así, para el estadounidense promedio la corrupción de sus gobernantes no es algo tolerable, como sí ocurre en México.
En esa dinámica, Estados Unidos ha visto con recelo cómo China no tiene tanta reticencia al escándalo, y tiene mayor tolerancia a la corrupción. Parece, pues, que a diferencia del estadounidense, el chino tiene como prioridad cerrar sus negocios, y si para eso tiene que prestarse a algún acto de corrupción, también habría de involucrarse en él con tal de cumplir su objetivo estratégico.
Eso fue lo que parece que ocurrió con el tren rápido. No había una explicación concreta de cómo una empresa del tamaño de China Railways se asoció con una empresa mexicana como HIGA –sobre todo, cuáles fueron las condiciones de la sociedad—; cómo una y otras decidieron participar en la licitación a pesar de las sospechas del conflicto de interés; e incluso cómo China aguantó el escándalo —y no protestó, ni expuso postura alguna— cuando el Presidente decidió cancelar el contrato a finales de octubre, y ordenó la reposición del proceso de licitación, lo cual evidentemente afectaba los intereses chinos que ya habían hecho inversiones y gastos para obtener el primer contrato, que fue cancelado sin que mediara atribución, razón y fundamento alguno por parte del gobierno federal.

EEUU Y CHINA
Todo eso se explica, dicen quienes conocen el comportamiento de la diplomacia y el plan de negocios chino en América Latina, porque el interés de aquella nación por hacer presencia en nuestro continente, es un proyecto de mediano plazo. Es decir, China parece entender que en un caso como el del tren mexicano, perdía menos aguantando las pérdidas y los reclamos hacia el gobierno mexicano, y esperando al resarcimiento a través de otros contratos, que entrar en una ruta de choque con el gobierno mexicano que a su vez provocara el enfriamiento de la relación diplomática y comercial, y la pérdida de negocios futuros.
Esta es una visión eminentemente pragmática, que no termina de gustarle al gobierno estadounidense. Para ellos, México debiera tener siempre a Estados Unidos como su principal socio y proveedor, y debiera tener una relación lo más distante posible con el principal competidor comercial y político de Estados Unidos, que hoy en día es China. La realidad es que México tiene una relación cada vez más cercana —comercialmente hablando— con China, y ha mantenido su relación con Estados Unidos en una situación que no tiene el futuro revolucionario que pudieran esperar.
Por esa combinación de factores, Estados Unidos estaría interesado en minar la legitimidad del actual régimen. Encontró como sus aliados de coyuntura a otros grupos internos que quieren exhibir al régimen del presidente Peña Nieto en actos de corrupción y conflictos de interés, y les está proveyendo información que tiene el doble propósito de servir a su agenda particular y a su vez darle elementos a quienes tienen no el interés de minar la relación de México con China, sino de golpear políticamente al régimen priista, para darle silenciosa relevancia a sus adversarios políticos con fines eminentemente electorales.
A partir de esa combinación de factores puede entenderse mucho de lo que hoy ocurre, y también la reincidencia de publicaciones enviadas desde Estados Unidos con información clave de políticos mexicanos. Son ingenuos quienes creen que los pioneros de todas esas revelaciones son periodistas o grupos noticiosos mexicanos. Éstos han servido más como instrumentos para socializar la información que debió ser procesada y proporcionada por servicios de inteligencia con plenas capacidades, como el estadounidense.

EL GRAN HERMANO
No pasemos por alto que las revelaciones hechas en los últimos años por quienes conocen las entrañas de los servicios de inteligencia estadounidense, apuntan a que éstos pueden escuchar todas las conversaciones de todas las líneas telefónicas de un país entero, si esa es su necesidad. Con eso encuentra plena lógica toda esta intrincada historia, en la que a la clase política mexicana la está acabando su poca capacidad de entender que todos sus excesos no podrían estar siempre escondidos, e impunes, a los ojos de quienes todo lo saben.

Neri no tiene proyecto de corto -ni largo- plazo para la Sinfónica

Luego de ocho meses de conflictos, este fin de semana se anunció la salida del maestro Javier García Vigil de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Esto ocurre en medio de un alud de críticas y señalamientos sobre presuntos malos manejos en la administración de la orquesta, pero sobre todo de una profunda crisis —que ya es inocultable— en la concepción del proyecto cultural, y el nulo interés que tiene el Gobierno del Estado para alentar y mantener estas expresiones.
En efecto, a través de un comunicado la Secretaría de Cultura informó el mediodía del pasado sábado que García Vigil dejaba la Sinfónica. “El Secretario de las Culturas y Artes, Francisco Martínez Neri, informó   que a partir 1 de febrero próximo, el maestro Javier García Vigil deja la dirección de  la Orquesta Sinfónica de Oaxaca”, se leía en un escueto boletín que dejaba ver la triste realidad de la inexistencia de un proyecto cultural integral para la Sinfónica, y quizá también para los demás conjuntos musicales que dependen del Gobierno del Estado. ¿De qué hablamos?
De que en ese comunicado, se estableció que “será la Seculta quien determinará el programa artístico 2015”; y que, “respecto a la preocupación de integrantes de la OSO sobre el destino dado a los cinco millones de pesos  que la  Cámara de Diputados federal etiquetó y que de no aplicarlo podrán perderse,  Martínez Neri aclaró, que de los recursos que fueron asignados en 2013 y 2014, tres millones fueron ejercidos en conciertos programados por el maestro García Vigil. Precisó que los dos millones restantes, serán aplicados en acciones de fortalecimiento de la orquesta, no solo con conciertos, sino con temporadas y talleres de capacitación para los músicos”. Estos dos párrafos debieran dejar muy preocupado a todo aquel que tiene algún interés por el manejo institucional de estas instituciones musicales. ¿Por qué?
Porque esto revela que 1) los integrantes de la Orquesta Sinfónica se encuentran —como ya lo habíamos apuntado en otros momentos (ver Al Margen 03.07.2014)— en un estado crítico porque trabajan en condiciones claramente adversas, que los lleva a tener naturales y justificadas inconformidades y dudas; 2) que la OSO no es parte de un proyecto musical integral; 3) que la OSO no responde a planteamiento integral alguno; 4) que la OSO tampoco es, o puede ser en sus condiciones actuales, una fuente de trabajo para la comunidad musical de Oaxaca; y 5) que el de la Sinfónica no es un conflicto aislado. Vale la apena abundar en algunas de estas cuestiones.
La duda de los músicos que integran la OSO sobre el destino que se le dio a recursos federales etiquetados es razonable, igual que como lo es que tres de los cinco millones etiquetados fueron ejercidos en conciertos programados por García Vigil. Esto pudiera ser legal aunque no satisfactorio. ¿Por qué? Porque con esa afirmación, Seculta revela que no tiene proyecto ni una agenda cultural definida para establecer, en función de ella, el programa de trabajo y presentaciones de la Sinfónica, y que por ende todo quedaba al arbitrio de los conciertos que programara García Vigil.
Desde hace ya bastantes años, la Orquesta Sinfónica es una más de las herramientas que sirven más para satisfacer egos, favores políticos y muestras de influyentismo de funcionarios en turno, que para verdaderamente ser parte de un proyecto integral de cultura a favor de las comunidades. Por eso no es raro ver a la OSO presentarse en informes de legisladores, presidentes municipales o políticos, que en ferias populares, eventos públicos o actividades a las que la Orquesta es llevada simplemente como un acto de lucimiento de quien gestiona su presencia, pero no porque verdaderamente su presencia o su música corresponda a la actividad que ahí se está desarrollando.

NO HAY PROYECTO
En este panorama, resulta que como la OSO estaba al arbitrio y la agenda de García Vigil entonces la Secretaría de Cultura trata como de desentenderse de lo realizado, agendado y gastado, y se cubre diciendo que será ésta quien determine el programa cultural 2015. ¿A poco estando ya en el segundo mes del año, nadie se había preocupado antes —debió hacerse, de hecho, desde mediados de 2014— por estructurar un programa de trabajo que justificara la existencia de la Orquesta Sinfónica, que le diera además un rumbo, y que hiciera útiles para la sociedad, los recursos públicos que se invierten en ella.
Nada de esto se ha hecho. Por eso la Sinfónica en lugar de tener una agenda cultural tiene más bien una agenda de caprichos, que van desde su Director, pasando por el Secretario de Cultura, políticos, legisladores, funcionarios y llegando hasta las altas esferas del sector público en Oaxaca. Esa es su agenda, además de participar como acompañamiento de otros eventos en los que la Orquesta no es el elemento principal porque la política cultural está encaminada a que los recursos del Estado en la materia, secunden a los proyectos privados que sólo vienen ocasionalmente a Oaxaca a aparentar que son parte del cónclave artístico que aquí se supone que existe.
Y en esto, lo que le genera más incertidumbre a los músicos oaxaqueños es que ninguna de las bandas musicales puede ser parte de un proyecto de vida. Los músicos que ya forman parte de la Sinfónica, y de otras bandas, tienen que subsistir a través de actividades paralelas. Ser maestros privados de música, hacer presentaciones en pequeños conjuntos musicales, o simplemente limitarse al bajísimo salario que reciben como músicos del Estado. Si esto no es alentador, mucho menos que en las bandas musicales del gobierno no puedan ser fuente de trabajo para las nuevas generaciones de músicos, y su única aspiración sea la de irse a buscar empleo a otros estados, o países, o resignarse a vivir aquí con un sueldo de hambre.

SISTEMA INEXPLICABLE
¿Para qué querer en Oaxaca un Centro de Iniciación Musical nuevo, con una inversión millonaria, si los nuevos músicos no pueden tener aspiraciones profesionales aquí en Oaxaca? Es decir, ¿a dónde se van a emplear quienes lleguen a ser músicos de carrera? Si no se responden esas preguntas, entonces el CIMO será un semillero de amateurs, o un espacio para que los niños no pasen la tarde frente al televisor, o un estimulante para la fuga de talentos. El problema, pues, no es de la Sinfónica: es de la inexistencia de un proyecto cultural institucional para Oaxaca.

Comisión, sin dientes; el reto, que logre acreditarse

El ex gobernador Ulises Ruiz sostiene categórico, y se ufana, de que no le preocupan los posibles resolutivos de la Comisión de la Verdad, porque los hechos relacionados con el conflicto magisterial ocurridos en 2006 y 2007 ya fueron indagados por la Procuraduría General de la República, y ésta ya lo exoneró. El ex Mandatario revela, con esos argumentos, que él sólo le teme a la cárcel, pero no a la revisión de los hechos; y que, en el fondo, uno de sus “escudos” se encuentra en la predecibilidad de los resultados que arroje la valoración de hechos que está haciendo la Comisión de la Verdad.
En efecto, en la edición del lunes de TIEMPO, se daba cuenta de declaraciones del ex gobernador Ruiz frente a los trabajos de la Comisión de la Verdad. “Estoy tranquilo y trabajando”, fue su respuesta, al dejar entrever que no tiene miedo de los resultados que emanen de la Comisión de la Verdad, pues a su consideración, los hechos ya fueron investigados en su momento por la PGR durante la administración de Felipe Calderón.
Ruiz Ortiz fue denunciado en su momento por varias organizaciones, entre ellas, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, quien lo acusó de ser el presunto responsable de delitos como tentativa de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad; sin embargo, el ex Mandatario se escudó en “no tener la información necesaria” que le permitiera dar una opinión sobre la conformación de la Comisión, al tiempo que indicó que la PGR ya hizo todos los procedimientos, por lo cual “está tranquilo”.
Incluso, en esa lógica, el ex Gobernador pudo haber también mencionado que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya indagó los hechos, que de todos modos no pasó nada, y que por eso él se encuentra más tranquilo que nunca. Es cierto: no pasó nada, porque la facultad de investigación de la Corte no incluía la posibilidad de que sus conclusiones sirvieran para instaurarle algún tipo de juicio de orden jurisdiccional. Sin embargo, ello no borra la realidad de que las conclusiones de la Corte fueron de tipo acusatorias, y que ésta determinó que el entonces gobernador Ruiz Ortiz sí era responsable de violaciones graves a los derechos fundamentales cometidas durante el conflicto social de 2006.
¿Qué significa todo esto? Primero, que el ex gobernador Ruiz sí está convencido de que su única preocupación real es la de ir a la cárcel, y que eso está totalmente fuera de lo que puede conseguir la Comisión de la Verdad. Segundo, que como ese es su único temor, entonces Ruiz Ortiz no le teme a que se llegue a determinar la verdad, que revele las graves violaciones a derechos fundamentales ocurridas durante su gobierno, a partir de la certeza de la realidad de ciertos acontecimientos, ocurridos en un tiempo y espacio determinado, y corroborados por diversos medios de prueba.
Esa irrelevancia que tiene para Ruiz la posibilidad de llegar a una certeza de verdad respecto a los acontecimientos relacionados con el conflicto social de 2006 y 2007, es sólo muestra de su falta de escrúpulos y de valoración al escrutinio que pudiera hacerse de su gestión. Es, pues, una muestra de egoísmo que revela que mientras no se le moleste en su persona o bienes, se puede decir lo que sea de su gestión, y que ni siquiera la verdad —o su paso a la historia como gobernante— le preocupa.

EL AUTODESCRÉDITO DE LA COMISIÓN
Lo más grave es que Ruiz parece seguro de que finalmente la Comisión de la Verdad terminará desacreditándose sola. Y en su apuesta a la predecibilidad de los resultados acusatorios de la Comisión en su contra, centra su paradójica defensa. Y es que resulta que si el objetivo de toda Comisión de la Verdad es justamente esa  (conocer la verdad sobre un conjunto de hechos ocurridos en un tiempo y espacio determinados), entonces esa Comisión debe estar dotada de una serie de atributos que en este caso no ocurrieron.
Pues toda Comisión de la Verdad debe brindar a la sociedad, certeza sobre su profesionalismo, imparcialidad, profundidad, exhaustividad y capacidad de análisis, entre otras cuestiones. Y el problema es que en este caso, la conformación misma de la Comisión deja más dudas que certezas sobre la autonomía, imparcialidad y equidad de su trabajo, al haber sido integrada por personajes que públicamente han sido detractores del ex Gobernador, y que además no han ofrecido a la sociedad certeza alguna sobre el método utilizado para realizar su trabajo, y la forma en cómo van a llegar a las conclusiones que en su momento habrán de presentar como la verdad histórica de los acontecimientos ocurridos en el periodo antes mencionado.
A eso, tristemente, le apuesta el ex gobernador Ruiz: a que la Comisión caiga por su propio peso; a que las dudas que pesan sobre ésta le permitan evadir las responsabilidades que él debiera enfrentar; y a que finalmente ésta sea la última oportunidad perdida para someterlo no a un juicio penal, sino al juicio público e histórico frente a la sociedad oaxaqueña, mexicana e internacional, por su responsabilidad en los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial.
Este es un aspecto esencial que ha sido cuestionado desde el inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad. Es lamentable que al final esto parezca un circo más orquestado con fines electorales. Y que después de tantos vericuetos se terminen satisfaciendo, por un lado, los maniqueos apetitos políticos de quienes decidieron conformar esta Comisión de la Verdad en las condiciones que se dio; y que por el otro, los bribones terminen premiados con una impunidad que pasa por la imposibilidad —o la oportunidad perdida— de verdaderamente conocer la realidad de un conjunto de hechos.
Ulises Ruiz debiera tener no sólo temor a la cárcel, sino también al juicio histórico. Pero eso no le preocupa porque en estos tiempos de amoralidad ese no es un elemento clave para el ejercicio de la política en nuestro país.

ADIÓS, ESTEVA
Cuando se pidió por primera vez su salida, a Alberto Esteva lo sostuvieron por una decisión política de fuerza. Es decir, para que el Gobernante demostrara que no decide en función de lo que quieren los demás. Pero estos trece meses fueron de crisis permanente en la SSP. Al final, Esteva demostró no sólo que no sabía de seguridad, sino que es un pésimo político. Y así terminó, saliendo por la puerta de atrás del Gobierno del Estado.

Con URO, Rueda, Quezadas y Alan; hoy podría ser Julián Leyzaloa

Sería muy paradójico que en materia de seguridad pública, la historia en Oaxaca fuera cíclica. Pues ante la renuncia de Alberto Esteva Salinas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se ha mencionado la posibilidad de que sea nombrado como relevo un militar en retiro de nombre Julián Leyzaloa. De confirmarse, esto implicaría el regreso a Oaxaca de los servicios de asesoría en materia de seguridad pública del controvertido almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien tiene amplios antecedentes no sólo con el actual grupo gobernante, sino que también prestó servicios a la administración del gobernador Ulises Ruiz.
En efecto, tan luego se difundió la renuncia de Esteva Salinas, comenzó a correr el rumor de que Leyzaloa podría ser el nuevo titular de la SSP. Esto se atajó provisionalmente ante el anuncio de que el encargado del despacho de dicha Secretaría sería el actual comisionado de la Policía Estatal, Víctor Amado Alonso Altamirano. Sin embargo, entre una y otra posibilidad existe un mar de antecedentes que vale la pena ser revisados para entender lo que hoy ocurre ante la incertidumbre de en quién recaerá el cargo que dejó vacante Esteva Salinas.
Leyzaloa es cercano al grupo de trabajo del almirante Robledo, que trabajó codo a codo con varios de los integrantes —y sus mentores políticos— del actual gobierno cuando éstos tenían responsabilidades en la Secretaría de Gobernación, en tiempos en los que el ex gobernador Diódoro Carrasco era titular de esa dependencia federal. Varios de esos personajes regresaron al gobierno de Oaxaca cuando Gabino Cué ganó la gubernatura. Particularmente, uno de ellos, Roberto Pedro Martínez Ortiz, no recibió ningún cargo pero sí tuvo la posibilidad de enviar a dos de sus discípulos —Marco Tulio López Escamilla y Manuel de Jesús López López— a ocupar las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría de Justicia, respectivamente.
Esto pudiera llevarnos a pensar que Robledo y Martínez Ortiz integran el mismo grupo, porque tienen antecedentes políticos en el mismo punto de origen (que es el diodorismo). La diferencia, sin embargo, se centra en que mientras Martínez Ortiz continuó teniendo presencia a través de la gente que formó en el servicio público y en tareas policiales, Robledo Madrid intentó la vía de la prestación de servicios profesionales de asesoría en materia de seguridad pública a las entidades federativas, y a su vez continuó ocupando cargos públicos, destacando entre ellos el de Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y de director de la Policía Federal Ministerial, en la PGR.
Esa combinación de funciones y servicios privados ejercida por Robledo Madrid —que hoy que el término está de moda, bien podría constituir un evidente conflicto de interés— tuvo su origen en que él fue parte del grupo que, junto con Genaro García Luna, constituyeron todo el modelo policial que rige en la federación actualmente, y se hicieron de padrinos políticos poderosos, como el ingeniero Carlos Slim, a quien le compraron toda la tecnología para la implementación de Plataforma México. Con esos antecedentes, Robledo pudo “vender” a las entidades federativas réplicas del modelo policial federal a las entidades federativas, a través de servicios de asesoría en materia de seguridad pública. Esa fue la ruta que utilizó el estado de Oaxaca, en tiempos de Ulises Ruiz, para la implementación de la migración jurídica y técnica de la Secretaría de Protección Ciudadana a la Secretaría de Seguridad Pública en 2009.
El problema es que, al vender el modelo policial a estados como el nuestro, el despacho del almirante Robledo Madrid no únicamente pedía un pago económico como el que se hace frente a la prestación de cualquier servicio profesional, sino que además solicitaba que fueran ellos quienes suministraran al personal de mando que ocuparía las posiciones principales de la dependencia encargada de la seguridad pública, y que fuera a través de ellos como se ejercieran los recursos destinados a ese rubro.

RUEDA, QUEZADAS, ETC…
Así fue como llegaron al gobierno de Oaxaca Javier Rueda, Jorge Alberto Quezadas y Alan Loren Peña Argueta; el primero como secretario de Seguridad pública; el segundo como Comisionado de la Policía Estatal; y el tercero como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los tres eran enviados del despacho de Robledo Madrid, y los tres ejercieron a plenitud —con todo y sus excesos y debilidades— los cargos que les fueron conferidos, hasta el final del gobierno de Ruiz en 2010.
Hoy esa historia podría repetirse, si no fuera porque pareciera que al interior del grupo gobernante hay una abierta puja por ver quién vence. Julián Leyzaloa parece ser la carta que ofreció el despacho de Robledo Madrid, quien a través de su despacho, estaría intentando conseguir un nuevo contrato para la prestación de servicios de asesoría, y como en el pasado, también estaría tratando de suministrar mandos para operar la estructura policial que él mismo creó hace algunos años, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana desapareció, para dar paso a la SSP que estaba homologada con los estándares federales que también se siguen utilizando.
Sin embargo, hoy parece tener la oposición del grupo de Roberto Pedro Martínez Ortiz, quien estaría impulsando a Víctor Alonso Altamirano para ser ratificado como titular de la SSP. Esa fue una posición que perdió cuando López Escamilla dejó la dependencia y le fue entregada a Esteva Salinas. Alonso Altamirano —que llegó al servicio público con Martínez, pero que luego sobrevivió en la PGJE gracias a la identidad que forjó con el grupo de Jorge Franco— sería una vía posible para recuperar la Secretaría para dicho grupo. Al final, parece que no existe una decisión tomada. Pero lo que sí se puede ver es que en esto todo parece reducirse a una historia cíclica que sólo parece estar dando una vuelta más de varias que ya hemos visto los oaxaqueños.

CONSENSOS
Al margen de sus grillas, sería bueno que los diputados gritaran menos y escucharan más. El secretario General de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, lanzó un llamado urgente en su comparecencia: urge revisar a fondo la Ley Orgánica Municipal, para evitar que los conflictos domésticos de los municipios sigan impactando en la gobernabilidad. Ese es un tema sustantivo que bien valdría la pena revisar, si hubiera más interés en hacer algo edificante para Oaxaca.

Reto presidencial; lograr que esto no sea otro elefante blanco

En un país como el nuestro, en el que en la costumbre jurídica y administrativa del gobierno —en sus tres ámbitos, y en los tres poderes— no es común la noción del deber de excusarse, y de identificar el conflicto de interés como un elemento ético del servicio público, la primera gran batalla que debe dar el presidente Enrique Peña Nieto para limpiarse la cara, es la de realmente instaurar entre sus funcionarios la noción y la cultura del deber moral de participar en actividades públicas en las que ellos no sean juez y parte, o —simple— abstenerse de intervenir en ellas.
En efecto, el martes pasado el Presidente anunció cambios en su gabinete, y giró la instrucción de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indague si hubo o no conflicto de interés en la relación que existe entre la asignación de obra pública al grupo HIGA, y la adquisición, de su esposa y del Secretario de Hacienda, de bienes inmuebles a través de líneas de crédito otorgadas por esa misma empresa.
El anuncio, y la investigación que pudiera realizar la SFP, de entrada parecen llenas de lagunas, primero porque en México no existe una noción y una cultura clara sobre la necesidad de no generar conflictos de interés entre el servicio público y las actividades privadas; y segundo, —que es lo más importante— porque tampoco existe el marco jurídico adecuado para llevar a cabo esa práctica, que paradójicamente debiera ser más deontológica que jurídica.
Y es que en México la práctica de excusarse, no existe. Pues a reserva de equivocarnos, en los años recientes sólo hemos visto dos casos en los que servidores públicos se han excusado de participar en temas propios de sus funciones por la posibilidad de incurrir en un posible conflicto de interés. El primero fue voluntario, por parte del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, cuando se discutió la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Televisa”.
El segundo, que fue obligado, fue el que ocurrió el año pasado, cuando la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro, se vio obligada a excusarse de participar en la Comisión legislativa que dictaminaría las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, luego de que se dieran a conocer grabaciones en las que ella mencionaba la posibilidad de utilizar información privilegiada para intervenir en un negocio de telefonía, a partir de su conocimiento previo de cuáles serían las nuevas reglas del sector.
En el caso del ministro Cossío Díaz, éste solicitó al pleno de la Corte excusarse de participar en la discusión sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, debido a que anteriormente, cuando no integraba aún la Corte, él había hecho pronunciamientos específicos sobre ese tema. Esta ha sido, quizá, la manifestación más acabada y civilizada, sobre el posible conflicto de interés que puede nacer ya no digamos por haber sido empleado o socio de una empresa sobre la cual se debe tomar una decisión de Estado, sino simplemente por haber emitido opiniones previas.
Y en lo que respecta a Carpinteyro, ésta se vio obligada a excusarse del debate en materia de telecomunicaciones, “con el único interés de no enturbiar el proceso de debate, discusión y votación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones”, luego de la divulgación de audios en los que abordaba la posibilidad de iniciar un negocio que compitiera con Televisa. Vale la pena destacar que entre estos dos ejemplos de servidores públicos que se han excusado de participar en debates que se relacionan con sus actividades privadas, existe una distancia enorme: el ministro Cossío Díaz lo hizo voluntariamente, y adelantándose a cualquier cuestionamiento posterior.
Pero en el caso de Carpinteyro, si no se hubieran divulgado las grabaciones referidas, ella sí habría participado en los debates, habría votado los dictámenes —ella era la Presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones— y también habría participado en la votación final de dichas normas. Así, en el momento en que ella hubiera iniciado el negocio que mencionaba, habría generado un evidente conflicto de interés entre su participación en la confección de la ley, y la utilización de esa información para arrancar un negocio con ventaja frente a sus competidores.

TEMA ÉTICO, NO JURÍDICO
El presidente Peña Nieto instruyó a que en la SFP se establezca una Unidad Especializada en Ética y Prevención del Conflicto de Interés, y que a partir de ahora sea deber de todos los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles casos de conflicto de interés. Esto en realidad parece una vuelta más a la tuerca del burocratismo y del gatopardismo, porque la detección del conflicto de interés debe ser —como vimos en el caso del ministro Cossío— voluntaria y anticipada frente a un caso concreto, y no necesariamente un asunto de declaraciones previas y formatos que bien pueden ser evadidos y testimoniales, como hoy en día lo son muchas declaraciones patrimoniales de servidores públicos que no reflejan el total de sus propiedades y riquezas, y mucho menos la forma en cómo las obtuvieron.
De ahí parte el señalamiento de que éste debe ser un tema deontológico. Es decir, un tema ético, que no es común en el servicio público mexicano, que en todo este tiempo no se ha caracterizado por los autocontroles —y menos por los de tipo ético o moral—, sino por el cumplimiento de las normas una vez que se establecen mecanismos de sanción en contra de quien incumpla. E incluso frente a ello, también somos testigos de que las normas relacionadas han sido como las telarañas: sólo los insectos pequeños (en este caso, los servidores públicos) se quedan atrapados en ellas, mientras que los grandes simplemente las rompen.
Así, no es alentador el panorama. Ojalá que en este debate participe el Congreso, demostrando voluntad para aprobar pronto las normas que regulan a la Comisión Nacional Anticorrupción, que sorprendentemente —o deliberadamente— fue uno de los grandes temas sospechosamente “olvidados” en el Pacto por México.

¿Y OAXACA?
Aquí la persecución a la corrupción está reducida al maniqueísmo: todos en el pasado fueron corruptos, y hoy nadie lo es. Al menos eso queda reflejado ante la inexistencia de “sanciones ejemplares” para alguno de los muchos funcionarios corruptos de la actualidad.

Ciudadanía, ignorada; y el gobierno estatal se desentiende

Más allá de las grillas y las intrigas entre los grupos priistas, preocupa la cancelación del programa de las llamadas “fotomultas” del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, porque esto es un indicador de que las acciones de gobierno están sujetas a la manipulación y los líos entre grupos políticos, y que ni el gobierno estatal ni el federal tienen interés en garantizar no las fotomultas, sino el Estado de Derecho en la entidad.
En efecto, este fin de semana el apoderado legal de la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales S.A. de C.V., Felipe Prado Trejo dijo que no pondrá en riesgo la integridad de sus trabajadores, por lo que anunció su retiro de la entidad, al considerar que no existen las condiciones para aplicar este programa.
Entre las razones para justificar su retiro, denunció la existencia de una campaña en contra de la empresa así como amenazas de quemar las instalaciones y equipos, e incluso la extorsión de una persona (no ofreció nombres) que haciéndose pasar por periodista le exigió una cantidad de dinero para permitirles continuar operando. Incluso dijo que intentaron modificar diversos documentos, y que al incendiar sus oficinas, los delincuentes sustrajeron una serie de carpetas con información de la empresa. “Nos retiramos porque no existen condiciones”, remató.
Este retiro de la empresa operadora de los fotorradares, ocurre, por un lado, en medio de una guerra declarada al interior del PRI entre el grupo que respalda al edil Javier Villacaña Jiménez, y quienes quisieran no verlo avanzando en su gestión y como un posible aspirante a la candidatura a Gobernador en 2016; y por el otro, esto se da en un contexto muy descompuesto, en el que la Sección 22 ha demostrado que tiene el poder de la gobernabilidad en sus manos, y que ni el Gobierno del Estado, ni el federal, tienen capacidad o interés en generar los equilibrios para garantizar el orden público.
Y es que es claro que las llamadas fotomultas pueden ser polémicas y hasta molestas, pero es también evidente que el retiro de la empresa no se da en el contexto de un abierto rechazo ciudadano, sino de la operación sigilosa de grupos particularmente interesados en que esta medida no se aplique. Tan es así, que por eso en los días previos hubo una polémica intensa porque algunos medios dieron a conocer supuestas actas notariales que involucraban a la empresa operadora de los fotorradares con el fiscalista prófugo Sergio Castro, y a su vez trataban de evidenciar los lazos de éste con el tesorero municipal, Carlos Melgoza Martín del Campo, como si las fotomultas fueran un negocio de ambos.
Al ejecutar esas maniobras, los detractores del gobierno de Villacaña se dedicaron a jugar con medias verdades. ¿De qué hablamos? De que intentaron probar, a través de actas notariales manipuladas, el vínculo de Sergio Castro con la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales; y de que se valieron del hecho de que Melgoza sí tiene, o ha tenido, relaciones empresariales con las operaciones que realiza Castro López.
Y en un círculo social tan pequeño y conocido como el oaxaqueño, desde siempre se ha sabido que Melgoza y Castro tienen como actividad el negocio conocido popularmente como outsourcing. Sin embargo, eso no significa que sean, o hayan sido socios, o que esa posible relación la hayan llevado necesariamente a la operación de los fotorradares. Más bien, los adversarios de Villacaña utilizaron ese antecedente para desacreditar dicho programa. El problema para ellos, es que el propio Edil no tuvo empacho en mostrar las actas notariales correctas, y en reiterar que esto era un acto de hostigamiento en el que las fotomultas eran el pretexto y no la finalidad de las descalificaciones.
Sin embargo, eso no calmó a la empresa operadora, que el sábado anunció el retiro de su inversión. ¿Las razones? Falta de garantías de seguridad, extorsiones, amenazas, intrigas y falsificación de documentos. Ello, evidentemente, no marca —o no debería, en razón de que hay todo un proceso jurídico de contratación, que obliga a las partes a ciertos deberes aún en el caso de un incumplimiento— el fin de la relación entre el Ayuntamiento y la empresa.
Y sobre esto también deben una explicación los gobiernos estatal y federal, que también participan —aunque son omisos— de las facultades de brindar seguridad, orden y gobernabilidad, que son indispensables no para la operación de este programa, sino para la convivencia y la tranquilidad de los oaxaqueños.

¿Y EL ESTADO DÓNDE QUEDÓ?
El destino de las fotomultas no se decidió por la ciudadanía, sino por unos cuántos. Esto es muy importante no perderlo de vista, pues pareciera que una vez más en Oaxaca triunfan las minorías organizadas. ¿Quiénes? Las que, por un lado, traen una pugna permanente, política, con el grupo que encabeza el edil Villacaña por el futuro electoral de la capital, y la entidad; y por el otro, los grupos organizados que han demostrado ser profesionales en poner en jaque al gobierno, y en arrebatarle la gobernabilidad, como si ésta fuera patrimonio de alguien y no un tema de interés público.
¿Por qué nadie en el Gobierno del Estado ha asumido la parte de la responsabilidad que corresponde, si frente a la cancelación —o al menos postergación, hasta que el Ayuntamiento encuentre otra empresa dispuesta a invertir y a sortear los problemas que enfrentó la compañía que repudió la operación de las fotomultas— de una medida relacionada con la seguridad pública, se denuncian amenazas, hostigamiento, intentos de extorsión y demás, y todos en el gobierno estatal lo toman como si no fuera su problema, o como si esto fuera algo natural y propio de la entidad?
Esto no debiera ser tomado tan a la ligera. Podemos estar en contra de tal medida por considerarla recaudatoria, ilegal o simplemente molesta. Pero lo que no se puede aceptar es que por intrigas y presiones un asunto de interés público sea resuelto, únicamente a partir de lo que deciden esos grupos organizados según sus estratagemas y conveniencias, y no lo que fue comprobado fehacientemente o lo que de verdad es conveniente para la ciudadanía.

LOS PATOS Y LAS ESCOPETAS
¿Qué dirá ahora Alberto Esteva, que hace unos días dijo que si el Ayuntamiento lo pedía, ellos le “ayudarían” a desalojar a los comerciantes del zócalo? ¿Creerá que así puede seguirse lavando las manos, como si la seguridad fuera sólo una atribución del Ayuntamiento?

+ El Estado ahora debe reconocer su responsabilidad

El martes el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa para anunciar el cierre de la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Dijo que el expediente judicial sigue abierto y que éste se completará cuando se aprehenda a los demás participantes que aún no han sido ubicados y presentados ante las autoridades competentes. Esta, que pareciera la conclusión del asunto, en el fondo encierra una evasiva más del Estado mexicano frente a su deber de asumir su responsabilidad y buscar el mecanismo de reparación a las víctimas de este hecho.
En efecto, el Titular de la PGR dijo que existe certeza del móvil de los hechos en los que los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos, y que también la PGR tiene un panorama claro de quiénes participaron, y qué grado de responsabilidad penal tiene cada uno. Anunció que luego de cuatro meses de los hechos se detuvo a más de 90 personas y que se han realizado centenares de peritajes para robustecer la investigación.
El Procurador sostiene —y tiene razón— cuando dice que todos los responsables serán castigados con cárcel. Pero nada dice Murillo Karam de la responsabilidad del Estado, que aunque no nace de lo que los detractores del Presidente quisieran, sí existe en el caso de referencia, y es uno de los temas que necesita ser enfrentado por el propio Estado mexicano para demostrar que tiene voluntad de hacer justicia. ¿De qué hablamos?
De que el Procurador está hoy en día tratando de satisfacer la idea de justicia de una gran cantidad de mexicanos, que asume que todo delito se paga con cárcel, y que por ende todos los responsables por el caso de los normalistas de Ayotzinapa deben pagar por la vía de ser privados de su libertad. Esta idea es correcta, aunque incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que esto debe ocurrir con cualquier persona cuando actúa como particular, pero no únicamente cuando actúa en calidad de servidor público, y menos cuando comete un delito que incluso es calificado como de lesa humanidad.
Y es que resulta que si José Luis Abarca, su esposa, y todos los involucrados en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubieran sido simples ciudadanos —incluso capos de la droga, líderes e integrantes de una banda de la delincuencia organizada, o gente que simplemente perdió la razón y tiene tendencias psicópatas— entonces sí se tendría que estar hablando eminentemente de una responsabilidad penal que la autoridad debía castigar con cárcel.
El problema es que en este caso participaron —cuando menos— un Presidente Municipal, y elementos de dos corporaciones de seguridad pública municipal (José Luis Abarca y las Policías Municipales de Iguala y Cocula, respectivamente) en un conjunto de hechos que sobrepasan por mucho la sola comisión de delitos, y que se inscriben en la comisión de delitos que lastiman a toda la humanidad. Por si eso fuera poco, su calidad de servidores públicos los coloca en una situación distinta, mucho más delicada y trascendente que la de un simple particular, y esto genera una responsabilidad de la cual ni ellos, ni el Estado mexicano, hoy podría sustraerse.

RESPONSABILIDAD
DE ESTADO, IGNORADA
En nuestro país, cuando en 2011 fue reformada la Constitución de la República en materia de derechos humanos, se estableció que uno de los deberes del Estado era el de promover, garantizar y reparar las violaciones a derechos fundamentales. Eso significa que no únicamente el Estado debe ser una especie de “policía” respecto a todos los que quebranten los derechos de las personas, sino que también tiene el deber de intervenir activamente en la reparación de esos quebrantos.
Eso es lo que debiera ocurrir, a partir de un reconocimiento de la responsabilidad de Estado por los hechos de Iguala. En otros momentos, en este mismo espacio hemos apuntado razones sobradas para considerar —en un plano teórico y jurídico, y al margen de los partidismos y las banderas políticas que abundan en contra del Presidente y su partido—, por qué sí existe una responsabilidad de Estado en estos hechos, y por qué en ello es determinante el que José Luis Abarca y las dos corporaciones policiacas municipales involucradas hayan tenido la calidad de servidores públicos en el momento en que ocurrieron los hechos, y hayan actuado valiéndose de esa autoridad para ordenar y ejecutar las desapariciones forzadas de los estudiantes.
Ese argumento, evidentemente, dista mucho de la intención de quienes acusan “fue el Estado”, pero lo hacen intentando generar la idea de que fue el Estado porque Peña Nieto habría ordenado las desapariciones, o porque éstas habrían ocurrido en el contexto de una acción coordinada de represión ordenada desde el gobierno de la República. Fue el Estado, sí, pero porque Abarca y los policías municipales de Cocula e Iguala eran agentes del Estado en el momento de que participaron —idearon, ordenaron, colaboraron, ejecutaron o permitieron los hechos— en las desapariciones y ello abre la puerta a la responsabilidad de Estado que el gobierno del presidente Peña Nieto se niega a reconocer.
¿Por qué se resiste a reconocerlo? Quizá porque considere que no es el momento aún de reconocerlo. Pero más seguramente, no lo hace porque en el fondo también se debe encerrar la idea en el gobierno federal de que el reconocimiento de la responsabilidad de Estado implicaría algo así como aceptar que ellos ordenaron o participaron en las desapariciones, cuando en realidad una cuestión y otra son totalmente distintas.
Al final, el Estado tendrá que reparar a las víctimas de estos hechos en algún momento. No será raro que una vez agotadas las instancias nacionales, los padres de los desaparecidos acudan a tribunales internacionales para exigir la parte de la justicia que aquí no se les dio. Esa parte de la justicia es la que debiera corresponder a la reparación por parte del Estado, tal y como la Corte Interamericana en su momento ya condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y otros casos en donde ha quedado demostrada la responsabilidad internacional del Estado por hechos similares a los de Iguala el 26 de septiembre pasado.

MEZQUINDAD
En medio de esto hay un enorme velo de mezquindad, de quienes insisten en los desaparecidos para abonar a sus causas políticas. Es terrible que un asunto tan abominable sirva para fines tan frívolos como los de un resultado electoral.

Reviven certamen para exhibir su falta de compromiso

En memoria de mi padre, don
Ismael Humberto Ortiz Romero.
Es una lástima que la LXII Legislatura haya revivido el premio al periodismo cultural “Andrés Henestrosa”, para hacerlo terminar en otro de los desastres a los que nos tiene acostumbrados el Congreso cuando se mete a querer jugar a la responsabilidad, la equidad y la democracia. En todos los casos en los que ha tratado de hacer creer a la ciudadanía que de veras puede participar en las convocatorias que ha lanzado para diversos certámenes, lo único cierto es que el común denominador es que siempre ha terminado defraudando a todos. Y esta no fue la excepción.
En efecto, como ya lo sabemos ayer se hizo la entrega formal del citado premio a la reportera Diana Manzo, por un reportaje publicado en los diarios El Imparcial de Oaxaca, y La Jornada, en el Distrito Federal, sucesivamente. Hace tres días, un grupo de reporteros de la fuente cultural en varios medios estatales, hicieron pública su inconformidad no tanto con el fallo del premio, sino eminentemente con las condiciones que enmarcaron la organización y el otorgamiento del mismo.
La molestia de los reporteros culturales puede ubicarse en dos cuestiones: primera, en el ánimo descalificador y de menosprecio al trabajo que realizan los reporteros oaxaqueños dedicados a asuntos culturales; y segunda, en la poca seriedad y compromiso mostrados por la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura, que encabeza el diputado Rafael Arellanes Caballero.
Sobre la primera de esas cuestiones, los reporteros firmantes sostienen que “quienes participamos en buena lid y otorgando un voto de confianza a los organizadores del premio, lo hicimos con el propósito de mostrar que sí habemos y que también han existido profesionales dedicados a informar día con día del acontecer cultural, cada vez más pujante, en la ciudad y el estado, contrario a lo que afirmó el C. Jorge Magariño, único integrante del jurado que se presentó el día indicado para dar a conocer el fallo, en el sentido de que hasta hace poco tiempo existían dos o tres reporteros culturales…”.
Frente a esa actitud, evidente, de poco conocimiento de la actividad periodística que se realiza en Oaxaca en temas de cultura, los reporteros señalan que la aseveración del integrante del jurado, expresada en el acto en que entregó el dictamen del citado premio al Congreso del Estado, revela ignorancia y menosprecio hacia quienes ejercemos el periodismo cultural en Oaxaca, por lo cual —señalan— cuestionamos la legitimidad del certamen, ya que no se puede descalificar de antemano al gremio, si en teoría se evaluó de manera responsable  profesional. Tal descalificación de nuestra parte, obedece además, a que el jurado no aplicó los tres criterios con los que aseguró haber evaluado cada uno de los trabajos periodísticos participantes, a decir: recursos narrativos, factor noticioso y trascendencia social.
Así, luego de señalar la evidente inequidad que provoca el hecho de que los propios integrantes del jurado desconozcan y menosprecien la actividad periodística que se realiza en el ámbito de la cultura en Oaxaca, los reporteros señalan también la irresponsabilidad de los encargados de la organización de dicho evento en el Congreso del Estado.
En su misiva, acusaron al diputado Arellanes Caballero de haber incurrido en una “ligereza” “al tratar de aprovecharse de un certamen que buscó renovar con una convocatoria imprecisa, y con la sorpresa de revelar tras el cierre de la misma, un jurado improvisado”. Por lo tanto —rematan—, la convocatoria como sus organizadores y jurado, no contribuyen al desarrollo del periodismo cultural, porque lo que debería ser un estímulo se convierte en una burla o denostación al ejercicio del periodismo cultural en Oaxaca.

LAS PIFIAS DEL CONGRESO
Por varias razones, es muy lamentable que todo esto haya ocurrido. Primero, porque como lo dicen los reporteros inconformes, más allá de quién haya ganado el premio, lo que resulta francamente contradictorio es que este sea un motivo de inconformidad y confrontación, y no un aliciente para realizar un mejor trabajo periodístico en un rubro tan prolífico como el de la cultura.
Segundo, porque se supone que cuando en enero de 2014 se revivió este premio al periodismo cultural, se hizo con la intención nada menos que de honrar la memoria de don Andrés Henestrosa en el mes de su aniversario luctuoso, y se estableció la realización de una semana cultural a partir de este año, sobre la cual hasta hoy no se ha hecho aún anuncio alguno, a pesar de que en el decreto para revivir este certamen, se estableció que a partir de 2015 se realizaría una semana cultural para enmarcar el fallo y la entrega del premio, y para ello también se dispuso la incorporación de una partida presupuestal sobre la cual —sobra decirlo— no se tiene noticia alguna de su existencia o destino.
Además de todo esto, existe una tercera razón que agrava las dos anteriores: con estos hechos el Congreso del Estado una vez más demuestra su incapacidad para organizar un concurso y entregarle un resultado aceptable, comprobable y legitimado a la ciudadanía, que es a quien convoca a participar.
Esto mismo, aunque en su propia circunstancia, es lo que ha pasado cuando el Congreso ha llamado a la ciudadanía a participar en los procesos de selección de Ombudsman, de integrantes de la Comisión de Transparencia, de quienes en su momento integraron el Consejo General del IEEPCO, y todos los demás órganos sobre los cuales el Poder Legislativo tiene facultad de nombramiento, y que se supone que debía hacerlo a partir de la valoración de perfiles, la equidad en el proceso, la responsabilidad en el desarrollo y preservación de las reglas establecidas, y la emisión de un fallo legitimado y, por ende, sin posibilidad de ser repudiado por los participantes.

INCONFORMIDAD, RAZONABLE
No ha sido así, y sabemos que en todos los casos la inconformidad no ha aflorado en supuestos “depositarios” de verdad absoluta o actividad alguna, o de “caníbales” feroces enojados por el solo hecho de no haber ganado. Si hacemos memoria, veremos que en todos los casos, en todos, el Congreso ha entregado malas cuentas, con procesos desaseados, deslegitimados, irresponsables, utilizados como mecanismo para formalizar acuerdos políticos, y con una enorme deuda a la ciudadanía. Frente a eso, en nada se diferencian la cuestionadísima elección de Arturo Peimbert en la DDHPO, o de los impresentables integrantes de la Cotaipo, con este premio… que también terminó en desastre.