+ Amenaza de perseguir a diputados, alarde de soberbia e impunidad

Si en Oaxaca ya estamos acostumbrados a que la Sección 22 del SNTE hace lo que quiere sin que enfrente consecuencia alguna, hoy la dirigencia magisterial está demostrando que haberle dado tanto poder la tiene completamente desorbitada. Su anuncio de ir a perseguir y presionar a los diputados, si esto es necesario, para que aprueben su PTEO como ley estatal de educación, constata que su nivel de soberbia ha rebasado cualquier límite.

En efecto, esta semana la dirigencia de la Sección 22 fue hasta las instalaciones del Congreso local a presionar a los diputados a que dictaminen y aprueben el PTEO como Ley Estatal de Educación. Para ello, enmarcaron su diálogo con un acordonamiento a las instalaciones del Congreso, y las amenazas en contra de los legisladores fueron expresas. La dirigencia de la Sección 22 sostiene que como se está próximo a cumplir un año la firma de la declaración política rumbo a una nueva ley estatal de educación, es momento de que el Congreso cumpla su palabra de aprobar la iniciativa emanada de los foros organizados por el propio magisterio.

Sólo que la postura de la Sección 22 ya no es democrática, sino más desbordada y soberbia que nunca. Pues los profesores hicieron varias advertencias a los diputados locales. Primera: “el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) vigilará que se respeten los fundamentos filosóficos, epistemológicos y teóricos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) dentro de la nueva Ley educativa de Oaxaca”.

Segunda: que mientras reciben el pre dictamen de la Comisión Permanente de Educación, “montarán guardia en la Cámara de Diputados y en caso de ser necesario pondrán marcaje personal y, de ser necesario, los diputados y diputadas serán perseguidas, porque en otras ocasiones los hemos perseguidos hasta los hoteles donde se van a resguardar para evitar albazos”.

Tercera, en voz de Rubén Núñez Ginez: “Una vez que lo tengamos y conozcamos el viernes [el pre dictamen de la ley educativa], lo vamos a socializar con los miles de trabajadores de la educación y luego nos volveremos a reunir con los diputados para avanzar en la aprobación de la ley”.

Cuarta: la dirigencia de la Sección 22 tachó abiertamente de “traidores” a los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por abandonar la mesa de diálogo y la construcción de acuerdos. Y como si la 22 ostentara la representación del pueblo de Oaxaca, aseguraron: “[los diputados priistas] traicionan al pueblo al pueblo de Oaxaca, no a la Sección 22 del SNTE, porque nuestra iniciativa forma parte de una consulta ciudadana”, dijo.

Quinta: Núñez Ginez justificó que “el acordonamiento a la sede del Congreso del Estado es para ‘acompañar’ las reuniones con los diputados del PRD-PAN-MC-PUP y PT, a fin de generar consensos y acuerdos, en virtud de que el 14 de marzo se cumple un año de la entrega de la iniciativa del Magisterio, y que hasta la fecha no ha sido aprobada”.

Frente a todo esto, vale la pena preguntarse —y no está de más— ¿esta es una actitud democrática y sostenible, de una organización que justamente dice querer la salvaguarda del derecho de la mayoría, en un marco de democracia? 

PRESIONES, CONTRARIAS A LA LEY 

Aunque no sirve de nada, porque de todos modos sabemos que la Sección 22 continuará actuando impunemente en Oaxaca —y en el país— gracias a la debilidad institucional y a la engañosa utilidad de la ponderación que hacen los gobiernos local y federal para dejar que el magisterio haga lo que se le antoje sin sanción alguna con tal de no confrontarse con ella, sí vale la pena recordar que todo lo que ha anunciado la 22 es expresamente inconstitucional. 

Releamos el artículo 9 de la Constitución de la República, que otorga el derecho de manifestación en que se ampara la Sección 22, pero que también le pone los límites que justamente intenta romper. Éste dice, a la letra, lo siguiente: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

¿Releemos una vez más la última parte del segundo párrafo del artículo noveno? Dice que no se considerará ilegal ninguna reunión siempre que se evite proferir injurias en contra de la autoridad o —lo verdaderamente importante en este caso— “se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. Es decir, que en sentido contrario, una reunión que utiliza la violencia o amenazas en contra de la autoridad, para tratar de obligarla a resolver en el sentido que desee, sí debe ser considerada como ilegal.

Eso es justamente lo que vivimos: una organización que sostiene que su verdad es la única sostenible en Oaxaca, y que para defenderla incluso amenaza abiertamente con ir a perseguir a quienes tienen el deber de analizarla y decidir responsablemente no en base al interés de un grupo, sino de la sociedad y de la ley. 

Así, parece que vivimos en un mundo al revés, en el que el poder del más fuerte es el que prevalece, y que entonces también la razón está determinada por esas situaciones de fuerza y de amenaza velada, y no por eso que solíamos llamar Estado de Derecho, pero que en Oaxaca definitivamente no existe. Ese es el límite en el que hoy nos tiene puesto, a la vista de todos, la Sección 22 sin que nadie le reproche algo por sus actitudes. 

QUE VENGA MIRANDA 

A la Sección 22 todos los reclamos relacionados con sus pactos con Gobernación, le hacen lo que el viento a Juárez: nada. Dicen ellos que sus negociaciones con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, son legítimas. Quisiéramos entonces que Miranda viniera a Oaxaca a arreglar todo lo que sin ningún pudor ha provocado. Tiene a un estado verdaderamente de rodillas, por tratar de abrirle un cauce al gobierno federal, que da tumbos insistir en creer que México es —como muchos dicen— el Estado de México.

A nadie debería sorprenderle que en nuestro estado haya tantas ex autoridades que son, al mismo tiempo, corruptas e impunes. Esa, que es una combinación malévola para el Estado de Derecho, es una constante en Oaxaca ante la incapacidad de las instituciones para cumplir con sus fines de perseguir y castigar efectivamente la corrupción. Los casos de Luis Ugartechea, José Julio Antonio Aquino, y varios más, son sólo sintomáticos de esa situación de corrupción e impunidad que nadie, dentro o fuera del poder, se atreve a enfrentar.

En efecto, en su edición de ayer miércoles, TIEMPO informaba en su primera plana que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los ex Ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Luis Ugartechea Begué y José Julio Antonio Aquino, respectivamente, “desaparecieron” en su gestión más de 30 millones de pesos. Ugartechea más de 20 millones de pesos y José Julio diez millones.

Así, se decía que, por ejemplo, en la gestión del ex alcalde panista de Oaxaca de Juárez, recursos por 4 millones 901 mil pesos fueron sustraídos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, entre otros quebrantos. Y la ASF precisó que cuando el municipio fue administrado por Ugartechea Begué no se dispuso de un adecuado sistema de control interno que permitiera identificar y atender los riesgos que limitaban el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría.

Igualmente, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en la gestión de José Julio Antonio Aquino, ex edil de Santa Cruz Xoxocotlán, se “desaparecieron” 10 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) sin que la autoridad municipal justificara su destino. Lo que parece más grave es que a pesar de que hubo diversos requerimientos para que Antonio Aquino comprobara los recursos, éste nunca lo hizo. Y lo peor es que hoy en día en el municipio no existe registro e información contable porque los recursos no fueron registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados como lo establece la norma, y tampoco el ex edil presentó documentación comprobatoria de gasto.

¿Qué significa todo esto? Que, con toda frialdad, corrupción e impunidad, las ex autoridades evadieron responsabilidades y hoy intentan justificar dinero que, desde el inicio, podrían no haber gastado correctamente. La Auditoría Superior de la Federación determinó esos faltantes debido a que no hubo la documentación comprobatoria de esos recursos y tampoco pudo establecerse claramente el destino que se les dio.

Esa sola situación ya genera una responsabilidad importante para las ex autoridades. Pero ello no necesariamente implica que éstas vayan a ser de verdad castigadas, o que se integren expedientes judiciales tendientes a castigarlos. En el fondo, lo que hace falta es más que simple voluntad y cualquier solución debe pasar por reformas a la ley para dejar la ominosa práctica de que el único castigo por los quebrantos cometidos sea la denuncia y el repudio públicos.

REVISIONES SIN CAUCE

En el ámbito estatal llama la atención que, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado únicamente establece un programa anual de auditorías, en las que lleva a cabo revisiones a un porcentaje (reducido) de entes auditables, y todos los demás —los que no tuvieron la suerte o la desgracia de la auditoría— queden en una situación de “perdón” fáctico por los posibles malos manejos, y que tampoco exista la posibilidad de reconocer a quienes en una revisión sí habrían podido salir bien librados.

Lo más grave es que aún existiendo las auditorías y habiendo podido determinar quebrantos, ello no signifique que las autoridades omisas o corruptas puedan terminar en prisión. ¿Por qué? Porque como lo informaba TIEMPO hace algunos días, la Auditoría Superior tampoco tiene capacidad de ejercer acción penal a través de la integración de averiguaciones previas que debieran corresponder a los posibles actos de corrupción, y porque la Procuraduría General de Justicia no cuenta con capacidad de procesar todas las denuncias de corrupción que le hace la ASE, y llevarlas ante un juez para tratar de imponer sanciones.

El asunto es más complejo de lo que parece. Como bien sabemos, la Auditoría Superior no tiene capacidad para auditar a todos los entes susceptibles de una revisión (es decir, los 570 municipios, además de las dependencias del gobierno estatal, los poderes Legislativo y Judicial, las empresas paraestatales, los órganos autónomos, y demás instituciones que reciben o funcionan con fondos públicos); luego, tampoco tiene capacidad para revisar a fondo a todos los entes a los que sí audita, debido a que la insuficiencia de personal no les permite invertir todo el tiempo y personal requerido para revisiones verdaderamente a conciencia.

Y como si algo faltara, tampoco tiene la posibilidad de ser la ASE quien pueda instruir por sí misma acción penal en contra de las autoridades, o ex autoridades a las que les haya determinado quebrantos o irregularidades. Debe hacerlo a través de la Procuraduría de Justicia, que hoy en día no cuenta con todo el personal específicamente capacitado que debiera necesitar para integrar todas las averiguaciones que le remitiera la Auditoría. Y todo eso se vuelve un conjunto de cuellos de botella que al final lo que hacen es impedir toda posibilidad de que se aplique la ley a quienes resultaron con una responsabilidad administrativa o judicial por su desempeño público.

Esto parece patético, porque ese conjunto de fallas se vuelven también una invitación abierta para que cualquiera intente aprovecharse del presupuesto público, a sabiendas de que difícilmente habrá de ser castigado u obligado a reintegrar lo que mal gastó. Eso explica la existencia de tantas ex autoridades que primero gozaron de los beneficios económicos que les dio la corrupción, y hoy gozan de impunidad frente a las autoridades.

A NADIE LE IMPORTA

Lo peor es que hoy en día esta es una discusión que aunque le preocupa mucho a la ciudadanía, a la autoridad no le genera la más mínima empatía. Estos son temas que no se discuten en el Congreso, no se impulsan en el Ejecutivo, y tampoco preocupan en el Judicial. Pareciera que, como en otros muchos casos, todos ellos están coludidos para protegerse y para llevar a la quiebra al Estado de Derecho.

+ Ayotzinapa sí afectará al PRI, pero será por omisiones oficiales y de EPN

Tarde y cargado de chovinismos, el dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud comienza a anticipar la derrota de su partido. Sin entrar en la autocrítica de fondo sobre el desempeño del tricolor en la entidad, el Líder priista decidió achacar el descalabro futuro a las calamidades que según él vienen de fuera, y para sostenerlo incurre en un error básico de análisis al culpar a personajes de otros partidos de una responsabilidad que a todas luces también es del PRI. Vale la pena repasar sus palabras para corroborar sus errores.
En efecto, en una entrevista publicada ayer en la primera plana del periódico El Imparcial, Mafud sostuvo que “Ayotzinapa sí le pegará al PRI en las elecciones del siete de junio”, pues aseguraba que “ que pese a ser un problema no generado por el Gobierno Federal (el de los desaparecidos), sin duda les impactará”. Luego sostenía: “¿Qué tanto va a influir, y en dónde? No lo sabemos, pero por eso le hablamos claro a la gente”.
Y después vino lo más revelador sobre lo errado de su análisis, independientemente de que éste no pasó por el reflejo de la situación real de la dudosa competitividad electoral del PRI en los distritos electorales de la entidad. Al tratar de analizar el escenario nacional, y las supuestas razones por las que Ayotzinapa le pegará al PRI, Mafud externó que le tocaba “resolver la desaparición de los 43 normalistas, a un gobernador que estaba fuera de la realidad (Ángel Aguirre) y a un alcalde (José Luis Abarca), actualmente procesado por los hechos. Sin embargo —continuaba—, hay que decirlo, ambos políticos son del PRD, pero cuando vieron que la pelota venía muy grande, metieron la licencia de Aguirre y dejaron que el problema pegara a la Federación y al PRI”.
Uno podría aceptar un análisis tan distorsionado, si no viniera de una persona con tanto oficio y —se supone—, claridad política, basada en su propia experiencia en las áreas de gobernabilidad. Además, Mafud es un magistrado en retiro que, por ende, se supone que debe conocer y entender a detalle los términos jurídicos que engloba un asunto como el de los desaparecidos de Ayotzinapa.
No obstante, lejos de todo, parece que la situación global pretende disimularla a través de argumentos que pretenden justificar que todo lo malo viene de otros partidos y actores, como si el PRI no tuviera algún grado de responsabilidad en la crisis de los desaparecidos, y como si en el resultado de la elección no influyeran también factores internos.
Pues resulta que justamente en eso se basa el chovinismo: en asegurar que todo lo propio es positivo, y que todas las calamidades vienen de fuera. Veamos si no: al decir Mafud que Ayotzinapa sí le va a impactar negativamente al PRI en los próximos comicios, y luego sostener que este asunto debía ser resuelto por los gobiernos estatal y municipal de Aguirre y Abarca, respectivamente, para luego terminar diciendo que todo fue una “pelota que venía muy grande” y que conspiradamente fue lanzada a la Federación y al PRI, es tanto como querer repartir responsabilidades sin reconocer que el gobierno federal, el PRI, y el Presidente, cometieron sus propios errores, y que la sociedad habrá de cobrárselos en los comicios del siete de junio.

LOS ERRORES
Primero, Mafud no alcanza a distinguir que en los resultados electorales del próximo siete de junio en Oaxaca, habrán de influir los factores locales tanto o más que los de índole nacional. Al no reconocer los graves desencuentros que ocurrieron al interior del PRI —y los que todavía podrían ocurrir— por la forma en cómo se procesó el reparto de candidaturas, de inmediato está también exculpando a todos los que han actuado fuera de la disciplina partidista, e incluso está haciendo a un lado su propia responsabilidad como dirigente. ¿Por qué?
Porque omitir el tema, y decir que todas son inconformidades menores, le salva la situación sólo hoy. Pero finalmente esta situación será decisiva en varios distritos en los que el CEN, o los Jefes Políticos del PRI —no Mafud— escogieron candidatos según sus intereses, pero no en función de las posibilidades reales de triunfo, y sin considerar tampoco la fuerza que puedan tener los otros partidos políticos —y el régimen gobernante— en las regiones del Estado.
Segundo, Mafud erra su análisis al afirmar, en lo relativo a Ayotzinapa, que las desapariciones forzadas eran responsabilidad de resolver del gobernador Aguirre y del alcalde Abarca. No es así. Y tan no lo es —y el gobierno federal tardó tanto en reconocer su error— que por eso la PGR atrajo la investigación, sólo después de que la opinión pública nacional e internacional cuestionaron abrumadoramente al gobierno federal por la pasividad mostrada frente a esos hechos, y al presidente Enrique Peña Nieto por lavarse inicialmente las manos al asegurar que este era un tema local y no nacional, y que por ende —y coincidiendo en el error con Mafud— que debía ser resuelto por el gobierno de Ángel Aguirre.
Tercero, Mafud se equivoca gravemente cuando dice que el problema de los desaparecidos fue “una pelota” que otros dejaran que le pegara a la Federación y al PRI. ¿Por qué? Porque esos crímenes no son cualquier cosa: son delitos de lesa humanidad que, por ese solo hecho, agravian a todos independientemente de credos, filias, simpatías políticas y hasta nacionalidades.
Por esa razón, nadie le echó la pelota a nadie. Si los tres ámbitos de gobierno tienen obligaciones relacionadas con los derechos humanos, entonces Ayotzinapa fue una gran pelota que rebasó y derribó a todos por igual, y a esto contribuyeron los políticos del PRD, pero también el gobierno federal que tarde reconoció la situación y actuó obligado pero no porque demostrara tener convicción por la protección de los derechos de todas las personas.

ANÁLISIS TARDÍO
Otro aspecto relevante: cinco meses después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Líder del PRI se refiere por primera vez a ello y sólo para anticipar que esta será la razón de su derrota. Nunca lo vimos indignarse por el hecho, solidarizarse con las víctimas y sus familiares, o exigir justicia. Cuando pasó, lo vio lejos porque era en otra entidad federativa. Pero hoy que ya necesita comenzar a anticipar lo inminente —un resultado desalentador para su partido— entonces sí busca —de nuevo— la forma de encontrar culpables fuera, y no reconocer los errores de su partido en este proceso.

+ Iniciativas, sin socialización con la ciudadanía son triunfo total de S-22

Reiteradamente, los diputados de la LXII Legislatura sostienen que no están en posibilidades de aprobar una reforma educativa estatal porque no existen los consensos necesarios entre las fracciones parlamentarias. Es absurdo que sostengan esa afirmación, cuando al Pleno del Congreso no ha subido una sola discusión sobre las visiones que tienen los legisladores del tema educativo. Así, en la furtividad, quienes terminan ganado son los profesores de la Sección 22 del SNTE.
En efecto, la semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Félix Serrano Toledo, en reunión con la dirigencia de la Sección 22, dijo que “no hay consenso” entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso para aprobar la Ley Educativa. “El tema sigue en análisis y discusión en las comisiones respectivas, son siete propuestas que deben ser consensadas y homologar una sola respuesta que llegue al pleno donde 42 diputados y diputadas debemos de emitir un voto, sea a favor o en contra…”, dijo.
Aunque pareciera una excusa razonable, en realidad la afirmación es temeraria porque revela el grado de cinismo que existe en esta democracia simulada. ¿De qué hablamos? De que contrario a lo que afirma el diputado Serrano, al Pleno del Congreso tendrían que haber llegado ya los respectivos dictámenes de las diversas iniciativas que se han presentado, para que ahí, de cara a la ciudadanía, se diera la discusión y se establecieran las razones y argumentos por los que los diputados están a favor o en contra de cada una de las iniciativas. Eso es lo que tendría que haber ocurrido en una democracia real, y no en esta apariencia en la que los acuerdos son discrecionales y a espaldas de la ciudadanía, que sigue esperando saber por qué razón no hay reformas a las disposiciones en materia educativa.
El problema es que los diputados locales están acostumbrados a dialogar sólo en privado, para únicamente llegar al pleno con un guión mal ensayado, a simular que llevan a cabo un trabajo legislativo de conciencia y compromiso. Y si eso es ya de por sí grave, lo es todavía más que en un tema tan importante y relevante para la ciudadanía, y para el ámbito educativo, los legisladores sólo emitan excusas genéricas y no particularicen ni abunden en los supuestos disensos que impiden la aprobación de una nueva ley en materia educativa.
Esta práctica la han llevado al límite, y por eso hoy la ciudadanía sigue sin conocer en qué consisten las distintas iniciativas presentadas en esa materia; tampoco conoce el contenido de las discusiones que se dan al interior de las comisiones legislativas —en el caso de que en realidad sí se lleven a cabo esas sesiones de comisión, y no sean sólo actos simulados en documentos— sobre los tópicos que incluye cada una de las normas, y cuáles son las conclusiones preliminares a las que se van llegando en la elaboración de los dictámenes.
Lo cierto es que nada de eso existe, y que el Congreso únicamente se justifica en los supuestos disensos para atajar los señalamientos sobre su inacción y su incapacidad para conducir un trabajo legislativo serio y comprobable. Lo más patético es que a la par de que sus supuestas discordancias ocurren sólo en privado y a espaldas de la ciudadanía, en lo que sí incluyen a todos los oaxaqueños es en los efectos que tiene su incapacidad de responder a este imperativo de adecuar las normas estatales a la legislación federal, principalmente como símbolo de que el Estado en Oaxaca sí existe.

LOS DIPUTADOS Y LA 22, GANAN;
TODOS LOS CIUDADANOS PERDEMOS
Con sus reiteradas excusas, por lo menos los diputados ganan tiempo. Ganan también porque evitan entrar en una confrontación que haría necesario que el Congreso de verdad hiciera política, y no únicamente siguiera órdenes dictadas desde los espacios políticos —estatales y federales, también furtivos— en donde sí se negocia con la Sección 22; y ganan porque (es nada raro en esta circunstancia) su abominable inacción bien podría responder a cumplimiento de compromisos —económicos, políticos, da lo mismo…— de ellos con los grupos, a los que no les conviene que se apruebe una reforma educativa en estos momentos en Oaxaca.
El problema es que todos pagamos por eso. Los maestros de la Sección 22, por ejemplo, siguen teniendo el control total del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que tiene a un Director (Moisés Robles Cruz) sólo aparente, pero que en realidad sigue siendo gobernado por la misma ralea sindical que ha tenido el control del Instituto desde hace dos décadas; y que es quien —sin que debiera tener ya las facultades para hacerlo, y sólo anclada en el hecho de que las normas estatales (inconstitucionales) los siguen reconociendo— sigue determinando la suerte y el destino de más de 81 mil maestros, que hoy no saben que en buena medida está en sus manos no seguir dependiendo de las extorsiones sindicales que ejerce en su contra la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, y que por eso siguen respondiendo disciplinadamente a sus decisiones en contra de los oaxaqueños.
Al final, es evidente que todos estamos sometidos por esa indolencia del Congreso y el gobierno para ofrecer alternativas viables a los reclamos ciudadanos. Esa indolencia se traduce en que, a plena luz del día, el Congreso le da la espalda a la ciudadanía —a la que nunca ha tomado en cuenta en este proceso— para respaldar una postura inadmisible de protección al magisterio, a través de argumentos que serían asimismo insostenibles en una democracia. Y que a su vez el gobierno simplemente se acata a lo que hay, y evita cualquier tipo de molestia al poder fáctico que sigue gobernando de hecho la educación y el orden en nuestro Estado.

EN EL IEEPO, LA 22 MANDA…
Y quien diga lo contrario, que responda entonces por qué a los maestros oaxaqueños no se les ha aplicado una sola de las nuevas normas relacionadas con su estabilidad laobral; por qué a ninguno se le ha descontado un solo día de salario, de los muchos que han faltado a clases sólo en este ciclo escolar; por qué la Sección 22 sigue dando premios a los que tienen una prolífica actividad sindical, y por qué sigue soslayando el desempeño en las aulas. Esa hegemonía total del Sindicato magisterial en el IEEPO, no se puede calificar más que como el verdadero poder en ese instituto. Por eso, el Director del IEEPO es sólo una apariencia.

+ INE y CNDH lanzan alertas; el gobierno responde tibiamente

Algo muy malo debe estar pasando en el país, cuando dos de los órganos autónomos nacionales lanzan alertas casi simultáneas de que la democracia y las instituciones del país atraviesan por una fuerte crisis, pero el régimen gobernante responde sosteniendo y reiterando esas decisiones que lo mantienen en la ruta del divorcio político con el pueblo mexicano. Al parecer, el Presidente confunde su popularidad personal con la falta de credibilidad y confianza que hoy tiene la ciudadanía de las instituciones del Estado. Y ese es un problema mayor que puede resultar en escenarios inéditos de la vida nacional.
En efecto, anteayer el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseveró que hay una “falta de credibilidad en las instituciones” y aceptó que la CNDH no está exenta de ello; antes, el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que esa institución sufre un déficit de credibilidad pública, por lo cual se requiere reconstruir esa situación actuando conforme a la ley. “El Instituto Nacional Electoral, como el IFE lo fue en su momento, es una institución que vive de la credibilidad pública, y somos los primeros conscientes que estamos con un déficit de credibilidad que tenemos que ir reconstruyendo”, dijo.
Esta crisis de legitimidad no es privativa del INE o la CNDH; más bien, es un reflejo de lo que ocurre en general con las instituciones del Estado, que han perdido credibilidad frente a la ciudadanía, a raíz de una cadena de sucesos en la que ésta ha actuado con insuficiencia frente a las expectativas ciudadanas; y de la revelación de datos y propiedades que dejan ver la posible utilización de los espacios y responsabilidades públicas, para la obtención de beneficios personales por parte de quienes nos gobiernan.
Y es que resulta que hechos como la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado, o la revelación de las lujosas propiedades inmobiliarias del Presidente y su Secretario de Hacienda, al final no han hecho tanta mella en la persona de Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray, como en la institución a la que ellos representan.
Asimismo, la revelación de la existencia de narcoautoridades en Guerrero, y la larguísima cadena de corrupción, complicidades, protección y tráfico de influencias que fue puesta en evidencia a raíz de los desaparecidos, generó un cuestionamiento no sólo contra José Luis Abarca y su esposa, o contra el defenestrado gobernador Ángel Aguirre, sino sobre todo respecto a los partidos políticos que también actuaron con cálculo y tibieza, frente a la necesidad de responderle a la ciudadanía por cómo éstas personas fueron postuladas, y cómo llegaron a tener responsabilidades y cargos públicos a pesar de los nexos criminales y de corrupción que públicamente sostenían.
Así, si en muy poco tiempo dos de los pilares de nuestra incipiente democracia (el gobierno y los partidos políticos) recibieron duros golpes de credibilidad frente a la ciudadanía, lo menos que podía esperarse es que éstos respondieran creciéndose al castigo y constatando que por encima de sus intereses particulares demostraran tener un compromiso democrático de gran calado frente a los ciudadanos.
No ocurrió nada de eso. Al contrario, partidos y gobierno decidieron sostener las mismas decisiones de siempre, como si el país no hubiera cambiado y no se encontrara en crisis; y al paso del tiempo lo único que han logrado es abonar al alejamiento de la ciudadanía, y a la pérdida de la credibilidad que hoy debiera ser fundamental para refrendar la superioridad del Estado frente a los problemas que lo aquejan, y no la constatación de que los partidos y el gobierno están coludidos para llevar a la quiebra a la democracia.

REITERAR LA IGNOMINIA
El Presidente y los partidos no estaban preocupados por la credibilidad y certeza que pudieran ofrecerle a la población. Eso lo demostraron cuando en la discusión del Pacto por México echaron al cajón del olvido todo lo relacionado con el sistema anticorrupción, y ello fue avalado por los partidos integrantes del acuerdo. Nadie tenía prisa por discutir lo que para ellos en ese momento no reportaba ninguna ganancia política. Y por eso mismo le dieron prioridad a lo que tenía que ver con los temas interesantes para el país —según ellos— y para la clase política porque se traducía en pesos y centavos.
Sólo que vino Ayotzinapa, la Casa Blanca, Malinalco, la casa presidencial de Ixtapan de la Sal y otros hechos que pusieron en capilla a la clase política. Mientras eso pasaba, los partidos vivían su propio descrédito al decidir cerrarse para proteger a los corruptos que estaban siendo exhibidos. Y frente a todo ese cúmulo de señalamientos, la ciudadanía comenzó a exigir cambios a partir de una considerable y legítima inconformidad que se tradujo en monumentales manifestaciones públicas, y una clara aversión a los procesos electorales sobre los cuales la propia ciudadanía comenzó a mostrar rechazo por considerar que no eran suficientes para enfrentar los problemas que tenía el país.
¿Qué hicieron los partidos? Cerrarse todavía más. Atajaron cualquier posibilidad de autocrítica y más bien se han dedicado a cuidar los espacios que tienen en la esfera pública, como un último baluarte de resistencia frente a la ciudadanía que cuestiona. Lo mismo hizo el Presidente: en lugar de dar el golpe de timón que el país hubiera esperado de él, salió al paso para proponer reformas cosméticas de la realidad nacional, y luego a anunciar a un fiscal anticorrupción que legalmente es su subordinado, y que carece de las herramientas legales para emprender una investigación real que aclare los posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios federales, y el posible conflicto de interés en el que estaría involucrado el propio Presidente de la República.

MÉXICO, SIN RUMBO
Es evidente que la clase política no ha sabido estar a la altura de las expectativas nacionales. Lejos de eso ha buscado protegerse sin reparar en que eso mismo socava aún más el endeble terraplén en el que siguen sostenidos los andamios del Estado. Al final, eso explica las señales de alerta que envían los órganos autónomos sobre la crisis de credibilidad que hoy tienen las instituciones del Estado y la urgencia de ir al rescate de ellas. Quizá estemos en el último momento. No hay que desoír las señales.

+ ¿Cómo brindarán certidumbre cuando la seguridad es fuente de crisis?

Dice la llamada Ley de Murphy que cuando algo está mal, puede estar peor. Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Pues si las cosas ya estaban mal con el prolongado paro de labores de un sector de la Policía Estatal, hoy todo está peor con la ejecución del aspirante a una candidatura por el PRD a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio. Sólo si las autoridades de seguridad y de procuración de justicia actúan rápido, podrían evitar que esta combinación de factores sea llevada a la arena electoral. El problema es que nada garantiza que esa actuación rápida y eficaz ocurra.
En efecto, la noche del martes fue asesinado el ex diputado local Martínez Villavicencio, que ahora aspiraba a ser postulado por el Partido de la Revolución Democrática a una diputación federal por el distrito de Tlaxiaco. Éste se desplazaba en una camioneta, en compañía de Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, a través de un camino rural perteneciente a la agencia municipal de Nuxaño, localizada a 15 minutos del municipio de Santiago Juxtlahuaca. Los tres individuos fueron ultimados con disparos de armas de alto poder.
Como suele ocurrir en estos casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado evitó establecer públicamente líneas de investigación sobre las ejecuciones, y simplemente se limitó a informar que sus peritos y agentes trabajaban para indagar los hechos. El problema es que esto ocurrió casi a la par de que el gobierno estatal logró desactivar la protesta de un grupo de elementos de la Policía Estatal que, independientemente de que constituyeran o no la mayoría de los uniformados, tenían en su poder las instalaciones del Cuartel General de la corporación, así como su armería, en donde se encontraba la mayoría de las armas y municiones que utilizan los uniformados para realizar sus funciones de seguridad.
Políticamente, el paro policial dejaba muy mal parado al gobierno de Oaxaca. Pues a los ojos de la opinión pública nacional, permeaba muy poco el argumento de que en realidad era un grupo minoritario de elementos el que se encontraba amotinado y en poder de las instalaciones, y más bien llamaba muchísimo la atención el hecho de que, o el gobierno se encontrara paralizado por un paro de labores de elementos, o el gobierno no fuera capaz de ejercer un mejor control sobre un grupo minoritario de policías amotinados, y esto pusiera en riesgo la seguridad de la población.
Por eso este triple homicidio ocurrió en un momento particularmente crítico. Pues si ya de por sí cualquier situación extraordinaria que ocurriera en el contexto de un amotinamiento de policías, sería directamente relacionada con esta primera situación, el hecho de que esa posible “situación extraordinaria” haya sido una ejecución que tiene evidentes matices políticos, agrava de manera importante la posición en que queda parado el gobierno estatal a los ojos de la ciudadanía en Oaxaca y en el país, y abre la puerta para que estos dos factores sean utilizados como elementos de manipulación política en tiempos electorales.

OAXACA, FOCO ENROJECIDO
Ahora mismo, en el contexto nacional, hay una discusión relativamente importante respecto a si es factible que en varias entidades federativas se lleven a cabo comicios en junio próximo. Particularmente, en Michoacán y Guerrero existe mucha incertidumbre sobre la viabilidad del proceso electoral, debido a que en la primera de esas entidades continúa habiendo un grado importante de violencia a manos de la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa; y en la segunda, está todavía demasiado fresca la inconformidad por la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y además porque hay grupos organizados (la CETEG, principalmente, aunque no es la única) que se ven muy dispuestos a impedir que se desarrolle con normalidad el proceso electoral y los candidatos realicen labor proselitista.
Oaxaca, evidentemente, no comparte ninguna de esas características. Aunque el conflicto magisterial tiene implicaciones políticas importantes para la entidad, la gravedad de la inconformidad del magisterio oaxaqueño —y su manejo político, en los ámbitos local y federal— no se compara con lo que ocurre en Michoacán y Guerrero. A pesar de lo que se pueda decir, en el caso de nuestra entidad existe un marco mínimo de entendimiento que impide los brotes de violencia, que tiene a los maestros —relativamente— trabajando, y que ha evitado que las inconformidades se conviertan en amenazas o para la gobernabilidad, o para el proceso electoral federal del presente año.
No obstante, de nuevo el problema más bien parece de percepciones. Pues conforme vayan pasando las semanas, y frente a dos antecedentes (el homicidio violento de un precandidato y la inestabilidad de los servicios de seguridad pública) ruidosos, no va a faltar quien decida apostar por la ruta de tratar de aprovechar estas situaciones para afirmar que el proceso electoral está en riesgo, y que no existen las condiciones para que éste se desarrolle en las condiciones mínimas de seguridad y certeza para candidatos y ciudadanos.
Si alguien decide hacerlo, tendrá a su favor el hecho de que a diferencia de Guerrero y Michoacán (donde no ha habido agresiones directas a quienes participan en el proceso electoral) en Oaxaca ya va a existir un antecedente concreto del homicidio de un aspirante; y que si la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública no tienen el cuidado y el esmero de esclarecer —y hacer creíble— en el corto plazo el móvil de la ejecución, así como las razones que la detonaron, entonces le ofrecerá a quienes apuesten por la desestabilización, herramientas invaluables para asegurar que Oaxaca está en condiciones de mayor riesgo que todas las demás entidades para el desarrollo del proceso electoral.
Al final, se trata de que las dos dependencias estatales hagan su trabajo y eviten dejar márgenes para la especulación y el provecho político. Esto se entendería en un contexto real de responsabilidad, pero quién sabe si en Oaxaca, donde la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública han demostrado mucho desgano en la posibilidad de contribuir a la gobernabilidad y los procesos políticos.

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
Hay quienes dicen que la trifulca que hubo anteayer en la central camionera es en realidad un pleito entre dos familias de transportistas que se sienten dueñas de ese cotizado —y deliberadamente desaprovechado— espacio anexo a la Central de Abasto.

+ ¿Cómo brindarán certidumbre cuando la seguridad es fuente de crisis?

Dice la llamada Ley de Murphy que cuando algo está mal, puede estar peor. Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Pues si las cosas ya estaban mal con el prolongado paro de labores de un sector de la Policía Estatal, hoy todo está peor con la ejecución del aspirante a una candidatura por el PRD a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio. Sólo si las autoridades de seguridad y de procuración de justicia actúan rápido, podrían evitar que esta combinación de factores sea llevada a la arena electoral. El problema es que nada garantiza que esa actuación rápida y eficaz ocurra.
En efecto, la noche del martes fue asesinado el ex diputado local Martínez Villavicencio, que ahora aspiraba a ser postulado por el Partido de la Revolución Democrática a una diputación federal por el distrito de Tlaxiaco. Éste se desplazaba en una camioneta, en compañía de Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, a través de un camino rural perteneciente a la agencia municipal de Nuxaño, localizada a 15 minutos del municipio de Santiago Juxtlahuaca. Los tres individuos fueron ultimados con disparos de armas de alto poder.
Como suele ocurrir en estos casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado evitó establecer públicamente líneas de investigación sobre las ejecuciones, y simplemente se limitó a informar que sus peritos y agentes trabajaban para indagar los hechos. El problema es que esto ocurrió casi a la par de que el gobierno estatal logró desactivar la protesta de un grupo de elementos de la Policía Estatal que, independientemente de que constituyeran o no la mayoría de los uniformados, tenían en su poder las instalaciones del Cuartel General de la corporación, así como su armería, en donde se encontraba la mayoría de las armas y municiones que utilizan los uniformados para realizar sus funciones de seguridad.
Políticamente, el paro policial dejaba muy mal parado al gobierno de Oaxaca. Pues a los ojos de la opinión pública nacional, permeaba muy poco el argumento de que en realidad era un grupo minoritario de elementos el que se encontraba amotinado y en poder de las instalaciones, y más bien llamaba muchísimo la atención el hecho de que, o el gobierno se encontrara paralizado por un paro de labores de elementos, o el gobierno no fuera capaz de ejercer un mejor control sobre un grupo minoritario de policías amotinados, y esto pusiera en riesgo la seguridad de la población.
Por eso este triple homicidio ocurrió en un momento particularmente crítico. Pues si ya de por sí cualquier situación extraordinaria que ocurriera en el contexto de un amotinamiento de policías, sería directamente relacionada con esta primera situación, el hecho de que esa posible “situación extraordinaria” haya sido una ejecución que tiene evidentes matices políticos, agrava de manera importante la posición en que queda parado el gobierno estatal a los ojos de la ciudadanía en Oaxaca y en el país, y abre la puerta para que estos dos factores sean utilizados como elementos de manipulación política en tiempos electorales.

OAXACA, FOCO ENROJECIDO
Ahora mismo, en el contexto nacional, hay una discusión relativamente importante respecto a si es factible que en varias entidades federativas se lleven a cabo comicios en junio próximo. Particularmente, en Michoacán y Guerrero existe mucha incertidumbre sobre la viabilidad del proceso electoral, debido a que en la primera de esas entidades continúa habiendo un grado importante de violencia a manos de la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa; y en la segunda, está todavía demasiado fresca la inconformidad por la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y además porque hay grupos organizados (la CETEG, principalmente, aunque no es la única) que se ven muy dispuestos a impedir que se desarrolle con normalidad el proceso electoral y los candidatos realicen labor proselitista.
Oaxaca, evidentemente, no comparte ninguna de esas características. Aunque el conflicto magisterial tiene implicaciones políticas importantes para la entidad, la gravedad de la inconformidad del magisterio oaxaqueño —y su manejo político, en los ámbitos local y federal— no se compara con lo que ocurre en Michoacán y Guerrero. A pesar de lo que se pueda decir, en el caso de nuestra entidad existe un marco mínimo de entendimiento que impide los brotes de violencia, que tiene a los maestros —relativamente— trabajando, y que ha evitado que las inconformidades se conviertan en amenazas o para la gobernabilidad, o para el proceso electoral federal del presente año.
No obstante, de nuevo el problema más bien parece de percepciones. Pues conforme vayan pasando las semanas, y frente a dos antecedentes (el homicidio violento de un precandidato y la inestabilidad de los servicios de seguridad pública) ruidosos, no va a faltar quien decida apostar por la ruta de tratar de aprovechar estas situaciones para afirmar que el proceso electoral está en riesgo, y que no existen las condiciones para que éste se desarrolle en las condiciones mínimas de seguridad y certeza para candidatos y ciudadanos.
Si alguien decide hacerlo, tendrá a su favor el hecho de que a diferencia de Guerrero y Michoacán (donde no ha habido agresiones directas a quienes participan en el proceso electoral) en Oaxaca ya va a existir un antecedente concreto del homicidio de un aspirante; y que si la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública no tienen el cuidado y el esmero de esclarecer —y hacer creíble— en el corto plazo el móvil de la ejecución, así como las razones que la detonaron, entonces le ofrecerá a quienes apuesten por la desestabilización, herramientas invaluables para asegurar que Oaxaca está en condiciones de mayor riesgo que todas las demás entidades para el desarrollo del proceso electoral.
Al final, se trata de que las dos dependencias estatales hagan su trabajo y eviten dejar márgenes para la especulación y el provecho político. Esto se entendería en un contexto real de responsabilidad, pero quién sabe si en Oaxaca, donde la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública han demostrado mucho desgano en la posibilidad de contribuir a la gobernabilidad y los procesos políticos.

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
Hay quienes dicen que la trifulca que hubo anteayer en la central camionera es en realidad un pleito entre dos familias de transportistas que se sienten dueñas de ese cotizado —y deliberadamente desaprovechado— espacio anexo a la Central de Abasto.

+ Esteva abrió caja de pandora, que puso en riesgo a régimen de GCM

¿Qué habría pasado si un paro policial como el que ayer quedó conjurado, hubiera ocurrido en un contexto social y político distinto? ¿Qué habría ocurrido si esto mismo hubiera pasado en medio del conflicto magisterial de 2006? Alberto Esteva Salinas, al enfrentarse con la Policía Estatal abrió una caja de pandora que bien pudo haber terminado en una situación crítica para todo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Qué bueno que esto no pasó. Pero ahora valdría la pena que el gobierno recapitulara en estas lecciones para no repetir un riesgo de esta magnitud.
En efecto, ayer el grupo de elementos de la Policía Estatal que se mantenía en paro de labores, decidió dar por terminada su protesta, y entregar las instalaciones y equipos que tenía en su poder desde hace 17 días. Los uniformados finalmente aceptaron los ofrecimientos que hizo el gobierno del estado para quienes regresaran a trabajar; y luego de concluir las protestas, el gobierno anunció que sólo revisaría la situación de alrededor de 15 de las personas que encabezaron las inconformidades. Esto parece ser el fin de este riesgo. Y por eso es necesario revisar algunas de las aristas que no deben quedar en el olvido.
Una de ellas, fundamental, tiene que ver con el hecho de que —como lo apuntábamos en nuestra entrega anterior— en este segundo paro de labores, los mismos elementos inconformes perdieron la noción de lo que pedían, y permitieron que su protesta fuera influenciada por grupos expertos en desestabilización, y por la misma ciudadanía que decidió salir a darles su respaldo, y ellos lo recibieron.
Quizá sin darse cuenta, con esta acción los elementos generaron un aura de simpatía, desde la propia policía, con la población que decididamente está en contra del gobierno, y que por eso salió a respaldarlos cuando intentaron ser desalojados la semana pasada por la Policía Federal. Y si técnicamente la policía sirve para brindar seguridad y estabilidad, y mantener lealtad al gobierno, entonces los elementos inconformes fueron exactamente al punto contrario de la situación para la que se supone que sirve toda corporación policiaca, al convertirse ellos en foco de una resistencia en contra del Estado.
Y es que, continuando con este escenario posible, ¿qué habría ocurrido si el enfrentamiento del viernes pasado en el cuartel de Santa María Coyotepec hubiera escalado en violencia? ¿Cuál habría sido el resultado si, por la razón que fuere, un grupo mayor de elementos se hubiera unido a los inconformes, y hubiera manifestado su voluntad de no seguir manteniendo disciplina y lealtad al régimen para el que trabajan? ¿Qué habría pasado si no hubiera habido prudencia por parte de los elementos federales, y hubieran repelido lo mismo a los policías paristas que a la población que salió a ayudarlos?
El escenario es más grave de lo que parece, pues lo que técnicamente habría ocurrido es que el gobierno estatal se habría quedado sin su elemento de fuerza para garantizar el orden público, y entonces ellos y la ciudadanía nos hubiéramos quedado desprovistos por completo de garantías de seguridad; por ende, el régimen se habría tambaleado políticamente, y los ciudadanos habríamos quedado a merced de lo que cualquier persona capaz de quebrantar la ley hubiera querido hacer.

QUE VEAN EL 2006
Cuando ocurrió el conflicto magisterial y popular de 2006, uno de los elementos fundamentales que permitió que el gobernador Ulises Ruiz se mantuviera en su cargo, fue la lealtad institucional de las corporaciones policiacas estatales. Del mismo modo, cuando estalló aquel episodio de violencia e inconformidad, uno de los elementos fundamentales para la crisis fue el hecho de que la población civil salió a defender y respaldar a quienes consideraba (los maestros de la Sección 22 del SNTE) que estaban siendo agredidos injustamente por las fuerzas policiacas.
Este escenario, por sus elementos, es similar al actual. ¿Por qué no suponer un potencial periodo de inestabilidad del régimen, si de verdad se hubiera quebrantado la lealtad institucional de la fuerza pública estatal? ¿Cuál fue el riesgo real que se vivió en este episodio, por la falta de sensibilidad y noción de los encargados del manejo de este problema de orden al interior de las corporaciones estatales?
¿Qué nadie en la Secretaría de Seguridad Pública vio el enorme riesgo que significaba la sola posibilidad —que en otro momento hubiera parecido remota, pero que finalmente ocurrió— de que la población saliera a manifestar su simpatía con un grupo de inconformes que pertenece a corporaciones de seguridad pública que deben subsistir al margen del apego ciudadano, porque más bien son el símbolo de la “última razón”, como lo es la fuerza pública?
Ahora bien, ¿qué habría pasado si en el 2006, cuando la policía estatal se enfrentó con los profesores y éstos se levantaron masivamente en contra del gobierno apoyados por diversos sectores de la sociedad, también las corporaciones estatales hubieran abonado a la crisis? En aquellos momentos, todas las policías locales se mantuvieron en una situación de disciplina, incluso en los momentos de mayor complejidad, incluso frente al señalamiento injusto y parcial de que ellos habían sido los represores, cuando lo cierto es que su propia posición de subordinación los hizo acatar las órdenes de actuar contra los maestros, como sus superiores lo ordenaron. Si no hubiera ocurrido eso, entonces las posibilidades de que el entonces gobernador Ruiz se mantuviera en su cargo habrían disminuido drásticamente.
Por eso vale la pena revisar una y otra vez este episodio para que, como se apuntó también ayer, el gobierno no vuelva a ensayar apuestas tan arriesgada como la que está en vías de superar por este conflicto policial que generó Alberto Esteva Salinas, y que puso en una situación de vulnerabilidad y riesgo a todo el régimen de gobierno en nuestra entidad.

CRIMEN EN LA MIXTECA
El homicidio, la madrugada del martes, del precandidato a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio, y de dos personas más —una de ellas familiar directo de un subsecretario del gobierno estatal— reaviva la permanente duda en la capacidad de actuar de las instancias de procuración de justicia. A la LXI Legislatura ya le habían matado a un diputado, sobre lo cual no se conocen avances sustantivos sobre su esclarecimiento. ¿Este hecho se sumará a las estadísticas de impunidad y silencio, en los crímenes que tienen que ver con políticos y ex funcionarios?

+ No debe haber represalias; pero tampoco sirve borrón y cuenta nueva

Seguramente el gobierno de Oaxaca hizo la apuesta política más arriesgada de toda la administración, al querer tratar con tolerancia un problema que era de distinta naturaleza, como la inconformidad de un grupo de elementos de la Policía Estatal. Ello derivó en dos paros de labores policiales consecutivos; en la politización del problema; en la pérdida de interlocutores y, sobre todo, en la arriesgada posibilidad de dejar en una situación de vulnerabilidad a la ciudadanía. Y ojalá que las soluciones que se ven a la vista, sean —ahora sí— de largo plazo.
En efecto, Alberto Esteva Salinas abrió una auténtica caja de pandora con la Policía Estatal, que no pudo manejar y que ya no se quedó para cerrar. Esteva supuso que a su llegada que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca se encontraba en las mismas condiciones que las corporaciones policiales de otras entidades del país, y a pesar de que desde el inicio la misma sociedad civil le envió los respectivos mensajes de que la situación de las corporaciones policiacas en Oaxaca no estaba para bromas y alardes, éste decidió implementar acciones que sólo exacerbaron la molestia de los elementos.
¿Qué hizo Esteva Salinas? Desde el primer día —y por una revancha personal en contra de sus antecesores— decidió desacreditar todo lo que se había hecho, bajo la premisa de que bajo su gestión se conformaría “la mejor policía del país”. Se dio a la tarea de —con los recursos que previamente habían sido gestionados y estaban listos para renovar los equipos de trabajo de los elementos— maquillar la situación de la Policía Estatal con un cambio de colores y logotipos —y con falsas acciones de proximidad social, que ridiculizaban a los elementos y no conseguían acercarlos con la ciudadanía— que, en realidad no atendía ninguno de los requerimientos y necesidades de los uniformados.
Y es que mientras Esteva se preocupaba por mostrar en las calles a los perros policía, u organizar paseos en parques y jardines, con vehículos y elementos dispuestos para divertir a los niños —o impulsar una campaña de valores, que si bien era positiva. no comenzaba por refrendar esos mismos valores al interior de la corporación—, los elementos estaban preocupados por otras situaciones, como conseguir la homologación salarial con las demás Policías Estatales del país, tener una dotación digna de uniformes, viáticos, alimentación y bonos de riesgo, o recibir un trato digno por parte de sus mandos y demás autoridades.
Esto último nunca ocurrió. Esteva, más bien, comenzó a pagar los costos de su frivolidad cuando al intentar presumir sus logros como titular de la SSP, fue corrido —literalmente— del cuartel general de la Policía Estatal, donde hacía sus madrugadoras reuniones diarias de gabinete operativo; y luego le fue organizada una protesta callejera durante el desfile conmemorativo del inicio de la independencia de México, en septiembre pasado.
Esteva no comprendió que la ruta de la distensión pasaba necesariamente por el reconocimiento de los errores que había cometido, y por abandonar la actitud de soberbia con la que llegó a la SSP. No lo hizo. Se envalentonó su actitud y en el cargo, y retó a que los elementos continuaran su paro asegurando que las exigencias que éstos planteaban eran infundadas, y que la “mejor policía del país” era una realidad.
Finalmente el empecinamiento tanto de Esteva Salinas, como de los policías en paro, respectivamente, generó este problema que luego escaló a otro nivel de radicalismo que terminó apuntando hacia un problema sin solución. Cuando ello ocurrió, el gobierno estatal hizo su apuesta más fuerte al preferir el diálogo que la fuerza. Y frente a las endebles posibilidades actuales de solución del conflicto policial, lo que debe demostrarse es que ahora también se tiene la suficiente fuerza como para no permitir que la tolerancia sea tomada como una señal de debilidad.

APUESTA POLÍTICA
Siempre es un problema cuando se pretende negociar con un grupo que no tiene cabeza ni rumbo definido. Esto no ocurrió en la primera fase del conflicto de las corporaciones policiacas, porque sus demandas se reducían a temas concretos como los uniformes, el pago de viáticos, el armamento, los vehículos patrulla y demás insumos que ellos necesitan para desarrollar sus labores. Pero en esta segunda fase del problema policial las cosas se tornaron mucho más complejas porque los mismos elementos inconformes perdieron la noción de lo que pedían y permitieron que su protesta fuera influenciada por grupos expertos en desestabilización.
Pues si los policías en paro creyeron que el viernes pasado ganaron algo cuando al resistir la incursión de la Policía Federal al cuartel de Santa María Coyotepec, permitieron el involucramiento de la ciudadanía en su resistencia, en realidad lo que hicieron fue perder lo poco que les quedaba. ¿Por qué? Porque en ese momento intentaron convertir su problema laboral en un asunto político, y darle el matiz de una resistencia como la que han protagonizado otros grupos en contra del gobierno estatal.
Sólo que la diferencia entre una organización de lucha social y los integrantes de una corporación policiaca, es que los primeros sólo están regidos por los límites que tiene cualquier ciudadano frente a la ley, y la actuación de los elementos de seguridad pública está enmarcada por la disciplina que rige a todas las corporaciones policiacas. Así, lo que ellos habrían podido ver como una victoria, fue en realidad la señal de que sus acciones llegarían pronto a su final, ante la imposibilidad de sostener la tolerancia frente a un grupo sin causa ni noción del contexto de sus exigencias.
Hasta la tarde de ayer, parecía que finalmente este conflicto había comenzado a desactivarse, frente a la amenaza de cesar a los elementos inconformes, y el restablecimiento de la cadena de mando perdida. Finalmente, pareció que la compleja apuesta por el diálogo estaba en vías de fructificar, ante un problema que bien pudo tener una salida de fuerza, por la naturaleza del trabajo y la jerarquía de los policías. Ojalá que en un asunto como éste, el gobierno no vuelva a ensayar apuestas tan arriesgada como la que —parece— está a punto de superar.

LO REAL Y LO APARENTE
Lo aparente: que todo termine en un ajuste de cuentas, en el que haya renuncias de funcionarios y despido de líderes paristas. Lo real: que los policías oaxaqueños laboran en condiciones indecibles. Todo eso, no hay que perderlo de vista.

+ Derechos de los oaxaqueños, pisoteados impunemente por todos

El gobierno federal se ufana de haber logrado, en menos de una semana, conseguir que los profesores de la Sección 22 del SNTE regresaran del Distrito Federal a Oaxaca. Lo que no dijo es cómo lo consiguió, y mucho menos que la condición para su retiro de la capital del país, fue el sostenimiento, en Oaxaca, de sus acciones de protesta que, al final, no hacen sino continuar lastimando de forma estéril los derechos comunes y personales de los oaxaqueños.
En efecto, la semana pasada fue de locos en la Ciudad de México por las protestas del magisterio oaxaqueño. Durante tres días, la capital del país fue asediada por profesores de la Sección 22 del SNTE, que fueron a exigir a la Secretaría de Gobernación el cumplimiento de diversas demandas relacionadas con sus salarios y las condiciones en que realizan su trabajo. Concretamente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le interesaba ir a la capital a continuar negociando la capitulación en su favor, de la reforma educativa que habría de ser implementada por el gobierno federal.
Al final, la Coordinadora y la Sección 22 consiguieron una victoria aplastante sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desde el segundo día de actividades de la Coordinadora en la Ciudad de México, la comisión negociadora de la Sección 22, y las autoridades federales, así como el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, acordaron que la Federación regularizaría los pagos a los profesores oaxaqueños que aún no habían cobrado sus quincenas. Y sólo después de que el gobierno federal acordó negociar con la 22 otros temas, éstos decidieron regresar a Oaxaca. ¿Qué temas quedaron pendientes?
Entre éstos se encontraban nada menos que los temas de la ley educativa de Oaxaca, así como de las 45 escuelas que aún permanecen en poder de la —disidente de la disidente—Sección 59, así como la posibilidad de abrir un diálogo para exigir la liberación de los profesores Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva y Leonel Manzano Sosa, así como de los activistas Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano y José Ambrosio Martínez, acusados del secuestro de los hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. No obstante, el acuerdo más importante que alcanzaron los profesores oaxaqueños con el gobierno federal —y que no se quedó en expectativa, como otros temas— fue el de no permitir la evaluación que contempla la nueva legislación educativa para los trabajadores de la educación.
Esto, como lo apuntamos en líneas anteriores, constituye la capitulación —la rendición total— del gobierno federal en favor de la Coordinadora y la Sección 22 del SNTE. El triunfo total se lo llevaron los maestros, porque lograron la parte del acuerdo que hacía falta, primero para que les reintegraran su salario a todos los profesores a los que aún no les transfiere el pago íntegro de sus quincenas el gobierno federal —hasta hoy, a nadie le ha descontado por inasistencias—; y segundo para dejar claro que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca en los términos que establece la ley, sino en los que negociaron los maestros y el gobierno federal.
La victoria parcial —si es que se le puede llamar victoria— que se llevó el gobierno federal… fue simplemente la de conseguir que la ciudadanía de la capital de la República no se irritara más de lo que ya estaba, logrando que los maestros oaxaqueños volvieran a Oaxaca lo antes posible, así fuera al costo de entregarles todo lo que se supone que les habían quitado con la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, y que se supone que como uno de sus asuntos torales, eliminaría el control del sindicato sobre los trabajadores de la educación.

LOS DERECHOS, PISOTEADOS
En ese contexto, los profesores acordaron que se irían de la Ciudad de México, y ya a nadie más le interesó saber y conocer el plan de acción que trazaron para los días de la post protesta en la capital del país. Y resulta que los maestros de Oaxaca resolvieron venir a seguir protestando aquí en Oaxaca.
Seguirán con sus paros intermitentes, con sus marchas de protesta y, sobre todo, con sus acciones beligerantes cada que tengan algún tema nuevo que abordar frente al Gobierno del Estado o el federal. Esencialmente, decidieron mantener el plantón que tienen desde el mes de julio del año pasado en el zócalo de la capital oaxaqueña, independientemente de que éste ya no tenga ninguna razón de ser.
De eso no se interesó el gobierno federal, como tampoco de que como un accesorio del plantón en el primer cuadro de la capital oaxaqueña los profesores insistan en llevar vendedores ambulantes que son cobijados por cobradores de piso y extorsionadores profesionales; al gobierno federal no le interesó que el primer cuadro de la ciudad —su comercio, su actividad turística y, sobre todo, los derechos de la ciudadanía— se vean trastocados gravemente.
Para el gobierno federal, con el solo hecho de que ya no estén a la vista parece suficiente, sin importarles que lo que no se vive en la capital del país sólo se viene a reflejar en Oaxaca, y que lo justo sería que los maestros se fueran definitivamente a seguir trabajando, en lugar de sostener protestas supuestamente preventivas.
¿Quién se preocupa, entonces, porque la ciudadanía —los oaxaqueños, los habitantes, los que caminamos día a día en esas calles ocupadas; los que no podemos hacer nuestras labores cotidianas porque la ciudad es un caos; los que han perdido su trabajo por la falta de actividad económica; los que están a punto de perder sus inversiones y cerrar sus comercios— podamos tener a salvo nuestros derechos mínimos a vivir con tranquilidad y paz, y a disfrutar de los espacios públicos que, por ese solo hecho, son de todos y no únicamente de los maestros?
El gobierno federal no se ocupa de nada de eso. No se ocupa del ambulantaje, de la inseguridad, y de todos los problemas que trae aparejado el hecho de que ellos hayan enviado de regreso a los maestros a Oaxaca para que, con su victoria, continúen presionando hasta conseguir lo poco que aún les hace falta por ganar.

COCHUPOS
¿De verdad era tan necesario que Freddy Gil le diera un librazo a José Zorrilla durante su comparecencia? ¿A quién le convenía más que éstas se suspendieran indefinidamente? Con el paso de los días, lo que se deja ver es que la supuesta agresión no fue más que un montaje para terminar anticipadamente la “evaluación anual” de los funcionarios estatales.