Columna Al Margen

Santa Lucía del Camino: el gobierno no responde pero sí cobra

almargenoaxaca

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junio 11, 2015

+ Las arbitrariedades contra la ciudadanía, cosa de todos los días

Galdino Huerta Escudero goza de buena relación con el Congreso del Estado, aunque en realidad ya no parece encontrar modo de sostenerla. Su arribo y permanencia en la alcaldía de Santa Lucía del Camino le ha implicado la necesidad de cubrir innumerables compromisos, para los cuales ha necesitado echar mano de todos los recursos que tiene a su alcance. Por eso, aunque la los habitantes de Santa Lucía no ven una sola acción notoria de gobierno, sí resienten la multiplicación de los actos de molestia con fines recaudatorios.

En efecto, ya en una ocasión anterior dábamos cuenta en este espacio de cómo el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino montó “sofisticadas” medidas para capturar e imponer multas a todos aquellos conductores de vehículos de motor que cometan hasta la más mínima infracción de tránsito.

Decíamos, por ejemplo, que gracias a la instalación de nuevos semáforos en el cruce entre las avenidas Hornos y Ferrocarril, los agentes viales de dicho municipio han hecho su agosto deteniendo, por ejemplo, a motociclistas por no portar el casco u otras medidas de seguridad que son sancionadas por su reglamento. ¿Qué hacen? Los agentes detienen al parroquiano, le exigen y retienen sus documentos (tarjeta de circulación o licencia de conducir, o ambas), y una vez que le imponen una multa, lo dejan continuar su marcha; demostrando con ello que su interés se centra en imponer multas recaudatorias, y no proteger la vida o integridad de las personas.

Si esa es una demostración fehaciente de urgencia desmedida que tiene Santa Lucía del Camino por incrementar su recaudación, lo que hicieron hace unos meses con la empresa Cablemás lo constata. ¿Qué ocurrió? Que sin más, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara derechos municipales por concepto de derecho de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.

¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrece la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.

Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.

¿EN CAPILLA?

Ante estas medidas de cobro tan lesivas y nada ortodoxas, la empresa prestadora del servicio de televisión por cable y telefonía emprendió diversos juicios. Uno de ellos es del orden penal y, según dicen quienes conocen del entramado legal, se inició ante la PGR por la presunta comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación. Como Galdino Huerta no come lumbre, intentó concretar algún tipo de mediación con la empresa para que se desistiera de sus acusaciones a cambio de lograr algún beneficio en los cobros que intentó ejecutarle su municipio, fracasando sonoramente en el intento.

Hoy la situación parece más complicada que al inicio. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha tenido forma de justificar por qué trató de iniciar las acciones de cobro afectando de entrada los equipos, cableados e instalaciones de la empresa de televisión restringida, y generando afectaciones a todos los usuarios de esos servicios que a lo largo de más de 12 semanas no pudieron disfrutar del servicio por el que estaban pagando cierta cantidad de dinero.

Quizá hasta ahora reparó Huerta y los concejales de Santa Lucía que lo alentaron y secundaron en este intento, en que ellos como integrantes de un Ayuntamiento no gozan de ningún tipo de inmunidad constitucional, y que por ende cuando incurren en la comisión de alguna irregularidad o delito, las autoridades administrativas y judiciales tienen plenas facultades para proceder libremente en su contra, como cualquier otro ciudadano.

Incluso, ahora Huerta tendría que recurrir a los asesores políticos —entre ellos un connotado diputado local, al que le pagaría cantidades millonarias mensuales por concepto de venta de protección política en el Congreso del Estado— que le recomendaron inmiscuirse en este asunto, para que ahora lo asesoren correctamente para salir de él. Parecieron haberle vendido una idea equivocada y engañosa de los alcances legales de la autonomía municipal para ver si a través de ello lograban hacerse de recursos frescos —los recursos recaudados por los municipios no son fiscalizables— para las arcas municipales.

Al final, la ciudadanía se sigue preguntando qué manos se benefician de estas medidas o cuál es la razón de la implementación de diversas medidas de tipo eminentemente recaudatorio. En Santa Lucía sigue creciendo el número de giros negros —que no son instalados a título gratuito—; y el Ayuntamiento no deja de tomar nuevas medidas para cobrar a la ciudadanía por servicios, derechos, multas y todo lo que le reporte ganancias económicas… aunque no vean cuál es el beneficio, las obras o la mejora de servicios públicos que podría justificar tales medidas.

NUEVOS “COMERCIANTES”

Por cierto, con la instalación de semáforos en Avenida Ferrocarril —también por obra de Santa Lucía— surgió un nuevo problema: desde que éstos funcionan, hay nuevos mendigos, limpiaparabrisas, chicleros y demás población de la que no se hace responsable el Ayuntamiento, pero sí le causa molestias y contaminación a los automovilistas. ¿O será que a ellos también les estarán cobrando impuestos?

El gobierno federal no debe ceder ante el chantaje magisterial

almargenoaxaca

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junio 10, 2015

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+ EPN ya pagó costo político; CNTE será referente en reformas

La jornada electoral en Oaxaca, fue el escenario de las percepciones en la medición de fuerzas entre el gobierno federal y la Sección 22 del SNTE. En éste, el magisterio presionó al gobierno federal hasta lograr una acción de fuerza, pero no calculó correctamente los efectos de la presencia policiaca durante los comicios.

En efecto, hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe aprovechar a plenitud la oportunidad inusitada de frenar a la disidencia magisterial, ante el hecho de que el costo político por sus titubeos frente a la CNTE ya fue pagado —para bien o para mal— en las urnas; y de que el éxito o fracaso de la implementación de la reforma educativa será referente para la puesta en marchas de las demás reformas estructurales.

Es bien conocida la forma en que el magisterio de la Sección 22 del SNTE presionó al gobierno federal para que derogara de facto la reforma educativa y la evaluación a los docentes del país. Hasta hace una semana éste había sido el principal éxito de la CNTE. Pero como le ha ocurrido en otras ocasiones, el no haber calculado correctamente la cantidad de fuerza aplicada terminó poniendo al magisterio disidente en la posición inminente de convertir su victoria en derrota.

¿Qué pasó? Que hace diez días el gobierno federal había decretado la suspensión indefinida (la SEP usó, en el comunicado en que lo anunció, la palabra “indefinida”, y no “temporal” o “momentánea”, que habría dado otra idea sobre una breve temporalidad de la determinación federal) de la evaluación a los profesores del país, y esto había ocurrido luego de la realización de diversas rondas de negociación con la Coordinadora. Nunca lo dijo, pero se entendía que el gobierno federal cedía en esa posición, a cambio de que la CNTE desactivara las protestas que había anunciado para todos los días previos a la realización de los comicios, y el boicot formal de la jornada electoral.

La CNTE no lo hizo, a partir de un argumento lógico pero desproporcionado: la dirigencia magisterial asumió que el anuncio federal de suspender indefinidamente la evaluación, era un signo de debilidad y no de buena voluntad. Por eso, de inmediato al anuncio de la SEP, ocurrido el viernes antepasado, la Coordinadora dijo que no aceptaba el ofrecimiento de la suspensión de la evaluación, porque lo que ellos exigían era su cancelación definitiva, y la derogación de la reforma educativa. Consultaron a sus bases. Y como suele ocurrir, ganó la posición radical de ir de frente al boicot. Por eso en Oaxaca tomaron instalaciones de Pemex y bloquearon las sedes del INE, generando una reacción contraria a la presión que intentaron ejercer.

Y es que frente a esas acciones, el gobierno federal —que había sido ingenuo en sus ofrecimientos iniciales— se vio obligado a responder con fuerza. En la víspera de la jornada electoral desplegó a 14 mil elementos federales y militares en la entidad, y con esa sola medida prácticamente desactivó las medidas magisteriales para boicotear los comicios. Paralelamente a eso, el magisterio pareció no reparar en que el abstencionismo generalizado que intentaba generar, no ocurrió. A las urnas acudió el porcentaje de votación que desde antes se había previsto por la autoridad electoral (que ya era de por sí pobre, de entre 36 y 40 por ciento del total de electores).

Y finalmente en entidades como Oaxaca ocurrió un inusitado resultado electoral de pluralidad política, que no fue lo suficientemente claro como para definir si ganó el gobierno estatal, el federal, o la Sección 22, o terceros. Finalmente en los comicios todos se llevaron una tajada más o menos similar del pastel electoral. Y eso, combinado con los resultados de otras entidades, sirvió de base para que el gobierno federal asumiera que el costo político estaba pagado, y que ahora sí podría ir de frente contra los poderes fácticos que intentaban menguar la reforma educativa.

PROTESTA DE EFECTOS MARGINALES

Ninguno de los resultados electorales segmentados fue inesperado para el PRI y el gobierno federal. No hubo sobresaltos, porque las definiciones en el número total de diputaciones federales, gubernaturas y congresos locales, ya estaban previstas. En esa lógica, Oaxaca sólo participaba en la elección de diputados federales.

En esos comicios en específico, para el PRI y el gobierno federal era irrelevante qué distritos electorales que se ganaran, mientras se juntara el número de curules necesarias para mantener la estabilidad de la administración federal. Eso ocurrió finalmente (la alianza PRI-Verde tendrá 248 diputados, y conseguirá una mayoría holgada si mantiene su alianza de facto con Nueva Alianza, que tendrá 10 diputados en la LXIII Legislatura). Eso dio la pauta al gobierno federal para entender que el magisterio no había movido los números que ya tenía pronosticados, y que si algún costo político había pagado por su debilidad ante el magisterio, ése se vería reflejado el domingo 7 de junio en las urnas.

Así, los comicios ocurrieron, y lo que sigue es lo que estamos viendo. Ayer el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el gobierno de la República no negociará las leyes constitucionales con la CNTE. Al mismo tiempo, la SEP anunció la reanudación de las evaluaciones al magisterio. La Coordinadora respondió anunciando protestas masivas en la capital del país. Pero tanto el gobierno federal como el del DF dijeron de inmediato que no permitirán disturbios ni daños a terceros en la Ciudad de México.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Que el gobierno federal no ceda. Tiene una oportunidad —que ya parecía perdida, y que sólo le regresó la exagerada beligerancia magisterial, y los daños provocados en Oaxaca en las últimas semanas— de agotar las vías de diálogo sin claudicar al nuevo mandato constitucional, ahora que la Coordinadora ya no tiene cómo presionarlo. Además, con su incapacidad de modular la intensidad de sus protestas, la misma CNTE le dio al gobierno federal los argumentos necesarios para cerrarle la puerta a la negociación de la ley. Sólo falta que el gobierno lo entienda, que no termine cediendo al primer chantaje que intente la CNTE, y que asuma que este será el principal referente para demostrar su fortaleza y capacidad de recuperación, pues la implementación de las demás reformas estructurales, en sus propios ámbitos también está amenazada por otros poderes fácticos tanto o más fuertes que la CNTE.

El Bronco debe ver la alternancia en Oaxaca para crear su coalición

almargenoaxaca

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junio 9, 2015

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+ La posibilidad positiva se centra en crear una alianza transparentada

Jaime Rodríguez Calderón es un fenómeno en la historia política reciente del país. Es nada menos que el primer candidato independiente que triunfa en una contienda electoral en donde lo que está en juego es un gobierno. En el ámbito legislativo, los diputados y senadores independientes son bien conocidos, pero sólo a partir de que se separan de su bancada de origen. Pero, a la luz de alternancias fallidas como la de Oaxaca, el reto sustantivo de Rodríguez Calderón se centrará no en si puede cumplir sus promesas de campaña, sino en si es capaz de generar la alianza con el Congreso de Nuevo León, que le será indispensable para gobernar.

En efecto, contra todos los pronósticos —y los deseos de la partidocracia— Rodríguez Calderón se alzó con la victoria en los comicios del domingo pasado. Derrotó a los candidatos de todos los partidos políticos, y además se hizo de la victoria con un triunfo de más de diez puntos de diferencia sobre la priista Ivonne Álvarez, que era su más cercana competidora. El contexto en el que ocurrió el ascenso del llamado “Bronco” fue particular, a partir de que inició la contienda electoral en una clara desventaja, y en un ambiente en el que parecía que la aceptación del Gobernador saliente (Rodrigo Medina, del PRI) se refrendaría en el triunfo de la candidata tricolor a sucederlo.

No ocurrió, por varias razones. A pesar de no poder demostrar sustantivamente su “independencia” de todos los partidos políticos (pues tiene un abultado expediente como ex militante priista), Rodríguez Calderón logró prender en la ciudadanía el discurso del hartazgo frente a la partidocracia, que en conjunto no ha sido capaz —y eso es real— de superar algunos de los problemas más importantes (y crecientes) que padece la ciudadanía, ante la incapacidad institucional de enfrentar las adversidades.

Nuevo León, por ejemplo, vivió episodios negros de inseguridad y violencia, pero sobre todo de corrupción. Y el Bronco le dio al clavo al convertir ese en uno de sus temas característicos de campaña. Luego vino la campaña negra que algunos de sus adversarios emprendieron en contra de Rodríguez Calderón para tratar de desacreditarlo en plena campaña electoral. Sólo que la combinación del discurso, los embates de sus adversarios, y las revelaciones de posibles actos de corrupción del propio gobernador Medina, fue una mezcla contraproducente para quienes creyeron que con eso lo descarrilarían. El domingo ganó holgadamente los comicios. Y para muchos eso es suficiente para que el Bronco pase a la historia de nuestro país.

Pudiera ser que sí; que con eso tenga asegurado su pase a los anales de la historia. Aunque los propios antecedentes de las alternancias políticas en México —ya hoy son conocidas y variadas— indican que un triunfo electoral dista mucho de un bien gobierno; y también sabemos que ganar en las urnas no es sinónimo de eficacia ni de capacidad de gobierno, y tampoco del establecimiento de un gobierno eficaz. Ese es el reto actual de Rodríguez Calderón, una vez que pase la euforia del triunfo como candidato independiente.

CANDIDATO INDEPENDIENTE:

UN GOBERNANTE SOLITARIO

Jaime Rodríguez Calderón no tiene partido político, pero el Congreso con el que tendrá que compartir gobierno está conformado por grupos parlamentarios conformados por diputados que sí emanaron de fuerzas políticas. En la cultura política de nuestro país, todo militante de un partido que llega a un cargo de elección popular, debe tomar fundamentalmente en cuenta su pertenencia al partido y el condicionamiento de las decisiones que toma el instituto político para que sus representantes en el poder público las ejecuten.

Ante esas consideraciones, el problema se hace evidente: Rodríguez Calderón necesitará crear las alianzas necesarias para poder gobernar. Muchas de sus decisiones como Gobernador deberán pasar por el Congreso. Pero la diferencia entre él y todos los demás Mandatarios estatales del país, es que él será el único que no tendrá una bancada de la que pueda fungir como “jefe político”, o que de entrada pueda respaldar sus propuestas y decisiones, para luego ir a cabildearla ante los demás grupos parlamentarios que integren el Congreso para ser aprobadas.

Esto es una encrucijada. En Oaxaca, por ejemplo, el gobernador Gabino Cué no llegó al gobierno con una bancada fuerte del partido del que emanó. Si lo recordamos, él militó en el Partido Convergencia, y bajo esa militancia se conformó una alianza con el PAN, PRD y PT que lo apoyaron en su carrera por la gubernatura.

Sólo que cuando llegó al gobierno, la bancada de su partido (Convergencia, luego convertido en Movimiento Ciudadano) en el Congreso local era sólo de dos diputados. Ello hizo indispensable que generara una nueva coalición con los grupos parlamentarios de los partidos que lo habían apoyado en la campaña. El objetivo de Cué era poder gobernar. Pero el de los partidos era simplemente obtener parcelas para poder explotarlas y servirse de ellas.

Eso generó un problema de gran calado. La coalición inicial pretendió convertirse en un cogobierno, y finalmente terminó siendo un chantaje al Ejecutivo. Desde que inició el gobierno, y hasta ahora, son los propios partidos aliados del Gobernador quienes más le han condicionado y regateado su apoyo. En buena medida —y así lo aceptan al interior del Ejecutivo estatal— la coalición ha sido uno de los principales lastres y causantes de la incapacidad del gobierno estatal.

Ejemplos como ese debe revisar Jaime Rodríguez Calderón, para evitar caer en eso. ¿Cuál es la fórmula? Quizá ensayar por primera vez en México un gobierno verdaderamente de coalición, fundada en un programa específico con responsabilidad compartida entre su gobierno y las fuerzas que decidan apoyarlo en el Congreso de Nuevo León. Sí, su triunfo electoral es un hito. Pero será revolucionario que su eficacia electoral se convierta en capacidad operativa en las tareas de gobierno.

CACERÍA DE BRUJAS

Ayer, quienes perdieron los comicios en el distrito de la capital, andaban buscando culpables por doquier. Obtusos: no se dan cuenta que la derrota se fundó en el rechazo ciudadano a su grupo político, y a los ominosos antecedentes dejados por el ulisismo en Oaxaca. Pueden seguirle echando la culpa a Chana, a Juana, o a su hermana. Carentes de autocrítica, no saben que su derrota se explica en sus mismos orígenes, resultados y el desastre que dejaron en Oaxaca.

Comicios: ¿Sección 22 querrá seguir negociando luego de boicot?

almargenoaxaca

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junio 8, 2015

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+ Un error, que Segob asuma que nada pasó y reinstale negociación

La incógnita no era sólo qué iba a ocurrir ayer domingo ante la llegada de fuerzas federales para resguardar los comicios en Oaxaca, sino qué pasará a partir de hoy lunes, cuando todo vuelva a la normalidad y se intente recuperar la mesa de negociación establecida en la Ciudad de México entre la Sección 22 y la CNTE, con el gobierno federal. Pareciera que la presión ejercida por el magisterio la última semana marcó un punto sin retorno en su relación con el gobierno federal. ¿De verdad podría ocurrir esto?

En efecto, toda la semana pasada la Sección 22 ejerció acciones de sabotaje sin precedentes. Como nunca antes lo había hecho, cerró por completo las instalaciones de Petróleos Mexicanos que sirven para el abastecimiento de combustibles en la región de valles centrales; tomó las 11 sedes del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca; anunció el boicot total a los comicios de ayer domingo; y en más de un caso saqueó las oficinas donde se resguardaba la papelería y material electoral, expulsó a los elementos castrenses que cuidaban la paquetería, y provocó un verdadero caos al involucrar directamente a la ciudadanía en sus acciones.

Los oaxaqueños nos sentimos, durante todos esos días, en el abandono. El gobierno de Oaxaca asumió una actitud totalmente pasiva frente a los hechos; el gobierno federal continuó negociando —incluso hasta la ignominia— para tratar de contener la beligerancia magisterial; pero mientras la Sección 22 endurecía cada día más sus acciones y posiciones, llegando al grado de querer ser ellos quienes decidieran qué estaciones de servicio de la ciudad y la zona conurbada sería surtidas de combustible por Pemex, y en qué momento se abrirían y cerrarían las puertas de la Terminal de Abastecimiento y Reparto ubicadas en Santa María del Tule.

La pasividad federal se terminó el viernes. Sin anunciar directamente que la movilización de tropas del ejército y fuerzas federales se hacía por la extrema beligerancia magisterial, la tarde del viernes Gobernación emitió un comunicado firmado directamente por el Secretario de Gobernación. En el boletín, se señalaba que el Gobierno de la República había iniciado un operativo a nivel nacional “con el objetivo de garantizar a los ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer su voto de manera libre y pacífica en todo el país”.

“El despliegue, en el que participan elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal, se enfocará especialmente en la región sur-sureste, y en particular, en el estado de Oaxaca. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de los esfuerzos que desde octubre del año pasado, se realizan en coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos locales, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan acudir a las urnas en condiciones de tranquilidad”.

Como puede verse, en ese breve comunicado de tres párrafos no se hizo ninguna referencia a la vertiente política que tenían esas amenazas a la jornada electoral, y tampoco a la capacidad de fuerza desplegada.

Gobernación no dijo, específicamente, que al menos en Oaxaca la principal amenaza a la jornada electoral no estaba en la delincuencia organizada, en las autodefensas, o en la propia y espontánea irritación ciudadana —todas, manifestaciones que sí ponían en riesgo la jornada electoral en otros estados—, sino específicamente en un grupo denominado Sección 22 del SNTE, que no amenazaba los comicios sino que ya tenía montado todo un despliegue táctico para impedir la elección.

Y en el comunicado, Gobernación tampoco informó que el despliegue policial y militar desplegado, era de casi el triple de elementos que arribó a Oaxaca cuando se decidió restablecer el orden luego de seis meses de conflicto magisterial y popular, a finales de octubre de 2006. En aquel momento fueron cinco mil elementos los que vinieron a la capital oaxaqueña a recuperar calles y oficinas públicas. En esta ocasión fueron más de 14 mil elementos los desplegados en la entidad, porque los brotes de violencia podrían darse en varias regiones de la entidad.

EL JUEGO DE LAS PERCEPCIONES

Con el solo hecho de ver la cantidad de fuerza desplegada por el gobierno federal, la Sección 22 anunció la misma noche del viernes un “repliegue táctico” abandonando voluntariamente las instalaciones de Pemex que tenía tomadas, así como algunas de las sedes distritales del INE que mantenía en su poder. ¿La razón? La expresión de fuerza mostrada por el Estado frente a quienes intentaban impedir la jornada electoral.

Luego vino la respuesta. El sábado hubo enfrentamientos entre elementos federales e integrantes de la Sección 22 en Miahuatlán, Tlaxiaco y Tuxtepec. Solos o combinados, esos hechos no fueron suficientes para suspender la jornada electoral, pero sí para generar una percepción de caos que le convenía mucho a quienes querían boicotear los comicios.

Ayer mismo, en la capital oaxaqueña hubo una marcha de la Sección 22, en la que atacaron una casilla electoral y quemaron papelería electoral en un mitin que realizaron en el zócalo de la capital oaxaqueña. De nuevo, lo hecho no era suficiente para generar la suspensión de la jornada. Pero el eco, el amarillismo y el morbo que generaron esas acciones —y su difusión descontrolada, en varios casos convirtiendo a algunos medios en aliados ¿involuntarios? del magisterio— alimentaron el miedo de mucha gente, que prefirió no salir a votar.

Con ello se consumó una especie de boicot parcial a la jornada electoral, generada no por expresiones de violencia generalizada ni por un repudio de la mayoría de los ciudadanos a los comicios, sino simplemente por las percepciones que se generaron y por las acciones específicas para generar incertidumbre e inhibir la participación en la jornada comicial.

Por eso hay una duda fundada de qué pasará a partir de hoy: ¿Luego de todo eso, Gobernación volverá a recibir a la 22 y la CNTE para seguir negociando? Si lo hace, pierde. Y si no, parece que también.

DE LUTO

Desde este espacio enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias los deudos de don Samuel Gómez, fallecido el pasado viernes en esta capital oaxaqueña. Sempiterno reportero de El Imparcial de Oaxaca, Gómez fue siempre un reportero dinámico, que marcó todo un estilo en algunos géneros periodísticos hoy en peligro de extinción, como la crónica. Descanse en paz, don Samuel. Respetuosamente.

Las acciones de Sección 22 no son de lucha, son de sabotaje

almargenoaxaca

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junio 5, 2015

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+ Métodos para generar caos, no para hacer valer argumentos

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un acto de sabotaje es todo daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etcétera, se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. Generalmente, las acciones de sabotaje ocurren a manos de grupos organizados, que ya no buscan transigir, sino directamente entorpecer el funcionamiento de instalaciones o servicios estratégicos para el Estado, como una forma de protesta. Eso es lo que ocurre, ante la pasividad del gobierno, con la toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en Oaxaca, por parte de la Sección 22 del SNTE.

En efecto, en los últimos tiempos el único acto específico de sabotaje que ha ocurrido en el país, tuvo también como blanco instalaciones estratégicas de Pemex, pero ocurrió a manos del EPR en 2007. Como bien se debe recordar, en julio de 2007 el EPR perpetró acciones de sabotaje a instalaciones estratégicas de Pemex en Querétaro y Guanajuato, al colocar y hacer estallar artefactos explosivos en ductos que transportaban combustibles para la industria en esa región del país.

Esos actos generaron graves daños a las instalaciones y también a quienes dependían de los energéticos para la fabricación de bienes y servicios. Y el EPR los perpetró como una forma de ejercer presión para que el gobierno federal presentara con vida a sus dos compañeros (Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya) que habían sido detenidos y desaparecidos dos meses antes en Oaxaca.

En aquellos momentos, sobre las acciones de sabotaje, el EPR señaló: 1. Hemos iniciado una campaña nacional de hostigamiento a los intereses económicos de la oligarquía y de este gobierno antipopular, declarando objetivo militar todos los intereses de la oligarquía que impuso violentamente al gobierno ilegítimo de Calderón. 2. Las explosiones en los ductos de PEMEX en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago Guanajuato y la válvula de seccionamiento Coroneo fueron acciones quirúrgicas de hostigamiento, llevadas a cabo por unidades de nuestro ejército, apoyadas por milicias populares, bajo la conducción del Comité Estatal de Guanajuato. 3. Las acciones de hostigamiento no pararán hasta que sean presentados con vida nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como todos los desaparecidos denunciados en Oaxaca, del Estado de México y Guerrero (Comunicado del 10 de julio de 2007).

Ahora bien, veamos esas acciones a la luz de lo que está haciendo hoy la Sección 22, que dice estar bloqueando instalaciones estratégicas de Pemex en protesta por la falta de cumplimiento a su pliego de demandas, y como acto de presión en contra del gobierno federal que no ha hecho lo suficiente para dar solución a lo que ellos denominan como “su problemática”. Si bien el método es claramente distinto (aquellas fueron explosiones y éstas son “tomas pacíficas”), parece ser que la finalidad es exactamente la misma: generar caos y tomar esto como una forma de presión al Estado para que haga algo extraordinario.

LOS EFECTOS DEL SABOTAJE

A estas alturas no hay duda de la clara relación que existe entre los métodos de lucha de los grupos armados y algunas organizaciones sociales, que en esencia actúan como grupos periféricos de la guerrilla, utilizando distintos métodos de lucha para llegar a un mismo fin. Ese es un punto que ya no debiera estar a discusión, máxime cuando en momentos clave el propio EPR ha aceptado públicamente que varios de sus militantes —entre ellos los dos desaparecidos en Oaxaca en mayo de 2007— participaron con el magisterio en episodios como la revuelta magisterial y popular de 2006.

Lo más importante, en todo esto, es el efecto que han tenido las acciones de sabotaje emprendidas por unos y otros. Porque cuando el EPR dinamitó y voló los ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, lo hizo como una clara forma de enfrentar quirúrgicamente al Estado mexicano, pero no para generar daños, temor o incertidumbre directamente entre la ciudadanía, que no resintió en su ámbito personal los efectos de los bombazos a los ductos, y que ni siquiera tuvo algún tipo de acceso directo a las zonas donde ocurrieron las explosiones (éstas ocurrieron en zonas despobladas y alejadas de centros urbanos, y la ciudadanía sólo pudo medio ver la magnitud de los daños a través de algunas imágenes aisladas transmitidas por la televisión e internet).

Frente a ello, hay una clara diferencia entre lo que en su momento hizo el EPR como una forma de hostigamiento al Estado para que cumpliera demandas específicas, y lo que hoy está haciendo la Sección 22 ante la ciudadanía, para tratar de presionar al gobierno federal, que ha mantenido una posición de clara ambigüedad frente a las acciones de sabotaje.

Las del EPR fueron demostraciones muy focalizadas de eficacia, contundencia y capacidad de operación al Estado y no a la ciudadanía; pero lo que está haciendo la 22 al tomar como rehén a toda una sociedad a través de la toma de control de un elemento básico para la generalidad como son los combustibles, es un acto de un calado muy superior que lo que está generando es un altísimo grado de riesgo por la incertidumbre generalizada que lleva aparejada.

Ayer, por ejemplo, un grupo de transportistas intentó cercar a los integrantes de la Sección 22 que se encontraban a las afueras de las instalaciones de Pemex, en el Tule. Si hay un gremio que ha demostrado no tenerle miedo a la violencia, ese es el de los concesionarios del transporte público (en todas sus vertientes). ¿Cuál habría sido el saldo de haber ocurrido un enfrentamiento violento entre ambos? ¿Que nadie ve que la ciudadanía está aterrorizada con lo que pasa, y que eso en cualquier momento pudiera derivar en violencia aislada, pero también organizada?

Parece que, al final, todos están jugando con fuego, en un escenario en el que la Sección 22 está siendo más frontal de lo que debería en su intento por conseguir demandas que son sólo de ellos. Nadie está preocupado por la ciudadanía, que está indefensa y abandonada por un Estado que no parece tener ningún grado de sensibilidad frente a estos brutales actos de sabotaje.

¿QUIÉN GANA?

Es lo que todos se preguntan, volteando a ver a cualquiera de los partidos. Nosotros sólo tenemos una certeza: quien pierde, en todos los flancos, es Oaxaca. Seguro.

El PRI va por una victoria que no le va a saber a nada

almargenoaxaca

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junio 4, 2015

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+ Diputaciones federales traen aparejada lucha por 2016

Según las cuentas del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, su objetivo real —al margen de los discursos triunfalistas— es ganar una o dos diputaciones federales en los comicios del domingo próximo. Según sus estimaciones, no podrán superar esa expectativa. Los antecedentes respaldan esa percepción. Pero según sus necesidades políticas, necesitan ir más allá de sus pobres resultados electorales para poder tener alternativas viables rumbo a la sucesión estatal de 2016.

En efecto, hoy en día el PRI tiene un discurso que está más basado en suposiciones y percepciones, que en datos reales y comprobables. En los comicios federales de 2012 —con todo y el arrastre natural que trae aparejado toda elección presidencial—, el PRI sólo fue capaz en Oaxaca de ganar una diputación federal, y perdió las dos senadurías de mayoría relativa. En medio de su derrota a nivel estatal —aquí no pudo ganar ni Enrique Peña Nieto, que era el más popular de todos los candidatos priistas en el país—, el PRI le abrió la puerta a dos diputados federales plurinominales, para completar una gris bancada que sólo tiene cuatro integrantes, tres de los cuales ni siquiera ganaron los comicios en los que salieron electos.

Esa es la primera referencia de por qué, para esta elección, los números reales sólo le imponen a la dirigencia estatal priista el reto de ganar un solo distrito electoral, para igualar sus resultados actuales. En esa lógica conformista, el PRI tiene prácticamente seguros a dos diputados federales plurinominales por el estado de Oaxaca (Mariana Benítez Tiburcio y David Aguilar Jiménez); tiene también al Senador de primera minoría (Eviel Pérez Magaña) y sólo tendría que retener el distrito electoral que ganó en 2012, para tener números similares a los actuales, y poder decirle a la dirigencia nacional que el trabajo político estuvo bien hecho.

Sin embargo, el discurso triunfalista aún hoy dice otra cosa. Según lo que ha dicho el delegado del CEN del PRI en Oaxaca, Fidel Herrera Beltrán —porque nadie sabe qué papel real juega el dirigente estatal, Héctor Anuar Mafud Mafud, que con la presencia de Herrera quedó reducido a fungir como una figura decorativa— el PRI podría ganar por lo menos cuatro o cinco distritos electorales. Cuentan, entre sus expectativas, a Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Miahuatlán, Huajuapan, Tehuantepec o Juchitán.

El problema es que sus expectativas tienen más una lógica de lo que según sus cálculos políticos necesitan, que lo que realmente pueden ganar. ¿De qué hablamos? De que esos distritos electorales serán algunos de los más determinantes para comenzar a configurar el escenario electoral de 2016. Los candidatos de esos distritos son posiciones directas de los grupos políticos que para el año siguiente intentarán ganar la carrera por la candidatura a Gobernador. Otros son representantes de otros grupos que intentan crecer políticamente en la entidad. Y en general, los triunfos o derrotas en esos distritos serán mensajes determinantes en el escenario doméstico del PRI para el 2016.

¿QUIÉNES BUSCAN POSICIONARSE?

Un distrito determinante será Oaxaca de Juárez. Beatriz Rodríguez Casasnovas es una integrante pura del grupo político que encabeza el ex gobernador Ulises Ruiz al interior del PRI, y que intenta volver a quedarse con la candidatura a la gubernatura. Dicho grupo ha apostado fuerte al olvido del electorado (y del propio PRI) porque de entrada ese fue el grupo al que directamente derrotó Gabino Cué —y la coalición del PAN, PRD y PT— en los comicios de 2010, y es quien particularmente no ha podido recuperarse de esa derrota.

¿Por qué? Porque el PRI de Ulises Ruiz intentó reposicionarse en los comicios federales de 2012, pero también fue barrido. Aquella elección era tan sensible como la actual, porque en ella participaban personajes que crecieron políticamente al amparo y por la venia del ulisismo, tales como Alejandro Avilés Álvarez, Adolfo Toledo Infanzón, o Elizabeth Acosta López, los cuales habrían sido punta de lanza en momentos como los actuales rumbo a la gubernatura. No obstante, el único que ganó una diputación federal fue Samuel Gurrión Matías, que hoy dice aspirar a la gubernatura, pero sin ningún mérito o capital político real, igual que Martín Vásquez Villanueva, a quién aún continúa persiguiendo el fantasma de los faltantes en la Secretaría de Salud durante su gestión.

En esas condiciones, el único que queda es el senador Eviel Pérez Magaña, que además del escollo que le significan sus dos derrotas consecutivas (la de 2010 como candidato a Gobernador, y la de 2012, en la que sin éxito intentó ganar la Senaduría, y accedió a ella sólo por el comodín constitucional de la primera minoría), ahora debe superar la prueba de los triunfos electorales del grupo al que pertenece.

Por eso, el senador Pérez Magaña se ha dedicado en las últimas semanas a hacer campaña activa a favor de personajes como Beatriz Rodríguez o Antonio Amaro en Tuxtepec. Sabe que ganar esas dos diputaciones federales son requisito fundamental para la supervivencia de su grupo, y para mantener a flote cierta expectativa de que pudiera repetir como candidato a Gobernador.

Sabe también que esos dos triunfos —o al menos uno de ellos— sería una bocanada para su grupo ante el priismo nacional. Pero también debiera quedarle claro que al margen de eso, enfrenta dos problemas prácticamente insuperables: primero, sus derrotas consecutivas, a pesar de ser un personaje bien aceptado por el electorado; y segundo, el padrinazgo indisoluble que ejerce sobre él el repudiado ex gobernador Ulises Ruiz.

EL INTERÉS TIENE PIES

A la par de esos dos, hay otros distritos que le interesan a algunos grupos al interior del PRI, aunque no tienen ninguna certeza de que los puedan ganar. Les interesa, por ejemplo, Huajuapan por la vida artificial que le está dando en política el Secretario de Hacienda a la candidata Yolanda Edith López Velasco, y por la aparente urgencia que tiene de crear un pequeño feudo en Oaxaca, aunque en los hechos no haya más posibilidad que una operación electoral muy efectiva el día de los comicios, como garantía de triunfo. Y les interesa también Tehuantepec, aunque no porque el centro del interés sea Sofía Castro, sino por la posibilidad de atajar el camino de José Antonio Estefan Garfias, rumbo a la candidatura a Gobernador por el PRD. Fuera de eso, y más allá de sus números alegres, no hay nada más que el interese al PRI, y sobre todo que pueda ganar.

En gobernabilidad, la Federación le vuelve a dar la razón a Oaxaca

almargenoaxaca

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junio 3, 2015

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+ Paradoja de EPN, doblegarse frente a problemas que antes repudió

Si las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa demostraron que sí era posible sacar al gobierno federal de su balance, las protestas de la CNTE, y las estériles concesiones oficiales frente a sus acciones, han demostrado que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene la solidez de un barco de papel. Hasta hace tres días nadie cuestionaba la realización de la elección intermedia; pero hoy, es generalizada la idea de que el país está a la deriva y en manos de la disidencia al gobierno de la República.

En efecto, hoy se reitera aquella percepción que nació el gobierno federal perdió por completo el control frente a los desaparecidos de Ayotzinapa: en aquel momento —hace apenas nueve meses— el gobierno no encontró la forma de reaccionar frente a la crisis generada por la detención-desaparición de los normalistas, y ante la incertidumbre comenzó a ceder no frente a los que exigían justicia, sino ante quienes querían ver al país incendiado. Entonces, el gobierno de Peña Nieto le mostró la mano blanda a los manifestantes —que deliberadamente sacaron el problema de su contexto real, para convertirlo en una causal de derrocamiento del Presidente— y les envió la señal de que la tolerancia federal no tendría límites.

Cuando eso pasó, todos los grupos constataron que este era el momento débil del gobierno federal, y entonces comenzaron a actuar replicando las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa. El principal grupo que decidió ir al frente —aún estando arrinconado— para recuperarse fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que parecía que pasaba por momentos difíciles luego de que un año antes hubiera sido desalojada de la plancha del zócalo de la Ciudad de México para que se realizara el desfile militar del 16 de septiembre, y desde entonces no había podido articular una contraofensiva eficaz en contra del gobierno federal para reavivar sus protestas.

La ruta, pues, la hallaron en la debilidad federal. En paralelo a las protestas por los desaparecidos, la CNTE revivió su pliego petitorio, y de él recuperó como demanda principal la de la abrogación de la reforma educativa, y la cancelación de todos los procesos de evaluación a los profesores del país. La Sección 22 de Oaxaca tomó la iniciativa en esa ruta, y entonces el amago pasó de las protestas por Ayotzinapa al amago de la reinstalación de un plantón masivo en la capital del país, el paro indefinido de labores en varias entidades de la República, y el boicot a las elecciones.

Hasta hace una semana parecía que todo estaba bajo control. La Secretaría de Gobernación había mantenido un diálogo más o menos fluido con la Coordinadora, y nada parecía que podría perturbar la realización de los comicios. De hecho, hace apenas dos semanas estuvo en Oaxaca el líder nacional del PRI, y los maestros de Oaxaca habían mostrado una actitud tolerante y desentendida frente a ese hecho —que en otros momentos hubiera provocado una persecución violenta—.

Nadie parece terminar de comprender qué ocurrió en ese inter que descompuso el escenario, cuando se supone que lo que había tratado de hacer el gobierno federal era afianzar el acuerdo con la CNTE y garantizar la realización pacífica de los comicios.

ESCENARIO DESCOMPUESTO

En sólo tres días la Coordinadora desplegó toda la fuerza, que había tenido contenida durante meses. Al mismo tiempo organizó protestas en varias entidades del país, estalló el paro indefinido de labores, se inconformó con los nuevos anuncios federales, y todavía se dio el lujo de ir a romper la tranquilidad electoral atacando las sedes del INE, quemando papelería electoral, y perpetrando acciones de sabotaje como la toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en Oaxaca, que de inmediato provocaron escasez de combustibles y angustia entre la ciudadanía que no estaba preparada para esto.

¿Qué pasó? Que el gobierno federal pareció haber querido congraciarse con la Sección 22 de Oaxaca y con la Coordinadora, anunciando la suspensión indefinida de la evaluación a los docentes. Sólo que si hay alguien experto en la negociación y en el juego de espejos que eso implica, ese es la CNTE, que de inmediato captó el intento federal y se fue de frente a rechazarlo. Nadie en la opinión pública le aplaudió al gobierno del presidente Peña Nieto que decidiera dar marcha atrás en el punto más sensible de la reforma educativa, y la Coordinadora lejos de festejarlo también repudió la decisión.

La ciudadanía vio que esta era la decisión más burda que habría podido tomar el gobierno federal para negociar la ley con la Coordinadora; y ésta vio que esa era la decisión más burda que habría podido tomar el gobierno federal para tratar de engañarlos. Para la ciudadanía la situación era claramente reprobable porque implicaba reconocer la derrota del Estado frente a un poder fáctico; y la CNTE rechazó desde el primer momento que la medida pudiera si quiera dejarlos parcialmente satisfechos, porque lo que ellos han exigido es la cancelación total, y no la suspensión temporal de las evaluaciones y de todo el contenido de la reforma educativa.

Luego vino la violencia, y todo lo que hemos visto en toda la semana. El común denominador, ominoso, es que el gobierno federal parece estar aplicando como nunca la política del avestruz, porque es el único ente público que no ha hecho caso, ni ha respondido, frente a los abiertos ataques orquestados desde el magisterio ya no para manifestarse sino para boicotear, con toda virulencia, lo que resta del proceso electoral, y para descomponer el escenario político a menos de cinco días de los comicios.

El gobierno federal pretende seguir apostando a la política de la tolerancia que hace apenas unos meses reprobaba del gobierno de Oaxaca. Qué paradójico resulta que con esta situación un gobierno le vuelva a dar la razón a otro (el federal al de Oaxaca) pero en el marco en el que los dos terminan haciendo lo mismo: rompiendo la ley para mantenerse a flote; negociar lo que deberían aplicar como autoridad; y desestimar el sentir ciudadano priorizando su supervivencia como régimen.

Qué rápido cambian los tiempos. Hoy queda claro que el Presidente escupió al cielo, y que lo que hace poco repudió, ya le cayó en la cara.

TRIUNFO DE NADA

En el PRI están muy contentos. Dicen que los números les serán favorables el domingo. ¿La razón? Sólo deben ganar un distrito para salir “tablas”. Con dos, el triunfo será avasallador. Vaya consuelo.

Quema de papelería electoral: provocación magisterial, a todo.

almargenoaxaca

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junio 2, 2015

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+ Federación se dio un tope con beligerancia de la Coordinadora

Las violentas acciones realizadas ayer por trabajadores de la educación en Oaxaca en contra de instalaciones y paquetería electoral que se utilizaría en los comicios federales del domingo próximo, debe verse como parte del problema político que representa la negociación entre el gobierno federal y la CNTE, y no como un asunto de orden electoral. Lo que hizo ayer el magisterio oaxaqueño fue valerse de la cercanía de los comicios para tratar de provocar alguna reacción oficial y, sobre todo, para remarcarle al gobierno federal que se equivocó —de nuevo— en sus concesiones relacionadas con la evaluación educativa.

En efecto, ayer en las once juntas distritales, y la local, del INE en Oaxaca, se registraron diversos actos consistentes en la destrucción de equipo, papelería y materiales en resguardo sin que resultaran personas lesionadas. Estos actos se extendieron, también, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, y fueron perpetrados por trabajadores adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco de su determinación de boicotear la jornada electoral del domingo próximo, pero también de cara al reciente anuncio federal de la suspensión indefinida de las evaluaciones a los docentes.

En ese contexto, la reacción magisterial puede y debe entenderse en dos frentes: en el primero, lo que estaría tratando de hacer el magisterio oaxaqueño es provocar una reacción por parte del gobierno federal de cara a los comicios del 7 de junio. En el segundo, lo que el magisterio oaxaqueño —que es punta de lanza de la CNTE en el país— estaría tratando de hacer es señalarle al gobierno federal su equivocación táctica en el momento y la forma de la suspensión de las evaluaciones a los profesores del país.

Así, en el primero de los frentes, la irrupción en las sedes distritales y local del INE en Oaxaca, así como la destrucción de papelería y equipos que se utilizarían en la jornada electoral, fueron una abierta invitación a que las fuerzas federales encargadas de resguardar los elementos necesarios para la realización de los comicios, actuaran. No es menor el hecho de que todos los insumos a utilizarse en la jornada electoral, y las propias instalaciones, estén resguardadas de forma permanente y regular por elementos del Ejército mexicano, o de la Policía Federal, máxime ahora que la organización de todos los comicios en el país están fuera de la potestad de los gobiernos estatales.

¿Qué intentaban? En apariencia, lo que fueron a hacer es provocar. No se puede hallar otra explicación al intento abierto de generar una confrontación, en el umbral de la jornada electoral. Lo ocurrido ayer en Oaxaca generó reacciones de preocupación en el Consejo General del INE, que si bien no llegaron al punto de considerar la posible suspensión de los comicios, sí fueron un aviso de que un mal manejo político de esta situación sí podría generar una reacción adversa que, de rebote, podría impactar en la organización y realización de la elección.

La situación es clara: si los maestros buscaban una reacción de las fuerzas de seguridad, era para ir al enfrentamiento, y después —con la acusación de represión en la mano, y ante una opinión pública ya de por sí crispada y volcada contra el gobierno— tratar de evitar la jornada electoral. Esta fue la razón por la que, en este primer escenario, superaron el umbral de la toma simbólica de las instalaciones electorales, y el solo acto de impedir los trabajos normales en esas sedes pero sin incidir de fondo en la organización de los comicios. En este caso fueron más allá, irrumpieron en las instalaciones, quemaron equipos y papelería electoral, y pareciera que en el fondo lo que querían era que alguien se los impidiera, para enfrentarse.

No lo lograron, pero eso no significa que no continúen intentándolo. Al gobierno de Oaxaca le ha quedado lo suficientemente claro que la peor estrategia de defensa en momentos estratégicos, es atacar al magisterio. Y el gobierno federal, que en este caso es el encargado de atender el asunto, no parece quedarle claro que debe o ponderar la negociación política inteligente con el magisterio para evitar la repetición de este tipo de acciones, o resguardar y defender de mejor forma las instalaciones electorales ante estos ataques.

EL YERRO FEDERAL

Apenas el fin de semana el gobierno federal anunció, a través de la SEP y con el aval silencioso de la Secretaría de Gobernación, que suspendía de forma indefinida la evaluación a los docentes de educación básica y media superior en el país. Las justificaciones fueron lo de menos frente a la lectura política —real— de que esta decisión constituyó la claudicación federal frente al magisterio disidente.

El problema es que ayer los mismos profesores rechazaron la acción federal, argumentando que no es una suspensión indefinida lo que ellos exigen, sino una cancelación total de la evaluación, como parte de la abrogación de la reforma educativa. Evidentemente, el gobierno federal tomó esa decisión, en este momento específico, para evitar que los profesores de la CNTE continuaran en sus planes de boicotear el proceso electoral. Y en ese marco, las acciones de ayer lunes no fueron precisamente una muestra de voluntad y agrado del magisterio frente al anuncio federal, sino todo lo contrario.

En el fondo, pareciera que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no termina de entender que cualquier decisión que tome en el sentido de dar una concesión a la CNTE, es como echarla al barril sin fondo. Así, la Coordinadora rechazó la suspensión de la evaluación por insuficiente, pero nunca dijo que no tomaba los beneficios de la decisión. Técnicamente, lo que habrá de ocurrir es que a partir de este momento, e indefinidamente, la CNTE impedirá las evaluaciones y luego también irá a exigir su cancelación pero a través de movilizaciones y acciones de presión, como si el gobierno no les hubiera dado casi todo en este momento.

LA CNTE NO SE LLENA

En la lógica magisterial la respuesta federal es nula, y es como si no les hubieran dado nada. Esto, sin embargo, es un punto sin retorno de lo que el gobierno ya cedió. ¿Cuándo va a poder reactivar sus evaluaciones? Quién sabe. Pero lo cierto es que será en contra, y al doble, de la oposición que actualmente ejerce la CNTE en su contra. No pasará mucho tiempo antes de que veamos la magnitud de esto.

SEP premia políticamente a CNTE suspendiendo evaluación

almargenoaxaca

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junio 1, 2015

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+ La ciudadanía debe manifestarse, en contra, más que nunca

La decisión tomada y anunciada el viernes por la Secretaría de Educación Pública de suspender indefinidamente la evaluación a los docentes de educación básica, es un riesgo que la ciudadanía y las instituciones del Estado deben atajar enérgicamente. Esa concesión, claramente otorgada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco de las negociaciones políticas que actualmente sostienen, constituyen el riesgo latente de que la suspensión se convierta, con el paso del tiempo y las resistencias magisteriales, en cancelación definitiva de facto. Y no hay razones para que todos corramos ese riesgo innecesario.

En efecto, la tarde del viernes mediante un comunicado —que luego fue quitado de la página oficial de la SEP— la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP informó que quedaban suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para la realización de la evaluación, debido a nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior.

Y es que apenas en abril, la SEP había dado a conocer los perfiles, parámetros e indicadores para la evaluación de los profesores de niveles básico y medio superior para la promoción y permanencia de los profesores. Las evaluaciones eran parte fundamental de la reforma educativa. La normativa establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Nada menos que esto fue lo que declaró suspendida de forma indefinida la SEP este fin de semana.

Las reacciones no se hicieron esperar. La sociedad civil organizada emprendió de inmediato una campaña de repudio a la decisión tomada por la SEP, pero lo que generó más expectativa fue el anuncio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de que su Junta de Gobierno tendría una sesión urgente para definir una postura respecto a la decisión que unilateralmente había tomado la SEP sobre este tema toral para la reforma educativa, y claramente motivado por la negociación que ahora mismo ocurre en la Secretaría de Gobernación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22 de Oaxaca con autoridades federales, y el estallamiento del llamado “paro nacional” a partir de este mismo lunes.

Anteayer sábado, el INEE emitió un fuerte comunicado — y por su tono, podríamos decir que hasta inédito en la relación respetuosa que siempre guardan los organismos constitucionalmente autónomos con el gobierno federal— en el que abiertamente encara a la SEP por la decisión tomada, la reprueba, y le exige que se retracte.

“Esta decisión —dice el INEE en su comunicado— atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD…”

“Esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad (…) Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.”
Luego de señalar todo eso, el INEE conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.

REPROBACIÓN GENERAL

No hay duda de que la SEP entendió el nivel de rechazo que generó su decisión. En los últimos meses ha habido fuertes señalamientos en contra de la Secretaría de Gobernación por permitir canonjías políticas a la Coordinadora, en su intento por detener las movilizaciones y acciones de protesta que particularmente van a realizar a la Ciudad de México.

Según los que conocían de esas negociaciones, había un acuerdo para la negociación entre la Gobernación y la SEP, para que la primera “mareara” y la segunda “madreara”. Es decir, que Gobernación les daría lo que luego la SEP les quitaría. Sólo que la decisión anunciada el viernes va en contra de esa lógica y de hecho pareciera la constatación de que el gobierno federal claudicó por completo en su determinación por implementar la reforma educativa aún en contra de las presiones de poderes fácticos como el de la Coordinadora y la Sección 22 de Oaxaca.

¿Qué queda frente a eso? Que la ciudadanía se muestre más enérgica que nunca en contra de la SEP, y en general del gobierno federal, rechazando ese tipo de decisiones y exigiendo que ese aplique la ley de la forma que sea posible, pero siempre en un plano de progresividad. ¿La razón? Que frente al conformismo ciudadano con las acciones y decisiones federales, lo que pasará es que la CNTE terminará aplastando no sólo la reforma educativa, sino la educación pública y de calidad que merecen los niños mexicanos, independientemente de que nuestros hijos acudan o no a una escuela pública.

LA DECISIÓN, A PESAR DE LA CIUDADANÍA

Es muy probable, mucho, que la SEP no dé marcha atrás a la decisión que ya tomó. El pragmatismo y la conveniencia de evitar un problema y trasladarlo al gobierno que venga, es el parámetro. Lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer, es al menos tomar la postura de que esa decisión se tomó a pesar de nosotros, y no con el ominoso aval de nuestro silencio.

No hay forma de que la Sección 22 deje de ir al paro nacional

almargenoaxaca

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mayo 29, 2015

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+ La inercia llevará al magisterio, aunque sea testimonialmente

Estamos a escasos días de que estalle el paro nacional al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y son muy pocas las posibilidades de que la Sección 22 de Oaxaca no participe en éste. La falta de respuesta federal a su pliego de demandas, y la cercanía con la jornada electoral, serán determinantes en la agenda magisterial de las próximas semanas. En esa lógica veremos cómo estalla el paro nacional, y sólo después de los comicios habremos de ver si las instancias estatales y federales entablan una negociación exitosa con el magisterio.

En efecto, en los resolutivos de su asamblea del pasado miércoles 27 de mayo, la Sección acordó, entre otras cosas, estallar la movilización nacional masiva el 1 de junio “como resultado de la consulta a las bases por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y en contra de la evaluación punitiva, en perspectiva de la acumulación de fuerzas rumbo a la huelga nacional”.

También ratificó el acuerdo de boicot a lo que ellos denominaron como “la farsa electoral federal” con las regiones movilizadas en la toma del distrito electoral central hasta el 31 de mayo; acordó la concentración, clausura, toma permanente e instalación del plantón en los 11 distritos electorales de la entidad “y sus correspondientes acciones complementarias sincronizadas y contundentes del 1 al 7 de junio”. Finalmente, la Asamblea Estatal de la Sección 22 ratificó las actividades para el boicot del proceso electoral federal emanados del menú de acciones que, según dice, ha propuesto la base.

¿Qué significa todo esto? Que al menos de aquí al 7 de junio no habrá posibilidad de arreglo. Pareciera que contrario a lo que dice el Director General del IEEPO, Moisés Robles Cruz, en el sentido de que aún puede evitarse que el magisterio vaya al paro nacional y al boicot electoral, lo que el magisterio intentará es hacer la presencia política necesaria en dicho periodo. A partir de eso puede entenderse lo que dijo el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que la resolución del magisterio sobre el boicot a los comicios “es una posición política, que respetamos, pero que no pone en riesgo la elección en Oaxaca”.

A la par de todo esto, vale la pena entender una situación paralela: el boicot de la Sección 22 es más declarativo y testimonial, que real. Esto se evidencia cuando finalmente su resolución es la de únicamente ir a plantarse en las oficinas del INE en los once distritos electorales federales de la entidad, pero no tomar ninguna otra acción con capacidad real de impedir que ocurra la jornada electoral.

De nueva cuenta, se hace evidente el sentido simbólico de la presencia en el momento en que la ciudadanía emite su voto, aunque en este caso llama la atención que la Sección 22 no se haya pronunciado en contra de algún partido o candidato en específico, como sí acostumbra a hacerlo casi en cada periodo electoral, en el que toma partido llamando al voto de castigo, o manifestando su repudio en contra de alguna fuerza política en específico. En este caso no ocurrió. Y queda claro que es por los equilibrios que intenta seguir guardando por la negociación pendiente que tiene con los gobiernos estatal y federal, que involucran a las fuerzas políticas más importantes del país.

LAS INERCIAS

La Sección 22 no puede desligarse de las inercias nacionales, y tampoco se ve con muchas ganas de hacerlo. El paro nacional al que ha convocado la CNTE tiene un simbolismo particular, porque constituye un momento determinante en la lucha por la preservación de sus derechos. La 22 tiene su propia agenda política y sus temas a negociar, pero aún así no puede apartarse de la agenda nacional de las organizaciones disidentes porque esto le restaría fuerza y credibilidad a todos.

En ese sentido, la Sección 22 actúa bajo la lógica de los momentos en los que son muy determinantes para su lucha, o que son representativos de un periodo específico. Así, por ejemplo, no tuvo empacho en movilizarse dentro de periodos vacacionales cuando se iban a aprobar las normas relacionadas con la reglamentación de la reforma educativa, aún cuando sus movilizaciones son impactantes políticamente cuando ocurren en periodos en los que el ciclo escolar está en curso y se abandonan las aulas para ir tras un objetivo político.

Este no parece el caso. A la 22 parece interesarle hacer una presencia fuerte sólo hasta el 7 de junio en la jornada electoral, pero después de eso continuar con su agenda propia de temas negociando, y quizá sólo manteniendo una presencia testimonial en las acciones nacionales. Por eso quizá después de la jornada electoral se abra la posibilidad de que haya una negociación y vuelvan a las aulas. Pero en este momento lo único que está a la vista es la determinación de parar labores y unirse a la huelga nacional, por un lado, e implementar las acciones de protestar rumbo a los comicios, por el otro.

Hasta ahora, el magisterio oaxaqueño ha dado muestra de ir avanzando en el diálogo y la distensión de sus posiciones. Fue sintomático que durante la visita a Oaxaca del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, la Sección 22 no se movilizara ni hiciera pronunciamientos importantes. Ello no revela la posible vena priista del magisterio sino la fructificación de los acuerdos y el diálogo político que tiene con el gobierno federal, en el que podría estar intentando demostrar que también pueden cumplir acuerdos y ser serios en el contenido de sus protestas.

Finalmente lo único que el gobierno tendría que estar cuidando es justamente que no ocurra nada antes, durante y después de la jornada electoral, para que existan las circunstancias de paz que se requieren para que el magisterio democrático regrese a clases.

REPUDIO AL PRI

De forma escondida y casi sin decirlo, el pronunciamiento número tres de la asamblea magisterial es el siguiente: Pronunciamiento en contra del regreso del priismo a la gubernatura del Estado y de los partidos que han alterado los derechos elementales del pueblo de México. Sólo que en público la Sección 22 nada dice de esto, porque parece saber perfectamente que en el rejuego de la negociación y el cálculo de las posiciones futuras, va a necesitar tanto al partido que hoy repudia, aunque ya sólo de ladito.

Al MarganColumna

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