+ No es “inocentada”: en Oaxaca urge seguridad

En menos de una semana, ocurrieron en Oaxaca dos crímenes de personajes representativos de la vida pública de la entidad: el pasado 24 de diciembre por la madrugada, fue asesinado a tiros el ex dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez; y dos días después, fue ultimado de forma similar el ex regidor y ex diputado local suplente por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Reyes Mota. Aunque en ambos casos se han pretendido ver los crímenes desde ópticas cargadas de cuestiones políticas, lo cierto es que las autoridades estatales se encuentran ante un problema mucho más simple, pero también mucho mayor, denominado “impunidad”.
Por un lado, el profesor Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, fue asesinado con armas de fuego por sujetos desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. De acuerdo con información difundida los días previos por medios locales, el actual secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) sufrió el ataque alrededor de las 3:30 horas, cuando se encontraba en las afueras de las oficinas de esa organización, situada en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, en la colonia del Bosque Sur, después de acudir a la celebración de 15 años de una sobrina, en un salón de fiestas cercano.
Según los reportes, el profesor —que era integrante de la APPO—, fue atacado por sus victimarios mientras esperaba en los alrededores de su vehículo a su hermano y cuñada, quienes se habían introducido a la sede del FACMEO para guardar la comida sobrante del festejo. Fue atacado con dos disparos de arma de fuego en el rostro, y murió mientras era trasladado a un hospital privado por sus mismos familiares.
Ahora bien, ¿qué pasó con el ex regidor Reyes Mota? Él, que era bien conocido en el ámbito de la política local por haber sido un firme activista político del PRI, y eterno aspirante a mejores responsabilidades que la de las suplencias, fue asesinado la tarde de del pasado domingo 25 de diciembre, en su natal San Agustín Amatengo, en Ejutla de Crespo. Según los reportes de prensa, el homicidio ocurrió en medio de una riña personal, en la que también habría resultado herido el hermano de José Luis, Omar Reyes Mota, actual presidente municipal de esa localidad.
Incluso, en este caso, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, dio a conocer un día después de los hechos, que el presunto asesino está plenamente identificado y responde al nombre de Jaciel Ramírez Juárez quien, según afirmaba, ya era buscado por la policía. En ese sentido, la Procuraduría detallaba que el supuesto homicida llegó hasta donde se encontraban los hermanos Reyes Mota para molestarlos, por lo que Omar se lió a golpes con él, pero éste sacó su pistola e hizo varios disparos sobre José Luis, quien murió en el acto.

POLITIZACIÓN…
¿DE LA IMPUNIDAD?
El profesor Erangelio Mendoza González, compañero de lucha y líder máximo de la Sección 22 en el tiempo en el que el malogrado profesor Rodríguez Enríquez fungió como secretario de Organización del gremio magisterial, no perdió la ocasión para hacer un posicionamiento político relacionado no con el homicidio del mentor, sino con el movimiento magisterial.
Esto porque, ante el féretro de su compañero de lucha y de trabajo, el ex Dirigente de la Sección 22, dijo lo siguiente: “Le exigimos a este movimiento que debemos llegar a acuerdos, debemos llegar a pactos para darle rumbo, está perdida la dirección seccional que me disculpe Chepi (Azael Santiago Chepi, actual secretario general del magisterio oaxaqueño), tenemos que encontrar el rumbo de este movimiento”.
Por otro lado, en las redes sociales hubo un intento claro por asumir que el crimen de Reyes Mota ocurrió por su militancia partidista o por su participación en la política local, antes que por un conflicto de cualquier otro tipo. Y lo cierto es que son muchas más las posibilidades de que ese crimen haya ocurrido por conflictos no relacionados con su actividad política, que con el hecho de que lo hayan ultimado particularmente por ser priista. Y lo mismo ocurre con el caso del profesor Rodríguez Enríquez: es mucho más posible que haya sido un crimen motivado por cualquier otro asunto, que por su pertenencia a la Sección 22 del SNTE.
¿Qué queda en el fondo de todo esto? Que el gobierno estatal se enfrenta a un asunto gravísimo. Porque en este caso no parece ser la política o el sindicalismo el causante de los crímenes, sino la pérdida del sentido y el temor a la autoridad por parte de persones comunes, que por la razón que sea, decidieron tomar un arma para cometer estos delitos, particularmente en contra de personajes sobre los cuales, sabían de antemano que sí pesaba alguna carga o identificación política, y que por tanto había mayores posibilidades de que hubiese una investigación que derivara en su detención.
En este sentido, ¿cómo asegurar que existe autoridad, cuando las personas no le temen ni a la investigación ni al “largo brazo” de la ley? ¿Cómo decir que las cosas caminan en el rumbo correcto en el terreno de la procuración de justicia, cuando cualquiera es capaz de cometer un delito, al tener casi la certeza de que a las autoridades no les alcanzará el tiempo, el talento o los recursos, para tener la seguridad de quién fue el homicida y detenerlo?
El problema, evidentemente, es mucho más grave de lo que parece. Porque es evidente que la impunidad está rebasando de forma abierta a cualquier otro factor para cometer crímenes. Y es claro que eso es mucho más peligroso, porque entonces cualquier persona es susceptible de cometer cualquier delito, siempre que tenga como premisa que la autoridad no podrá identificarla, e incluso si es así, detenerla.

¿”INOCENTADA”?
Y no. Esto no es cosa del día de los inocentes, ni mucho menos. Es un asunto muy serio que hoy deben estar valorando todos aquellos que se asumen como dueños de la verdad en cuanto a los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 2011 fue otro año negro —ya llevamos varios al hilo en los que ocurre lo mismo— en cuanto a crímenes coronados por la impunidad. Y el problema no es sólo que haya personas decididas a matar, robar o violar. Lo grave es que eso ocurra y que la autoridad dé excusas en lugar de resultados.

+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Qué decisión más ilógica y visceral, fue la del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.
La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.
Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.
La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.
Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.
El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA
Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.
La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.
Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.
Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?
Para eso justamente podría servir esa demanda ante la Corte Penal Internacional, o ante otros tribunales. Esto podría servir para realizar investigaciones verdaderamente exhaustivas que pudieran darnos cuenta de lo que verdaderamente ocurrió, y de los alcances que todo eso tiene para nuestro contexto nacional. Además de la justicia dada a sus familiares directos, el resultado de una investigación como la de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, nos sirve a todos los mexicanos para constatar que, en efecto, el Estado sí cometió esos delitos, y no fueron sólo denuncias “de oídas” como habían sido hasta ahora.
Es inadmisible que finalmente, por la sinrazón de un personaje, los mexicanos nos quedemos sin la posibilidad de conocer esta parte de nuestra historia, y sin poder entender lo que somos, y producto de qué es esa realidad que nos tocará vivir en el futuro, a nosotros y a nuestros hijos.

DERECHO AL VOTO
El consejero Electoral Suplente, Salvador Avendaño, señala a esta columna que más de 2 mil vecinos de fraccionamientos pertenecientes a San Pablo Etla, no tendrán la oportunidad de votar, toda vez que la cabecera municipal se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia. Por ello, señala, solicitarán al Consejo Local del IFE, que preside Roberto Cardiel Soto, que instale una casilla extraordinaria que sea accesible a todos los ciudadanos el próximo 1 de julio de 2012.

+ Cambios mínimos son sinónimo de mal diagnóstico

Ayer el gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que iniciará el año próximo en la administración estatal, rodeado del mismo gabinete que funciona hasta ahora. Con eso, de algún modo atajó las versiones que habían corrido en los días previos —dichos provenientes, en muchos casos, de funcionarios estatales de primera línea—, pero también deja ver que la administración estatal no alcanza aún a tener un diagnóstico completo de qué problemas son los que están causando más conflicto en la administración estatal.
Fundamentalmente, desde el primer día de la presente administración, el Gobierno del Estado se ha enfrentado a dos problemas específicos: por un lado, el gabinete estatal fue conformado en base a un criterio de pago de cuotas —característico de los gobiernos entrantes, y más en uno conformado por una coalición de partidos, como el actual— y no de eficacia; y que esos funcionarios se toparon con una interminable lista de inercias que se seguían en la administración estatal, y respecto de las cuales, en la gran mayoría de los casos los nuevos funcionarios no tuvieron la capacidad o la experiencia para modificarlas.
Eso explica mucho de las fallas de la administración en este primer año de gobierno. Y es que, en éste, se combinaron la inexperiencia de muchos funcionarios, con la ventaja que tomaron muchos de quienes ya sabían perfectamente cómo funcionaban ciertos problemas, ciertos chantajes o ciertas inercias.
En base a ello, muchas organizaciones sociales, sindicatos, grupos de lucha social y comunidades indígenas, no sólo no dejaron de protestar (en aras de “la paz y el progreso”), sino que incrementaron el nivel de las manifestaciones, y la intensidad de las mismas. Buscaban, como se dice coloquialmente, “novatear” a los funcionarios que recién habían asumido, y en la gran mayoría de los casos consiguieron no sólo lo que pretendían, sino que en un sinnúmero de ocasiones lograron incluso más de lo que habían pedido.
Eso provocó que la llamada “curva de aprendizaje” de los funcionarios estatales fuera más dolorosa de lo común. El problema, en todo esto, es que hoy se supone que esa curva de aprendizaje ya se encuentra más a favor de los responsables de cada área del Gobierno del Estado. También se supone que a estas alturas ya están bien detectados los problemas que necesitan correcciones de fondo. Y también podría creerse que ya se tiene claro qué puntos deben abordarse de forma preventiva, para evitar los choques violentos que generen problemas y molestias a la ciudadanía.
Por ejemplo, es deseable que ya se tenga cierta previsión sobre los problemas “comunes” a los que se enfrentará el gobierno estatal en la primera mitad del próximo año. Uno de ellos, fundamental, es el relacionado con las respuestas que habrá de dar el Gobierno de Oaxaca al pliego que presente la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; a los problemas que se susciten por la elección de autoridades en los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres; al estiaje durante el periodo en la mayoría del territorio estatal, y a las previsiones que asimismo deben tomarse respecto a la temporada de lluvias, entre muchos otros temas.
Estos problemas, que integran una lista enorme de temas, son cuestiones que ocurren cada año y que ya debían ser una previsión para cualquier gobierno que se dice responsable. El problema es que aquí parece que a los funcionarios estatales, siempre les ha gustado redescubrir —y probar soluciones distintas— cada año los mismos asuntos que todo el mundo ya sabe que van a ocurrir.

MAL DIAGNÓSTICO
¿De verdad creerá la administración estatal que con los cambios habidos hasta el momento, es suficiente para “relanzar” la administración estatal? Porque queda claro que si se trata de seguir preservando los mismos equilibrios e intereses que lo llevaron a la gubernatura, entonces sí hay razón para asegurar que los anunciados recientemente, son todos los cambios que habrá en la administración estatal. Pero si de lo que se trata es de reforzar las tareas de gobierno y administración, entonces sí por necesidad debiera haber ajustes urgentes.
El criterio de las cuotas y de la infalibilidad de éstas debía comenzar a desecharse. Quedó claro que no sirvió de mucho que al integrar el gabinete de gobierno estatal, se incluyera a representantes de tribus perredistas, del Partido del Trabajo, de Convergencia, líderes sociales, profesores de la Sección 22 y de diversas organizaciones que tradicionalmente eran de presión al sector oficial, si de todos modos éstos no perdieron su altivez tradicional, y tampoco se manifestaron dispuestos a asumir que, por sus cargos, habían dejado de ser opositores y habían pasado a ser del sector gubernamental.
En el presente año, ¿cuántas manifestaciones, actos de presión, toma de oficinas y demás, no fueron encabezadas por organizaciones cuyos principales representantes se encuentran incluidos como funcionarios de primer nivel en la administración estatal? El cuotismo, como bien puede verse, no sirvió de mucho, si es que de preservar la gobernabilidad se trataba.
Por eso, ahora de lo que debiera tratarse cualquier replanteamiento natural de la administración estatal, es justamente de buscar mejores esquemas para hacer un trabajo más eficiente. Quedó claro que el gabinete es mucho más falible, y por tanto mucho más perfeccionable, de lo que hasta ahora se ha hecho. Ojalá haya pragmatismo y no se impongan los compromisos… o los caprichos.

CAMBIO NECESARIO
De los movimientos que el gobernador Cué realizó en su Gabinete, un cambio que trasciende es el del subsecretario de Egresos Hugo Félix Clímaco, quien parece una pieza clave para el Gobernador. Quienes lo conocen, saben que cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de dos décadas. Su desempeño ha sido equilibrado en los sectores público y privado. Hasta el año pasado, antes de integrarse al equipo de Gabino Cué, en la Secretaría de Hacienda, era responsable de estudiar y aprobar las asignaciones presupuestales de la Federación en el Sector Educativo, cuyo principal componente es el presupuesto de recursos humanos. No tiene el típico perfil de los tecnócratas financieros, pues además de su experiencia hacendaria estatal y federal ha creado y dirigido empresas en la economía real y lo caracteriza un excelente trato personal.

+ Cambios, para dar equilibrio a próximo gran ajuste

No siempre se ve que un gobierno ya en marcha, tome la decisión de replantear por completo su esquema de operación. Aunque son naturales los cambios de funcionarios, y más después del primer año de gestión, lo cierto es que los ajustes que está en vías de sufrir la administración estatal van más allá de la sola liquidación de compromisos y la consolidación del grupo gobernante en la toma de las riendas del gobierno. Esta que está por venir, parece ser una auténtica cirugía mayor, de la que hoy apenas si hemos visto sus primeros rasgos.
Ayer, el nuevo jefe de la Oficina de la Gubernatura, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, hizo pública la decisión del Gobernador del Estado, de hacer alrededor de 20 cambios en su equipo de trabajo, que hasta hoy sólo afectaron a algunos directores, coordinadores y subsecretarios.
Por los nombres y las instancias en las que se anunciaron los ajustes, quedó claro que éstos tuvieron dos propósitos claros: por un lado, el Gobernador decidió liquidar intereses y tomar el control de ciertas áreas que parecían estar sujetas no a criterios de especialización o eficiencia, sino a compromisos políticos; y por el otro, decidió hacer cambios para fortalecer las estructuras administrativas que formalmente habrán de ser modificadas a partir del próximo año.
Novedades en los cambios, en realidad, hubo pocas. En realidad, los cambios más llamativos resultan ser los ocurridos justamente en las áreas de vocería y comunicación social del Poder Ejecutivo. Por un lado, la vocería que estaba a cargo de la ex candidata a Gobernadora, María de los Ángeles Abad Santibáñez, pasó a ser responsabilidad del nuevo Jefe de la Oficina de la Gubernatura, mientras que la Dirección de Comunicación Social fue asumida por Miguel Ángel Muñoz, otro de los colaboradores cercanos del Mandatario, y se entiende que incluido en la Secretaría Técnica del Ejecutivo (que, administrativamente, es el área “mano derecha” del Gobernador) por cuestiones de eficiencia y especialización, y no por algún tipo de compromiso político.
Esas áreas eran, hasta ayer, particularmente ruidosas. Porque por un lado, claramente se vio que el nombramiento de Abad Santibáñez como vocera del Gobierno del Estado, fue únicamente como una forma de aparentar la imagen de un gobierno incluyente que no sólo no veía como enemigos a los adversarios políticos del ahora Mandatario, sino que en el proyecto democrático también cabían en posiciones de relevancia.
El problema para Abad Santibáñez fue que su posición “importante” sólo le duró la primera semana de la administración, en la que sí fue tomada en cuenta para salir a hacer anuncios a nombre del gobierno estatal. Después de eso se convirtió en un fantasma, que se limitaba a hacer análisis del manejo mediático de las dependencias estatales y sus funcionarios, y a formular recomendaciones que francamente ni ella sabe si en alguna ocasión fueron tomadas en cuenta.
El área de Comunicación Social, por su parte, siempre estuvo dominada por las percepciones —y filias y fobias— personales del ahora ex funcionario, Ernesto Reyes. Esa dirección le fue encomendada como recompensa a su lealtad y trabajo durante los largos años en los que el proyecto del gobernador Cué trabajó a contracorriente, pero también quedó claro que ésta fue una inclusión motivada por el origen periodístico y político de Reyes (el diario Noticias, su propietario y el grupo político que lo respalda), con quienes el Mandatario tiene un natural compromiso y lazos políticos que bien parecen imposibles de diluir.
¿Para qué los cambios en dichas áreas? Primero para asumir el control pleno de las mismas que, al parecer, hasta ahora no se tenía. Y segundo, para darles a esos temas la importancia que ameritan, y para alejar de esas responsabilidades las cargas políticas que posiblemente obstaculizaban la posibilidad de tener mejores equilibrios y dar resultados más trascendentes.

AJUSTES ESTRATÉGICOS
La gran mayoría de los funcionarios designados para nuevas tareas hace dos días, son personajes que en realidad tienen pocas referencias en cuanto al manejo político del gobierno estatal, y que por eso mismo figurarán poco en temas polémicos o de aspiraciones partidistas. Lo que queda claro, pues, es que esos nombramientos ocurren en el marco de una especie de “preparación del terreno” para los ajustes mayores que seguramente ocurrirán en las primeras semanas del año próximo.
Y es que lo que ocurrirá, decíamos líneas arriba, es una verdadera cirugía mayor a la administración estatal. Porque el hecho de que el Ejecutivo haya decidido enviar al Congreso un nuevo proyecto de Ley Orgánica, en realidad denota un verdadero replanteamiento de varios de los principales esquemas administrativos actuales, en los que de nuevo tendrá que buscar los equilibrios políticos necesarios entre los grupos que lo ayudaron a llegar al poder, pero en el que también necesita dar viabilidad técnica y operativa a las áreas, para evitar que éstas sigan siendo utilizadas a partir de otros criterios que no sean los fines específicos para que los que fueron creados.
En todo esto, lo que parece es que al haber cambios a nivel de secretarías del gobierno estatal, éstos serán para cumplir con los pactos y compromisos políticos que aún hacen falta por satisfacer a ciertos sectores, pero también que el Gobernador no dejará las dependencias completamente en manos de quienes las desean como trampolín para otros cargos o ambiciones de poder. Y por eso desde ahora está poniendo las “cuñas” con las que habrá de tratar de que, por los afanes políticos, no se pierda el rumbo.
Y por eso, lo que vimos es apenas una parte de todo el movimiento que habrá, porque según parece, sí existe una preocupación genuina por el poco movimiento del gobierno estatal, y por la urgencia de hacer más operativa la administración estatal para dar mejores resultados.

TRANSPORTE
Luego de un año de seguir administrando un problema heredado de gobiernos anteriores, parece que ahora sí hay interés por comenzar a poner remedios de fondo a la problemática del transporte público, que está atomizada por todo el territorio estatal, y que es tan anárquica como lo es el funcionamiento de miles de vehículos en condiciones que nadie sabe si son del todo regulares o no. Habrá que seguir de cerca el proyecto de creación de la Secretaría del Transporte. Será un elemento de gobernabilidad indiscutible para Oaxaca.

+ Gobierno sin estrategias… un año después

Hace un año, la bomba de la transmigración de centroamericanos por territorio estatal —y los abusos de que éstos son objetos—le explotó en las manos a un novato gobierno de Oaxaca, que apenas si supo cómo reaccionar ante los ojos del país. En aquel entonces, quedó claro no sólo que era en la entidad donde se cometían más abusos contra transmigrantes, sino también que el gobierno estatal se había resistido a tomar cualquier medida para reconocer y frenar esos abusos. Ante el ruido mediático y la exigencia de respuestas, el gobierno estatal aseguró que emprendería acciones. Pero tal parece que están esperando una nueva masacre, o un nuevo escándalo —nacional o internacional— para verdaderamente asumir el problema no como una molestia, sino como un auténtico asunto de Estado.
En efecto, desde hace décadas el flujo migratorio desde el sur del continente americano es simplemente imparable. Todas las estrategias que han tomado tanto Estados Unidos de Norteamérica, como los países centroamericanos, para frenar la migración de sus nacionales hacia nuestro vecino del norte, han fracasado en la misma medida que no se ha podido entender que, a estas alturas, la migración ya no es sólo un asunto de necesidad económica o de supervivencia, sino un auténtico tema cultural y de costumbre. En varios países centroamericanos, los jóvenes no conciben otro futuro, ni un motivo de mayor orgullo, que el de tomar la ruta del norte y superar con éxito el cruce tanto del territorio mexicano, como de la frontera que divide a éste con los Estados Unidos.
En este sentido, México para los centroamericanos es un reto pero también un infierno. Históricamente, aquí han sido objeto de todo tipo de abusos, que se han ido acentuando en la misma medida que el crimen organizado ha tomado control de territorios, zonas de tráfico de estupefacientes, o de los mercados ilegales en los que ellos intervienen —entre ellos la prostitución, el narcomenudeo, la trata de personas, y la conformación de grupos de sicarios—. Sin embargo, antes los transmigrantes que pasaban por nuestro territorio, ya eran objeto de abusos por parte de corporaciones policiacas, del Ejército y de las autoridades federales encargadas del control migratorio.
Todo eso ocurría, hace años, desde la frontera sur ubicada en Chiapas. No obstante, el gobierno de aquella entidad federativa lleva por lo menos una década atendiendo el problema y atajando los rubros en los que se abusaba de los transmigrantes.
En ese sentido, hoy el gobierno chiapaneco tiene al asunto como uno de los de más alta prioridad, y para ello ha tomado diversas medidas para proteger el paso de los transmigrantes, e impedir que éstos sean objeto de abusos por parte de autoridades policiacas y civiles; para que el Ejército actúe en el marco de sus atribuciones; y también para atajar las posibilidades de que los transmigrantes sean objeto de criminales organizados.
Paulatinamente, han venido disminuyendo el índice de abusos denunciados en territorio chiapaneco. El problema es que esto en ningún sentido significa que los abusos dejen de cometerse. Lo único que en realidad ocurre, es que la presencia de criminales, de policías y autoridades migratorias abusivas, y de personas que con toda impunidad vejan, roban, secuestran, violan, extorsionan y matan a transmigrantes, se trasladó hacia la siguiente entidad federativa. Y esa entidad federativa, se llama Oaxaca.

INFIERNO OAXAQUEÑO
Recapitulemos un poco: ¿Por qué explotó el problema transmigratorio el año pasado en Oaxaca? Haciendo memoria rápida, podemos traer a la memoria de que, en diciembre del 2010, el padre Alejandro Solalinde Guerra, director de la Casa del Migrante “Hermanos en el camino”, denunció que integrantes de un grupo criminal habían perpetrado un secuestro masivo de centroamericanos, a los cuales habían bajado del tren denominado “La Bestia” en la comunidad de Chahuites, en territorio oaxaqueño.
El presbítero, además de denunciar públicamente los hechos, dio protección a algunos transmigrantes que lograron escapar del secuestro. A los pocos días de ocurrido ese primer hecho, denunció que integrantes de ese grupo criminal hacían actos de hostigamiento en contra de su albergue, y luego denunció que uno de sus principales colaboradores había sido retenido y brutalmente golpeado por quienes lo hostigaban. Todos esos hechos, por su misma naturaleza y gravedad, llamaron la atención de la prensa nacional e internacional. Y entonces todo se combinó con otros hechos como la matanza de San Fernando (Tamaulipas) y otras, en las que migrantes habían sido masacrados con toda impunidad por criminales.
Todo esto le generó a Oaxaca un cuestionamiento por su marcado desdén y olvido del tema transmigratorio. Hasta entonces, el gobierno de nuestra entidad no había tomado acciones concretas y, al contrario, elementos estatales y municipales de varias comunidades de la región istmeña eran constantemente denunciados por extorsionar a los transmigrantes. Cuando todo ello ocurrió, el entonces recién asumido gobierno de Gabino Cué prometió tomar acciones concretas, y dar la más alta prioridad al asunto.
Sin embargo, lo que hoy puede verse es que el problema fue dejado de lado tan pronto la atención viró hacia otros temas. Es decir, independientemente de los operativos y acciones que tomaron en aquellos momentos, hoy no se aprecia que existan medidas o instancias concretas encargadas de atender el asunto o de elevar el nivel de atención del gobierno estatal, a su sola idea —bastante demagógica, por no ser concreta— de “preservar” el Estado de Derecho.

TEMA A LA DERIVA
Por eso, ojalá que el gobierno estatal dejara de ver el tema como un asunto federal, que no es de su competencia, y le diera la importancia y prioridad que merece. ¿Apoco querrán esperar a que haya otra denuncia como la de diciembre pasado, o hechos aún más grave —porque con los transmigrantes a la deriva, todo puede pasar— para tomar cartas en el asunto? Si no pueden atender temas como estos, ¿entonces para qué existen ya, y se plantean crear nuevas instancias de protección a los derechos humanos? ¿Sólo para hacer declaraciones y armar cursitos que sólo sirven para justificar el gasto y la existencia misma de las “coordinaciones”, pero que, objetivamente, no sirven casi para nada? Ojalá ya dejen de simular y tomen medidas concretas.
almargen@tiempoenlinea.com.mx

Si en algún sector de la política partidista en Oaxaca, existen problemas independientes a las definiciones ya habidas en el ámbito nacional, es en los partidos que integran las llamadas “fuerzas de izquierda”. En ellos, la unificación habida entre sus dos principales aspirantes presidenciales, en ningún modo significa que dicho acuerdo pudiese reproducirse en las entidades federativas respecto a las candidaturas para integrar el Congreso de la Unión. Eso, además de las calenturas de algunas, y de las decisiones intempestivas de otros, hará de las definiciones un auténtico dolor de cabeza para los dirigentes y líderes de esas fuerzas políticas.
La disputa está, como es obvio, entre el ala moderada del PRD y Morena. Ambos pretenden presentarse a la ciudadanía como un solo bloque, agrupado alrededor del virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, fuera de esa primera definición, queda claro que en los círculos inferiores no existe un solo consenso respecto a las candidaturas, e incluso ni siquiera existe la concordia y el compañerismo que tratan de aparentar. La disputa en cada entidad federativa por el Senado de la República y las diputaciones federales, así lo está dejando ver con toda claridad.
En Oaxaca esa disputa se dejó ver desde el primer momento, en la discordia pública habida entre los aspirantes a senadores, Alberto Esteva Salinas y Benjamín Robles Montoya. Éstos, tratando de asumirse como “herederos” de los respectivos grupos políticos a los que pertenecen, y ambos exigiendo (en algunos casos con decoro, y en otros descaradamente) el respaldo del gobernador Gabino Cué Monteagudo en sus aspiraciones, han tratado de usar todos los recursos a su alcance para tratar de aparentar que, por algún tipo de “necesidad” de las izquierdas, ellos son los elegidos. Veamos si no.
Por un lado, Esteva Salinas ha tratado de capitalizar su ascendencia con el jefe de Gobierno del Distrito Federal —y ex aspirante a la candidatura presidencial de las izquierdas—, Marcelo Ebrard Casaubón. Aquí en Oaxaca ha tratado de alimentar la percepción de que, al menos en la entidad, él será el factor de negociación de su jefe con las tribus perredistas, con el Gobernador del Estado, y con los partidos que integran esa coalición, para brindar un apoyo efectivo a la causa de López Obrador.
En el fondo, el amague disimulado que deja ver Esteva Salinas, es que si no es él el elegido, entonces ningún aspirante a cargos de elección popular —incluido López Obrador, y los abanderados al Senado y las diputaciones federales— será apoyado el próximo año con los recursos y las “bendiciones políticas” que puedan salir desde el Gobierno del Distrito Federal.
¿Cuál es el problema en todo esto? Que todos esos son dichos de Esteva, y no de Ebrard. Es decir, que más allá de las percepciones que ha tratado de alimentar el ex Líder Estatal del antiguo Partido Convergencia, nadie sabe en realidad si él tiene la ascendencia política que dice sobre Marcelo Ebrard; del mismo modo, nadie sabe si él será —o si al menos podría ser—, el factor de negociación del ebrardismo con el lópezobradorismo para las definiciones en nuestra entidad, o si incluso tiene la popularidad con la que asegura que ganará el Senado.
Nadie más que él sabe si en realidad todo eso está tan a su favor como lo hace creer. Y queda claro que si eso —todo o en parte— no está seguro, su aspiración al Senado podría quedarse sólo en eso: en un deseo personal, que no está respaldado por elementos objetivos que le den certidumbre a lo que él quiere.

EL CASO ROBLES
Es posible que cuando se presente la iniciativa de ley para modificar la estructura del Gobierno del Estado, más de uno se vaya de espaldas con la noticia de que, en efecto, los Módulos de Desarrollo Sustentable habrían de convertirse en la plataforma de creación de las ocho subsecretarías regionales que planteó al tomar posesión el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Más de uno podría estarse dando de topes en la pared. Y uno de ellos podría ser justamente Benjamín Robles Montoya.
Robles nunca ha ocultado no sólo que quiere ser senador, sino que tampoco ha tenido rubor alguno en aceptar que él quiere ser una especie de “Gabino Cué II”. Por eso, públicamente ha sostenido cuestiones como que él quiere ser “el segundo oaxaqueño en recorrer los 570 municipios” (tomando en cuenta que el primero fue el hoy Mandatario); que él pretende continuar con el proyecto de cambio. O incluso, como lo hizo hace apenas unos días, asegurar que tiene derecho a aspirar a los más elevados cargos de elección popular por Oaxaca, debido a que, aún no siendo oriundo de esta tierra, en sus venas corre sangre oaxaqueña.
Para Robles Montoya los Módulos de Desarrollo (antiguas Delegaciones de Gobierno del Estado) serían su plataforma electoral. Y de hecho, lo fueron mientras estuvo al frente de la dependencia. En los meses que tuvo el encargo, se dedicó a hacer presencia en municipios, pactar con autoridades municipales, ofrecer apoyo, y estar presente en cada momento en que se hablaba de recursos y beneficios sociales para las comunidades. A partir de ello se atrevió a asegurar que era el mejor posicionado como aspirante al Senado —y casi casi, como próximo Gobernador del Estado.
El problema es que su idea es la del escalafón tradicional. Del mismo modo, no termina de quedar claro si él tiene todo el apoyo del Gobernador para ser primero Senador, y luego Gobernador; pero lo que parece, es que se soltó antes de tiempo del trampolín político, y que —en el caso que se convirtiera en Senador— tendría que romper cuando menos cinco años de inercias, en los cuales puede pasar de todo en el gobierno estatal.

SALTO AL VACÍO
Su primera gran derrota está en la posible absorción de las delegaciones por parte de la Segego. No sólo por la pérdida del trampolín electoral, sino por lo simbólico que resultaría el hecho de ya no tener el espacio al cual podría regresar ante un posible fracaso en su carrera (interna y externa) por el Senado. Robles, queda claro, con pocas certezas y con mucha prisa se está jugando todo, sin entender que hoy la de la política es una carrera de largo aliento. Y de entrada debe entender algo: que él no es Gabino Cué, ni tiene la historia política del Mandatario en Oaxaca (incluso tampoco tiene su imagen y carisma); y que por tanto creer que, por puro linaje, puede ser su émulo, es simplemente una ingenuidad.

+ Legisladores federales: ¿no que muy “juaristas”?

Ayer inició formalmente el tiempo de precampañas para todos los que aspiran a cargos federales de elección popular. Junto con los proyectos presidenciales de cada partido, en las entidades federativas también habrán de definirse los proyectos de gobierno que pretenderán suceder a los grupos políticos y mandatarios actuales. En el caso de Oaxaca, este proceso es inédito no sólo por el hecho de que el otrora partido hegemónico está fuera del poder, sino también porque el gobierno estatal está integrado por una coalición que no marca un rumbo claro respecto a sus prioridades políticas.
Es necesario analizar cada caso en específico. Porque queda claro que en dos de los principales partidos políticos hoy se viven procesos particularmente interesantes. ¿De cuáles hablamos? Específicamente del PRI y de Acción Nacional, de los cuales nos ocuparemos en esta entrega, para luego dar paso al análisis del singular proceso que asimismo ocurre en las llamadas “fuerzas de izquierda” en Oaxaca.
Comencemos por el priismo. Porque el proceso de definición de sus candidatos al Senado de la República, es sintomático de la inestabilidad en que se encuentra el grupo político del que aún es icónico el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y es que, parece que no, pero el abrupto relevo en la dirigencia nacional vino a replantear los escenarios y las posibilidades de quienes, envueltos en la bandera del ulisismo, pretenden pelear por un escaño en la Cámara alta.
En ese sentido, preguntarse hoy quiénes pretenden obtener una candidatura al Senado por el priismo oaxaqueño, es un cuestionamiento de fácil respuesta: aspiran todos los diputados federales, aunque particularmente dos pretenden asumirse como los más perfilados para ello. Además de eso, existe una innegable puja entre los grupos disidentes. Y, por si todo esto fuera poco, también ahora todo eso se combina con los intereses del CEN del PRI, que están en un intenso proceso de replanteamiento.
La disyuntiva fundamental entre los grupos e intereses al interior del priismo, radica en el planteamiento siguiente: mientras el grupo del ex gobernador Ruiz pretende mantenerse en las posiciones de poder, la disidencia local exige únicamente quitarlos; y frente a todo esto, la dirigencia nacional y el peñanietismo lo que quiere es elegir a quienes abonen a la causa presidencial, independientemente de nombres o grupos.
En todo esto, surge un primer problema, y es el siguiente: nadie, de ninguno de los tres grupos, ha podido explicar para qué continuar, arrebatar o conseguir el poder. Todos, hasta ahora, dejan ver que van por los cargos, aunque carezcan de idea o visión clara sobre lo que pretenden hacer con los escaños y curules legislativas. Es decir, qué proyecto encabezarán, por qué temas de Oaxaca abogarán, o qué causas defenderán. Es la lucha por el poder. Y punto.
Pero además, con el grupo ulisista existe otro problema: dejar pasar a sus dos aspirantes al Senado (los diputados federales Eviel Pérez Magaña, y Héctor Pablo Ramírez Leyva) significa permitir la perpetuación de un grupo que, les guste o no, lo acepten o no, perdió la gubernatura de Oaxaca, que entregó malas cuentas a su partido; y que, también les agrade o no, por sus antecedentes, imagen y resultados, hoy son más un lastre y un pasivo para el priismo nacional, que un factor de suma tanto en Oaxaca como para el país.
Todo eso, finalmente, tendrá que ser conciliado y sopesado por el priismo nacional. Pues hoy los factores locales de poder —todos— perdieron buena parte de la fuerza y ascendencia que ya tenían con el ex dirigente nacional Humberto Moreira. Y por eso ahora parece que pesarán más ciertos elementos, que ya no son los “linajes políticos”, los débitos al interior de los grupos o los “escalafones”. Y esa pugna se ve harto complicada, desde cualquier ángulo que se le pretenda analizar.

DISPUTA PANISTA
Por Acción Nacional sólo hay tres posibles candidatos: El ex gobernador Diódoro Carrasco, el delegado de Sedesol en Oaxaca, Huberto Aldaz, y la diputada, Eufrosina Cruz. Finalmente, queda claro que, muy posiblemente, la puja final no sea entre tres, sino entre los dos primeros, y lo único que quedará a discusión es quién de ellos encabeza la fórmula de aspirantes al Senado de la República.
Quienes conocen los jaloneos internos del panismo, aseguran que el ex gobernador Carrasco en realidad está presionando para ser incluido en la lista de candidatos a la Cámara alta por representación proporcional, ya que asume que, por su misma historia política en Oaxaca, no tiene un arribo asegurado al Senado.
En ese sentido, no dejan de pesarle cuestiones como la situación de la violación de los derechos humanos en la región de los Loxicha —cuyo expediente desapareció— de la que diversos grupos lo responsabilizan directamente. Además de esto, le pesa también el hecho de que ya fue gobernador y, en esas condiciones, perder una elección de mayoría, sería un doble revés, quizá irreversible, para la carrera política que pretende reencauzar. Su gran respaldo está en la aspirante presidencial Josefina Vázquez Mota. Pero el ex Gobernador tiene más pasivos de los que aparenta. Y, dicen, pretende llevar como suplente al edil citadino, Luis Ugartechea Begué.
Aldaz, por su parte, tiene una base social consistente que ha venido construyendo desde el antiguo Instituto Nacional Indigenista. A diferencia de Carrasco, ha evitado la confrontación, e incluso eso mismo le ha permitido evitar el choque con los grupos que hoy se disputan la candidatura presidencial. Y buscará apelar a que el panismo no apoye a un ex priista como su principal abanderado al Senado.

¿MUY JUARISTAS?
El pasado jueves hubo una agria discusión en la Cámara baja, relacionada con una modificación al artículo 24 constitucional, relativo a la libertad de culto. En ésta, varios diputados oaxaqueños apelaron a los principios juristas, y votaron contra la determinación que impulsaba su mismo partido. ¿Y saben qué diputados oaxaqueños, por congraciarse, o por no confrontarse con su dirigencia —y no arriesgar sus aspiraciones—, optaron por salirse del recinto antes de la votación, o de plano se manifestaron a favor? Los que huyeron fueron Jorge Franco, Eviel Pérez Magaña, Heliodoro Díaz y Sofía Castro. Y los que sí votaron a favor fueron Narcedalia Ramírez y Emilio Mendoza Kaplan. ¿Y sus supuestas convicciones? ¿Y su “juarismo”? ¿Y su vergüenza política? ¿Y su representación de Oaxaca? Bien, gracias.

+ Debe cambiar prácticas; modificar ley es demagogia

Históricamente, la relación entre el Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica no sólo ha sido ríspida, sino que ha sido el punto de partida de más de un conflicto armado. Desde que México es una nación independiente, la gran mayoría de las asonadas, cuartelazos, rebeliones, motines y hasta revoluciones, tuvieron como origen una disputa relacionada con la Iglesia. Ese solo hecho bien puede ser una referencia para entender que cada que se intenta hoy modificar la Constitución de la República en materia de libertad de creencia, cultos religiosos o asociaciones de esa índole, detrás existen innumerables intereses escondidos, pero poderosos, que buscan ser satisfechos.

En efecto, todo aquel que conozca medianamente la historia del país, sabe que desde la Guerra de Independencia, todos los movimientos armados del siglo XIX y XX en nuestro país, en algún modo tuvieron algo que ver con la jerarquía católica —no con el dogma, sino con la institución llamada Iglesia Católica—, y con los intereses económicos y políticos que ellos han tratado de defender a toda costa, incluso aún ante la posibilidad de anteponer su interés particular al general, o de entregar la soberanía nacional a aquellos que les garantizaran la preservación de su dinero, bienes, privilegios o fueros.

En ese sentido, si volteamos a la historia podremos ver que la defensa de esos intereses fue lo que desencadenó varias guerras, y que en buena medida, también la lucha entre el Estado y la Iglesia fue lo que determinó el contenido de nuestras constituciones de tipo liberal, y la amplia distancia que el Estado siempre ha tratado de tener en relación no al dogma religioso, sino a la institución que representa el catolicismo en el país.

Esa amplia distancia se creó a partir de episodios como la misma Guerra de Reforma, de la derrota del conservadurismo por parte del régimen liberal que reinstauró el presidente Benito Juárez, y luego por la consolidación del Estado laico, en el que ya no se permitió la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos del país, ni en lo relativo al control de los actos de la vida civil de las personas, y tampoco en la utilización de los púlpitos como herramientas de manipulación de la conciencia de los feligreses, que a su vez son también votantes y ciudadanos con derecho a voz y voto en los asuntos políticos de nuestro país. Todo eso luego se refrendó con la guerra cristera. Y se consolidó con la ausencia de relaciones diplomáticas entre el Estado Mexicano y El Vaticano, y la negación del reconocimiento a las asociaciones religiosas, y de ciertos derechos políticos a los ministros de culto religioso.

Todo eso siguió la misma lógica hasta inicios de los años 90s, en los que, por otros motivos, el presidente Carlos Salinas de Gortari estaba necesitado de apoyo y legitimación política, y entonces cedió ciertas pretensiones al Partido Acción Nacional a cambio de que éste le apoyara en el endeble proyecto político que entonces trataba de emprender desde la Presidencia de la República. ¿Qué pactaron?

En términos sencillos, pactaron la ratificación del artículo 24 constitucional, en relación a la libertad de creencia religiosa, pero a cambio de ello el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, y el replanteamiento total del artículo 130 constitucional —para quedar en los términos actuales—, para que el Estado reconociera a las asociaciones religiosas la personalidad jurídica respectiva, para que los ministros de culto fueran también reconocidos en ciertos derechos como ciudadanos, y para que pudiera flexibilizarse la legislación en materia de culto público.

Ese fue un controversial paso del Estado Mexicano, que lo mismo fue comprendido en el marco del ensanchamiento de las libertades y la tolerancia que, acorde con los tiempos actuales, debía tener el Estado respecto a los actores influyentes de la vida pública; pero también fue comprendido como una primera traición a los principios liberales del juarismo, que establecieron un muro en el que el Estado asume la preponderancia respecto a la religión, y la pone en un estado de mínima tolerancia y reconocimiento, pero sin darle espacio a que crezca y pueda reasumir algunas de las potestades que le fueron recortadas a partir de las armas o de las estipulaciones constitucionales.

NUEVA POLÉMICA

El pasado jueves, en la Cámara de Diputados se discutió acaloradamente, y finalmente ahí se aprobó, una reforma al artículo 24 constitucional en la cual se estipulan nuevas disposiciones en relación al culto y la libertad de realizar manifestaciones religiosas de las personas. ¿Qué dice, y qué pretenden reformar, de dicho precepto?

Dicho artículo, en su primer párrafo del texto vigente señala que: “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

Los diputados aprobaron EL un nuevo primer párrafo del artículo 24 que formula precisiones en amplitud al ejercicio de las libertades religiosas: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público, como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Esencialmente, la modificación parece intrascendente. Esto porque el nuevo precepto no dice nada que no esté establecido en la ley. Y más bien, la última parte de la propuesta parece ser la “zanahoria” para que se acepte lo primero. ¿Qué trascendencia tiene todo eso?

MODIFICACIÓN TRASCENDENTAL

El priismo parece impulsar esa reforma para congraciarse con la jerarquía católica, a partir del reconocimiento en la Constitución de las libertades que ellos ya utilizan, pero que hoy la ley les regula, particularmente en materia de culto público. Este parece ser un intercambio, o un coqueteo, eminentemente electoral. Tal y como lo han hecho con otros temas como el del aborto, en el que el PRI se “empaniza” en aras de acercarse a la Iglesia y que ésta le regrese otros apoyos. No existe otra explicación. Y, dicha reforma, no tendría otra utilidad más que esa.

+ Sin diálogos de sordos, pueden generar avances

Los atrasos e insuficiencias del Poder Judicial del Estado no sólo son problema de ellos: es una cuestión que hoy, con responsabilidad, los Tres Poderes del Estado debieran asumir como propio, y tomar las medidas correspondientes para hacer de él el instrumento jurisdiccional funcional y de vanguardia que merecemos los oaxaqueños en estos tiempos que pretenden ser de transición. Queda claro que independientemente de las grillas cotidianas, ese no es un poder aislado, y por tanto sus mismos integrantes, y los pares del Ejecutivo y Legislativo, deben promover cambios a fondo y no sólo modificaciones que se quedan en el papel y en el discurso.
Es evidente que si en Oaxaca había un Poder atrasado y olvidado en todos los sentidos, ese era el Poder Judicial. Hasta antes de la reforma constitucional del pasado mes de abril, las normas que regían el funcionamiento e integración del poder juzgador databan de hace más de medio siglo.
En ellas, era evidente la predominancia del Poder Ejecutivo como factor decisivo en la integración del Judicial, y por tanto, era también claro que éste quedaba materialmente subordinado a las decisiones y necesidades del Gobernador en turno.
¿Qué decía la Constitución hasta entonces? Decía, en términos sencillos, que era facultad del Ejecutivo hacer la designación de los Magistrados del Poder Judicial que hicieran falta, y que el Legislativo sólo tenía participación en la ratificación de la decisión ya tomada por el Gobernador, y que si el Congreso no se pronunciaba respecto al nombramiento en un plazo determinado de tiempo, entonces se tenía automáticamente por ratificado.
Además de esto, no existían mecanismos claros y transparentes para el nombramiento, la permanencia y, en su caso, la destitución no sólo de los magistrados, sino de todos los integrantes del Poder Judicial, como jueces, secretarios judiciales y empleados administrativos.
Es decir, que en esas circunstancias, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia concentraba casi la totalidad de las facultades, y por esa sola razón el Poder Judicial perdía autonomía, porque las decisiones jurisdiccionales de jueces y magistrados quedaban supeditadas a las necesidades del Magistrado Presidente, y éste a su vez tenía dependencia del Gobernador del Estado, que era a quien políticamente le debía el cargo.
La reforma constitucional de abril pasado trató de equilibrar esta situación, y por esa razón se establecieron nuevos criterios para la designación de Magistrados, se creó un Consejo de la Judicatura, para hacerse cargo de todo lo relativo a la permanencia, ascensos, sanciones, acceso y destitución de los funcionarios de ese poder; se creó una Sala Constitucional para que conociera de asuntos de esa naturaleza, respecto a los cuales hasta entonces estaba impedido. Y con todo ello se trató de decir que también el Poder Judicial ya se había transformado y que, por eso mismo, se materializaba la transición democrática que el actual régimen dice estar cimentando en Oaxaca.
Aunque nada de eso es incorrecto y, al contrario, sí abona a una verdadera evolución de los tribunales de justicia locales, lo cierto es que nada de eso es suficiente, porque todo existe sólo en los documentos y en las intenciones. De ahí que sea necesario que el Poder Judicial sea integrado al debate público, y sus necesidades e insuficiencias sean ventiladas de cara a la sociedad, justamente para estimular la necesidad de cambios que se requiere con urgencia.

MÁS ATENCIÓN
Oaxaca fue una entidad pionera a nivel nacional en la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial, y sin embargo este proceso quedó inconcluso. La falta de consistencia en el proceso de aplicación de las reformas en materia de justicia, la desatención del Ejecutivo hacia los proyectos del Judicial, e incluso el silencio y la resignación de éste frente a la arbitraria decisión administrativa de regatear los recursos y de no seguir invirtiendo en el nuevo modelo de impartición de justicia, aún hacen palidecer cualquier avance que se diga que se promueve para el Tribunal de Justicia.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por eso, deben no sólo hablar de buenas intenciones, de proyectos y de visiones de largo plazo, sino que fundamentalmente deben pensar en los resultados y en las inversiones de dinero que se requieren para que las reformas se hagan efectivas, y por tanto se puedan entregar mejores cuentas a la sociedad oaxaqueña.
En ese sentido, es necesario que los tres poderes hagan lo necesario para hacer efectiva la reforma al sistema de justicia y puedan continuar el calendario de implementación del sistema acusatorio adversarial. Lo peor que pueden hacer en estos momentos, es mantener ese tema en el olvido, porque ni siquiera está completado, y tampoco está lo suficientemente revisado y perfeccionado como para asegurar que ya es un sistema concluido. Por sola prelación de tiempo y de utilidad práctica, ninguna otra cuestión debiera ser tan prioritaria para el Poder Judicial como eso.
No obstante lo anterior, también deben “hablar en plata” para materializar las reformas constitucionales de abril pasado. Esto por la sencilla razón de que cada una de las modificaciones constitucionales tienen un costo económico, que no sabemos si se ha contemplado en el gasto proyectado, y del cual tampoco existe certeza de que pueda ser modificado una vez que los diputados locales conozcan del presupuesto de egresos para el próximo año, y puedan reasignar partidas para hacer funcionales las reformas que atañen al Poder Judicial.

AMPLIO DEBATE
Finalmente, más allá del solo discurso, es fundamental que este poder sea más eficaz y funcione con mejores estándares. Los señores magistrados, no por el hecho de tener esa calidad, son infalibles o ajenos a las críticas, al perfeccionamiento de sus perspectivas o al análisis relacionado con su labor. Por esa razón, sería fundamental que ellos mismos dejaran la actitud de que “la ropa sucia se lava en casa”, y promovieran amplios debates respecto a la viabilidad de las reformas y proyectos que son indispensables para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Queda claro que continuar en el silencio, en la obediencia y el disimulo —como lo siguen haciendo hasta ahora, bajo los designios de un Magistrado Presidente materialmente nombrado por el Gobernador—, no los llevará a nada provechoso.
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+ Banalización del poder, falsa “constitucionalización”

En los tiempos del partido hegemónico en el poder presidencial, un gobernador o alcalde no hubiera resistido permanecer en su cargo ante hechos como la represión en San Salvador Atenco, el conflicto magisterial en Oaxaca de 2006, la revelación de llamadas telefónicas entre el “góber precioso” de Puebla, Mario Marín y Kamel Nacif, el escándalo por la extorsión a casinos en Monterrey, o la actuación de la policía ministerial guerrerense, que mató a dos estudiantes normalistas, en un fallido e inexplicable intento por “limpiar” el paso de la Autopista del Sol. Hoy, sin embargo, frente a todos esos hechos, podemos ver que esas autoridades, protegidas por un argumento de constitucionalidad —y negando el más elemental sentido político—, se resisten, o se han resistido, a dejar sus cargos.
Queda claro que hoy la clase política nacional no se encuentra sujeta a los controles políticos del pasado. Es decir, hoy el Presidente de la República no es el Jefe metaconstitucionalmente facultado, de los gobernadores, ni de los legisladores, y tampoco de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
No obstante, se supone que esa ausencia de controles debiera ser saludable para la democracia. Pero no. El problema es que las libertades se confundieron con la desvergüenza. Y por eso hoy, ceñidos a una legalidad que apenas alcanza a soportarlos, se aferran a sus cargos sin entender que para tener autoridad no basta con el nombramiento, sino también con la legitimación continua de los gobernados, y de su propio apego a la legalidad que juró defender, y no soslayar, como gobernante.
Todos los casos antes señalados, son icónicos por eso. En el caso de Atenco, por ejemplo, se documentaron plenamente excesos policiacos cometidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, así como por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, en contra de pobladores que, aunque sí habían también agredido a policías en ocasiones anteriores, esto no justificaba que las fuerzas policiacas acudieran ahí a cobrar venganza directa por los acontecimientos previos. No obstante todas las investigaciones y revelaciones habidas respecto a esos hechos, el Gobernador de aquella entidad (Enrique Peña Nieto) no sólo no hizo ningún ajuste en su gobierno —y mucho menos pensó en dejar el cargo— sino que hoy, incluso, aspira a la Presidencia de la República por el PRI.
Qué decir del caso de Oaxaca. Aquí, el entonces gobernador Ulises Ruiz, basado en el argumento de que ni el Presidente ni el Senado podían destituirlo de su cargo de Gobernador, debido a que éste lo había ganado por votación popular y no por designación de nadie. Apeló al respeto a la soberanía estatal, al federalismo, y a la constitucionalidad, y finalmente pudo resistir los embates políticos para no renunciar a su cargo. Y aunque para entonces era ya políticamente impresentable (y por eso, en público, dentro y fuera de su partido siempre lo trataron de lejos, tras bambalinas, o como una especie de “mal necesario”), lo cierto es que su único argumento a la legalidad —que él mismo no siempre respetó— fue lo que le permitió continuar en su responsabilidad.
Algo similar ocurrió en los casos del ahora ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y más recientemente con el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón. Uno y otro apelaron exactamente a lo mismo, y desdeñaron por completo el hecho de que su imagen pública y política estaba deshecha ante los señalamientos. Uno y otro se ciñeron simplemente a la protección de la ley, y se desentendieron así de la responsabilidad de responder específicamente, como ciudadanos, por las conductas indebidas que se les atribuían, y que los inhibían de responsabilidad por el hecho de ser servidores públicos popularmente electos.

GUERRERO, OTRO CASO
El pasado lunes, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, bloquearon el paso en la Autopista del Sol, que comunica a Acapulco con la Ciudad de México, demandando una audiencia con el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, para exigirle el cumplimiento de ofertas que él mismo había ido a hacerles a los estudiantes, unos meses antes ahí en su centro educativo.
La respuesta oficial no fue de concertación política, e incluso tampoco fue de disuasión por parte de los elementos policiacos. Éstos, según consta en los videos, llegaron no a replegar a los estudiantes para despejar la autopista, sino directamente para agredir a los estudiantes, para tundirlos salvajemente, y para hacer disparos de arma de fuego, como si éste fuera un enfrentamiento con sicarios, o como si éstos estuviesen cometiendo delitos graves en flagrancia, que en correspondencia ameritaran los disparos que les propinaron los elementos ministeriales.
El saldo fue de dos muertos, y casi una veintena de heridos. Además, existen suficientes grabaciones como para corroborar que, además de los disparos, sí hubo un repliegue excesivo de fuerza por parte de elementos federales, estatales y municipales que se apersonaron en el lugar. Y aunque esto último amerita un deslinde serio y puntual de responsabilidades, lo cierto es que nadie cuestiona el “dato duro” que constituyen los dos estudiantes muertos.
En ese caso en específico no hay nada que discutir. Acaso, determinar la identidad de los elementos ministeriales agresores. Y por ese solo hecho, y por una razón de vergüenza política, el Gobernador debiera dejar su cargo. En esas circunstancias, es imposible que un Gobernante se desentienda de la cadena de mando, y de la responsabilidad que se desprende de ella.
Si él ordenó los disparos, debe irse porque eso es abiertamente contrario a derecho y a lo que espera la ciudadanía de sus gobernantes. Y si no lo ordenó, debe también irse, como consecuencia de permitir ese grado de descontrol entre sus subordinados.

RESPONSABILIDAD INELUDIBLE
No es sólo un asunto de legalidad, sino también de decoro. El problema es que nuestra clase política ha perdido lo segundo, pero lo justifica en función de lo primero. Para ellos, basta con preservar la “legalidad” y la inamovilidad de sus cargos, para cometer todo tipo de excesos. No entienden que más allá de lo jurídico está lo político; y que esto último debiera ser el principal estabilizador de sus respectivas gestiones, que finalmente se deben a la ley, pero más a la venia de la ciudadanía.
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