+ Ministerio del Interior, luz no aprovechada

No son menores los cambios que pretende hacer el presidente Enrique Peña Nieto a la estructura del gobierno federal, y nadie sabe si en realidad eso es lo que necesita el país. De acuerdo con la iniciativa presentada hace unos días al Congreso de la Unión, el nuevo gobierno pretende que la Secretaría de Gobernación absorba todas las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

El problema es que esa iniciativa no prevé vías de escape para la presión que se le vendrá encima a la nueva súper Secretaría, que será la encargada de velar por el binomio excluyente del diálogo y la seguridad, sin integrar cuestiones como el de la Justicia y otros que son fundamentales para el correcto funcionamiento de un gobierno.

En efecto, la semana pasada el Presidente Electo presentó su proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que ya estableció el marco general de lo que será el aparato gubernamental de su gobierno. En particular, llamó la atención la absorción que hace la Secretaría de Gobernación, de todas las funciones y estructura que hasta ahora tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Políticamente, esta decisión fue asumida como uno de los golpes de timón del nuevo gobierno priista a la más acabada creación de las dos administraciones panistas. Sin embargo, más allá de eso el problema que se aparece es mucho más de fondo porque tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno para salvaguardar la seguridad y hacer valer el orden y la gobernabilidad, en una nación tan potencialmente convulsionada como el México de la actualidad.

En relación a esta reforma, el presidente electo Peña Nieto anunció que Gobernación “tendrá a su cargo la seguridad interna de la república y ejercerá el mando de la Policía Federal; asimismo, tendrá a su cargo el resguardo de nuestras fronteras y las tareas de protección civil. Esta secretaría será la encargada de la prevención del delito y de apoyar a los municipios que lo requieran.

Esto implica que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Debido a que las recomendaciones en materia de derechos humanos no han sido debidamente resueltas, la propuesta es que Segob sea quien coordine las acciones para su debido cumplimiento. Un gobierno democrático debe atender, al más alto nivel, los temas de derechos humanos.”

¿Qué implica esto? Que a partir de ahora sea el Secretario de Gobernación quien lleve las riendas de la seguridad del país, que sea también quien encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tenga el mando de la Policía Federal, que sea el titular de todo el aparato de investigación e inteligencia con que cuenta actualmente esa dependencia.

Y que, además —y eso no lo dijeron en el anuncio de dicha reforma, aunque sí se encuentra en la Iniciativa presentada al Congreso—, Gobernación continúe llevando la conducción de todas las tareas relacionadas con la política interior del país, la relación con los poderes, y ahora se convierta, incluso, en la dependencia coordinadora del trabajo y los esfuerzos de toda la administración pública federal.

Si a simple vista parecen muchas las atribuciones dadas a una sola dependencia, todo esto se hace más complejo cuando se entiende que muchas de esas atribuciones no son compatibles entre sí, y que eso podría ya no sólo hacer complejo el manejo de la gobernabilidad, sino también entorpecer las tareas de seguridad, y de diálogo político, que hoy son indispensables para nuestro país.

DESCUBRIR EL HILO NEGRO

La primera semejanza que intentó verse entre la estructura que se propone para la Secretaría de Gobernación, es la de los ministerios del interior que existen en las estructuras administrativas de muchos países. La diferencia entre una dependencia como la actual Segob, la que se propone para el gobierno de Peña Nieto, y un Ministerio del Interior, es que mientras la actual carece de control en los temas de seguridad, y la dependencia propuesta ya los contempla, el Ministerio del Interior se encarga de las tareas de seguridad y de política interior, pero encaminados todos sus trabajos y funciones fundamentalmente a preservar los derechos de libertad y seguridad de los ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre todo esto, que parece un enredo? Que tal parece que a la Secretaría de Gobernación se le pretenden asignar tareas de distinta naturaleza, sin alcanzar a distinguir que entre unas y otras existen diferencias sustanciales que en más de un caso se vuelven excluyentes. ¿Por qué? Porque en el caso de un Ministerio del Interior, éste se encuentra siempre acompañado de un Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de generar todas las políticas y lineamientos relacionados con la seguridad, que luego ejecuta y cuida el Ministerio del Interior a través de las atribuciones que la ley le da en los temas antes comentados.

En México no existe un órgano que al menos cercanamente cumpla las funciones de un Ministerio de Justicia. De hecho, en la propuesta para la Secretaría de Gobernación que envió el presidente electo Peña Nieto, pareciera que a ésta se le dotarán de todas las funciones no sólo de lo que sería un Ministerio del Interior, sino también del de Justicia. Y el problema es que, subjetivamente, de entrada necesitaría tener personal de altísimo nivel para poder coordinar todas las tareas que ahora se llevarán en una misma dependencia y, se supone, bajo un mismo criterio.

Esto será de entrada un problema, si ese Súper Secretario de Gobernación no tiene la capacidad de asumir el enorme cúmulo de funciones que se le están encomendando. Y a eso se le debe agregar que en un país como México la política interior implica siempre la negociación política, que en casos determinantes para la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de la nación, no debe estar en las mismas manos de quien tiene el mando de la Policía Federal y de las tareas de seguridad interior, y seguridad pública del país. Ese parece ser, pues, un monstruo que quién sabe si sea necesario y funcional, en esas condiciones, para un país tan complejo y exigente como México.

CUESTIÓN DE ESTADO

En varios países la seguridad es considerada como un asunto de Estado, y en ese nivel la atienden. En México, es un simple asunto de gobierno, y por eso cada administración cambia los parámetros y la visión. El problema es que si fallan, como ha sido, y como puede volver a ser, quienes pagamos somos los ciudadanos. Y México ya tiene mucha sangre como para seguir ensayando.

+ Escenario gris, por nula conducción política

Hasta las primeras horas de la noche de ayer jueves, todo parecía indicar que la elección de integrantes del Consejo General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, había sido pospuesta. Esta decisión fue tomada, al parecer, por la falta de acuerdos entre las fracciones que integran la LXI Legislatura del Congreso local, pero también por la falta de claridad y sustento de quienes pretendían ser propuestos como integrantes de ese órgano autónomo. Este, que parece ser el peor escenario, se materializó además por la falta de liderazgos y acciones concretas que determinaran el rumbo de esta decisión que era importante para las instituciones en Oaxaca.

En efecto, se tenía previsto que ayer se llevaría a cabo, además de la sesión solemne en la que el Gobernador del Estado entregó su Segundo Informe de Gestión, otra en la que se habría de decidir cuál sería la integración del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información. Todo parecía indicar que los acuerdos correspondientes ya estaban construidos. Y, sin embargo, finalmente se resolvió dar un nuevo plazo para que los diputados abundaran en el análisis y discusión de los perfiles que pretenden encabezar la institución mencionada. Este acuerdo, que parece de trámite, en realidad refleja los vacíos de sustento y liderazgo que existen en el Congreso del Estado, y abre la posibilidad de diversos escenarios, todos graves, que quizá podrían explicar tal decisión.

El primero posible de esos escenarios sobre el aplazamiento de la decisión, que es nada satisfactorio, podría apuntar a que las tres fracciones parlamentarias principales sí tomaron su respectiva decisión sobre quién sería su propio candidato, pero que no hallaron la forma de sustentar esa decisión debido a que ninguno de los candidatos acreditaba tener la experiencia y conocimientos necesarios para tal responsabilidad.

En ese sentido, el PRI habría resuelto impulsar a Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, el PAN a Esteban López José y el PRD a María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. Cada uno de ellos representaba intereses específicos de cada una de las fuerzas políticas. Sin embargo, en escenario cabría la posibilidad de que aún estando firmes esas decisiones, y el acuerdo general entre todo el Congreso, la decisión final habría sido detenida por la debilidad que tendría el dictamen respectivo, habida cuenta de que los tres prospectos para encabezar la Comisión de Transparencia eran de los menos aventajados, de todos los que se habrían registrado para competir por esos cargos.

Un segundo escenario, tiene que ver con la posibilidad de que aun habiendo acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias para la integración de la Comisión, ésta habría sido también consensada con el Jefe Político de los diputados (el Gobernador del Estado), y éste es quien habría vetado a más de uno de los aspirantes palomeados por los diputados. Esto, que es determinante, habría sido otra razón claramente posible para llegar a la determinación de aplazar el momento de la elección, y ocupar el compás de espera para revisar otros perfiles que, consensados, pudieran transitar técnica, legal y políticamente entre todos los que están involucrados en la toma de una decisión como ésa.

DECISIONES, EN SILENCIO

Un tercer escenario tendría que ver directamente con la falta de acuerdos firmes entre las fracciones parlamentarias. Esto, además de evidenciar la ausencia de control al interior de las fracciones parlamentarias, en el fondo también revelaría —y esto es mucho más grave— que los nuevos responsables de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el perredista Alejandro López Jarquín, no tuvieron la capacidad de generar los acuerdos necesarios para que finalmente se tomara una decisión en los plazos establecidos por las reformas a la Ley de Transparencia y por la convocatoria respectiva.

Este habría sido, pues, un grave traspié generado por la inexperiencia del nuevo Presidente de la Junta, ahondado por pugnas al interior de las fracciones, como en la panista por los graves problemas que ya tenían para hacer transitar decorosamente a Esteban López José; o en el PRI, por el choque de diputados que provocó la decisión sobre la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio.

Un cuarto escenario, también posible, también podría apuntar con bastante sustento a que finalmente el hecho de que dejaran marginada a la Comisión Instructora —encargada de conducir este proceso—, habría roto el consenso para la elección. Si bien se recuerda, en los procesos de elección de los titulares de los otros órganos autónomos, la comisión encargada de conducir el proceso es la que tenía preferencia para impulsar a un candidato. Así ocurrió, por ejemplo, con la elección de Arturo Peimbert como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, que fue impulsado y respaldado incondicionalmente por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a pesar de no ser un candidato idóneo para ese cargo.

En este caso, que sí es posible, los integrantes de la Comisión Instructora habrían reclamado el “derecho” a tener preferencia en el nombramiento de por lo menos uno de los consejeros, y como fueron rebasados por las fracciones parlamentarias, que habrían decidido a sus prospectos sin tomar en cuenta a la Comisión respectiva, en un arrebato habrían finalmente resuelto posponer la toma de la decisión para buscar la construcción de nuevos acuerdos que permitieran la inclusión de los intereses de la Comisión Instructora, que es encabezada por la diputada Ángela Hernández Solís —quien, de hecho, también intentó impulsar como posible Consejero a su propio secretario Técnico, encargado de esa Comisión, Oliverio Suárez Gómez.

PROCESO, DÉBIL

Al final, lo único cierto es que independientemente de cuál sea la razón, el Congreso está debilitando aceleradamente la posibilidad de culminar este proceso con la limpieza y legalidad que es debida. De hecho, la dilación excesiva que implica la toma de esta decisión de posponer la fecha de la elección, ya abre la posibilidad a impugnaciones que terminarían de enturbiar este proceso. Como lo hemos apuntado en entregas anteriores, los diputados deben no sólo exigir transparencia, sino también demostrarla. Y, en este caso, deben establecer, de cara a la sociedad, cuál es la razón y el fundamento de decisiones como ésta, que en los hechos sólo prolonga las disputas internas por los cargos, y las negociaciones discrecionales con las que pretenden resolver este asunto.

+ Paradójico, que sea una elección discrecional

Aunque pasará casi desapercibido por la vorágine del Segundo Informe de Gestión del gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy los diputados elegirán también a los tres integrantes del Consejo General de la nueva Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, que vendrá a sustituir al Instituto que encabeza Genaro Vásquez Colmenares. Paradójicamente, los diputados elegirán en base a todos los criterios posibles, menos el de la transparencia. Y ese es un problema grave de nuestra Constitución, pero sobre todo de nuestra incipiente y poco respetada democracia.

En efecto, con la elección de hoy de esos tres Consejeros, a todos los oaxaqueños —sociedad y gobierno— debía quedarnos claro que más allá de las posiciones pretenciosas y maniqueas, que aseguran que la reintegración de los órganos constitucionalmente autónomos fue a través de actos democráticos e independientes, debiera haber una revisión profunda a esas formas de elección e integración que hoy se encuentran discrecionalmente en manos de los diputados. En todas las ocasiones ha quedado claro que éstos no tienen el compromiso y la independencia suficiente para actuar de verdad en base a criterios de Estado, y no en función de sus intereses particulares o sometidos a las imposiciones del gobierno en turno. Seguramente, esta no será la excepción.

Y es que si revisamos la forma en que fueron integrados tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior, la Defensoría para los Derechos Humanos, e incluso tribunales como el Electoral, el Contencioso Administrativo y las vacantes del propio Tribunal Superior de Justicia, nos daremos cuenta que en todos los casos la decisión que tienen los legisladores es esencialmente discrecional, y también notaremos que quienes fueron electos para integrar esos órganos, todos, traían aparejado cierto interés político específico, independientemente de que fueran o no los mejores candidatos a encabezar esas responsabilidades.

En el caso de los tribunales (los especializados y las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia), la propia Constitución establece mecanismos a través de los cuales primero deben presentar exámenes a través de los cuales acreditar los conocimientos específicos de la materia de la responsabilidad a la que aspiran.

Luego pasan por el filtro del Poder Ejecutivo, que en base al análisis de la trayectoria y los resultados que le presenta el órgano encargado de la primera fase del proceso —así lo ha manifestado el Gobernador del Estado en las comunicaciones que en esos casos entabla con el Congreso para presentarle sus propuestas—, integra las respectivas ternas que luego son sometidas a la consideración de los diputados. Y finalmente, éstos eligen aunque al margen de cualquier criterio o explicación que no sea su sola voluntad. ¿Es esto sano para nuestra democracia?

En otro escenario la respuesta debía ser afirmativa. Si se supone que los diputados son un todo que representa la voluntad popular, y que esa voluntad va siempre encaminada a tratar de satisfacer lo que más conviene y necesita la mayoría, entonces los diputados no tendrían que explicar las decisiones que toman. El problema es que en Oaxaca esa decisión queda sujeta a todo tipo de intereses —muchos de ellos inconfesables, ilícitos y abyectos— que nada tienen que ver con lo que más conviene a la mayoría, o al correcto funcionamiento del Estado.

DISCRECIONALIDAD TOTAL

En el caso de la elección de integrantes de los tribunales judiciales, los diputados tienen una limitada capacidad para hacer lo que les venga en gana. De hecho, cuando la decisión llega hasta ellos ya va “filtrada” por la demostración de conocimientos (que en más de una ocasión ha sido también un requisito que sólo determina de forma relativa quién continúa y quién no dentro del proceso) y por la decisión del Ejecutivo. No obstante, en la última elección de un integrante de un Tribunal (Maribel Mendoza Flores), la decisión del Legislativo tuvo por objeto secundar un interés del Ejecutivo, y no ponderar las cualidades profesionales de quienes integraban la terna.

Y si aún con esos filtros existen estos titubeos y decisiones inexplicables, lo cierto es que en el caso de la integración de los órganos autónomos los diputados han caído en excesos incomprensibles e inadmisibles. ¿Por qué? Porque si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso en la presente Legislatura, ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.

El problema en esos casos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.

CONTRA LA DEMOCRACIA

Los resultados de cada uno de esos procesos hablan de decisiones discrecionales que no sólo no benefician a la democracia, sino que atentan contra ella y contra la estabilidad de las instituciones. Sólo han buscado saciar sus intereses y actuar en función de lo que quieren los que sí de veras tienen poder. Por eso, y porque no existen visos de que el compromiso democrático real de los diputados pueda surgir en el futuro cercano, la forma de elección debía cambiar para verdaderamente garantizar la independencia, la claridad y la rendición de cuentas que hasta ahora a los diputados les ha importado tanto como un cacahuate.

+ Gobierno plural… pero rehén de intereses de todos

Casi dos años después del inicio de la gestión, comienzan a verse los primeros signos manifiestos de agotamiento de la actual forma en que se relacionan y “conviven” los grupos que colaboraron para el triunfo electoral de 2010. Sólo así se entiende que el gobernador Gabino Cué comience a reconocer, aunque lleno de matices y precauciones, que sus propios aliados son los que entorpecen la acción de gobierno. Todo esto parte del hecho de que no se establecieron compromisos concretos entre todas las fuerzas, y de que pocos son los que se asumen como parte de la responsabilidad del gobierno, y no sólo de sus beneficios o dividendos.

En efecto, ayer el Gobernador del Estado hizo un llamado a las organizaciones “aliadas”, y a todos, a sensibilizarse y saber “que el gobierno ya cambió”. Y es que al iniciar la semana, un grupo identificado con el PRD encabezó acciones de protesta. Ante ello, de acuerdo con información de la Agencia Quadratín Oaxaca, el Mandatario señaló que al ser Movimiento Cívico una organización que es parte del perredismo, y que formaron parte de la coalición, también “deben entender que deben ayudar”.

En esta lógica, el Gobernante dijo algo que es crucial, pero que asimismo debe ser verdaderamente llevado a la práctica: “Cuando uno es gobierno de coalición hay que cogobernar y eso significa ayudar a los gobiernos no a perjudicarlos, pero eso ya es de cada quien”, expresó.

Esto lo dijo el gobernador Cué en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. En estos mismos días, ha reconocido que luego de que acuda al Congreso del Estado habrá de anunciar cambios en su equipo de trabajo. Por eso parece determinante este primer reconocimiento respecto no sólo a sus aliados, sino particularmente hacia el partido (el PRD) que ha sido el mayor beneficiario de las decisiones políticas de su gobierno, pero que no por ello deja de asumir posiciones similares a las de un radicalizado y voraz partido de oposición.

Y es que en estos dos años, ha sido público y notorio el hecho de que las fuerzas políticas que acompañaron a Gabino Cué como candidato a Gobernador, se han dedicado a cobrar, con altos intereses, los favores y los supuestos apoyos que le dieron para consumar la alternancia en la entidad. En esa vorágine del cobro de facturas, no han dudado en recurrir a sus métodos de lucha de siempre, aunque ahora con la diferencia de que ex dirigentes, líderes y personeros de grupos supuestamente representativos de cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición, se encuentran también incluidos en las nóminas de casi cada una de las dependencias que integran la administración estatal.

El problema, en los partidos, es que con nada se sienten representados y que, del mismo modo, con nada se dan por satisfechos. Por eso, a pesar de que algunos representantes de cada uno de los partidos tienen posiciones en el gobierno, de todos modos todos quieren ser parte de los beneficios que pueden existir. Nadie asume las responsabilidades. Y por eso, aunque podría pensarse que Gabino Cué es el gobernador que tiene más aliados y respaldos en el ánimo político estatal, lo cierto es que es el Gobernante al que más han intentado extorsionar y arrinconar para que termine cediendo a los intereses y las ambiciones de cada uno de esos grupos.

COMPROMISOS INEXISTENTES

Si en la trinchera de los partidos el problema es que no se sienten responsables de lo que pase en el gobierno, en la trinchera de éste el problema es que nunca estableció compromisos que cada uno de los partidos se comprometieran a cumplir a cambio de las posiciones y el respectivo de maniobra —político, administrativo, electoral, etcétera— que les entregaba con los cargos y las prebendas. Esa es la razón por la que esta coalición nació siendo un dar todo a cambio de nada. Y por eso mismo, hoy comienza a crujir la tolerancia de quien encabeza la administración, frente a los excesos que se cometen a la vista de todos.

Ante la situación actual, Gabino Cué tiene todo el derecho de comenzar a no soportar la situación. En los hechos, él es el único que está pagando no sólo los costos políticos naturales de quien gobierna, sino que adicionalmente su gobierno paga otros costos altísimos por asumirse como rehén de intereses de los partidos integrantes de la coalición, que sin ningún pudor reclaman posiciones, espacios, atención y recursos, como si eso fuera parte del compromiso democrático que asumieron con el triunfo electoral, y no un abierto acto de extorsión que, si ya sería grave si se hiciera en privado, lo es mucho más porque se hace en público a través de manifestaciones, bloqueos, entorpecimiento de la actividad pública y declaraciones de prensa.

El problema es que, en las condiciones actuales, esto no tiene para cuándo terminar. Si el gobierno decide separar a quienes representan esas cuotas, lo más lógico es que el tercer año de gestión sea mucho más golpeado, hostil y costoso —entre los mismos integrantes de la Coalición— que los dos que ya han transcurrido; si decide sostenerlos, lo más lógico es que continúen llevando a cabo las mismas prácticas de extorsión que hasta ahora. Por eso debiera ser de primera prioridad el establecimiento de un pacto de compromisos que, aún dos años después, comenzara a darle rumbo y sentido a la alternancia de partidos en el poder que se logró en 2010.

Eso, que parece tan básico, en realidad no existe. Los partidos integrantes de la coalición ni siquiera se comprometieron en el pacto por la gobernabilidad al que, como los llamados a misa, convocó el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, en meses pasados. Los integrantes de la Coalición, en el Gobierno del Estado, se sienten parte de una cuota y no de una responsabilidad. Por eso, mientras su permanencia siga estando asegurada, continuarán cobrando y exigiendo como lo han hecho hasta ahora.

COALICIÓN CON PROGRAMA

Algo similar debían hacer en el Congreso, si es que alguien pretende que la Coalición sea algo más que la “aplanadora priista” de lo que ellos mismos denominan como “el viejo régimen”. Debe haber programa, debe haber metas y debe haber compromisos claros, a cambio de las ventajas del poder. Eso es lo que implica el cogobierno. Mientras no lo hagan todo seguirá funcionando en base a chantajes, a extorsiones y a irresponsabilidades, como las que hasta hoy hemos visto por parte de los supuestos aliados del Gobernador del Estado.

+ Prerrogativas y posiciones: ¿Es el botín o la política?

Luego de tres intentos, ayer la organización Shuta Yoma recibió la acreditación como partido político local, con lo que, dice, se convertirá en el segundo partido indígena de Oaxaca. Esto, que podría ser celebrado como un triunfo más de las causas indígenas que siempre han estado marginadas, en realidad se presenta, o debía hacerlo, como un fuerte llamado de atención contra todos aquellos que se han aprovechado de ciertas banderas para obtener beneficios personales o de grupo, pero sin atender las causas por las que se supone que existen.

En efecto, de acuerdo con el doctor Francisco Martínez Sánchez —magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca cuando se le otorgó el registro al Partido Unidad Popular—, la agrupación Popular Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) solicitó en el mes de abril del año 2003 su registro como Partido Político Local, denominado Partido Unidad Popular (PUP) ante el Instituto Estatal Electoral, sin lograr sus pretensiones; acudió en apelación ante el Tribunal Electoral del mismo Estado, órgano jurisdiccional que mediante ejecutoria de 10 de noviembre de 2003 ordenó otorgar el registro como partido político local al Partido de Unidad Popular.

“En la emisión de esta resolución —dice el magistrado Martínez Sánchez—, se aplicó una administración de justicia garantista, y protectora de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, considerando que la organización política MULT, se integraba por grupos étnicos, mismos que reconoce el artículo 16, de la Constitución local, mostrando sus documentos básicos, que ofrecen una plena participación de los grupos indígenas.

Todo esto lo señala el magistrado Martínez en un artículo denominado “El primer partido político indígena en México”, publicado en el número 13 de la revista Derecho y Cultura, en el año 2004. Ahí mismo señala que, hasta entonces, en diversos foros se había planteado la importancia de que las poblaciones indígenas cuenten con presencia en el gobierno, ya que al obtener un proceso de autonomía, autodeterminación y homogeneidad existe una nueva forma de relación y realización ante el Estado, le deberán ser reconocidos (además de sus autoridades tradicionales), representantes políticos legítimos de sus poblaciones ante las legislaturas locales y la federación.

Es evidente que en Oaxaca eso se ha planteado desde hace años y, a pesar de la existencia de un partido político local con casi una década de existencia, eso mismo se sigue haciendo. Pues si bien se recuerda, ante el reconocimiento del PUP como partido indígena local, en Oaxaca hubo importantes manifestaciones de apoyo por parte de grupos de académicos, intelectuales, universitarios y ciudadanos, que públicamente manifestaron su apoyo a esa causa. Varios que hoy tienen cargos importantes en la función pública, en un primer momento se dijeron partidarios de esa nueva organización política, y de la realización de los propósitos de inclusión y apertura del poder público hacia los indígenas.

Lamentablemente, en este caso nada de eso ocurrió. Al año siguiente de su registro como partido, el PUP, con todo y sus raíces e ideales indígenas, ya se había formado en la fila de los intereses por el poder, y sirvió de escalón para que el PRI no perdiera el gobierno y la mayoría legislativa en la entidad. Así sobrevivió los siguientes años, y para la elección estatal de 2010 estableció un conjunto de postulaciones que ya en nada reflejaban sus intenciones iniciales, y que de nuevo resultaron ser un salto a la nada.

El resultado de todo eso, es que el PUP tiene una sola posición en el gobierno estatal (la Vocería del Poder Ejecutivo, que según parece no realiza ninguna función de importancia y que está ocupada por la ex candidata a Gobernadora por ese Partido, María de los Ángeles Abad Santibáñez, que representa cualquier otra cosa menos a la comunidad indígena de los triquis en la entidad), y una diputación en la LXI Legislatura del Congreso del Estado.

El problema es que resulta que el “diputado indígena” de la Cámara de Diputados es Carlos Enrique Hampshire Franco quien, según las propias estadísticas legislativas de la Cámara de Diputados, no tiene una sola participación en tribuna, no tiene propuestas ni puntos de acuerdo presentados, no tiene participación relevante en la Comisión en que participa, y tampoco ha tenido interés en defender la causa indígena por la que se supone que existe el partido al que representa.

¿COMPROMISO O FARSA?

Shuta Yoma viene, como partido político, a seguir el camino que trazó Unidad Popular. Ese camino, se supone, tiene que ver con la defensa de los intereses y los derechos de las comunidades indígenas de Oaxaca. Por eso, en ciertos sectores de la sociedad esa noticia fue relativamente bien recibida. El problema es que, en ciertos momentos, el propio Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana llegó a considerar que esa agrupación utiliza de forma maniquea las banderas indígenas, y dudó que la integración de ese partido fuera todo lo real y verificable que establecen los documentos que presentó para acreditarlo.

¿Cuál es la duda de fondo? Que Shuta Yoma sea sólo un intento más, similar al desaparecido partido político que tuvieron en sus manos Manuel Pérez Morales y Guadalupe González Murillo, del que sólo trataron de sacar provecho para sus causas particulares, pero sin tener la mayor posibilidad de consolidar el proyecto democrático que decían tener.

Además, al alcanzar su registro como partido político local, sobre Shuta Yoma caen los antecedentes del PUP y su invisible representación indígena, así como las dudas naturales sobre el particular interés que representa en muchos la posibilidad de tener un partido político, no para buscar los intereses democráticos y políticos establecidos en sus documentos básicos, sino para conseguir los recursos económicos de las prerrogativas, y los espacios en los órganos del gobierno y el Poder Legislativo, que quedan a disposición cuando se tiene posibilidad de incidir en el resultado de los procesos electorales.

INDÍGENAS, OLVIDADOS

Ciertamente, no existe forma de obligar a que los partidos indígenas locales registren o postulen únicamente a personas que se consideran como integrantes de un pueblo originario. Por eso los intereses de los indígenas están olvidados. ¿A poco no los triquis están peor que nunca? Ojalá que Shuta Yoma no siga esa misma ruta. Aunque quién sabe…

+ Discrecionalidad, en pactos para ejercer el poder

Ahora que estamos unas cuentas semanas de que la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo cumpla sus dos primeros años, debiera ser un imperativo lanzado desde la sociedad hacia los partidos y hacia el poder público, el de conocer qué costos y qué implicaciones ha tenido la manutención de la alianza gobernante en los tres poderes del Estado. Esta debiera ser una necesidad democrática, que sin embargo se olvida y se oculta ante la necesidad de mantener en la discrecionalidad ese asunto que debería ser del conocimiento de todos.

En efecto, en Oaxaca, como en el país, vemos cómo casi todos los días se forman y se rompen las alianzas entre los partidos, gobernantes o de oposición, o las que también se hacen entre algunas facciones partidistas con quienes ejercen el poder del Estado. A todos siempre nos dicen que esas son alianzas en pro de la democracia. Pero nunca nos dicen cuál es su contenido, cuáles son sus alcances, y cuál es el costo que éstas tienen no sólo para el poder o la autonomía de los partidos, sino para todos los ciudadanos. Eso es algo que, sin embargo, todos deberíamos saber.

El caso de Oaxaca es paradigmático, y aunque seguramente todos lo conocemos, lo cierto es que nadie sabe bien a bien qué límites tiene la alianza que aquí gobierna. Conocemos, por ejemplo, que la historia de la conformación de esa coalición de partidos tuvo fundamentalmente como objeto la expulsión del poder del PRI, y particularmente la terminación del régimen del gobernador Ulises Ruiz.

También conocemos aquella otra historia en la que se dijo que la alianza en el ejercicio del poder significaba pluralidad y que ésta traería como objeto la gobernabilidad. E incluso, en el caso del Poder Legislativo, los partidos coaligados intentaron construir una agenda común, que ni ha sido respetada, ni ha sido ponderada, y mucho menos ha sido priorizada por las fuerzas políticas que gobiernan, ante la avidez que han demostrado por las posiciones, por los recursos y por las cuotas de poder que todos los días reclaman al gobierno del que quieren dividendos, pero en el que no asumen responsabilidades.

Los reclamos, y la inmovilidad por el chantaje mutuo de los partidos que gobiernan, los vemos a diario. En el primero de los casos, hemos visto con toda claridad, cómo sin ningún pudor tanto el PAN, como el PRD (el PT y Movimiento Ciudadano no lo hacen, no porque no quieran, sino porque ni para eso tienen la fuerza suficiente) han manifestado con toda puntualidad que están inconformes con la alianza porque no se les han dado todas las posiciones y los recursos que merecen.

En el caso de los chantajes, hemos visto exactamente lo mismo: Quienes tienen posiciones en el gobierno, como cuota por el acuerdo del Gobernante con un partido en específico, sin ninguna consideración se dedican a entorpecer la labor pública porque en ella también están incluidos supuestos compañeros de alianza, a los que en realidad ven como adversarios. Como no quieren que aquellos avancen, éstos entorpecen la labor pública, o incluso fungen por la mañana como funcionarios, y por las tardes como luchadores sociales. Si en la mañana dizque resuelven problemas, por las tardes se dedican a crearlos. Y con ello no hacen otra cosa que boicotear un proyecto de cambio, al que ellos mismos se comprometieron, pero que no llevan a cabo porque no sienten que hayan tenido la retribución suficiente del poder al que se supone que ellos también se deben.

RETRIBUCIONES, ¿CUÁLES?

Hablamos con toda normalidad de las retribuciones, de las ganancias, de los espacios, de las cuotas e incluso del botín que, respectivamente, ha conseguido cada uno de los partidos por participar en la alianza que hoy gobierna en Oaxaca. Sin embargo, más allá de lo que conocemos por filtraciones o por estimaciones, nadie en nuestro estado puede decir —ni se atrevería a hacerlo, desde el poder del gobierno o desde los partidos— qué implicación exacta tuvo la alianza, cuánto nos costó, qué espacios se cedieron y qué proyecto político se defiende con ello.

Sobre todo lo primero no puede decirse, porque hacerlo implicaría la necesidad de transparentar una alianza que es profunda y particularmente discrecional. Lo último, relativo al proyecto, tampoco pueden transparentarlo, porque ha quedado perfectamente claro que esta alianza sirve para proteger y preservar intereses, pero no para defender o cristalizar un proyecto político, un programa de gobierno e incluso una visión ideológica de lo que debe ser el Estado, el gobierno o la administración pública.

Ese es un problema grave. Pues de esa discrecionalidad y falta de nociones y puntos de referencias (es decir, de compromisos contraídos y firmados a la vista de todos) parten muchos de los graves problemas que hoy tiene la administración. Aunque surgió y se supone que gobierna con una coalición, lo único cierto es que los mayores problemas y a los mayores adversarios los tiene ahí dentro, en donde se supone que todos deberían ser compañeros.

En este sentido, es impensable el hecho de que un gobierno como el actual de Oaxaca, que tiene enfrente a una oposición priista invisible, obtusa, codiciosa e inoperante, tenga también tantos problemas para cumplir sus objetivos y para materializar las acciones que intenta. Tiene todos esos problemas, sí, porque tiene muchos adversarios. ¿Y dónde están esos adversarios? En esa misma alianza, en la que las cesiones son del todo por nada. Y en la que todos gozan de los beneficios pero nadie asume los compromisos, porque nadie sabe cuáles son ni cuánto nos costaron.

Por eso, mientras aspectos como esos sigan estando en la opacidad la alianza seguirá costándonos, a todos, hasta lo que no imaginamos. Y además seguirá siendo una patente de corso para que todos sigan haciendo de ella un botín y no el compromiso por el que la mayoría de los oaxaqueños votó por el cambio. Esto es un idealismo. Es cierto, pero es así no porque una alianza no pueda transparentarse, sino porque todos los que hoy se benefician del poder prefieren la opacidad, para hacer lo que quiera a total discreción, y para no rendir cuentas a nadie.

CONDOLENCIAS

A través de estas líneas hacemos patente nuestra solidaridad y afecto hacia nuestro amigo Enrique Ceballos Bustamante, y su apreciable familia, ante la lamentable pérdida de su señor padre, el ingeniero Galdino Joel Ceballos Contreras. Los acompañamos en este profundo dolor, y hacemos votos por su pronta resignación. Descanse en paz.

+ Congreso: hay intereses que no se pueden ocultar

Ayer, con motivo de una actividad de un organismo aparentemente civil, la fracción del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado demostró que su suerte, y sus complicidades, están echadas respecto a la integración de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Rompiendo toda regla de equidad, de decoro y hasta de prudencia, los integrantes de la fracción perredista ocuparon un acto de fines académicos para destapar a quien será su carta fuerte para esa Comisión. Eso, de nuevo, pone en evidencia que la democracia es sólo un juego de simulación para ellos, porque finalmente todo lo terminan arreglando en base a componendas e intereses que nada tienen que ver con los órganos autónomos.

En efecto, desde el medio día de ayer jueves, circulaba en redes sociales una foto en la que aparecían, sonrientes, los diputados Alejandro López Jarquín y Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción del PRD, y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, respectivamente, con Juan Gómez, que es aspirante a consejero de la Comisión de Transparencia e integrante del llamado Capítulo Oaxaca de la Amedi. Nada tendría de raro todo esto, si no fuera por el contexto en el que se dio ese “respaldo”, y la forma en cómo la candidatura de Gómez se ha manejado dentro mismo del Congreso, como carta fuerte de la fracción perredista para el cargo de Comisionado de Acceso a la Información.

Esta fotografía es punta de lanza de algunas cuestiones, que debemos ir desglosando una por una. Pues en primer término, los mismos asistentes a ese evento —en el que se valieron del prestigio de un investigador y, ese sí, académico de la talla de Raúl Trejo Delarbre, para “aperturar” una cátedra sobre derecho a la información—  aseguran que en realidad todo tuvo como telón de fondo la intención de la fracción perredista, en pleno, de capitalizar el acto hacia la elección de Consejeros para la Comisión de Transparencia.

Eso, desde el ángulo que se le quiera observar, implica el rompimiento de las reglas mínimas de equidad que los diputados mismos establecieron como forma mínima para la elección de consejeros. Y es que, es cierto, como fracción parlamentaria, el PRD tendrá una propuesta. Sin embargo, el pésimo mensaje es que una vez más el “proceso” para elegir Consejeros de Acceso a la Información será una tomada de pelo, pues todo, o quizá alguno sector importante del aparato gubernamental (como en los viejos tiempos priistas) se está moviendo para respaldar a un personaje (Juan Gómez) que sólo ha sido empleado, y ha servido como instrumento para fines que nada tienen que ver con el genuino derecho a la información, y que más bien están asociados al hecho de que Amedi hasta ahora ha sido el brazo golpeador de algunos que, desde el poder, intentaron enderezar una embestida fulminante contra los medios de información en Oaxaca. Por eso, según parece, hoy reclaman su cuota de poder.

Del mismo modo, es un mal mensaje que los diputados López Jarquín, Martínez Neri, y Everardo Sánchez, descarada y abiertamente utilicen recursos públicos para promover públicamente a quien será su propuesta, pues rompe con el principio de equidad con respecto de los demás contendientes. De hecho, aseguran que la biblioteca Francisco de Burgoa fue facilitada por intervención del propio Martínez Neri, en su calidad de ex rector de la UABJO, de la que depende el mencionado recinto.

Y, ahora bien, existe un último cuestionamiento que hoy se menciona con insistencia dentro del propio Congreso. En varios encuentros, la fracción perredista ha asegurado que Juan Gómez es uno de los favoritos para convertirse en su propuesta, porque es el único de los aspirantes que tiene méritos académicos.

Qué limitaciones demuestran los diputados al asegurar lo anterior. Pues pareciera que más de uno se ha ido con la finta de que, a partir del membrete que Gómez y otros personajes utilizan en Oaxaca, en realidad realizan trabajo académico y no la labor de golpeteo político y mediático, que está a la vista de todos.

El mérito académico surge de la posibilidad de demostrar y acreditar capacidades y aportes intelectuales y científicos, a través de publicaciones especializadas en una materia, y en la impartición de cátedras específicas. En un plano secundario se encuentra la posibilidad de acreditar esos méritos a través de los grados académicos obtenidos a través de la acreditación de estudios específicos. Es evidente que, en este caso, Gómez y sus compañeros de Asociación no figuran en uno u otro rubro. Y es claro que entre los aspirantes sí existen personajes con todos los méritos posibles, que sin embargo están siendo desdeñados por la satisfacción de las cuotas y los compromisos entre grupos políticos.

INCONGRUENCIA

Amedi ha criticado —incluso hasta el inadmisible grado del insulto—, a quienes, según ellos, “viven” de la publicidad oficial. Sin embargo en este caso, en que la fracción parlamentaria del PRD mantiene una relación comercial con algunos medios de comunicación (la llamada “publicidad institucional”, aspecto que ha combatido Amedi), los integrantes de esa Asociación ahora olvidaron su postura sobre la publicidad, y cómodamente promovieron, desde los espacios pagados por el PRD, a su candidato Juan Gómez. Los integrantes de esa supuesta “liga de la decencia” de los medios informativos (en los que nunca han trabajado), quizá pensaron que así tendrían asegurada la cobertura.

Es decir, ante todo esto, bien cabe la presunción de que se usó dinero público, por la vía de la fracción perredista, para la promoción de actividades ajenas al Congreso, pues lo que se sugiere con la presencia de todos los mencionados en esta “cátedra”, es la promoción de este personaje, Gómez, que aspira a ser parte de la Comisión de Transparencia no por sus méritos, sino por ser el pago de una cuota.

¿QUIÉN PAGÓ?

Finalmente quedan algunos detalles que debían ser transparentados: ¿Quién pagó el boleto de avión, hospedaje y demás gastos de Raúl Trejo? ¿Lo hizo el Tribunal Estatal Electoral, de donde es empleado Gómez, y cuya presidenta, la magistrada Mireya Santos, estuvo en primera fila? ¿Fue el Congreso? ¿O todo se pagó de la bolsa de quienes integran Amedi? Lo que queda claro es que esta fue, más bien, una cátedra de cómo terminar de destruir lo que quedaba de credibilidad y de responsabilidad del Congreso para integrar los órganos autónomos. Qué lamentable.

+ Cambio de régimen: una oportunidad paradójica

Ayer, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado en el que agradece las gestiones realizadas por la Comisión de Mediación respecto a sus dos militantes desaparecidos, y da a entender que la tregua que decretaron hace tres años llegó a su fin. Las afirmaciones que hace el grupo armado respecto a Oaxaca, son determinantes para terminar de entender el complejo contexto en que ocurrió el conflicto magisterial hace seis años. Y el momento en que se termina la tregua parece asimismo calculado para darle una nueva dimensión a sus exigencias justo en el momento en que se acerca el cambio de administración en el gobierno de la República.

Vayamos por partes. Pues por un lado, pecan de ingenuos, o de timadores, aquellos que afirman que el movimiento magisterial y popular tuvo sus bases en grupos de espontáneos que organizadamente intentaron llevar a cabo acciones hostiles para tratar de generar la percepción de que en Oaxaca se vivía un estado de ingobernabilidad. En realidad, el conflicto magisterial tuvo respaldo en organizaciones con otro tipo de experiencias y entrenamiento, para poder llevar a dimensiones superiores la protesta social, que si hubiera sido por los solos maestros y “pueblo solidario” no habría pasado de las marchas y de los plantones.

En ese contexto se inscribe la presencia del EPR en el conflicto magisterial de Oaxaca. Cuando en mayo de 2006 inició el conflicto magisterial, éste se reducía a una escalada de acciones del magisterio, que ciertamente estaban ya radicalizados pero que no superaban las acciones que ellos históricamente habían llevado a cabo para poner contra la pared al gobierno y obligarlo a negociar. Fue el desalojo de maestros, el 14 de junio de ese año, cuando la situación adquirió proporciones superiores, pues de la protesta pasaron al enfrentamiento, y luego a las hostilidades mutuas, en las que de entrada los maestros se encontraban en una situación de inferioridad, ante los ataques policiacos del Gobierno del Estado.

Esa situación fue la que abrió la puerta a “colaboraciones” con el magisterio, por parte de grupos que, además, no eran ajenos o lejanos a ellos. En diversos momentos, la guerrilla eperrista ha aceptado públicamente, en sus comunicados, que muchos de sus integrantes se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial “en su calidad de luchadores sociales”.

Sólo así puede entenderse que, aparentemente de forma espontánea, el llamado “pueblo de Oaxaca” —es decir, los grupos inconformes— pudieran defenderse con barricadas, con sistemas de comunicación a ras de tierra (a través de cohetones o campanadas, por ejemplo), con la toma de estaciones radiofónicas para difundir sus comunicados y mensajes, y con la puesta en marcha de auténticas estrategias de defensa ante los ataques de las fuerzas policiales, que no sólo se redujeron a escaramuzas con elementos estatales, sino con diversos encuentros en los que lograron replegar a la Policía Federal Preventiva, que intentaba hacerlos retroceder y recuperar los espacios que mantenían ocupados. Esas acciones, pues, eran todo menos casualidad.

Con ese contexto, pueden entenderse claramente la aceptación que hace el EPR de su participación en el conflicto de Oaxaca, cuando inician el comunicado emitido la tarde de ayer asegurando que “la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, se da en un contexto de auge del movimiento popular magisterial y la escalada represiva del gobierno estatal y el federal, encabezado por el PRI y el PAN respectivamente. Crimen de lesa humanidad y de Estado que vino a desenmascarar a nivel nacional e internacional la sistemática e ininterrumpida práctica terrorista del Estado mexicano desde los años 60.

“Debemos recordar que su presencia en esos momentos en Oaxaca fue coadyuvar en el desarrollo del movimiento de masas, ya que el deber moral de cada miembro del partido es jamás abandonar al pueblo en sus luchas a pesar de los riesgos que corramos. A nadie se le debe olvidar que en Oaxaca siempre hemos estado presentes dentro de las luchas populares, hombro a hombro con ese pueblo que siempre ha tenido conciencia y voluntad de combatir. Aunque muchos en su carrera oportunista quieran omitirlo.”

MOMENTO DETERMINANTE

Luego de hacer una larga reflexión sobre la situación que prevalece en torno a la desaparición forzada de personas en nuestro país, y de reconocer la labor de la Comisión de Mediación, el EPR lanza una advertencia: “Del curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno.” ¿A qué se refieren con lo anterior?

Esto tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad del reinicio de las hostilidades y los actos de sabotaje. Recordemos que en la segunda mitad de 2007, el EPR perpetró una serie de acciones en contra de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como una forma de protestar en contra de las desapariciones forzadas de sus compañeros, y también como una forma de que el gobierno de la República los presentara con vida o dispusiera lo necesario para la realización de las investigaciones.

Hoy están tratando de construir un escenario similar al habido cuando ocurrieron esos actos de sabotaje. Si bien recordamos, luego de que se supo de las desapariciones, hubo una especie de “pase de lista” de todas las células regionales del EPR en el interior de la República. En los últimos meses, todas las comandancias de zona (Oaxaca, Estado de México, Valle de México, Michoacán, Guanajuato, Veracruz), excepto Puebla y Guerrero, han hecho manifestaciones públicas, emitiendo todas el mensaje de que están listas para cuando se giren indicaciones relativas al reinicio de las acciones armadas relacionadas con sus desaparecidos.

CAMBIO DE RÉGIMEN

Ha quedado claro que la lucha eperrista en los últimos años ha sido fundamentalmente política. Por eso ellos mismos solicitaron la conformación de la Comisión de Mediación y luego decretaron la tregua. Esa es la misma razón por la que han elevado a todos los niveles posibles la denuncia sobre las desapariciones forzadas que han ocurrido en el país y las acciones que el Estado ha tomado contra los luchadores sociales. Lo que intentan es fijar su tema, a través del amague, en la agenda de la nueva administración federal. Con el fin de la tregua, no tendrán problema en conseguirlo.

+ Peleas, por el poder que no tienen

Más allá de los intereses personales y de grupo que vigorizaron las estruendosas inconformidades que generó el cambio de dirigencia en el Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, existen cuestiones que son las que verdaderamente debían tener a la militancia y la cúpula del tricolor en un verdadero estado de incertidumbre. Aunque falta menos de un año para los comicios estatales, en la entidad no hay estructuras electorales, ni trabajo territorial, ni representaciones del tricolor oaxaqueño (ni nada). Y es que a la incertidumbre por la dirigencia estatal se ha sumado la sorna y el desinterés con el que los sectores y las organizaciones de ese partido han realizado el “trabajo partidista” en los últimos dos años.

En efecto, desde los aparentes tiempos lejanos del 2010 se decía que la verdadera elección que volvería a poner a cada partido en su exacta dimensión en Oaxaca, sería la intermedia de 2013. Como ya se sabía que el PRI había perdido la gubernatura y la mayoría en el Congreso, y se veía sólida la alianza de partidos que habían llevado a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura, era fácil prever el escenario para los años siguientes.

En 2012 las fuerzas de derecha y de izquierda irían solas por razones que rebasaban el ámbito estatal, y realmente el resultado de los comicios federales sería poco trascendente para Oaxaca por estar también dominado por factores externos, y porque además éstos no ponían en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del régimen gobernante.

En el caso específico de los comicios federales de julio pasado, se sabía que estarían determinados por la fuerza que lograran tener los candidatos presidenciales. En el caso oaxaqueño, específicamente, había la claridad de que Andrés Manuel López Obrador le haría el trabajo electoral a la gran mayoría de los que pretendían ser diputados o senadores, y que finalmente el resultado de la elección para legisladores federales en la entidad, no sería sino un espejo de los comicios presidenciales. Así fue. Y por eso el PRD ganó casi todas las posiciones legislativas.

Por eso todas las miras estaban puestas en 2013. Desde 2010 y hasta ahora, el PRI se había engallado y había asegurado que, según ellos, los malos resultados de la administración de Gabino Cué como Gobernador, serían determinantes para que en los comicios intermedios la gente volviera a dar su voto al PRI. Sin embargo, cuál ha sido la sorpresa que en estos dos años los partidos que cogobiernan han demostrado que sí tienen gran capacidad de organización electoral, que también tienen fuerza y que son capaces de disputar el poder y de conservarlo cuando ya lo tienen en las manos.

Empero, ¿qué ha pasado con el priismo? Que aunque lo lógico debiera ser que en estos dos años como fuerza de oposición, el PRI debiera haber tenido el tiempo, el orden y la paciencia para organizarse milimétricamente para disputarle el poder al gobierno y su coalición, lo cierto es que todo este tiempo lo ocuparon en pelearse, en disputarse un poder que ya no tienen, y en continuar en una lucha intestina que no los ha llevado a nada. Lo más grave, es que el tiempo invertido en sus batallas internas es directamente proporcional al nivel de devastación que existe en sus estructuras electorales.

DISPUTAS E INDIFERENCIA

Uno de los cuestionamientos de fondo que, objetivamente, más pesó sobre Jorge Esteban Sandoval Ochoa como delegado presidente del PRI en Oaxaca, es que nunca tuvo tiempo o disposición para recorrer el estado y hacer todo el trabajo territorial que, necesariamente —y hasta por tradición política— debe hacer todo líder priista en nuestra entidad.

Si esa práctica nació de copiar al Presidente en turno, que viaja constantemente a las entidades federativas para refrendar políticamente el pacto federal que nos une como nación, en Oaxaca existe una tradición muy arraigada de que el Presidente del PRI debe recorrer constantemente la entidad para refrendar —aunque sólo sea de palabra— el compromiso y la cercanía de la dirigencia del PRI con su militancia y con sus representaciones en las regiones del Estado.

Si lo vemos fríamente, ese refrendo podría ser asumido incluso como una mera pose. Sin embargo, todo aquel que conoce de verdad el trabajo territorial del PRI, sabe que la gira de un Presidente Estatal viene necesariamente antecedida por el trabajo de los delegados del Partido. Un Líder priista no llega a un municipio si antes no había sido preparado un evento, si no se había conformado ya un Comité Municipal, y si no existiera un conjunto de personas dispuesto a recibirlo. Por eso, la decisión de recorrer el Estado tenía siempre implícita la tarea de conformar estructuras regionales, o evaluarlas, o simplemente refrendarlas.

Nada de eso ocurrió con Sandoval Ochoa. Éste, independientemente de sus amplias credenciales como estratega político, parece que no tuvo interés, o no pudo entender que el trabajo territorial por el Estado es parte de las necesidades “tradicionales” del priismo oaxaqueño. Por eso su labor siempre era la de lograr los acercamientos con las cúpulas, con las disidencias y con las expresiones en rebelión, pero siempre en la entidad oaxaqueña, y siempre dejando a un lado a la militancia priista que, al menos aquí, siempre quiere ver quién es su líder y siempre necesita escuchar la línea que se debe de seguir.

Esa indolencia de Sandoval fue, además, seguida por los dirigentes de todos los sectores, que tampoco hicieron lo que les correspondía. Por eso, si el CEN del PRI tuviera interés en hacer una evaluación real de la situación de la militancia y sus estructuras, desprovista de pasiones e intereses políticos, se daría cuenta fácilmente que una y otras se encuentran totalmente sueltas, y que hoy la dirigencia del PRI oaxaqueño no tiene ningún tipo de control ni mapa actualizado de cuál es su fuerza real, ni de cuáles son sus posibilidades de triunfo.

ELECCIONES DE EVALUACIÓN

En 2010 el PRI decía que en 2013 se recuperaría capitalizando los errores del gobierno. Hoy queda claro que la coalición se aprovechará de la situación de devastación del priismo local. La “evaluación” que se hará de los partidos, es cierto, cobrará las facturas de los no pocos errores que se han cometido desde el poder; pero también hará eso mismo con el PRI ante el descuido continuado de su militancia, ante el abandono del trabajo territorial, y ante las disputas, que sólo han provocado la dilapidación total del capital electoral con que contaban hace apenas dos años.

+ Posibilidades de reconciliación, sólo en acuerdos

Ante la nueva situación de crisis en el PRI oaxaqueño —que paradójicamente tiene todos los ingredientes necesarios, menos el de la novedad—, todos sus militantes y líderes dicen estar a favor de la reconciliación y de la unidad para ir al proceso electoral del próximo año. El problema es que, a estas alturas, los llamados a la reconciliación y a la unidad son como los llamados a misa, cuando lo que tienen enfrente son prácticas reiteradas, y quizá comunes, de avasallamiento y totalitarismo, antes que del “compañerismo” y los acuerdos consensados, que debieran ser necesarios para lograr una unidad efectiva.

El conflicto permanente del PRI, en sus más de ocho décadas de existencia, ha sido siempre por el poder. El otrora partido oficial nació justamente de la necesidad de aglutinar a la mayoría de las corrientes políticas y los liderazgos que, producto de la Revolución, se habían concentrado en las distintas regiones del país. El Partido oficial les dio cauce a todos esos liderazgos y los “institucionalizó” para que éstos giraran alrededor de la Constitución (como forma de legitimación) y del poder presidencial (como detentador real del poder), y tuvieran a cambio los espacios y los márgenes de maniobra para mantener sus parcelas de poder.

Ese método de organización duró décadas, ejerciéndose con éxito. Por eso durante casi todo el siglo XX el PRI fue un partido invencible. La construcción cuidadosa de sus jerarquías, el establecimiento del sistema institucional de recompensas frente a las demostraciones de lealtad a las Instituciones y al Presidente, la implacable disciplina edificada como piedra angular de la conservación del poder, y el respeto a la regla no escrita de que el Presidente era también el Jefe del partido, y podía disponer en él todo lo que considerara conveniente, hicieron del PRI una especie de ejército “político”, vertical, en el que todos eran parte de la lealtad jurada, o se convertían automáticamente en desertores que merecían todas las desgracias políticas. A nadie le convenía salirse de ese esquema, porque el PRI tenía nada menos que el poder.

El problema es que en Oaxaca, hoy, esa disputa permanente al interior del priismo ya no es por la preservación del poder, sino por su reconquista. Y el problema se hace mayor, y más grave, cuando pretenden luchar juntos por la recuperación de ese poder, pero bajo las mismas reglas con las que operaban cuando tenían al Estado en las manos. Por eso, lejos de encontrarse y coincidir todas las corrientes internas del priismo, todos sus procesos resultan ser siempre la misma historia de desencuentros y choques que finalmente los tienen al borde de la debacle.

Es evidente que no han entendido que si el panorama político para ellos cambió, y si ahora su lucha se trata ya no por preservar el poder sino por recobrarlo, entonces las reglas de funcionamiento de la estructura partidista, y de convivencia entre los sectores, deben cambiar radicalmente.

A eso es a lo que se supone que debía estar dedicado el CEN de ese partido: a entender los nuevos escenarios de su partido en las entidades federativas en las que dejaron de ser gobierno para convertirse en oposición, y darle las soluciones según la eficacia, antes que de acuerdo con las tradiciones. Si lo vemos con detenimiento, a eso se debe la crisis permanente del priismo en Oaxaca, que en el ámbito interno no ha aprendido a convivir sin el eje de flotación que le daba el Gobernador-Jefe Político del partido, pero que tampoco ha recibido la guía adecuada y la tutela, que estatutariamente tiene sobre ellos el CEN priista.

PROBLEMA SIN FIN

El priismo local hoy se encuentra en la misma situación que cuando un perro intenta morderse el rabo, y como no se lo alcanza, entonces comienza a dar vuelta sin fin hasta que es vencido por el cansancio. Si revisamos los últimos procesos “democráticos” del priismo local, nos daremos cuenta que todos han estado determinado por los verticalismos, por las imposiciones y por las decisiones cupulares antes que por la atención a las bases de militancia. Por eso, los priistas intentan agarrarse del hilo de la democracia, pero como éste se encuentra más lejos de lo que ellos pueden alcanzarse, brincan y caen en una cadena interminable de hechos que se repiten.

¿Cuál es la solución? Que en los sectores determinantes del tricolor pudieran entender que esos brincos y esas caídas no son sólo pretensiones de los ilusos que aún creen en la democracia y en la sensibilidad de los dirigentes nacionales, y de los integrantes de las cúpulas de ese partido, sino que debiera ser una condición determinantes para reintegrar a un partido que se encuentra desmantelado en sus bases reales.

¿Cómo tendría que llevarse a cabo esa reconstrucción? A partir de una premisa fundamental: la eliminación completa y radical de las decisiones que únicamente buscan favorecer a un solo grupo. Suena romántico y hasta imposible, es cierto. Pero es evidente que sólo a través de eso podrían volver a tener el poder que, todos, ya perdieron. Eso, paradójicamente, implica que el priismo deje sus prácticas actuales y vuelva a las bases políticas con las que nació en los años 30’s del siglo pasado. ¿Cuáles?

A las relativas a la idea de que para tener todo el poder es necesario repartirlo gradualmente entre todas las expresiones que son más o menos coincidentes. Si entendemos al PRI en su contexto histórico nos daremos cuenta que así, cediendo algo de poder para preservar los espacios fundamentales, fue como consiguieron gobernar al país durante setenta años.

No se trata de tener fórmulas mágicas, sino de que, en todo caso, el PRI vuelva a sus bases reales y elimine los vicios que se anidaron cuando el poder se les añejó y se les convirtió en ocio, y entonces cambiaron la política del intercambio y la transacción básica del PRI, por la del agandalle de los grupos, el madracismo de manera protagónica entre todos ellos, que en los últimos años tuvieron el control de ese partido, y no lo llevaron sino a casi ser declarado como desahuciado luego de los comicios presidenciales de 2006.

CAMINO TRAZADO

Ese camino trazado no es otro sino el de la derrota. Pues el “relevo” en la dirigencia del partido, no fue sino otra vuelta del tricolor en su intento imposible por alcanzarse a sí mismo. Pues de nuevo veremos el agandalle, a los agraviados, a los traidores y a los que siguen jugando las contras al PRI, con tal de que no ganen sus adversarios internos. ¿Apuestan?