+ La tele, omnipotente de nuestro tiempo

No han pasado más de tres semanas desde que se reveló en los medios informativos de la capital del país, la exigencia de una investigación ministerial motivada por la acusación violación, que una menor de edad formuló en contra del cantante Kalimba. En unos cuántos días vimos una rara actuación eficaz de la justicia mexicana. Acostumbrados a ver la impunidad y la ineficiencia de las autoridades por todos lados, hace dos días nos fuimos a dormir con la noticia de que a menos de 24 horas de que se le libró una orden de aprehensión al también compositor, éste fue aprehendido a través de una “Ficha roja” de la Interpol, aún cuando se encontraba en territorio de otra nación. Tanta diligencia de la autoridad en medio de este México surrealista, no puede más que conducirnos a la sospecha.

Aunque en México dicen los principios constitucionales que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario; y que, asimismo, toda persona tiene derecho a ser oída y vencida en juicio formulado ante autoridad competente, lo cierto es que para el común de los mexicanos Kalimba es culpable desde el día en que el presentador de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, lo confrontó, enjuició y sentenció pública y sumariamente, frente a millones de espectadores, a través de su noticiario matutino de televisión.

¿Qué ocurrió entonces? Que en un desesperado intento de defensa, Kalimba decidió no sólo enfrentarse a la justicia del Estado, sino también a los tribunales de la televisión. Aunque la acusación ministerial en su contra fue radicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el asunto se convirtió en un escándalo nacional cuando las principales televisoras del país, (Televisa, en particular) decidió emprender una escalada de información previamente determinada para enjuiciar al cantante.

Así, los noticieros de televisión dieron amplísima cobertura al asunto. Luego de varios días de acusaciones continuas, el cantautor decidió dar la cara en el noticiario matutino de esa cadena televisiva. Ahí, Loret de Mola decidió erigirse en Agente del Ministerio Público, y Juez, para en un solo momento conocer la causa, obviar la presentación de cualquier otra prueba que no fuera una confesión, cerrar la instrucción del proceso, para luego juzgar y sentenciar a quien de antemano ya había sido señalado como culpable.

Este es, sin duda, el peor escenario. Aunque la justicia del Estado apenas comenzará a conocer formalmente del asunto (si nada extraordinario ocurre, hoy sábado Kalimba será presentado ante el juez quintanarroense para que rinda su declaración preparatoria, y de ahí se fijen las condiciones del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad que se le podría librar), para la gran mayoría el cantante ya es culpable.

En estas condiciones, es no sólo temerario, sino políticamente incorrecto e incluso desatinado, asegurar categóricamente —como aquí lo hacemos en este momento— que Kalimba es inocente. ¿Por qué ceñirse a una postura que parece de antemano perdida, que es también disparatada, y que incluso parece machacona y odiosa?

Porque lejos de los reflectores de la televisión, nosotros debíamos comenzar a ver con más detalle eso: que todos aquellos que son acusados de un delito deben ser considerados inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. En función de ello, la visión general debería ser menos inquisitiva y considerar que todas las probanzas y actuaciones deben hacerse ante las autoridades que corresponde, y que todo lo demás que diga la televisión no es más que abono para la tervigersación y utilización discrecional de la justicia.

Veamos si no.

EFICACIA SOSPECHOSA

El pasado martes se cumplieron 10 años de que Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”, se escapó del penal federal de (supuesta) máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Aunque nuestro sospechosismo es exacerbado y paranoico, resulta que justamente ese día, 18 de enero, el gobierno federal anunció la aprehensión de José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, en un espectacular operativo realizado por la Policía Federal, y derivado de acciones de inteligencia encabezadas por agentes federales. Dos días después, Kalimba fue detenido.

Asegurar que esos tres hechos tienen una conexión causal, podría parecer hasta ofensivo de nuestra parte. Son simples casualidades de la vida, de las cuales no tiene control ni el gobierno federal, ni los grupos criminales, y mucho menos los presuntos atacantes sexuales de menores de edad, que también se dedican a la música, la composición y a ser estrellas juveniles.

Sin embargo, resulta que la fuga del Chapo Guzmán marcó el inicio de esta sangrienta guerra entre el gobierno federal y las bandas criminales, que no sólo ha teñido de sangre al país, sino que también ha acelerado el proceso de envenenamiento de millones de jóvenes mexicanos que hoy son adictos a alguna de las drogas comerciales.

El Chapo Guzmán, además, encabeza el cártel de la delincuencia organizada que más sangre derrama, que más muertos produce, y que tiene más impunidad no se sabe si por la incapacidad del gobierno para detenerlos, o por la existencia de algún acuerdo o complicidad. Todo esto inició, hace diez años cuando el Chapo se escapó de la prisión donde se encontraba, hace justamente una década.

Pues resulta que aunque nada de esto tiene conexiones causales formales, justo cuando la sociedad mexicana debía llegar a punto climax de cuestionamientos y recriminación al gobierno federal por esta evidente inacción para aprehender al capo de la droga, es detenido el JJ y Kalimba. Curiosamente, ambos tienen vínculos estrechos con el mundo de la farándula artística (y por tanto atraen mucha atención), pero son elementos irrelevantes para los verdaderos problemas de impunidad que tiene nuestro país.

Si el JJ no le hubiera disparado al futbolista Salvador Cabañas, y no tuviera un hijo con la famosa “Chiva”, hoy podría seguir operando libremente todos los negocios ilícitos en los que estaba involucrado; del mismo modo, si no hubiera sido Kalimba el acusado de violación, seguramente el presunto atacante de esa menor de edad estaría libre, cruzando cualquiera de las dos fronteras que tiene México.

¿ESO ES JUSTICIA?

Es lo que debíamos preguntarnos. Esta es una acción insignificante e intrascendente de la justicia: le dan pan y circo al pueblo para que crea que este es un país de leyes; pero los grandes criminales viven en la impunidad absoluta.

+ Congreso: deben mejorar, no copiar a Federación

Una de las premisas fundamentales de la democratización del poder, se encuentra en la inclusión y la participación de los ciudadanos en los procesos relacionados con la vida pública del estado o país, para que a través de ellos esos procesos y decisiones tengan legitimidad, credibilidad y aceptación general. Aunque en Oaxaca vivimos supuestos “nuevos tiempos”, y la democracia y la transición llegaron con la alternancia partidista en los poderes Ejecutivo y Legislativo, aún nos encontramos lejos de una verdadera ciudadanización y, al contrario, existe hoy el riesgo real de una potencial regresión o estancamiento democrático. Veamos por qué.

Como ya lo hemos dicho en otros momentos, el poder se ejercía tradicionalmente en Oaxaca en base a viejas reglas delineadas por los verticalismos propios de un régimen de partido y gobierno hegemónicos y, en buena medida, autoritarios. Desde mediados del siglo XX hasta hace apenas unos meses, gobernó la entidad un ente que, aunque era una unidad, estaba dividido entre un partido y un equipo de gobierno.

En efecto, la dualidad de gobierno-partido que aquí ejerció el priismo, fue característico de un régimen no de partido de Estado, sino más bien de partido hegemónico. Esto porque aún cuando se cumplía con todos los imperativos democráticos respecto al voto y la participación “democrática” (había elecciones, los votos se contaban, y todo se ajustaba a las reglas constitucionales de la renovación de los poderes), en realidad existía una inequidad visible entre las posibilidades de triunfo, y los medios —económicos, políticos, de coacción, etcétera— con los que contaba el llamado “partido oficial” para realizar su trabajo electorales, respecto a sus adversarios de la oposición.

Todo esto permitió que, en los hechos, el Gobernador del Estado tuviera un poder omnímodo, preponderante y avasallante respecto a los poderes Legislativo y Judicial. Unos y otros, en prácticamente toda la extensión de la palabra, asumían que el dictado del Gobernador era orden, que ellos eran empleados o subordinados suyos, y que por tanto nada valía más que una decisión tomada y anunciada por el Mandatario. Ese era, pues, el ejercicio vertical del poder, que luego se convirtió —y así fue señalado— en una práctica autoritaria.

Frente a ello surgieron dos grandes batallas. Una de ellas fue la de los partidos de oposición, y la otra la de los ciudadanos. Los primeros generaron, no sin innumerables fallas, las alianzas y los puentes necesarios para poder unirse y enfrentar civilizada y democráticamente a quienes ejercían el poder plenamente y no estaban dispuestos a cederlo sin antes oponer resistencia. A nivel federal, hubo alternancia y comenzó un proceso largo —e inconcluso, y ahora más bien inmóvil— de desincorporación de los verticalismos y autoritarismos.

La otra batalla, fue la que poco a poco fueron ganando los ciudadanos a través de los procesos y las tareas en las que fueron ganando terreno. La llamada “ciudadanización” particularmente permeó en todas aquellas tareas que tenían que ver con la fiscalización y control del poder a través de medios e instituciones distintas a las tradicionales.

En los órganos autónomos, particularmente, hubo necesidad de reforzar el paso hasta lograr que ciertos procesos como el de la rendición de cuentas, la fiscalización superior, la defensa de los derechos humanos, y la organización de los procesos electorales, quedaran en manos eminentemente de ciudadanos, para que a través de ellos, este tipo de procesos (que entrañaban en sí mismos la duda por el resultado de las votaciones, por el saqueo a las arcas públicas, la corrupción y los abusos cometidos desde el poder) tuvieran por primera vez la credibilidad y certeza que siempre les había hecho falta.

CAMINO EN REVERSA

Instituciones como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información, o la Auditoría Superior de la Federación, constituyen hoy nuevos equilibrios al poder en el ámbito federal. En su esencia, se entiende que éstos órganos debían estar encabezados por ciudadanos que no tuvieran compromisos con el poder, para poder materializar los fines propios de esas instancias que van precisamente encaminados a vigilar, revisar y acotar al poder.

Sólo que esa esencia no ha sido respetada y, al contrario, en la actualidad ha sido seriamente puesta en duda. Al decantarse el otrora omnímodo poder presidencial, éste quedó en buena medida en manos de los partidos políticos. La lógica del poder los llevó a entender que una cosa es oponerse, y otra muy distinta detentar cierta cantidad de poder. En el primero de los casos, se exige el apego a las reglas democráticas. Pero en el segundo de los casos, se está dispuesto a hacer todo lo que esté al alcance —legal o no, confesable o no, ético o no— para mantenerlo, y para no perder ninguna porción del mismo.

Eso fue lo que pasó con los partidos, que si primero lucharon codo a codo con los ciudadanos para lograr la democratización, luego decidieron arrebatarles por completo esa bandera y ondearla solos para aprovechar todos los beneficios y los espacios de poder que habían logrado. Así, por ejemplo, desde antes del 2006 el IFE dejó de ser, en el ámbito federal, la institución ciudadana icónica, para pasar a ser un ente conformado por cuotas de partido, para responder primero a los intereses de éstos, y luego a los de la democracia y los ciudadanos.

Esos mismos intentos por “colonizar” a los órganos que debían estar conformados por ciudadanos y no por cuotas de partido, se han reproducido en prácticamente todos los entes autónomos. Y esa misma historia, es la que está ocurriendo en Oaxaca, ahora que los partidos representados en el Congreso, ya se dieron cuenta que tienen parcelas de poder, y que pueden utilizarlas como les venga en gana, independientemente de que eso sea o no benéfico o constructivo para la verdadera democracia.

DEMOCRACIA EN ENTREDICHO

¿Las fuerzas políticas intentarán, en estos supuestos “nuevos tiempos”, atender a cuotas y no al interés democrático, para integrar los órganos que eventualmente serán renovados? Ya dieron una primera pauta con la integración del Tribunal Electoral. ¿Harán lo mismo con el Instituto Estatal Electoral, la Auditoría Superior y el Órgano de Transparencia? Si lo hacen, como parece, estarían contribuyendo a forjar una democracia con malformaciones congénitas.

+ ¿El mismo camino seguirán IEE, ASE y el IEAIP?

Como si fuera un simple asunto de reparto de cuotas de poder, y no una prioridad en el reforzamiento de la credibilidad y la legitimidad de las instituciones del Estado, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD decidieron, en base a sus intereses, la nueva integración del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Para conformarlo no importaron los conocimientos, la preparación o la experiencia de los aspirantes: únicamente contó la venia, las bendiciones y los intereses de los tres grupos mayoritarios de poder que existen en el Poder Legislativo del Estado. Ello constituye, desde todos los flancos, una clara regresión al sistema democrático que supuestamente nos rige, y que en estos “nuevos tiempos” los partidos prometieron apuntalar en Oaxaca.

Prácticamente desde el día siguiente a la jornada comicial, se tuvo la certeza de que todos los órganos relacionados con los procesos electorales serían renovados por completo, apenas asumieran sus cargos el Gobernador del Estado y los nuevos diputados. El triunfo de Gabino Cué Monteagudo claramente ocurrió no gracias a las garantías de imparcialidad y equilibrio, sino más bien a pesar de la conformación de las instancias respectivas, que siempre habían sido cuestionadas por su proclividad al poder, y por las supuestas relaciones indebidas que tenían con servidores públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, temas como el del “pendientito” entre el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y el entonces gobernador Ulises Ruiz —dado a conocer a través de una reveladora grabación telefónica que, sin embargo, fue obtenida ilegalmente—, o la decisión del Tribunal Estatal especializado en la materia, de forzar la entrega de una diputación local al Partido Verde Ecologista de México —a pesar de la resolución en contrario del IEE, e incluso tratando de convencer de sus dichos a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, marcaron sendos puntos sin retorno para sus integrantes. Llegado el momento serían separados de sus cargos amparados en esos cuestionamientos. Pero lo que prometieron los integrantes de la LXI Legislatura del Estado, es que ahora sí se apegarían a los criterios democráticos que marca la Constitución para elegir a sus sucesores.

¿A qué se refiere ese espíritu democrático? En términos sencillos, éste se refiere al hecho de que la Constitución del Estado establece que los integrantes de los órganos autónomos en general (como el Instituto y el Tribunal Electoral, la Auditoría Superior, el Instituto de Acceso a la Información, y demás entidades plena o parcialmente autónomas) deben ser individuos que gocen no sólo de independencia y una reputación intachable, sino también experiencia y conocimientos técnicos especializados en los asuntos que conoce el órgano respectivo. Por si fuera poco, en general la Ley Fundamental establece que debe ser estrictamente en base a esos criterios, que la Legislatura del Estado es como debe elegir a los servidores públicos respectivos.

Se supone, pues, que los legisladores debían ponderar todos esos requisitos objetivos por encima de cualquier otro, e incluso privilegiar a aquellos aspirantes que manifestaran y demostraran de mejor modo su trayectoria y también su independencia al poder. Es decir, que fueran ciudadanos comprometidos con la sociedad, y no con facciones o fuerzas políticas determinadas. Todo esto, se supone, garantizaría que las decisiones que se tomaran en esos órganos (que nacieron específicamente para controlar al poder) fueran lo más imparciales, autónomas y legítimas posibles.

Todo eso, sin embargo, les importó un comino a las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, que hicieron ésta elección de los integrantes del Tribunal Electoral, no como un auténtico ejercicio democrático acorde a los supuestos “nuevos tiempos” y “equilibrios” que ellos tanto presumen, sino como un grosero reparto de cuotas de poder.

CIUDADANIZACIÓN,

AL CESTO DE BASURA

Seguramente los diputados locales oaxaqueños lo ignoran —porque ese es el común denominador en el poco civilizado ámbito político estatal—, pero hace apenas hace muy pocas décadas otros hombres y mujeres lucharon fuerte en el país porque las instancias electorales gozaran de credibilidad y legitimidad, y dejaran de estar en manos de quienes ejercían en el poder, para pasar al ámbito de los ciudadanos. Esa fue una auténtica visión democrática, que a nivel federal se ha tergiversado, y que lejos de ser enmendada desde las entidades federativas, aquí comienza a reproducirse.

¿De qué hablamos? De que hace muy poco tiempo, cuando el ejercicio del poder era unipersonal y vertical, todas las decisiones “democráticas” las tomaba un solo individuo denominado Gobernador del Estado, y todos los demás entes obedecían el mandato y dotaban a esas determinaciones de las formas legales y democráticas que pudieran esconder ese ejercicio plagado de autoritarismo.

Ahora, cuando el Titular del Poder Ejecutivo emanó de un conjunto de fuerzas que ondearon como principal bandera la del cambio democrático, y cuando la capacidad de decisión quedó dividida en tres fuerzas en el Congreso del Estado, podría suponerse que las cosas podrían cambiar. Pero no. Lejos de democratizar el poder, unos y otros se están repartiendo, de la forma más vil, se están repartiendo su ejercicio y las parcelas que el autoritarismo dejó vacantes.

Sólo de ahí se explica que aún antes de que se conocieran formalmente las ternas para integrar el Tribunal Electoral, ya se sabía que los electos serían Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar y, eventualmente, Roberto López Sánchez. La primera, independientemente de sus conocimientos o experiencia, era quien tenía a favor la línea y la bendición del gobernador Gabino Cué; el segundo, la venia del PAN; y el tercero, el respaldo priista, que ayer mismo decidía si lo impulsaba a él o a otro personaje.

¿DEMOCRACIA?

¿Eso es democracia? Para cualquiera con más de tres dedos de frente, eso es un simple arreglo político que luego se dota de formas democráticas. ¿Se decidió por los mejores aspirantes? No. Todo esto fue según las conveniencias de los grupos, y fue una decisión tomada desde la simple lógica del poder. Y lo peor, es que ese rumbo seguirá la integración de los demás órganos autónomos de Oaxaca.