El discurso fácil apunta a que, en el contexto de las sucesivas tragedias ocurridas en México por los sismos del pasado mes de septiembre, se debe discutir y consolidar la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales en nuestro país. En realidad, dicha propuesta merece un análisis más profundo, que pase por algunos tópicos que hasta el momento no parecen estarse viendo con claridad. Vale la pena repasar algunos de ellos.

En efecto, luego de los sismos surgió de manera aparentemente espontánea un movimiento que fijó en la agenda pública la necesidad de que los partidos políticos ‘donaran’ sus recursos para la reconstrucción de las zonas devastadas. Aunque de inicio los partidos —la partidocracia— intentó defenderse, pronto se dieron cuenta que la rentabilidad electoral era superior a la defensa de sus prerrogativas.

Por eso, casi de inmediato iniciaron una especie de puja en la que han intentado ver quién da más de sus recursos económicos —las ofertas han ido de montos definidos, hasta presupuestos de ejercicios completos—, pero también han caído en la situación de competir por ver quién plantea la propuesta más descabellada. De manera aparentemente sorpresiva, aunque claramente intencionada, el PRI planteó la eliminación del total del financiamiento público a los partidos, y también desempolvó la propuesta planteada en 2014 de eliminar las diputaciones federales y senadurías asignadas por la vía de la representación proporcional. Aunque son inicialmente atractivas, habría que repensar dichas propuestas, y ponderar la relacionada con el financiamiento. ¿Por qué?

Porque, por principio de cuentas, la democracia no es, ni debe ser, una actividad sujeta a las reglas del mercado. Se equivocan —y engañan vilmente a la ciudadanía— quienes plantean que ahora sean los militantes y simpatizantes los que sostengan las actividades proselitistas que requieren recursos, porque los mismos partidos han sido los primeros que históricamente se han dedicado a desalentar y alejar a la sociedad civil de las actividades políticas, y a exterminar aquel concepto de ciudadanía que apunta a que una persona interesada en los asuntos públicos debe contribuir a ellos.

Al quedar la democracia sujeta a las reglas del mercado, quizá si lleguen algunos recursos provenientes de las aportaciones de los ciudadanos y de las acciones de recaudación de fondos que realicen los partidos. Sin embargo, en un país como México nadie puede evadir el hecho de que resulta más probable que las arcas partidistas se llenen de recursos provenientes —desviados— de las arcas públicas, que de los militantes y simpatizantes; y, aún peor, que no sólo no sean sus principales fuentes de financiamiento ni los fondos privados ni los recursos públicos —con el enorme cuestionamiento e ilegalidad que eso representa—, sino dinero proveniente del narcotráfico.

Éste, el narco y la delincuencia organizada, se han intentado meter como la humedad en todas las actividades políticas y, a pesar de los controles y prohibiciones actuales, ha intentado llegar hasta las más altas esferas del poder público. Y si consideramos que en los partidos y entre candidatos se asume que en la lucha por el poder, el fin justifica los medios, ¿entonces por qué no pensar en que la enorme seducción que representa la abundancia de recursos provenientes de fuentes ilícitas para financiar campañas, puede hacer presa de su poder a partidos y candidatos en estado de inanición por la falta de recursos públicos?

EVADIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Otro de los temas sustantivos que evade esta falsa discusión sobre la eliminación del financiamiento público a los partidos, es el del combate a las diversas formas de corrupción que existe en el ejercicio político cotidiano. De hecho, esto parece ir en sentido contrario. ¿De qué hablamos?

De que si sujetamos el ejercicio de la política partidista, de las campañas, de las postulaciones y, en resumen, del acceso al poder público, a las reglas del mercado y a los intereses del mejor postor, entonces no sólo no estaremos desalentando la corrupción sino que la estaremos estimulando con una eficacia formidable. La razón es simple: los partidos y sus candidatos, de entrada, dejarán de discutir —si es que hoy lo hacen— algunos de los temas sustantivos y torales para el país, y destinarán la mayor cantidad de su tiempo a la búsqueda de fondos.

Además, al quedar el acceso al poder sujeto a las reglas y los intereses económicos más puros, se abrirán aún más espacios para la corrupción reflejada en venta, cooptación y condicionamiento de candidaturas a quien tenga recursos, soslayando el reconocimiento social a los liderazgos natos y al trabajo comunitario —factores que debieran ser los determinantes para el otorgamiento de candidaturas, por encima de la capacidad económica.

Evidentemente, junto a todo esto hay otra realidad: el retiro del financiamiento público no será sinónimo —ni de lejos— de campañas más austeras. En México, lamentablemente, la clase política no sabe hacer otro tipo de campañas que no sean las regidas por el dinero. hoy, esos montos los obtienen en gran medida del financiamiento público y de fuentes ilícitas, pero fundamentalmente de la canalización indebida de recursos de las arcas públicas hacia las campañas.

En esa lógica, ¿dejarán de comprar conciencias, votos, asistencias y simpatías? Evidentemente no. La diferencia es que ahora lo harán con dinero de origen quizá desconocido. Y muy seguramente lo harán con mayor libertad al no estar sujetos a la comprobación que hoy les exigen las fuentes de financiamiento que provienen del presupuesto.

Por todo eso, sería muy importante que más allá de las propuestas fáciles y demagógicas, los partidos nos dijeran a los ciudadanos qué y cómo le harán para crear de verdad ciudadanía; cuáles serán las coordenadas a seguir para lograr que, con dinero público o con dinero privado, los ciudadanos de a pie creamos en ellos y nos sintamos representados.

Evidentemente no lo lograrán aliándose con los grandes capitales, o con la delincuencia organizada. Tampoco lo lograrán anidando los vicios ya conocidos de los partidos. Y mucho menos habrá avances mientras insistan en discusiones aparentemente antisistémicas que, en realidad, tienen muchos problemas para pasar al menos como propuestas populistas o demagógicas.

RAPIÑA

Hay que combatirla de frente en el Istmo: con las tarjetas prepagadas para la reconstrucción de las viviendas y comercios afectados, también llegaron los buitres que pretenden aprovechar la situación. ¿De veras hubo alguien con tanta ‘sensibilidad’ como para autorizar los tráileres repletos con cemento y leyendas de “aquí se reciben las tarjetas para la reconstrucción”, que se vieron desde la tarde del lunes en varias ciudades istmeñas?

La semana pasada la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior emitió la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO). La emisión de dicho documento implica un reto muy importante para la Legislatura del Estado, porque es ésta quien tendrá la responsabilidad de corregir los vacíos e insuficiencias que presenta la propia convocatoria, para lograr el aparente objetivo de nombrar a las personas más capaces y preparadas —y no compromisos políticos— para encabezar esas responsabilidades.

En efecto, luego de un receso generado por los sismos de las últimas semanas, el pasado 27 de septiembre se publicó la Convocatoria Pública para elegir al Titular y Tres Sub Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Dicha Convocatoria es una consecuencia de la reforma a la Constitución local que la LXIII Legislatura aprobó mediante Decreto número 695, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 21 de septiembre pasado.

De dicho documento, no deja de llamar la atención que entre los requisitos que se supone que deben acreditar cada uno de los aspirantes a dichos cargos, aquellos referidos a la capacidad profesional y de especialización que requiere cumplir para  ser el Titular y Sub Auditores del nuevo Órgano, en realidad —como lo advertimos en otros momentos en esta columna— la convocatoria resulta insuficiente y corta respecto a las necesidades que debieran cubrir los aspirantes tanto a la titularidad del OSFEO, como para quienes desean fungir como sub auditores.

¿De qué hablamos? De que en la Base Primera de la convocatoria, denominada “De los requisitos para aspirar al cargo de Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”, y en la Base Segunda, denominada “De los requisitos para aspirar a los cargos de Sub Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca” se establecen como requisitos a cumplir: “Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización, del gasto púbico, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, administración pública, financiera, o manejo de recursos”.

En esa lógica, resulta que sí se exige cumplir con una serie de conocimientos relacionados con el manejo de recursos públicos, pero también resulta que los aspirantes no necesitan tener experiencia en todas esas materias, sino que basta acreditarla solo en una para calificar, al menos, en este requisito. Esta inconsistencia resulta por demás grave, ya que con esa laxitud en el establecimiento de los requisitos, muchas personas pueden “calificar” para el cargo sin que necesariamente sea un experto en todos los temas que requiere de especialización el personal encargado de la fiscalización.

Así, por ejemplo, una persona que no necesariamente sea experta en fiscalización, sí puede tener experiencia de cinco años en el manejo de recursos públicos, pues cualquiera que haya fungido en un área administrativa con enfoque financiero lo cumplirá, pero pueden tener nula experiencia en las materias de auditoría gubernamental, de control interno o de evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, siendo éstas por demás trascendentes en el ejercicio de la responsabilidad que tendrían que desempeñar al ocupar dichos cargos, pero sobre todo, por tratarse del objetivo primordial del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

MÁS INCONSISTENCIAS

Otra cuestión relevante, surge del hecho de que, al efectuar la reforma a la Constitución local, en el último párrafo del artículo 65 bis, se establecen los requisitos para ser Auditor. Dice la Constitución: “Para ser Auditor se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control fiscalización, auditoria gubernamental y de responsabilidades…”. De este modo, queda claro que la Constitución exige que se cumplan todos esos parámetros, y no sólo uno o algunos de ellos, para poder ocupar el cargo de Titular del OSFEO, y resulta también cuestionable que la convocatoria no prevea ningún requisito que cumplir o que tiene que se deba acreditar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, una omisión que incluso es inconstitucional.

De hecho, en este espacio nos referimos al tema el pasado 14 de septiembre cuando apuntamos que, técnicamente, “el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debería ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos. Así lo decía la antigua Ley de Fiscalización —que está en proceso de liquidación— y muy seguramente así lo dirá la nueva ley que se emita al respecto.”

Por esa razón —dijimos— resulta importante lo que decidan los diputados, más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debería ser a todas luces un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano. Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara. De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado. ¿De nuevo querrían un auditor a modo? Ahí sí habría un enorme, y brutal, costo político —anticipamos en aquella entrega—.

RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA

En el momento actual, aún es imposible decir que se repetirá la historia del Auditor saliente. Por eso decimos que hoy, a pesar de la laxitud de la convocatoria, los diputados oaxaqueños deben conducirse con la mayor responsabilidad para elegir a las mejores personas para esas responsabilidades. Ojalá no defrauden a Oaxaca ponderando los criterios políticos sobre los requerimientos técnicos que exige la propia Constitución para esos cargos.