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Realiza el TSJO foro sobre el feminicidio en México

La Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Con el objetivo de reflexionar, analizar y visibilizar la violencia contra las mujeres y el Feminicidio como problema global, la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO), realizó este viernes el Foro “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia” con la participación de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, Luz Idalia Rojas Osorio, así como las Maestras Jazibe Valencia de los Santos y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

En el auditorio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), la Magistrada Maribel Mendoza Flores, presidenta de la Primera Sala Penal, dio la bienvenida a los asistentes y a las panelistas en representación del titular del Poder Judicial, Magistrado Raúl Bolaños Cacho.

“Desde este espacio, como funcionaria pública y como mujer hago un llamado a todos los órganos de procuración e impartición de justicia para que seamos diligentes en nuestra función, para que apliquemos la perspectiva de género, contribuyendo a frenar el Feminicidio que tanto afecta a la sociedad”, dijo la magistrada Mendoza Flores.

Luego de recordar la figura de la ilustre oaxaqueña, Ministra María Cristina Salmorán referente en la lucha de los derechos y oportunidades de las mujeres en México, lamentó que históricamente las mujeres y las niñas han sido y siguen siendo víctimas sistemáticas de la desigualdad estructural y de la violencia.

Sin embargo, la Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Por su parte, la Magistrada Luz Idalia Rojas Osorio, del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca al hablar de “Casos emblemáticos nacionales e internacionales de los derechos humanos de las mujeres víctimas de Feminicidio”, dijo que fue hasta en el 2010 en que el término Feminicidio fue utilizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en Chimalhuacán, Estado de México.

Por su parte, la Maestra Jazibe Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, presentó su ponencia “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia”.

En su intervención dijo que la tipificación del delito de Feminicidio es una obligación que los estados tienen de adecuar sus legislaciones a instrumentos internacionales. “Las leyes tienen que ser congruentes con las circunstancias, porque si la sociedad avanza, también avanzan y se recrudecen las manifestaciones de violencia; hablar de política criminal con perspectiva de género es fortalecer estrategias de persecución y sanción de los responsables de ejercer esa violencia buscando el castigo ejemplar”.

Finalmente, la Maestra Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó la ponencia “Alerta de Género como instrumento preventivo y de garantías para la seguridad de las mujeres”.

Informó que en este año la CNDH ha abierto 11 carpetas de investigación por homicidio doloso de los cuales 2 están tipificados como Feminicidio.

Lamentó que la violencia contra las mujeres avance, mientras el marco legislativo para contralarlo se encuentra estancado al tiempo que demandó de la federación y los gobiernos estatales más recursos para aplicar medidas preventivas que protejan a la mujer, “porque este flagelo no puede esperar más”, sostuvo.

Es de señalarse que fungió como moderador de este foro, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.

Minando al MP federal, ¿se podría abrir la puerta a organismos internacionales de combate a la corrupción?

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El desgaste que vive actualmente la Procuraduría General de la República, abre posibilidades que hasta ahora han sido poco conocidas fuera de los círculos académicos e intelectuales en los que normalmente se tienen casos de estudio de otras naciones. Es un hecho que en México, ese desgaste que se nota en la figura del órgano de procuración de justicia nacional tiene su origen en las decisiones que se han tomado desde el poder, pero también —y sobre todo— por la desconfianza ciudadana que, a estas alturas, parece insalvable. ¿Qué podría ocurrir ante esta evidente pérdida de credibilidad?

En efecto, en nuestra entrega anterior sosteníamos que una de las primeras necesidades de fondo que tendrá quien resulte electo Presidente el próximo 1 de julio, será la de generar las condiciones y establecer las bases —jurídicas y políticas— para la transición entre la agonizante Procuraduría General de la República, y la nueva Fiscalía General de la República, y también para propiciar el nombramiento del nuevo Fiscal General. Hoy, con el enésimo uso de la PGR como un instrumento de orden político, y de cara a los antecedentes del órgano de procuración de justicia, es claro que la viabilidad de la PGR es sólo de corto plazo, aún siendo optimistas.

Lo que queda, en realidad, es la transición de instituciones y el nombramiento de un nuevo funcionario. Si bien será necesaria una enorme inversión de capitales políticos para culminar el proceso de creación de la Fiscalía General, resulta todavía más complejo el proceso político y legislativo para el nombramiento del nuevo Titular de la Fiscalía. Ello implica un proceso sinuoso y complejo, y aún así no se ataja por completo la posibilidad de que de todos modos tanto el proceso, como la persona que resulte electa, no genere la suficiente legitimidad entre los mexicanos, por sus rasgos de independencia, idoneidad y compromiso con la ley.

En ese escenario, que no resulta del todo descabellado, y que puede ocurrir si de nuevo la clase política pondera sus intereses por encima de temas como la correcta aplicación de la ley y el combate a la corrupción, entonces habría que pensar en nuevas formas —para México— de enfrentar esos flagelos que lastiman en su conjunto a la sociedad mexicana. No son nuevas las formas, porque en otros países ya se ha recurrido a organismos supranacionales no sólo para procurar, sino también para impartir justicia. Y ese sería un punto relevante por el momento actual que vive el país.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la creación de una comisión que fuera coadyuvante de su figura del Ministerio Público, para la investigación y persecución de casos de corrupción. A esa Comisión se le reconoció la facultad de ejercitar la acción penal directamente. Y el resultado fue el propio enjuiciamiento del Presidente de aquella nación, que se vio obligado a dejar el poder para enfrentar acusaciones relacionadas con su participación en la comisión de delitos relacionados con importación y exportación de productos en condiciones ilícitas.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Junto a figuras como la utilizada en Guatemala, hay otras. De acuerdo con Mark L. Wolf, la ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción (http://www.nexos.com.mx/?p=30452).

Según Wolf, el primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.

Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Y luego, Wolf va al problema particular de México, al señalar que la corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.

Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del IMCO: ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.

¿IR POR UNA CORTE?

Es complejo el basamento de una corte internacional anticorrupción. Pero la cuestión central es que ya se habla del tema; que éste no es privativo de México, y que aunque incipiente, es una discusión que en el mediano plazo tendrá contenido. El SNA es el primer paso antes de llegar a esta figura, que quizá pudiéramos llegar a ver en operación en los próximos años.

Poder Judicial y UABJO firman convenio de colaboración

El magistrado Raúl Bolaños Cacho y el rector Eduardo Bautista Martínez signan el documento por el cual ambas instituciones suman esfuerzos en capacitación profesional, docencia e investigación, entre otros

El Presidente del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho y el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) Dr. Eduardo Bautista Martínez acordaron sumar esfuerzos al suscribir este miércoles un convenio de colaboración en materia de la docencia, la capacitación profesional, la investigación, así como en la extensión y difusión de la cultura.

En un acto realizado en el Salón del Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que se ubica en Ciudad Judicial, Bolaños Cacho dijo que esa institución está abierta a la comunidad universitaria, especialmente para los jóvenes que cursan la carrera de Derecho.

Subrayó que magistrados, jueces y todo el personal que integran el Poder Judicial se encuentran entregados al trabajo para brindar buenas cuentas a la ciudadanía. “Estamos consolidando el Sistema Acusatorio Adversarial y se labora intensamente en la oralidad mercantil y familiar. Espero que en fecha próxima los estudiantes de Derecho presencien una simulación de audiencia en el Sistema Oral Mercantil”, señaló.

El Magistrado Presidente valoró el reconocimiento que hizo la UNESCO al Archivo Histórico del Poder Judicial e invitó a los estudiantes a conocer el acervo que ahí se preserva.

Por su parte, el rector Eduardo Bautista Martínez dijo que este convenio será productivo entre ambas instituciones las cuales desarrollarán proyectos conjuntos de capacitación y asesoramiento, así como la investigación y difusión académica, entre otros.

Fungieron como testigos en la firma de este acuerdo la directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, Mtra. Yanis Santiago Rodríguez y la asesora de Rectoría, licenciada Yarib Hernández García.

El gobierno federal usa a la PGR como desecho; dar paso a nueva Fiscalía: momento iniciático del nuevo Presidente

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El gobierno federal utiliza a la Procuraduría General de la República (PGR) como un artículo de desecho. Lo hace, sacrificándolo, porque sabe que la estructura constitucional y orgánica actual de la actual PGR hace mucho tiempo terminó su vida útil, y porque asume que la entelequia que hoy subsiste en la procuración de justicia no aguantará más allá del final del presente año. El escándalo en el que está involucrado el Ministerio Público Federal por la investigación que desahoga en contra del candidato Presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no es sino el clavo que faltaba al ataúd de la PGR.

En efecto, hay un entendible clima de polarización por el caso PGR-Anaya. Por un lado, se encuentra el hecho incuestionable de que el gobierno federal, vía su órgano de procuración de justicia, ya logró meter al Candidato de la Coalición “Por México al Frente” en la dinámica de gastar su tiempo —porque ello no constituye una inversión— de proselitismo como Abanderado Presidencial en aclarar los supuestos manejos financieros relacionados con la compraventa de una nave industrial, por los que habría incurrido en el delito de lavado de dinero al triangular recursos para tratar de disimular su origen, y formalizar un negocio realizado a precios exorbitantes, que no corresponden a los valores de mercado de una transacción de ese tipo.

Anaya está defendiéndose, pero eso no quita el problema en el que se encuentra la PGR. Al mismo tiempo que Anaya se defiende, y sin que nadie meta las manos al fuego por él —ni siquiera los de su propio partido que, en su mayoría, ahora lo ven con más recelo que al principio de la precampaña—, diversos grupos de intelectuales y políticos han exigido al gobierno federal que detenga la utilización de la Procuraduría General de la República como un órgano ministerial de consigna que, ex profeso, tiene la misión de perseguir y encarcelar a un Candidato Presidencial que es competitivo en esta campaña proselitista, que es decisiva para el país.

Incluso, hay quienes han tratado de equiparar la persecución de la PGR en contra de Anaya, a lo que en 2005 ocurrió entre el mismo Ministerio Público Federal y Andrés Manuel López Obrador. Aunque pudieran parecer asuntos similares, en realidad existen diferencias sustanciales que, apenas se escudriña un poco en la contrastación de ambos asuntos, salen a la vista. Por ejemplo, a López Obrador intentaron procesarlo, y de hecho lo desaforaron, a partir del incumplimiento a una sentencia de amparo relacionada con el predio El Encino, en cuyo terreno, expropiado irregularmente por el Gobierno de la Ciudad de México antes del periodo de gobierno del tabasqueño, se había construido una vialidad importante por el rumbo de Santa Fe.

Luego, a López Obrador nunca se le comprobó que el incumplimiento de dicha sentencia hubiera ocurrido por una orden directa de él como servidor público. Quizá su grado de responsabilidad nacía a partir de la imposibilidad material de devolver a sus dueños, un predio expropiado irregularmente pero en el que ya existían las vialidades denominadas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Aún así, en 2004 la PGR solicitó el desafuero de AMLO para procesarlo judicialmente. Esto ocurrió a inicios de 2005, cuando ya era evidente que había una consigna política del gobierno federal panista, en contra de quien llevaba la delantera en la carrera por la candidatura presidencial del PRD. Finalmente, con el escándalo encima, la PGR de Vicente Fox se desistió del ejercicio de la acción penal, y por ende el juez federal que conocía del juicio de desacato por el que se le intentaba procesar, dejó sin efectos dicho expediente.

¿Cuál es la diferencia de este asunto con el que ahora protagoniza Ricardo Anaya? Simple: que mientras a López Obrador siempre se le consideró como perseguido político, sobre Anaya sí pesa una sospecha fundada de que pudo haber incurrido en actos ilícitos. La PGR no ha logrado ser contundente en la acusación; pero Anaya diariamente pierde terreno en la arena política al gastar el tiempo en la articulación de una defensa que, hasta ahora, no ha convencido ni siquiera a sus partidarios.

LA PGR, EN EL LODO

Desde entonces, desde 2005 cuando ocurrió el asunto del desafuero a López Obrador, la PGR se ha mantenido sumergida en el lodo. Su actuación como órgano de consigna en la procuración de justicia, se ha repetido en casos como el de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y otros muchos en los que finalmente no ha podido acreditar la comisión de los delitos que inicialmente le imputó a varios de los adversarios del régimen. Cada vez que la PGR fue usada para esos fines, se le sumergía más en un fango del que ya no podrá salir bajo ninguna circunstancia.

Frente a eso, un problema importante radica en que, hasta ahora, ninguno de los partidos representados en el Congreso federal —cámaras de Diputados y de Senadores— ha tenido la voluntad y la fuerza suficiente como para lograr la transición que se pactó de la PGR sometida al Ejecutivo federal, a una Fiscalía General de la República como órgano constitucionalmente autónomo, y por ende no comprometido en su actuación con los intereses de algún grupo en concreto.

De hecho, los partidos actualmente han contribuido a la consolidación de este ente abominable que ahora repudian. Primero, al desconocer el acuerdo que ellos mismos habían tomado, de que el Procurador en turno se convertiría en Fiscal General, una vez que ocurriera la emisión de la legislación necesaria para el funcionamiento del nuevo órgano de procuración de justicia; y luego, al reventar —literalmente— la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade, bajo la acusación de que con él se perpetuaría transexenalmente el grupo del presidente Enrique Peña Nieto, para brindarse protección y cuidarse las espaldas a partir de la inamovilidad del Fiscal, y los actos perseguibles judicialmente, en los que habrían incurrido varios integrantes del régimen federal saliente.

En el fondo, todos ayudaron a que la PGR terminara en esta situación. Teniendo como ingrediente de fondo la desconfianza mutua, y ofreciéndose recelo unos a otros, terminaron alimentando la generación de un vacío que vino a llenar el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que llegó de rebote a una ocupar una titularidad de segunda en la Procuraduría, y que está obedeciendo todo lo que ocurre.

INVERSIÓN INICIÁTICA

Al final, eso es tan trágico como la situación de Anaya. Y por eso mismo, lo primero que tendrá que ocurrir, como una especie de iniciación para el nuevo Presidente —sea quien sea—, será invertir su capital político de arranque de sexenio en la consolidación de la nueva Fiscalía General, y empujar el nombramiento en el Senado de un Fiscal que, por la sola presión social vista hasta ahora, tendrá que garantizar en serio su autonomía y su desempeño, alejado de los intereses partidistas y, sobre todo, del régimen.

Inaceptables, señalamientos sin pruebas en contra de Quadratín, Libertad y Noticias

Con toda ligereza, Benjamín Rojas Bolaños lanzó acusaciones en contra de Guadalupe Thomas Ruiz, directora de la agencia de noticias Quadratín Oaxaca; del doctor Roberto Molina Hernández, dueño del portal Libertad Oaxaca, y del propietario del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi. Señalar sin pruebas no sólo es inaceptable, sino también es inmoral, antiético e ilícito. Por ello, desde el mismo gremio periodístico se deben atajar todos los intentos relacionados con la extorsión, la difamación y la calumnia.

En efecto, desde hace tiempo Benjamín Rojas Bolaños inició una cruzada en contra del entonces Director General de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Levya. Fue evidente desde el inicio, que las acciones legales que emprendió para tratar de desacreditar a Ramírez Puga estaban sustentadas en el diferendo laboral que resultó en su despido como Gerente de esa empresa productiva federal en el estado de Guanajuato. Hasta ahí, ese era un asunto a todas luces personal, y como tal lo tomó la mayoría de los medios que en aquel momento hicieron eco de los señalamientos en contra del Director de Liconsa.

Eso no impidió —porque nadie tendría por qué impedírselo— que Rojas Bolaños continuara intentando generar las condiciones para que los medios tomaran ese asunto, que era personal y de orden laboral entre él y Héctor Pablo Ramírez, como uno de los temas relevantes de la agenda pública en la entidad. Presentó un escrito en las oficinas de la Procuraduría General de la República, y aseguró que en él se contenía una denuncia en contra de su ex empleador.

Y, de hecho, con esa misma salvedad —la relacionada con que ese era un lío personal— algunos medios dieron cuenta de las irregularidades que la Dirección General de Liconsa dijo que había cometido Rojas Bolaños en su desempeño como Gerente de la paraestatal en Guanajuato, y que en apariencia había sido la razón por la que había sido separado del cargo y por el que se decía que se le había iniciado un procedimiento administrativo de responsabilidad.

Lo cierto es que más de un año después, ni se supo de avances en la investigación relacionada con la denuncia que presentó Rojas en PGR, así como tampoco de las posibles consecuencias administrativas que habrían ocurrido de haberse substanciado y comprobado los señalamientos por los que se decía que Rojas había sido cesado de Liconsa. Es decir, el asunto parecía mediática y jurídicamente saldado, y no había quedado en una más de las tantas escaramuzas mediáticas que han protagonizado esos y muchos otros personajes en Oaxaca cuando intentan ventilar sus problemas personales a través de los medios informativos.

¿Por qué revivió este asunto ahora? Evidentemente, porque Héctor Pablo Ramírez intenta ser considerado por el PRI —local y nacional— como una carta importante para las candidaturas al Senado de la República; y porque eso lo vuelve a poner —localmente— en el foco de la atención tanto de la ciudadanía, como de los medios de información, y de la clase política. Al fin, la práctica no es nueva: en ese tipo de casos sólo basta con esperar a que la persona o el tema vuelvan a cobrar relevancia —así sea por otras razones—, para intentar nuevamente montarse en la atención que se está prestando sobre ésta, para tratar de volver a denostarla.

¿Por qué Rojas Bolaños no hablaba hace seis meses en los medios de las denuncias que presentó en contra de Héctor Pablo? Porque aquel seguía siendo Director de Liconsa; y porque en Oaxaca ya nadie resaltaba el hecho de que un oaxaqueño ocupara una responsabilidad importante, en una empresa del Estado mexicano con tanto contacto social, como lo es Liconsa. Esa variable cambió con el nuevo año, y esa es la razón por la que nuevamente Rojas intentó hacerse de la atención con un asunto que, para esos efectos, es antiguo y sobre el que no existe ninguna información o dato novedoso o revelador, más allá de sus propios dichos.

Y LOS MEDIOS, ¿POR QUÉ?

Héctor Pablo Ramírez fue Coordinador de Comunicación Social en el gobierno de Ulises Ruiz; luego, como diputado federal y como Director de Liconsa, entabló relaciones comerciales con algunos de los medios informativos más importantes de la entidad. Igual que todas las personas, así como tiene malquerientes, también tiene a amigos en los medios de comunicación, que lo han apoyado, y a los que seguramente él correspondió con reciprocidad.

El problema, en realidad, no es que existan amistades o relaciones comerciales entre un político y un medio de comunicación. En este caso, tanto las amistades como las relaciones comerciales son evidentes. El problema, en realidad, es que haya otras personas que no comprendan eso, y que por eso mismo pretendan descalificar con ligereza a aquellos —medios, personas, o grupos periodísticos— que o no están de acuerdo con él, o no le creen, o que simplemente no están abiertos —por razones comerciales, de amistad, o incluso de rigor periodístico— a darle voz a quien hace señalamientos, pero carentes de cualquier prueba sólida para sostener sus afirmaciones.

Por eso, en este caso, Benjamín Rojas pretendió fallidamente arremeter en contra de tres integrantes del gremio periodístico. Lo hizo de la misma forma en que intentó atacar a Ramírez Puga: con señalamientos directos, pero carentes de pruebas —o al menos indicios— de refuerzo a sus afirmaciones. Y aun peor: en lugar de argumentar, Rojas se lanzó a atacar y difamar a algunas de las personas que simplemente decidieron no hacer eco de un intento de venganza personal llevada a los medios, ni prestarse a ser vehículo para que otros dirimieran sus problemas personales.

En esa lógica, es claro que entre periodistas y medios de comunicación puede haber diferencias —incluso muchas veces insalvables—, lejanía y, a veces, hasta rupturas abiertas por la discordancia entre intereses, convicciones y proyectos. Sin embargo, más allá de eso resulta inaceptable permitir que un tercero acuse sin ninguna prueba, e intente sostener la aparente legitimidad de sus acciones tratando de abollar la credibilidad, el nombre y la reputación de otros, que viven de eso a través de su trabajo periodístico. Tal es el caso de Rojas Bolaños, que lleva sus intereses a la arena de los asuntos personales en contra de algunos periodistas, y de ahí a la comisión de ilícitos.

INSOSTENIBLE

Al final, en lo particular podemos gozar de la amistad entrañable, o sostener diferencias periodísticas, laborales y quizá hasta personales, con Guadalupe Thomas Ruiz, Roberto Molina Hernández, o Ericel Gómez Nucamendi. Eso resulta irrelevante, porque lo que no podemos permitir es que de manera irresponsable se intente acusar con ligereza a representantes de medios, por alguien que no ha podido sostener sus acusaciones iniciales en contra del ex Director de Liconsa; que tampoco podrá acreditar los señalamientos hechos en contra de nuestros compañeros de gremio; y que finalmente tendrá que responder ante la ley por sus acciones y señalamientos irresponsables.

CNTE, Sección 22, Elba Esther y AMLO: en Oaxaca son una combinación imposible

La tímida definición del movimiento magisterial de Oaxaca, de mantenerse formalmente al margen del proceso electoral y del apoyo a ciertas fuerzas partidistas, entreverado con guiños a Andrés Manuel López Obrador y Morena, parece encontrar una explicación racional en la incertidumbre que genera, para la disidencia magisterial, la alianza entre el Candidato Presidencial morenista y Elba Esther Gordillo, así como la larga historia de coincidencias y desavenencias que el SNTE ha tenido con el movimiento —intragremial, político y de lucha social— encabezado por la Sección 22 del SNTE en Oaxaca.

En efecto, el magisterio oaxaqueño parece estar en una de las disyuntivas más importantes de toda su existencia como gremio capaz de incidir en las definiciones políticas de la entidad oaxaqueña. Apoyar a Andrés Manuel López Obrador es dar el respaldo político a Elba Esther Gordillo Morales, aliada del tabasqueño en esta coyuntura, pero enemiga histórica no sólo de la actual Sección 22 sino del movimiento democrático magisterial, de donde surgieron las corrientes ideológicas que le han dado vida al largo movimiento magisterial en la entidad.

Al aceptar a Elba Esther Gordillo, Andrés Manuel lo hizo por medio de interpósitas personas: René Fijuwara Montelongo, Fernando González Sánchez y Rafael Ochoa Guzmán. Los tres, son personajes cercanísimos a la ex Presidenta Nacional del SNTE, pero además son representantes de movimientos, partidos y gestiones que en su momento fueron repudiadas y rechazadas tanto por la Coordinadora Nacional de Trabajdores de la Educación —como movimiento regional con el que está identificado el magisterio oaxaqueño— como por la Sección 22 del SNTE.

Entre ellos, hay historias que quién sabe si puedan dejar atrás. Es cierto que en los albores del movimiento magisterial de Oaxaca, en el 2006, Elba Esther Gordillo respaldó a la Sección 22 en su repudio a las acciones represivas impulsadas por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Pero también es cierto que en medio de esa crisis, el SNTE intentó ajustar cuentas con uno de sus adversarios históricos, como siempre lo fue la Sección 22 de Oaxaca.

¿Qué hizo? Impulsar la creación, y darle reconocimiento gremial y estatutario a la Sección 59 del SNTE, que nació como un intento de contrapeso al poder y la membresía de la Sección 22, que siempre fue contraria a los intereses del SNTE, por considerarlos priistas, charros y serviles al sistema político; y luego, aliados del presidente Felipe Calderón, a quien siempre consideraron como un usurpador y un mandatario ilegítimo, y rechazaron incluso reconocerlo como titular del Poder Ejecutivo Federal, y sostener cualquier forma de diálogo de su gobierno.

A ese gobierno, el del presidente Felipe Calderón, sirvieron Rafael Ochoa Guzmán y Fernando González Sánchez. El primero ha sido su mayor y principal incondicional en el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; fue Secretario General en los tiempos de reinado de la maestra Gordillo, y ha sido uno de los personajes más identificados y cercanos a su causa política. González Sánchez, por su parte, es yerno de la ex lideresa magisterial y fue Subsecretario de Educación Básica de la SEP durante la gestión del presidente Calderón.

Éste le entregó a la maestra Gordillo dicha posición, además de la Lotería Nacional y la Dirección del ISSSTE, a cambio del apoyo electoral que el SNTE le prestó a Calderón para ganar la Presidencia, independientemente de que con la alianza PAN-SNTE en 2006 la maestra Gordillo también le cobrara las afrentas pendientes al candidato priista Roberto Madrazo Pintado —que la defenestró como coordinadora de la bancada priista en la LIX Legislatura federal, y luego la expulsó del PRI, apoyado por el entonces llamado ‘Bronx oaxaqueño’, para evitar que le disputara la candidatura presidencial—, y le cerrara el paso justamente a López Obrador, que fue el mayor damnificado por esa alianza.

GORDILLO Y OAXACA

René Fujiwara llegó a ser diputado federal por Nueva Alianza, gracias a que Felipe Calderón fortaleció con recursos e influencia a ese partido, durante su gestión como Presidente. Lo hizo también como parte del pago electoral a la maestra Gordillo, pero también como una retribución por el respaldo que el SNTE le dio a la Alianza por la Calidad en la Educación, que fue el primer esbozo de los procesos de evaluación que luego Enrique Peña Nieto, también en alianza con el Panal, llevaron a la Constitución de la República.

Hoy, a pesar de que Gordillo y sus alfiles están en Morena, Nueva Alianza no ha roto con el PRI y, al contrario, es uno de sus aliados rumbo a la elección presidencial de julio próximo. Es decir, aún con todo eso, la maestra sigue teniendo sus pies puestos en distintas apuestas, como ha sido siempre.

En ese contexto se inscribe el vacío ideológico del magisterio oaxaqueño. La CNTE en Oaxaca, al votar por López Obrador, estaría prácticamente renunciando a esa petición permanente de castigo a Ulises Ruiz Ortiz, pues este personaje del PRI también está impulsando ahora a grupos internos del magisterio para que apoyen a López Obrador.

La detención en 2013 de Elba Esther Gordillo no redujo su poderío, al contrario, atizó el clima de ingobernabilidad y la tensión entre el gobierno de Enrique Peña y el magisterio. Un escenario similar al que podría presentarse ahora, en esta nueva coyuntura electoral. Por eso la CNTE debe razonar su voto. Pues López Obrador podría refrendar la cesión de derechos a Gordillo, a través de la SEP y de toda su estructura. Devolverle lo que considera un derecho “legítimo” y dejar de lado a la CNTE, que solo tiene presencia en algunos estados del país.

En ese contexto, es evidente que AMLO no convence a la CNTE. Tan sólo la propuesta de una iniciativa de ley para derogar la reforma educativa los hace dudar, pues nada les asegura que sea una redacción impulsada por este grupo disidente y sí, con base en los episodios anteriores, tendría mano Elba Esther, quien a través de las cuotas sindicales y otro tipo de presiones, mantuvo permanentemente a raya al movimiento magisterial oaxaqueño.

ANTECEDENTES DE TRAICIÓN

Incluso, ya les sucedió con Gabino Cué, a quien llevaron a la gubernatura y fue su aliado durante los primeros años de gobierno. La reforma al IEEPO en Oaxaca fue una estocada al movimiento magisterial que lo llevó al poder. ¿Darán su voto para que López Obrador cumpla su sueño de gobernar? Quizá deban considerar que cuando López Obrador fue jefe de gobierno en el extinto Distrito Federal no hizo más por el magisterio, actuó conforme las disposiciones federales y solo los usó para sus plantones en Reforma.

Capacitan en oralidad mercantil a estudiantes de UAO y abogados

Les imparte Poder Judicial conferencia y una Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil

Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Anáhuac Oaxaca (UAO) e integrantes del Colegio de Abogadas del Estado de Oaxaca A.C, asistieron a una plática y posteriormente a una Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil que impartió por separado el Poder Judicial de Oaxaca, a través del Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, así como jueces y juezas expertos en el tema.

En la sala de oralidad penal de la UAO, en presencia del Mtro. Guillermo Monzón, director Académico de esa institución y de distinguidos catedráticos, el Magistrado Pinacho Sánchez explicó los procesos alternos de resolución de conflictos mercantiles, desde el punto de vista histórico y procesal.

Destacó que el Poder Judicial cumplió en tiempo y forma con la implementación de las nuevas disposiciones derivadas de las reformas al Código de Comercio al establecer en la entidad, el pasado 25 de enero, el juicio ejecutivo oral mercantil.

El Juez Miguel Hernández Bautista hizo un recuento histórico de la legislación mercantil en México a partir del código de comercio de 1890, establecido en el periodo del porfiriato.

Para complementar la exposición la Escuela Judicial realizó una simulación de juicio oral mercantil en la sala de juicios orales de la Universidad Anáhuac que fue seguido con atención por los futuros abogados y abogadas.

Por la tarde, en la sala de Oralidad Mercantil de los juzgados civiles y familiares del distrito Judicial del Centro, integrantes del Colegio de Abogadas del Estado de Oaxaca A.C, asistieron a una Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil.

En este simulacro participaron las juezas, Eli Peralta César, María Eugenia López Morales, Perla Inés García Martínez, María Lourdes Enríquez Hernández; María de la Luz Pinacho Candelaria y la secretaria de acuerdos, Reyna Emelia Orozco Espinoza.

Ambas actividades fueron realizadas por la Comisión Permanente de Implementación de la Oralidad Mercantil, en coordinación con la Escuela Judicial y la dirección del Centro de Justicia Alternativa que encabezan las licenciadas, Yanis Santiago Rodríguez y Betzzaida Cruz Mendoza, respectivamente.

Recibe Poder Judicial del Estado reconocimiento de la UNESCO

El Magistrado Raúl Bolaños Cacho recibió el Diploma que inscribe en el Registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO, a la “Colección de 305 Expedientes en Lenguas Indígenas de Teposcolula y Villa Alta (1570-1816)” del AHPJO.

CIUDAD DE MÉXICO.- En un acto realizado este domingo en el Palacio de Minería, en el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró inscrita como Memoria del Mundo, a la Colección de 305 Expedientes en Lenguas Indígenas de Teposcolula y Villa Alta, que datan de 1570 a 1816, conservada en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (AHPJO).

En reconocimiento a este destacado trabajo en la preservación y conservación de valiosos documentos que conforman el acervo histórico del Poder Judicial, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, magistrado Raúl Bolaños Cacho, recibió el Diploma que acredita la inscripción de este valioso acervo histórico-jurídico, de manos de la presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, Maestra Catherine Bloch Gerschel.

En su mensaje, Bolaños Cacho dijo que “este reconocimiento destaca el hecho poco conocido de que muchas comunidades de Oaxaca cultivaron fuertes tradiciones de escribir en su idioma o en el náhuatl, esta última llamada ‘lengua general’, durante los últimos años de la Colonia. El proceso de independencia de México puso fin a estas tradiciones pero sus testimonios se conservan en los archivos históricos de Oaxaca”, aseguró en presencia del filántropo Alfredo Harp Helú y de la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, directora de la Fundación Alfredo Harp Helú.

Acerca de la colección reconocida por la UNESCO, precisó que son cientos de documentos escritos en zapoteco, mixteco, chocholteco y náhuatl, testimonios lingüísticos e históricos de las comunidades de Oaxaca y muestra extraordinaria del arte de escribir en las lenguas indígenas de las Américas.

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es pionero en la preservación y conservación de un valioso acervo histórico-jurídico, que consta de más de 130 mil documentos trascendentales, que fueron generados por las instituciones de impartición de justicia del Estado, desde su creación hasta 1949, los cuales constituyen un patrimonio de todos los oaxaqueños.

Cabe señalar que el Poder Judicial presentó su postulación ante la UNESCO, para obtener esta distinción, en coordinación con la Biblioteca de Investigación “Juan de Córdova” de la Fundación “Alfredo Harp Helú”, cuyo acervo también fue inscrito en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

Deseable, que la S-22 se mantenga en la postura de no inmiscuirse en el proceso electoral 2018

Generalmente la Sección 22 del SNTE no tiene empachos en asumir posturas partidistas frente a procesos electorales tan importantes como una elección presidencial. Su doble lógica de organización gremial y de grupo de lucha social, les ha permitido establecer siempre la salvedad y la justificación de su involucramiento en temas electorales. En esa confluencia y pluralidad de grupos, radicalismos y objetivos, resulta por demás relevante la determinación de la Asamblea Estatal de la Sección 22, de mantenerse al margen del proceso electoral.

En efecto, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) acordó durante su Quinto Congreso Magisterial, celebrado los tres últimos días del mes de febrero, ratificar la vigencia de los 24 principios rectores que rigen su vida interna, además de mantener su cohesión gremial y “su convicción de alejarse de cualquier vínculo o injerencia de los partidos políticos en su vida sindical”.

El movimiento magisterial de Oaxaca además ratificó su convicción democrática al manifestarse como garante de la expresión ciudadana. Lo anterior, va en la misma línea que la CNTE, que decidió algo similar en el Congreso realizado en Chiapas, donde también rechazaron cualquier tipo de injerencia partidista o de algún candidato. En el caso del MTDEO, en Oaxaca acordaron: “Orientar el voto consciente y razonado hacía las bases, a los padres de familia, sociedad en general, en este proceso político electoral 2018, siendo garantes de la voluntad popular”.

Todo esto tiene congruencia con su Principio Rector 7, que establece que el movimiento de los trabajadores de la educación en Oaxaca rechazan todo tipo de control político del Estado, partidos políticos o corrientes ideológicas, así como también rechazar los posibles actos de los grupos internos del magisterio para tratar de aprovechar sus espacios e influencia en beneficio propio, e incluso que las tareas de formación política son exclusivas del movimiento y no de sus corrientes internas o grupos. También ratificaron su Principio Rector 4, que establece que ningún representante sindical debe ocupar puestos de elección popular en forma simultánea, ni sucederse en los puestos sindicales.

En la redacción final del documento de ratificación, se estableció que el movimiento magisterial de Oaxaca no apoya a candidato o partido alguno, aunque pareció haber quedado implícito cierto respaldo a Andrés Manuel López Obrador a partir de que los redactores del documento establecieron una postura a favor de un “proyecto alternativo de Nación”, término que resulta similar al que ha planteado el tabasqueño desde hace años como plataforma de su gobierno.

¿En realidad esto puede ser un apoyo a AMLO? Más bien, lo que parece es una concesión hecha entre los grupos magisteriales para tratar de hallar sus propios equilibrios. Pues aunque lo rechazan, lo cierto es que uno de los gremios más ideologizados y pluralizados que existen en Oaxaca y en el país, es justamente el magisterio oaxaqueño y particularmente su Asamblea Estatal.

Esa pluralidad, además de la presencia de grupos internos muy identificados con partidos políticos y candidatos, combinados con la influencia que pueden llegar a tener algunos de esos grupos, hace explicable el establecimiento del término “proyecto alternativo de nación”. Fue una forma de ceder una expresión a los grupos más identificados con la izquierda obradorista, a cambio del establecimiento específico de que como grupo no se involucrarían en ningún tipo de labor o activismo relacionado con temas electorales o de campaña.

CNTE, ¿ESTÁ CON AMLO?

Un dato que resulta importante en estos momentos, es el rechazo que manifestó la Coordinadora hace algunas semanas, al planteamiento hecho por Andrés Manuel López Obrador de derogar la reforma educativa —una de las principales demandas de la CNTE— por la vía de reformas constitucionales. “Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora en aquel momento.

¿Qué había planteado López Obrador? En su planteamiento concreto sobre la reforma educativa, prometió dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo.

Esta cuestión no es menor porque significa el alejamiento —también entendible y hasta natural— del magisterio con López Obrador. Por un lado, la CNTE ha insistido en una abrogación lisa y llana de la reforma educativa, para que el régimen laboral del magisterio retorne a su estado anterior a la reforma educativa; AMLO —y los demás candidatos—, se han referido a la necesidad de modificar y hacer evolucionar a la reforma educativa para que incluya cuestiones que al menos en esta ocasión quedaron de lado. Si entendemos la diferencia entre esas visiones, rápidamente podremos entender la razón del esquema planteado por la Coordinadora y el magisterio oaxaqueño, en el sentido de no participar por no sentirse, además, representado por ninguna de las fuerzas que ahora se disputan la presidencia.

Conforme pasen las semanas —quedan menos de 12 para los comicios— se irá viendo si en realidad ese alejamiento es por convicción y convencimiento, o si en realidad la 22 terminará volviendo a su vieja práctica de declarar su alejamiento de los procesos electorales y los candidatos, pero involucrarse en el proceso electoral a través de movilizaciones, marchas, plantones y demás, encimando sus demandas y su movimiento al tema de interés general que, en ese momento, es el relacionado con la definición presidencial.

¿SANA DISTANCIA?

Al final, queda claro que el movimiento magisterial está también jugando el rol que le corresponde en este momento de definiciones. Igual que como ocurrió en Oaxaca cuando llevaron a Cué al gobierno, ellos serían el verdugo y no el aliado principal de López Obrador como Presidente. Ser opositores ha sido una convicción del magisterio oaxaqueño. Por eso ahora, en las circunstancias en que se hace posible un triunfo de la izquierda en la elección presidencial, hay más resquemores por la sana distancia que por el desbordamiento a favor del tabasqueño.