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Con sus “recontrataciones”, los consejeros del IEEPCO dan la pauta para que de nuevo los traten como menores de edad

Es un secreto a voces que los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, alcanzaron un acuerdo para que los consejeros que están próximos a dejar sus cargos, sean recontratados ahora en el área técnica del órgano electoral. Además de ser una maniobra de reciclaje, contraria a las razones por las que la ley establece una temporalidad específica para esos cargos, de nuevo los integrantes del IEEPCO hacen todo para exhibirse como los irresponsables menores de edad que la federación quiere, para terminar de liquidar a los órganos electorales locales.

En efecto, dentro de 36 días —el próximo 30 de septiembre— concluye el periodo para el que fueron electos como integrantes del Consejo General Nora Hilda Urdiales Sánchez, Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García. Desde hace algunos días, comenzó a circular una versión relativa a que por un acuerdo entre consejeros electorales, se había determinado que una vez concluido el periodo de las tres personas antes mencionadas, éstas habrían de mantenerse en los trabajos del Instituto, pero ahora en el área de las Direcciones Ejecutivas, las cuales se encuentran bajo la potestad del Consejero Presidente. Es decir, dejarían de ser consejeros para convertirse en titulares de algunas de las áreas técnicas o administrativas del Instituto.

Esto irremediablemente generó molestia e inconformidad entre los trabajadores del Instituto, y entre todos los que tienen que ver con su función como órgano electoral, por una razón inicial: desde hace algún tiempo, se tiene noticia de que el IEEPCO atraviesa por una especie de depuración de su personal, al cual paulatinamente han ido despidiendo o disminuyendo salarios a partir de razones aparentemente relacionadas con el servicio profesional electoral, pero también con carencias económicas. En esa lógica, afirman que sería un contrasentido despedir personal técnico bajo esos argumentos, y al mismo tiempo reciclar a ex consejeros que, por la propia naturaleza del cargo desempeñado, tendrían que buscar nuevos derroteros en esas u otras áreas relacionadas con la materia electoral.

Ante estas versiones, el consejero Uriel Pérez García salió al paso pero sólo para confirmar sus aspiraciones de mantenerse en la estructura del IEEPCO. De hecho, Pérez García negó pretender ser designado como Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO. “No tengo esa intención”, le dijo a la periodista Rosy Ramales, y explicó que por el momento está enfocado en desempeñar su función como integrante del Consejo General del Instituto. Pérez García precisó que la Ley Electoral no prohíbe que cuando un consejero electoral concluya su periodo pueda ser designado como Director Ejecutivo del IEEPCO, pues solamente existe prohibición para ocupar un cargo público dentro de los órganos de gobierno en cuya elección de sus integrantes participó como autoridad electoral.

No obstante, reconoció que no descarta la posibilidad de incorporarse a su puesto de coordinador que tenía, desempeñando en sí la función de asesor en el IEEPCO (en el periodo del consejero presidente Alberto Alonso Criollo); cargo al cual, precisó, solicitó licencia por tiempo indefinido cuando asumió la función de consejero electoral del Consejo General. A pregunta expresa, dijo que su contrato es por tiempo indeterminado y que habría que revisar si debe entrar o no vía el Servicio Profesional Electoral Nacional en su rama local.

Es decir, que por lo menos él sí desea continuar dentro del IEEPCO.

RECICLAJE

El IEEPCO carece de la reglamentación necesaria para realizar con total transparencia y legitimidad, la designación de todos los integrantes de las Direcciones Ejecutivas. El Consejero Presidente tiene las facultades más importantes en cuanto a la designación de los titulares de esas áreas, aún cuando la propia ley establece que para tal efecto deberá haber un proceso de selección, que no está desarrollado ni reglamentado. Por eso, no sería extraño que por acuerdos internos, los integrantes actuales del Consejo General pudieran haber pactado la recontratación de los consejeros salientes.

Ello constituye un problema que deberían reflexionar con mayor profundidad, más allá de la oportunidad que significa el no quedarse desempleados. La Constitución y la ley establecieron la temporalidad en el cargo de consejero electoral, por la misma razón por la que todos los empleos públicos son temporales: para evitar que la perpetuación en las responsabilidades públicas se convierta en un lastre y en una amenaza para el correcto cumplimiento de la ley y los fines para los que fueron designados.

Por eso, al haber la posibilidad de brincarse esas consideraciones deontológicas, y asumir que pueden únicamente pasar por la puerta giratoria para volver a entrar inmediatamente a las responsabilidades electorales institucionales, en realidad los consejeros que pudieran estar considerando esta posibilidad, están convirtiéndose no en un activo, sino en una amenaza para la ya de por sí desgastada credibilidad de los órganos electorales en general. No es un asunto tan sencillo de legalidad pura como lo están tratando de hacer ver, pues eso en realidad implica seguir presionando al órgano electoral para que sea éste quien pague los costos sociales y políticos de no dejar sin empleo a sus ex consejeros.

Otro de los mayores problemas que quizá no ven, es que todos aquellos que impulsaron reformas recentralizadoras de funciones, como la electoral que dejó bajo la potestad del INE a todos los órganos electorales del país, en realidad están ávidos de que maniobras como estas se realicen, para que luego puedan decir con bases que le seguirán restando importancia y facultades a los órganos electorales locales por su incapacidad para conducirse no sólo con legalidad, sino con legitimidad y responsabilidad en sus funciones y límites legales y éticos.

Por eso, tanto los consejeros que se quedan, como los que se van, deben considerar con mayor serenidad todo lo que implica esta decisión que estarían ya en vías de tomar.

TRÁGICO TRANSPORTE

La semana pasada el titular de Sevitra, Francisco García López reconoció que por lo menos durante este año no entrará en funciones el sistema Sitibus. Antes había dicho que no autorizarían un incremento a la tarifa del transporte. Ahora dice que sí, pero que están valorando de cuánto sería el alza. ¿A poco no esto parece ya un cuento de terror?

Con el PED en entredicho, queda demostrado que el gobierno de Oaxaca no aprende de sus errores

 

El gobierno y el Congreso de Oaxaca deberían aprender la dura lección que les dejó la aprobación ilegal del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. No se trata sólo de que hayan violado la Constitución y la ley, y que todo lo hayan dejado al arbitrio de la convalidación mutua de sus respectivos actos, sino de que ahora sí tomaran las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Es un idealismo porque algo como tal, no va a ocurrir.

En efecto, el pasado 21 de agosto el gobernador Alejandro Murat presentó formalmente el Plan Estatal de Desarrollo, que la semana pasada aprobó el Congreso luego de más de dos meses de entrampamiento. La razón por la que el documento estuvo trabado en el Poder Legislativo, consistió básicamente en que los diputados ni pudieron procesar e tiempo y forma la aprobación del documento, ni tampoco pudieron formular un documento consistente de observaciones para que las considerara el Ejecutivo para una posible reelaboración del Plan, o su eventual confirmación como su propuesta final. Nada de eso ocurrió, y ahí comenzaron los problemas.

¿Por qué? Porque, para justificarse, en el Congreso comenzaron a esgrimir argumentos pueriles. El más “consistente” de ellos fue el del diputado Carol Antonio Altamirano, que sin empachos aseguraba que al margen de lo que dijera la Ley Estatal de Planeación sobre los mecanismos, plazos y participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la aprobación del PED, de todos modos el Congreso tenía a salvo y vigente su facultad de aprobar el Plan porque ésta era —decía— una facultad expresa del Congreso, reconocida por el artículo 59 constitucional.

Otros diputados y fracciones sostenían lo contrario: que lo correcto era apegarse a la Ley de Planeación, que decía que si en un plazo de sesenta días naturales el Legislativo no aprobaba el Plan ni le entregaba un acuerdo con sus observaciones al Ejecutivo, entonces éste último podía mandar a publicar el documento en el Periódico Oficial, y considerar que el silencio del Legislativo se traducía en su convalidación. Así lo dice el artículo 34 vigente de la Ley de Planeación.

No hubo un acuerdo, pero sí había una ventaja: la Comisión que se quedó con el trabajo de dictaminación del Plan, pertenece a la corriente que defendía el diputado Antonio Altamirano. Desde ahí aprovecharon la circunstancia de que el Gobernador prefirió que aunque fuera a destiempo, y quizá por una cuestión de formalidad y de legitimidad, el Congreso cumpliera con la aprobación del documento. Al final, por acción u omisión —del Congreso y del Gobernador, respectivamente— decidieron que esa sería la ruta del Plan aún cuando esto significaba un conjunto de ilegalidades que —seguramente también todos pactaron— nadie objetaría.

Esto porque de todos modos el Congreso aprobó el Plan aún cuando ya no tenía la facultad para hacerlo derivado del plazo. Porque, además, el Gobernador no mandó a publicar el Plan cuando ya tenía facultad para hacerlo —también en virtud de los plazos vencidos— y decidió no hacer nada hasta que el Plan fuera procesado en el Poder Legislativo.

En el fondo, prevaleció el argumento equivocado —y hasta ofensivo, jurídicamente hablando— del diputado Carol Antonio, en el sentido de que el Congreso podía aprobar el PED porque la Ley de Planeación estaba “desfasada”; y también prevaleció la idea de que puede más un criterio político que el cumplimiento de la ley.

Lo más grave, es que al margen de cómo haya sido, Oaxaca ya tiene Plan Estatal de Desarrollo… pero seguramente ya nadie se acordará —ni invertirá tiempo o capital político— en la necesaria corrección o adecuación al marco jurídico que juntos pisotearon.

NO APRENDEN

De haber la posibilidad de que aprendieran de sus errores, ahora el Congreso y el Gobernador tendrían que, o reformar la Constitución, o derogar varias disposiciones de la Ley Estatal de Planeación, en aras de que esto no volviera a ocurrir. No lo harán. Sin embargo, este es el embrollo legal que, de haber responsabilidad, tendrían que abordar.

Veamos. El artículo 20 constitucional establece no sólo la necesidad de que cada administración del gobierno estatal elabore su Plan Estatal de Desarrollo, sino que establece la necesidad de existencia de todo un Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo que, en efecto, se encuentra bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero sobre el que la Constitución también le concede participación al Poder Legislativo en temas justamente como la aprobación del plan, con sujeción “a lo que disponga la ley”, dice el último párrafo de dicho documento.

¿Qué significa ese último enunciado? En términos simples, significa que el Congreso no tiene una participación abierta o ajena a la ley, sino que esa intervención se encuentra delineada por lo que diga la Constitución y la norma reglamentaria aplicable, que en este caso es la Ley Estatal de Planeación. Por esa razón, cuando el artículo 34 dice que si el Legislativo no hace observaciones formales al documento del Plan entregado por el Ejecutivo, éste tiene la facultad de mandarlo a publicar, al considerar la propia ley que el silencio del Legislativo equivale a una afirmativa ficta o, lo que es lo mismo, una convalidación por no objeción.

Por eso, o el Congreso le quita al Ejecutivo la posibilidad de que exista una afirmativa ficta —y en corresponsabilidad se quita también la facultad de formular observaciones al Plan—, o mejor debería reformar el artículo 20 para que la elaboración e implementación del Plan sea una facultad lisa y llana del Ejecutivo. Una tercera posibilidad radicaría en únicamente reafirmar la facultad del Legislativo de autorizar el Plan a través de una facultad incontestable, aunque esto generaría un escenario de rompimiento al sistema de frenos y contrapesos prevenido en nuestro orden jurídico.

TORMENTO CONSTITUCIONAL

El problema es que nada de esto ocurrirá. ¿Qué es lo previsible? Que todos se olviden del tema, y le hereden a la siguiente administración este supuesto. Ello habrá significado, y así será, que nadie aprendió de los errores, y que todos prefirieron darle tormento —del malo— a la Constitución.

¿Habrán escuchado en Segego el compromiso del Gobernador, de rescatar la UABJO?

Durante el evento conmemorativo del 25 aniversario de la Sedesol en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a hacer lo necesario para concretar la reestructura administrativa de la UABJO, y devolverla a los primeros lugares en el ranking de las universidades públicas en México. Este anuncio deberá hacer eco en varias dependencias, comenzando por la Secretaría General de Gobierno, que insisten en mantener los cacicazgos universitarios que quieren todo, menos que la promesa del Gobernador se cumpla.

En efecto, el gobernador Alejandro Murat anunció que hace unas semanas se reunió con representantes de los seis sindicatos de la UABJO que, encabezados por el rector Eduardo Bautista, le plantearon una reestructura administrativa de la institución. El Gobernador dijo que esta reestructuración fue aceptada por todas las fuerzas sindicales que confluyen en la Máxima Casa de Estudios, y que él como Gobernador del estado se declaró dispuesto a entrarle juntos para resolver los problemas, y a devolver a la UABJO al primer lugar de importancia en el país.

Este compromiso del Gobernador es importante y, según lo que parece, es resultado de un primer consenso entre todos los grupos universitarios de relevancia, comenzando por el propio rector Eduardo Bautista Martínez. Es evidente que si el Gobernador de verdad quiere entrarle a resolver el largo y complejo conflicto universitario, lo primero que debe hacer es impulsar un pacto social, político y académico de la mayor relevancia, para que todos cedan algo en aras de rescatar la Universidad.

¿En qué temas, todos deberían ceder? Deberían ceder, de entrada, en la derogación del voto universal como mecanismo de elección de su Rector, y de los Directores de las Escuelas y Facultades de la Máxima Casa de Estudios; deberían también ceder, para lograr el establecimiento de una reforma administrativa profunda que termine con el enorme desorden administrativo con el que las escuelas universitarias administran buena parte de los recursos con discrecionalidad y opacidad; tendrían que ir también a una reforma profunda a su sistema de pensiones y a los privilegios que, como trabajadores y académicos de la universidad, han ganado a través de sus sindicatos.

Y también, como remedio contra el porrismo, deberían eliminar la laxitud en los requisitos de ingreso y permanencia de los alumnos, para evitar la muy conocida fosilización de estudiantes y la pervivencia de ‘oyentes’ que tienen años rondando la Universidad pero sin ningún propósito académico, sino más bien para hacer cualquier cantidad de negocios a partir de las necesidades de los universitarios.

Esos son sólo algunos de los temas en los que debería ya existir un consenso mínimo para el rescate de la universidad. Esto pasa, además, por la necesidad de que el actual Rector, y los subsiguientes, no pretendan seguir tomando a la Universidad como un escaparate de ambiciones políticas, ni como plataforma electoral.

Lo hemos dicho en este espacio, y lo reafirmamos: uno de los mayores daños que le han provocado a la política universitaria actual, se lo hizo Francisco Martínez Neri al “demostrar” —es un decir— que después del rectorado hay futuro en la política estatal. Esto porque, además de querer convertirse en dueños de la Universidad, la familia real del también ex rector Eduardo Martínez Helmes ahora quiere incursionar en la política estatal, utilizando a la UABJO —o queriendo utilizarla— como plataforma electoral para convertirse, según sus cálculos, por lo menos en diputado federal por Morena.

¿QUIÉNES NO QUIEREN EL RESCATE UNIVERSITARIO?

Esa pregunta deberían hacérsela a varios funcionarios de la administración estatal, que siguen seducidos con la posibilidad de tener injerencia en la vida universitaria. Uno de ellos es el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud que hoy en día hace todo para que ninguno de los factores universitarios opaque el brillo del jefe de la ‘familia real’, Abraham Martínez Alavés, y sus hijos.

¿Qué busca don Abraham? Evidentemente, con su anquilosado discurso sobre la defensa de la vida académica de la Universidad, pero con sus hechos —en los que ha demostrado una enorme proclividad por el porrismo y por los métodos violentos de preservación de sus dominios universitarios—, ha demostrado que en realidad no busca otra cosa sino la conservación de su cacicazgo universitario basado justamente en los privilegios, o en la violencia.

A sus hijos, y a sus protegidos, los ha coronado no sólo con cargos en la administración universitaria, sino también con acciones que dañan mucho más el futuro de la Máxima Casa de Estudios. Pues por años, Abraham Martínez y su grupo han mantenido su poder con base en el otorgamiento discrecional de plazas, horas/clase, tiempos completos, y un sinfín de cargos que han servido para mantener aceitada su influencia. A sus favoritos, y a sus parientes, además, los ha hecho directores, coordinadores y funcionarios universitarios, y todo lo ha hecho al margen de cualquier otra explicación racional, que no sea la de la conservación de sus cotos políticos.

¿Qué han hecho en la Segego, tanto en la pasada administración como en la actualidad? Proteger abierta y denodadamente el poder y el cacicazgo ominoso de los Martínez Helmes. Han cerrado los ojos a los conocidos actos de corrupción cometidos durante el rectorado de Eduardo Martínez; intentan, desde el gobierno, apagar las expresiones de inconformidad y disidencia al poder de los Martínez; y no sólo no cuestionan, sino que privilegian, la preservación del poder de Abraham Martínez, como si fuera él, y no el consenso universitario, el único y verdadero factor de gobernabilidad de la Máxima Casa de Estudios.

Al final, por eso algunos funcionarios deberían escuchar y atender con atención lo que dice el Gobernador. Si Alejandro Murat quiere contribuir al rescate de la Universidad, primero debe meter orden en los funcionarios e instituciones estatales que están haciendo todo para remozarle el abollado trono de cacique a Abraham Martínez Alavés.

ROMPIERON LA LEY

Aquí dijimos el viernes 4 de agosto que, en cualquier escenario, para la aprobación del PED los diputados terminarían violando la ley. Hubo quien se escandalizó, pero al final ocurrió tal cual. Ya luego tendrán tiempo para corroborar, en tiempo real, las deficiencias de ese documento. Una verdadera lástima para Oaxaca.

Por inanición mutua, sí sería necesaria una coalición PAN-PRD en Oaxaca

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Hay quienes apuntan que, para los comicios federales del año próximo, la posibilidad de una coalición PAN-PRD resulta cada vez más lejana. En Oaxaca, el escenario ideal sería que, tanto para los comicios locales como para los cargos federales de elección popular, sí hubiera una coalición de esas dos fuerzas políticas. Pero no. La razón no está en sus posibilidades de triunfo, sino justamente en el estado crítico en que se encuentran ambos partidos. Tendrían que ir juntos no para ganar, sino para no ser arrasados.

En efecto, en el ámbito nacional han discutido ampliamente la posibilidad de una alianza entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, como un mecanismo para formar un frente que pudiera competirle, por un lado, al PRI del presidente Enrique Peña Nieto, y por el otro a Morena de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque inicialmente pareció una idea interesante, lo cierto es que las desavenencias internas tanto en el PAN como en el PRD, y las desbordantes aspiraciones electorales de sus respectivos dirigentes —con todo el rejuego negativo que eso implica para sus militancias, que hoy reclaman inequidad, ilegitimidad y ventajas en sus procesos internos—, tienen al borde del abismo dicho acuerdo y, de hecho, no se le ven más que dos o tres meses más de vida como idea, y sólo unos días como una posibilidad tangible.

En el ámbito nacional el problema para el PAN y el PRD es compartido: ambos tuvieron un desempeño y resultados ampliamente negativos en su último ejercicio electoral —la elección de Gobernador en el Estado de México— y ambos enfrentan problemas internos bastante complejos: Alejandra Barrales tendrá que dejar el cargo dentro de unas semanas, y la mayoría de las tribus perredistas —las que quedan— están tratando de construir una nueva dirigencia nacional de transición, en tanto se define la candidatura presidencial y los respectivos procesos en las entidades federativas, para postergar hasta 2018 la elección de su dirigencia definitiva.

En el PAN las cosas están peor: Ricardo Anaya es abiertamente un aspirante presidencial, pero se enfrenta a la resistencia, por un lado, de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, y por el otro, al núcleo duro del panismo que, desde la región del Bajío, intenta generar una tercera vía que pueda quedarse con la candidatura presidencial de ese partido. En este último sector están trabajando todos los panistas identificados con el yunque, y con los sectores conservadores más radicales de ese partido, entre los que se encuentran varios ex gobernadores panistas, y el mismo ex presidente Vicente Fox. Ante ese panorama, queda claro que la batalla al interior del PAN será feroz, y que muy probablemente no tenga un resultado constructivo para nadie.

¿Todo esto es premonitorio para Oaxaca? Parece que, por algunas razones, sí. Veamos.

ESCENARIOS DEVASTADOS

En Oaxaca, el PAN y el PRD están devastados por los intentos —logrados o no— de colonización por parte del nuevo régimen. En el caso del PRD, hace apenas unos meses hubo una batalla campal por la dirigencia estatal: por un lado, José Julio Antonio Aquino —ex edil de Xoxocotlán y malogrado candidato a diputado local por el PRD en 2013— representó al gabinismo aún enquistado en ese partido, el cual trataba de mantener la dirigencia estatal en las manos, o a través del ex candidato a Gobernador, José Antonio Estefan Garfias. El intento inicial del régimen por colonizar a dicho partido, radicó en impedir el arribo de Estefan a la dirigencia. Sin embargo, en el intento terminaron metiendo a todo el perredismo en un marasmo del que no se pueden reponer.

¿Qué hicieron? Que el régimen impulsó a Raymundo Carmona Laredo, un perredista orgánico al régimen y cercano al muratismo, que sin ningún dilema de tipo moral —en política eso rara vez existe— decidió ir por la dirigencia estatal del PRD únicamente para dejarla en un estado de completo pasmo. Con todo el apoyo gubernamental, y aprovechando las divisiones internas del perredismo, se hizo de la dirigencia en una elección atropellada que terminó en los tribunales. Finalmente, éstos le dieron la razón legal. Pero hasta ahora Carmona Laredo ha sido un dirigente silencioso, disimulado y esquivo, que parece honrar con ese silencio el compromiso bajo el cual llegó a la dirigencia.

En el PAN las cosas fueron distintas. Ahí, con otro orgánico y cercano al muratismo, el régimen intentó hacerse de la dirigencia estatal sin éxito —hasta ahora—. Luis de Guadalupe y Antonia Natividad Díaz Jiménez se declararon ganadores de la contienda interna. Díaz se quedó con la dirigencia, hasta que fue removida por mandato del Tribunal Estatal Electoral; luego, la elección dio un vuelco ante el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aún todos esperan el desenlace final una vez que la Sala Superior dicte el fallo final sobre la contienda.

¿Cuál es el resultado común? Que juntos, o separados, ambos partidos son la predicción de un fiasco electoral. No pasa un día sin que alguno de los pocos activos electorales que le quedan al PRD oaxaqueño —sus diputados federales, legisladores locales y alcaldes— se pronuncie a favor de Andrés Manuel López Obrador, o firme el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México —que es la puerta de entrada a Morena para cualquier político de otro partido—; o simplemente rechace las políticas sectarias del perredismo local.

El caso del PAN es aún más dramático: en los comicios de 2016 quedaron con una bancada testimonial en el Congreso local; han invertido el poco tiempo y capital político que les queda en la lucha por la dirigencia estatal; y hoy son una fuerza política que no gobierna ninguna plaza relevante en la entidad. Incluso, la diputada Eufrosina Cruz se presenta como el mayor activo del panismo oaxaqueño, a pesar de que nunca se ha medido en las urnas con otros candidatos.

Así pues, el único escenario que podría ser positivo para ellos, sería el de ir juntos para sumar sus propios activos a candidaturas comunes. Este no parece un ejercicio posible porque la apuesta nacional priista es la de ir juntos, y Andrés Manuel López Obrador no quiere compartir nada con el perredismo, sino someterlo hasta que reconozca que el verdadero liderazgo de la izquierda en México lo representa él.

Así, circunstancialmente habrá muchos candidatos, atomización electoral y la posible extinción material del panismo y perredismo como fuerzas representativas en Oaxaca. Con el tiempo lo veremos.

ASE: LA SUMA CERO

Eso es a lo que cree que juega el diputado Carol Antonio negociando y renegociando el futuro de la ASE, pensando que puede quitar o dejar a Carlos Altamirano sin perder. ¿No se da cuenta que independientemente de cuál sea el resultado, el destino del órgano de fiscalización ya está marcado? El Auditor Superior, dicen en el Congreso, tiene las horas contadas. Veremos.

¿Entendió el priismo oaxaqueño la decisión de ciudadanizar las candidaturas del PRI?

 


Quién sabe si los priistas oaxaqueños que aspiran a cargos de elección popular en 2018, ya entendieron el mandato de la XXII Asamblea Nacional del tricolor, sobre la apertura a los candidatos ciudadanos. El único fortalecido es el jefe político priista, que no es otro sino el Gobernador del Estado. Por eso, si aspiran a algo, en Oaxaca todos los priistas deben disciplinarse, o arriesgarse a la rebelión… o cambiar de partido político.

En efecto, el mandato principal de la reciente Asamblea Nacional del PRI consistió en eliminar el candado que limitaba al propio partido a hacer candidatos a cargos públicos, a priistas que demostraran tener más de 10 años de militancia. La atención se centró en la candidatura presidencial, sin considerar que el retiro de ese candado tiene también efectos para todos los demás cargos públicos que se definen a través de candidaturas partidistas.

Esa determinación, en realidad al único que fortalece es al jefe político priista, tanto a nivel federal como en los ámbitos estatales en los que el Gobernador emana del PRI. Es el caso de Oaxaca. En el ámbito nacional, el retiro de esta disposición sólo fortalece al Presidente, porque a partir de ahora lo mismo puede optar por un candidato ciudadano que por un militante priista, sin las presiones estatutarias de antes. Y en el ámbito estatal, ello tiene un efecto más o menos similar porque a los dirigentes y jefes políticos les permite incluso la posibilidad de incidir en la influencia de las candidaturas ciudadanas. Es una apuesta arriesgada, pero posible.

Ahora bien, en el caso particular de Oaxaca, lo que se anticipa —como en cada proceso electoral— son jaloneos y amenazas de ruptura. La diferencia entre antes y ahora, es que ahora el gobernador Alejandro Murat no se verá obligado a optar por los prospectos creados en los enjambres priistas, sino que tendrá el margen suficiente para poder debutar, si quiere, a una nueva clase política local. La crisis tendrá su cúspide en donde siempre: las resistencias y los cuestionamientos al cambio generacional. Lo interesante es la gama de nombres que existe tanto entre quienes pueden generar ese cambio, como entre quienes se resisten a él.

RESISTENCIAS

La fórmula de candidatos al Senado, será la medida de todo. Entre los aspirantes priistas se encuentran Samuel Gurrión Matías, Alejandro Avilés Álvarez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mariana Benítez Tiburcio y evidentemente Raúl Bolaños Cacho Cué. Con sus respectivos cuños, cada uno de ellos dice tener lo suficiente como para poder convertirse en candidato al Senado. Habrá que ver, en ello, las variables que existen.

La primera es que no todos son integrantes del grupo real del Gobernador. Otra, es que aquella vieja idea de que el candidato que encabeza la fórmula al Senado era, en automático, el primer aspirante natural a la siguiente gubernatura, pues esa práctica quedó sepultada por la realidad —al menos en el PRI— hace ya dos sexenios en Oaxaca.

Una variable más, radica en qué tanto resistan esos aspirantes el impasse de la definición de las candidaturas al Senado. E incluso, también influye de forma muy importante en qué punto se encuentre el cálculo interno del priismo sobre el resultado de las elecciones de julio de 2018 en Oaxaca.

Por lo pronto, uno de los que ya se nota desesperado es Samuel Gurrión. Se señala, incluso, que podría estar intentando generar acercamientos con Morena o con el PRD para tratar de trabar una alianza que lo lleve al Senado.

En el caso de Morena, tendría que demostrar la competitividad electoral que tanto pregona, para luego construir una ruta viable —y dejar en el camino a gente como Salomón Jara, Flavio Sosa, Karina Barón, Jesús Romero y hasta a Eduardo Martínez Helmes, entre varios otros, que han trabajado en ese partido y que también aspiran a esas candidaturas— y lograr la aceptación de Andrés Manuel López Obrador en el corto plazo. Nada de eso parece posible.

Y en el caso del PAN o PRD, Gurrión tendría que apostarle a una posible alianza, lo cual tampoco parece posible, dado que la inercia natural abre más posibilidades de una coalición fáctica entre el PRI y el PAN, que una alianza formal PAN-PRD, en todos sus niveles. Por eso, si a alguien le afecta la apertura de la baraja priista a las candidaturas ciudadanas, o de militantes jóvenes, es a Gurrión que en algún momento llegó a sentirse como seguro candidato a la cámara alta.

Fuera de él, ninguno piensa en brincar. Y de todos ellos, el único que tiene ascendencia nacional, y un acuerdo relativo con el Gobernador Murat, es Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. Él no se va a ir a otro partido, y tampoco le convendría tensar sus relaciones con el priismo local, aunque irremediablemente tendrá que pagar el costo estadístico de tener varios años fuera de la entidad.

Alejandro Avilés quedó anulado como posible aspirante al Senado y tendrá que conformarse con lo que tiene, que a estas alturas, ya es bastante.

Mariana Benítez tendrá que apostarle a las bondades de la paridad de géneros y a un eventual acuerdo nacional para impulsar a más mujeres que hombres en las candidaturas al Senado, para finalmente trabajar muy duro —o echarse en brazos de la suerte— para que la fórmula de candidatos de mayoría al Senado, no pierda ante Morena.

Y todos ellos tendrán que seguir viendo como sombra a Raúl Bolaños Cacho Cué, que de manera evidente, trae a su favor todo el ánimo del Gobernador para crecer políticamente, aunque quién sabe si la ruta elegida pudiera ser —en lo incierta que es la realidad actual— la del Senado.

EL SENADO NO ES TODO

Al final, eso es lo que tendrán que asumir todos: el 2018 pinta complicadísimo para el PRI en Oaxaca, por el empate de procesos electorales, y por el arrastre natural que tendrá López Obrador en nuestra entidad. Además, el gobierno de Alejandro Murat tiene un trecho larguísimo hasta el 2022, en el que tendrá que lidiar con dos Legislaturas locales más. Es decir, la próxima candidatura a Gobernador se puede construir desde muchas otras trincheras. Todo lo demás, son meras ambiciones.

La ‘familia real’ de la UABJO sigue presionando hasta con los rechazados

 

+ Rechazados son un negocio para porrismo pero sobre todo para los Helmes


Conforme se acerque el inicio del ciclo escolar universitario, se incrementarán las acciones de algunas organizaciones de alumnos rechazados que dicen intentar presionar a la administración de la UABJO para que les dé espacios, aunque en realidad lo que están haciendo es ejercer una más de las muchas acciones políticas que ocurren en el contexto del complejo conflicto por el que atraviesa la Máxima Casa de Estudios. De nuevo, la mano de la ‘familia real’ se hace presente y, también como siempre, no es para beneficio de la Universidad sino de sus intereses políticos.

En efecto, dentro de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es bien conocida la historia de Francisco Velásquez, alias El Sonrics. Él, fue alumno desde la educación preparatoria, y luego brincó a la Facultad de Derecho ya siendo un integrante bien identificado de organizaciones porriles. Con las inercias naturales de esa Facultad, el Sonrics no sólo logró concluir sus estudios universitarios sino que también presentó su examen profesional, para obtener el título de Licenciado en Derecho. Con ese documento en la mano, luego solicitó a la Facultad que lo considerara dentro de su planta de catedráticos.

En toda esa historia, el Sonrics siempre contó con la simpatía del patriarca de la ‘familia real universitaria’, Abraham Martínez Alavés, y llegado el momento éste le encontró una utilidad. Dentro de la Facultad de Derecho se afirma que en algún momento Francisco Velásquez aspiró a convertirse en su Director, pero fue atajado duramente por el propio Abraham, que se asume como mandamás de ese espacio. Lo redujo en su aspiración, pero a cambio le ofreció que lo ayudara aglutinando a otros sectores que estaban dispersos dentro de la Universidad, y hubo uno que hasta entonces nadie había capitalizado. Era el de rechazados en los exámenes de admisión para cursar estudios universitarios.

En aquel momento, el Sonrics recibió la encomienda del propio Jefe Político de la Universidad de generar esa organización de rechazados para poder así alimentar el juego que le permite mantener el porrismo y la corrupción, disfrazados de sobrepoblación y de presiones políticas. El Sonrics creó el Frente de Estudiantes, Catedráticos y Administrativos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (FECA-UABJO), aunque en realidad no era un grupo disidente a la rectoría, y tampoco era una organización de verdaderos aspirantes rechazados que genuinamente buscaran un espacio para cursar una carrera.

En realidad, lo que buscaban era, por un lado, tomar el control de ese sector que hace algunos años se encontraba al garete y evitar que fueran otras fuerzas universitarias las que capitalizaran el control y la potencial fuerza de movilización de los rechazados; y por el otro, abrieron un espacio a través todos podían simular presiones políticas y negociaciones —todas, en un escenario controlado a favor de la administración universitaria, cuando ésta estaba en manos de la ‘familia real’—, para mantener abierta la posibilidad de inscribir a aspirantes en escuelas y facultades, pero no según sus méritos ni el resultado de sus pruebas de admisión, sino como una forma de mantener sus canales extra institucionales para vender espacios, admitir a gente que luego alimentaría el porrismo, o simplemente para demostrar que ellos tenían el control de las decisiones universitarias.

LOS TIEMPOS CAMBIAN…

El control de los rechazados es uno más de los muchos que la familia real intentó tener para afianzar su control en la Máxima Casa de Estudios. Pero hoy que las circunstancias se mueven hacia otros rumbos, queda claro que organizaciones como esas intentarán servir ahora como apéndice para las nuevas aventuras políticas de Eduardo Martínez Helmes, y su familia.

¿De qué hablamos? De que Eduardo Martínez sigue insistiendo, al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en convertirse en candidato no a diputado local o federal, sino a Senador. A algunos en Morena, Martínez Helmes les ha vendido exitosamente la idea de que él ejerce un control absoluto en la Universidad, y que por ende sólo ahí tiene un enorme semillero de votos tanto de los universitarios, como de sus familias. Como en política muchas de las cosas se crean a partir de las apariencias, entonces Helmes y la familia real están intentando estructurar el espejismo de que siguen teniendo un enorme capital político en las filas universitarias.

Quizá una de las diferencias entre los tiempos anteriores y los actuales, radica en que hoy no tiene el control ni siquiera de sus facultades más afines. En junio pasado, por ejemplo, el propio Sonrics intentó boicotear, en el Edificio Central Universitario, la realización del examen de admisión para los alumnos que quisieran cursarlo en esa sede improvisada, pero reconocida por la administración del rector Eduardo Bautista Martínez —que en un intento por equilibrar la situación, dijo que los procesos administrativos de esos alumnos disidentes, eran válidos—. La intención del Sonrics, en el fondo, fue la de cumplir con la orden de Abraham Martínez de no permitir la realización del examen en esa sede, para luego tratar de capitalizar el descontento a través de su propia organización de aspirantes rechazados, en una especie de negocio redondo.

Lo grave —para la familia real— es que ya no tienen el control de antes. La organización de rechazados no suple el poder que tienen minado en la Facultad de Derecho, y en la poca presencia que les queda en la otra Facultad masificada, que es la de Contaduría. A la par de ello, la familia real insiste en dividir la Facultad de Bellas Artes, y mantiene latente otros conflictos que, con toda seguridad, ya no tienen claro si podrán controlar o ganar en algún momento.

Al final, parece claro que las cosas se le complican más a la familia real, y que cada vez será más difícil de los embrollos en que se metieron, ahora que quieren brincar de la política universitaria, a la política en los partidos políticos. En el fondo, con el paso del tiempo y las demostraciones se irá revelando el peso político real que tienen los Martínez de la UABJO, y ello los irá ubicando en las posiciones políticas en las que realmente deberían estar. Por eso, en la desesperación han intentado todo para tratar de generar la apariencia de control, aunque cada vez les resulta más complicado. Hasta con los rechazados y sus presiones.

GRACIAS

Esta columna cierra hoy su ciclo en las páginas de Tiempo de Oaxaca. Han sido casi once años de intenso trabajo de análisis y reflexión, y de enormes satisfacciones por la preferencia y la lectura cotidiana de muchas personas. El autor de este espacio agradece infinitamente a todo el personal de este diario, y particularmente al señor Wenceslao Añorve Martínez, por su generosidad permanente y su amistad genuina a lo largo de estos años. Nuevos derroteros personales y profesionales nos esperan. Nos seguiremos leyendo cotidianamente en columnaalmargen.mx. A todos, muchas gracias. Hasta muy pronto.

@ortizromeroc

El PRI se abre a la ciudadanía… y a la alianza amplia contra el populismo

 

+ Meade y Nuño, en la palestra; la medición tendrá como base sus consensos


los resolutivos de la XXII Asamblea Nacional del PRI son relevantes no sólo porque el partido tricolor decidió dar un salto rumbo a apertura a la sociedad, sino también porque con ello intentará la posibilidad de generar una alianza amplia contra Andrés Manuel López Obrador. Con ello, el Presidente de la República se gastó sus últimos activos políticos para mantener el control del priismo, pero sobre todo para establecer que las posiciones de todo o nada no tienen futuro, en contraposición a lo que pregona Andrés Manuel López Obrador, como dirigente, y como inminente candidato.

En efecto, el sábado la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó el dictamen que —entre otras reformas internas— abre los candados para que ciudadanos simpatizantes puedan ser candidatos a cargos de elección popular, por ejemplo, la Presidencia de la República. Del mismo modo, el tricolor avaló prohibir que un priísta que llegó a un cargo de manera plurinominal participe en la siguiente elección como candidato por la misma vía.

Los cambios más trascendentales se aprobaron en los estatutos del PRI. Con esa reforma se da oportunidad para que los ciudadanos simpatizantes del partido puedan acceder a candidaturas, por lo que el requisito de 10 años de militancia para un candidato fue eliminado. También determinaron que cualquier militante que haya llegado a un cargo de elección popular por la vía plurinominal en la siguiente elección deberá buscar el voto por tierra y no podrá participar como candidato plurinominal. El objetivo de la llamada reforma contra chapulines es que el candidato o candidata deberá recorrer el territorio y convencer directamente a los electores. Asimismo, una de cada tres candidaturas sea para jóvenes.

¿Qué implicaciones tiene todo esto? La primera radica en el establecimiento de la apertura del PRI a las nuevas circunstancias. En ese polo, parece que ya les quedó claro que solos, con la ortodoxia que ha caracterizado al priismo —y que ha sido también signo distintivo del peñismo— simplemente no van a llegar a nada. En esa lógica, parece que el PRI terminó asumiendo que la pluralidad sigue siendo una de las improntas más importantes de la democracia actual en México, y que ellos mismos deben aprender a vivir con ella.

Hasta ahora, el PRI se había negado sistemáticamente a abrir sus candidaturas —y más la presidencial— al escrutinio ciudadano. En la lógica tradicional del priismo, esto siempre debía decidirse al interior del partido, entre ellos, y con el fiel de la balanza del Gran Elector que ha sido el Presidente de la República. De hecho, el mismo grupo del presidente Enrique Peña Nieto ha sido uno de los que más ha practicado esa ortodoxia de hacer y decidir todo al interior, y únicamente socializarlo para conseguir —o presionar— el apoyo de las bases y grupos del partido, pero siempre desde su posición de fuerza. Hoy, por tanto, parece que las circunstancias los obligan a cambiar.

La particularidad, es que esto es un cambio por demás controlado. Han barajado la posibilidad de que esa apertura a las candidaturas ciudadanas tenga como destinatarios posibles al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, o al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Aunque ambos son cercanos del Presidente, y se asegura que gozan de su afecto personal y político, lo cierto es que en gran medida tendrán que ser las circunstancias quienes determinen si alguno de ellos es transitable no sólo a la luz de una posible gran alianza anti AMLO, sino también de sus propios activos.

LA GRAN ALIANZA

Meade es un enorme activo político porque éste ha sido la bisagra, incluso en tiempos difíciles, entre el PAN y el PRI, que en un par de alternancias, han sido quienes han gobernado al país en los tiempos post régimen de partido hegemónico. Es el individuo que cuenta en sus antecedentes personales con más cargos de primer nivel en el gabinete federal, en dos administraciones consecutivas —ha sido cuatro veces secretario de Estado, más que ninguna otra persona en México en toda su historia— y ha sido un vaso comunicante entre el peñismo y el calderonismo.

Por ello, para él la apertura del partido tricolor a las candidaturas ciudadanas, representa una gran oportunidad. En el pragmatismo, el PRI y el PAN tendrán que entender, llegado el momento, que ni uno ni otro tiene posibilidades de ganar solo si esa es su resolución para ir a los comicios presidenciales. La necesidad de mantener el poder los tendrá que llevar a descartar lo que quieren, para ir prefiriendo lo que necesitan, de cara a la posibilidad de ser arrollados por el lopezobradorismo, que justamente representa la otra cara de la moneda, a través de planteamientos totalitarios y de cierre a la posibilidad de cualquier alianza que signifique el sometimiento incondicional a los designios del mesías tropical.

En ello, la otra posibilidad se encuentra en Aurelio Nuño, que aunque es también un activo “ciudadano” para el partido tricolor, y que goza también del afecto y el buen ánimo presidencial, al final tendrá que valorar qué tanto polariza la llamada “cuenca del descontento” del sureste del país, de cara al apoyo que grupos radicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —con todo lo que políticamente representa, desde la Sección 22 de Oaxaca hasta el movimiento de los 43 de Ayotzinapa— le brindarán de manera incondicional a Andrés Manuel López Obrador, y que podrían radicalizarse de cara al candidato que representa la reforma educativa anti CNTE, y que sería un representante/hechura pura del Presidente de la República, sin mayor ascendencia en el PAN.

En el fondo, todo eso tendrá que jugar en el cruce de variables rumbo a la definición del candidato ciudadano. Tendrá que ser no sólo el que garantice la continuidad del peñismo —ese sería Nuño— sino sobre todo el que tenga la posibilidad de generar los consensos entre las fuerzas que son susceptibles de unirse, para que sintiéndose todas —o la mayoría— representadas pudieran construir esa enorme alianza, de jure o de facto, rumbo a los comicios presidenciales, que serán los más competidos de los últimos tiempos por la capitalización del descontento social que representa López Obrador.

Finalmente, y como un tema concomitante al establecimiento del método de designación de su candidato, el PRI está generando sus propios anticuerpos. La llamada reforma anti chapulines —impulsada en gran medida por dos ex gobernadores de Oaxaca— tiene como destinatario Manlio Fabio Beltrones, que a través de una nueva candidatura plurinominal al Senado, buscaría ser el heredero del PRI post Peña Nieto, independientemente del resultado de la elección presidencial. Con ello, le cierran la puerta a tal posibilidad, y se quedan con la garantía de controlar al partido con los cuadros que ellos quieran hacer trascender al 2018 en esas posiciones.

TIEMPO, 16 AÑOS

Con gran satisfacción nuestro diario cumple 16 años. TIEMPO es un referente periodístico en la entidad. A pesar de muchas circunstancias adversas, y de los riesgos que implica actualmente el ejercicio periodístico en la entidad, nuestro diario cumple sus primeros 16 años con la convicción de mantenerse a la vanguardia con información de calidad. Sirvan estas modestas líneas para felicitar y reconocer el esfuerzo diario de este gran equipo de reporteros, editores, formadores, personal administrativo y de talleres, que bajo la conducción de nuestro director y amigo, Wenceslao Añorve Martínez, han hecho de TIEMPO una lectura obligada en Oaxaca. Para todos un abrazo. Que sean muchos años más.

Derogación del fuero: que nadie —gobierno y Congreso— se diga aún satisfecho

+ Acción políticamente trascendente, aunque en los hechos no existan antecedentes 


 

El consenso alcanzado en la LXIII Legislatura para la derogación del llamado ‘fuero constitucional’ que protegía a diversos servidores públicos contra el ejercicio de la acción penal mientras ejercieran dichos cargos, es en el fondo un logro de la presión social hacia los partidos. Aunque en Oaxaca no existen antecedentes de que se haya desaforado a algún funcionario, es claro que esta acción tiene implicaciones importantes de las que ahora todos se quieren adjudicar la autoría.

En efecto, hay algunos puntos trascendentes que, de inicio, deben considerarse como parte de la forma en que se está procesando la consolidación de la reforma que elimina el requisito de llevar a cabo la declaratoria por parte del Congreso, para que se pudiera proceder penalmente en contra de varios funcionarios y representantes populares estatales. Al final, ante este importante paso dado por los poderes del Estado, la ciudadanía debe evitar confundirse en el mar de declaraciones, adjudicaciones y argumentos sobre la dimensión real de esta reforma. De entre las consideraciones, resaltan las siguientes:

  1. Esta no es una propuesta novedosa. De hecho, la existencia del llamado fuero constitucional estuvo cuestionada desde que comenzó el —fallido— proceso de desincorporación del régimen de partido hegemónico. Cuando el PRI dejó de ser la única fuerza gobernante, de inmediato se cuestionó la existencia de esa inmunidad constitucional, que fue ideada en los tiempos del desorden posrevolucionario, y que permaneció ahí como una de las tantas garantías para quienes decidieran ceñirse al ejercicio de la disciplina del llamado “partido único”. Cuando éste desapareció, debió también desaparecer diversas figuras, de entre ellas, el fuero. No fue así porque la partidocracia —sucesora del régimen de partido hegemónico en México— se ha resistido firmemente a los cambios de fondo. Hasta ahora.
  2. La derogación del fuero, es una consecuencia de la censura social, y no de la buena voluntad de los partidos políticos. En realidad, fue la ciudadanía que, a pesar de estar desorganizada y disgregada, sostenidamente fue dando pautas respecto a algunas figuras constitucionales que debían modificarse, evolucionar, o desaparecer. Aunque por demás satanizado, el fuero era una de esas figuras que constitucionalizaban la existencia de una casta política privilegiada, y que institucionalizaban la existencia de un régimen legal de meta legalidad. Por eso, aunque en realidad son contados los casos en los que el fuero ayudó a proteger a delincuentes —los casos de Julio César Godoy Toscano, de Enrique Antonio Tarín García, y de los ex gobernadores a los que sólo pudieron procesar penalmente después de dejar el cargo— en proporción a sus años de existencia como figura de inmunidad constitucional, lo cierto es que ésta debía desaparecer como una respuesta del Estado al clamor de la ciudadanía.
  3. La protección constitucional no desaparece por completo. En el caso de los diputados locales, éstos siguen gozando de inmunidad respecto a su desempeño en el marco de la democracia deliberativa, que ejercen a través de su cargo legislativo. En ese sentido, dice el artículo 37 de la Constitución local —con plena vigencia— que los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y nunca podrán ser reconvenidos por ellas. Del mismo modo, la Constitución también dispone la inviolabilidad del recinto legislativo. Ambas disposiciones subsisten por una razón simple: la Constitución debe garantizar, por todos los medios posibles, la existencia libre del debate, como piedra angular de la democracia deliberativa que se ejerce a través del Pleno del Congreso del Estado. Así, si los diputados no contaran con esa garantía para debatir libremente en el ejercicio de su función legislativa —incluso sobrepasando los extremos de la moral, el derecho de terceros, y demás— no habría un pleno ejercicio de esa democracia deliberativa.

HIJO CON MUCHOS PADRES

  1. El PRI no puede decirse padre ni autor de la iniciativa que derogó el fuero. Aunque fue el Ejecutivo estatal quien envió la iniciativa preferente para la derogación del fuero constitucional, lo cierto es que nunca fue el PRI, ni a nivel local ni en el ámbito nacional, quien impulsó esa iniciativa. Más bien, fueron fuerzas opositoras las que siempre impulsaron ese cambio. Paradójicamente, en Oaxaca este tema nunca fue materia de debate, ni siquiera en el contexto de la aparente reforma democrática de abril de 2011, y durante todo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que se supone que tuvo como base de su mandato la democratización y ciudadanización del poder. El tema nunca se abordó con seriedad ni compromiso. Y por eso, si bien el PRI nunca impulsó el tema en Oaxaca, los partidos actualmente de oposición tampoco tuvieron eco cuando se supone que el gobierno había emanado de ellos.
  2. Reforma, hija de muchos padres. Hoy, sin embargo, la reforma que deroga el fuero tiene innumerables padres. El PRI sólo tomó el tema cuando inició el presente periodo ordinario de sesiones, y el Ejecutivo estatal envió la iniciativa como preferente cuando vio que alrededor del tema se generaban ciertos consensos, y decidió dar un estratégico paso adelante para evitar que la moción fuera ganada por cualquier otra fuerza, y se le adjudicara el impulso a él. Al final, lo cierto es que algunos partidos que ni siquiera incluyeron el tema en su agenda hoy se dicen padres o autores de la iniciativa, a pesar de que el único que planteó el tema como eje central de su agenda de trabajo desde el inicio de la presente Legislatura, fue el diputado Jesús Romero López; y que en otras legislaturas el tema también había sido planteado pero siempre por diputados emanados de fuerzas distintas al PRI.
  3. Es una reforma jurídicamente intrascendente, pero políticamente decisiva. En Oaxaca no se tienen registros de que a alguien se le haya retirado la inmunidad constitucional, como tampoco que a alguien se le haya realizado juicio político. A pesar de ello, esta primera reforma es trascendente porque establece un nuevo rasero para el ejercicio público. Con ello, deberá ir desapareciendo la temeridad con la que ejercen sus funciones algunos servidores públicos, que antes no sentían ningún temor de ser presentados ante la justicia. Una parte de eso desaparece con la derogación de la inmunidad constitucional. Y ello se complementará con la puesta en marcha —quién sabe cuándo— del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
  4. Debe seguir el juicio político. Si algún día retorna —al menos parcialmente— la moral al ejercicio de la política, entonces tendría que subsistir el juicio político. No se sabe a ciencia cierta si algún día los funcionarios y representantes populares volverán a tener temor del juicio social o de la historia. El juicio político representa eso. De ahí la necesidad de que se lleve a cabo un debate aparte, amplio e importante, sobre el futuro de esa debatible figura que tiene como eje la condena y la sanción política, y la reprobación social. Quién sabe, reiteramos, si aún haya alguien que tema a esos aspectos.

QUE NADIE SE EMOCIONE…

  1. Al final, esta es una construcción jurídica que está lejos de declararse concluida. Lo que falta ver es hacia dónde va la agenda del Poder Legislativo y los intereses del Ejecutivo, si de verdad tienen un ánimo genuino por continuar el proceso de democratización constitucional de la sociedad oaxaqueña. Veremos, a partir de ahora, qué tanto compromiso y agenda real tienen, para esto que bien pudiera ser “la vida después del fuero”.

En México, la corrupción inicia a través de los mecanismos más simples

+ Necesario, comenzar a establecer controles sobre circulación de efectivo


Parece una broma, pero al pensar en la corrupción, en México ésta comienza en los trámites más simples y escala hasta los temas más complejos, como la contratación de grandes volúmenes de obra o la compra de insumos para el Estado. Así, podemos ver que este fenómeno no terminará mientras no se impulsen iniciativas como la del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también, en tanto no se pongan en marcha otras medidas como la limitación en la circulación de dinero en efectivo. Mientras ello no ocurra, la corrupción será una forma cotidiana de convivencia entre nosotros.

En efecto, en su edición de ayer, TIEMPO informaba que según mediciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestra entidad se encuentra en el sitio número 12 con mayor corrupción. Señala que otro estudio del Huffington Post realizado entre empresarios, pone a la entidad en el sitio número nueve, y que desde hace cuatro años Oaxaca ha escalado al llamado ‘top ten’ de las entidades donde los moches son exigidos por funcionarios a ciudadanos —y ofrecidos por éstos a aquellos— y emprendedores para otorgar permisos y facilitar la realización de trámites. Es dramático el caso oaxaqueño, pero es una realidad que eso mismo se extiende a todo el país.

Esto, a la luz de la cotidianidad, no resulta ser ninguna novedad. De hecho, deberíamos poner en perspectiva algunas cuestiones que nos son particularmente familiares y que tienen como fondo el hecho de que, para muchas cosas, la estructura institucional está hecha para la corrupción entendida como el intercambio de dinero a cambio de la realización o el otorgamiento de un servicio público, pero también como una forma en la que el propio Estado cierra los ojos frente a necesidades que no se cumplen de la forma correcta, o que simplemente no son como deberían ser, y en ello resulta implicado el interés de la ciudadanía.

Un ejemplo muy simple es el de la tramitación de una licencia de conducir. Aquí ese es uno de los temas que menos importan para la seguridad de las calles es la licencia de conducir. Pues salvo casos excepcionales, en la gran mayoría de los casos es la propia autoridad quien promueve la falta de cumplimiento de los requisitos que, por pura lógica, debieran exigirse y cumplirse para que alguien fuera autorizado para conducir un vehículo de motor.

¿Por qué es la propia autoridad? Porque en muchos casos, es el propio gobierno quien establece formatos impresos en los que se establece, bajo protesta de decir verdad, que el solicitante de una licencia de conducir conoce a la perfección los reglamentos relacionados con la conducción de vehículos, que sabe conducirlos, y que además tiene las nociones precisas de las precauciones y medidas que debe cumplir para poder conducir.

Eso basta, en la gran mayoría de los casos, para que la propia Dirección de Tránsito correspondiente dé por hecho que el requisito de probar los conocimientos y las habilidades en la conducción de vehículos están cumplidas, y que por ende se encuentra en posibilidad de expedir la licencia correspondiente, que es a la vez un requisito formal, una validación del Estado sobre la conducción de vehículos, y un instrumento que sirve para hacer válidos otros mecanismos legales de protección que debieran ser igualmente más rígidos, como el seguro de daños a terceros, que en México tampoco es requisito para que un vehículo pueda circular por las calles de cualquier ciudad.

CORRUPCIÓN, POR OMISIÓN

Todo esto es tan común que ya lo vemos como cosa de nada. Sin embargo, vale la pena preguntarnos cómo funciona ese proceso en otros países. La sola comparación testimonial puede darnos muchas luces sobre el grado de responsabilidad que tienen los propios gobiernos con sus ciudadanos. Vemos el caso de España, que se entiende que es uno de los países de habla hispana donde el proceso es rígido.

Un testimonio da cuenta de ello. “Sacar el mentado carnet es una pesadilla –dice un bloguero mexicano que reside en España-. Aunque conozco algún mexicano que lo ha sacado sin problemas, hay gente que nunca lo logra. Hay que invertir mucha lana, tiempo y paciencia. Es bastante normal ventilarse entre 1.000€ y 2.000€ en autoescuelas… y en ocasiones mas. Todo este tema del carnet da para uno o varios post en sí mismo, que dejaré para mas adelante.

“Pero si estas de turista o quieres aprovechar tus seis meses de vigencia, enhorabuena! En contraparte con lo anterior, te encontraras con que España cuenta con una red de carreteras bastante buena y bien señalizada. Puedes usar los sistemas de GPS sin problemas, y si no cometes infracciones no tienes porqué temer de los policías, que no están aquí para extorsionarte.

“No olvides que hay muchas señales diferentes a las mexicanas y alguna incluso puede tener significado contrario. Por ejemplo, en México el amarillo intermitente de los semáforos indica preferencia con precaución. Aquí indica que no tienes preferencia, y puedes pasar cuando no venga nadie (y eso incluye a peatones y bicicletas). Ojo, que muchas veces te lo ponen por ejemplo ante un paso de peatones. Otra norma genérica es que a falta de señal, siempre pasa primero el que llega por la derecha. Y la recomendación eterna: conduce con precaución cuñao!”

Ahora bien, pensemos: ¿Por qué en México el trámite es generalmente laxo y, hasta en el caso de las licencias de manejo para el transporte público, la corrupción es tan común? La respuesta está en el hecho de que como todos estamos acostumbrados a la facilidad de que la corrupción ocurra como algo cotidiano, y como algo más simple de cumplir —sin comprobar— frente a las dificultades que implican los trámites que se supone que se deben cumplir pero que no queremos que se cumplan. Si se tomaran medidas que impactaran también en los particulares, habría mayores formas de controlar los actos de corrupción. Una de esas medidas, toral pero hasta ahora muy temida en México —puesta en marcha en algunos rubros, con demasiado tiento aún—, es la de la limitación del dinero en efectivo que circula entre la gente.

Esta es una medida que frenaría muchos actos indebidos, o que al menos haría más compleja su realización. Por ejemplo, cuando no había control sobre los depósitos bancarios, mucha gente tenía su “cuenta fiscal” y sus “cuentas personales”. La primera era la que declaraban ante las autoridades hacendarias, y las segundas quedaban exentas, hasta en tanto sus operaciones no levantaran las sospechas de lavado de dinero o de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hoy eso se terminó con la última reforma fiscal y la emisión de la llamada “ley anti lavado”, que definitivamente enlazó todas las cuentas de una persona para someterlas a la revisión de fisco federal en cualquier momento, y por ende se frenó en gran medida la utilización discrecional del sistema bancario como una forma de esconder el dinero. El problema es que eso resolvió la mitad del problema, porque hoy sigue habiendo más gente que utiliza y almacena dinero en efectivo como una forma de evadir las revisiones fiscales, o de realizar operaciones fuera de la revisión fiscal y, obviamente, seguir siendo susceptible a la corrupción.

FRENAR EL EFECTIVO

Una solución es frenar la circulación del dinero en efectivo, pero a niveles superiores a los que hasta ahora conocemos. Hay experiencias donde lo han logrado. Aquí la gran interrogante es cuándo estará lista la autoridad para poner ese freno a la corrupción cotidiana, pero también a las operaciones de la criminalidad, que tienen como una de sus piedras angulares justamente al dinero en efectivo. Es un tema de mediano y largo plazo que no debemos perder de vista.

Avilés alienta la presunción sobre activismo electoral desde Sedesol

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+ Viola la Constitución al hacer propaganda institucional con su nombre


Acostumbrado a ser un individuo que no guarda las formas, Alejandro Avilés Álvarez asumió la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, y menos de una semana después él mismo está reviviendo sus fantasmas sobre actos indebidos. Por un lado, ya sostuvo, en oficinas y con logotipos del gobierno federal, una reunión —de trabajo o social, da lo mismo— con delegados del PRI en la entidad; y desde el inicio emprendió una inexplicable —y poco útil— campaña de promoción personal utilizando recursos institucionales. Avilés viola la Constitución, quizá pensando equivocadamente que en este regreso ya nada puede perjudicarlo.

En efecto, la noche del lunes el autor de este espacio dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (@ortizromeroc) una imagen en la que se ve al delegado Alejandro Avilés Álvarez acompañado de un grupo de personas que son ampliamente conocidos como delegados del PRI, pero que carecen de vinculación institucional como empleados, integrantes de organizaciones, o gestores ante Sedesol. Uno de los que aparece en la imagen es Orlando Acevedo, quien fue director de Gobierno durante el breve paso de Avilés por la Secretaría General de Gobierno, y que antes había sido uno de sus operadores políticos precisamente en el PRI. Luego del cese de Avilés, Acevedo regresó a sus antiguas labores políticas dentro de su partido, y hasta ahora no ostenta responsabilidad pública alguna.

En esa lógica, el problema no es que Avilés se reúna con sus amigos, colegas o compañeros de partido, o que lo haga fuera del horario de trabajo. El problema, en realidad, es que lo haga en instalaciones con logotipos del gobierno federal, y que lo haga en medio del cúmulo de sospechas y cuestionamientos —que han alcanzado a toda la clase política estatal, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo en Oaxaca— derivados del reciclaje de un personaje políticamente tan cuestionado, por haber sido un operador electoral acostumbrado a tomar cualquier ventaja posible de las labores que ha tenido bajo su responsabilidad, y precisamente por haber sido colocado en el espacio institucional en el que la entrega de apoyos sociales y de combate a la pobreza, los puede hacer susceptibles de manipulación o coacción, en los periodos de campañas electorales.

Bajo esa perspectiva, parece claro que Alejandro Avilés parece seguir sin entender que la función pública no se conduce de la misma forma que los liderazgos de partido, a los que él está acostumbrado. En los temas políticos, él estuvo acostumbrado a generar una percepción compleja de sí mismo, y a llevar su actuación a los límites con tal de que todos advirtieran sus capacidades y sus alcances como dirigente y operador político. El problema, en este caso, es que la conducción de un servidor público no puede ser la misma de la de un líder político; éste último no está anclado al cumplimiento de ninguna norma ni a la vigilancia de los órganos administrativos de control. El servidor público, en cambio, sí lo está. Y máxime cuando se trata de responsabilidades como las que ahora encabeza.

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Por si eso fuera poco, todo servidor público debe estar dotado de legitimidad, que parte del hecho mismo de no tener ni generar cuestionamientos derivado de sus funciones, y de las apariencias. En este último caso, queda claro que Alejandro Avilés no ha aprendido nada. Pues en el entrelazamiento de sus antecedentes como operador político y los cuestionamientos surgidos desde el mismo día que fue nombrado delegado de Sedesol, con las reuniones —sociales, de trabajo, políticas, da igual— que sostiene con los delegados de un partido político, da como resultado el abono al descrédito que tanto debería estar cuidando de evitar para poder sostenerse en el cargo, si es que de verdad algo quiere hacer en beneficio del desarrollo social y de la dependencia que representa en nuestra entidad.

AVILÉS VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Hay una especie de moda entre muchos políticos, líderes partidistas y, lamentablemente, también servidores públicos, que los ha hecho tener fotógrafos personales y community managers que se dedican a alimentar permanentemente sus redes sociales con imágenes de sus actividades. En muchos de los casos, esas imágenes son intervenidas para agregarle logotipos oficiales, descripciones y, en el caso de Alejandro Avilés, también su nombre al mismo nivel que los logotipos e identificadores de la Secretaría de Desarrollo Social y del Gobierno de la República.

En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Alejandro Avilés tiene, en su calidad de funcionario federal, imágenes de eventos en la costa oaxaqueña, el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, entre otros, en las que aparecen los logotipos e identificadores antes mencionados, e incluso el sello alusivo a los 25 años de existencia de la Sedesol, y al lado de ello aparece su nombre completo y una leyenda que dice “Delegado de Sedesol en Oaxaca”.

¿Qué nadie le habrá advertido a Alejandro Avilés que eso puede constituir un delito electoral pero que, además, ello significa una violación franca a lo que establece el artículo 134 de la Constitución federal en materia de propaganda gubernamental? Puede ser una cuestión accidental.

Sin embargo, como es bien sabido, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su inobservancia. Y en este caso, los tres últimos párrafos del precepto antes mencionado señalan lo siguiente: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

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“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Es muy probable que nadie le haya dicho a Avilés que ya no es ni líder partidista ni tampoco legislador local, como para seguir siendo ajeno al régimen que establece la Constitución para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de comunicación social o propaganda gubernamental. Pudiera ser entendible que esté muy contento de volver a la escena política, y que esté tratando de que todos se enteren de su regreso. El problema es que, de nuevo, está haciendo a un lado las normas, y está poniendo en riesgo la ya de por sí desgastada legitimidad con la que asumió el cargo hace apenas unos días.

EL MISMO ERROR, DOS VECES

Al final, las muestras de desdén hacia una actuación personal e institucional correcta y moderada, y la irresponsabilidad en su propia conducción, fue lo que ya lo llevó a perder uno de los cargos más importantes de su carrera política. Quizá esté empeñado en repetir esa misma “hazaña”.