En este 2017 se conmemoró el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna, vigente hasta la actualidad —aunque plagada de modificaciones— fue resultado justamente de la lucha revolucionaria que inició el 20 de noviembre de 1910. A cien años de distancia, y sólo a manera de reflexión —porque queda claro que la partidocracia mexicana mantiene aún secuestrada a la voluntad popular, en el anhelo de mejores condiciones sociales— deberíamos preguntarnos cuáles fueron las causas más de fondo que le dieron sustento y contenido a la Revolución, y por ende a la Constitución de 1917 que este año cumplió su primer centenario.

En efecto, el poeta y ensayista Octavio Paz afirmaba en El Laberinto de la Soledad, que la única causa verdaderamente social de la Revolución Mexicana, era el agrarismo de Emiliano Zapata. Él exigía la devolución de la tierra a sus dueños originales, que históricamente habían sido despojados. Esta fue una de las causas que sostuvo social, política e ideológicamente a la Revolución, y fue uno de los puntos que dotó de mayor contenido social a la entonces vanguardista Constitución que aprobó el Constituyente de Querétaro en 1917.

¿A qué se refería concretamente Octavio Paz? Vale la pena repasar lo que apuntó en El Laberinto de la Soledad, en la parte en la que hace un extraordinario y lúcido recuento histórico de los hechos y circunstancias que determinaron nuestra realidad nacional. Ahí, en el Capítulo VI “De la independencia a la Revolución”, Paz sostiene argumentos que deben ser releídos hoy en día para entender el fondo de dicho movimiento revolucionario, las causas sociales que le dieron origen, y el evidente extravío que como país vivimos actualmente.

“Distingue a nuestro movimiento —dice Octavio Paz, sobre la Revolución— la carencia de un sistema ideológico previo y el hambre de tierras. Los campesinos mexicanos hacen la Revolución no solamente para obtener mejores condiciones de vida, sino para recuperar las tierras que en el transcurso de la Colonia y del siglo xix les habían arrebatado encomenderos y latifundistas.

“El ‘calpulli’ era la forma básica de la propiedad territorial antes de la Conquista. Consistía este sistema ‘en dividir las poblaciones en varios barrios o calpulli, cada uno de ellos con una extensión determinada de tierras, que no pertenecían individualmente a ninguno de los habitantes, sino que estaban concedidas a una familia o tribu… en el concepto de que el que abandonaba el calpulli o dejaba de cultivar las tierras que se le asignaban, perdía el derecho de participar en la propiedad comunal’. Las Leyes de Indias protegieron esta institución y son numerosas las disposiciones destinadas a defender la propiedad comunal indígena contra abusos y usurpaciones de toda índole. Los preceptos admirables de las Leyes de Indias no fueron siempre respetados y la situación de los campesinos era ya desesperada a fines del siglo XVIII. La actitud de Morelos, uno de los pocos dirigentes mexicanos que tuvo conciencia del problema, revela hasta qué punto el malestar del campo influye en la guerra de la Independencia. La Reforma comete el error fatal de disolver la propiedad comunal indígena, a pesar de que hubo quienes se opusieron, como Ponciano Arriaga. Más tarde, a través de diversas Leyes de Colonización y de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, el régimen de Díaz acaba con los restos de la propiedad campesina y “destruye los caracteres que hasta entonces había tenido el régimen de propiedad de México”.

CAUSAS SOCIALES

“Casi todos los programas y manifiestos de los grupos revolucionarios —continúa señalando Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad— contienen alusiones a la cuestión agraria. Pero solamente la Revolución del Sur y su jefe, Emiliano Zapata, plantean con claridad, decisión y simplicidad el problema. No es un azar que Zapata, figura que posee la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares, haya servido de modelo una y otra vez, a los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzada figura, que murió como había vivido: abrazado a la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Su programa contenía pocas ideas, estrictamente las necesarias para hacer saltar las formas económicas y políticas que nos oprimían. Los artículos sexto y séptimo del Plan de Ayala, que prevén la restitución y el reparto de las tierras, implican una transformación de nuestro régimen de propiedad agraria y abren la puerta al México contemporáneo. En suma, el programa de Zapata consistía en la liquidación del feudalismo y en la institución de una legislación que se ajustara a la realidad mexicana.

Luego, Octavio Paz continúa explicando que la originalidad del Plan de Ayala consiste en un posible regreso a una “edad de oro” en la que se supone que todo era ideal y que esa es la base de toda Revolución, pero no como una simple creación de la razón, ni una hipótesis. El movimiento agrario mexicano, dice, exige la restitución de las tierras a través de un requisito legal: los títulos correspondientes. Y si prevé el reparto de tierras lo hace para extender los beneficios de una situación tradicional a todos los campesinos y pueblos que no poseen títulos. El movimiento zapatista tiende a rectificar la Historia de México y el sentido mismo de la Nación, que ya no será el proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, sino como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la Revolución mexicana consiste en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras instituciones. Al hacer del calpulli el elemento básico de nuestra organización económica y social, el zapatismo no sólo rescataba la parte válida de la tradición colonial, sino que afirmaba que toda construcción política de veras fecunda debería partir de la porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación: el pasado indígena.

JUSTICIA SOCIAL

Que esta era una parte fundamental de la verdadera justicia social que buscaba la Revolución, y que no tenía que ver con las luchas palaciegas por el poder, en las que luego se enfrascaron los herederos de la Revolución, que luego crearon el partido que era necesario para la consolidación del régimen de partido hegemónico que prevaleció casi setenta años. Ha habido dos alternancias de partidos en el poder, y si bien la Constitución ya cumplió su primer centenario, hoy lo que parece que queda claro es que sus verdaderas causas sociales, como la de la tierra, quedó sepultada por completo.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que será trascendental, si ahora los gobiernos en México asumen la importancia de regular la publicidad gubernamental. El avance procurado por el Alto Tribunal, es fundamental porque vuelve a colocar en la discusión nacional la urgencia de darle forma legal a uno de los muchos pendientes importantes que prevalecen en nuestra vida democrática. Pero esencialmente debe ser considerado en su dimensión, porque sin voluntad —y sin el empuje social, que ahora será fundamental— bien podría nada cambiar.

En efecto, ayer la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a organizaciones civiles para que el Congreso emita la Ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, con el fin de que establezca los lineamientos para que las instituciones públicas transparenten sus gastos en comunicación social.

Por cuatro votos contra uno, los ministros que integran la primera sala aprobaron el proyecto presentado por Arturo Saldívar Lelo de la Rea que establece que la “ley ampara y protege a Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014”.

La sentencia señala que el Congreso de la Unión debe cumplir “con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018”.

En su sentencia, los ministros establecieron que la omisión legislativa viola la libertad de expresión, de prensa e información, pues esos derechos requieren de medios libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones. Precisaron que para ello es necesario que los medios cuenten con ingresos económicos suficientes. Para la Corte, la falta de regulación por parte del Congreso propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que consideró como una restricción indirecta de la libertad de expresión.

Este caso llegó a la Corte luego de que un juez de distrito negara el amparo al considerar que se trataba de un asunto de materia electoral, además de que concederse beneficiaría a todos los ciudadanos, no sólo a Artículo 19, como promotor del amparo. Zaldívar argumentó que a través del amparo se pueden proteger derechos fundamentales colectivos o “de naturaleza difusa”, como los de educación, vivienda y salud, que involucran a personas ajenas en un juicio.

Igual indicó que ante un mandato constitucional, como lo fue la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014, el Congreso “no es libre para decidir no legislar”, sino que puede ser obligado por el Poder Judicial para que cumpla con su tarea. Como plazo, los ministros sentenciaron que la regulación debe hacerse antes de que termine el segundo periodo ordinario de la actual LXIII Legislatura; es decir, antes del 30 de abril próximo.

Todo esto suena extraordinario. Pero, ¿es real que ahora sí todo va enfilado a la regulación efectiva de la publicidad gubernamental?

LARGO CAMINO

Esencialmente, la regulación de la publicidad oficial cierra dos espacios a la discrecionalidad, que son oprobiosos para nuestro aún incipiente sistema democrático. El primero de ellos, es la eliminación del llamado “no te pago para que me pegues”; y el segundo, es el que permite un marco de discrecionalidad en la disposición y ejercicio de recursos públicos, cuando el empuje social y democrático está encaminado justamente a que todo gasto se encuentre no sólo contemplado en la ley, sino regulado por reglas generales y previsibles que impidan un uso discrecional, inequitativo o contrario a los principios fundamentales que rigen —o que deben regir— al sector público, y en sus relaciones con los particulares.

Sin embargo, aún con todo eso, los retos que quedan son enormes: por un lado, deben construirse las iniciativas de ley al respecto, que cumplan no sólo con el sentido y las finalidades de la sentencia que ayer emitió la Primera Sala del Alto Tribunal, sino que también cuenten con el respaldo de todos los actores e instituciones involucrados en una discusión tan amplia y tan de fondo como esa.

Los medios de comunicación, particularmente, son empresas privadas que también cumplen con una función social informativa, y a partir de eso tendría que iniciarse una discusión amplia y de fondo, en la que existan reglas que además de regular y transparentar el ejercicio del gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno, cumplan con el imperativo fundamental de que exista una mayor y más robusta pluralidad informativa, y de que ese gasto publicitario cumpla también con la finalidad de garantizar la existencia de todas las formas de expresión, incluidas las que les son más incómodas a los gobiernos, porque éstas también reflejan el sentir de los sectores que integran la sociedad, aún siendo abiertamente contrarias a los intereses gubernamentales.

El problema es que el camino no será fácil, y una de las primeras resistencias que habrán de presentarse serán las que emerjan del propio Estado. Si hasta ahora no ha existido una regulación de la publicidad gubernamental en ningún espacio público del país, es justamente porque existe un reconocimiento implícito de que ello constituye un tema al que el propio gobierno no quiere entrarle; pero también porque todos reconocen que la confección de una ley de esa materia implica un grado de complejidad enorme, y que por eso todos lo han preferido evadir antes de cualquier posibilidad de pagar costos políticos, y de cerrarse la oportunidad de continuar ejerciendo el abominable “no te pago para que me pegues” que se sigue aplicando hoy en día a los medios informativos en muchos lugares del país.

EMPUJE SOCIAL

Al final, no será sino la exigencia social la que empuje estos cambios, igual que como ha sido en otros temas muy importantes para la vida nacional. Sin interés de la sociedad, la omisión legislativa estará destinada a encontrar su límite en la división de poderes. Y entonces esta importante sentencia no quedará más que en una desventurada anécdota.

Como institución, el gobierno de Oaxaca cuenta ya con amargas experiencias del pasado reciente, de cómo sus principales aliados han terminado siendo también sus principales verdugos. Hoy, cuando la administración estatal está a punto de superar su primer año de gestión, se deben considerar las experiencias institucionales previas para establecer —y mantener— un esquema institucional de gobernabilidad y convivencia con los principales factores reales de poder, pero con base estrictamente en la ley.

En efecto, si en Oaxaca hay una tradición de convulsión social casi permanente, en gran medida ésta se determina por las organizaciones sociales y, más recientemente, por las organizaciones de trabajadores y de prestadores de servicios. En ello, quien ha llevado la indiscutible punta de lanza ha sido la Sección 22 del SNTE, que desde hace décadas marcó una forma de presión y protesta social que ha sido imitada por innumerables grupos que intentan también obtener la atención y las prebendas por parte del Estado.

En esa lógica, el gobierno estatal estableció una relación política con el magisterio que, aún en su complejidad, nunca ha representado una alianza electoral abierta, como sí ha ocurrido con otras organizaciones, sectores y gremios. De hecho, con la Sección 22, las alianzas políticas siempre han sido circunstanciales y sólo han tenido como objetivo construir algún escenario o alcanzar algún objetivo, que no implica la cogobernabilidad. Cuando el propio gobierno ha malentendido esa circunstancia, es cuando más conflictos ha tenido con el magisterio que irremediablemente termina desmarcándose de las alianzas que pretenden tener como fondo lo electoral o el cogobierno.

De esto último fue un ejemplo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Éste fue llevado al poder en parte por el trabajo electoral de la Sección 22, y por eso desde el inicio la gestión de Cué asumió que tendría el respaldo magisterial a cambio de que le entregara la parcela política del IEEPO —de la cual, además, el magisterio oaxaqueño ya gozaba plenamente desde 1992—. Lo que quizá el gobierno de Gabino Cué nunca comprendió, es que la decisión magisterial de llevarlo al poder no tenía como fondo un triunfo electoral ni alcanzar una gubernatura, sino derrocar al régimen —el de Ulises Ruiz— al que acusaba de represión y que siempre fue uno de sus principales adversarios.

Por esa razón, cuando Gabino Cué asumió que cogobernaría con la 22, y que ésta sería su aliada, se topó con pared. De hecho, los años del gobierno de Cué —cuando se supone que eran aliados— fueron de los más beligerantes por parte del magisterio. ¿Cuál era la razón? Que, en su lógica, la 22 busca sus propias conquistas e intereses políticos, pero no el convertirse en gobernante o cogobernante, porque eso les implicaría una responsabilidad política que como opositores no sólo no tienen, sino que repudian.

Por eso, antes incluso de que Cué asumiera la gubernatura, la 22 se desmarcó de él y anunció todas las movilizaciones y acciones que finalmente trató de ejecutar para arrinconar a la administración de los que según eran sus aliados. Todo el esquema cambió cuando en 2013 se aprobó la reforma educativa federal, y entonces como grupo político la Coordinadora intentó ya no combatir al gobierno estatal, sino confrontarse con la federación llevando como ariete justamente a la administración de Cué, de la que no era aliada sino a la que en realidad tenía sometida.

Ese fue el contexto en el que ocurrió la relación entre la 22 y el gobierno oaxaqueño en los últimos años, y eso mismo es lo que explica la complicada relación del estira-afloja permanente, que mantiene con el Gobierno del Estado.

GREMIOS VORACES

La historia ha sido distinta con diversas organizaciones sociales, gremios y centrales de trabajadores, con las que el gobierno sí ha trabado alianza. Si volvemos nuevamente al ejemplo inmediato de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, comprenderemos que, también, nunca pudo establecer condiciones de respeto y corresponsabilidad con ninguna de las organizaciones, gremios, grupos y hasta partidos políticos, con los que había mantenido alianzas. ¿De qué hablamos?

De que, como suele ocurrir, como alianza de carácter electoral, el grupo de Gabino Cué se valió de diversos grupos y organizaciones para hacerle frente a lo que entonces se denominaba como ‘la maquinaria priista’. ¿Qué hicieron? Trabar alianzas con grupos de transportistas, trabajadores, gremios y grupos de lucha social, para tratar de contrarrestar las expresiones de corporativismo priista que aún existían. Por eso, si bien en lo electoral hubo resultados positivos —porque la combinación de todas esas alianzas permitió el triunfo de Gabino Cué en los comicios de 2010—, en el ámbito de la gobernabilidad pronto todo se convirtió en un auténtico desastre.

De hecho, los partidos políticos que habían sido los aliados de Gabino Cué —el PRD, PT, Convergencia, el PAN y demás— fueron los primeros que se aliaron, primero para abandonarlo, y luego para ponerlo contra la pared. Por eso, durante esos seis años caóticos vimos cómo la gobernabilidad se hizo añicos, cómo el gobierno permitió todos los excesos posibles, así como las agresiones más inusitadas en contra de la ciudadanía, sin que hubiera consecuencias —ni las más mínimas— para nadie.

Por eso, si hoy queremos entender la radicalidad y los excesos que cometen organizaciones como el Sindicato Libertad, el Frente Amplio de Lucha Popular, el Frente Popular 14 de Junio y un sinfín de organizaciones que aglutinan a trabajadores, obreros o prestadores de servicios, lo que debemos comprender es que todo se descompuso gracias a los débitos políticos, pero sobre todo a la incapacidad gubernamental para establecer relaciones basadas en el principio básico de la supra a subordinación de todos —autoridades, organizaciones y ciudadanos— con respeto a la Constitución y a la ley.

Esto, en el momento en el que se encuentra Oaxaca, pudiera parecer anecdótico y quizá hasta ingenuo. Sin embargo, el Gobernador Alejandro Murat ha dado las primeras muestras palmarias respecto a la construcción de una nueva relación en la que los débitos políticos no signifiquen necesariamente el sometimiento de la ley a la voluntad o los intereses de los aliados o de las organizaciones sociales.

ESTADO DE DERECHO

La aprehensión de uno de los principales líderes de la CTM —uno de los sectores adherentes al PRI, y una organización que ni en los tiempos de Cué intentó actuar con tanta virulencia como ahora— es apenas una muestra que ahora deberá concretarse no con persecuciones ni con arrinconamientos, sino con el establecimiento y la constatación del principio de que nadie podrá estar por encima de la ley. Es algo por demás complejo. Pero si se quiere un futuro distinto y mejor para Oaxaca, ese debe ser el inicio de una nueva relación, y no una llamarada o un arrebato que no se consolide con una política de gobernabilidad de mediano y largo plazo.

Es paradójico que con la misma vehemencia con la que los mexicanos demandamos el perdón y la clemencia para nuestro compatriota que habría sido ejecutado la noche de ayer en los Estados Unidos al cumplirse la pena de muerte a la que se le condenó, sea también con la que denuncian la inutilidad del sistema de justicia penal acusatorio implementado en México y las supuestas bondades y facilidades que el sistema otorga a quienes están acusados de la comisión de un delito. Todo ello revela lo poco que entendemos el derecho al debido proceso, y la importancia que éste tiene para todo juicio del orden criminal.

En efecto, de no otorgarse clemencia de último momento, la noche de ayer miércoles debió haber sido ejecutado en el estado norteamericano de Texas, el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez a quien se le acusó y condenó a la pena capital por haber sido hallado culpable de los delitos de secuestro, violación, y homicidio de su prima hermana, Mayra Azucena Laguna de 16 años de edad, en las inmediaciones de Retama Village, al sur de Texas, en febrero de 1997.

De acuerdo con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, la condena a la pena de muerte que enfrenta el mexicano Rubén Cárdenas en Texas es ilegal, ya que no se respetó el derecho del detenido a poder avisar de su situación al consulado respectivo. El funcionario dijo que aún existen dos recursos para que la ejecución que se preveía se llevara a cabo ayer miércoles 8 noviembre, después de las 18:00 h, se pudiera posponer o suspender hasta que realizaran nuevas revisiones del caso. “Desde nuestra perspectiva, no se han agotado los procedimientos, el hecho de que haya existido una violación al debido proceso”, dijo el subsecretario Sada Solana.

“Desde nuestra perspectiva, no se han agotado los procedimientos, el hecho de que haya existido una violación al debido proceso, y por otro lado a la convención de Viena, no tener la posibilidad de una entrevista con un funcionario consular de entrada es una violación. El tema es que de origen hay una falla, y desde nuestra perspectiva es un acto ilegal”, subrayó el funcionario .

Sada Solana refirió que de ser rechazados ambos recursos, los abogados están preparados para buscar una apelación en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Además, explicó que existe una solicitud de clemencia, donde incluso se han enviado 23 misivas de apoyo, y una de ellas ha sido del propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

¿Qué implica todo esto? Básicamente, que el gobierno mexicano seguía apelando hasta la tarde de ayer porque los tribunales estadounidenses que conocen del caso, reconocieran que en el procedimiento que se le siguió al mexicano condenado a muerte hubo violaciones al debido proceso. Éste, que es un derecho de amplio contenido, en realidad es el único medio que garantiza la posibilidad de lo que en buen español podríamos entender como un juicio justo.

CONTENIDO INCOMPRENDIDO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que lo que en abstracto se entiende por derecho al debido proceso, está compuesto por lo que la propia Constitución denomina como “las formalidades esenciales del procedimiento”, cuyo contenido es: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por el Alto Tribunal como parte de esta formalidad.

Ahora bien, dice también la Corte —en la Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.). Registro: 2005716— que otro de los núcleos del debido proceso, es el identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto.

Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio.

Y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Todo eso es lo que el gobierno mexicano intentaba alegar a favor de nuestro paisano sentenciado a muerte. Al menos en este caso, y en otros similares en los que los juzgados y sentenciados a la pena de muerte son mexicanos en los Estados Unidos, parece existir un consenso social a favor de que todos esos derechos se respeten, y que se le permita acceder a un juicio con todas las garantías y mecanismos de protección antes señalados, para garantizar que la decisión que se tome sea apegada a derecho y a las circunstancias en las que se desenvolvió el juicio.

El problema es que eso mismo lo rechazamos dentro de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Amplias franjas de mexicanos se dicen en contra de un sistema de justicia más garantista y eminentemente dedicado a preservar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un procedimiento penal. Sistemáticamente en México se habla de la llamada “puerta giratoria de la impunidad”, del “excesivo garantismo” que se le profiere a los acusados de la comisión del delito, y de la supuesta laxitud que existe en cuanto a la imposición de las penas de prisión.

En realidad, muchas de esas situaciones en realidad responden a la necesidad de que el sistema de justicia penal, garantice todo el catálogo de derechos que se ha señalado en líneas anteriores, y no sólo cumpla los caprichos o las exigencias de quienes ven la justicia desde uno solo de los extremos, sin entender la dimensión integral desde la que un asunto como éste debe ser visto.

RACIONALIDAD

Por eso habría que entender que con la misma vehemencia con la que todos nos sumamos al consenso a favor de los derechos del mexicano procesado en Estados Unidos, entendamos las implicaciones relacionadas con el debido proceso en nuestro propio sistema de justicia, bajo una perspectiva particular: el sistema de justicia anterior, el inquisitivo, fue el que fomentó y creó este caos judicial en el que vivimos. Partiendo de eso podríamos entender mejor nuestro propia perspectiva de la justicia.