+ Nuevas leyes sí son bienvenidas, pero sólo después de terminar con la impunidad

El pasado viernes, la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C., tuvo la deferencia de invitar al autor de esta columna a un foro denominado “Oaxaca, leyes e instituciones para periodistas”, en el que varios ponentes realizaron un análisis críticos a las iniciativas de Ley de Protección a Periodistas que se encuentran en estudio en el Congreso del Estado, así como de los mecanismos y protocolos —los que ya existen, y los que deben ser creados— de atención a comunicadores cuando se encuentran en una situación de riesgo por el ejercicio de su labor informativa.

En efecto, en ese encuentro el autor de este espacio expresó algunas ideas que, además de lo que diversas notas informativas ya señalaron durante los últimos dos días, son importantes a considerar para el análisis crítico de la situación y las propuestas, las cuales se transcriben a continuación.

En una de sus últimas reflexiones académicas publicadas, el finado constitucionalista mexicano Jorge Carpizo McGregor, criticaba que en México había una carrera desbocada en la modificación y creación de nuevas leyes, y en las reformas y adiciones a la Constitución, con la intención de que diversas situaciones se establecieran en la ley, e incluso en la Constitución “para que ahora sí se cumplan”.

Esta situación bien puede ser la de la anhelada y malograda legislación en materia de protección a periodistas. Es bienvenido y se saludan los esfuerzos que diversos órganos han hecho en la materia, aunque lo cierto es que la realidad nos aplasta y revela que México es uno de los países que representa el mayor riesgo para la libertad de expresión en el mundo. Resulta que aquí el problema es sistemático porque no sólo existe un clima generalizado de impunidad que invita diariamente a muchas personas, a cometer delitos en contra —o no— de comunicadores sin el temor a ser presentados ante la justicia, porque saben que sólo existe una milésima posibilidad de que eso exista.

Ese mismo clima de impunidad es el que ha invitado tanto a particulares como a propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Razones en concreto puede haber varias. Sin embargo, es cierto que una de las más importantes es la incomodidad que genera para algunos el ejercicio de la libertad de expresión, y los amplios márgenes de libertad que ese clima de impunidad les permite para cometer delitos sin ninguna consecuencia esperable.

Pareciera que la respuesta del Estado es todo menos lo esperable. ¿Qué han hecho? El gobierno federal ha asumido la postura de siempre: ante hechos que agravian e indignan a la sociedad, propone mecanismos irrealizables de protección y atención a esos problemas. La otra respuesta son las normas de protección a periodistas que, como decía el doctor Carpizo, en gran medida significan una especie de “relegislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado; establecer criterios ambiguos y muy posiblemente contraproducentes, e incluso contradictorios y atentatorios en contra de los principios deontológicos más básicos del ejercicio periodístico y de la libre expresión en México según sus propios principios constitucionales.

¿NUEVAS LEYES?

Hago referencia a la iniciativa del diputado Horacio Antonio, que actualmente se enceuntra en análisis ante el Congreso del Estado. Y de esa propuesta, que coincide en mucho con otras que se han presentado en otros momentos a la Legislatura oaxaqueña, me refiero a tres ejemplos: 1. El establecimiento de los mecanismos de protección. 2. El intento desafortunado, temerario y hasta contraproducente, de normar principios éticos y deontológicos. 3. El Fondo de Protección a Periodistas.

Respecto al primero de los puntos, la iniciativa establece la creación de una Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Oaxaca. Inicial y esencialmente, este órgano presenta los mismos problemas que como ocurre en el ámbito federal: es un órgano burocrático, carente de nivel y ascendencia social y política, e incluso desprovisto de la atención que debería requerir un órgano encargado de enfrentar y atender uno de los rubros que más agravian a la sociedad, como lo son los delitos y agresiones cometidas en contra de la libertad de expresión.

Todos lo sabemos: cuando en la ley hablan de “representantes de la Secretaría X…” en realidad se está disculpando al Titular de ese órgano de asistir y atender esa responsabilidad, para limitarse a lo que dice la ley: enviar un representante, que lo mismo puede ser alguien comprometido que ser un funcionario de segundo, tercero o cuarto nivel, que sólo cumpla con el requisito de acudir a las reuniones, pero sin ningún vínculo con la importancia de la Comisión. Y el gobierno, todos lo sabemos, está atiborrado de gente dispuesta a sólo cumplir con los mínimos de la ley y sus responsabilidades, sin involucrarse mayormente en los asuntos que se les encargan.

Me refiero ahora, al establecimiento de principios como la cláusula de conciencia, o de conceptos como la “orientación informativa” o la “línea ideológica”. ¿Sirve de algo establecer lo que ya está en la ley? El ejercicio libre de la libertad de expresión está normado en los artículos 6 y 7 constitucionales; la libertad de trabajo lícito, en el artículo 5; la libertad de asociación en el artículo 9; los derechos de autor y firma en las leyes ordinarias sobre ese tema; y el secreto profesional, es un elemento inherente a diversas profesiones y oficios, que incluso se inscribe en la esfera de lo indecidible para el marco jurídico —es decir, de esos linderos que la propia autoridad no puede cruzar ni con los médicos, ni con los abogados, ni con cualquier persona que tiene al secreto profesional como una de las bases del propio ejercicio de sus funciones—. ¿Caeremos entonces en la tentadora vaguedad de re legislar esto “para que ahora sí se cumpla”, como lo criticaba el doctor Carpizo?

Ahora bien, con la cláusula de conciencia el propio legislador puede entrar en terreno pantanoso. ¿Por qué no mejor propone un “código ético obligatorio” para que entonces termine de exhibirse en su ignorancia? La cláusula de conciencia, bien lo sabemos, comprende el conjunto de principios morales, éticos y hasta sociales, a partir de los cuales un profesional puede optar por dejar de hacer algo incluido en su catálogo de actividades, cuando eso atenta contra sus principios.

Otro de los aspectos que me parecen centrales de abordar es el relativo a las infinitas tentaciones que representa el llamado Fondo para la Protección de las y los Periodistas. En específico, mis reservas se centran en el hecho de que considero que somos un grupo que enfrenta riesgos por la naturaleza de nuestra labor y por las circunstancias que imperan en el estado y en el país, pero que ello no debe llevarnos a la confusión de asumirnos como un grupo vulnerable. No lo somos. Ni tenemos por qué considerarnos así, ni permitir que bajo ninguna circunstancia se nos intente tratar o asumir como tal.

UNA DISCUSIÓN INTEGRAL

Al final es necesario que pensemos en propuestas integrales, y las exijamos. De qué sirve crear una nueva ley que será como los llamados a misa, mientras prevalezcan la impunidad.  La impunidad es el caldo de cultivo de las agresiones a periodistas, y más allá de leyes especiales, tipos penales, endurecimiento de penas, y otras medidas que sí son necesarias, lo primero que debemos exigir es que las autoridades hagan su trabajo. Asimismo, en la discusión sobre las leyes y mecanismos relacionados con la protección a periodistas debemos estar los periodistas; debemos estar para ser considerados y para ser incluidos en esta discusión que no sólo es de burócratas, de políticos, de servidores públicos o de legisladores.

+ Relevante, este paso en la maximización de la esfera protectora de los derechos

En el artículo que publica este día en estas mismas páginas de TIEMPO nuestro apreciado y respetado amigo, el profesor Juventino Gamelí Cruz García, se hace una pregunta que, a nuestro juicio, debe ser respondida resaltando la importancia que tienen los pasos que dan las instituciones y los servidores públicos en la ampliación de la esfera protectora de los derechos fundamentales, como los relativos a la igualdad y no discriminación, de los que somos titulares todas las personas independientemente de cualquier condición social, económica, racial, o política.

En efecto, en el artículo denominado “Empate en Oaxaca”, publicado este día en TIEMPO, el profesor Gamelí señala: “Resulta que una pareja de mujeres (al menos así están registradas en sus actas) lograron casarse en Oaxaca, con ‘apoyo’ de X ‘juez’ que no sabe o se hizo el olvidadizo, que en Oaxaca aún no hay ley que haga legal las ‘bodas gay’ o de seres diferentes a la gran mayoría, que se apegan a lo que marca la que señala que los casamientos son entre ‘un hombre y una mujer’… En otros casos y en otros lugares del país, para realizar los casamientos de otra índole, ‘los o las’ contrayentes se tienen que amparar, pero, al parecer lo sucedido en Oaxaca fue de otra manera… ¡Que alguien nos explique… Por favor!”.

Por la importancia que este hecho reviste jurídica y socialmente, vale la pena la explicación a la luz de los derechos fundamentales. Esa explicación, en términos generales, debe partir del propio contexto en el que ocurrió el reconocimiento al llamado matrimonio igualitario. Ello ocurrió hace algunos años, cuando precisamente en Oaxaca, una pareja conformada por dos personas del mismo sexo, presentaron una solicitud ante la Dirección del Registro Civil para contraer matrimonio. Éste lo negó argumentando que el artículo 143 del Código Civil señala que el matrimonio es el contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida.

En términos rigoristas, el Registro Civil tenía cierta razón en aquel momento, a partir de la interpretación estrecha de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. No obstante, la pareja solicitante a la que le fue negada la posibilidad de celebración de ese acto de la vida civil, recurrió al juicio de amparo ante tribunales federales, el cual en diversas instancias les concedió la razón, al interpretar el contenido del 143 del Código Civil a la luz de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.

En términos simples, la Suprema Corte concluyó en definitiva que dicho artículo es inconstitucional porque quebranta esos dos derechos y porque hoy en día los fines del matrimonio van mucho más allá que el de la perpetuación de la especie, y que está demostrado que no sólo entre un hombre y una mujer se pueden proporcionar ayuda mutua en la vida.

Así las cosas, tal y como lo señala el profesor Gamelí Cruz, era ya sabido que en Oaxaca cada que una pareja de dos personas del mismo sexo quería contraer matrimonio, tenía que recurrir a un juicio de amparo para que, amparados y protegidos por la justicia de la Unión, la Dirección del Registro Civil se viera obligada a celebrar el contrato civil del matrimonio, como si el artículo 143 del Código Civil dijera que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre dos personas (sin especificar los géneros), y no “entre un solo hombre, y una sola mujer” como lo sigue estableciendo hasta ahora.

ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ?

Básicamente, hubo un cambio de criterio de aplicación por parte de la Dirección del Registro Civil, el cual pasó de la postura de negar la celebración del acto solicitado en virtud de lo que dice el Código Civil, a la de hacer un control difuso de constitucionalidad para reconocer que existen suficientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la actual redacción del artículo 143 del Código Civil viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación de las personas, para realizar la desaplicación del mencionado precepto y ponderar sobre ello los criterios establecidos por el Máximo Tribunal de justicia del país.

En esa lógica, la Dirección del Registro Civil dio un paso importantísimo —ese sí, histórico— en la preservación de los derechos fundamentales de los oaxaqueños, al reconocer para sí la obligación que le impone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Así, a partir de esa obligación, relacionada con los principios pro persona y de interpretación conforme, que obligan a las autoridades a hacer todo lo que esté a su alcance para maximizar la esfera protectora de los derechos fundamentales, la Dirección del Registro Civil decidió ponderar la interpretación constitucional en el sentido de que el artículo 143 del Código Civil viola los derechos fundamentales de ciertas personas, para no aplicarlo y en lugar de ello preferir el criterio que no viola derechos fundamentales.

Por esa razón, con el cambio de criterio —un criterio ampliamente reconocido por la Corte, por el cual incluso inició una Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto al 143 del Código Civil de Oaxaca, y que ya está plenamente reconocido en otros sistemas jurídicos que ya reconocen el matrimonio igualitario dentro de su sistema jurídico— se hizo innecesario que la pareja solicitante acudiera a un juicio de amparo, y más bien fue la propia autoridad ejecutora quien reconoció su obligación de hacer todo lo que estuviera a su alcance para respetar y garantizar los derechos de esas personas a ser tratadas en un marco de no discriminación e igualdad ante los demás.

Esta decisión resulta por demás relevante. Oaxaca ha sido señalada reiteradamente tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por diversos organismos protectores de los derechos fundamentales de todas las personas, y de las minorías, por su resistencia a reconocer no sólo una situación de hecho bastante común en la actualidad, sino sobre todo por reconocer y tomar medidas legales y administrativas frente a una necesidad jurídica, que está encaminada a proteger a todas las parejas, independientemente de las características físicas de quienes la integran.

Al final, igual que como las parejas heterosexuales se unen en una relación, y adquieren diversos derechos y obligaciones relacionadas no sólo en lo mutuo, sino también en lo económico, material, e incluso en el otorgamiento recíproco de beneficios de seguridad social —desde atención médica hasta una pensión—, las parejas conformadas por personas del mismo sexo enfrentan esas mismas situaciones, y hasta ahora lo han hecho en medio de una especie de limbo jurídico.

Por eso es una buena noticia la decisión de cualquier autoridad, y en este caso de la Dirección del Registro Civil, de tomar la iniciativa, y con un alto sentido de responsabilidad, hacer lo necesario —y sin mayor aspaviento, porque no es un asunto que alguien haya pretendido ponderar, celebrar o capitalizar políticamente— para la protección de los derechos de todas las personas.

¿POLICÍAS NEGOCIADORES?

Es inaudito, pero de verdad increíble —y penoso—, que ahora sea el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, quien “pida” a los del “Frente Popular 14 de Junio”, que se retiren del zócalo a un albergue. ¿No querrán después, las instancias oficiales supuestamente encargadas de la gobernabilidad, que también la Policía Estatal les cargue sus tiliches a los inconformes, y no sólo los lleve, sino que también les construya un albergue? Es una vergüenza, que refleja el extravío en que se encuentran no sólo la Segego sino diversas dependencias gubernamentales encargadas de la atención a los conflictos sociales.

+ Gobierno y concesionarios unen fuerzas y desmovilizan a los grupos afectados

El campanazo que la semana pasada dieron el gobierno estatal y los concesionarios del transporte urbano sobre el incremento a la tarifa del pasaje, es sólo el anuncio de un conjunto de movimientos que ahora comenzarán a preparar para consumar el alza. Los antecedentes de los últimos incrementos así lo indican; y —por medio de un “incendio controlado” de aparentes inconformidades— están preparando el terreno para que eso ocurra sin oposición alguna de la sociedad afectada.

En efecto, la semana pasada hubo un anuncio por parte de los concesionarios del transporte urbano y sub urbano, en el sentido de que estaban listos para incrementar la tarifa del pasaje en días próximos. Igual que frente a cada movimiento de esa naturaleza, adujeron una serie de circunstancias relacionadas con el incremento al costo del servicio y la atomización de sus utilidades frente al incremento en el costo de los combustibles e insumos.

Este anuncio era, además, el último eslabón en la serie de escaramuzas que han sostenido dos de los grupos de transporte público concesionado durante el presente año, no queda claro si por el control de una de las dos principales líneas camioneras que prestan el servicio en la capital y municipios conurbados, o si por conseguir la mayor injerencia posible en los asuntos del transporte, más allá de lo que la autoridad de papel —Sevitra, que encabeza Francisco García López— puede hacer en estos casos. A las pugnas legales y laborales habidas en meses anteriores al interior de Choferes del Sur, ahora se sumó la decisión unilateral de uno de los grupos —es decir, el grupo detractor a la pro gobiernista Aurora López Acevedo— por impulsar un tema en el que, lamentablemente, al final todos terminarán estando de acuerdo en detrimento del interés de la ciudadanía.

El movimiento dado en este caso por un grupo de concesionarios, ha sido el acostumbrado cuando ya traen entre manos la posibilidad de un incremento: lanzan el llamado al incremento, esperando de antemano que la autoridad lo detenga; luego realizan algunas acciones de presión específicamente en contra de la dependencia estatal encargada de la regulación del transporte público concesionado; y finalmente, en un acuerdo construido desde el inicio, por un lado los concesionarios legitiman su conquista del incremento a la tarifa tras algunas semanas —o meses— de espera; y finalmente la autoridad justifica su determinación de permitir el incremento aduciendo la respuesta política a las presiones y al reconocimiento de la realidad y las condiciones económicas.

El problema, en este caso, es que en esa colusión —que bien puede ser entendida como una complicidad que si bien no rompe la ley, sí viola la equidad en una relación de esta naturaleza— que existe entre los concesionarios y la autoridad del transporte, la ciudadanía queda relegada porque es la única que no tiene relación ni intervención en las decisiones que se toman entre ellos. Queda claro que en ese conjunto de movimientos no aparece por ningún lado la defensa del interés ciudadano y tampoco la consideración a lo que la gente necesita.

Lejos de eso, lo que la autoridad y los concesionarios ofrecen son las mismas mentiras de siempre: además de sus reconocimientos mutuos —las presiones económicas y políticas que los incomodan a ellos—, le dicen permanentemente a la ciudadanía que habrá mejora en el servicio, mejores unidades de transporte, mayor capacitación a los conductores y demás representantes, y una serie de ofrecimientos que en realidad nunca han visto la luz y han servido como meros argumentos que justifican las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.

Así, aunque pareciera imposible un acuerdo entre ambos grupos que hoy libran una pugna abierta por el “liderazgo” (si es que se le puede llamar así) entre las empresas y los concesionarios —concretamente, el grupo que aún encabeza Alejandra Gómez Candiani, contra el de su prima, la ex secretaria de Transporte, Aurora López Acevedo, que al amparo del poder busca regresar por sus viejos y cuestionados fueros—, lo cierto es que bien puede ocurrir —y al final así terminará pasando— que puedan construir un acuerdo interlocutorio para beneficio mutuo.

En el fondo, el incremento a la tarifa les cae bien a todos; la autoridad puede terminar diciendo —como siempre lo ha hecho— que el alza era irremediable; y al final, la ciudadanía es quien nuevamente se quedaría desamparada frente a este acuerdo abusivo de autoridades y concesionarios, que sólo es cuestión de tiempo para que se concrete.

LA CIUDADANÍA, SOLA

Cuando ocurrió el último incremento a la tarifa del transporte público —a través de ese mecanismo del aviso previo, la aparente resistencia de la autoridad, y el mutuo acuerdo final para incrementar la tarifa—, una de las cosas que más se comentaban entre los propios concesionarios era que el entonces titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara, había hecho perdediza una cantidad de dinero superior a los dos millones de pesos que habría de ocupar en el pago a los grupos de choque al interior de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, para mantenerlos controlados.

Esta es una vieja estrategia que de alguna forma es equiparable a la caja china, en la que utilizan a algunas de las supuestas organizaciones ciudadanas y estudiantiles para hacer creer a la propia ciudadanía que de todos modos el incremento es irremediable, aún con oposición. Pues en el momento en que se decreta el incremento de la tarifa, los mismos concesionarios buscan a algunos grupos porriles, y les pagan alguna cantidad de dinero para que hagan desmanes que, además, son tolerados por la autoridad estatal. En no pocas ocasiones, incluso les ofrecen algunas unidades viejas y destartaladas, para que esas sean las que destrocen, quemen o vandalicen, y con eso justifiquen las supuestas acciones de resistencia en contra del alza de la tarifa del transporte.

Pues en realidad, la ciudadanía está sola en esta conspiración orquestada por los concesionarios y la autoridad. Está sola porque hace muchísimo tiempo que los grupos más fuertes e influyentes al interior de la Universidad, fueron superados por los grupos porriles que son auténticos mercenarios al servicio de quien mejor les pague.

En otros tiempos, las nutridas y auténticas protestas estudiantiles fueron un verdadero dique en contra del pulpo camionero y la autoridad, porque las movilizaciones eran resultado de verdaderas acciones ciudadanas. Todo eso fue relevado, por un lado, por grupos verdaderamente violentos que responden a intereses económicos para la generación de una apariencia de inconformidad; y en el otro extremo fueron también superados por la complicidad de quienes hoy utilizan esos mecanismos para asestar verdaderos golpes a la lastimada economía familiar. Por eso, en realidad la ciudadanía esta sola frente a los incrementos y es en realidad muy poco lo que pueden hacer para contrarrestarlo.

¿Y LAS VOCES LEGISLATIVAS?

Llama la atención que en todo este embrollo haya también reinado el silencio entre casi todos los diputados. La gran mayoría evadió el tema porque saben que al final terminarán arrollados por los intereses económicos y las conveniencias políticas que están en juego. Incluso, los diputados de Morena que tanto se dijeron en contra del alza del combustible y a favor de la economía familiar, se quedaron callados. El único que protestó fuerte fue el diputado Jesús Romero López, denunciando además las complicidades y el juego perverso sobre este incremento pactado. Con esas actitudes de la mayoría de los diputados, ¿cómo seguirse diciendo “representantes populares”?