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Osorio Chong: en la derrota, le quedará la apuesta de hacerse de los despojos del PRI

Toda competencia —máxime las de orden político— tiene dos caras: la primera, en la que todos piensan, apunta a la victoria y en ella se tiene la idea de que todos caben. Pero en la segunda, sólo quedan los que apuestan al mediano plazo. Parece ser el destino manifiesto de Miguel Ángel Osorio Chong ante el panorama incierto de una eventual victoria priista en la contienda presidencial. Quizá, en el primer escenario, valga convertirse en senador; pero, en el segundo, seguramente valdría mucho más quedarse con el PRI.

En efecto, la tarde del pasado miércoles se confirmó la separación de Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. Ocurrió en el contexto de los movimientos en el gabinete federal relacionados con quienes irán a las cámaras legislativas como diputados y senadores. No obstante, el movimiento de Osorio tiene lecturas más de fondo que no está por demás analizar y contextualizar no sólo en el escenario posible de la victoria priista sino, sobre todo, en el de una posible derrota.

¿De qué hablamos? De que, por un lado, a Osorio se le ha asociado hasta ahora con las expresiones de inconformidad de diversos sectores priistas, que no parecen muy contentos con la postulación de un no-militante como candidato presidencial de ese partido. En lo personal, porque a Osorio se le ubicaba como uno de los principales aspirantes presidenciales dentro del gabinete federal. Y en lo político, porque Osorio era la máxima representación de ese núcleo duro priista que se construyó desde las bases del partido, y que llegó a la cúspide del poder político —gubernaturas, cargos legislativos de primer orden, secretarías de Estado— con base en la disciplina partidista y la capacidad de ver siempre con recelo y rechazo cualquier otra militancia o preferencia política.

En ese contexto, Osorio Chong era la encarnación de la continuación de la liturgia priista, frente al ya conocido y ejercido pragmatismo por el Presidente Enrique Peña Nieto en la toma de las decisiones más importantes de su gobierno y de su grupo político. Por eso, al haberse decidido por José Antonio Meade, a Osorio Chong no sólo debía darle salida del gabinete federal sino, además, permitirle la posibilidad de ser uno de los principales herederos del PRI en el siguiente sexenio. Para todos dentro del gobierno federal, y del PRI, el único escenario posible es la victoria, y un nuevo ajuste entre el gabinete y las posiciones legislativas. Sin embargo, el lado B de la historia se centra en una posible derrota que tendría un solo superviviente seguro y, por ende, un solo ganador: Osorio.

Hoy todos intentan construir una victoria, porque ello sería la garantía cómoda de la supervivencia de su grupo político y, sobre todo, de la no persecución judicial. La cuestión es nada sencilla porque hasta ahora ningún indicador genera confianza en que puedan construir la victoria que todos pretenden, y cada vez resulta ser más visible la posibilidad de que puedan terminar siendo juzgados —políticamente, como grupo; y judicialmente, en lo particular— por sus actos y decisiones, si al poder presidencial llega un grupo político distinto al suyo.

Esto no sólo tiene base en sus actos, sino al aparente punto clímax al que ha llegado el encono nacional. Ello contextualiza la determinación priista por ganar al precio que sea; pero también las garantías de blindaje a quienes —como Osorio— decidieron alinearse a las decisiones presidenciales.

UN HEREDERO

Pase lo que pase, Osorio Chong será Senador de la República; será, además, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Alta; está seguro desde ahora, porque a menos que comiencen a perseguirlo antes del 1 de septiembre próximo, gozará de la inmunidad o fuero constitucional, para no ser molestado judicialmente al menos durante los siguientes seis años que funja como Senador. Si el PRI gana la elección presidencial, incluso tendrá margen para negociar su retorno al gabinete federal. Pero si pierden será uno de los pocos que termine cayendo parado.

¿Por qué? Porque Osorio intentaría ser una especie de Manlio Fabio Beltrones, de su propio tiempo. ¿Qué hizo el sonorense? Convertirse en uno de los herederos y líderes morales de las derrotas priistas en los tiempos en los que había gobiernos federales panistas. Luego del desastre que en 2006 provocó en el PRI Roberto Madrazo Pintado (otro heredero de los despojos priistas luego de la derrota del año 2000), hubo una especie de orfandad entre las principales figuras y liderazgos priistas —cuestión de la que en aquellos años también se aprovechara Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México—, hasta que surgieron personajes como Beltrones o Emilio Gamboa Patrón, que no eran necesariamente populares entre los electores —ninguno de ello se midió en una elección para acceder a las diputaciones y senadurías que han ocupado en los últimos años—, pero eficaces y experimentados operadores priistas.

Osorio, pues, intentaría hacerse del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, además de mantener los espacios que desde ahora ya tiene seguros. Una derrota en la elección presidencial, además, devastaría al actual grupo gobernante y prácticamente lo desplazaría de las decisiones más importantes, a partir del estigma de la derrota. Y esa transición del CEN priista tendría que pasar por las manos de las únicas figuras de relevancia que podrían quedar, y con las que tendría que negociar el nuevo presidente para la aprobación de sus iniciativas.

¿Cuáles serían sus fortalezas? Continuar influyendo, como un fiel de la balanza, entre los gobernadores priistas, en la consolidación de sus propios proyectos sucesorios y políticos. Tendría, pues, amplia capacidad para empujar candidaturas a todos los cargos en los tres ámbitos de gobierno, y fortalecer su posición de jerarca heredero de lo que quedó de aquel poder presidencial que alguna vez tuvo Peña Nieto.

Finalmente, es poco probable suponer que con una derrota en la elección presidencial, el PRI desaparecería. Eso mismo se decía en el año 2000 y no ocurrió. Más bien, habría que ver quiénes serían los herederos de esa derrota y, con perspicacia, preguntarse desde ahora —como un simple ejercicio de trabajo— si a esos personajes les convendría más la derrota que la victoria en los comicios de julio.

¿COLUDIDOS?

Con tantos personajes de la farándula postulados por Morena, cabe la pregunta de si algún día de estos ese partido cambiará su nombre a “Morena Azteca”, ya que de esa televisora —la contra de Televisa— está postulando a personajes casi a destajo. Ahí están Esteban Moctezuma, Lilly Téllez, Sergio Mayer y varios otros que seguirán sumándose a las decisiones frívolas de ese partido.

Sensibilizan a adolescentes sobre la solución pacífica de conflictos

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El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial impulsa el proyecto “El Adolescente y la resolución de conflictos en el aula”

A través del proyecto “El adolescente y la resolución de conflictos en el aula”, el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado sensibiliza a la comunidad estudiantil adolescente sobre la importancia del diálogo para la solución de los problemas o situaciones de agresión que pudieran vivir y como un método de prevención hacia la violencia escolar conocida como bullying.

En esta labor, en colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECyTEO), especialistas realizaron una jornada informativa en cinco planteles de la institución que se encuentran en diferentes regiones del estado donde 778 alumnos participaron en talleres, actividades didácticas, y dinámicas grupales encaminadas a fortalecer la cultura de la paz, valores como el respeto, la tolerancia, solidaridad, convivencia social e igualdad.

En los planteles visitados, ubicados en los municipios de Santiago Yolomécatl, en la Mixteca; en Valle Nacional, en la Cuenca del Papaloapan; en la agencia de Arrazola, de Santa Cruz Xoxocotlán y los centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 48 de Zegache y 17 de San José del Pacífico, se abordaron también estrategias de la mediación que contribuirán a que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos respecto a cómo pueden resolver dificultades de manera asertiva.

Ante los resultados favorables que la aplicación de los mecanismos alternos ha generado entre la comunidad en general, el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial busca expandir sus beneficios y que los alumnos apliquen las técnicas y herramientas de este método alterno de resolución de conflictos dentro de las aulas, con la participación de sus iguales, profesores, y padres de familia.

El Centro de Justicia Alternativa se ubica en Calzada Madero número 908, Ex Marquesado, Centro, Oaxaca, teléfono 514 91 91 y lada sin costo 01 800 821 67 89. Asimismo, cuenta con otras dos módulos de atención, uno junto a los juzgados penales en Santa María Ixcotel con línea telefónica, 513 47 74 y otro en el Juzgado Especializado para Adolescentes, ubicado en Álamos 807, Colonia Reforma, Centro, Oaxaca con número teléfonico 520 39 94.

Morena le apuesta todo a 2018, y menosprecia la construcción de proyectos a futuro en todos los ámbitos

Cuando a mediados de diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador vino a Oaxaca a anunciar que su coordinadora estatal, e inminente candidata a encabezar la fórmula de su partido de candidatos al Senado, sería la cantante Susana Harp, la noticia fue poco difundida en medios de la capital del país. Una decisión más o menos similar acaba de ser anunciada en la Ciudad de México: Morena registró entre sus candidatos a diputados federales por la Ciudad de México, al cantante Sergio Mayer. Aunque la pobre trayectoria profesional y nula actividad política del intérprete causaron cierta mofa, lo importante tendría sería poder comprender la lógica (y la frivolidad, la ausencia de futuro, y conveniencia de corto plazo) de esas postulaciones.

En efecto, la inminente postulación de Susana Harp en Oaxaca causó conmoción particularmente en el espectro político y entre quienes eran parte de la carrera por esa postulación, debido a que para ganar la gracia del reconocimiento en Morena hubo quienes renunciaron a otros partidos, redoblaron el activismo en campo, o intentaron construir diversos acuerdos políticos internos para tratar de allanar una decisión del tabasqueño a su favor. El anuncio sobre Susana Harp, además, abrió la puerta a las conjeturas relacionadas a qué tanta relación podía tener eso como una forma de congraciarse con la influyente y acaudalada familia oaxaqueña que lleva el mismo apellido de la cantante.

En la primera de las cuestiones, se afirmaba que la decisión favorable a Harp era en realidad un golpe bajo y una especie de traición a quienes habían invertido tantos capitales políticos para intentar posicionarse bajo las siglas de Morena en la entidad. Y la segunda no pasa de ser una conjetura porque en realidad no existe ningún elemento que constate o desmienta que a Harp la postulación no por su familia, sino como una forma de aprovechar la fama y la presencia que tiene entre algunos sectores del electorado oaxaqueño.

En la misma lógica de esta última afirmación, vale la pena reconsiderar lo apuntado en esta columna en nuestra entrega del pasado 19 de diciembre, cuando afirmamos que en el caso de Oaxaca, en el caso del PRI en la definición de las candidaturas al Senado se establecerán las prioridades y los proyectos del grupo que gobierna, mientras que en Morena queda claro que su única intención se centra en tratar de afianzar sus posibilidades de triunfo independientemente de los nombres y las personas a quienes impulsan.

¿Por qué en Morena no están interesados en los nombres y los proyectos políticos?, nos preguntábamos en aquella ocasión. Y la respuesta hoy, a la luz de la postulación no sólo de Susana Harp en Oaxaca, sino de personajes tan frívolos como Sergio Mayer en la Ciudad de México, se afianza:

Porque para ellos —apuntamos el 19 de diciembre— queda claro que la única prioridad de 2018 se centra en ganar la elección presidencial. El hecho de que en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador haya impulsado a la cantante Susana Harp, por encima de todos los demás políticos que buscaban la postulación a la cámara alta, sólo refleja que Morena tiene la urgencia de buscar figuras que afiancen votos, independientemente de lo que pase después de la elección.

Es decir —abundamos—, que a ellos parece no interesarle el hecho de que hay total incertidumbre sobre qué tipo de senadora podría ser Susana Harp, o de qué forma representaría a su partido, y a Oaxaca, ante los poderes federales. Si eso no les interesa, mucho menos está en el radar de López Obrador haber postulado a una persona en específico al Senado, para construir una imagen y luego perfilarla a la gubernatura del Estado. Por eso, queda claro que el principal interés está centrado en que todos los candidatos le sumen votos al tabasqueño, y que todos le ayuden a una definición a favor en 2018 sin importar lo que ocurra después de dicho momento.

2018, POR ENCIMA DE TODO

Todo esto es indicativo de que, al menos para Morena, no hay más futuro que el 2018. Es comprensible que como objetivo electoral, la elección de julio próximo sea el objetivo prioritario. Sin embargo, también es claro que un partido político no debiera subsistir sólo para el auspicio de una sola candidatura —la presidencial, de López Obrador— o de un solo proyecto político, sin establecer las bases de lo que tendría que ser visto como una supervivencia institucional.

Por eso, el hecho de que el partido de López Obrador esté buscando figuras populacheras, de oropel, o de aparente estatura moral por su trabajo informativo —que sería lo mismo que postular a un ingeniero o médico destacado, aunque con el plus de salir en la televisión, tener cierta credibilidad y ser visto diariamente por millones de personas— es en realidad reflejo de que no está preocupado por construir un Morena sostenible en el mediano y largo plazo. Más bien, le quiere dar prioridad a lo que algunos pudieran denominar como “el imperio de la imagen” por encima de lo que mujeres y hombres mejor preparados, podrían aportarle a las entidades federativas en las que están siendo impulsadas, y al país en general.

En el caso de Oaxaca, queda claro que de llegar Susana Harp a la candidatura al Senado, tendría amplias posibilidades de ganar, y después aspiraría —por una cuestión casi natural— a convertirse en la candidata a Gobernadora por Morena en el 2022. Esto, a pesar de su inexperiencia total en cualquier tema relacionado con la función pública —ya que, es cierto, es ciudadana con derechos políticos, aunque también lo es que su trabajo y su “expertise” es cantar canciones locales estilizadas, dirigidas a público no oaxaqueño— y su incierto destino como figura política.

Y en el supuesto de que en aquel momento López Obrador diera otro golpe de timón, y desplazara a Susana Harp para impulsar a otra figura en la candidatura al gobierno estatal, entonces estaría echando a la basura el capital político invertido en esta elección de 2018 para la construcción de las candidaturas actuales, y estaría sacrificando el trabajo —y los recursos económicos— invertidos en la “preparación” de una persona que de todos modos no tendría futuro político debido a los arreglos inexplicados del Jefe Máximo de Morena, o de sus caprichos.

PARTIDO SIN FUTURO

Un botón más de muestra: Ayer, la Secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnski, anunció que la periodista Lilly Téllez será la “coordinadora de organización” de ese partido en Sonora, y por tanto virtual candidata al Senado por la coalición Morena-PT-PES. De nuevo, decisiones populacheras y electoreras, pero sin sentido político y sin la visión de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, que de forma natural se supone que debieran los partidos, para tratar de ver más allá que la razón coyuntural de una elección.

Tenencia en Oaxaca: cualquier solución pasaba por reconocer la necesidad de soluciones creativas

Es reconocimiento de lo impráctico que resultaba el proceso de cobro, y el gravamen mismo sobre la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, debería ser apenas el primer paso de una serie de medidas para reactivar y fondear la insuficiente recaudación de impuestos estatales. Si de verdad existe la intención de incrementar la captación de impuestos locales, dicho reconocimiento, además, debe reflejarse en todas las demás áreas relacionadas con el cobro de contribuciones, que además de ser poco competitivas, resultan ser muy poco amigables con el contribuyente oaxaqueño.

En efecto, la impracticidad del cobro del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, en Oaxaca podía verse desde distintos ángulos. Desde la perspectiva estrictamente económica, resultaba que por un lado el impuesto era demasiado oneroso con relación a su costo en otras entidades federativas; y por el otro, el gobierno de Oaxaca nunca logró aterrizar una argumentación convincente respecto de cuál era el propósito o la finalidad de que el contribuyente oaxaqueño pagara dicho impuesto en la entidad, y no en otra en donde era menor o en la que definitivamente no se cobrara. Junto a ello, siempre estuvo la excesiva burocracia, y la intrincada y decimonónica tramitología que se procuraba para que, quien quisiera pagar cinco o diez veces más por unas placas de circulación que en otra entidad, lo hiciera en Oaxaca. Por todo eso, vale la pena ir por partes.

Como antecedente en el primero de los rubros, vale señalar desde hace varios lustros el impuesto a la tenencia de vehículo era uno de los que quedaba sujetos a la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Esto era que, a pesar de ser un gravamen federal, los encargados del cobro y la utilización de dichos recursos eran las propias entidades federativas.

En términos simples, los recursos que captaban por ese concepto eran tomados “a cuenta” de los recursos que la federación estaba obligada a transferirle a las entidades federativas. El problema es que, en 2012, dicho impuesto desapareció como un gravamen federal, pero quedó abierta la posibilidad de que los estados de la República lo continuaran aplicando ahora como un impuesto del orden estatal.

Así, hubo varias entidades de la República que lo eliminaron, y otras desde el principio ofrecieron estímulos fiscales a los contribuyentes para que consintieran el cobro pero a una tasa cero, o de algunos pesos, para que con ello se mantuviera la vigencia del gravamen y se dejara abierta la puerta a la desaparición del estímulo, sin el riesgo de que los contribuyentes alegaran en su contra, por haber sido actos consentidos durante el periodo de la vigencia de los beneficios fiscales.

La postura del gobierno de Oaxaca, sin embargo, fue poco asequible frente a la situación. Bajo el alegato de que era un impuesto que no podía desaparecer debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de Ulises Ruiz, que bursatilizó ingresos futuros (según para realizar obras de beneficio social, cuestión que nunca fue transparentada) garantizándolos justamente con los derechos vehiculares y con el cobro de la tenencia, entre otros.

Era evidente que el impuesto no podía desaparecer. Pero al restablecer el cobro de la tenencia estatal, y mantenerlo en las mismas tasas de la antigua tenencia federal, sólo provocaron una fuga enorme de contribuyentes oaxaqueños que, a partir de diversos derechos fundamentales que sobreponen la libertad de tránsito y el reconocimiento de los actos jurídicos entre entidades federativas al cobro de un impuesto, decidieron emplacar sus vehículos en otros estados en los que la tenencia había sido flexibilizada o eliminada.

ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA

Todavía en los últimos días de 2017, realizar el trámite de registro, emplacamiento y pago de tenencia y derechos vehiculares en Oaxaca, era una auténtica tortura. Dicho proceso había sido el mismo que se seguía desde años atrás, el cual además de ser un servicio lento y plagado de burocracia, era además complejo y poco accesible para el ciudadano, que en el mejor de los casos debía perder todo un día para realizar el trámite, o bien podía hacerlo en varios momentos para permitirle los tiempos de espera a un sistema de cobro anticuado, complicado y repelente a los contribuyentes.

Para empezar, el contribuyente debía llevar todos los documentos relacionados con la propiedad del vehículo de motor, y buscar una subdelegación fiscal, o una oficina de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en la que estuviera disponible el servicio en el momento necesario (para realizar este trámite, el autor de este espacio tuvo que visitar cuando menos tres oficinas distintas, sin éxito); una vez superado este obstáculo, debía pasar a una primera revisión de la documentación, en la que prácticamente a todos los contribuyentes les informaban de un requisito adicional, cartas poder o demás, en medio de una oficina (incluso en las oficinas centrales de Sevitra) en la que no son visibles al público los documentos requeridos para cada trámite, ni los señalamientos sobre dónde inicia y cuál es el flujo en cada uno de ellos; y mucho menos los tipos de servicios que ahí se prestan.

Una vez superada la revisión, captura y digitalización de documentos, se emitía una orden de pago llena de problemas: o se pagaba en la ventanilla bancaria ubicada dentro de las oficinas de Sevitra, teniendo que esperar cuando menos un día para que “el sistema refleje el pago”. Otra opción era acudir a una sucursal bancaria que se encuentra por lo menos a un kilómetro de distancia e invertir todo el tiempo para la realización de las comunes largas filas para el pago en ventanilla, considerando que sólo una institución bancaria (Banorte y, a veces, HSBC) garantizaba el reflejo del pago a los pocos minutos, para poder continuar el trámite el mismo día.

Y había una tercera opción: el pago, en la misma oficina de Sevitra, a través de una terminal para tarjetas bancarias. Ilusamente, se creyó que este sería el método más rápido. Pero no: de todos modos, habiendo pagado ahí mismo, había que esperar al menos tres o cuatro horas para el reflejo del pago en el llamado sistema SIOX. A pesar de las promesas, éste contribuyente debió esperar dos días al reflejo del pago, debido a una “caída del sistema” que prolongó por mucho tiempo más la posibilidad de concluir dicho trámite.

Con esta burocracia, ¿cómo no emplacar en otro estado a través de un gestor, con un costo inicial similar o menor al cobrado en Oaxaca, y con la garantía de que los pagos posteriores no rebasarían los 600 pesos anuales?

CERTIDUMBRE

Con las medidas anunciadas, se supone que esa tortura burocrática debe terminar. Eso era indispensable para lograr que más automovilistas regresen a las placas estatales. Y lo que sigue es hacer amigables los servicios tributarios estatales a los contribuyentes. ¿A poco no entienden que en el SAT tratan al usuario lo mejor posible cuando acude a realizar trámites, para que después con esa misma diligencia hagan lo necesario para determinarle y cobrarle sus impuestos? Ahí está la clave.

Triunfo priista: determinado por los consensos que logre Meade con los Gobernadores, no en las lealtades a Osorio

Acostumbrados a ver la política como un simple partido de futbol o como un duelo polarizado entre contendientes (A contra B; buenos contra malos; blanco contra negro; etcétera), se insiste en que son los nombres y las lealtades a muerte, y no los consensos, los que determinan los triunfos y las derrotas en los procesos electorales. En el caso del PRI, es claro que las posibilidades de triunfo que tengan —muchas o pocas— se afianzarán o diluirán en la medida que el Candidato Presidencial logre generar los consensos necesarios con los factores reales de poder con los Gobernadores. Será eso, y no las lealtades a los ex aspirantes, lo único que determine el destino del priismo y de la Presidencia de la República.

En efecto, ayer circuló con fuerza una versión en la que se establecía que en breve Miguel Ángel Osorio Chong dejaría la titularidad de la Secretaría de Gobernación para buscar una senaduría por su entidad natal, Hidalgo. En ese contexto, continúa desgranándose un análisis que intenta explicar el futuro del partido tricolor y de su candidato presidencial, a partir de los juegos políticos y las lealtades que se manifestaron previo a la definición de la candidatura presidencial del PRI.

Evidentemente, todos los actores importantes del priismo nacional —senadores, gobernadores, dirigentes sectoriales, líderes regionales, etcétera— tenían una simpatía en específico, y prácticamente todos movieron algunas piezas para tratar de afianzar a quien creían que sería su candidato. Ello era natural, porque al seguir la candidatura presidencial la doble lógica tradicional del tapado y la cargada, la decisión presidencial sobre la candidatura es una incógnita que juega en contra de todos los que de forma natural intentan manifestarse para tratar de respaldar a alguno de los que creen que pueden contar con la gracia final para la obtención de la candidatura.

Es una paradoja: todos parecen querer concursar y competir —y de hecho lo hacen, en la llamada “carrera por la candidatura presidencial”, que en realidad no es carrera ni competencia porque ni en el PRI, ni en las demás fuerzas políticas, tiene reglas o condiciones concretas— por una decisión que en realidad no se toma con base en competencia o resultado alguno, sino esencialmente a partir de la decisión unilateral que en realidad nadie sabe —ni él mismo— si es la más adecuada para él, para su grupo político, para su partido, para el proceso electoral, ni tampoco para el país.

Por esa razón, en la lógica real hoy no se puede suponer que haya consecuencias favorables para quienes jugaron —por una “corazonada”, e incluso por convicción— a favor de José Antonio Meade, como tampoco que haya represalias, o lealtades a muerte, en quienes jugaron a favor de Osorio Chong. Sería tanto como suponer que habría consecuencias fatídicas o afortunadas por una simple cuestión de suerte, de amistades o de proyectos políticos.

Más bien, lo que todos intentaron (desde la “carrera por la candidatura”) es subirse al tren de la elección, respaldando a alguno de los posibles depositarios de la candidatura. Habiendo ganado o perdido, gracias a la suerte o a la aleatoria e impredecible decisión presidencial, ahora de lo que se trata es de que todos generen los consensos necesarios para que a los gobernadores —en particular— les convenga más seguir teniendo un presidente de su mismo partido, que un presidente de otra fuerza política con la que puedan tener rejuegos y escarceos políticos para encarecer las negociaciones.

JUEGOS POLÍTICOS

Esto último fue el margen que descubrieron los gobernadores —particularmente los priistas— luego de la derrota presidencial del año 2000 ante Vicente Fox; y fue exactamente lo mismo que prefirieron cuando seis años después corroboraron que de llegar a la Presidencia, Roberto Madrazo sería un presidente totalitario y subyugante, y por eso prefirieron ejercer el voto útil a favor de Felipe Calderón Hinojosa, con quien se la pasaron negociando y recibiendo durante los seis años de su administración.

Todo esto, de hecho, ocurrió en un contexto en el que el Presidente —Fox y Calderón— no se atrevió a tocar el artículo 116 constitucional y sus relacionados, para frenar el amplio margen de operación que han tenido los gobernadores, y que sólo se verá más o menos frenado por algunas normas relacionadas con disciplina financiera y con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no de la forma que debiera esperarse luego de las amargas experiencias de los más de 15 ex gobernadores que hoy enfrentan a la justicia por casos de malversaciones y corrupción, y de los muy conocidos casos en los que algunos gobernadores han actuado como auténticos dueños o ‘virreyes’ de las entidades federativas que gobiernan, sin las consecuencias legales o políticas que deberían existir por sus conductas excesivas.

En ese contexto, ¿hoy valdrán más las supuestas lealtades a muerte de algunos gobernadores y figuras políticas de primer con Osorio Chong, que la necesidad de generar consensos con José Antonio Meade? ¿Deberían ser los Gobernadores los impulsores de esos acuerdos, o tendría que ser el propio candidato presidencial quien los busque y construya?

Parece claro que hoy la actitud proactiva de búsqueda y construcción de consensos con esos factores reales de poder, debería estar más en el candidato presidencial que en los gobernadores. Finalmente, los primeros ya tienen su cargo y el segundo no. Y es evidente que los acuerdos deberían apuntar a construir futuro juntos, antes que nutrirse de imposibles —como que Osorio pudiera ser un candidato sustituto— o de lealtades inamovibles, que bien sabemos que en la política mexicana hace mucho que no existen.

Por esa razón, el destino de la carrera presidencial en el PRI no puede explicarse a partir de las apuestas y de las lealtades, sino de los consensos y las conveniencias mutuas. Meade es el candidato presidencial y es él quien debe buscar generar las sinergias que le permitan mantener la suma inicial de los gobernadores priistas, y éstos deben encontrar en su candidato presidencial la mejor opción —y el eco suficiente a sus propios proyectos políticos—, antes que preferir la negociación con el adversario.

Ahí se construirá la candidatura real, y el triunfo priista. Las demás, son cavilaciones que no alcanzan una explicación de fondo para todo lo que veremos en los meses siguientes.

RECONOCIMIENTO

En un franco acto de reconocimiento a la labor impulsada por la señora Ivette Morán de Murat, hoy martes la directora del DIF Nacional, Laura Barrera, visita Oaxaca para atestiguar la remodelación de la Unidad Deportiva, e inaugurar formalmente esta obra apoyada con recursos federales por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Estará acompaña por el gobernador Alejandro Murat, y por la propia Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, quien ha sido una precursora directa e incansable de este tipo de acciones a favor de la inclusión y el deporte entre los oaxaqueños, y que gracias a ello goza ya de un amplio reconocimiento social a su trabajo y preocupación por los niños y las familias en la entidad. ¡Enhorabuena!

Más allá de la elección, Oaxaca enfrentará retos determinantes en 2018

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El proceso electoral es un asunto muy importante que enfrenta Oaxaca, pero es claramente visible que ese no es ni su principal ni su más apremiante reto. Así como para la clase política, será decisiva la forma en que se resuelva la elección del Presidente de la República, diputados federales, senadores, diputados locales y autoridades municipales, tanto para la ciudadanía como para el gobierno hay temas que deben ser tanto o más importantes. La división, el encono, la codicia y el egoísmo entre oaxaqueños, es algo que debe enfrentarse antes de que deriva en una crisis mayor. No es un tema político, sino de gobernabilidad y de supervivencia colectiva.

En efecto, el análisis lineal fácilmente puede llevarnos a suponer que el tema más importante para 2018 será la elección de nuevas autoridades y representantes populares. Nadie puede regatear la importancia de ese proceso. Sin embargo, suponer que es el más relevante o trascendente, sólo puede ser producto de un análisis frívolo e incluso poco serio. En realidad, la entidad enfrenta tantos problemas tan profundos e inerciales, que en realidad la elección resulta ser una mera coyuntura que debería ser el camino, y no la finalidad, de los retos políticos para el año que inicia.

¿De qué hablamos? De que si bien Oaxaca es parte de la elección más grande y compleja de la historia de nuestro país (de forma global, en esta elección habrá más de tres mil cargos públicos en disputa en los comicios de julio próximo, y sólo en Oaxaca ocurrirá la renovación de casi doscientos espacios públicos, entre municipales y legislativos, los cuales reconfigurarán la relación de fuerzas y grupos en los espacios de poder), en realidad hay otros problemas que debieran estar en la médula de esas discusiones y definiciones políticas, no mantenerse escondidos y aislados como si éstos sólo fueran responsabilidad o problema de las autoridades ya electas.

Esos problemas, en realidad, tienen que ver con el eterno y complejo conflicto magisterial y popular; con la hasta ahora negada pero inminente crisis financiera del gobierno estatal; con el manejo y encaminamiento de solución a distintos conflictos de orden social y político en el interior de la entidad; y, entre otros, con el establecimiento de las condiciones mínimas para poder detonar algunos de los proyectos estratégicos más importantes para la entidad, como la zona económica especial en el puerto de Salina Cruz; o la conclusión de las autopistas al istmo y la costa oaxaqueña, que además de llevar casi veinte años de retraso en su construcción y conclusión, hoy el solo reinicio de las obras constituye uno de los mayores retos políticos y sociales para la administración estatal, en todos los sentidos.

NADIE HABLA DE LOS RETOS

Un problema importante es que nadie, en el ámbito público, quiere hablar de esos retos que están a la vista. En el gobierno no quieren hacerlo, porque impulsar una discusión de esa magnitud significaría reconocer los problemas y los fracasos institucionales que han enfrentado para poder darle la cara a esos problemas. Por eso, esas se vuelven discusiones vedadas, que se han mantenido de esa forma a pesar del cambio de gobernantes, de los aparentes cambios en las políticas institucionales, y de los diversos partidos de donde han emanado los gobernantes en la entidad.

Otro problema, similar al anterior, radica en que la oposición no sólo no ha querido hablar de esos problemas, sino que deliberadamente los ha utilizado para su beneficio. El mayor ejemplo de ello fue Gabino Cué, que como aspirante a la gubernatura se mantuvo varios años azuzando y respaldando las demandas magisteriales, hasta que tuvo que enfrentarse a ellas como gobernante. Cué no entendió que la Sección 22 nunca fue, ni sería su aliada, igual que como nunca quiso reconocer que él se dijo aliado del magisterio sólo por conveniencia. Al final, no sólo ellos terminaron perdiendo gracias a esas acciones convenencieras y frívolas, sino que Oaxaca entero resintió las graves consecuencias de un manejo egoísta e indolente de un tema tan relevante como ese.

Otra cuestión de la que debería hablarse a fondo es de la necesaria y urgente reestructuración financiera del gobierno estatal. Este es un asunto en el que, de entrada, deberían intervenir todos los actores y fuerzas políticas, porque en su dimensión actual no es sólo responsabilidad del gobierno, sino de todos los que le han exigido de más a la administración pública, hasta extenuarla y menguarla, a través de la presión, el chantaje y la corrupción.

No es aislado el hecho de que hoy diversas dependencias gubernamentales enfrenten importantes crisis que, de entrada, parecen incluso insalvables. Por eso, un asunto de voluntad y responsabilidad compartida debiera ser la revisión de las condiciones del sistema de salud, el educativo, de las pensiones de la burocracia estatal, y de la forma en que se procesa —con una lentitud agobiante— todo lo que tiene que ver con la inversión gubernamental y la obra pública. Entre varios otros temas.

En esa agenda de temas debería también estar, en un aspecto central, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Es lamentable la forma en la que el sector público —estatal y federal— le sigue regateando apoyo y respaldo a la administración del rector Eduardo Bautista Martínez, y continúan posponiendo —para quién sabe cuándo— la solución integral y urgente que requiere la universidad de los oaxaqueños. Es cierto que el tema financiero es el primero y más apremiante de sus problemas.

Sin embargo, la UABJO sí merece un rescate integral, académico y político, en el que todos la dejen de ver como un espacio de crisis y extraterritorialidad, y asuman la importancia que tiene la Universidad como una de las principales cajas de resonancia sociales y políticas de la entidad, y vean que la indolencia hacia ella es parte del poco compromiso que existe para intervenir en serio en asuntos que no necesariamente dejarán un dividendo electoral, pero sí un legado importante para las futuras generaciones.

COMBATIR EL EGOISMO

Y, de hecho, en la picota está un tema más de fondo: el reto que enfrentan todos los partidos, el gobierno, las administraciones municipales y los representantes populares, por asumir que Oaxaca es un solo ente, y que por eso es indispensable dejar de ver a la entidad con egoísmo. Si se quiere concretar la Zona Económica Especial en el Istmo, o las autopistas que detonarán el desarrollo, el primer reto es lograr que las organizaciones sociales, los pueblos, y las mezquindades, dejen de ver su interés particular por encima del interés colectivo. Ellos, y todos, somos parte de Oaxaca. Y esa política inicua de asumirse como parte de una comunidad, pero no de Oaxaca, es la que ha engendrado el egoísmo que tiene pospuestos esos proyectos de desarrollo y justicia para regiones enteras de nuestra entidad.

Poder Judicial inaugura el primer periodo de sesiones

El Pleno del Honorable TSJE encabezado por el magistrado presidente Raúl Bolaños Cacho rinde un minuto de silencio en memoria del licenciado Manuel Acevedo Leyva, quien fuera Coordinador General de Comunicación Social

El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como el Consejo de la Judicatura iniciaron formalmente sus actividades este miércoles al declararse abierto el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al 2018.

En una Sesión Solemne de magistrados realizada en Ciudad Judicial, el presidente del órgano colegiado,  Raúl Bolaños Cacho declaró formalmente iniciadas las actividades, tal  y como lo establecen los artículos 12 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Oaxaca.

Al hacer uso de la palabra, Bolaños Cacho exhortó a los magistrados a redoblar esfuerzos poniendo por delante el nombre del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De igual forma agradeció a los integrantes de la Comisión de Receso que encabezó el magistrado Crescencio Martínez Geminiano  el haber trabajado con responsabilidad.

En asuntos generales, los magistrados rindieron un minuto de silencio en memoria del licenciado, Manuel Acevedo Leyva, quien fuera Coordinador de Comunicación Social del TSJE.

“Acevedo Leyva fue un oaxaqueño ejemplar que laboró para este Tribunal con responsabilidad, lealtad y profesionalismo”, sostuvo el magistrado Raúl Bolaños Cacho.

Los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones concluirán en la primera quincena del mes de julio.

Avanza implementación de la oralidad mercantil en Oaxaca

El Poder Judicial del Estado especializó a un grupo de 19 jueces quienes concluyeron una Jornada de Talleres

Ante el reto que representa la entrada en vigor de los juicios orales mercantiles, conforme a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a inicios del 2017 y que propiciarán una justicia más expedita en la materia, el Poder Judicial de Oaxaca integró la Comisión Permanente de Implementación de Oralidad Mercantil, conformada por magistrados, jueces y directores de área, misma que a través de un Plan de trabajo impulsa diferentes estrategias.

Resultado de éstas, recientemente un grupo de 19 jueces concluyó una Jornada de Talleres especializados en el tema, que en una segunda etapa programada para este año será impartida a los secretarios judiciales, con la finalidad de continuar con la preparación del personal que demanda este cambio generado por las reformas realizadas al Código de Comercio.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez y Ricardo Javier Herrera Muzgo Rebollo, integrantes de la Comisión coincidieron que la implementación de este nuevo modelo de justicia es un reto no solo para Oaxaca sino para todo el país, ya que requiere contar con servidores públicos capacitados e infraestructura apropiada para la apertura de juzgados especializados.

Señalaron que dentro de las acciones del organismo conformado a iniciativa del Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho, se encuentran la selección de los candidatos a ocupar los nuevos juzgados, conforme a sus perfiles personales y profesionales, el diseño de los contenidos del programa de capacitación en la materia, su ejecución y creación de nuevos juzgados conforme a las posibilidades presupuestales.

Los magistrados explicaron que en materia de Justicia Oral Mercantil, al inicio de la presente administración, era impartida por un solo juzgado que tenía una competencia mixta en materia civil y mercantil; sin embargo, al no ser un juzgado especializado, su funcionamiento fue poco satisfactorio. Por ello, el 12 de julio del año pasado se creó el Juzgado Oral Mercantil para todo el Estado que a la fecha presenta avances favorables.

Aseguraron que esta nueva forma de impartir la justicia servirá para disminuir los tiempos al momento de que haya un juicio relacionado con una transacción comercial.

Una mirada al control que ejerce la Sección 22 sobre sus agremiados, frente a la evaluación docente

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Oaxaca representa uno de los mayores retos para el gobierno federal, por la necesidad impuesta en la ley, y la resistencia de miles de profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE, a la aplicación de la evaluación docente. Este es un proceso que emana de la Constitución y tiene sus bases en la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esto, sin embargo, existe un posicionamiento político en contra por parte del sindicato magisterial, que ha establecido como una política el rechazo a la evaluación. Ante esa realidad, vale la pena entender bajo qué mecanismos la Sección 22 presiona y mantiene a miles de sus trabajadores en una resistencia obligada frente a la evaluación.

En efecto, la Sección 22 mantuvo diversos mecanismos de control que fueron ampliamente conocidos y documentados. Desde 1992, cuando el Gobernador Heladio Ramírez López le entregó a la dirigencia magisterial la posibilidad de que éstos nombraran a prácticamente la totalidad de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se establecieron las bases para establecimiento de un control disciplinar y clientelar de los más eficaces que se conozcan en nuestro país.

A los trabajadores de la educación se les sujetó desde entonces a un régimen bajo el cual la mejora de cualquier situación administrativa estaba supeditada a la participación en actividades sindicales y, además, la participación sindical condicionaba la estabilidad laboral. A esa simbiosis se acostumbraron los integrantes de la Sección 22, y esa era una de las causas más de fondo por las que el sindicato magisterial se negaba a perder el control que ejercía sobre las cuestiones administrativas en el IEEPO.

En 2006, hubo un primer intento del entonces Gobernador Ulises Ruiz Ortiz por desmantelar esa estructura administrativa emanada de la Sección 22 y enquistada institucionalmente en el IEEPO. Eso motivó, en gran medida, la profundización del conflicto y la revuelta magisterial que había surgido por razón del desalojo del 14 de junio; y finalmente, en aquel entonces en las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación se estableció la devolución del Instituto a la Sección 22, a cambio de que ésta se separara y desmovilizara para darle cauce a la revuelta que ya era desbordante en la capital oaxaqueña durante los últimos meses de aquel aciago año 2006.

Así, el control clientelar continuó y esto se profundizó cuando, inicialmente, el Gobernador Gabino Cué reconoció la preponderancia de la Sección 22 al interior del IEEPO y prácticamente le terminó de entregar el control administrativo del instituto educativo. La 22, ante la rendición voluntaria de Cué, enloqueció y endureció todos sus controles respecto a los trabajadores, a quienes además obligó a continuar movilizándose pese a que el gobierno les había dado —literalmente— todo. Ello terminó el 21 de julio de 2015, cuando por un decreto —y el respaldo del gobierno federal— el mismo Gabino Cué le expropió el IEEPO a la Sección 22 y estableció nuevas figuras administrativas.

¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que la 22 ingenió nuevas formas —la mayoría de ellas, por la vía de la fuerza— para mantener el control de su membresía y seguirlos obligando a cumplir sus determinaciones, a pesar del reiterado llamado del gobierno a los trabajadores de la educación, de que no se dejaran intimidar ya que la Sección 22 había dejado de tener injerencia en las decisiones y trámites administrativos de los trabajadores como condicionante a su participación sindical. Ello lo hacía para invitarlos a la evaluación. ¿Cómo ha sido este proceso de presión y cesión?

CASO REPRESENTATIVO

Los investigadores en materia educativa no han sido ajenos a este fenómeno. Oscar Hugo Faustino Zacarías, investigador de la UAM Xochimilco ha descrito algunos detalles de este control cuasi castrense de la 22 sobre sus agremiados, en un interesante texto denominado “Los retos políticos de la evaluación docente en Oaxaca” (https://educacion.nexos.com.mx/?p=696), y publicado en octubre pasado en el blog Distancia por Tiempos de la edición electrónica de la Revista Nexos.

Al respecto, apunta que el caso más representativo de la oposición a la evaluación docente es el de la sección 22. Dice que en el caso específico de Oaxaca, la etapa actual de los procesos de evaluación está marcada por tres variables que parecen entorpecer la implementación de las evaluaciones: 1) los bajos niveles de participación en los procesos de evaluación; 2) el acoso a profesores que se han evaluado; y 3) las limitantes organizacionales de la autoridad educativa para poder garantizar el cumplimiento de la evaluación.

Respecto al primer punto, los bajos niveles de aceptación de la evaluación se deben a la forma en cómo se edificó la reforma educativa, poniendo en tela de juicio su legitimidad e incluso su legalidad. Asimismo, la inestabilidad en la situación contractual que pudiera derivar de la evaluación es otro factor que incentivó la no participación en los procesos de evaluación, pues participar implicaba aceptar la “derrota” frente a la reforma. La resistencia a dichos procesos hace que no se cumpla con las metas cuantitativas por año que se ha planteado el INEE, al menos en Oaxaca. El hostigamiento a los maestros disidentes de la sección 22 es otro factor que inhibe la participación de los docentes en los procesos de evaluación. Si bien muchos profesores no comulgan con las acciones/decisiones de la dirigencia sindical, continúan en la dinámica sindicalista posiblemente por dos razones: una, debido a la fortaleza que aún ostenta la sección 22 en determinadas regiones y zonas escolares;  otra, dado el acoso al que se han enfrentado algunos docentes que se han evaluado. Dicha dinámica se ha encargado de provocar en los espacios dominados por la S-22 un ambiente laboral tenso hacia los evaluados, basado en exclusión, ley del hielo y entorpecer sus trámites administrativos, bajo el entendido de que son charros sindicales. La situación del acoso va de la mano con las limitantes organizacionales del IEEPO que no siempre puede garantizar espacios laborales adecuados para los evaluados. Aunado a lo anterior, estas limitantes se ven reflejadas en que no logran que todos los profesores convocados a evaluarse participen en los procesos de evaluación y tampoco consiguen instrumentar todas las disposiciones legales derivadas de la reforma en términos de ascensos y cambios, pues la inercia y costumbre sindicalista sigue impregnada y dominante a nivel regional, sectorial y de zona escolar, orillando al IEEPO a “adaptar” las reglas del juego.

FELICES FIESTAS

Deseando a nuestros lectores y amigos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2018, esta columna toma unos necesarios días de descanso. Nos volvemos a leer el 4 de enero próximo. A todos, les enviamos nuestros mejores deseos junto con un fuerte y afectuoso abrazo. ¡Hasta muy pronto!

La cesión al PVEM de la candidatura que encabeza la fórmula al Senado, es señal de una elección compleja en Oaxaca

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El Partido Verde no le quitó al PRI la candidatura que encabezará la fórmula al Senado en Oaxaca. Más bien, en el cálculo electoral parece quedar claro que la elección en la entidad será de una competencia muy intensa, en la que es posible que no existan las condiciones para lograr los triunfos que los priistas quisieran. Vale recordar los escenarios de las dos elecciones previas para tener indicios claros, y considerar que ésta será la primera ocasión en que ocurran elecciones municipales, locales y federales de forma concurrente.

En efecto, según la información que se ha dado a conocer en los últimos días, se anunció que será el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el que encabezará en Oaxaca la primera fórmula por el Senado de la República, dentro de la coalición “Meade, Ciudadano por México”, que conforman con el PRI y el Partido Nueva Alianza (Panal).

Según la información, las dirigencias nacionales de estos tres partidos políticos determinaron que en Oaxaca será el Verde quien abandere la primera fórmula al Senado, mientras que el PRI lo hará en la segunda fórmula. Hasta el momento, se desconoce si serán mujeres u hombres quienes encabecen las candidaturas o una posible combinación para garantizar la paridad de género. Así, aún cuando en el PRI hay muchos aspirantes que buscaban encabezar la primera fórmula, como Héctor Pablo Ramírez Puga, Mariana Benítez, Sofía Castro entre otros, la disputa se hará solo por un espacio en segunda fórmula.

En el tema de las diputaciones federales, se tiene previsto que el PRI abandere 6 distritos, mientras que el Partido Verde en 3 y el Partido Nueva Alianza en 1. Y, de acuerdo con la información, los distritos se repartirían de la siguiente manera: Al PRI le tocaría el Distrito I, con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec; el Distrito IV, con cabecera en Tlacolula de Matamoros; el Distrito VII, con cabecera en Ciudad Ixtepec; el Distrito VIII, con cabecera en Oaxaca de Juárez; el Distrito IX, con cabecera en San Pedro Mixtepec y el Distrito X, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Por su parte, el Verde le corresponderán el Distrito III en Huajuapan de León, el Distrito V con cabecera en Salina Cruz y el VI en Tlaxiaco. Por su parte, a Nueva Alianza le correspondería el Distrito II, con sede en Teotitlán de Flores Magón.

Para entender mejor la naturaleza de este reparto de candidaturas entre los partidos, vale la pena considerar el antecedente inmediato, que es la integración de la LXII Legislatura federal, la cual emanó del proceso electoral federal de 2012 en el que hubo elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales. Una de las consideraciones que debe hacerse, es que en aquella elección había once distritos electorales federales, y ahora por la redistritación sólo se elegirán a diez diputados federales de mayoría relativa por nuestra entidad.

En la elección federal de 2012 había once distritos electorales, varios de los cuales cambiaron de cabecera. Por ejemplo, antes existían los distritos de Juchitán y Tehuantepec, que ahora son Ixtepec y Salina Cruz; antes el distrito costeño era Pinotepa y ahora es San Pedro Mixtepec; Tlacolula antes estaba compartido por Santa Lucía del Camino, y éste último desapareció; y, en general, el solo cambio de nombre de las cabeceras distritales federales nos da una idea de que toda la geografía electoral oaxaqueño cambió; aunque aún con eso, sí puede servir como un paralelismo hacia lo que viene. Veamos.

ANTECEDENTES FEDERALES

En la elección federal de 2012, el PRI sólo ganó un distrito electoral correspondiente a Juchitán. Ahí se contaban historias de cómo sospechosamente, la entonces candidata del PRD a la diputación federal (Rosalinda Domínguez) se negó de manera rotunda a salir a defender el apretadísimo triunfo que había obtenido sobre Samuel Gurrión; teniendo, dicen, todas las pruebas en la mano para asegurar que ella en realidad había sido la triunfadora, decidió no salir de su domicilio para apersonarse ante la autoridad electoral, que aún con irregularidades había dado por ganador a Samuel Gurrión Matías.

Como haya sido, todos los demás cargos de elección popular que estaban en disputa en ese momento, los perdió el PRI en aquella elección, incluidas las dos senadurías por mayoría relativa, que se echaron a la bolsa los abanderados de la coalición PRD-MC-PT, Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas, gracias —todos esos candidatos— al impulso que tuvieron sus deslucidas campañas por el efecto de la elección presidencial en la que Andrés Manuel López Obrador fue el protector y mecenas político de todos esos partidos.

Todo esto nos puede dar una idea de que, de haber un escenario más o menos similar —en el que Andrés Manuel López Obrador quedó en un lejano segundo lugar frente al candidato Enrique Peña Nieto, en 2012— de todos modos en Oaxaca hubo un escenario devastador para el PRI. Ello, además, da una idea de la realidad que ya parece estar palpando el PRI para buscar la posibilidad de hacer competitivos a la mayor cantidad de sus candidatos a diputados federales, pero alejados del espejismo de que podrán ganar la mayoría de las diputaciones o las senadurías.

Así, Panal no tendría muchas posibilidades; tampoco las tendría el Verde, ya que en 2012 el PRI-Verde no pudo ganar los distritos que ahora le asignaron (considerando que Salina Cruz hoy abreva una parte de los antiguos distritos de Juchitán y Tehuantepec); y el PRI tendría que echar mano de circunstancias novedosas y liderazgos frescos y competitivos, para tratar de hacer un papel decoroso en una elección que estará en gran medida determinada por factores externos, directamente relacionados con la elección presidencial.

Eso mismo explica la decisión de ceder la candidatura principal al Senado, al Partido Verde. No parece, de hecho, una concesión o un premio a aquel partido, sino un reconocimiento tácito de que la batalla electoral será tan compleja que el PRI está teniendo muchas reservas a la hora de postular a un candidato que podría no llegar si quiera a la senaduría por la vía de la primera minoría. En 2012, Eviel Pérez Magaña pudo acceder a esa senaduría a pesar de haber sido arrollado por la maquinaria gubernamental estatal y por López Obrador, gracias a que dos años antes había sido candidato a Gobernador y a que aún contaba con ciertos capitales políticos derivados de los procesos en los que había participado.

INCERTIDUMBRE

Hoy, el PRI no tiene a esa figura —porque hoy el Gobernador es priista— y tampoco parece dispuesto a mandar al sacrificio a alguno de sus cuadros actualmente más apreciados, a los que una derrota electoral marca de forma irremediable. Así, lo que parece claro es que la decisión de dejarle al Verde la postulación, se entiende por el cumplimiento de las cuotas nacionales, en espacios sobre los que no está afianzada la certeza de lo que pueda ocurrir.