En la lista de pendientes está el sistema anticorrupción y el penal

No es una sola persona la que va a cambiar en un santiamén el estado de cosas en el ámbito de la procuración de justicia. Por eso, más allá de la decisión del Congreso del Estado de elegir a Rubén Vasconcelos Méndez como nuevo fiscal General de Oaxaca, lo que debe verse es el cúmulo de cambios legales e institucionales que son urgentes para verdaderamente impulsar cambios de fondo en la procuración de justicia y la persecución de los delitos en Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el Congreso del Estado resolvió que Rubén Vasconcelos Méndez se convirtiera en el nuevo fiscal General del Estado, en una elección que fue unánime a partir de la idoneidad del ahora funcionario estatal, pero también de la necesidad de dotar de legitimidad los trabajos de la procuración de la justicia en Oaxaca. En esencia, el Congreso le dio a Vasconcelos un envidiable espacio de legitimidad al elegirlo con la totalidad de los votos posibles, pero Vasconcelos también legitima al Congreso y a la Fiscalía con sus impecables antecedentes profesionales, su amplia experiencia en las tareas de procuración de justicia, y su reconocimiento público como uno de los más destacados juristas mexicanos de la actualidad.

Sin embargo, suponer que con eso el panorama de la procuración de justicia en Oaxaca está resuelto, sería tanto como caer en una dolorosa falacia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Oaxaca ha sido vanguardia en diversos temas relacionados con la justicia, lo cierto es que hoy en día la característica común tanto del sistema de procuración, como del de impartición de justicia, es que atraviesan por una crisis generada en gran medida por el abandono de los cambios institucionales y de marco jurídico, que eran necesarios desde hace mucho tiempo pero que por alguna causa quedaron pospuestos indefinidamente en Oaxaca.

En el caso de la procuración de justicia, en Oaxaca existen enormes retos que comienzan por el presupuesto asignado a la Fiscalía, que luego se reflejan en las precarias condiciones en que los agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos realizan sus labores; junto a ello, existe también un añejo problema relacionado con la corrupción y la colusión de los funcionarios encargados de la procuración de justicia, que en muchos de los casos desvían el sentido de las investigaciones y las inclinan a favor de los intereses de alguna de las partes y no de la justicia, como debería ser en todos los casos.

Y si esos son los problemas “cotidianos” que no sólo corroen a la Fiscalía General, sino a prácticamente todas las instituciones públicas que brindan algún servicio a la ciudadanía, hay aún más problemas que deben ser atendidos integralmente para lograr una mejor procuración de justicia. Es incierto el grado de integración que tiene en la actualidad el marco jurídico relacionado con la procuración de justicia, respecto al sistema de justicia acusatorio adversarial, que desde junio del año pasado está en vigor en todo el país. Evidentemente, las reformas relacionadas con la implementación de dicho sistema no sólo pasan por el poder judicial, sino por todos los órganos del Estado que participan en la persecución de los delitos.

La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal implica no sólo inversiones sino también el replanteamiento de todos los actores e instituciones que participan presencialmente en un juicio: además de los jueces y funcionarios judiciales, hoy los fiscales que formulan acusaciones, los peritos que presentan sus dictámenes, los policías que dan fe de los hechos y circunstancias en que actuaron frente a la posible comisión de un delito, entre otros, deben estar a la altura de lo que el sistema de justicia demanda, y de la urgencia de justicia que la sociedad demanda con urgencia de ellos.

El problema —que a su vez es una oportunidad— es que todos esos cambios requieren no sólo del trabajo del Fiscal, sino de diversas instituciones que deben entender la dimensión de la transformación institucional que enfrentan, que se combina con la sensación de defraudación que hoy demuestra la ciudadanía oaxaqueña al no sentirse representada ni retribuida en su larguísima demanda de justicia.

EMPUJAR LAS REFORMAS

Sobre la Fiscalía General recaerán responsabilidades que son de gran calado. Una de ellas será la de albergar al Fiscal Anticorrupción que deberá ser electo también por el Congreso para conocer y perseguir los delitos relacionados con la función de los servidores públicos. En el ámbito federal, la PGR ha dado muestras de irresponsabilidad y poco compromiso con el combate a la corrupción, al intentar menguar los alcances y la autonomía técnica y operativa del Fiscal Anticorrupción. El Congreso federal, a su vez, ha hecho lo mismo postergando indefinidamente, siempre por razones fútiles, la definición de quién ocupará el cargo de Fiscal Anticorrupción.

Ante ese panorama, en Oaxaca se tiene la oportunidad de no caer en la misma tentación en que incurrieron las instituciones federales antes señaladas. En los mismos alcances de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, se debe impulsar la creación de una Fiscalía Anticorrupción que cumpla cabalmente con los requerimientos deontológicos establecidos en la Constitución para perseguir con eficacia y autonomía los delitos relacionados con la corrupción; del mismo modo, el Congreso del Estado debe también demostrar que tiene capacidad y la altura para seguir tomando decisiones de Estado en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción, que le dé certidumbre a la sociedad y que no tenga la tentación de convertirse en un apéndice del poder.

En esa misma lógica, los Tres Poderes del Estado en Oaxaca, deben asumir la responsabilidad que implicará el echar a andar el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y reformar todo un catálogo de leyes estatales en los que no sólo participan los órganos de fiscalización, la Contraloría o los nuevos órganos dependientes del Sistema de Combate la Corrupción sino también, como uno de los actores centrales, la Fiscalía General del Estado.

Al final, todos deben asumir que hoy la persecución de los delitos —no sólo en materia penal, sino en todas las que hoy son tema de preocupación para la sociedad— no la hace únicamente la Fiscalía, sino la coordinación entre todas las instancias que tienen relación con ello. Por eso es importante entender que no se trata de suponer —equivocadamente— que una sola persona puede cambiar el estado de cosas actual, sino que para que realmente ocurran las transformaciones de fondo que todos demandan, debe haber un trabajo permanente y coordinado desde diversos frentes.

INICIA EL VÍA CRUCIS

El gobierno de Oaxaca tendrá que desplegar, a partir de hoy, todas sus capacidades institucionales para evitar que las acciones “tradicionales” de la Sección 22 del SNTE se desborden en daños para la ciudadanía y para la entidad. El sector radical del magisterio no tardará en hacerse presente en las calles, pero sobre todo en la Asamblea Estatal, en donde siempre intentan reventar los acuerdos relativamente civilizados que se construyen desde las mesas de trabajo. Viene, pues, la primera gran prueba para los encargados de la gobernabilidad en Oaxaca, y también se verá el nivel real de colaboración y apoyo con las instancias federales.

+ ¿Con Ley de Seguridad Interior buscarán atajar o constitucionalizar lo ilegal?

Es un asunto de lo más relevante, la publicación hecha hace dos días por un diario de la capital del país de un video en el que se aprecia lo que podría ser un homicidio cometido por un elemento del Ejército Mexicano luego de un enfrentamiento con presuntos saqueadores de gasolina extraída de ductos de Pemex en el estado de Puebla. Lo es no sólo por el grave problema de seguridad y riesgo para la población que representa la ordeña de combustibles, sino también porque este hecho se inscribe en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior que exigen las fuerzas armadas y que hasta ahora no le ha proveído —y quizá no lo haga— el Congreso, por los riesgos que implica la constitucionalización de las tareas de seguridad pública en manos del ejército.

En efecto, el pasado jueves el periódico El Universal, de la capital del país, dio a conocer un video en el que se aprecia a elementos del Ejército que fueron captados cuando atacan a tiros un vehículo con civiles desarmados, y luego ejecutan a una de las personas de un tiro en la cabeza, supuestamente en la junta auxiliar de Palmarito, del municipio poblano de Quecholac. La grabación, difundida en redes sociales, presenta imágenes presuntamente grabadas el pasado 3 de mayo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al menos dos enfrentamientos armados con presuntos delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo.

En el video grabado desde una cámara de seguridad de un domicilio particular se aprecia que los militares atacan a tiros un vehículo particular en el que iban al menos tres civiles desarmados. Tras disparar, los ocupantes descienden de la unidad, son detenidos y llevados al frente del automóvil, pero uno de ellos queda tendido en el suelo, aparentemente herido, por lo que dos militares lo arrastran unos metros para colocarlo al lado de sus compañeros. Luego de ello se aprecia en el video lo que aparenta ser un disparo realizado por uno de los elementos militares en contra de esa persona, que queda tirada en el piso. Al final del video se aprecia cómo otros elementos de la Sedena manipulan la cámara para retirarla.

Evidentemente, en sí misma la situación es grave, pero lo es todavía más en el contexto de que durante estos mismos meses la Secretaría de la Defensa Nacional ha encabezado una exigencia cada vez más subida de tono relacionada con la urgencia de que el Estado mexicano los dote del marco jurídico necesario que norme las tareas de seguridad pública que ya realizan, o que en su defecto decida regresarlos nuevamente a sus cuarteles. Ese ha sido el tono, tajante, del general Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Salgado.

En el contexto social y político, hay muchos que no saludan la posibilidad de emitir una ley de seguridad interior, ya que consideran que esto no sólo no contribuiría a generar mejores corporaciones de seguridad pública sino que consolidaría, y dejaría definitivamente a las fuerzas armadas en las calles realizando las tareas que no pueden hacer los policías. Eso sí sería, dicen, militarizar al país, lo cual sería un enorme problema en el mediano plazo justamente porque la milicia no está preparada para realizar labores de prevención y seguridad, y todo eso parece quedar constatado en los hechos de Palmarito.

PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Ahora bien, junto a esto existen serios problemas constitucionales que deben ser revalorados a la luz de las necesidades del país, y de su realidad jurídica. Sobre el tema, vale retomar un texto de José Antonio Guevara (http://bit.ly/2iZeZJR) en Nexos: El primer argumento de inconstitucionalidad es que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior. El máximo ordenamiento jurídico señala que el Ejecutivo federal tiene la atribución de preservar la seguridad nacional conforme a la legislación que emita el Congreso, mientras que puede disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior, sin que la Constitución se refiera a legislación alguna. Por su parte, el Congreso si cuenta con atribuciones para legislar en materia de seguridad nacional y no dice nada la Constitución sobre sus atribuciones para hacerlo en materia de seguridad interior. Esto implica que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

En segundo lugar, ninguna iniciativa legislativa puede eludir las obligaciones constitucionales previstas para suspender derechos humanos y sus garantías. Para efectos de hacer frente a una invasión (defensa exterior), una perturbación grave de la paz pública (seguridad interior) o a cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (seguridad interior), y cuando se considere necesaria la restricción de ciertos derechos o sus garantías, el Ejecutivo deberá sujetar su decisión a un régimen de suspensión de derechos previsto en la misma Constitución. Para que esas medidas sean válidas además deberá recabar la aprobación del Congreso, mientras que la Suprema Corte de Justicia tendrá que verificar la constitucionalidad y validez del decreto. El Ejecutivo federal, conforme a tratados internacionales ratificados por México, tendrá que informar de la suspensión o restricción de derechos, tanto a los Secretarios Generales de la OEA como de la ONU.

Es importante recalcar que la Constitución también estipula un catálogo amplio de derechos humanos que no pueden ser restringidos ni aún en situaciones que escalen a conflicto armado. Sin embargo, una de las iniciativas llega al extremo de autorizar a las Fuerzas Armadas para practicar detenciones en flagrancia, haciendo saber a la persona detenida sus derechos y ponerla a disposición de autoridades ministeriales competentes, junto con bienes que le hayan asegurado o bajo su custodia y, además, registrar de inmediato las detenciones practicadas.

Resultaría inconstitucional, pues, cualquier legislación de seguridad interior que implique dotar de atribuciones al Ejército para vulnerar los derechos de los ciudadanos como por ejemplo a la libertad de circulación y residencia; a no ser molestado en su persona, bienes y propiedades sino mediante mandato judicial que funde y motive el acto; a la privacidad de las comunicaciones; a la vida, integridad física y mental; a la presunción de inocencia; al debido proceso legal y a no ser detenido arbitrariamente.

En tercer lugar, ninguna legislación puede militarizar la seguridad pública. En ese contexto, el artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función que comprende la prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas. Se trata de una responsabilidad compartida de la federación, los estados y los municipios. También ordena dicho artículo que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, lo cual excluye a las Fuerzas Armadas. Se estipula que el ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de quienes desempeñan tareas de seguridad pública debe hacerse a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre otros aspectos, también se establece que la comunidad deberá coadyuvar  en la evaluación de política de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

TODO MAL

¿Qué deja ver todo esto? Que se tome la decisión que se tome, de todos modos habrá costos frente a este caos: si se opta por la ley de seguridad interior, las fuerzas armadas se quedarán indefinidamente supliendo a las policías, con todos los riesgos que implica. Y si no, el país se terminaría de deshacer en violencia. El camino mal, contra el peor, en un momento crítico para el país.

+ Responsabilidad política no se cruza con temas administrativos y penales

Es una auténtica estratagema la que apunta a que la Auditoría Superior del Estado, y la de la Federación, deben dar los elementos de certeza para que se le realice juicio político al ex gobernador Gabino Cué. También incurren en un engaño deliberado quienes afirman que como consecuencia del juicio político, el ex mandatario podría devolver lo que presuntamente se habría llevado, o ir a prisión. Esos argumentos, en realidad, sirven como engaño, distractor y protección frente a un juicio político que de todos modos se puede realizar independientemente de las ‘probanzas’ que algunos de los aliados fácticos de Cué argumentan.

En efecto, paradójicamente han sido voces de priistas las que sostienen que no se le debe realizar juicio político a Gabino Cué hasta que la Auditoría Superior de la Federación entregue los resultados de las revisiones a su ejercicio administrativo y de gobierno. Con ello, intentan atajar el procedimiento que ya inició la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura, luego de que el senador Benjamín Robles Montoya presentara una solicitud de juicio político en contra del ex Gobernador. Según ellos, hasta que no existan esos datos no habrá forma de brindar certeza de lo cometido por quienes integraron la administración anterior, y por ende tampoco habría sustento para sancionarlos. Quienes dicen eso intentan engañar abiertamente a la sociedad oaxaqueña al menos por tres razones.

Primera, porque para la procedencia del juicio político no son indispensables las probanzas de tipo administrativo. De hecho, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, refleja la naturaleza eminentemente política de este procedimiento, al señalar que entre sus causales de procedencia (artículo 8) se encuentran: I.- El ataque a las instituciones democráticas. II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios. III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales. IV.- El ataque a la libertad de sufragio.
V.- La usurpación de atribuciones. VI.- Cualquier infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas, presupuestos de la administración estatal o municipal y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económicos.

En esa lógica, la misma Ley de Responsabilidades establece que si de la substanciación del juicio político por alguna de esas conductas se desprende la posible comisión de delitos, se debe dar vista de ello a las autoridades correspondientes. Es decir, que el juicio político se desahoga y corre siempre en un carril distinto al de la justicia común y al del desahogo de los procedimientos administrativos, y que por eso mismo no es obstáculo para que se realice tanto el juicio político a través del Poder Legislativo, como los procedimientos administrativos y judiciales ante las autoridades jurisdiccionales que correspondan.

NATURALEZA POLÍTICA

Ahora bien, la segunda de las razones por las que los defensores oficiosos de Gabino Cué Monteagudo intentan engañar deliberadamente a la ciudadanía con el argumento de que al no existir probanzas de quebrantos administrativos, o de delitos penales, no se puede instruir el juicio político, radica en que éste último tiene como fin esencial revisar la actuación del funcionario en su calidad de representante popular, y a la luz del mandato político que la ciudadanía le entregó a través del voto.

Por esa razón, entre las causales antes mencionadas se encuentran varias que no necesariamente tienen que ver con la comisión de delitos o la realización de conductas sancionadas por el derecho administrativo, tales como el ataque al sistema democrático, el ataque a las libertades políticas de los ciudadanos o las violaciones graves a los derechos fundamentales.

Es decir, en todas las posibilidades prevalece la lógica de realiza una revisión en sentido estrictamente político de la actuación del servidor público, para determinar si ha lugar o no alguna sanción que es, valga la expresión, también política. Esto, porque el resultado del juicio político, cuando fuere condenatorio, no tendría que impactar más que en los derechos políticos del enjuiciado, sin afectar cualquiera otra de sus libertades y derechos, ya que para eso se encuentran el derecho administrativo y el penal, en sus respectivas dimensiones.

Incluso, hay una tercera razón que refuerza el hecho de que quieren proteger a Cué con base en mentiras, a partir de que las probanzas que ‘esperan’ de la ASE y de la Auditoría Superior de la Federación los diputados que lo han defendido, deben servir para iniciarle procedimientos administrativos y penales por sus conductas, pero no para el juicio político porque éste no tiene como fin que devuelvan algo o que vayan a prisión.

Y es que, en esa lógica, hay que ser muy claros: si hemos visto que en casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, o el de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hay diversas personas —servidores públicos y particulares— que se han visto dispuestos a devolver bienes o ponerlos a disposición de la autoridad como resarcimiento a las conductas ilícitas o complicidades habidas con los ex gobernadores para quebrantar al erario, esto ha sido porque esa es una de las vías que se puede utilizar a partir del nuevo sistema de justicia penal, que permite la negociación económica como una forma de evitar que una conducta indebida termine en un juicio.

En todos esos casos, la devolución o recuperación de bienes o dinero, ha sido como consecuencia de esos mecanismos que no están relacionados con el juicio político sino con otros procedimientos. Por eso, en el caso de Cué y su juicio político éste no tiene ninguna de esas finalidades. Pues como lo dice la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Y según la gravedad del caso podrá también imponerse inhabilitación definitiva para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, o temporal desde uno hasta doce años. En el caso de Cué, que ya no es funcionario, la sanción tendría que consistir en su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público hasta por el periodo de 12 años antes señalado.

¿CUÁL ES LA PREMURA?

Que el juicio político sólo procede dentro del año siguiente a que el servidor público que se enjuicia, se separó de su cargo. Gabino Cué cumple ese periodo en noviembre próximo. Es decir, dentro de seis cortos meses. Ello no lo exime de sus responsabilidades administrativas ni penales, pero sí lo excluiría del juicio político, que es el tema actual. Por eso, lejos de ponerle trabas al asunto, y ponerse trabas deliberadas, los diputados debían empujar la puesta a prueba de las instituciones, frente a las escandalosas evidencias administrativas, penales y políticas de actos indebidos cometidos por el ex Mandatario.

+ EPN, derrotado por modelo del régimen; con AMLO terminaremos igual

En los próximos comicios en el Estado de México se está dirimiendo buena parte del escenario electoral de 2018, aunque en realidad el único factor que no está a discusión, porque sigue fuera de lo que puede alcanzar la partidocracia, es la legitimidad del resultado de la elección presidencial del año próximo. Esto podemos achacárselo al inestable gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque en realidad tendríamos que asumir que al margen del resultado electoral, es muy probable que en 2024 veamos algo similar: a un presidente derrotado por las circunstancias, carente de toda legitimidad, y agotado en su capacidad política que pierde en una irremediable conjura de la partidocracia contra sí misma. Esto parece delirante. Sin embargo, es la previsión más cercana a la realidad.

En efecto, hoy el PRI y Morena se juegan la antesala de la elección presidencial en el escenario del Estado de México. La candidata morenista, Delfina Gómez, intenta derrotar al priista Alfredo del Mazo, a partir de la idea simple de que la primera representa al pueblo y el segundo al régimen gobernante.

Es, hasta en eso, el punto previo a lo que según esos cálculos será la elección presidencial del año próximo: Andrés Manuel López Obrador enfrentado al candidato del PRI, en el que el primero representará nuevamente al pueblo relegado de las decisiones políticas, y el segundo al “sistema” —entendido éste como el establishment estadounidense— pero en una circunstancia en la que parece que todo se reduce a la elección, y no al sistema político y al gobierno, que es donde está la clave de la derrota anticipada y de la crisis de legitimidad común a los últimos tres presidentes mexicanos, incluyendo al saliente Peña Nieto. ¿De qué hablamos?

De que hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis al parecer irremediable de falta de legitimidad y de respaldo de la ciudadanía a sus acciones. Hay razón: mientras la ciudadanía demanda resultados que el gobierno no puede entregar, y los partidos de oposición se dedican de día y de noche a criticar la incapacidad del gobierno para cumplir con sus deberes más básicos, al interior del gobierno hay una lucha que hoy en día pasa más por el futurismo que por la supervivencia.

En el gobierno del presidente Peña Nieto se está dirimiendo la sucesión de 2018, al mismo tiempo que se están definiendo las políticas para evitar una caída aún mayor en los índices de aceptación ciudadana. Lo que ya no pueden discutir, porque ya no les alcanza ni la legitimidad ni los márgenes de maniobra, es la necesidad urgente de encontrar los caminos institucionales, y seguramente también constitucionales, para que el poder público se relegitime, así sea en el mediano plazo.

Esta tragedia sistemática es, de hecho, apenas el reflejo de un panorama que los mexicanos comenzamos a ver desde los dos regímenes panistas, y que creíamos que era problema de los partidos y no del gobierno: el presidente Vicente Fox fue incapaz de lograr los consensos necesarios para modificar la estructura del poder público, y apenas después de la primera mitad de su gobierno se dedicó a arbitrar su propia sucesión, dentro de su partido y del gobierno. No logró la modificación del esquema del poder, y tampoco una sucesión a sus intereses. Volvió a ganar el PAN, en 2006, pero con un candidato antifoxista.

Al presidente Felipe Calderón le pasó algo muy similar. Llegó al poder pero con un escenario político irremediablemente trabado por la imposible construcción de consenso con las fuerzas opositoras. Calderón intentó reformas que nunca pasaron en el Congreso, y luego intentó —casi— gobernar por decreto. El atasco de los consensos partidistas nuevamente paralizó al gobierno; y después de los comicios de 2009 —y mientras todos ya le reprochaban el fracaso de su gobierno, por la prolongada inmovilidad legislativa y su incapacidad de diálogo— dedicó gran parte de su tiempo a dirimir los enfrentamientos al interior del gabinete, para ver quién sería el candidato presidencial panista.

Una vez más —como en 2006, con Santiago Creel—, el candidato del Presidente cayó en medio de un fratricidio panista. Y el gobierno paralizado, y enfrentado por su involucramiento en los temas electorales de un partido, fueron la causa de que Calderón terminara su gobierno en medio de fuertes críticas por su mal desempeño que, en alguna medida tenían como base los temas electorales.

CRISIS SISTÉMICA

Quizá por eso había la idea de que ese viejo orden se reinstauraría con el regreso del PRI a la presidencia. Pero no ha sido así: a cinco años de distancia —y a pesar de la idea peregrina de que las reformas estructurales podrían legitimar al poder— el gobierno de todos modos está en crisis: es blanco cotidiano de todas las descalificaciones; es reprobado por la ciudadanía; y además enfrenta un problema operativo fuerte ante la inminencia de la carrera, al interior del gabinete, por la candidatura presidencial. Es decir, que el presidente Peña está terminando su gobierno —y eso es relativo, porque aún falta más de un año y medio de gestión— peor que Fox y, podríamos afirmarlo, también en condiciones mucho más complejas que las enfrentadas por Felipe Calderón.

Por esa razón, pensar que el problema es de Peña Nieto, o del PRI, es tan ingenuo como falaz, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe cambiar es el modelo del régimen. Ya no son funcionales la “disciplina partidista” ni “la experiencia de saber gobernar” porque hoy el sistema político es plural, competitivo y abierto; porque la ciudadanía es mucho más participativa que en cualquier otro momento de la historia nacional; y porque finalmente los problemas que hoy enfrenta el PRI en el poder, son más o menos los mismos que la década pasada y, podemos afirmarlo, son menos complejos de los que seguramente enfrentará el gobierno federal en la década siguiente.

Por esa razón es importante pensar ya no en una reforma política que modifique reglas aisladas, sino más bien un proceso refundacional de los mecanismos de acceso y ejercicio del poder público. Por eso, en este sistema competido y abierto, seis años de gobierno ya resultan demasiados, cuando hay una oposición que, por diseño constitucional, no tiene corresponsabilidad en las tareas públicas, y un gobierno que irremediablemente llega al punto —como ya está sucediendo ahora— de asumir la doble función de ser partido y gobierno para dirimir su propia sucesión.

En esas condiciones, tendría que haber prospectiva incluso en el partido de Andrés Manuel López Obrador, que insiste en ver al 2018 como la meta, cuando en realidad tendría que ser su punto de partida si es que en realidad tienen alguna posibilidad de ganar la presidencia. Desde hoy, Morena tendría que estar discutiendo con toda seriedad los posibles cambios institucionales necesarios no para consolidar su poder, sino para impedir que, si fuere el caso, López Obrador terminara siendo el cadáver político que es hoy Peña Nieto, y que antes fueron Calderón y Fox durante toda la segunda mitad de sus respectivos mandatos.

RELEGITIMAR AL PODER

En el fondo tendría que haber una reflexión profunda sobre la necesidad de no sólo ganar elecciones sino de estabilizar al gobierno. Para ello hacen falta reformas de fondo que permitan eso que la propia partidocracia no cree que pueda pasar: que la ciudadanía vuelva a creer en el sistema democrático, y que por ende ellos tengan que competir limpiamente sin recurrir a la ingeniería electoral, y a todas las prácticas indecibles e ilegales que hoy son moneda común para tratar de ganar los comicios al margen de lo que diga la verdadera voluntad ciudadana, a la que a diario intentan suplir con despensas, manipulación, condicionamiento y ríos de dinero.

+ Insaciables, ninguno de los sindicatos universitarios aporta algo a la educación

Quién sabe si en la agenda de la gobernabilidad estatal actual, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupe algún espacio importante, aunque debería ser así. Pero donde sí debiera tener un lugar importante es en el de la atención a los conflictos político-sindicales que afectan a la educación. Pues si en el ámbito de la educación básica y media básica, la relación del gobierno con la Sección 22 del SNTE ocupa un lugar preponderante, también debería existir un espacio para rescatar a la Universidad —a los universitarios— de sus propios sindicatos.

En efecto, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca representa un caso excepcional en el país, por ser la única universidad que enfrenta relaciones de negociación laboral con seis sindicatos simultáneamente. Esto resulta inexplicable a la luz del derecho laboral y de la lógica jurídica, pero es una realidad determinada por las circunstancias políticas que han envuelto a la universidad. Pues desde hace décadas, cada que un conflicto se sale de control y no puede ser resuelto mediante las dádivas tradicionales, la conjura universidad-gobierno han hecho la “magia” de conceder tomas de nota a diestra y siniestra con tal de mantener una relación aparentemente civilizada con los grupos políticos.

Ejemplos hay de sobra. Desde el primer sindicato, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO, todos los gremios han sido creados al margen de los afanes académicos que debía perseguir la Universidad. El STAUO —que se supone que fue el primer sindicato de académicos universitarios—, por ejemplo, se ha ido dividiendo en facciones cada vez más pequeñas y radicalizadas que buscan objetivos cada vez más aislados y menos relacionados con la educación de los universitarios.

De las sucesivas divisiones del STAUO, a su vez, surgieron otros gremios como el SUMA —refugio histórico de los Martínez Alavés, que también ha demostrado tener muy poco que ver con la educación—, el llamado “STAUO democrático” y todas sus subdivisiones que, a estas alturas, ya más parecen clubes sociales que verdaderas estructuras con alguna finalidad relacionada o con el sindicalismo, o con la educación.

Además de eso, hay otros grupos sindicales que incluso rayan en lo inverosímil, como el sindicato de trabajadores de confianza de la Universidad, que contra todo sentido tiene pleno reconocimiento como sindicato —y también como grupo de presión— a pesar de que se supone que la lógica apunta a que la idea del trabajador sindicalizado y del que tiene la calidad de confianza, son excluyentes entre sí, y que por eso no puede haber empleados con ésta última categoría que puedan tener un gremio válidamente.

Aún así, en la UABJO existe esa situación. Y cada año, el sindicato de trabajadores de confianza negocia, presiona y amaga en la misma medida que los otros gremios, a pesar de su inferioridad numérica, de su poca influencia al interior de la Universidad, y de su nula vinculación con los temas educativos y de investigación que se supone que deberían ser la prioridad en esa y cualquier otra universidad seria.

Y, de hecho, la última facción sindical creada recientemente es el llamado SUA (Sindicato Universitario de Académicos), a través de la cual han intentado encauzar el reciente conflicto creado por el empecinamiento de la familia Martínez Alavés por ejercer un poder excluyente con el segundo grupo más importante de la Universidad, hoy comandado por el ex candidato a Rector, Silviano Cabrera Gómez.

¿Cuál es el problema? Que momentáneamente podrían darle gobernabilidad a la Universidad en el umbral de un conflicto de grandes proporciones, como el que podría ocurrir en el futuro cercano si no se dan las condiciones de distensión entre los grupos. Sin embargo, nada garantiza que en el mediano plazo Cabrera Gómez y su grupo mantengan el control del nuevo gremio, y que éste no termine volviéndose no en contra de algún grupo, sino de la Universidad y de la academia, como ha ocurrido con todos los demás sindicatos universitarios.

REPETICIÓN DE LA IGNOMINIA

En todo esto, la situación que impera hoy entre los sindicatos de la Universidad, es dramática. Pues al igual que como ocurre con la Sección 22 y sus agremiados, todos los sindicatos de la UABJO tienen por costumbre infundir la presión en sus propios integrantes para que acudan a las movilizaciones, acciones de presión y demás, e incluso para que sean parte del estado de cosas que impide que la Universidad avance.

Esto, que también ha sido corresponsabilidad de todos los rectores de las últimas décadas que han impulsado esa política de la coacción y la dádiva con la que evitan el compromiso académico, se ha convertido en una práctica de todos los días: empleados universitarios, que en su mayoría no cuentan con formación profesional, pero que por su habilidad y su experiencia, sí tienen la capacidad numérica para someter a la universidad a las presiones económicas, políticas y de condiciones de trabajo que ellos mismos han impuestos y que no están dispuestos a ceder.

En este caso, la situación es muy parecida que con la Sección 22 y sus agremiados. Por ejemplo, los controles sobre los trabajadores sindicalizados en la Universidad son prácticamente nulos; por años las autoridades universitarias no logran que los empleados trabajen y aporten algún beneficio para la academia y las funciones administrativas; también imperan prácticas como la transmisión hereditaria de plazas, las comisiones sindicales, los cotos de poder a través de los cuales se marginan voluntariamente de cualquier trabajo o responsabilidad amplios grupos de trabajadores; y una situación que hoy resulta incontrolable y que mengua incluso la viabilidad para el cumplimiento de los fines de la universidad incluso en el corto plazo.

De hecho, es bien sabido en la Universidad que sus propios trabajadores culpan a todo y a todos por no tener más, pero sin voltearse nunca a ver ellos mismos, que trabajan menos horas de las estipuladas; con dos o tres horas para desayunar todos los días; con premios económicos por no hacer huelga, con días de descanso por engañar que asisten a las marchas de protesta, que heredan sus plazas a sus familiares, que en suma son las y los que menos hacen por la UABJO. Son peores que los mentores de la Sección 22 del SNTE o que las y los burócratas de los gobiernos estatal y federal.

En medio de esta destrucción paulatina, ha trascendido por fuentes de la propia Universidad, que la UABJO se queda sin dinero para pagar la nómina de más de cuatro mil trabajadores de sus seis sindicatos, y que el tren de vida de las y los trabajadores puede tener un atorón de vida o muerte entre agosto y septiembre de este mismo año. Los “focos rojos” están prendidos en la Universidad pública más grande e importante del Estado de Oaxaca. Quién sabe si sus trabajadores y sus sindicatos tengan algún tipo de conciencia de ello. Y quién sabe si el gobierno estatal —y el federal, que tampoco es ajeno a este problema— registren en su radar el riesgo de fondo que implica una situación tan inminente como ésta.

¿LOS DÍAS CONTADOS?

En medio de esto, siguen latentes los conflictos en las facultades de Derecho y Contaduría, que reflejan la agonía del grupo político del sempiterno cacique Abraham Martínez Alavés. El hilo, finalmente, se terminará rompiendo por lo más delgado: pronto, el rector Eduardo Bautista Martínez no tendrá más camino que ceder en la reintegración política de esas dos facultades para buscar el equilibrio que cada vez se ve más lejano. Sólo es, dicen, cuestión de tiempo. Aunque ello significará una nueva crisis con quienes irremediablemente se resistirán a ver perdido su poder (entiéndase, la llamada “familia real”).

+ Gobierno, en el límite de la construcción de una relación civilizada

En la timidez propia de una relación política que pende de alfileres, tanto el gobierno de Oaxaca como la Sección 22 del SNTE han evitado poner en claro cuáles son los límites de la mesa de negociación que ayer formalizaron el gobernador Alejandro Murat y la dirigencia magisterial en la entidad. Al no tener claros los límites, sólo puede pensarse que la 22 va por todo: desde las demandas políticas hasta la conquista de fondos para la continuación de sus lucrativas actividades económicas. Y con eso, quién sabe si el futuro tenga buenas noticias para Oaxaca.

En efecto, ayer un grupo de funcionarios encabezados por el Gobernador del Estado tuvieron el primer encuentro formal con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, en el inicio de las negociaciones que —se supone— deben llegar al día 15 con avances determinantes para evitar el paro indefinido de labores. Desde el mismo 1 de mayo se hizo público el contenido del pliego petitorio de la Sección 22, pero hasta el momento no se ha informado cuál es la tónica de la negociación, y cuál será el límite previo que establezca el gobierno estatal para el desahogo de la mesa de trabajo.

Pues sería importante saber cuáles son esos límites de fondo, más allá de la retórica y los lugares comunes ya conocidos desde ambos frentes. Esos argumentos que, del lado oficial, piden al magisterio ponderar los derechos de las personas y, en particular, el derecho de los niños a una educación de calidad; y que, del lado magisterial, se resumen a las eternas “respuestas mínimas e insuficientes” que reiteradamente dicen que les ofrece el gobierno, y de las “acciones contundentes” para presionar al gobierno al cumplimiento —nunca alcanzado— de la totalidad de las demandas contenidas en su pliego petitorio.

¿Cuáles son esos límites de fondo? Para el gobierno estatal, el límite tendría que estar bien delineado y ser el punto de referencia de la negociación: éste no puede negociar la abrogación de ninguna ley porque no es ni el Congreso del Estado ni el Congreso federal, como para abrogar la reforma educativa; tampoco puede negociar la derogación de la Ley Estatal de Educación porque ésta es la homologación lisa y llana de la legislación estatal con la federal, y derogarla sería como darse un disparo en el pie para la propia Sección 22, pues se quedarían sin instrumentos para seguir accediendo a los recursos con los que siguen teniendo cierto margen de acción el gobierno y ellos mismos.

En esa lógica, el Gobierno del Estado tampoco puede hacer algo por los “presos políticos”, entre los cuales se encuentran algunos de los secuestradores de los hijos de una conocida familia de la capital oaxaqueña; y ya tampoco puede hacer prácticamente nada por los regularizados a los que el gobierno federal accedió a incluir en la nómina magisterial en diciembre pasado pero que, por eso mismo, son ahora una potestad federal frente a la que el gobierno estatal sólo puede fungir como una especie de gestor pero ya sin mayor capacidad de negociación.

¿Qué sí pueden darles? Algunos recursos en aspectos extra docentes. Es decir, cumplir algunas de sus demandas económicas que no están específicamente ligadas al salario y prestaciones de los trabajadores de la educación, pero que sí son del interés de la dirigencia sindical que pretende no perder los esquemas financieros que silenciosamente han caracterizado su fuerza en los últimos años.

Incluso, en alguna medida, el gobierno estatal podría también fungir como interlocutor para la distensión del control que el gobierno federal le aplicó a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional desde los tiempos de Rubén Núñez Ginez para evitar que continuaran cobrando en la nómina magisterial a pesar de estar comisionados a labores sindicales.

S22: A LLEVARSE LO QUE PUEDAN

En el pliego petitorio 2017 de la Sección 22 no vienen establecidas las demandas salariales de los años anteriores, aunque ello no significa que la reactivación de la doble negociación no traiga aparejado un costo económico —quizá importante— para las arcas estatales, y que incluso ello no termine siendo la moneda de cambio para evitar el paro indefinido de labores y las acciones de hostigamiento que la Sección 22 comenzó a aplicar desde el día de ayer a la ciudadanía oaxaqueña. De nuevo, el problema es que como no sabemos cuáles son los límites en las mesas de trabajo —sino que sólo los inferimos, como en este ejercicio periodístico—, entonces no sabemos qué sí se podría negociar, y qué no.

Pues aunque no pide más salario o prestaciones, la Sección 22 sí es concreta en sus exigencias económicas, que ahora aparecen enmascaradas y un poco mimetizadas en las demandas políticas que son las iniciales. ¿Qué pide la 22, que sí podría darle el gobierno estatal? Exige, por ejemplo, recursos para la implementación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

El gobierno bien puede cumplirle esta demanda accediendo a la implementación potestativa del PTEO en las escuelas o en las zonas donde pudiera haber acuerdo con los padres, y como una especie de mecanismo alternativo a lo que dicta la ley. Ello sería un acuerdo similar como al que llegaron con los normalistas que se quedaron sin plaza: no los contrataron como maestros pero sí les dieron una “beca” para seguirlos preparando —es un decir— como “promotores de lectura” que, en el fondo, no es sino una contratación disfrazada que, en los hechos, no ha servido mucho para mantenerlos apaciguados durante los últimos meses.

Otras dos demandas que bien podría cumplirle el gobierno a la Sección 22 son las señalados en los puntos 14 y 16 del pliego petitorio entregado el lunes pasado al gobierno estatal. ¿Qué dicen? La primera de ellas dice, textualmente, “se exige al gobierno federal recursos económicos que permitan la apertura y operatividad de una caja de ahorros para los trabajadores de la educación”; la segunda de ellas exige “la construcción, mantenimiento, remodelación de espacios dignos para el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación”.

Tales demandas sí son susceptibles de ser cumplidas por el gobierno estatal, aunque ello signifique más compromisos económicos y más sangría para las arcas oaxaqueñas. Pueden ser cumplidas porque no guardan ninguna relación con el salario, prestaciones y estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, que son temas en los que institucional y legalmente el gobierno de Oaxaca ya no tiene ningún tipo de injerencia, y porque sería también una forma del gobierno federal para permitirle al local cierto margen para negociar.

Y porque, además, son vías alternas que en un momento dado podrían contribuir a la distención de la negociación anual, aunque ello signifique el pago del correspondiente costo político para la administración estatal, que nuevamente estaría absorbiendo compromisos por demandas caprichosas de un gremio, que exigiría la construcción de espacios y beneficios para ellos, a costillas del dinero público y los contribuyentes.

RADICALES VS MODERADOS

Al final, la lucha de radicales contra moderados al interior de la Sección 22 será constante en estas semanas por venir. Ayer mismo, diversas voces intentaron responsabilizar a varios grupos políticos por el origen de los incendios ocurridos por la mañana en varias escuelas de la capital oaxaqueña. Podría ser, aunque en realidad casi todos los grupos influyentes al interior de la Sección 22 tienen relación con los grupos que gobiernan y que han gobernado la entidad en las últimas décadas. Por eso, además habría que ver y entender la lucha natural entre radicales y moderados al interior del sindicato, frente a un tema toral como la definición de la relación política entre el gobierno y la Sección 22 para los próximos años.