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Avilés no se va a Morena pero sí ha buscado incidir en una de sus facciones

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+ Rencillas al interior del gabinete impiden plantear escenarios rumbo a 2018


Ayer se dejó correr la versión de que el defenestrado ex secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, podría adherirse al partido Movimiento de Regeneración Nacional para buscar alguna candidatura en los comicios federales del año próximo. Aunque no existía hasta anoche ninguna confirmación o desmentido directo sobre la versión, lo que sí se debe reconocer es que Avilés ha intentado tener ascendencia al interior de Morena. Lo ha logrado, quizá, parcialmente. Pero en sus condiciones actuales, es casi imposible que eso le sea suficiente para buscar alguna candidatura incluso de concejal en algún ayuntamiento en la elección del año próximo.

En efecto, ayer el periodista Alfredo Martínez de Aguilar dio a conocer una versión según la cual un integrante de Morena le había revelado que Avilés Álvarez se incorporaría a las filas de ese partido para buscar una diputación federal en 2018 bajo esas siglas. Sin ofrecer más detalles, señalaba que Avilés podría no ser el único priista resentido en desfilar a las filas de Morena, aunque tampoco ofreció detalles sobre el posible cambio de partido de algunos políticos hoy identificados bajo las siglas del PRI.

En el fondo, no existe ninguna certeza sobre la versión ofrecida por Martínez de Aguilar, pero lo que sí existen son datos concretos al interior de Morena que revelan cómo Avilés sí intentó incidir en ese partido, a partir de maniobras públicas y conocidas que revelan también el talante corruptor por el que es ampliamente identificado en la entidad oaxaqueña.

Para entender lo anterior, habría que partir de un análisis simple de la composición de Morena en Oaxaca. Pues contrario a lo que pudiera pensarse, en Oaxaca éste no es un partido monolítico ni completamente vertical como su composición nacional. En aquel ámbito, hay un líder supremo e incuestionable llamado Andrés Manuel López Obrador.

Pero en Oaxaca existen por lo menos tres grupos influyentes que han intentado convivir bajo las siglas de un mismo partido, aunque en realidad lo han hecho con más problemas que beneficios, y que tienen ante sí el reto de la campaña presidencial del año próximo —en la que saben que López Obrador será el ganador indiscutible en la entidad—, pero sin tener ninguna certeza de cómo se repartirán entre ellos las candidaturas al Senado, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales y a las presidencias municipales que, juntas, estarán en juego en los comicios de junio del año próximo.

Esos tres grupos son fácilmente identificables por sus respectivos liderazgos más visibles. Uno es el del ex senador Salomón Jara Cruz. Otro es el del dirigente social Flavio Sosa Villavicencio. Y existe un tercer grupo, con menos influencia que los dos anteriores, pero con un poder regional importante en el Istmo de Tehuantepec, que es comandado por los hermanos Serrano Toledo. Básicamente, Morena está compuesto de esos tres grupos. Y para entender los intentos de Avilés por influir en alguno de ellos, habría que entender sus respectivas vertientes e intereses que con dificultades han intentado convivir al interior de las mismas siglas partidistas.

TRES MORENAS

Por un lado está la facción de Salomón Jara, que se aprecia como una de las dos más importantes, y que basa su poder en la línea directa que tienen con Andrés Manuel López Obrador. Jara fue uno de los fundadores del partido en la entidad, y ha sido también uno de sus más intensos promotores, además de haber sido el candidato a la gubernatura en los comicios del año pasado. Salomón Jara presume —y demuestra— tener acceso directo al Presidente Nacional de su partido, y es quien también deja una importante capacidad de decisión en algunos de los temas más relevantes de ese partido.

El otro grupo es el de Flavio Sosa. Éste es concomitante al grupo de Salomón Jara, aunque ostenta sus propios liderazgos, que inician justamente con la presidenta del partido en la entidad, Nancy Ortiz Cabrera, que es una de las activistas sociales y políticas que durante mucho tiempo trabajó más con Flavio Sosa que con Jara Cruz, y que representa también el liderazgo que tiene éste último entre los sectores del Partido de la Revolución Democrática que se desprendieron hace tiempo para sumarse a los trabajos de Morena.

La tercera vertiente de Morena en Oaxaca descansa en el liderazgo de los hermanos Serrano Toledo en la región del Istmo de Tehuantepec. Ellos intentaron ser el primer Caballo de Troya para la candidatura a gobernador de José Antonio Estefan Garfias por el PRD. En 2015, Félix Serrano Toledo intentó por todas las vías posibles convertirse en abanderado del PRD a la diputación federal por el distrito electoral federal 05 con sede en Tehuantepec. Ese partido le cerró todas las puertas —incluyendo la ruptura del acuerdo por el que habían definido que sería candidato quien resultara el mejor posicionado en una encuesta mandada a hacer por la propia dirigencia nacional de aquel partido— al asumir que tenía el compromiso político —¿y económico?— de ungir a Estefan Garfias como candidato a la diputación federal para que, ganándola, tuviera una plataforma electoral para poder convertirse en candidato a la gubernatura.

Sólo con esas maniobras, Estefan Garfias se convirtió en candidato, y ganó la diputación federal de manera apretada frente a un candidato desconocido de nombra Pastor Girón Alonso, lanzado por los Serrano Toledo, a través del Partido Encuentro Social. Ello demostró el amplio control político que los hermanos Serrano ejercen en la región, pero también dejó ver el amplio respaldo financiero que “alguien” les estaba ofreciendo.

Ese “alguien” fue Alejandro Avilés, y no la dirigencia del PRI que, desde entonces y hasta ahora, ha sido un mero adorno. Éste era compañero de Legislatura de Félix Serrano. Avilés manejó discrecionalmente el mayor presupuesto de la historia del Congreso del Estado. Y en aquel momento compartían el objetivo común de aguarle las aspiraciones políticas a Estefan porque ello significaba cancelarlo como candidato a la gubernatura por el PRD.

Casi lo logran. Y mientras, Avilés se la pasó financiando a otros pequeños grupos de Morena como el de Armando Contreras Castillo para que realizara recorridos y estableciera representaciones en las comunidades. En su lógica, Avilés sembraba con eso pequeñas semillas de respaldo y apertura política en el partido que a la larga, pensaba, sería el más importante adversario del PRI para los comicios siguientes.

¿HAY FUTURO?

Al final, los vericuetos de la vida pusieron a Avilés no sólo fuera del gobierno sino quizá, también, del poder al interior del PRI. Ello permite elucubrar sobre la posibilidad de que pudiera emigrar a Morena. Aunque, en los hechos, Avilés nunca ha sido un político competitivo —la última elección en la que participó como candidato, por ejemplo, la perdió— y es, de hecho, una de las figuras políticas más rechazadas, y de peor fama, en el escenario estatal. En esas condiciones, quién sabe si tendría posibilidad de volver a presentarse como candidato a algún cargo de elección popular; y quién sabe si sus apuestas a futuro, con el grupo menos influyente de Morena, le pueda de verdad alcanzar para algo en la ruleta electoral del año próximo. Al margen de las fantasías, esto parece casi imposible.

Puede Mafud, y hasta podría ser Osorio Chong, pero Segego seguirá inoperante

 

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+ Secretaría General, con escollos estructurales y políticos que la inhiben de fondo


Debiera ser visto como un caso de estudio, el hecho de que María del Carmen Ricárdez Vela fue encargada de la Secretaría General de Gobierno (Segego) por alrededor de una semana, y los temas y a las comunidades que atendió rápidamente se dijeron inconformes y hasta timadas. Debiera ser, insistimos, un caso de estudio si es que los nuevos funcionarios de la dependencia, con Héctor Anuar Mafud Mafud a la cabeza, tuvieran ganas de entender la crisis institucional de la Secretaría General de Gobierno, para hacer algo por mejorarla. Pues en sus condiciones actuales, la Segego podría estar encabezada hasta por Miguel Ángel Osorio Chong, y de todos modos ser el mismo ente abúlico, predecible e inoperante que ha sido en los últimos años.

En efecto, una interrogante que debería tener el nuevo Titular de la Segego es qué estructura administrativa necesitaría para poder tener un destino distinto, y mejor, al de los titulares de esa dependencia en las últimas tres administraciones, que al margen de sus nombres y trayectorias políticas —en algunos casos muy notables, como la de Jesús Martínez Álvarez o Alfonso Gómez Sandoval Hernández—, se han enfrentado a los problemas estructurales que han impedido un trabajo más eficaz en las tareas de concertación, gobernabilidad y control en los conflictos políticos de la entidad.

A estas alturas, y luego de la amarga experiencia —para Oaxaca— del paso de Alejandro Avilés Álvarez por la General de Gobierno, esta debería ser una interrogante indispensable. Mafud tendría que estar evaluando, desde el primer día de su segunda gestión como titular de la Segego, qué se perdió, qué necesita componerse y, sobre todo, qué Secretaría General de Gobierno necesita Oaxaca, por encima de la estructura administrativa para incluir en la nómina oficial a sus allegados, o las ambiciones políticas que él pudiera abrevar en lo particular.

En el caso de Avilés, siempre quedó claro que él sí se dedicó a pensar en la Secretaría que él quería, sin considerar si eso mismo era lo que Oaxaca necesitaba. Por eso, en nuestra entrega del 18 de abril, en el marco de la ‘renuncia’ de Avilés a la Secretaría General, apuntamos algo que ahora Mafud tendría que reconsiderar con seriedad, ahora que en él recayó la responsabilidad de encabezar los trabajos de la gobernabilidad y que está obligado a tener una gestión eficaz no para su camarilla ni para sus intereses, sino para Oaxaca.

Avilés —apuntamos en aquella ocasión— nunca se preguntó qué necesitaba modelo actual de la Segego para operar correctamente. Más bien, lo que intentó en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ocurrida en septiembre del año pasado, fue tomar la mayor cantidad de espacios posibles para tener, en su lógica, la mayor cantidad de poder respecto a la integración del gabinete. Por eso la Segego nuevamente asumió las delegaciones de gobierno —que no fue sino el cambio de nombre de las coordinaciones regionales que ya existían, y que entonces como ahora eran inoperantes— e intentó ganar espacios al interior del gabinete.

REPETIR EL PASADO

Lo que seguramente Avilés nunca consideró —seguimos apuntando en nuestra entrega del 18 de abril— es que la influencia de la Secretaría General no se traduce en qué tanto margen de operación tiene hacia dentro, sino en qué tanta influencia tiene con relación a las demás secretarías del gobierno. Por eso, en una integración ‘plural’ del gabinete —o de reparto entre grupos, como también se podría leer— su influencia resultó relativa, y sus excesos y errores iniciales significaron una señal en sentido contrario de lo que quizá habría querido para mostrarse como un secretario fuerte.

“Avilés, de hecho, nunca demostró ascendencia con el Gobernador —es decir, que éste lo escuchara y respetara su opinión—; nunca demostró asertividad en el manejo de los conflictos políticos; tampoco demostró control ni influencia con cualquier otro ente que no fueran los partidos políticos; fue rápidamente desacreditado por las principales organizaciones sociales, encabezadas por la Sección 22 que, por su misma falta de ascendencia respecto al gabinete, no lo reconoció como un interlocutor válido, y luego abiertamente pidió su renuncia; y todo lo coronó con sus rápidas muestras de corrupción, de manejo patrimonialista del presupuesto y recursos de la dependencia, y de avidez en asuntos como su insistencia machacona en temas en los que contradecía al Gobernador, como la permanencia de los administradores municipales.

“Por eso hoy quien vaya a resultar como nuevo titular de la General de Gobierno debe preguntarse con seriedad si esa estructura actual —que es un Frankenstein entre el pasado, y las ambiciones de Avilés— le sirve a quien resulte como Titular de la Segego para desarrollar una gestión a favor Oaxaca, o si es necesaria una reingeniería de la dependencia para que en verdad pueda ser operativa, independientemente de qué tantos empleos tiene el Secretario para repartir entre sus allegados.

“En el fondo, hay un elemento subjetivo que se debe considerar, y es que quien sea designado como titular de la dependencia sea en verdad alguien que entrevere el entendimiento real de los procesos políticos y de gobernabilidad de la entidad —y que no sea una repetición de la soberbia e insensibilidad que se aprecia claramente en muchos funcionarios de la administración estatal, que siguen pensando que el gobierno de Oaxaca es una dependencia federal—, con el respeto y el respaldo político del Gobernador para ser, de jure o de facto, un jefe de gabinete que se pueda allegar de la ayuda todo el gobierno para resolver los problemas de la entidad.

“Si no se cumplen esos parámetros mínimos, y no existe ese ejercicio de autocrítica sobre la administración pública, entonces no podremos esperar sino una repetición de los excesos, errores y debilidades que llevaron a Avilés al fracaso.”

Frente a las circunstancias, vale remarcar lo dicho, ahora particularizándolo en la figura de Mafud Mafud: si el Gobernador no le da el respaldo político que necesita, si no lo instituye de jure o de facto como un Jefe de Gabinete, y si no gana el respeto y el respaldo de todas las dependencias que deben coadyuvar para encauzar los conflictos y los problemas políticos de la entidad, entonces dentro de una o dos semanas comenzaremos a escuchar —como fue el caso inercial de Carmelita Ricárdez— que Mafud tima a la gente, que no tiene capacidad operativa, y que es —como se ha señalado de sus antecesores inmediatos— sólo un costoso ornamento para la administración pública.

En el fondo, debían entenderlo con sencillez: con una estructura contradictoria e inoperante, y sin el respaldo político del Gobernador, cualquiera podría ser el Secretario General de Gobierno con los mismos malos resultados. Podría ser Mafud, cualquier otro del gabinete, o hasta Miguel Ángel Osorio Chong y los resultados serían más o menos los mismos, o hasta peores si a ello se le combinara inexperiencia, soberbia, prepotencia y algunos otros males que son casi inherentes a esas responsabilidades, y que abundan en un escenario como el actual de Oaxaca.

¿Estará claro Mafud de eso? Pronto lo sabremos.

¿ENCUBRIMIENTO?

Ayer la delegación en Oaxaca de Coparmex emitió un duro comunicado particularmente contra los encargados del área financiera del gobierno estatal, porque les exigen que contra un pago parcial de sus adeudos, firmen desistimientos anticipados de cualquier acción judicial. Coparmex dice: no queremos ir contra el gobierno actual, sino contra los responsables de la administración de Gabino Cué, por este quebranto financiero. El problema es que al obligarlos a firmar esos documentos, los funcionarios actuales deslindan y protegen a los anteriores, e inopinadamente se vuelven sus cómplices. Algo contradictorio, artero e inadmisible, desde el ángulo que se le vea.

A pesar del cadalso de Javier Duarte, México sin voluntad vs la corrupción

 

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+ Las entidades federativas sin controles efectivos; el SNA no muestra eficacia


Parecería hasta una burla afirmarlo, pero todavía unos días antes de dejar la gubernatura de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa era, institucionalmente, uno de los 32 hombres más poderosos de la geografía nacional. Ello es una muestra de que a pesar de la aparente voluntad del gobierno federal por perseguir y castigar a los gobernadores y funcionarios corruptos, en realidad la gran sacudida institucional que necesitaría el Estado mexicano sigue sin llegar, y que sigue siendo más fuerte —para bien o para mal— la presión política del gobierno federal, que el cada vez más deslucido y maltrecho Sistema Nacional Anticorrupción, que aún sin haberse puesto en marcha ya parece un producto constitucional que nació muerto.

En efecto, Duarte era Gobernador Constitucional de una entidad; ostentaba un poder público emanado y convalidado por el voto popular, y tenía bajo su control una de las entidades federativas económicamente más poderosas en el país. Gobernaba a plenitud a pesar de las reiteradas denuncias por corrupción y desvíos; la Auditoría Superior de la Federación se quejaba amargamente de no poder hacer más en contra del mandatario veracruzano. Y hasta hace pocas semanas, el gobierno federal no había dado ninguna señal de querer intervenir en la preocupante situación de aquella entidad federativa. ¿El caso Duarte será un incentivo contra la corrupción?

Pues, de hecho, la caída de Duarte se explica en unos cuántos días, y en eso tuvo mucho que ver la presión política que ejerció en su contra el gobierno federal, más que los efectivos controles constitucionales y legales de combate a la corrupción, o lo que pudieran hacer las instituciones encargadas del ejercicio del gasto público o las encargadas de la fiscalización de los recursos.

Básicamente, Duarte de Ochoa fue obligado a pedir licencia cuando el Presidente de la República entendió que, o protegía al Gobernador a cambio de la propia estabilidad política de su gobierno, o lo entregaba a la justicia como forma de lavarse la cara frente a los mexicanos, y demostrar algo de voluntad por el combate a la corrupción. Ello convalidó, silenciosamente, el hecho de que la presión política del Presidente —que, en sentido contrario, puede fungir como un manto protector contra las acciones del mismo Estado— sigue teniendo más influencia y poder en México que las instituciones del Estado.

Duarte a esas alturas era ya indefendible, y por esa razón el gobierno federal lo único que hizo, con su licencia y con los expedientes penales que se abrieron, fue confirmar que todas las denuncias de corrupción existentes en su contra, tenían una base judicial. De hecho, fue la sociedad mexicana —sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones y hasta las redes sociales— quienes mucho tiempo antes habían demostrado el talante autoritario y corrupto de Duarte de Ochoa, y sólo hacía falta que la autoridad estableciera un criterio frente a esas evidencias.

Desde antes ya se había hablado de las amenazas de Duarte contra la prensa, del brutal dispendio de recursos económicos del gobierno veracruzano, de la existencia de redes de corrupción y blanqueo de recursos; de la ostentosa vida del Gobernador y de su familia, y de la forma abierta en la que utilizaba al gobierno en un sentido claramente patrimonialista, al margen de cualquier temor relacionado con la justicia, con su futuro e incluso con su prestigio luego que dejara de ser Gobernador.

¿Qué hizo el gobierno federal? Atender al llamado a la justicia, pero de acuerdo a su calendario. Por eso, no es mérito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estar procesando y haber capturado a Duarte, en una aparente ‘cacería’ de la PGR: lo hizo quizá un año y medio después de que se constatara la calaña del ahora ex Mandatario, y de que existieran evidencias que permitieran la integración de denuncias penales por la posible comisión de diversos delitos.

Además de todo eso, lo persiguió laxamente durante sus primeras semanas como ex Mandatario, y sólo apresuró su búsqueda y localización cuando se le atravesó el calendario electoral del Estado de México, en el que uno de los temas principales de la agenda de los partidos de oposición era justamente la impunidad prohijada a Duarte en su fuga.

¿Y LOS DEMÁS?

Hoy Javier Duarte está en prisión y es el ejemplo negro nacional del mandatario corrupto al que lo alcanza la justicia. Sin embargo, para que eso pasara tuvo que haber una descomunal presión de la sociedad, y la demostración brutal de que la fuga y la impunidad de Duarte eran directamente proporcionales a la caída en los índices de popularidad del presidente Peña Nieto y, lo más importante, de las preferencias electorales del PRI rumbo a la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México, y las elecciones presidenciales de 2018, en las que se ve muy complicado que el PRI pueda refrendar el triunfo en la Presidencia de la República.

Sin embargo, al margen de todo eso la cuestión que sigue pendiente, es saber si el gobierno federal hará lo mismo con otros ex Mandatarios que también son señalados de corrupción. El asunto se vuelve relevante no sólo cuando se aprecia el contraste entre la vida de lujos, excesos e impunidad que envuelve a los Gobernadores, y la vida de resto de las personas; sino que hoy, además, esos lujos son directamente proporcionales al nivel de deuda y de los problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, de cara a la reducción presupuestal que se viene para el año próximo.

Esa crisis generalizada del país —que no fue causada únicamente por los gobernadores, pero que sí forman parte del cúmulo de problemas que enfrentan los estados del país y el gobierno federal— hará sufrir a muchas personas; y todo se ahondará cuando comiencen —si no es que ya iniciaron— a verse los estragos que están causando la irresponsabilidad, la corrupción y los excesos cometidos por muchos gobernadores, en el ejercicio de sus funciones. El mexicano común está particularmente agraviado no sólo por la crítica situación en que subsiste, sino también porque durante mucho tiempo se ha prometido combate a la corrupción pero se ha procurado exactamente lo contrario.

Por eso el gobierno federal está urgido de procesar a Duarte, y quizá, si tiene voluntad, también lo esté de ir en contra de otros mandatarios que están directamente detrás de Duarte en la lista de procesados: Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés, entre otros que podrían no estar tan visibles —como es el caso del ex Gobernador de Oaxaca— pero que también enfrentan señalamientos por posibles actos indebidos. Y lo que sería realmente relevante es que no sólo tuviera voluntad política sino que estableciera los controles que ahora no existen, y que permitieron que Javier Duarte llegara al extremo de la ignominia que lo tiene también al borde de la prisión.

PARADOJAS

Por todo eso, resulta también muy preocupante el doble rasero del combate a la corrupción: por un lado se persigue implacablemente a algunos corruptos sólo para quedar bien con la ciudadanía, pero por el otro extremo, y al mismo tiempo, se entorpece por todos los medios posibles, y en una auténtica conspiración de la partidocracia contra el propio Estado, el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿O cómo se le puede llamar a la demora de más de un año en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, en el Senado?

 

Peimbert revive las agresiones fantasiosas de los tiempos de Segreste

 

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+ Nochixtlán, bastión de Peimbert; ahí, él no media sino atiza conflicto


La historia de un ombudsman que inventa una agresión para ganar notoriedad ya la vimos en Oaxaca en los tiempos de Sergio Segreste Ríos, y ahora parece querer revivir en los tiempos de Arturo de Jesús Peimbert Calvo como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ante estas maniobras, el Congreso del Estado debería valorar la viabilidad de mantener a un Ombudsman que parece haber perdido el sentido de función como defensor de los derechos humanos, para convertir las secuelas del enfrentamiento del año pasado en Nochixtlán, en un conflicto innecesario, doloroso y costoso para Oaxaca.

En efecto, en los anales de la historia está registrada una agresión que sólo Sergio Segreste Ríos sabe si en realidad ocurrió. En aquellos años el entonces Ombudsman estatal aseguró que había sido agredido en medio de una manifestación por personas cercanas al ex candidato a la gubernatura, Héctor Sánchez López.

Sólo ellos saben si esa agresión ocurrió, y si en verdad ello representaba algún tipo de riesgo entre dos hombres tan públicos como ellos, aunque lo cierto es que la mayor ganancia la sacó Segreste, que gracias a aquella denuncia de agresión por parte del entonces perredista exigió que el gobierno estatal le brindara protección, vehículos y la parafernalia policial con la que quizá siempre soñó, además de que con ese episodio, de alguna forma ganó cierta presencia en un ambiente en el que su gestión en específico había sido gris, deslucida y más marcada por sus escándalos personales que por sus capacidades como defensor de los derechos humanos frente al poder público.

Todo esto viene a la memoria a partir de que la semana pasada, Arturo Peimbert Calvo denunció que había sido víctima de una agresión, y luego se enredó en las distintas versiones que fue ofreciendo a lo largo de los días, hasta que finalmente el fin de semana tuvo que reconocer que nada de lo que había asegurado inicialmente era totalmente verídico y que en realidad la supuesta agresión fue sólo una amenaza sobre la que tampoco presentó prueba o testimonio que reforzara sus dichos.

Así, en la primera versión, Peimbert dijo haber resultado ileso, sin embargo le dijo a Noticias MVS que su vehículo presentaba daños en la portezuela y la batea, tras ser encañonado y recibir disparos cuando se había marchado del lugar. La agresión, dijo, “se perpetró cuando llevaba a cabo una grabación en las inmediaciones del municipio de Nochixtlán”.

Luego cambió la versión. El domingo, la sección Kiosko de El Universal, señalaba lo siguiente sobre la agresión: “Nos cuentan que el que no sabe dónde meter la cara de vergüenza es Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, pues la semana pasada se dio a conocer que había sufrido un ataque armado en Nochixtlán, y que hasta balazos había recibido su vehículo, todo por al apoyo que ha brindado a las víctimas del 19 de junio de 2016 pasado, cuando policías dispararon contra pobladores de esa comunidad. El problema, nos platican, fue que cuando el tema comenzó a crecer, el ómbudsman tuvo que salir a explicar que en el ataque nunca le dispararon y que en realidad sólo le apuntaron con el arma desde otro carro, pero no la semana pasada, sino desde el 22 de febrero”.

Luego de eso, la sección Kiosko señalaba: “Luego de la aclaración, nos comparten, son muchos los que preguntan si el presunto atentado no se trata de un intento desesperado de don Arturo para aferrarse al cargo, pues ha reconocido que a 10 meses de los hechos de Nochixtlán, donde murieron ocho personas, no hay ningún avance y hasta ha dicho que no existe una institución preparada para atender el caso.”

Tal parece, pues, que en realidad Peimbert Calvo sí quiere ganar popularidad pero no sólo para mantenerse en el cargo luego de los amplios y documentados cuestionamientos que pesan en su contra por la manipulación del conflicto, sino sobre todo por sus nuevas ambiciones políticas que en realidad pintan para ser una verdadera locura en medio de la crisis permanente de gobernabilidad en la que vive Oaxaca.

¿OMBUDSMAN O COMANDANTE?

Si hay alguien que ha llevado el conflicto de Nochixtlán a un verdadero callejón sin salida, ese es el ombudsman Peimbert Calvo. Él, desde los momentos posteriores al enfrentamiento entre la Policía Federal y las organizaciones sociales y pobladores que acuerparon a la Sección 22 en el cruce de la súper carretera Oaxaca Cuacnopalan, a la altura de Nochixtlán, ha fungido no como un mediador o un facilitador de soluciones, sino como un agente radical que ha buscado entrampar el conflicto y llevarlo al punto de las soluciones imposibles, para continuar utilizándolo como su herramienta de negociación para mantenerse vivo ante el nuevo grupo gobernante de Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que, desde el primer momento, Peimbert se asumió en el diálogo y la negociación con el gobierno federal no como un interlocutor, sino como uno de los comandantes de los grupos que se dijeron agredidos y victimizados por el enfrentamiento, y que a lo largo de estos meses se han dedicado a entorpecer el proceso de reparaciones y atención integral a las verdaderas víctimas del enfrentamiento, con tal de que el gobierno federal no alcance un acuerdo final con los pobladores, y mientras ellos sigan generando roces y desencuentros disfrazados de mesas de negociación que, además, a estas alturas no tienen ningún derrotero definido.

A estas alturas, el gobierno federal ha agotado todas las vías posibles para encontrar una solución civilizada a las demandas de los grupos organizados y comandados por Peimbert; a diez meses del enfrentamiento, tienen perfectamente claro que el principal obstáculo para cualquier posible solución, está en la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, porque que es la principal interesada en fustigar a la verdadera población afectada y por priorizar la presencia de grupos radicales organizados, afines a la Sección 22 y a los sectores sociales y católicos radicales entre los que Peimbert es influyente, para que éstos entorpezcan cualquier posibilidad de avance o solución a las secuelas del enfrentamiento de Nochixtlán.

De hecho, a lo largo de los meses, esos grupos comandados por Peimbert han ido de lo asequible a lo inalcanzable, con tal de mantener vivo el conflicto. Han demandado reparaciones imposibles, atención médica que ya no se justifica en la situación real de las víctimas, dinero en efectivo e innumerables demandas que ya no se justifican en la situación actual de las víctimas. Hoy, por eso, queda claro que las organizaciones sociales de Peimbert, que tomaron la delantera en el conflicto, siguen demandando prestaciones no para que les sean dadas, sino justamente para que al no podérselas otorgar continúen alegando omisiones del gobierno federal respecto a todas las víctimas.

EL PETATE DEL MUERTO

Así, Peimbert se ha tratado de vender con la administración entrante como un factor de gobernabilidad y paz social por su supuesta interlocución con las organizaciones sociales, como en el caso antes señalado. En realidad, está intentando chantajear al gobierno para al menos lograr mantenerse en la Defensoría, o incluso para tratar de brincar a alguna otra posición en la estructura gubernamental estatal. Sólo que como cada vez le resulta más complicado tener como pivote el conflicto de Nochixtlán, y su supuesta presencia como garante del diálogo con los afectados, se vio obligado a recurrir a la vieja estrategia de Sergio Segreste, para ver si con eso lograba mantenerse en el radar —o al menos infundiendo miedo— del grupo gobernante. El problema es que la treta del atentado le falló. Y a estas alturas, resultaría no sólo insostenible cualquier aspiración para mantenerse en el sector público estatal, sino también impresentable como mediador y como quien quiere algo bueno para Oaxaca.

En Oaxaca también hay que dejar de simular en el combate a la corrupción

 

Germán Tenorio

+ Reformas pendientes; organismos con atrasos; ¿Cuál es el compromiso real?


El país entero vive un momento transicional en el combate a la corrupción: estamos viendo los últimos coletazos de un sistema que se ha resistido largamente a cambiar, y parecemos también ver los primeros estertores del cambio de fondo que la sociedad mexicana reclama. En medio de eso, resulta paradójico que aún existan personas y grupos que insistan en la simulación. Oaxaca no es la excepción en ello. Por ello, es necesario —en todos los partidos— impulsar los cambios de fondo indispensables para no seguir en el terreno del disimulo institucional por todo lo que no se está haciendo.

En efecto, a nivel nacional existe una discusión de gran calado respecto a la forma en cómo se está estructurando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Éste, que fue un mecanismo impulsado por más por las circunstancias y por el descrédito de la partidocracia frente a la ciudadanía, que por un acuerdo de voluntades para cerrar las llaves de la impunidad y la corrupción, ha tenido un inicio atropellado no sólo por lo intrincado de su estructura, sino sobre todo por la falta de voluntad institucional para establecerlo y ponerlo en operación.

En el Senado de la República, por ejemplo, ha habido una desesperante discusión relacionada con el nombramiento del fiscal anticorrupción, a quien no han podido nombrar básicamente porque a decir de las fuerzas políticas no existen los consensos para sacar adelante la decisión. Aún falta el establecimiento de las demás figuras relacionadas con el sistema, y luego será necesario dar los pasos siguientes para lograr que todas las entidades federativas cuenten con sus propios sistemas, y que éstos sean acordes con las necesidades nacionales y con la efectividad que se espera de ellos, además de la transformación de las otras instituciones que son concomitantes al SNA, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, además de los organismos estatales.

El problema es que así como no existe la voluntad suficiente para nombrar al Fiscal Anticorrupción, el gobierno y los partidos tampoco parecen tener mucho compromiso con lo que ellos mismos establecieron. A lo largo de las últimas semanas, en el Senado intentó darse la discusión relacionada con el nombramiento del Fiscal, que terminó en el punto de lo vergonzante, porque los partidos enmascaraban en las diferencias relacionadas con el nombramiento, su cada vez más evidente falta de voluntad para dar los pasos necesarios para que al margen de las personas, pueda comenzar a funcionar la institución; es decir, la Fiscalía de combate a la corrupción que, adscrita a la PGR, pero con autonomía, estableció la reforma constitucional que estableció el andamiaje anticorrupción.

GOLPES CONTRA EL SNA

Ese desgano parece que no fue suficiente. La misma semana pasada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al acuerdo por el que se crea la citada Fiscalía, pero con un retroceso que es realmente alarmante. En ese sentido, Viridiana Ríos Contreras, una de las integrantes del Comité de Selección de quienes finalmente integran el Consejo de Participación Ciudadana del SNA, denunció con concreción y preocupación que en dicho acuerdo se enmascare una nueva intención por demeritar el funcionamiento del SNA y de la fiscalía de combate a la corrupción, con disposiciones que menguan el contenido y la intención constitucional relacionada con el combate a la corrupción.

En un artículo publicado ayer en Excélsior (http://bit.ly/2pTnufc), Viridiana Ríos señalaba por lo menos tres aspectos preocupantes del acuerdo administrativo que intenta limitar a la fiscalía anticorrupción de la PGR.

“1.- Se permite a la Fiscalía Anticorrupción investigar y perseguir la corrupción de todos los funcionarios, excepto la que se pudiera presentar en la PGR. A todos, la ley, a la PGR, otra cosa. La PGR que, reitero, firma el acuerdo podrá ser investigada, pero sólo por la visitaduría. El conflicto de interés suena obvio, porque lo es. Los agentes del ministerio público, los agentes de la policía federal ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y demás servidores públicos de la PGR estarán exentos de ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Claramente, y dadas las enormes áreas de oportunidad que existen para eliminar la corrupción al interior del sistema de procuración de justicia, esto es inaceptable.

“2. El fiscal Anticorrupción tendrá que pedirle permiso (i.e., “proponer” es el término utilizado) al procurador para nombrar de las personas que estarán a su cargo. Esto significa que, nunca podrá contratar a alguien con quien el procurador tenga disgusto. La (pésima) broma aquí se cuenta sola.

“3.- El fiscal Anticorrupción no tendrá peritos propios, sino que utilizará los de la Coordinación General de Servicios Periciales. Esto no estaría mal, de no ser porque el caso de Ayotzinapa (la evaluación del GIEI) ya ha dejado en claro que pudiera existir cierta parcialidad en los peritos de la PGR (ya sea por falta de entrenamiento, o por presiones políticas cuando se les exige tener resultados, sí o sí).  Aun asumiendo que no sean parciales, hay un enorme problema de subcapacidad en Servicios Periciales. Hay más delitos esperando en Servicios Periciales que los que pueden ser investigados. Sumarle a la Coordinación General toda la labor de la Fiscalía Anticorrupción sin darle mayores recursos es una crueldad para los trabajadores de la coordinación y una mala jugada para la lucha anticorrupción. Esto hará que los casos de corrupción se pongan al final de una muy larga fila de casos o se investiguen antes que otros casos (que igual merecen justicia), sólo porque son mediática o políticamente atractivos.”

Si esto ya es un problema, resulta todavía más preocupante el hecho de que hasta ahora la estructura en general del SNA siga siendo relativa e inoperante, gracias a que la implementación del sistema ha estado llena de baches y contratiempos que no sólo menguan la capacidad de operación de lo establecido en la Constitución sino que, en el fondo, siguen siendo la manga ancha de la impunidad, de la corrupción, y del descrédito institucional que hoy ya no sólo ahoga a un gobernante o a un partido, sino a toda la estructura institucional en México, en los tres órdenes de gobierno.

Si este problema existe en el ámbito federal, en el ámbito estatal las cosas son aún más preocupantes. En Oaxaca, por ejemplo, no contamos aún con una Ley estatal anticorrupción, y tampoco están delineados los alcances y la estructura del sistema en el que se supone que el gobierno va a afianzar su confiabilidad frente a la ciudadanía en el mediano y largo plazo. Lo más alarmante es que Oaxaca no es el único ni el estado más atrasado en esas cuestiones. En el fondo, así como la corrupción es un mal endémico, también parece serlo la resistencia de quienes deberían estar trabajando en las rutas de implementación, aunque en realidad están dilatando intencionalmente las discusiones de fondo —independientemente de las grillas— relacionadas con este tema.

IR POR EL LARGO PLAZO

Es muy lamentable cómo en esta ruta sólo se piensa en el corto plazo. Todos se resisten al SNA porque ven la posibilidad de que se mengue su capacidad de operación mientras dure su administración que, a lo mucho, es de seis años. ¿Nadie ve en México el largo plazo? ¿Nadie piensa en la siguiente generación? Esa indiferencia parece ser uno de los signos distintivos de nuestro tiempo.

Además del centenario de la Constitución federal, celebremos a nuestra Constitución

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+ Importante, reflexionar acerca de temas relevantes para la vida pública de la entidad


Estamos acostumbrados a ponderar a la Constitución federal sobre las leyes locales. Es una práctica entendible aunque, quizá, muy poco justificable en un sistema federal que, por lo menos en México, en muchos sentidos funciona al revés de cómo debería. En esa lógica, muchos olvidamos que tenemos una Constitución local, y que ésta tiene su origen en el mes de abril de 1922, cinco años después de emitida la Constitución federal que aún nos rige. Si no conocemos eso, mucho menos sabemos la gama de derechos y disposiciones que contiene; y qué decir sobre la importancia, la historia y los antecedentes institucionales que derivan de ese documento. Por eso, cada mes de abril resulta esencial regresar a nuestra Constitución local.

En efecto, México ha tenido un federalismo poco ortodoxo, en el que ha prevalecido la idea simple de que las leyes federales se encuentran en general por encima de las normas locales, y por eso hemos dejado de estudiar y comprender nuestras leyes estatales, comenzando por la Constitución. Esa tendencia tiene ciertas explicaciones, que parten del hecho mismo de que el propio sistema federal mexicano no funciona como debería en el marco de equilibrios y reparto de atribuciones, y más bien es un sistema en el que lo federal somete a lo estatal, y ahí termina casi todo.

Ejemplos tenemos varios, no sólo en el ámbito estrictamente jurídico, sino sobre todo en el político. En el jurídico, por ejemplo, resalta el hecho de que el juicio de amparo ha sido el estandarte protector más importante de los derechos y los límites de la actuación de las autoridades frente a los particulares.

No es culpa del amparo, pero el hecho de que su marco protector sea tan amplio y tan versátil, ha provocado que en general los sistemas de justicia locales sólo se ocupen de los asuntos del fuero común, y que los intentos por generar tribunales locales dedicados a la protección de los derechos de las personas hayan tenido un paso más bien deslucido, como en el caso de Oaxaca, que la justicia constitucional local ha sido muy poco recurrida y la gran mayoría de los promoventes prefieren acudir directamente a la justicia constitucional federal a partir de un asunto de economía procesal, de confiabilidad y hasta de resignación por el hecho de que finalmente la justicia constitucional estatal quedará supeditada a la federal, como ocurre en muchísimos casos.

En el ámbito político la cuestión es también particular: en el pasado si la división de poderes era ficticia, también lo era la autonomía entre ámbitos de gobierno. El Presidente tenía facultades metaconstitucionales para quitar y poner gobernadores, y decidir muchísimas cosas sobre los ámbitos locales, y éstos no tenían la fuerza para defender sus ámbitos de competencia.

Esto cambió de forma importante en los últimos años (hoy el Presidente ya no tiene la fuerza para quitar a un gobernador, como todavía ocurrió a finales de la década de los noventas, y en los años previos con abundantes ejemplos), aunque ahora uno de los grandes retos de las constituciones locales radica justamente en lograr el establecimiento de los parámetros necesarios de actuación para sujetar a sus gobernadores, a sus congresos, a sus órganos autónomos, y en general a todo el sector público, a nuevas reglas y límites de conducta que impidan que sigan floreciendo ejemplos escandalosos como los de los 16 gobernadores que hoy enfrentan diversos problemas con la justicia por desvíos, faltantes, peculado, y hasta delincuencia organizada y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como es el caso del veracruzano ahora preso en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa.

ENCUENTRO CONSTITUCIONAL

Para efectos de reflexionar y entender mejor nuestra Constitución oaxaqueña, los días 24 y 25 de abril se realizará un importante encuentro de constitucionalistas oaxaqueños, denominado: “Seminario Oaxaca 2017 en Derecho Constitucional. Homenaje a las Constituciones mexicana de 1917 y oaxaqueña de 1922. Trayectoria y retos.” Este esfuerzo es encabezado por el doctor Raúl Ávila Ortiz y la Red de Juristas Pro Oaxaca, a la que están integrados los más importantes académicos —oaxaqueños y no oaxaqueños— relacionados con temas de derecho constitucional y materias afines, que están preocupados por entender y aportar ideas a nuestro constitucionalismo local.

De acuerdo con sus organizadores, el Seminario comprenderá una ceremonia de inauguración, conferencia magistral de inicio, una mesa de homenaje a las constituciones, cinco mesas redondas temáticas, una conferencia magistral de cierre y una ceremonia de clausura. Las conferencias magistrales tendrán una duración aproximada de 40 minutos y habrá espacio para preguntas y respuestas.

Las ponencias en las mesas redondas serán de alrededor de 15 minutos por expositor, a quienes se les ha pedido que intenten plantear su tópico en términos problemáticos dentro de la temática de la mesa, y usen una técnica argumentativa para justificar su posible propuesta de solución. Así, por ejemplo, explicar que derecho especifico estima ineficaz, por qué razones o causas, y cómo dotarlo de eficacia.

El programa de trabajo es excepcional. El lunes 24 se inaugurará el encuentro a las 9 horas en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Oaxaca. Luego habrá una conferencia magistral denominada “Constitución y federalismo”, dictada por el doctor José María Serna de la Garza (IIJ/UNAM e IIDC). Luego habrá una mesa denominada “Homenaje a las constituciones oaxaqueñas”, y por la tarde de ese mismo día (a partir de las 16.30 horas), habrá otra mesa con la temática “derechos humanos y su eficacia”. Finalmente, el primer día de actividades cerrará con el tema “Derechos políticos, elecciones, partidos,  calidad y retos de la democracia”, en la que participarán diversos ponentes de amplio conocimiento en temas de derecho electoral, democracia, derecho indígena, y otros.

El segundo día de trabajo se desahogará, a partir de las 9 horas, una mesa denominada “Derechos económicos, sociales y culturales, pueblos y comunidades indígenas”. A las 11 horas continúa la actividad con la mesa “Federalismo y municipalismo”, en la que se abordarán muchos de los retos que hoy tienen figuras como los gobiernos estatales y el municipio libre, que básicamente se han mantenido intactas a pesar de los enormes cambios institucionales que ha sufrido el país en las últimas décadas y que, por ese solo hecho, son hoy un tema de interés que debe reflexionarse con seriedad y sensibilidad de cara a los cambios que urgen en esos rubros en todo el país.

Por la tarde de ese segundo día de trabajo, se realizará una última mesa de trabajo denominada: “Transparencia, fiscalización y anticorrupción”, para finalmente clausurar las actividades con una conferencia magistral, a las 18.30 horas, denominada: Trayectoria y retos de la Constitución Mexicana de 1917 y las constituciones locales”, que dictará el doctor César Astudillo (IIDC-IIJ/UNAM).

APORTARLE A OAXACA

Al final, encuentros como ese no tienen otro objetivo de aportar ideas para la permanente construcción institucional y constitucional de Oaxaca. Ideas, reflexiones y propuestas que bien podrían ser tomadas por quienes representan a las instituciones del Estado, que permanentemente hablan de cambios, reformas y compromisos, aunque en realidad hacen poco para consolidarlos. Ojalá hubiera más ejercicios de esa naturaleza y magnitud en Oaxaca.

Después de Duarte, nada va a cambiar con los ‘niños malcriados’ gobernadores

 

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+ Muchos ex gobernadores en problemas; abundante corrupción; cero autocrítica


La de los gobernadores y su relación con la federación, bien podría ser la clásica historia del niño tirano. Actualmente, en muchas familias hay niños o jóvenes a los que los padres los relevan de toda responsabilidad, pero al mismo tiempo los premian con inmerecida abundancia, hasta conseguir que éstos asuman actitudes agresivas, desafiantes y provocadoras con quienes están a su alrededor, así como todo tipo de violaciones a las normas y límites familiares derivados de una acelerada intolerancia a la frustración. Si vemos ese catálogo de conductas, éste bien podría ser el de los gobernadores-niños-tiranos que parecen ser el signo de los tiempos actuales en México, y sobre lo cual sorprendentemente, no existe ningún tipo de autocrítica institucional de fondo.

En efecto, a propósito de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se han hecho nuevos y actualizados recuentos sobre los mandatarios estatales que hoy se encuentran en problemas con la justicia, y que ya alcanzan una cifra alarmante de 16. Según dichos recuentos, hay siete ex gobernadores en prisión, a saber: los priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, Flavino Ríos y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas; y el panista Guillermo Padrés, de Sonora.

Sujetos a proceso bajo amparo, dos: Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León. Investigados, cuatro: César Duarte, de Chihuahua (a quien ya se le libró una orden de aprehensión, por lo que hoy podría considerársele como prófugo de la justicia); Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz, y Gabino Cué, de Oaxaca. Hay otro ex gobernador prófugo, además de César Duarte: Jorge Torres, de Coahuila; y otros dos que fueron dejados en libertad luego de ser investigados en México y Estados Unidos, respectivamente: Humberto Moreira, y Eugenio Hernández.

Esta larga lista de ex gobernadores en problemas puede presentarse de manera deliberada, como un conjunto de hechos aislados de corrupción, y no vistos como un fenómeno más o menos generalizado. Sin embargo, el problema deja de ser la aparente suma de casualidades con la que pretende ser presentada —para evadir las discusiones de fondo— cuando se cae en la cuenta que entre los ex gobernadores emproblemados con la justicia se encuentran los de casi la mitad de las entidades federativas que conforman la federación en México; y que entre ellos se encuentran los ex mandatarios de algunas de las entidades económica, poblacional y políticamente más importantes del país como Nuevo León, Veracruz o las del norte de la República.

Por esa razón, el problema institucional de los límites, controles y responsabilidades que la Constitución federal le establece a la figura de los Ejecutivos estatales, no puede ser visto como una discusión que puede seguir postergada o que es de fondo innecesaria. Pues aunque en un primer momento se debe perseguir y actuar enérgicamente en contra de esos y todos los gobernadores que han cometido excesos en el ejercicio de sus funciones, es evidente que en el mediano plazo la discusión que debe prevalecer es la relativa a la modificación sustancial de la figura de los Ejecutivos estatales —y, en general, de las responsabilidades, obligaciones y límites de los poderes estatales— para eliminar la inercia de los gobernadores-niños-problema.

PREMIOS Y CASTIGOS

Más allá de la lista de nombres de los gobernadores en problemas —que es llamativa, pero que no deja de ser anecdótica—, lo que también vale la pena ver es todo en lo que se les ha premiado y castigado desde hace dos décadas que inició el proceso democrático que a la larga, en el año 2000 dio origen a la primera alternancia de partidos en el poder federal. En ese trance, a los gobernadores se les estimuló sobremanera para convertirse en los hijos tiranos de la federación. Veamos si no, a partir de la elaboración de una lista —enunciativa— de premios/“castigos” que han recibido de mediados de la década de los noventas a la fecha, tanto en la Constitución como en sus responsabilidades.

Entre los premios, a los gobernadores se les llenó de recursos. De acuerdo con Héctor Aguilar Camín, entre el año 2000 y 2014, los estados y municipios recibieron transferencias por unos 355 mil millones de dólares de recursos federales —casi tres veces el monto del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

La gran mayoría de esos recursos tenían como destino rubros sociales y de infraestructura que hoy están colapsados, tales como la salud, la educación, la obra pública, y otros, que hoy tienen como único común denominador la inoperancia, la quiebra financiera, los gastos desorbitados e irregulares, y la incapacidad de cumplimiento gracias a la irresponsabilidad de quienes tuvieron bajo su facultad la operación de dichos rubros durante dos o tres sexenios en los que se acumularon enormes problemas que ahora requieren de una especie de rescate por parte de la federación.

Junto con esos premios, los gobernadores recibieron más. No sólo fue el dinero a manos llenas, sino también dinero federal muy poco fiscalizable, que además se supone que debía estar vigilado por un sistema de fiscalización que hoy sabemos que ha sido profundamente ineficiente. A la par de eso, a los mandatarios estatales se les permitió un enorme margen de opacidad en todo lo relativo a sus gestiones; y también la federación cerró los ojos al crecimiento desmedido de la impunidad sobre sus actos y los de sus subordinados.

Si los anteriores fueron sus premios, la federación también los “castigó”, aunque a la larga tales castigos no fueron sino premios disfrazados de reprimendas, justo como las que se les aplica a los niños tiranos para continuar alimentando sus actitudes voraces. ¿De qué hablamos? De que la federación, en sus reformas más importantes, le ha quitado responsabilidades y facultades a los gobiernos estatales, en un trato que bien habría podido ser el que se le aplica a un menor de edad.

¿Ejemplos? Todas las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto fueron recentralizadoras: tomó para la federación innumerables facultades en materias como la educativa, electoral, fiscal, energética, recaudatoria, de seguridad pública, de justicia, de construcción de infraestructura, de rendición de cuentas, de fiscalización y de combate a la corrupción.

Esto parecía castigo por el trato de menor de edad que hoy la federación le da a los gobernadores. Pero es premio en realidad porque lo está relevando, en lugar de obligar a los gobernadores a crecer y asumir las responsabilidades que, como en un camino fácil, optó por recogerles luego de los tiraderos que hicieron en esos rubros en los años previos.

REFORMA DE FONDO

Aseguramos que hablar de los ex gobernadores presos y procesados judicialmente, es anecdótico. Lo es porque mientras no se reformen los alcances y límites de los Ejecutivos de los Estados, y en general de los ámbitos de gobierno estatales y municipales —que son todo un problema distinto, aunque concomitante al de los gobernadores institucionalmente irresponsables—, estas historias las seguiremos repitiendo. El Sistema Nacional Anticorrupción no será la panacea, y de hecho no servirá, mientras prevalezca ese oprobioso acuerdo nacional de partidos, facciones y políticos para mantener el estado generalizado de corrupción e impunidad, y llevar con eso a la quiebra a la Constitución y al Estado de Derecho en México.

Al límite, incertidumbre en la IP por la falta de claridad en el pago de adeudos

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+ ¿Entiende el Gobierno que el sector privado está devastado? ¿Ayuda o los hunde?


Diversos organismos empresariales se han pronunciado por la posibilidad de cobrar por la vía judicial los adeudos que el gobierno de Oaxaca no les ha liquidado. Muchas de las empresas se encuentran al límite de la resistencia en sus operaciones, antes de tomar medidas como el cierre, la suspensión o disminución de sus operaciones, el despido de empleados o la moratoria en el pago a sus proveedores e impuestos. El mes de abril es crítico, y por esa razón la Secretaría de Finanzas debe abandonar sus posturas mezquinas y burocráticas, y ofrecer respuestas inmediatas al sector privado que, en general, está a punto del colapso.

En efecto, ayer el dirigente de la delegación en la entidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Raúl Ruiz Robles, dijo que si el gobierno de Oaxaca insiste en su actitud de no agilizar el pago de adeudos que tiene con la iniciativa privada, intentarán la vía judicial como un mecanismo para intentar la recuperación de sus capitales. A esa, y otras organizaciones empresariales, les preocupa la cercanía del mes de mayo —que de sí es crítico para la economía estatal— por las tradicionales acciones del magisterio, pero también porque abril resulta un mes crítico para la fijación de sus obligaciones fiscales.

En un escenario en el que el común denominador es una situación económica devastadora, el gobierno de Oaxaca debía asumir que el sector privado en general se enfrenta no sólo a la disyuntiva de la quiebra y el cierre de operaciones, sino también a la de asumir formalmente las obligaciones por deudas sobre las que el gobierno los mantiene en la incertidumbre. Vale la pena analizar y entender esta situación.

En primer término, el gobierno de Gabino Cué terminó en medio de una enorme crisis financiera que hoy se refleja, desde uno de sus frentes, en la existencia de muchos prestadores de bienes y servicios a los que el gobierno les adeuda el pago por los servicios que ya fueron consumidos. A la gran mayoría de ellos, la administración anterior les extendió documentos conocidos como Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante los cuales asumía el compromiso de pago y reconocía la suficiencia presupuestal para cubrirlo, aunque ello era independiente del momento final del pago.

Para que la Secretaría de Finanzas extendiera la CLC, las empresas acreedoras debían extender la factura correspondiente. La gran mayoría de los adeudos corresponden al ejercicio 2016, y las facturas (hoy conocidas como CFDI, o Comprobante Fiscal Digital por Internet) fueron emitidas a lo largo del ejercicio fiscal del que se deben presentar las correspondientes declaraciones durante los meses de marzo y abril de este año. Ahí existe un problema importante que revela la mezquindad de la Secretaría de Finanzas, que sin ofrecer ninguna alternativa a la situación crítica de la iniciativa privada, le ha cerrado todas las posibilidades de cobrar sus adeudos, o por lo menos de tener la certeza de que los recuperarán como para poder asumir los compromisos fiscales que se derivan de esta situación.

¿ALTERNATIVAS?

La existencia de las CLCs representa el compromiso habitual de pago del gobierno estatal. En este caso, a muchos prestadores de bienes y servicios, la administración entrante les ha propuesto la renegociación de los adeudos y la utilización de mecanismos de factoraje financiero para poder agilizar los pagos. El problema es que al plantear las alternativas, la Secretaría de Finanzas no ha tenido la voluntad o de asegurarle a las empresas que sus adeudos serán cubiertos totalmente aún con retrasos, o que agilizaran la utilización de las llamadas cadenas productivas para que éstos pudieran recuperar recursos, aún parcialmente, en un lapso relativamente corto de tiempo.

El problema es que no ha ocurrido ni uno ni otro escenario. En medio de eso, llegó el tiempo de la presentación de las declaraciones anuales de impuestos, tanto para personas físicas como para morales. Para las morales el plazo venció el pasado mes de marzo, y para las físicas vence al término del presente mes de abril. ¿Cuál es el problema? Particularmente, para las personas morales hay un problema fiscal importante porque las facturas que expiden, causan efectos fiscales desde el momento de la emisión y no del pago, como sí ocurre con las personas físicas.

Así, si ellos expidieron comprobantes fiscales digitales en el ejercicio 2016, y éstos causaron efectos a la emisión, ahora al presentar su declaración anual del ejercicio previo, deben cubrir los impuestos correspondientes. La disyuntiva de muchos empresarios radica en si cubren los gravámenes por facturas que no pueden, y no saben si podrán cobrar; sobre las que el gobierno no les ofrece ninguna certidumbre sobre el pago; y sobre las que tampoco lleva a cabo algún mecanismo de renegociación transparente y confiable para darle liquidez a las empresas, para continuar operando.

En esa lógica, Finanzas no ha tenido claridad en agilizar la utilización de cadenas productivas, lo cual resulta inexplicable. Éste no es un mecanismo intrincado ni imposible, y de hecho se puede realizar a través de un trámite en línea que no representa ninguna dificultad. Además, el gobierno sí podría generar algún tipo de vía para que no fuera sólo la banca de desarrollo la que ofreciera el servicio del factoraje financiero, sino establecer mecanismos alternos con la banca comercial para conseguirlo, y así poder ofrecerle diversas alternativas de liquidez al sector privado local, para así recuperar economías y continuar sus operaciones sin la pérdida de empleos y el cierre de empresas, que siempre es doloroso para cualquier economía.

El problema es que no hay sensibilidad, y a estas alturas pareciera que Finanzas o es la menos sensible y permeable al problema, o que está decidida a colapsar a la economía local a partir de la insistencia en renegociar todos los adeudos posibles, pero de hacerlo con una lentitud, incertidumbre y burocratismo que tiene asustados a los sectores productivos, que a estas alturas ya no saben si creer o no en que existe cierta voluntad por darles una salida y no por terminar de colapsarlos.

Al final debiera haber más sensibilidad de que la crisis económica de buena parte de los sectores productivos de la entidad no comenzó el 1 de diciembre, sino que lleva ya más de un año. El gobierno de Gabino Cué cerró la llave de los pagos a proveedores más de ocho meses antes de que terminara la administración; y la actual lleva ya más de cuatro meses sin ofrecer ninguna pauta concreta.

Por eso, deben asumir que a diferencia de los sectores productivos de otras entidades, o a nivel nacional, en Oaxaca el gran consumidor de la mayoría de los proveedores y empresas locales, es el gobierno. El presupuesto, les guste o no, es el que en gran medida mueve la economía local, y esa es una dinámica que no van a cambiar por su sola actitud. Más bien, por mezquindad e insensibilidad, están agravando la situación al punto de generar el colapso masivo de cientos o miles de empresas que están esperando las respuestas oficiales que quién sabe por qué no llegan, y para lo cual la vía judicial que intentan explorar tampoco resulta una alternativa viable para tener liquidez en el corto plazo.

DESPRESTIGIO INSTITUCIONAL

Podría ser explicable que el gobierno intenta renegociar adeudos porque esto representa un pasivo para las arcas estatales. El problema es que tienen a la economía local en un callejón sin salida. Es, además, otra mezquindad, querer castigar a quienes tuvieron tratos con la administración anterior, porque finalmente el empresariado ha proveído a todos los gobiernos anteriores. Con esa actitud, en el fondo, desprestigian al gobierno, en el que —así sea por seis años— ellos están de paso. ¿Asumirán, se dice cada seis años en Oaxaca, que los carniceros de hoy serán las reses de mañana?

Mientras no reformen la Secretaría General de Gobierno, todo seguirá de cabeza

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Saul Lopez
CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2016.- Alejandro Murat Hinojosa, ex titular del Infonavit y candidato a la gubernatura de Oaxaca se reunió en privado con Cesar Camacho Quiroz así como diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza donde explicó algunas estrategias para su campaña electoral. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

+ Gobierno debe buscar liderazgos homogéneos, no insistir en reparto entre grupos


El abrupto relevo en la Secretaría General de Gobierno (Segego) debiera servirle al grupo gobernante para un análisis autocrítico de fondo, y no sólo para resolver lo coyuntural —que radica en el relevo del titular de la dependencia. Dicho análisis de fondo tendría que versar sobre qué tipo de Secretaría General le podría ser útil al gobierno, y si la actual estructura de la Segego es un aporte o un lastre para la gobernabilidad. A la par de ello, un criterio fundamental tendría que radicar en el establecimiento de una línea más vertical y homogénea en quien encabece la labor relativa a la gobernabilidad. El reto no es sencillo. Pero la coyuntura permite esta posibilidad.

En efecto, vale la pena preguntarse si la Secretaría General de Gobierno sirve en las condiciones actuales, y si junto con el cambio de titular tendría también que haber una modificación operativa a la estructura y alcances de la dependencia. Ello, en primera instancia, tendría aún que responderlo Alejandro Avilés, que ex profeso se confeccionó una dependencia a modo cuando todavía era integrante y pastor de la LXII Legislatura, aunque en los hechos tuvo innumerables problemas de operación que, en buena medida, marcaron la pauta de su cese (disfrazado de renuncia). Además, en esa discusión tendría que participar la persona en quien recaerá la responsabilidad de relevar a Avilés.

El asunto, en esta lógica, no es de vanidades ni de poses, sino estrictamente de un sentido pragmático para tratar de proveerle algo mejor a Oaxaca. Durante años —al menos los seis de la administración de Gabino Cué— la Segego estuvo sometida a un desgaste constante propiciado por los propios grupos internos, que durante toda la gestión gabinista trataron de sobreponerse a sus pares. Desde que llegó a la dependencia Irma Piñeyro —que había sido candidata a la gubernatura por Nueva Alianza, y a la que Cué designó como un mensaje inicial de inclusión y pluralidad en la integración de su gabinete—, los principales integrantes del entonces nuevo grupo gobernante intentaron derrocarla, a través del desgaste institucional a la Segego. ¿Qué hicieron?

Por un lado Benjamín Robles Montoya, y por el otro Jorge Castillo Díaz, se dedicaron a desacreditar a la dependencia frente a los demás entes del gobierno. Materialmente, dejaron a Irma Piñeyro sin ninguna capacidad de interlocución y de influencia al interior del gabinete, a partir del acuerdo —y de la amenaza— a todos los demás secretarios y directores de los organismos estatales, de que atender sus peticiones significaba perder la gracia de aquellos, que eran los dos pilares más cercanos al Gobernador.

Por esa razón, nadie atendía, ni ayudaba a Piñeyro a resolver los problemas que llegaban a la Segego. Y en eso, se marcó una primera pauta de descrédito (que intentaba ser personal contra Piñeyro, pero que terminó siendo institucional contra la Segego), que luego se acentuó con el relevo en el cargo por parte del ex gobernador Jesús Martínez Álvarez, que intentó generar una Secretaría General fuerte y nuevamente fue desacreditado —por una especie de conspiración entre los grupos que encabezaban Robles y Castillo Díaz— en otro golpe institucional en contra de la Segego.

QUE PAGUEN LAS INSTITUCIONES

Martínez Álvarez tuvo dos intenciones para la Secretaría General: la primera consistía en el restablecimiento de las delegaciones de gobierno, y la segunda consistía en lograr una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en la que se estableciera al titular de la Secretaría General como jefe de gabinete. Martínez consiguió parcialmente el primero de los objetivos con la creación de la Subsecretaría de Operación Regional.

Pero no sólo no logró, sino que fue arrollado en su intención de modificar la ley para robustecer la presencia de la Secretaría General entre el gabinete. Pues lejos de quedar robustecida, nuevamente el acuerdo oprobioso entre los grupos de Robles y Castillo, consiguieron debilitar a la Segego, que en ese momento perdió la mayoría de las entidades que estaban sectorizadas a la dependencia, y ello envió un nuevo mensaje de desconsideración no sólo en contra de Martínez Álvarez —a quien nunca dejaron operar, y que terminó renunciando y distanciándose del grupo gobernante al punto del pleito— sino de la Secretaría General.

Así terminó el sexenio, y Avilés nunca se preguntó qué necesitaba ese modelo para operar correctamente. Más bien, lo que intentó en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ocurrida en septiembre del año pasado, fue tomar la mayor cantidad de espacios posibles para tener, en su lógica, la mayor cantidad de poder respecto a la integración del gabinete. Por eso la Segego nuevamente asumió las delegaciones de gobierno —que no fue sino el cambio de nombre de las coordinaciones regionales que ya existían, y que entonces como ahora eran inoperantes— e intentó ganar espacios al interior del gabinete.

Lo que seguramente Avilés nunca consideró es que la influencia de la Secretaría General no se traduce por qué tanto margen de operación tiene hacia dentro, sino qué tanta influencia tiene con relación a las demás secretarías del gobierno. Por eso, en una integración ‘plural’ —o de reparto entre grupos, como también se podría leer— su influencia resultó relativa, y sus excesos y errores iniciales significaron una señal en sentido contrario de lo que quizá habría querido para mostrarse como un secretario fuerte.

Avilés, de hecho, nunca demostró ascendencia con el Gobernador —es decir, que éste lo escuchara y respetara su opinión—; nunca demostró asertividad en el manejo de los conflictos políticos; tampoco demostró control ni influencia con cualquier otro ente que no fueran los partidos políticos; fue rápidamente desacreditado por las principales organizaciones sociales, encabezadas por la Sección 22 que, por su misma falta de ascendencia respecto al gabinete, no lo reconoció como un interlocutor válido, y luego abiertamente pidió su renuncia; y todo lo coronó con sus rápidas muestras de corrupción, de manejo patrimonialista del presupuesto y recursos de la dependencia, y de avidez en asuntos como su insistencia machacona en temas en los que contradecía al Gobernador, como la permanencia de los administradores municipales.

Por eso hoy quien vaya a resultar como nuevo titular de la General de Gobierno debe preguntarse con seriedad si esa estructura actual —que es un Frankenstein entre el pasado y las ambiciones de Avilés— le sirve a él o ella para desarrollar una gestión a favor Oaxaca, o si es necesaria una reingeniería de la dependencia para que en verdad pueda ser operativa independientemente de qué tantos cargos tiene el Secretario para repartir entre sus allegados.

En el fondo, hay un elemento subjetivo que se debe considerar, y es que quien sea designado como titular de la dependencia sea en verdad alguien que entrevere el entendimiento real de los procesos políticos y de gobernabilidad de la entidad —y que no sea una repetición de la soberbia e insensibilidad que se aprecia claramente en muchos funcionarios de la administración estatal, que siguen pensando que el gobierno de Oaxaca es una dependencia federal—, con el respeto y el respaldo político del Gobernador para ser, de jure o de facto, un jefe de gabinete que se pueda allegar de la ayuda todo el gobierno para resolver los problemas de la entidad.

 

¿REPETIR EL PASADO?

Si no se cumplen esos parámetros mínimos, y no existe ese ejercicio de autocrítica sobre la administración pública, entonces no podremos esperar sino una repetición de los excesos, errores y debilidades que llevaron a Avilés al fracaso.

Algunas consideraciones sobre la renuncia de Alejandro Avilés a Segego

 

MOGUEL-EL-GOBER-ALEJANDRO-Y-ALEJANDRO-AVILES

+ Escándalo por helicóptero, gota final de una crisis desde antes conocida


La noche del jueves, mediante un comunicado se dio a conocer que Alejandro Avilés Álvarez había renunciado a su cargo como titular de la Secretaría General de Gobierno. Esto ocurrió luego de que la Agencia Quadratin diera a conocer, la tarde de ese mismo día, que los hijos del ahora ex funcionario, habían viajado a Puerto Escondido en una aeronave del Gobierno del Estado en plan vacacional. Esta dimisión cimbró a la clase política estatal en plenos días de asueto. Por lo que deben considerarse algunos elementos para entender este cese fulminante como parte de un problema mayor que enfrenta el gobierno estatal.

En efecto, hay algunas consideraciones que permiten ver que el escándalo por el uso indebido de un helicóptero, fue el elemento que determinó esta primera decisión que moverá toda la estructura orgánica del gobierno estatal, pero que además de éste hay que considerar otras variables y antecedentes; también, este hecho debe ser visto como una demostración, para los mismos integrantes del gobierno, respecto a las prioridades de su actuación y a la poca sensibilidad con la que han actuado en estos cuatro meses de gestión.

En un primer plano, es necesario asumir que la caída de Avilés se da por una suma de factores, y no por un hecho fortuito. Habría que comenzar por la forma en cómo el ahora ex titular de la Segego había sido impermeable a todo tipo de crítica y señalamiento por sus prácticas primero como operador político, luego como dirigente partidista, y finalmente como líder cameral; todo eso, antes de ocupar la responsabilidad de la que fue separado el viernes en la Secretaría General de Gobierno.

Avilés era uno de esos políticos que gozaba abrevando una imagen controvertida. Por eso nunca se preocupó por recomponer esa imagen que, con la fuerza de reiterados señalamientos, se construyó desde hace mucho tiempo como un vendedor de candidaturas, como un negociante de paz social y de estabilidad en los ayuntamientos, y como un operador que siempre buscaba sacar provecho político y personal de cada situación en la que se veía envuelto.

Primero como operador electoral, se le acusó de ser un traficante de candidaturas; luego como dirigente priista, de ser ya no sólo un comerciante de postulaciones sino también un líder ventajoso que pretendía provecho económico antes de que se realizaran las votaciones. Y como pastor cameral fue el principal manejador de los recursos que ahora son una gran incógnita, en la Legislatura más cara (pues ejerció mil 800 millones de pesos en tres años, que ahora están extraviados en la opacidad y la discrecionalidad total) y más improductiva de la historia.

Aún con todos esos antecedentes, a Avilés le fue concedida la Secretaría General de Gobierno por dos razones: primero, como pago a sus servicios al grupo que impulsó la candidatura de Alejandro Murat; y segundo, como una cuestión casi irremediable: en un escenario en el que abunda la inexperiencia, él parecía el más aventajado de todos, y era el que ofrecía cierta certidumbre sobre el control de grupos que pudieran ser un dolor de cabeza para el gobierno. No es honorable —decían—, pero es eficaz. El problema es que rápidamente vieron, ya después del 1 de diciembre, que la gobernabilidad del Estado implicaba mucho más que las grillitas partidistas y las intrigas putrefactas de las que Avilés había demostrado ser experto.

MALOS ANTECEDENTES

Todos sabían que el Gobernador no le toleraría a Avilés escándalos como a los que él estaba acostumbrado. El 7 de diciembre apuntamos en este espacio que el gobernador Murat había demostrado pragmatismo al plantear su administración, que ahora debía ser entendido por sus funcionarios. ¿Entenderán todo esto los funcionarios recién designados?, nos preguntábamos.

“Vale repasar —decíamos— ejemplos que, por sus antecedentes, en los primeros días de gobierno comienzan a verse como potencialmente problemáticos, y que a menos que entiendan a cabalidad el mensaje, durarán poco tiempo en el gabinete a partir de la idea de que, a diferencia de mandatarios como Gabino Cué, Alejandro Murat no estará dispuesto a pagar costos políticos por otros, que decidió no pagar ni por él mismo.

“Uno es Alejandro Avilés, que fue nombrado secretario General de Gobierno, aún cuando carga un fuerte desgaste por la larguísima cadena de señalamientos que pesan en su contra en el interior del Estado por la venta de candidaturas al interior de su partido, y más recientemente por su intrigante papel en el Congreso del Estado. Con todo ese lastre, Avilés está obligado únicamente a desempeñar un papel excepcional como encargado de la política interna del Estado, antes que tratar de intentar cualquier acción que le importe señalamientos como los de su pasado. Esta tentación, lo llevaría fácilmente a ser cesado, por un Gobernador que, como lo hemos dicho, ha demostrado no querer cargar con esos señalamientos sólo para mantener un compromiso político.”

Queda claro que esto tan lógico, no lo entendió Avilés. Quién sabe si le pusieron un garlito, o si era una cuestión cotidiana, pero él decidió que su hijo viajara a la playa en un helicóptero oficial. Quizá menospreció que por una situación similar cayó David Korenfeld de la dirección de Conagua; que por algo muy similar hoy están procesando a Emilio Lozoya cuando fue director de Petróleos Mexicanos; y que hay una acusación similar que tiene en capilla al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Si alguien lo invitó a usar la aeronave para ponerle un cuatro, Avilés pecó de candidez para ser defenestrado.

Sin embargo, ello no debe ser obstáculo para ver que su gestión como Secretario de Gobierno fue más problemática que ese episodio aislado. En este espacio reseñamos con amplitud desde los primeros días de la administración, como Avilés desconocía por completo el manejo del conflicto magisterial. Eso lo llevó a cometer errores tan graves como el de exponer al Gobernador a una agresión física el 21 de marzo, cuando convalidó la idea de que visitara el monumento a don Benito Juárez en San Pablo Guelatao, a pesar de los riesgos por la presencia magisterial, y por su pésimo manejo y previsión política ante una posibilidad como la que finalmente ocurrió.

Avilés también se vio envuelto en un problema grave al desatender las instrucciones del Gobernador relacionadas con los administradores municipales. Era público que todos los administradores respondían a sus intereses, y que por un sentido de avidez económica no cumplieron la instrucción de avenir a las comunidades para que en un lapso de 30 días realizaran los comicios extraordinarios, prefiriendo priorizar la asignación de obra pública y la disposición de los recursos de esas comunidades. Hoy, muchos de los conflictos postelectorales que ahogan a la capital tienen que ver con el capricho de Avilés de mantener a los administradores en contravención de las instrucciones del Gobernador.

RELEVO

Hoy que Avilés es el primero que cae, no falta la rapiña que va ya no tras sus despojos sino de lo que representa la Secretaría General de Gobierno. Ayer mismo ya se barajaban varios nombres, que van desde lo asequible hasta lo inaudito. Como posibles relevos mencionaban por ejemplo a Francisco Ángel Villarreal, a Celestino Alonso, al secretario de Administración Javier Villacaña, y hasta a personajes como Adolfo Toledo Infanzón o María del Carmen Ricárdez Vela, que ni bien se secaba la tinta de la renuncia de Avilés y varios de sus promotores ya la estaban candidateando como posible sucesora. Finalmente, la decisión que se tome debe ser de gran calado, porque nadie debía descartar la reacción de los enloquecidos incondicionales de Avilés que seguramente buscarán venganza desde regiones como la Costa o la Cuenca del Papaloapan.