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Ante la definición de las candidaturas presidenciales, ¿los ciudadanos seguiremos en la inacción y omisión?

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Este fin de semana se fijó el elemento que hacía falta en la carrera presidencial: el viernes se formalizó la conformación de la alianza PAN-PRD-MC, y al día siguiente se hizo inminente la designación de Ricardo Anaya Cortés como candidato presidencial de dicho frente. Esto se suma a la definición de Morena por Andrés Manuel López Obrador, y del PRI por José Antonio Meade Kuribreña. Al fijarse los principales nombres de la boleta electoral de 2018, ¿los ciudadanos debemos seguir esperando que las respuestas lleguen de las fuerzas políticas, o debemos comenzar a hacer algo para empujar temas y prioridades para el siguiente sexenio?

En efecto, las definiciones en la coalición “Por México al Frente”, completaron el panorama electoral rumbo a la elección presidencial de 2018. Ésta será una elección en la que uno de sus signos distintivos sin duda será la falta de consistencia ideológica entre lo que dicen representar las fuerzas políticas, y lo que sus abanderados en realidad manifiestan y le están proponiendo a la nación como su proyecto político. por eso mismo, vale la pena no dejar de considerar no la posibilidad, sino la necesidad —y la urgencia— de que la sociedad civil siga empujando temas en la agenda nacional. ¿De qué hablamos?

De que hoy, como nunca, representan lo que no son. Por un lado, el PRI intenta mostrarse como un espacio en el que, en las definiciones, ganaron las trincheras ciudadanas; Morena, con López Obrador, se asume como un partido de la izquierda más concentrada, aunque en realidad plantea una serie de proyectos, reformas y esquemas de gobierno que bien podrían haber emergido de lo más retardatario de la derecha conservadora de cualquier país; y como si algo hiciera falta, resulta que el Frente PAN-PRD-MC intenta también asumir la bandera de la ciudadanía, pero con procesos que han estado eminentemente enfocados hacia adentro, en los que han evitado el contacto y el tamiz de la ciudadanía, y en los que las definiciones y acuerdos cupulares han sido fundamentales, relegando de manera inocultable las exigencias y las inquietudes de la ciudadanía.

Este panorama resulta por demás preocupante, ya que en los hechos no parece existir ninguna definición consistente respecto a lo que quiere la gente, en algunos de los temas más importantes y preocupantes de la agenda nacional. Por ejemplo, es claro que uno de los temas que refleja enormes inconsistencias es el relacionado con el combate a la corrupción: ninguna de las tres fuerzas políticas tiene los antecedentes —personales o institucionales— suficientes como para dar la certidumbre de que hará algo distinto, y mejor, en el combate a la corrupción, que lo que se ha hecho hasta el momento.

Es cierto: José Antonio Meade es la mejor carta que tenía el PRI como su candidato presidencial —externo— simplemente porque en sus haberes no se cuentan —o no se conocen— actos indebidos que puedan significarle señalamientos de corrupción. El problema es que, a pesar de ello, él ha servido en posiciones de primer nivel en dos administraciones federales consecutivas, en las que su rasgo común ha sido la explosión de la corrupción, y la visibilización como nunca del hartazgo ciudadano en contra de esa práctica corrosiva para la legitimidad no sólo de los funcionarios, sino del Estado mismo.

Algo similar ocurre con Andrés Manuel López Obrador, aunque en un sentido mucho más profundo. El tabasqueño ha resistido —aunque no sin lesiones políticas— el costo de evidentes actos de corrupción cometidos alrededor suyo, desde los tiempos del Gobierno de la Ciudad de México —los casos del llamado Señor de las Ligas, y la opacidad que continúa existiendo respecto al costo real y las condiciones en que fueron construidos los segundos pisos del Periférico, durante su gestión como Jefe de Gobierno del 2000 al 2005—, y más recientemente casos de impunidad, encubrimiento y posible relación con el crimen organizado como el de los Abarca de Iguala Guerrero, o el más conocido relacionado con Eva Cadena en Las Choapas, Veracruz, que recibía dinero en efectivo para la campaña del tabasqueño.

En ese entramado, Ricardo Anaya no ha sido ajeno básicamente por los cuestionamientos consistentes sobre lo inexplicable de su lujoso estilo de vida, y la manutención de su familia en los Estados Unidos. Hasta ahora, Anaya se ha defendido retóricamente, pero sin poder ofrecer una explicación concreta sobre esa situación. Por eso, se puede afirmar que ninguno de los tres candidatos presidenciales es ajeno —personal o institucionalmente— a la corrupción, y por eso mismo cabe la posibilidad que ellos mismos intenten seguir bordeando el tema sin enfrentarlo a fondo, como sí lo exige la sociedad mexicana.

¿Y LA CIUDADANÍA?

El tema no es menor: debemos ser los ciudadanos quienes empujemos —o sigamos empujando, desde las trincheras en que nos encontremos— algunos de los temas que más preocupan y duelen al país. En lo relacionado con el combate a la corrupción, queda claro que algunos de los avances más notorios han surgido o por el reflejo del hartazgo ciudadano en los bajísimos niveles de aprobación tanto de los gobernantes como de los partidos políticos, o por la sociedad civil organizada que logra impulsar temas generando consensos que hacen eco en los órganos legislativos y en la clase política.

En esa lógica, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción constituye una herramienta atípica que ha surgido de la combinación de esos dos factores. La preocupación del Presidente Enrique Peña Nieto por los distintos hechos de corrupción que empañaron irremediablemente su gestión de cara a una ciudadanía enojada e indignada, fue lo que impulsó las iniciativas que luego se convirtieron en el Sistema —ya que este había sido uno de los temas que originalmente había quedado fuera de la agenda prioritaria de las reformas estructurales—; y temas en concreto como la iniciativa que impulsó la llamada ley tres de tres, fueron resultado de un consenso ciudadano ganado a pulso y convertido en una necesidad frente a las fuerzas políticas. Aunque es ampliamente perfectible, la inclusión de la iniciativa de la declaración tres de tres, es un triunfo de la ciudadanía que logró meter el tema al Sistema, que originalmente no lo contemplaba.

MÁS TEMAS

Por eso mismo, es importante considerar la urgencia de que desde la ciudadanía, se fijen algunos temas prioritarios y se impulsen hasta lograr generar presión a los gobernantes. No es posible nuevamente sentarnos a esperar a ver qué proyecto de nación, o qué soluciones ofrecen quienes ahora aspiran a la presidencia. Es momento de tomar un papel proactivo para obligar a que actúen. De otro modo, no va a haber un cambio de fondo a favor de México.

Algunos apuntes sobre la amnistía, la justicia transicional y las propuestas de AMLO

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Uno de los grandes temas de la semana que culmina, fue el enorme debate que generó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de considerar la posibilidad de impulsar un proceso de paz a través de la amnistía a quienes generan violencia. Este es un tema por demás sensible, ya que el país atraviesa por una espiral de violencia no provocada por movimiento sociales o armados, sino eminentemente por la delincuencia organizada que. A pesar de todo, parece que hasta el momento no hay posibilidades de detener esta ola sangrienta. Por eso, la propuesta del Líder de Morena abrió una de las ámpulas que más le duelen al país.

En efecto, tal y como lo apuntamos en entregas recientes, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional habló el fin de semana en Tixtla, Guerrero, sobre analizar otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado con el objetivo de pacificar el país. La declaración de amnistía que propone, plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

En esencia, lo que planteaba López Obrador es impulsar una especie de borrón y cuenta nueva para una aparente “reconciliación” entre el pueblo mexicano y los criminales. Según su lógica, los criminales deben ser perdonados en aras de pacificar al país, como si en la lógica de un delincuente, el solo hecho de ser perdonado por la sociedad lo hiciera no volver a delinquir. Incluso, está plenamente comprobado que el inexistente proceso de reinserción social en las cárceles del país, alimenta las calles de criminales que ya habían estado en prisión y que al recobrar su libertad deciden volver a delinquir sin considerar el aparente escarmiento vivido al haber estado en prisión por un tiempo determinado.

Más allá de las posiciones políticas que, hasta el momento hemos escuchado de manera abundante, bien vale la pena revisar algunas cuestiones teóricas y académicas al respecto. Una de ellas, muy importante, es la que plantea la experta en derechos humanos Daniela Malpica, en un interesante texto publicado esta semana en la edición electrónica de la revista Nexos, denominado “Amnistía: más allá de la locura” (https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308).

Ahí, Malpica indica que  no podemos hablar de amnistías sin antes comprender qué son y cuándo es que éstas son aplicadas. Para ello, debemos comenzar por entender que se llevan utilizando desde hace siglos cómo un método efectivo para solucionar conflictos. En los últimos 30 años, sobre todo en países de América Latina, África y el sudeste de Asia, las amnistías se han aplicado para coadyuvar a solucionar a sociedades que se encontraban en conflicto.

Ante esto, surgió en el derecho internacional de los derechos humanos la justicia transicional, la cual tiene entre sus objetivos auxiliar a las sociedades a lidiar con un pasado atroz hacia un futuro en paz, democrático y en donde impere el estado de Derecho a través de la investigación de los responsables, la justicia y la reconciliación. La justicia transicional tradicionalmente se ha aplicado a sociedades que están o se encuentran transicionando de una situación de conflicto o de una dictadura, y donde han ocurrido violaciones masivas a los derechos humanos.

JUSTICIA TRANSICIONAL

La Justicia Transicional tiene cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Para cumplir con su objetivo y alcanzar sus pilares, cuenta con 4 tipos de mecanismos:

  1. Para acceder a la verdad, se han implementado comisiones de la verdad o comisiones de investigación (nacionales, internacionales o mixtas) con la finalidad de que la sociedad en general –pero sobre todo las víctimas de las violaciones masivas a derechos humanos– conozcan la verdad de los hechos;
  2. En el caso del acceso a la justicia, se han establecido tribunales ad hoc (nacionales e internacionales) y la Corte Penal Internacional, en muchos de los cuales han existido métodos alternativos de solución de controversias, métodos tradicionales e informales para llegar a la justicia. Es importante señalar que se aplica una estrategia de priorización de los responsables en las cadenas de mando (tanto de autoridades como de grupos armados o cárteles en este caso);
  3. En cuanto a reparaciones se han implementado programas de reparaciones masivas para las víctimas. Al igual que en los tribunales ad hoc, se puede seguir una estrategia de priorización con las mismas víctimas ante la escasez de recursos, y
  4. Para garantizar la no repetición de las atrocidades y violaciones masivas a derechos humanos se requiere de transformaciones institucionales, sociales, educativas, culturales, incluyendo la depuración y de las instituciones de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones judiciales, legislativas y de seguridad.

Ahora bien, ¿qué son las amnistías? La ONU las define como medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (por ejemplo presos políticos bajo cargos de traición).

Es importante destacar que tanto para el derecho internacional de los derechos humanos, dentro del sistema universal como en el sistema interamericano, están prohibidas las amnistías por:

  1. Crímenes de guerra; 2. Genocidio; 3. Crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género o otros, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud. 4. Violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género, interfieran con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, a conocer la verdad y a obtener una reparación.

HABLAR CON LA VERDAD

Quizá en México sí sea necesario un proceso de paz, pero no en los términos tan reduccionistas que planteaba AMLO recientemente. Es importante considerar la necesidad de detener la violencia, pero no a costa de la impunidad. México no es la primera nación que pasa por esto, y justamente por eso debe ser importante conocer y considerar la experiencia internacional antes de emitir juicios aventurados.

La pervivencia de la liturgia priista no implica que el candidato presidencial vuelva a ser omnipotente

Unos días antes de destapar al candidato presidencial de su partido, el Presidente Enrique Peña Nieto habló con orgullo de cómo los priistas estaban siguiendo su liturgia en la definición de su proyecto rumbo al 2018. Con la liturgia, se refería al conjunto de prácticas tradicionales del priismo que bien se pueden centrar en dos figuras emblemáticas y ahora vueltas a practicar: la del llamado “tapado”, y la de “la cargada”. Ambas se cumplieron al pie de la letra. Sin embargo, ¿eso significa que hoy el candidato presidencial priista haya vuelto a ser omnipotente, como en antaño?

En efecto, para hacer pública la definición de la candidatura presidencial del PRI en la persona de José Antonio Meade, el Presidente Peña Nieto siguió al pie de la letra la “liturgia”. Lo hizo, porque primero preparó el camino a través del cambio de requerimientos estatutarios para la definición de la candidatura presidencial —abriendo la posibilidad de que un ciudadano sin militancia pudiera acceder a la candidatura presidencial—, y luego mandó a recorrer el país a varios de sus secretarios que parecía que podían cumplir con el nuevo perfil requerido por los estatutos priistas, pero también lo hizo con quienes representaban a los núcleos duros de la militancia priista. Una vez que los mandó a exhibirse, comenzó a mandar señales respecto a la posibilidad de su definición, sin que alguna de esas señales fuera del todo contundente —e incluso, por momentos parecía mandar señales distractoras o contradictorias.

Una vez que el Presidente calculó el impacto de sus decisiones, hizo pública la renuncia de quien ya todos sabían que sería el elegido para ser candidato presidencial. Ahí “destapó” al “tapado”, como lo hacían a la vieja usanza priista. Una vez que renunció José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vino “la cargada”: al anunciar su intención de convertirse en candidato presidencial, el “destapado” recibió el apoyo masivo de todos los sectores y organizaciones priistas: como en pase de lista, se le cuadraron la CTM, la CNC, la CNOP y todas las expresiones y fuerzas adherentes a dicho partido, también como se hacía en los viejos tiempos para “empujar” la supuesta definición del Partido a favor de la persona que ya había aglutinado todos los apoyos y a quien, la aclamación, ya lo hacía un inminente candidato.

El seguimiento a pie juntillas de estos rituales priistas podría hacernos suponer que, del mismo modo de como ocurría en el pasado, ahora el candidato presidencial del PRI es también una especie de nuevo jefe político del priismo, que puede definir todo y someter a las más importantes fuerzas políticas al interior del partido. Esa idea nace del hecho de que, en el pasado, quien resultaba ser el candidato presidencial del partido en el poder, sólo debía cumplir con el trámite de llevar a cabo su campaña electoral, para luego aprovechar la fuerza de la maquinaria electoral priista —el voto duro, el voto verde, el voto corporativo, etcétera— para acceder a la presidencia, que era una especie de reinado por un periodo definido de seis años.

En aquellos años —durante la larga era del régimen de partido hegemónico— el candidato presidencial priista ya podía asumirse como presidente y comenzar a tomar decisiones al respecto. En aquellos años, los gobernadores eran un instrumento más del sistema, y el Presidente tenía plena potestad de quitar y poner gobernadores incluso más allá de los mecanismos establecidos en la Constitución para la desaparición de poderes en las entidades federativas.

PODER AGOTADO

La alternancia de partidos del año 2000 cambió todo. Con Vicente Fox quedó claro que el Presidente había dejado de ser el personaje omnímodo de otros tiempos, y también que los gobernadores habían ganado un espacio de influencia y autonomía que nunca antes habían tenido. Ese espacio ganado, lo ejercieron los mandatarios estatales para bien y para mal —incluso para crear pequeños monstruos corruptos como los Duarte, Borge, los Moreira y la larga lista de ex gobernadores que hoy incluso enfrentan a la justicia—. Por eso, cuando en 2006 el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado intentó someter a los gobernadores para condicionarlos y obligarlos a brindarle su apoyo, éstos se rebelaron y prefirieron ejercer el voto útil, como una forma de no llevar a la Presidencia a quien intentaba someterlos, y también de mantener los márgenes de maniobra que tienen hasta la actualidad.

¿Por qué considerar esto? Porque queda claro que hoy esa es una circunstancia que se mantiene y que necesariamente limitará la actuación del candidato presidencial priista. Pues se dice, por ejemplo, que Meade será determinante para impulsar a todos los candidatos a cargos de elección popular, desde los más modestos hasta las Senadurías. Quienes dicen eso, ¿no se han puesto a pensar que de todos modos los gobernadores priistas representan un espacio de poder que bajo ninguna circunstancia —incluso ni con el amague del presidente saliente— puede ser sometido sin negociación por un candidato presidencial, que tiene mucho menos poder que el que tuvieron los abanderados del viejo régimen?

Esa es una circunstancia muy importante que se debe considerar, porque así como el Presidente tuvo mano para la definición de quién sería su candidato presidencial, también los gobernadores deberán tener mano para definir la mayoría de sus candidaturas importantes. Hoy, el candidato presidencial no puede desligarse ni atajar los proyectos e intereses de los gobernadores priistas, porque una diferencia inicial de fondo radica en que mientras el primero apenas lucha por el poder, los segundos ya lo ejercen en sus entidades federativas. Por eso, son éstos y no aquel, quienes serán factores determinantes para la suma de votos tanto para la elección presidencial, como para los proyectos particulares o regionales que impulsan desde los estados.

Esta es una circunstancia importante que refleja un cambio incluso en la forma de concebir el poder. Ya no hay modo de creer que habrá un candidato presidencial desafiante con los factores de poder estatales, sino que una de las mayores condiciones para el triunfo de Meade tendrá que radicar en su capacidad de generar consensos con los grupos locales y las fuerzas más determinantes entre los gobernadores, para que entrelacen sus intereses y sólo así vayan juntos.

Esa será una condición importante para la elección que viene. Vale la pena no dejar de considerarla.

COMPARECENCIAS

Finalizó el calendario de comparecencias de funcionarios estatales ante la LXIII Legislatura. No fue un ejercicio digno de resaltar, gracias al desinterés de algunos diputados y la proclividad de muchos al show por encima de la revisión del informe. El último en comparecer fue el titular de CAO, David Mayrén, y fue de los pocos que tuvo una intervención concisa, alejada de cuestionamientos y con algunas muestras de interés por parte de los legisladores. ¿Y los demás?

“Perdonar a los que generan violencia”, o cómo seguir engañándonos con las palabras

Una de las cosas que generalmente dicen los extranjeros que nos caracterizan a los mexicanos, es nuestra excesiva capacidad de buscar formas aparentemente comedidas para evitar llegar de manera directa a lo que en realidad queremos decir. Tal pareciera que eso es lo que todo un sector de la sociedad mexicana intenta frente a la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador de “perdonar a los que generan violencia”. Esa es una forma cándida de evitar una afirmación tajante. Y eso mismo provoca desde interpretaciones bien intencionadas, hasta lo que pudieran ser considerarse como verdaderas apologías de lo inaceptable.

En efecto, hoy es ampliamente conocida la afirmación hecha el fin de semana en Guerrero por el Líder Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el sentido de que analizaba otorgar el perdón a todos los que generan violencia, asegurando que en esa consideración podría incluir a la delincuencia siempre que las víctimas estuvieran de acuerdo. Esta declaración, ambigua en sí misma, ha demostrado que la polarización que genera un proceso electoral en las circunstancias actuales del país, puede llevar un conjunto de palabras a cualquier cantidad de interpretaciones. Lo cierto es que, en realidad, poco se ha atendido a la literalidad y el sentido de las palabras, y se han privilegiado las posiciones políticas a favor y en contra del tabasqueño.

Pensemos: qué es el perdón. Según el diccionario, perdonar significa olvidar (por parte de una persona) la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Amnistía, por su parte, equivale al perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos.

Violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. No toda la violencia es legítima: sólo el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de ella; cualquier otro acto violento es ilegal, porque implica la comisión de un delito, que a su vez es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave

De todo eso, ¿qué podemos deducir? Que el perdón implica dejar atrás ciertos actos o cuestiones que lastiman física, emocional o moralmente a un conjunto de personas; que la amnistía es ese perdón, pero institucionalizado y reconocido legalmente por el Estado; y que lo que se puede hacer susceptible de perdón o amnistía, según resulte, son las consecuencias de un acto violento y, en este caso, ilegal, por constituir la comisión de un acto penado por las leyes vigentes.

¿Por qué acudir a este recuento de palabras? Porque queda claro que aquellos que ejercen violencia, en general, están cometiendo delitos. Cuando esto lo hacen con un fin eminentemente lucrativo o para obtener un provecho indebido, estamos frente a actos delincuenciales comunes u organizados, que al consumar esas conductas dañan los derechos y la integridad de las demás personas.

Por esa razón, en la sola literalidad de las palabras, no parece algo posible ni aceptable la decisión de perdonar institucionalmente —es decir, conceder la amnistía— a quienes han cometido delitos, porque ello significaría deponer a la ley a la voluntad de los delincuentes, y por eso mismo someter al Estado a la acción impune de quienes cometen delitos.

 

DELINCUENTES COMUNES Y DE CUELLO BLANCO

Está de más hacer juicios de valor sobre las palabras y las intenciones de López Obrador. Sus vaguedades son tales que por eso prácticamente cada persona interesada está en posibilidad de sacar sus propias conclusiones. No obstante, quedan algunas cuestiones que sí vale la pena revisar porque son parte de la forma en cómo muchos satanizan o justifican inopinadamente al líder tabasqueño.

Por un lado, hay quienes afirman que cualquier posibilidad de acercamiento entre “quienes generan violencia” y un candidato, significaría en automático un pase al “narco estado” que, por distintas razones, muchos quisieran ver. En el otro extremo, hay quienes ven una luz de esperanza en esa posibilidad, que al otro extremo simplemente le aterra. En esa polaridad no debemos confundir a unos delincuentes con otros.

Por ejemplo, hay quienes dicen que lo único que haría visible López Obrador, son los acuerdos que siempre han existido entre gobernantes y delincuentes. Eso pudiera ser cierto, aunque en realidad un cambio de fondo para la obtención de un verdadero Estado de Derecho tendría que consistir en que esos pactos o acuerdos no existieran, y no en el hecho de “transparentarlos” o “hacerlos visibles” porque eso sería tan oprobioso como lo son los presuntos pactos secretos entre políticos y delincuentes.

Hay también quienes afirman que en realidad de quienes debemos preocuparnos son de los delincuentes de cuello blanco, y no de los que quiere perdonar López Obrador. Eso es parcialmente cierto. Aunque en realidad deberíamos temer y repudiar del mismo modo a unos y a otros, y no suponer que como los de cuello blanco son peores y hacen más daño por el dinero que se roban, la corrupción que promueven y el daño que le provocan a los más pobres, los delincuentes comunes y organizados —narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, rateros y demás— son blancas palomitas a las que se les debe tratar con consideración, y no con todo el peso de la ley. De nuevo: la intención correcta sería perseguirlos a todos y no suponer que la maldad de unos, disculpa o atempera la de los otros.

Al final, lo que parece es que la gran mayoría de las interpretaciones de las palabras del tabasqueño están sujetas al criterio político de quien las hace, y de quien las lee o escucha. Por eso, no resulta raro que cualquier afirmación en contra de dichas palabras sea tomada como una posición en contra del tabasqueño, y que lo mismo ocurra con quienes lo defienden con argumentos que muchas veces resultan limitados en el fondo y el sentido de lo que se pretende decir. Es un signo más de nuestro tiempo en el que, lo que sí debemos cuidar, es que esto no sea la caja de Pandora que lastime irremediablemente nuestra frágil democracia.

 

CONFUSIONES

Parte de esa rareza que vivimos está también en otros frentes: los de un partido que recurren a lo externo para aparentar que ya no son lo que todos saben que son y por lo que los rechazan; los frentes ciudadanos secuestrados por los partidos; o las minorías partidistas queriendo decidir el destino de las mayorías. Algo andamos haciendo mal.

Inadmisible, amnistía que propone López Obrador para la delincuencia en México

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Los movimientos sociales —incluso los armados, que llegan a utilizar la violencia— guardan una distancia muy amplia con la criminalidad y la delincuencia organizada. Los movimientos sociales y armados persiguen un fin eminentemente político, pero utilizan la violencia como un mecanismo para tratar de hacer valer sus exigencias o postulados ideológicos. Por su parte, la delincuencia común y organizada tiene como único fin quebrantar la ley para obtener un beneficio particular. En cualquiera de las lógicas posibles de cualquier Estado democrático, a los primeros se les puede incluir en un proceso de reconciliación; pero a los segundos se les persigue, hasta el final, con todo el peso de la ley. Eso es lo que no parece entender el Candidato Presidencial de Morena en México.

En efecto, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habló este fin de semana en Tixtla, Guerrero, sobre analizar otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado con el objetivo de pacificar el país. La declaración de amnistía que propone, plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

En esencia, lo que plantea López Obrador es impulsar una especie de borrón y cuenta nueva para una aparente “reconciliación” entre el pueblo mexicano y los criminales. Según su lógica, los criminales deben ser perdonados en aras de pacificar al país, como si en la lógica de un delincuente, el solo hecho de ser perdonado por la sociedad lo hiciera no volver a delinquir. Incluso, está plenamente comprobado que el inexistente proceso de reinserción social en las cárceles del país, alimenta las calles de criminales que ya habían estado en prisión y que al recobrar su libertad deciden volver a delinquir sin considerar el aparente escarmiento vivido al haber estado en prisión por un tiempo determinado.

¿Para quiénes resulta viable una amnistía? Lo es para quienes fueron parte de un movimiento político, que primero fue perseguido por la vía judicial, pero después se comprende la relevancia social de impulsar un proceso de reconciliación como una forma de darle una solución de fondo a las discordancias sociales, o cuando se pretende terminar de fondo con un conflicto político que llega a la violencia.

En el siglo XIX, el gobierno impulsó diversas leyes de amnistía a favor de personas o movimientos que habían luchado por el poder; en el México contemporáneo, en el ámbito estatal, se recuerdan dos leyes de amnistía: la primera, que fue emitida en 1978, respecto de todos los líderes y participantes en los movimientos sociales surgidos en 1968 y los años posteriores; y se impulsó otra ley de amnistía en 1994, para dejar de perseguir y procesar judicialmente a todas las personas que habían participado en el alzamiento protagonizado en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

 

LEYES DE AMNISTÍA

La Ley de Amnistía federal de 1978 ley fue decretada en favor de quienes se ejercitó acción penal por los delitos de sedición, instigación, incitación, rebelión, conspiración u otras faltas cometidas al formar parte de grupos, impulsados por móviles políticos, con el propósito de alterar la vida institucional del país.

En 2015 dicha norma quedó abrogada, al considerarse que a más de 30 años de su promulgación, la legislación cumplió con su propósito al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, además de aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante. La Ley de Amnistía de 1994, respecto a los participantes en el alzamiento zapatista, continúa vigente.

Ahora bien, en Oaxaca existen dos Leyes de Amnistía vigentes. Una similar a la federal de 1978, que fue emitida en los tiempos en los que el General Eliseo Jiménez Ruiz era Gobernador del Estado, la cual tenía como propósito “otorgar amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercido acción Penal, ante los Tribunales del Poder Judicial del Estado, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley; por los delitos de Sedición, Conspiración o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión u otros delitos cometidos, formando parte de grupos e impulsados por móviles Políticos, con el propósito de alterar la vida Institucional de la Entidad; siempre y cuando no sean éstos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, daño en propiedad ajena y robo.”

En el año 2000, el Estado de Oaxaca emitió otra Ley de Amnistía, ahora a favor de quienes habían participado en las acciones del Ejército Popular Revolucionario del año 1996 hasta entonces. Dicha norma estableció “amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal, ante los tribunales del Poder Judicial del Estado, por los delitos cometidos con el propósito de alterar la vida institucional y la seguridad interior del Estado, y para aquellos individuos que en actuaciones ministeriales y/o judiciales se desprenda que el delito que se les imputa se encuentra vinculado con dicho móvil, formando parte de grupos armados e impulsados por móviles de reivindicación social relacionados con los hechos del día 28 de agosto del 1996 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.”

Las leyes de amnistía son, en efecto, un elemento importante de reconciliación social porque se entiende que los delitos que se cometen fueron realizados y perseguidos en el contexto de una cuestión política, y no porque propiamente hubiera voluntad para cometerlos con un ánimo eminentemente de lucro ni como una forma de obtener provecho particular de ello. Por esa razón resulta abominable el solo planteamiento de decretar una amnistía a favor de las bandas criminales que han asolado al país en los últimos años, porque bajo ninguna circunstancia la naturaleza de su actuación es política, y porque tampoco tienen una base social que respalda sus acciones como parte de una aspiración ideológica.

 

NO OLVIDAR

Al final, en ningún lugar del mundo se perdona a la criminalidad. No puede ser así, porque ni siquiera a los homicidas, secuestradores, torturadores o ladrones, se les perdona con las normas de amnistía antes mencionadas. De hecho, aplicar la ley con toda energía, y no derogarla de iure o de facto, es una condición indispensable para cualquier reconciliación social que busque cualquiera que quiera ser presidente.

Primer año de gobierno en Oaxaca: ¿Ahora sí ya entendieron el pragmatismo del Gobernador?

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El pasado viernes se cumplió el primer año de gestión del Gobernador Alejandro Murat, y si algo ha quedado claro es que tiene los hilos de la gobernabilidad en el Estado, y que además ha demostrado con hechos su estilo personal de gobernar. Personaje con enorme determinación y capacidad de adaptación a los ambientes que se le presentan, el Gobernador de Oaxaca hoy se enfrenta a nuevos retos que toda su administración —los que se queden, y los que se vayan— deberá entender a cabalidad, si es que logra estar a la altura de las circunstancias y de las demandas del propio Mandatario.

En efecto, desde el primer momento de su gestión Alejandro Murat dejó ver su capacidad de apropiación a las circunstancias que se le presentan, y su estilo particular de gobierno en el que todos caben, pero en el que sólo logran sobrevivir los mejor adaptados. Su administración fue, desde el primer momento, una suma de consensos pero también una determinación propia del Mandatario, que estableció imperativos específicos para que los sumados a su gobierno pudieran mantenerse en él.

Esa es la circunstancia que explica, por ejemplo, la salida de diversos funcionarios en el primer año de su administración. En la tradición de gobierno —y más en la priista— parecía quedar siempre claro aquel adagio de que cuando el que tiene el poder se equivoca, simplemente vuelve a mandar. Esta había sido una máxima seguida por todos los gobernadores hasta que Alejandro Murat estableció parámetros distintos. Es la primera vez en varias gestiones consecutivas, en la que un Gobernador decide hacer cambios tan a corto plazo, ponderando más las circunstancias propias de cada hecho, que las apariencias sobre el ejercicio del poder.

En la tradición del poder en la entidad, los gobernadores demostraban su poder no sólo ejerciendo el mando sino también sosteniendo a los que aún cuando gozaban de la gracia del gobierno en turno, se equivocaban. Mantenerlos en sus cargos, y convalidarlos, era la forma de demostrar que el poder estaba concentrado en un solo espacio, y que quien detentaba ese poder era capaz de eso —y quizá más—, con tal de no ceder ante sus críticos ni ante aquellos que quisieran ver al Gobernador respondiendo ante una circunstancia en concreto.

Alejandro Murat dijo desde el inicio de su gestión, que su gobierno sería distinto (ver Al Margen 07.12.2016) y anticipó que sus formas se verían conforme avanzara la administración. Esto estaba anticipado y sólo no lo entendió quien apostó a que el actual Mandatario mantendría las formas de sus antecesores.

En este espacio lo anticipamos, cuando establecimos, muy al inicio de su administración, que el gobernador Alejandro Murat ha tomado varias decisiones cargadas de pragmatismo, como parte de lo que él mismo ha denominado como un nuevo estilo de gobernar. La primera decisión fue la de la toma de protesta, pero no ha sido la única. Desde el arranque del gobierni, por ejemplo, dio el banderazo de salida de las Unidades Móviles, que habían funcionado hace dos administraciones y que, por ese solo hecho, habrían sido impensables para otro gobernante que pensara más en los mensajes políticos, que en las demandas y necesidades de la ciudadanía.

PESAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Algunas de esas decisiones consistieron en las circunstancias de la toma de protesta, o la de la reimplementación del esquema de las Unidades Móviles para el Desarrollo —ahora sólo denominadas como Unidades Móviles, y sectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano— que desde el inicio dejaron ver que el Gobernador asumía su legitimidad no a la vieja usanza de tomar decisiones independientemente de la magnitud de su costo político, sino que más bien había buscado demostrar que su legitimidad le permite tomar decisiones que no pasan por hacer ningún tipo de demostración de fuerza.

Parece un juego de palabras —apuntamos aquel siete de diciembre del año pasado—, pero mientras otros gobernantes se atrevieron a decidir voluntariamente mal sólo para demostrar poder, para después —a la vieja usanza— “volver a mandar”, Murat Hinojosa está decidiendo no demostrar su poder con caprichos, sino con decisiones de gobierno. Esas decisiones pragmáticas se demostraron a través de una toma de protesta austera y concreta, que sólo buscó cumplir con las formalidades que establece la Constitución independientemente de lo que pensaran u opinaran sus opositores, panegiristas o detractores.

Luego, todo eso se convalidó cuando —sin miramientos— decidió remover funcionarios que rápidamente se habían convertido en un problema para su administración. Lo hizo con el mismo Secretario General de Gobierno y con los titulares de otras dependencias, e incluso con los integrantes de su propio staff en la gubernatura, y qué decir con los titulares de diversas delegaciones federales que tronaron en el contexto de la atención a las consecuencias de los sismos del mes de septiembre pasado. En todos los casos, los cambios no obedecieron a favores políticos ni a débitos partidistas, sino exclusivamente a decisiones de gobierno tomadas a partir de resultados, fallas y determinaciones en concreto.

A estas alturas, ya no se espera un resultado tan distinto al hasta ahora visto. De hecho, es inminente que ocurran cambios en la administración, pero estos sólo tendrán dos orígenes perfectamente delineados: los que se vayan directamente a buscar un cargo de elección popular en la elección concurrente de 2018; y los que sean cesados por sus resultados y por no haber estado a la altura de las circunstancias. En ambos casos, queda claro que las decisiones se toman con parámetros muy concretos y que en ellas nada tienen que ver los criterios tradicionales de los débitos o la pertenencia a grupos.

¿Qué necesita hoy el Gobernador? Necesita, por un lado, a un grupo de políticos consistentes que le permitan tener el control tanto del Congreso del Estado como de los municipios más importantes de la entidad; y por el otro, necesita a gente comprometida con Oaxaca para que represente a la entidad en las cámaras legislativas federales. Además de esas necesidades eminentemente políticas, necesita un equipo de gobierno eficiente y responsable que demuestre su capacidad para enfrentar los retos de 2018, que van desde las complejas circunstancias de la elección presidencial, hasta los temas finos de la reconstrucción que irremediablemente tendrá que avanzar en la región del Istmo de Tehuantepec, además de todos los problemas cotidianos a los que se enfrenta la administración.

PRAGMATISMO

A estas alturas todos deberían haber entendido que el gobierno actual se basa en resultados, y que quien no esté a la altura tendrá como destino la destitución. Es una ecuación simple en apariencia, pero compleja en su cumplimiento. A pesar de ello, se está cumpliendo a la letra. Por eso, como en la teoría de Darwin, aquí sólo lograrán sobrevivir los más aptos para tal efecto.

Inminente, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior; ¿qué podemos esperar de ella?

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En las primeras horas de anoche, el pleno de la Cámara de Diputados había ya avalado en lo general —con 248 votos a favor, 115 en contra, 48 abstenciones—, la Ley de Seguridad Interior. Con esto, el Congreso de la Unión parece dar un paso decisivo, aunque también cargado de riesgos e incertidumbre, en el intento por normar la actividad de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Es muy importante no perder de vista este tema, que resulta ser uno de los más relevantes del año que termina.

En efecto, de acuerdo con información difundida por medios de la capital del país, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”, detalla el artículo 15 del documento.

En el documento de la Comisión de Gobernación, detalla que a la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que ya esté la presencia de las Fuerzas Armadas, tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior para sujetarse a esta nueva ley. Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

Todo esto ocurre en un marco particularmente complejo. Estamos a pocos días de que se cumplan 11 años de que el Presidente Felipe Calderón tomara la decisión de declararle la guerra a los cárteles criminales en el país, y en un contexto general en el que ha sido duramente cuestionada la actividad del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, por excesos cometidos presuntamente por sus integrantes al momento de repeler agresiones de criminales.

El último caso conocido, en junio pasado un diario de la capital del país dio a conocer un video en el que se aprecia a elementos del Ejército que fueron captados cuando atacan a tiros un vehículo con civiles desarmados, y luego ejecutan a una de las personas de un tiro en la cabeza, supuestamente en la junta auxiliar de Palmarito, del municipio poblano de Quecholac. La grabación, difundida en redes sociales, presenta imágenes presuntamente grabadas el pasado 3 de mayo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al menos dos enfrentamientos armados con presuntos delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo.

En el video grabado desde una cámara de seguridad de un domicilio particular se aprecia que los militares atacan a tiros un vehículo particular en el que iban al menos tres civiles desarmados. Tras disparar, los ocupantes descienden de la unidad, son detenidos y llevados al frente del automóvil, pero uno de ellos queda tendido en el suelo, aparentemente herido, por lo que dos militares lo arrastran unos metros para colocarlo al lado de sus compañeros. Luego de ello se aprecia en el video lo que aparenta ser un disparo realizado por uno de los elementos militares en contra de esa persona, que queda tirada en el piso. Al final del video se aprecia cómo otros elementos de la Sedena manipulan la cámara para retirarla.

PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Según José Antonio Guevara (http://bit.ly/2iZeZJR), hay varios argumentos que robustecen la idea de que este intento por emitir una ley de seguridad interior, que norme la actividad de las fuerzas armadas en el rubro de la seguridad pública, sería contrario a la Constitución y que, de finalmente aprobarse la legislación que hasta anoche se discutía en la cámara baja, cabría la posibilidad de que todo el asunto terminara en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una posible Acción de Inconstitucionalidad presentada por alguno de los varios sectores políticos de oposición, que seguramente tendrá dicha legislación.

Uno de esos argumentos radica en que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior. El máximo ordenamiento jurídico señala que el Ejecutivo federal tiene la atribución de preservar la seguridad nacional conforme a la legislación que emita el Congreso, mientras que puede disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior, sin que la Constitución se refiera a legislación alguna. Por su parte, el Congreso si cuenta con atribuciones para legislar en materia de seguridad nacional y no dice nada la Constitución sobre sus atribuciones para hacerlo en materia de seguridad interior. Esto implica que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

En segundo lugar, ninguna iniciativa legislativa puede eludir las obligaciones constitucionales previstas para suspender derechos humanos y sus garantías. Para efectos de hacer frente a una invasión (defensa exterior), una perturbación grave de la paz pública (seguridad interior) o a cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (seguridad interior), y cuando se considere necesaria la restricción de ciertos derechos o sus garantías, el Ejecutivo deberá sujetar su decisión a un régimen de suspensión de derechos previsto en la misma Constitución.

Para que esas medidas sean válidas además deberá recabar la aprobación del Congreso, mientras que la Suprema Corte de Justicia tendrá que verificar la constitucionalidad y validez del decreto. El Ejecutivo federal, conforme a tratados internacionales ratificados por México, tendrá que informar de la suspensión o restricción de derechos, tanto a los Secretarios Generales de la Organización de Estados Americanos como de la Organización de las Naciones Unidas.

POLÉMICA

Al final, queda claro que de avanzar esta ley en la cámara baja, todavía tendrá que superar el reto del Senado de la República como cámara de revisión. Y aunque existe un importante grado de polémica sobre su utilidad, constitucionalidad y garantía de no sobreutilización, lo cierto es que este bien puede ser un primer parámetro para comprobar las alianzas partidistas que luego se irán a medir en 2018.

¿Por qué la ciudadanía sí debe ganar terreno en el marco de la elección presidencial de 2018?

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La decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de decidir la postulación de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI, sigue una doble lógica simple: por un lado, reitera el pragmatismo antes ya mostrado por el Jefe del priismo, y su enorme capacidad de imponer sus prioridades sobre sus afectos o intereses directos; pero en el otro extremo, la decisión de impulsar a Meade implica el reconocimiento de que una de las principales exigencias de los electores está en buscar ciudadanos y no políticos para el ejercicio de las responsabilidades públicas. En consecuencia de ello, la verdadera sociedad civil debe ahora buscar no terminar avasallada por este ejercicio aparente de ciudadanización de las definiciones partidistas.

En efecto, a partir del pasado lunes se desató la fase crítica de la elección presidencial, al prácticamente quedar fijada la Litis de la contienda. En Morena está perfectamente sabido desde hace dos años que su candidato presidencial será el líder único, Andrés Manuel López Obrador que, como lobo solitario, ha recorrido el país en una campaña permanente que no es la de un dirigente partidista, sino la de un candidato en pleno. En el PRI, la señal del rumbo de la candidatura presidencial se dio con la renuncia de Meade Kuribreña a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el inmediato arropamiento de las principales expresiones priistas. Al manifestarse la llamada “liturgia priista” quedó claro el rumbo de ese partido.

En esa lógica, hay dos expresiones confrontadas que ahora medirán sus fuerzas: por un lado, se encuentra Andrés Manuel López Obrador que representa a la figura más importante de la izquierda en los últimos tiempos en México, y tiene todos los elementos necesarios de un líder carismático que representa a un político en rebeldía luchando contra el sistema a través de postulados opuestos a los planteamientos y políticas del régimen. Por eso, para AMLO su principal capital político se basa en el hecho de ser un referente opositor y un crítico acendrado de todas las políticas gubernamentales.

Es muy probable que, a pesar de todo eso, le llegue la crisis política en el momento en que se le critique por un sector de la población por no encajar en el requerimiento del perfil ciudadano que, evidentemente, está muy lejos de tener por haber sido alguien que ha vivido de la política partidista por varias décadas, por haber ocupado diversos puestos de elección popular, y sobre todo por ser nada menos que el Presidente Nacional de un partido político. Esos elementos le permiten innumerables credenciales y cualidades como candidato presidencial, pero lo anulan por completo en cualquier posibilidad o intención de presentarse como un ciudadano que lucha por el poder.

En el otro extremo se presenta José Antonio Meade, que sin duda le ha dado una imagen de frescura a un partido que se preveía que estaría completamente ceñido a las liturgias, a sus añejas tradiciones y a los intereses de sobreprotección del grupo que actualmente gobierno en el ámbito federal. Prácticamente desde el momento de su destape, Meade se generó el aura de ciudadanía que el PRI necesitaba, y se ha insistido de manera importante que su mayor cualidad no es la preparación académica o su larga trayectoria como servidor público, sino el hecho de que Meade no es un militante priista, que es un ciudadano preparado que trabaja, y que será un candidato ciudadano que es impulsado por una plataforma partidista para tratar de darle un sentido distinto a la lucha por el poder, tradicionalmente protagonizada por políticos y no por ciudadanos.

¿Y LA CIUDADANÍA?

En todo esto, hay dos cuestiones que parecen ser relevantes: primera, que los partidos y sus candidatos seguirán siendo eso a pesar de los intentos por vestirse con ropas ciudadanas. Y segunda, que de todos modos la ciudadanía parece seguir aislada ante el fracaso de las candidaturas independientes y la amplia posibilidad de que después de la contienda presidencial se siga diciendo —de forma malintencionada— que en México la sociedad civil no existe. ¿Qué debemos entender en todo esto?

Respecto a lo primero, es importante entender que si bien Meade no es político, tampoco es cierta totalmente aquella historia relacionada con que es un ciudadano común y corriente, que de repente se ganó los afectos del líder del partido en el poder y por eso —y por sus cualidades— fue postulado como candidato presidencial. Esa es una mentira del mismo tamaño que la que se quisiera decir al asegurar que López Obrador es también un ciudadano de a pie. Al final, uno y otro son expresiones propias del posible “paso adelante” del formato tradicional del político que busca el poder, aunque esencialmente siguen siendo formas alternativas de ese mismo esquema.

Ahora bien, respecto a los candidatos independientes, también vale la pena reconocer el tamaño de esa crisis. Pues salvo excepciones contadas, en México no hay aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente, que sean o hayan sido totalmente ajenos a la política partidista. De hecho, los dos únicos con posibilidades de acreditar el apoyo ciudadano necesario para una candidatura presidencial, son Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Ambos, aunque hoy son independientes porque no militan en un partido, están profundamente ligados a la política partidista y —a pesar de sus expresiones— están muy alejados de una posible representación ciudadana real. Al final, sus aspiraciones no pasarían ni de lejos el tamiz de una auténtica ciudadanía.

Por eso mismo, es muy importante la posibilidad de que la ciudadanía no se pierda en esas expresiones que son, en el fondo, una especie de “copia de ciudadanía” pero que no tienen los rasgos más genuinos de ser algo distinto que el sistema partidista. De ahí que haya la necesidad de establecer algunas posiciones de la verdadera ciudadanía: esa que está atenta a las acciones y decisiones del gobierno, y que está dispuesta a impulsar formas de evaluación y vigilancia a las cuestiones públicas.

Algunas de esas expresiones son las que a través de organizaciones de la sociedad civil impulsan cambios institucionales. Pero son a las mismas a las que el gobierno federal saliente —que ahora quiere ser ciudadano— intentó perseguir y espiar, como en el caso del IMCO y otras organizaciones a cuyos dirigentes trajeron de cerca para conocer sus relaciones y movimientos.

ACTUAR DESDE LA CIUDADANÍA

Por eso es importante no perder el sentido de seguir actuando como sociedad, y no marearnos con las expresiones que sólo aparentan serlo. El país sólo cambiará con una ciudadanía atenta y exigente, que sea capaz de organizarse para limitar y moldear al poder público.

La designación de candidatos por ‘dedazo’, siempre ha sido práctica común en la política mexicana

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Muchos se dijeron sorprendidos por una supuesta reedición del pasado, con el llamado “destape” que hizo el lunes el Presidente de la República de José Antonio Meade Kuribreña, como próximo candidato presidencial del PRI. La aparente sorpresa tenía como origen el aparente regreso de una práctica que algunos dicen que debería estar desterrada. Lo cierto es que, salvo casos muy contados, en México todas las designaciones de candidatos a cargos relevantes se hacen siempre bajo la misma lógica, en la que se definió al inminente abanderado presidencial priista.

En efecto, más como argumento de militancia partidista que como un elemento de análisis, se hizo la calificación fácil de que con la renuncia de Meade a la Secretaría de Hacienda, y el cobijo que recibió inmediatamente después por las llamadas ‘expresiones’ del partido tricolor, se estaba reviviendo la vieja práctica del ‘tapado’ y del ‘destape’ del candidato presidencial del PRI. Quienes lo señalaron debían también reconocer que entre las muchas paradojas que enfrenta la política mexicana se encuentra la de los candidatos que están ‘tapados’ pero a la vista de todos, y la crisis de perfiles e identidad ciudadana que afecta a todas las fuerzas políticas.

El caso de Meade no es muy distinto a como han sido todas las designaciones de candidatos presidenciales en el PRI, independientemente de los tiempos en los que tuvieron o no presidente priista. De hecho, si acudimos al antecedente inmediato, encontraremos que el ahora presidente Enrique Peña Nieto tampoco emanó como candidato de un proceso de consultas internas ni tampoco fue consecuencia de un proceso democrático. En aquellos momentos, cuando no había Presidente de la República priista, Peña Nieto se hizo de la candidatura gracias a la toma de control del partido, como base para el establecimiento de consensos entre los gobernadores y los liderazgos priistas. Su candidatura, entonces, fue un acuerdo cupular, pero no un proceso democrático.

Si nos vamos al siguiente antecedente, encontraremos que Roberto Madrazo Pintado impulsó todo como aspirante a la candidatura presidencial, menos la democracia interna en el PRI. Lejos de ello, con prácticas porriles tomó por asalto la dirigencia nacional priista y desde ahí construyó su candidatura presidencial, a base del torpedeo y la exclusión de los grupos que no le eran afines. Si hoy quisiéramos ver un paralelismo de sus prácticas, fácilmente las encontraríamos en las maniobras de Ricardo Anaya Cortés, que desde la dirigencia nacional del PAN intenta construir su candidatura presidencial excluyendo a todo y todos los que no están sometidos a sus exigencias.

Al margen de esos dos candidatos —que fueron los dos abanderados presidenciales en tiempos del PRI fuera de la Presidencia— a todos los demás candidatos presidenciales los designó el Presidente en turno, independientemente de que fueran o no sus favoritos. En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, se modificaron no sólo los estatutos priistas, sino la propia Constitución —para eliminar el requisito de que para ser Presidente se debía ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento, para establecer que sólo uno de los padres debía ser mexicano por nacimiento—, para poder abrir el abanico a las posibilidades, luego del homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Por ello no podría acusarse de una regresión, cuando en realidad en el PRI la práctica siempre ha sido la misma, y cuando la propia base del priismo ha decidido mantener presente lo que el propio Presidente ha denominado como la “liturgia” priista en la designación de su candidato presidencial. Nada nuevo hay escrito bajo el sol en el PRI, como tampoco lo hay en las demás fuerzas políticas. Y el hecho de que compartan ese rasgo tanto el oficialismo como la oposición, debería ser lo verdaderamente preocupante en un país que intenta transitar hacia la madurez democrática.

LA ‘DEMOCRACIA’ EN LA OPOSICIÓN

El problema real es que si en el PRI no hay una práctica democrática que pueda jactarse ni comprobarse de ser tal, en la oposición tampoco. En Morena, por ejemplo, debiera ser hasta escandaloso el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a construirse una plataforma para su candidatura presidencial, al margen de la promoción de la vida democrática o cualquier otra práctica inherente a la política partidista.

Es cierto: López Obrador es el más importante líder de la izquierda en los últimos tiempos en México. Sin embargo, eso no debiera ser pretexto para justificar el hecho de que al interior de su partido no sólo no hubo —ni habrá— un verdadero proceso democrático de consulta o de consensos para la definición de su candidatura presidencial, como tampoco lo ha habido para definir a los candidatos a prácticamente todos los cargos de elección popular que se han designado desde que Morena tiene registro como partido político y, por ende, acceso a la postulación de candidatos.

De ahí que sea señalamiento común el relativo a que hasta los candidatos a las planillas de concejales pasan o por la vista de López Obrador, o de alguno de sus cinco o seis notables que son los únicos que tienen capacidad para autorizar o vetar a cualquier candidato en ese partido. Así, los defensores de Morena pueden argumentar a favor de un posible “uso y costumbre” interno o tradicional en ese partido. Pero ello no los excluye del señalamiento común de que en sus definiciones internas tampoco existen prácticas democráticas, equitativas o transparentes que puedan dar un referente de que son distintas, o mejores, a las que practica cualquier otra fuerza política.

Y en esa lógica, es en realidad prácticamente nada lo que se podría argumentar a favor incluso de ejercicios como el Frente Ciudadano que intentan construir el PAN y el PRD. Ellos carecen de dos vicios e insuficiencias esenciales: primera, que no tienen voluntad para poder abrir por lo menos parcialmente alguno de sus procesos democráticos al escrutinio público y la participación de la ciudadanía; y segunda, que es un frente con denominación ciudadana que no ha logrado abrirse ni acercarse a la ciudadanía en cualquiera de sus flancos.

Lo más paradójico es que la supuesta ciudadanía del Frente está ahogada de origen entre los cuestionamientos que pesan sobre el PRD desde los tiempos de José Luis Abarca y las ligas de militantes perredistas —y de AMLO— con el narco; y en el frente panista, por las prácticas abusivas y porriles de Ricardo Anaya, que no harán sino dinamitar el Frente y arrinconar a esos dos partidos, que debieran ser opciones partidistas en medio de la polarización que generarán el PRI y Morena en la contienda presidencial.

LOBO SOLITARIO

Con todo y sus enormes cuestionamientos, resulta que el único que no emanó de ninguna de las tradiciones antes descritas como candidato presidencial, fue Felipe Calderón. Éste se le rebeló al Presidente Vicente Fox y ganó la candidatura bajo las reglas y el funcionamiento panista. Un caso aislado. Incluso, algo así como un lobo solitario en esta arraigadísima práctica antidemocrática en la designación de candidatos a cargos relevantes en México.

Glosa del informe: En Oaxaca debe dejar de ser pasarela, y enfocarse en evolución y compromisos

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Este martes inicia la llamada Glosa del Informe de Gobierno, la cual se desahoga a través de la comparecencia ante el Pleno de la Legislatura, de algunos de los funcionarios que encabezan las tareas de gobierno en la entidad. Éste, que intenta ser un ejercicio de evaluación y rendición de cuentas, debe evolucionar hacia los compromisos y la auténtica evaluación, y —según sus antecedentes más inmediatos— dejar de ser un espacio para las componendas entre diputados y funcionarios comparecientes.

En efecto, se le conoce como “glosa” al desdoblamiento y análisis del informe de gobierno por parte del Poder Legislativo. Se supone que la glosa sirve para que una vez que el Titular del Poder Ejecutivo haya presentado el informe de labores del ejercicio anual, el encargado de cada una de las áreas del gobierno acuda ante el Poder Legislativo al “acto republicano” —derivado del  informe— de escuchar a los representantes populares, explicarles la razón y los alcances de la labor realizada, e incluso aclarar sus inquietudes o cuestionamientos.

Así, aunque la ley establece la obligación de los titulares de las dependencias gubernamentales de acudir ante la Legislatura para llevar a cabo la llamada glosa del informe, lo cierto es que esa es otra de las obligaciones constitucionales de los servidores públicos que, al carecer de un formato y obligaciones concretas, en el pasado ha servido lo mismo como una pasarela para el lucimiento político, que un espacio de chantajes, amenazas y negociaciones, que bajo ninguna circunstancia buscaban un ejercicio correcto de rendición de cuentas sino confabulaciones. Por todo eso, las comparecencias deben recuperar su sentido y ser un verdadero ejercicio de intercambio político, evaluación, rendición de cuentas y establecimiento de compromisos.

En esa lógica, ha sido evidente que —igual que en muchos otros casos— el formato de la glosa completa del Informe de Gobierno, y las comparecencias, han estado sujetos a los vaivenes y efervescencias políticas, que han determinado la convivencia entre los grupos políticos en la entidad durante los últimos años. Particularmente, tanto el ejercicio del Informe de Gobierno como el relacionado con la Glosa, debieron cobrar particular relevancia, primero, desde que el partido gobernante perdió la mayoría en el Congreso; y segundo, cuando ocurrió la alternancia de partidos en la gubernatura.

Lamentablemente, ni en uno ni en otro caso ello ocurrió, y eso ha sido una desgracia para los ejercicios de democracia deliberativa, de intercambio y de rendición de cuentas entre poderes. En el primero de los casos no ocurrió, porque cuando el partido gobernante perdió la mayoría en el Congreso, la inmadurez de nuestra democracia abrió la puerta para que la mayoría opositora se prestara fácilmente no a dialogar, sino a transigir con el Ejecutivo, en aras de conseguir acuerdos provechosos para sus intereses particulares.

Por eso, hace poco más de una década, los propios diputados decían que había dejado de “ser negocio” ser legislador del partido gobernante; y los opositores hallaron una pequeña veta de negociación permanente con el Ejecutivo para lograr beneficios importantes a cambio de dejar pasar iniciativas, de no enredar mucho los debates, e incluso guardar silencio en momentos relevantes.

El segundo momento vino cuando el PRI dejó de ser gobierno, y entonces se creyó que habría una nueva forma de hacer política en la relación entre los poderes y las fuerzas políticas, en la que todo se basara en ejercicios más abiertos de rendición de cuentas e intercambio entre ellos. De hecho, en los albores de su gestión, Gabino Cué intentó generar una expectativa de ese tipo. Sin embargo, rápido dejó ver que esa supuesta convicción no era sino una pose, y por eso le dio preferencia a la negociación política para hacer de este ejercicio una apariencia.

AVANCES RELATIVOS

De este modo, lo que en el primer año de gobierno de Cué pareció ser un ejercicio ascendente de rendición de cuentas, rápidamente se convirtió en algo abominable. El primer informe de gobierno ocurrió con el Gobernador acudiendo en persona a entregar dicho documento y estableciendo posiciones políticas concretas. Pero los años siguientes dicho ejercicio —y la correspondiente glosa— fue degenerando en actos cada vez menos republicanos, exponencialmente más ceñidos a los mínimos establecidos en la ley, y cada vez más sujetos a negociaciones políticas.

Esa misma suerte siguió la glosa del Informe. Conforme fueron avanzando los años del primer gobierno de alternancia, todo se convirtió en una extorsión constante entre legisladores y funcionarios comparecientes. En ello se podía explicar, por ejemplo, la diferenciación que se hacía entre las comparecencias en el pleno y las que se realizaban en comisiones. La toma de esas decisiones no estaba basada en la naturaleza de las comparecencias, sino en el hecho de cuánta capacidad de negociación tuviera cada uno de los secretarios comparecientes, para que en correspondencia a ello fueran tratados por los diputados.

Ello de ninguna manera podría seguir siendo un ejemplo de actuación en la actualidad. De hecho, el ejercicio completo de las comparecencias tendría que evolucionar con rumbo a ejercicios que demostraran no sólo voluntad por una auténtica rendición de cuentas e intercambio civilizado entre los funcionarios y los legisladores, sino que sobre todo esto tuviera algún viso de establecimiento de compromisos mutuos para impulsar asuntos en concreto.

Esto es algo que puede no ocurrir de un momento a otro, pero con el solo hecho de procurarlo sería una enorme muestra de voluntad y de civilidad por parte de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esto no debiera ser tampoco algo tan lejano, si en realidad en todos existe un sentido mínimo de oportunidad y capacidad para hacer evolucionar esta figura, que debe dejar de ejercerse con formatos hechos a voluntad y conveniencia, y debería ser una de las piedras angulares de una auténtica democracia en fase de maduración.

COMPARECIENTES

El primero en comparecer, será el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Raúl Bolaños Cacho Cué. En los casi doce meses en el cargo, Raúl Bolaños ha marcado una diferencia sustantiva con sus antecesores, al imprimir dinamismo, responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de sus tareas y atribuciones, y como promotor de los importantes avances en la política social del Gobernador Alejandro Murat que este día informará a la Legislatura local.