+ Morena desfonda al PRD, que no opta por formación ciudadana

La desbandada de perredistas hacia las filas de Morena en Oaxaca, es sólo uno de los tantos síntomas de que las fuerzas de izquierda en la entidad viven una crisis de tal profundidad, que no han logrado encontrar un equilibrio entre la práctica de ‘la cargada’, y el sostenimiento de los parámetros mínimos de compromiso social y representación de la ciudadanía. No hay forma, hasta ahora, de que cualquiera de esas fuerzas refleje que en realidad el votante de a pie se encuentra con él. Y más bien, en su mayoría, le apuestan a las cúpulas, a las apariencias y a las ecuaciones electorales rumbo al 2018.

En efecto, en las últimas semanas ha ocurrido un fenómeno pocas veces visto en las últimas décadas no sólo en Oaxaca, sino en el país. En unos cuantos días, sectores completos de militantes del PRD y otras fuerzas políticas anunciaron su adhesión a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el Movimiento de Regeneración Nacional. Propios y extraños hicieron presencia en un mitin del tabasqueño el pasado 21 de marzo en Oaxaca. Pero salvo excepciones, casi nadie ha explicado cuál es la razón por la que esos personajes transitaron de una opción a otra dentro de la misma izquierda; y tampoco se entiende cuál pudiera ser una postura asequible del perredismo frente a la desbandada.

En lo que respecta a la desbandada de perredistas y petistas hacia Morena, esto no resulta ser sino una expresión de la ya conocida ‘cargada’ que fue parte de la vieja tradición priista. ¿De qué se trata? De que, entonces como ahora, había un gran elector que en cierto momento inclinaba la balanza por alguno de los posibles candidatos, pero para legitimar la decisión enviaba como ‘avanzada’ a los sectores, organizaciones y expresiones adherentes al partido oficial, a pronunciarse a favor de esa candidatura.

A esa tradición, conocida como ‘cargada’, le seguía el anuncio de la decisión final en la que ‘el partido y yo’ (o sea, el Presidente y nadie más) según hacían eco de esa decisión de las expresiones políticas y oficializaba lo que previamente ya había sido decidido y ‘operado’ desde la propia oficina de ese gran elector que era el Presidente en la tradición priista, para legitimar a su candidato.

Eso es exactamente lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, Morena y las fuerzas de izquierda, en un contexto en el que la tradición y el pragmatismo están pudiendo más que la democracia y el compromiso con sus respectivas militancias. En este caso, el propio Obrador es al mismo tiempo el gran elector y el depositario de la decisión, pero ya no sólo dentro de su partido sino que logró influir en todas las fuerzas de izquierda.

Pues resulta que la fortaleza actual de Morena es proporcional a la debilidad del perredismo y petismo; además esos dos partidos, enfrentan un grave problema al no lograr encontrar la identidad que perdieron luego de la escisión de la izquierda, y que ni siquiera se llevó López Obrador a su partido. Así, además de la crisis de las militancias, de las cargadas y de las numeralias rumbo al 2018, resulta que en general todas las fuerzas de izquierda viven una grave crisis de credibilidad frente a todos aquellos que no ven ni a López Obrador, ni a cualquier otro posible abanderado de las fuerzas de izquierda, con fe ciega.

Acaso lo más grave de todo esto, resulta ser que hasta el momento, en general Morena, el PRD y los demás partidos afines no ha logrado plantear ni un solo rasgo de algún discurso relacionado con los postulados ideológicos y políticos de la izquierda para el país. Nadie, ni López Obrador, ni cualquiera de los posibles abanderados de los otros partidos de izquierda, ha articulado un discurso que refleje sustancia política, entendimiento de su papel histórico, y un proyecto de país que pueda ser sostenido como algo más que simple pragmatismo y oportunismo ante la posibilidad de ganar la elección presidencial.

De entre todo eso, lo que resulta aún más grave es la imposibilidad del propio Andrés Manuel López Obrador de establecer coordenadas concretas del proyecto alternativo de nación. A la luz de los acontecimientos políticos del último año en los Estados Unidos, debería comenzar a quedarle claro —a él como aspirante presidencial, y a nosotros como electores— que emprender campañas anti stablishment (o antisistema), como lo hizo Donald Trump como candidato, y como lo intensifica hoy López Obrador en México, no necesariamente tienen derroteros alcanzables aún cuando cuantitativamente tengan un respaldo importante.

En esa lógica, una de las preocupaciones que despierta el tabasqueño es que presenta un discurso en el que los rasgos de la izquierda siguen ausentes, y sólo se ha centrado en lo que la ciudadanía pretende escuchar. Por eso, aún cuando es cada día popular, éste no pasaría ninguna prueba como candidato de la izquierda; y por eso mismo, los apoyos que ha recibido en las últimas semanas no son más que una grosera expresión de la vieja cargada priista, porque en realidad la gran mayoría de las expresiones de izquierda que se le han sumado tienen más el sueño —y la ambición— de ganar por fin una elección presidencial, que de ver cumplido algún ideario —o algún rasgo— de la izquierda para el país.

López Obrador no ha demostrado convicciones y contenido ideológico de izquierda ni como candidato, ni como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y por eso no hay una sola garantía de que pueda y quiera llevar algún tipo de programa de gobierno verdaderamente progresista como Presidente del país.

PERREDISMO, EXTRAVIADO

En el otro extremo está la triste realidad del PRD, que no dista mucho de su escenario nacional con el de Oaxaca. Tanto en el contexto nacional, como en el doméstico, lo único que se refleja es un profundo atrincheramiento de quienes calculan el control de las cúpulas sin importarle la dignidad de su partido. En el caso de la entidad, el perredismo que se quedó con la dirigencia del partido cumple con el indigno papel de ser una comparsa oficialista que sólo se podrá mantener en la medida que continúe teniendo alguna representación legislativa.

Pues resulta que ante la cargada, hoy el PRD ya no puede explicar la dimensión real de su militancia en la entidad; tampoco puede establecer con exactitud cuál es el nivel de cohesión de su bancada en el Congreso local; y mucho menos tiene cara para presentarse ante sus simpatizantes y militantes luego del escandaloso proceso interno en el que se pelearon los aliados de Gabino Cué, contra los aliados del régimen actual, por lo que le quedaba de sustancia política y actores relevantes a ese partido. De ahí que la huida de diversos actores hacia Morena, el perredismo quedó doblemente desfondado porque ya no tuvo capacidad ni sostenerse ni de ofrecerle a la ciudadanía una explicación coherente de su situación actual, y de sus nuevos derroteros como fuerza política menguada.

DEVASTACIÓN POLÍTICA

Al final, lo más triste es que quienes se quedaron en el perredismo, lo hicieron atrincherados y no abiertos a las expresiones ciudadanas. Hay mucha gente que bien podría militar en el PRD —o en Morena, o en el PT— pero que prefiere el apartidismo ante el desgaste de las siglas partidistas en general. Quienes tiene cálculos políticos se fueron a Morena; y quienes no los tienen, prefieren no acudir a ningún partido porque eso significaría poner en entredicho su propia legitimidad como personas, frente a un partido que sólo ha demostrado resistencias, incapacidades y caprichos como su única forma de mantenerse con algún espacio de poder. Es una paradoja que hoy sean las personas quienes se cuiden de los partidos, y que éstos se presenten con tanta procacidad a pesar de su falta de sustancia y congruencia con el ideario político que ya sólo tienen de adorno.

+ La idea del desarrollo no es la misma para todas las personas y comunidades

A muchos nos cuesta trabajo comprender por qué existen comunidades que se resisten a aceptar proyectos que implican planteamientos aparentemente irresistibles de desarrollo y progreso. En Oaxaca esa ha sido una constante, que combinada con la manipulación de oportunistas, ha dado como resultado una compleja situación de resistencia e inmovilidad de docenas de comunidades que, teniendo diversos potenciales naturales, se resisten a participar en esos procesos de desarrollo, o a permitir que otros las aprovechen aún cuando en la mayoría de los casos hay contraprestaciones importantes para los dueños de la tierra o los recursos que se van a explotar. ¿Por qué esto resulta casi inexplicable?

En efecto, la región del Istmo de Tehuantepec ha sido ejemplo de cómo las distintas ideas del progreso chocan frontalmente frente a proyectos como los parques eólicos, y todo pierde su dimensión cuando se involucran vivales que manipulan a las comunidades para intentar extorsionar a los dueños de las inversiones que se pretenden realizar.

En el primero de los aspectos —en el de las perspectivas sobre el progreso— a veces nos cuesta trabajo comprender que la idea del progreso no es necesariamente un valor absoluto ni tampoco un concepto que ha sido aceptado y adoptado de forma homogénea en todos los tiempos y por todas las sociedades. Más bien, la concepción del progreso que conocemos (esa que dice que siempre debemos tener más, alcanzar más, ir hacia delante, superar a los demás, etcétera) es un producto occidental que no necesariamente es compartido por todas las comunidades que no tienen como base los postulados europeos que llegaron con las conquistas y el expansionismo, no sólo a América sino a los demás continentes que de alguna forma fueron avasallados por el pensamiento europeo.

Eso es lo que en alguna medida justifica el derecho a la consulta previa, libre e informada, que hoy el orden internacional le reconoce a las comunidades indígenas. La idea base del derecho a la consulta radica justamente en no dar por hecho que las sociedades y las comunidades indígenas comparten las mismas ideas sobre el progreso, sobre el desarrollo y sobre el destino de sus posesiones comunitarias, que las sociedades occidentalizadas.

Por eso, dicen instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando existan disposiciones de índole legislativo o  administrativo que intenten modificar sus condiciones de vida, a los integrantes de las comunidades indígenas involucradas se les debe consultar de forma previa, libre e informada preferencialmente a través de sus propias instituciones representativas como podría ser, en el caso de Oaxaca, por las asambleas comunitarias en las que ejercen su democracia representativa, deliberativa y participativa en las decisiones que involucran los intereses de la generalidad.

Incluso, por eso mismo, el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT es enfático en esa lógica. El inciso 1 de dicho precepto dice que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

¿Qué significa todo esto? Que los propios instrumentos internacionales reconocen que las concepciones del progreso no son homogéneas, y que por eso se deben considerar las visiones de las comunidades indígenas que, se supone, no están influidas por el occidentalismo que dice que se debe hacer todo, y ceder en todo, por la voluntad de ir adelante.

ENTENDER EL PROGRESO

Como el progreso no es un concepto unívoco ni estático ni homogéneo, las concepciones sobre él son variadas y cambiantes. En esa lógica, Gabriel Zaid señalaba en uno de sus lúcidos ensayos (“La fe en el progreso”, Letras Libres, noviembre 2004. Disponible en: http://bit.ly/2nB7gqz) que fijar orígenes sobre el progreso, depende del criterio que se tome.

El primer progreso, dice Zaid, puede remontarse a la Gran Explosión (el paso de la nada al cosmos). La conciencia del progreso puede señalarse en la prehistoria. Que algo sea llamado progreso implica algún concepto de cambio favorable, lo cual supone un juicio de valor. El mínimo absoluto está en reconocer que puede haber algo nuevo y que puede ser mejor. Pero ni siquiera este mínimo ha tenido aceptación general. Hasta el cambio se ha negado: es aparente, porque el ser “está inmóvil”, “es lo mismo, permanece en lo mismo”; y lo “distinto, ni es, ni será” (Parménides, traducción de José Gaos). “Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará: nada nuevo hay bajo el sol” (Eclesiastés, traducción de José Ángel Ubieta). En muchas culturas no se cree en el tiempo como una flecha, que avanza sin volver atrás: se considera que es ilusorio, o que avanza como un ciclo que se repite. Nietzsche creía en el eterno retorno. Einstein escribió en una carta de pésame que la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión (Ilya Prigogine, ¿Tan sólo una ilusión?). Los cosmólogos admiten la especulación de que el tiempo pueda ser reversible en zonas limitadas, y hasta hacen bromas sobre viajar al pasado y matar a su padre, antes de que los engendre (Stephen Hawking, The universe in a nutshell).

En otra parte de ese mismo texto, Gabriel Zaid explica de una manera muy concreta cómo los adelantos científicos no necesariamente llevan a conquistas y superposiciones como lo dice la aparente condición indispensable del progreso, y pone el ejemplo de China. “Progresos los ha habido en todo el planeta, en todas las culturas, en todas las épocas; pero la fe en la historia como progreso empezó ‘en un rincón de la tierra’. Significativamente, los chinos, que tuvieron siglos de ventaja sobre el resto del mundo en una serie de inventos y descubrimientos, no les sacaron el partido que les sacó Occidente, ni los aprovecharon para imponer su liderazgo universal. Quizá porque no tuvieron el mito del progreso, hasta que les llegó de Occidente.”

¿Por qué apuntar todo esto? Porque en esa lógica lo primero que debe quedar claro es que no necesariamente las comunidades indígenas asumen el progreso como lo que nosotros podríamos asumir como tal. De hecho, la pregunta de donde tendría que partir todo debería apuntar a saber si ellos quieren modificar su esquema de vida, su entorno y sus condiciones actuales, o si quieren seguir viviendo como lo han hecho permanentemente.

Si ellos dijeran libremente que no desean el desarrollo o el progreso, habría que entenderlo no sólo a la luz de la manipulación sino también desde una perspectiva genuina de que esas comunidades tienen una concepción distinta a la occidental del tiempo, de lo material, de sus posesiones y de sus aspiraciones como comunidad.

MANIPULADORES

Junto a todo eso se hallan los manipuladores y vivales que lo que buscan es provecho. ¿En esas ideas plasmadas anteriormente, se justificaría el chantaje de no permitir el paso de una carretera, o de un parque eólico —por citar sólo dos ejemplos, de muchos posibles— si a la comunidad no se le construyen obras sociales no ligadas al proyecto original, o si a un líder o autoridad no se le entrega una cantidad de dinero o ciertas prebendas o beneficios? Eso ya no está en el campo del debate sobre el progreso o la consulta, sino en el de la industria del chantaje. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos ese es el común denominador en Oaxaca.

+ Federación prorrateará obligaciones a municipios y entidades federativas

Lejos del estruendo por las declaraciones xenófobas y de odio del presidente norteamericano Donald Trump contra nuestro país, la nueva relación entre México y Estados Unidos impondrá una reforma fiscal de fondo que hará indispensable la eliminación de los planteamientos políticos respecto a los impuestos y el funcionamiento del sistema fiscal, y que a la vez tendrá que llevar a la necesidad de que estados y municipios asuman —o reasuman— nuevas responsabilidades tributarias que hoy están en manos de la federación. Quizá sea el momento en que esos dos ámbitos de gobierno dejen de asumirse como menores de edad a los que debe proteger y suplir en sus deberes el gobierno federal.

En efecto, son al menos dos, las señales más concretas de que vienen cambios de fondo en el sistema tributario del país. La primera es el anuncio hecho ayer por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade en el sentido de que la economía mexicana podría tener sorpresas favorables a finales de año ante la posibilidad de superar la meta de superávit primario, el cual tendría que implicar la reducción de la deuda a partir de las reducciones al gasto federal.

La segunda señal, es la relacionada con la intención del gobierno de los Estados Unidos de modificar el esquema de las tasas impositivas de Impuesto Sobre la Renta, lo cual tendría que llevar a nuestro país a también replantear la forma en cómo cobra ese mismo impuesto tanto a las personas físicas como a las empresas, bajo la premisa de que una desigualdad en ese rubro llevaría al país a perder competitividad y atracción a la inversión extranjera a partir de su rigidez fiscal. Ambas señales implican en realidad cambios muy importantes que deben llevar a México a eliminar algunos de los atavismos que tienen anclada a la política fiscal a los caprichos y necedades de algunos partidos.

Pues resulta que, en cuanto a la primera de las señales, ayer el secretario Meade fue enfático y claro al asegurar que para lograr la meta del superávit fiscal primario se deben considerar factores externos como la inversión extranjera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la normalización de la relación monetaria entre México y los Estados Unidos; pero también dijo que otro de los componentes es la reducción de la deuda y la disminución del gasto federal.

En este sentido, Meade dijo que para reducir el gasto federal, hay espacios para que los gobiernos locales recauden sus propios recursos cobrando impuestos como el predial, y lo particularizó señalando que “mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial, y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos”.

¿Qué significaría todo esto? Que la revalorización del impuesto predial tendría que ser a punta de lanza para la recuperación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, que a lo largo de las últimas décadas ha ido perdiendo a favor de la federación. En teoría, como premisa el federalismo fiscal tendría que funcionar a partir de que las partes integrantes de la federación recaudaran los impuestos para entregárselos al gobierno federal para su funcionamiento.

Sin embargo, es claro que en México eso funciona exactamente al revés porque hoy el gran recaudador es la federación, y los estados y municipios asumen la posición cómoda de esperar a que las transferencias de recursos federales lleguen a sus arcas evadiendo su responsabilidad de generar sus propios ingresos.

A ello habría que agregarle que todas las reformas fiscales de las últimas décadas, han tenido como uno de sus puntos constantes la transferencia de facultades recaudatorias de los estados a la federación, a cambio de que ésta haga “participables” los recursos federales que captan las entidades federativas, como resultan ser el ISR y varios otros que, independientemente de cómo se recauden, son parte de las atribuciones del fisco federal, transferidas o arrebatadas a las entidades federativas.

MANIOBRAR CON EL ISR

Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el esquema de cobro del ISR, en México será irremediable la necesidad de replantear ese mismo impuesto aunque con un margen de maniobra mucho más limitado, según reconoce también la Secretaría de Hacienda. En esa lógica, como lo señala el analista Enrique Quintana, este es un tema crucial para que México no pierda competitividad fiscal respecto a los Estados Unidos y las demás naciones.

Pues, como dice el analista, hay que recordar que la tasa general del ISR que hoy se paga en México es de 30 por ciento y que las tasas a las personas físicas van desde 1.92 hasta 35 por ciento. En esa lógica, el planteamiento que ayer hizo Meade es que va a ser muy difícil reducir la proporción de la deuda pública sobre el PIB si se reducen tasas impositivas, si es que se decidiera seguir la misma estrategia que en los Estados Unidos de reducir el ISR como una forma de generar competitividad.

De hecho, las calificadoras más importantes están observantes del desempeño fiscal de México para que, en caso de que no se cumplan los compromisos en materia de reducción del déficit, se baje la calificación de la deuda mexicana. Se podría discutir si en el largo plazo es compatible una reducción de tasas con un incremento de recaudación. Pero lo que es un hecho es que una baja de tasas en el corto plazo probablemente causará una baja de ingresos. El argumento usual cuando se plantea lo anterior es que es factible reducir las tasas de impuestos sin aumentar la deuda pública… siempre y cuando se reduzca el gasto público.

Frente a este panorama, ampliamente reseñado ayer en El Financiero por el analista Enrique Quintana, establece además otras interrogantes que tendrán que responder no sólo las entidades federativas y el gobierno federal, sino también partidos, candidatos presidenciales, plataformas políticas y todos los que resultan involucrados en un tema tan complejo como éste.

¿Ahora sí irán a fondo a abatir la evasión, la elusión y las prácticas fiscales agresivas, que deprimen los ingresos de la federación? ¿Revivirán temas políticamente tan escabrosos como el de imponer Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, como una forma de hacer más general el cobro de dicha contribución? ¿Impulsarán la transferencia —más bien, el retorno— de las facultades de cobro a las entidades federativas y los municipios, para que unos y otros comiencen a comportarse como mayores de edad y asuman sus responsabilidades en la generación de sus propias fuentes de recursos?

Al final, queda claro que si el Estado quiere tener más recursos y más competitividad, debe hacerlo de manera responsable a través de la reducción de su gasto y la eliminación de la dependencia de las entidades federativas y los municipios respecto a sus ingresos. Es un tema que parece ineludible y que tendrá su impacto justo en el año en que también se dirima la elección presidencial. Ojalá que no terminemos en la vía populista como parece que ya entró de lleno el gobierno de los Estados Unidos.

ENTIDADES, OMISAS

En esa lógica, será muy relevante la forma en que incidan las entidades federativas para esa reforma fiscal que será indispensable e irremediable. Hasta ahora su actividad ha sido pasiva y se han cobijado, en general, en la Conferencia Nacional de Gobernadores que, para esos efectos, tendría que funcionar como el escaparate para una nueva Convención Nacional Hacendaria. Los cambios que vienen son de fondo. Falta ver qué tan preparados y dispuestos están los gobernadores para ello.