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El gobierno de Oaxaca debe cuidar al máximo su relación con la S22

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Sección 22

+ ¿Dónde está la gestión para que se aprueben los recientes acuerdos?


Todos en el gobierno de Oaxaca, pero particularmente en las áreas involucradas con temas de gobernabilidad, deben tener claro —y trabajar consecuencia— que la relación política más importante del gobierno en la entidad es con la Sección 22 del SNTE. Todos deben trabajar en mantener una relación sana y provechosa. Por eso, la forma en cómo arranca el diálogo con la nueva dirigencia magisterial debe ser un ejemplo de lo que no les puede volver a ocurrir a las áreas y dependencias estatales, que se supone que trabajan a favor de Oaxaca.

En efecto, el pasado miércoles se realizaría un primer encuentro de trabajo entre el gobernador Alejandro Murat y la nueva dirigencia de la Sección 22, que encabeza el profesor Eloy López Hernández. Ante la complicada coyuntura que vive el país, para la misma fecha se estableció una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República. La complejidad del tema —la nueva relación bilateral México-Estados Unidos— hacía necesaria la presencia de los 32 gobernadores como un mensaje de respaldo institucional al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno de la república y al pacto federal.

Ante ello, ¿no había alguien dispuesto y atento en el gobierno estatal para adecuar y empatar a tiempo la agenda estatal del Gobernador, con los asuntos de relevancia nacional que apremiaban su presencia? El asunto no es menor, porque lo grave no radica en que el Mandatario no haya llegado a una cita de trabajo, sino al hecho de que su equipo de trabajo falló gravemente en la previsión de las necesidades y los asuntos de la entidad, y en el tratamiento no a uno de los temas de relativa importancia, sino al tema de mayor relevancia para la agenda política y de gobernabilidad estatal.

En ese sentido, resulta que no se trabajó con la dedicación necesaria para establecer el espacio de diálogo que era necesario para evitar no sólo la cancelación del encuentro, sino la apariencia de que en los asuntos de la agenda pública, uno de los temas más importantes es relegado. En ello, nadie cuestiona la importancia y la necesidad de la presencia del Gobernador del Estado en la reunión con el Presidente, sino el hecho de que no hubo la previsión necesaria en los funcionarios en quienes recayó la atención a ciertas tareas básicas del gobierno, tales como la agenda de gobernabilidad y el apoyo logístico al propio Mandatario.

Lamentablemente, esa ha sido una característica de muchos servidores públicos de la presente administración: no han entendido que su lealtad y compromiso está con Oaxaca y con el Gobernador, y que deben trabajar sin soberbia ni petulancia en las tareas que les fueron encomendadas.

Es común que ni siquiera entre funcionarios de primer nivel se tomen las llamadas para tratar asuntos oficiales; que sean comunes las dificultades para entablar diálogo institucional porque hasta los titulares de las áreas de apoyo se asumen como inalcanzables; y que muchos de ellos —incluso en el staff del Mandatario— no asuman que su función debiera estar lejos de los desplantes y esencialmente enfocada en facilitar la labor del Gobernador, y evitarle problemas.

¿Y LA RELACIÓN CON LA 22?

Junto a esto debieran plantearse otras preguntas, y responderlas con seriedad: ¿Cuál es el estado real del avance y cumplimiento de los acuerdos firmados el 2 de diciembre entre el Gobernador y la dirigencia seccional de la Sección 22? ¿Qué han hecho las áreas del gobierno estatal con injerencia en la relación con el magisterio, para facilitar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Y qué han hecho quienes debieran haberse encargado de tiempo completo a generar los cabildeos necesarios con los factores de poder al interior de la Sección 22, para que ocurriera la aceptación formal de ese importante acuerdo signado en el marco del relevo de poderes en la entidad?

Esas cuestiones no son menores. El 2 de diciembre, el acuerdo entre el gobernador Murat y la Sección 22 implicaba el reconocimiento de más de 3 mil trabajadores de la educación sobre los que se comprobó que efectivamente laboraban en una situación irregular, y a los cuales el gobierno federal se comprometió a regularizarles sus plazas y salarios.

El arreglo, en términos económicos, implicó el compromiso federal de expandir en más de mil 200 millones de pesos el presupuesto educativo anual de la entidad; y eso mismo hacía muy importante el acuerdo para la dirigencia magisterial saliente, porque éste representaba la conquista más importante de la Sección 22 a la administración federal que, con todo y su resistencia, les impuso y comenzó a aplicar la reforma educativa.

Hoy, frente a los dislates de la Secretaría General de Gobierno, y de la Oficina de la Gubernatura, que con su labor no ayudan al Gobernador, debería haber claridad en la importancia del acuerdo signado en diciembre, y sobre todo en la relevancia de mantener una relación institucional clara y saludable con el factor de gobernabilidad más importante de la entidad.

EXTRAVIADOS

¿Acaso querrán esperar a que, por fallas y distracciones de funcionarios de segundo nivel, esa relación tan importante se descomponga? ¿De verdad no comprenden la complejidad que representa Oaxaca? Cada uno de esos funcionarios, en sus respectivos ámbitos, debieran entender que la gobernabilidad del Estado es mucho más que las grillitas con los partidos políticos; y que la responsabilidad que tienen en Oaxaca no tiene nada que ver con el esnobismo y los escenarios controlados de la capital del país, en los que estaban acostumbrados a moverse.

Xoxocotlán, ejemplo de una disputa entre los malos y los peores

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xoxo

+ Jarquín, igual de cuestionado que su antecesor en Ayuntamiento

Es muy particular la disputa en la que se enfrascaron las autoridades actuales del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, con sus antecesoras. Lo es porque pareciera que cuando se trata de hablar de corrupción, los conversos se sienten puros, y viceversa. Es cierto: en los últimos lustros, Xoxocotlán ha sido un territorio permanentemente lastimado por las disputas políticas y por los excesos de sus autoridades. Sin embargo, queda claro que en ese microcosmos, hoy menos que nunca unos pueden convertirse en verdugos de los demás, cuando todos son parte del mismo problema.

En efecto, en las últimas semanas edil actual de ese municipio conurbado a la capital oaxaqueña, Emanuel Alejandro López Jarquín, ha estimulado las denuncias —públicas y mediáticas, aunque no queda claro si también en la vía jurídica— en contra de Héctor Santiago Aragón, acusándolo de cualquier cantidad de desvíos y actos de corrupción.

Ha facilitado, mediante gacetillas (con el viejo método del “ahí publícalo como si fuera tuyo”), documentos e información para exhibir a Santiago Aragón que, vale decirlo, durante su gestión fue ejemplo de todo tipo de frivolidades y excesos que, por las solas apariencias, hoy le dan la razón a quienes lo acusan. No obstante, en ese cruce de acusaciones no debieran quedar extraviadas las coordenadas de fondo que determinan tanto al acusador como al acusado. ¿De qué hablamos?

De que por un lado, en Oaxaca hay pocos ejemplos tan acabados de personajes cuestionados de principio a fin al frente de ayuntamientos importantes, como lo pueden ser hoy Héctor Santiago Aragón, y Galdino Huerta Escudero, en Xoxocotlán y en Santa Lucía del Camino. El llamado Lobo Mayor, fue cuestionado desde antes de ser electo como candidato del PRI al Ayuntamiento de Xoxocotlán por haber aprovechado su fama populachera de locutor cumbiero, junto con los favores económicos y políticos que intercambió con el entonces dirigente priista, y hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez para convertirse en abanderado priista para ese ayuntamiento.

Sin explicación ni argumentos sostenibles, el PRI lo lanzó a la alcaldía y ganó la elección pero no por su fortaleza en campaña, sino por el favor que le hizo el PRD postulando en la diputación que incluye a ese municipio, al ex también edil de Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, y a un endeble Juan Carlos Ignacio Esteva, que terminó siendo arrollado por el repudio y el ‘fuego amigo’ lanzado en contra de José Julio. Eso, quizá sintió Santiago Aragón, habría sido como sacarse la lotería.

¿Por qué? Porque durante su gestión hubo todo tipo de excesos. Xoxocotlán padeció los signos del abandono y la simulación de obras y acciones de gobierno. De hecho, hoy lo acusan de haberse ido sin comprobar alrededor de 500 millones de pesos, y de acrecentar pública e inexplicablemente su patrimonio durante ese periodo. Ello revela que Santiago Aragón no sólo no tuvo interés en generar certidumbre sobre su gestión, sino que además cometió los pecados propios de la imprudencia y de la ostentación, que directamente lo hicieron parecer responsable —independientemente de si se logra acreditar, o no, que desvió recursos públicos, y si los usó para su beneficio personal— de todo lo que se le acusa.

PARADOJAS

Así, Héctor Santiago Aragón enfrenta ya no sólo las responsabilidades jurídicas —administrativas y penales— que puedan derivar de su gestión como edil, sino también el repudio popular por su frivolidad y soberbia. No obstante, lo que no hay que perder de vista es que quien lo acusa, y para mal de Xoxocotlán, tendría también mucho que explicar sobre su desempeño como diputado y como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en el gobierno del —también repudiado— gobernador Gabino Cué Monteagudo.

¿De qué hablamos? De que como no tenemos memoria, pareciera que muchos de nosotros ya olvidamos que, por ejemplo, Alejandro López Jarquín fue el cuestionado presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la LXII Legislatura, cuando se dieron a conocer millonarios desvíos de recursos del Poder Legislativo que quedaron en cuentas bancarias de particulares.

De él, particularmente, se exhibieron estados de cuenta bancarios en los que se reflejaba el importante y acelerado crecimiento de sus ahorros e inversiones, las cuales no eran proporcionales a lo que se decía que ganaba un legislador local. A pesar de todo eso, López Jarquín fue uno de los que bloqueó cualquier posibilidad de que se auditaran los recursos del Congreso, y luego fue protegido por el Gobernador a través de la Sedesoh.

En esa dependencia aún hace falta por aclarar cuál fue la razón por la que persisten los claroscuros respecto a programas sociales como el de las ayudas económicas a adultos mayores, a estudiantes, de útiles escolares y de dotación de uniformes. López Jarquín fue titular de esa dependencia justo hasta el momento en que se anunció su candidatura a la alcaldía de Xoxocotlán. Se fue, pero los cuestionamientos —que ya existían en su periodo como servidor público— sobre las irregularidades en la gestión de los programas sociales de esa dependencia continuaron hasta el último día del gobierno de Cué Monteagudo.

POBRE XOXOCOTLÁN

Así, queda claro que son iguales tanto el pinto como el colorado. Acusador y acusado padecen exactamente del mismo mal. Aunque el problema es que, como siempre, a la inmensa mayoría nos falla la memoria. Qué injusto destino para ese importante municipio, porque a través de esas disputas palaciegas siguen evadiendo los temas verdaderamente dolorosos para la ciudadanía, como la inseguridad, los giros negros y otros que están perfectamente identificados pero de los que coincidentemente no habla la autoridad. Ni la actual, ni la que se fue.

Los ajustes salariales de la burocracia, deben responder a la realidad

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+ Bajar salarios, sin compensar con otros incentivos, alienta corrupción


Una de las razones esenciales por las que el Poder Judicial de la Federación buscó incrementar los salarios de los funcionarios judiciales, fue para desalentar la corrupción. Aunque ésta sigue existiendo, se entiende que es más complicado y costoso corromper a alguien que tiene un salario que le permite cubrir sus necesidades. Eso es algo que no se ha comprendido en la administración pública y, lejos de eso, siempre que se quiere mostrar sensibilidad se anuncian recortes salariales. Habría que ser muy cuidadoso en esas medidas, porque lo realmente importante y urgente en nuestra sociedad debiera consistir en la disminución —o erradicación— de los privilegios, antes que de los salarios.

En efecto, hoy ante la contingencia presupuestal que vive la entidad, y el país, muchos han apuntado a que nuevamente deben disminuir los salarios de la burocracia. A nivel federal y local, sin embargo, existe una brecha muy importante entre los salarios que percibe la llamada alta burocracia, con relación a los sueldos de la clase trabajadora del sector público en puestos medios y de mejor jerarquía. Esa brecha también existe en otros ámbitos como el Poder Legislativo, en donde pocas veces tiene relación el salario y las abultadas prestaciones de los diputados, respecto a las modestas percepciones que tienen los demás empleados de dicho poder. Esto, en los últimos años, se ha extendido a los órganos autónomos. Por eso la necesidad de distinguir entre jerarquías burocráticas; y entre la disminución de salarios y la eliminación de privilegios.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, en el caso de los diputados y senadores, el argumento fácil apunta a que debe disminuirse el número de legisladores en México. Dicen, quienes apoyan dicho argumento, que 500 son demasiado diputados, y que 128 constituyen, asimismo, un exceso de senadores. Dicho argumento, en realidad, es retórico: un país con casi 120 millones de habitantes necesitaría tener cuando menos ese nivel cuantitativo de representación popular, para poder demostrar la legitimidad de las decisiones tomadas y las leyes emitidas. Disminuir la representación significaría, proporcionalmente, restar legitimidad a las decisiones, con el enorme riesgo político que eso representa.

¿Qué debiera hacerse? Disminuir, en realidad, los privilegios que tienen esos 500 individuos en la Cámara de Diputados, y las abultadas prerrogativas de quienes integran el Senado, con una salvedad: los 32 senadores de representación proporcional sí deberían desaparecer, ya que ellos no representan a ninguna entidad federativa —que es la esencia del Senado— sino a las cúpulas de sus partidos, lo cual resulta un contrasentido a la naturaleza de la cámara alta.

En ese sentido, sería determinante llevar a la ley la cancelación de privilegios indebidos a los diputados y senadores, que hoy en día reciben incentivos económicos casi hasta por respirar, y que han incurrido en excesos tales como los denunciados a finales del año pasado de los aguinaldos y bonos extraordinarios que, para cada uno de ellos, habría rebasado los 650 mil pesos sólo por pagos decembrinos.

NO CASTIGAR A LA BUROCRACIA

En una lógica parecida debiera revisarse lo relacionado con la burocracia. Pues, en primer término, los recortes salariales siempre terminan afectando más a la burocracia media y baja que a la alta: ello se puede entender a partir de un razonamiento simple de proporcionalidad. ¿De qué hablamos?

De que no es lo mismo quitarle el 10 por ciento a un salario de 120 mil pesos mensuales, que restarle ese mismo porcentaje a un percepción mensual de 8 o 10 mil pesos. El golpe económico por el recorte, es proporcionalmente más profundo en los salarios bajos que en los medios y altos. Pues mientras esa cantidad recortada a un salario bajo golpea directamente el nivel de bienestar y satisfacción básica de la persona y su familia, en el medio y alto significa, cuando mucho, cancelar algún gasto superfluo o suntuario, pero sin comprometer su nivel y calidad de vida.

Ahora bien, junto a eso debiera también reflexionarse lo relacionado a la vulnerabilidad que generan los recortes salariales. ¿Qué no se supone que todos los servidores públicos y gobernantes en este país están preocupados y comprometidos con el combate a la corrupción? ¿Y entonces qué harán si en lugar de dignificar, precarizan aún más la función pública, y la ponen al mismo nivel de quienes prefieren la corrupción como una forma de tomar ventaja para conseguir un ingreso que no pueden lograr a partir de la competencia abierta en el mercado?

Esa no es una cuestión menor. Y, de hecho, es lo que también debe llevar a que se considere la reducción de privilegios antes que el golpe a los salarios de toda la burocracia. En esa eliminación se encuentran diversas formas en las que la burocracia de alto nivel recibe beneficios —legales o no— por el solo hecho de desempeñar un cargo, lo cual va desde un simple teléfono celular, hasta el reembolso de diversos gastos que no deberían estar comprendidos dentro de sus percepciones.

DIGNIFICAR EL SERVICIO PÚBLICO

Es retórica apuntar a que el servicio público debe ser un sacrificio o un apostolado. Se trata, de hecho, de establecer un marco mínimo de dignidad en el desempeño y remuneración por cada función, que al menos en Oaxaca, y en México, tiene muchos años extraviado completamente. En cada ciclo sexenal, hay estratos de la burocracia que pasan de la medianía a la superabundancia, mientras todos los demás siguen esperando simplemente la justicia salarial. Eso es lo que debía verse antes de caer en la demagogia de las soluciones fáciles que sólo profundizan las deficiencias del servicio público.

Bienvenida la unidad nacional, porque es para defender al país

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+ Desde Cárdenas no se había exaltado la unidad entre mexicanos


El sentimiento de unidad nacional debe salir del lugar común, y apartarse de los argumentos retóricos, para generar una auténtica vertiente positiva para nuestro país. Acaso el último momento en que eso quedó de manifiesto, fue cuando en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la expropiación de la industria petrolera, y el pueblo mexicano le mostró su respaldo incondicional para el pago a las petroleras norteamericanas e inglesas a las que les fueron requisadas sus instalaciones, equipos y concesiones. Hoy, lo que estamos a punto de ver no es una hazaña sino una cuestión de necesidad para la que debemos estar inteligentemente preparados.

En efecto, Donald Trump tiene una semana en la presidencia de los Estados Unidos, y está haciendo temblar no sólo a México, sino al mundo. Trump ha sido un fenómeno porque pareciera estar dispuesto a formalizar la anarquía y los sentimientos segregacionistas que hacía mucho tiempo no veíamos en el mundo. Según él, está dejando de ser políticamente correcto para ser eficaz en los propósitos que persigue. Pero queda claro que esa idea de la corrección política contra la eficacia tiene de fondo un profundo sentimiento de xenofobia, de aislacionismo y de discriminación hacia todos los que él considera como un peligro para una nación superior, como concibe a los Estados Unidos.

En el caso de México, Trump se fue directo contra la relación económica entre ambos países, pero a partir de una política de insultar y sobajar para que, desde esa posición de fuerza, luego busque una negociación más benéfica para nuestro país. Esa sola actitud generó entre los mexicanos un sentimiento de unidad en torno a la figura del Presidente, que ahora debe servir para apuntalar la política exterior mexicana pero no para repetir los odios y las estratagemas impulsados por el presidente norteamericano. ¿De qué hablamos?

De que Trump está queriendo implementar políticas de aislamiento para los Estados Unidos. Es decir, está queriendo cerrar las fronteras para obligar a sus ciudadanos a consumir lo hecho en aquel país, y no lo importado desde México y otros países. Para justificar su decisión de cerrar sus fronteras y aislar a Estados Unidos está incitando a odiar a los mexicanos a través de mentiras como que nuestro país se ha burlado de ellos, que se ha aprovechado de los tratados comerciales, y que nos hemos robado los empleos que podrían existir en los Estados Unidos. Así, a través del odio y la segregación por un motivo de origen nacional, Trump incita a odiar a México como una forma de justificar sus acciones.

Él puede tener sus políticas, y es decisión de los estadounidenses decidir si lo secundan o no. Sin embargo, algo que nosotros difícilmente podríamos justificar en el mediano plazo, es repetir esa actitud. Es decir, ponernos a odiar a todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, simplemente como una respuesta a lo que su presidente impulsa desde el otro lado de la frontera. Esa, que podría ser la actitud fácil, simplemente nos rebajaría al nivel impulsado por Trump y terminaría justificando los odios que él propala, estableciendo que él odia porque nosotros también los odiamos.

UNIDAD NACIONAL

Por esa razón es importante entender que la unidad nacional no se construye odiando al diferente, sino incluso incluyéndolo. El camino fácil de la unidad nacional dice que no debemos consumir, por ejemplo, lo hecho en Estados Unidos. Sin embargo, esa sola actitud nos llevaría a contribuir con la misma desgracia económica que está impulsando Trump porque la integración de las economías es tan profunda, que miles de empresas estadounidenses tienen inversiones mexicanas, y viceversa, y miles de empresas de origen norteamericano, en México son operadas por empresas nacionales y generan empleo y productividad para miles de paisanos en ambos lados de la frontera.

En ese sentido, es claro que un mal entendimiento del “consume lo local” puede llevarnos muy fácilmente a replicar las políticas aislacionistas que impulsa el Presidente de los Estados Unidos, y convertirnos accidentalmente en repetidores de sus mecanismos de justificación de la segregación y la discriminación. Consumir lo local significa que nosotros mismos podamos potenciar nuestra economía, y darle movilidad a los mercados y productos que pudieran entrar en una etapa de sufrimiento por las dificultades impuestas en la frontera, pero no que nos pongamos a repudiar todo lo de fuera simplemente por su origen, porque esa sería una práctica chovinista, maniquea y de segregación, tan aberrante como las que impulsa Trump.

Finalmente debemos entender con inteligencia el complejo momento que vive Oaxaca, México y el mundo. Estamos al filo de un proceso histórico sin precedentes, y lo mejor que podemos hacer es asumir la idea de la unidad nacional con las bases y las formas correctas para no caer al nivel de quienes impulsan políticas de odio en contra nuestra.

RELACIÓN EMOCIONAL

La única victoria que México le ha arrebatado a Estados Unidos en una disputa fue justamente en los tiempos de la explotación petrolera. Evidentemente, Peña Nieto no es Cárdenas. Pero lo que sí podría hoy tener el Presidente —como lo tuvo en su tiempo el general Cárdenas— es la claridad para saber hasta qué punto se puede negociar para priorizar lo económico, y hasta dónde hay un punto de sostener la dignidad.

Ante la crisis por el muro, y Donald Trump, algunos apuntes indispensables

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+ EPN, responsable de Estado, y no por consenso, de conducir política exterior


Aunque tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo bien en cancelar su viaje a los Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha puesto en claro que no le interesa la relación con México, y el Presidente mexicano debe actuar en consecuencia, a pesar de que durante décadas la relación México-Estados Unidos ha sido, por pose o por necesidad, la más importante para ambas naciones. Hoy, ante la nueva realidad, hay varias cuestiones que deben ser consideradas para hacer un análisis correcto de los hechos, y de los escenarios posibles.

En efecto, hasta el miércoles se cabildeaba la posibilidad de que finalmente ocurriera la visita del presidente Peña Nieto a la Unión Americana, para tener un primer encuentro con su nuevo homólogo estadounidense. En sí mismo, desde el inicio de su gestión, Trump ha utilizado a México como su pretexto para lucir un cambio en su política exterior: ha culpado a nuestro país de la pérdida de empleos y de competitividad en el mercado estadounidense, y por eso ha puesto a México como el aparente centro de las amenazas económicas para aquel país.

Por eso, su primer encuentro de Estado no fue con el Presidente de México —como había ocurrido históricamente, independientemente del cambio de prioridades estadounidenses, como pasó por ejemplo después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que la relación con México quedó relegada ante la decisión estadounidense de hacer la guerra en Medio Oriente—, y por eso el maltrato hacia nuestro país. Ello tendrá sus propias consecuencias, aunque por el momento lo que vale analizar es el escenario mexicano, a partir de las mismas actitudes —correctas y erradas— de nuestro Presidente.

En este marco, un apunte inicial debe apuntar a que Peña Nieto erró al pensar demasiado su reacción ante las actitudes de Donald Trump. Él es el Presidente y, según la Constitución, a él como Jefe de Estado le corresponde conducir la política exterior mexicana, bajo diversos principios que están supeditados a cuestiones básicas como la defensa del interés nacional, la dignidad humana y la conminación a que nuestro país sea tratado con el respeto mínimo que merece toda nación soberana. Aunque quizá lo hizo por prudencia, o por inseguridad, el Presidente no tenía que consultar ni con el Senado ni con la Conferencia Nacional de Gobernadores, ya que éste último organismo ni siquiera tiene constitución legal ni es parte de la vida institucional de México.

En este marco, se confirma el error de ‘revivir’ a Luis Videgaray como nuevo canciller del gobierno del presidente Peña Nieto. Quizá el gobierno mexicano no ha entendido que el presidente Trump está acostumbrado a vivir en la confrontación y en el escándalo, y que por ende ese es su hábitat natural y es donde se siente cómodo. Por eso, reviviendo a Videgaray, el Gobierno de México demostró lo preocupado que estaba por el futuro de su relación no con Estados Unidos, sino con su Presidente, y por lo dispuesto que estaba a tomar decisiones impopulares con tal de buscarle la cara y tratar de congraciarse con él.

Así, para alguien que está acostumbrado a vivir en la confrontación, ese era el mejor escenario: sabía que ante tales pautas de indignidad, podría tomar prácticamente cualquier actitud de fuerza y que la respuesta sería tibia. Eso lo comprobamos todos entre el miércoles y ayer, cuando Trump recibió a la delegación mexicana con el anuncio de la orden ejecutiva para la construcción del muro, y luego fue él quien condicionó el encuentro con Peña Nieto a la aceptación de que sea México quien pague el muro fronterizo.

TEMORES FUNDADOS

Existen hoy una serie de temores fundados, que no deben orillarnos al fatalismo. Por ejemplo, la decisión de dar por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —ya sea por la decisión mexicana de salir de él, o por la estadounidense, que quizá ocurra primero— será de consecuencias muy complejas para ambos países sin que eso signifique que se terminará el comercio internacional, o que esto sea catastrófico sólo para México.

Finalmente, el intercambio de mercancías no terminará, sino que se modificará, pero con toda seguridad será tan costoso para los estadounidenses como para los mexicanos. ¿La razón? El costo de manufactura dentro de Estados Unidos será muy superior a los aranceles —es decir, los impuestos de ingreso— que deba pagar un producto fabricado en México. Aquí estamos ya muy acostumbrados a consumir productos estadounidenses a precios competitivos, pero lo mismo ocurre en los Estados Unidos.

El fin del tratado comercial incrementaría los costos de los productos, y en el mediano plazo frenaría el potencial económico que hoy busca detonar Trump con empleos que quién sabe si sean costeables por un mercado golpeado por una cuestión inflacionaria previsible, producida por el incremento del costo de producción de los productos.

CONCIERTO INTERNACIONAL

Son momentos de cambios muy complejos, y de regresión. Sin embargo, sigue habiendo oportunidades para México de impulsar y encabezar el concierto internacional por los valores democráticos que está dinamitando Donald Trump: ese concierto internacional, o consenso entre naciones, debe ir enfocado a la defensa de la dignidad de las personas y de las naciones, del trato equitativo, de la proscripción de la violencia y la hostilidad, del rechazo a las prácticas de odio y discriminación. Hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otra nación. Por eso México debe impulsar el consenso a favor de los valores comunes que la rapacidad de Trump están devastando.

¿De verdad un Presidente puede gobernar sólo por la vía del decreto?

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+ Democracias civilizadas, incluso México, han demostrado lo contrario


Donald Trump lleva seis días en el gobierno y comenzó asustando al mundo con la emisión de una serie de ‘órdenes ejecutivas’ para tratar de cumplir con sus promesas de campaña. Ha firmado órdenes para la construcción del muro con México, para establecer la salida de Estados Unidos del Acuerdo Trans Pacífico; otras más para autorizar oleoductos que habían sido cancelados por el gobierno de Barack Obama, y para suspender fondos a las llamadas ‘ciudades santuario’ que ofrecen derechos y servicios a inmigrantes indocumentados. El mundo está asustado con sus acciones. Pero, ¿en una democracia madura —y en algunos sentidos hasta modélica— como la estadounidense, de verdad Trump podrá gobernar sólo por decreto?

En efecto, Estados Unidos ha sido, con y sus errores y excesos, un modelo para las democracias contemporáneas en el mundo. Si consideramos el tránsito continental de la democracia durante el siglo XX, podremos ver que mientras la mayoría de los países latinoamericanos pasaron por dictaduras y gobiernos autoritarios —en el caso de México, por el largo régimen de partido hegemónico, que simuló un ejercicio democrático hasta los albores del siglo XXI—, la democracia estadounidense fue la única estable y capaz de mantener su estructura republicana, de división de poderes, y de frenos y contrapesos, que fue una de sus diferencias específicas fundamentales con las demás naciones, desde que apareció en el concierto internacional.

Acaso en las últimas tres décadas, en todos los países hemos visto cómo la estructura de la mayoría de los Estados en el continente se ha ido robusteciendo, y cómo a pesar de las experiencias complejas de Venezuela, Bolivia o Cuba, la mayoría de los países ha ido hallando su equilibrio democrático: esa estructura en la que ninguno de los poderes tiene capacidad de aplastar al otro, y en el que funcionan cada vez de mejor manera los frenos y contrapesos que rigen las relaciones republicanas y la división de poderes. Así, aún con sus intermitencias y momentos críticos, aquel silogismo de que el “el Presidente propone, y el Congreso dispone” paulatinamente ha ido ganando terreno en la mayoría de las democracias de nuestro convulso continente.

De todo eso, Estados Unidos ha sido también la muestra. A pesar de los vaivenes entre los regímenes republicanos y demócratas —con sus amplísimas diferencias ideológicas, y sus contrastantes programas de gobierno y hasta planteamientos sociales, políticos y morales—, lo que ha quedado claro es que ningún Presidente ha tenido la fuerza ni la capacidad de sobreponerse a los límites que le ha puesto el Congreso.

Muestras de ello hay abundantes: George W. Bush no pudo lanzar la guerra contra el islam al nivel que planeaba; Obama nunca pudo completar su reforma migratoria, ni consolidar la del sistema de salud, ni llevar a la ley muchas de sus medidas más progresistas. La razón, siempre, radicó en un Congreso fuerte que ha siempre limitado el poder de los sucesivos Presidentes y los ha contenido en sus deseos de materializar sin oposición sus respectivos programas de gobierno.

OTRAS EXPERIENCIAS

Incluso, en democracias menos maduras, como la mexicana, hoy es imposible que el Presidente gobierne por decreto. El presidente Enrique Peña Nieto ha intentado pasar a la historia por su programa reformista, que justamente se fue complicando en los últimos veinte años por la incapacidad de los tres presidentes anteriores (Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) para lograr los consensos necesarios en el Congreso para sacar adelante temas como la reforma energética, educativa, laboral y financiera.

Peña Nieto lo logró justamente en el primer tercio de su gobierno gracias a la legitimidad que le daba el bono democrático con el que comenzó su gobierno. Es claro que hoy, en el último trecho de su gestión, ni en el mejor de sus sueños, Peña Nieto tendría la capacidad y la fuerza para lograr ni la mitad del consenso que logró para cualquiera de esas reformas.

Por esa razón hay que distinguir y asumir las bravuconadas de Trump. Lleva seis días en el poder y está intentando gobernar por decreto, en una expresión de moderno despotismo. Tiene mucho de fondo el hecho de que no haya considerado al Partido Republicano para impulsar sus acciones desde el Congreso —y que ese partido tampoco se haya expresado—, y que todo esté intentando consolidarlo a través de acciones ejecutivas, que serían lo que en nuestro sistema conocemos como decretos. Es claro que las capacidades presidenciales son amplias pero no omnímodas, y que será cuestión de tiempo para comenzar a ver qué relación entabla con el Congreso, y qué límites le ponen si es que los republicanos no quieren terminar siendo una comparsa de su propio Frankenstein.

Por eso la posición de México debe ser muy inteligente: cada agravio de Trump debe ser considerado, a pesar de que sea más lo que parezca que lo que realmente ocurra. El comercio con Estados Unidos posiblemente cambie en algunas condiciones, pero no terminará. La relación entre mexicanos y estadounidenses tampoco, porque en ambos lados de la frontera hay amistad y relaciones profundas frente a las que Trump y su odio no son reflejo homogéneo.

¿QUIÉN DEBE ESTAR MÁS PREOCUPADO?

México tiene mucho en juego, pero tiene más Estados Unidos: un payaso populista, mentiroso y bravucón, pondrá a prueba la madurez y la civilidad del sistema político estadounidense. Por eso, a los mexicanos nos preocupa lo que pasa. Pero si los estadounidenses son de verdad conscientes de los retos de su democracia, deberían estar aterrados por la afrenta y los riesgos de fondo que implica Trump, que parece empecinado en demostrar el agotamiento de las instituciones democráticas y la Constitución estadounidense.

Nada cambia mientras haya discrecionalidad en designación de administradores

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+ Avilés, marcado por la tentación de maniobrar sin formas ni respeto al gobierno


A nadie debería sorprender la insultante lista de administradores municipales que dio a conocer la Secretaría General de Gobierno. Es reflejo de la discrecionalidad que prevalece en la Constitución y en la ley respecto a la facultad de designación de los mismos, pero también del ominoso espacio de libertad que tiene el actual titular de la General de Gobierno para seguir actuando según sus conocidos parámetros, en los que no existe preocupación por las consecuencias o la opinión externa de sus actos. Así, no sólo se trata de la discrecionalidad, sino también de la indiferencia ante la percepción de las decisiones.

En efecto, la noche del lunes la Secretaría General de Gobierno dio a conocer los nombres de los primeros 17 administradores que fungirán como autoridad municipal provisional en igual número de municipios en los que no se pudo realizar la elección de autoridades constitucionales. En la opinión generalizada, la lista de nombres fue ofensiva no sólo porque demostraba la subsistencia de la necedad de Avilés por designar a personas cuestionadas en esos cargos, sino porque incluso ahora fue más lejos que en sus tiempos de operador político del PRI, y más recientemente de diputado y mandamás de la LXII Legislatura. ¿De qué hablamos?

De que todavía en la Legislatura anterior, Avilés —en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política— se vio obligado a equilibrar la lista de administradores municipales, haciendo una especie de ‘reparto’ con las demás fracciones parlamentarias, e incluso con su misma bancada. Así, esa lista —que siempre tuvo el problema de la inconstitucionalidad, pero que por complicidad ninguna bancada impugnó— integraba a personajes propuestos por las bancadas panista y perredista, pero también incluyó a personajes cercanos a diputados priistas como Adolfo Toledo Infanzón, como fue el caso de Vicente Noriega Betanzos, que fungió como administrador de Santo Domingo Ixcatlán.

En la LXII Legislatura, no sólo hubo el cuestionamiento generalizado por el nombramiento discrecional y ‘repartido’ entre las tres bancadas de todos los administradores, sino que también hubo señalamientos —en su momento, en este espacio se reseñó ampliamente el tema— por la decisión inconstitucional del Pleno, empujada por Avilés, de facultar a la Junta de Coordinación Política, que él presidía, para que llevara a cabo los nombramientos de administradores.

Así, con esa maniobra ilegal, Avilés evadió el fastidio de tener que hacer públicos los nombramientos de administradores, y someterlos a la aprobación del Pleno del congreso, y gracias a ello mantuvo a prácticamente todos sus administradores durante los tres años del anterior periodo de autoridades municipales, sin que se resolvieran los problemas políticos que habían prometido encauzar, en los 90 días para los que se supone que fueron nombrados los administradores —nombramientos que fueron renovados sucesivamente hasta completar un trienio.

Luego, por una maniobra del mismo Avilés, al final de su Legislatura se reformó la Constitución para entregar la facultad al Ejecutivo. Se logró, pero la reforma no fue bienvenida, porque en realidad el problema de fondo no radica en quién nombra a los administradores, sino bajo qué criterios y a partir de qué consensos sociales y políticos lo hace.

INDOLENCIA TOTAL

Hay un primer cuestionamiento común en la lista de los primeros 17 administradores nombrados por Avilés: los designados, además de ser sus socios o subordinados, en su mayoría son personajes cuestionados por sus antecedentes en el cumplimiento de esas mismas responsabilidades. Hay varios ejemplos. Dos de ellos son Juan José Osante Pacheco, que fue administrador de Mazatlán Villa de Flores y ahora fue designado como autoridad provisional en Santiago Matatlán; otro ejemplo, de entre varios, es Cuitláhuac Victoria Huerta, que ha sido administrador de Santo Domingo Ixcatlán y de San Mateo Peñasco, y que ahora será administrador de Santa Catarina Lachatao.

¿Cuáles son los antecedentes personales, profesionales, morales y políticos de esos personajes, como para ser designados reiteradamente como administradores? ¿Cuál es su productividad y capacidad de lograr la concordia y la avenencia entre las comunidades que han administrado, para cumplir con el propósito para el que se les designó, que no es el de ser autoridades sin Cabildo, sino facilitadores en la construcción de soluciones a los problemas políticos?

Lo cierto es que lejos de haber construido una reputación de eficacia en el cumplimiento de los objetivos para los que existe la figura del administrador municipal, la gran mayoría de ellos han acumulado señalamientos por corrupción, por desvío de recursos y por ser instigadores en la profundización de los conflictos intramunicipales. De hecho, la persistencia de la ingobernabilidad es lo que justifica su permanencia en las administraciones municipales; y por ello, esos personajes se han especializado en atizar los conflictos y no en ayudar a resolverlos.

DESCARO

Hoy la única diferencia es que Avilés ya perdió lo último que le quedaba de pudor. No le importó arrastrar al cuestionamiento al gobernador Alejandro Murat, con tal de persistir en su empecinamiento a favor de esos personajes cuestionados por la opinión pública, y rechazados por las comunidades en conflicto. Tan no le importó, que ni siquiera por eso guardó las formas. Él, como político, es impermeable a la crítica. Lo que no entiende es que hoy el mal fario no sólo se lo lleva él, sino que lo comparte con el gobierno para el que trabaja, y al que se supone que debería cuidar, aunque con sus acciones lo denigra.

Los partidos ya no deben recibir más financiamiento público

 

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+ Tiempos de crisis, contrastan con su caudaloso financiamiento


Es paradójico y preocupante que los únicos entes que desde hace cuarenta años no han vivido ninguna crisis económica, y tampoco se han solidarizado con los ‘apretones de cinturón’ que la realidad le ha impuesto periódicamente a toda la población, sean los partidos políticos. Ellos, que se asumen como representantes de la pluralidad política y el ejercicio democrático entre los mexicanos, han tenido siempre una carrera económica ascendente que los tiene hoy en el punto de la ignominia. Mientras toda la población sufre por la escalada de precios, y por la disminución del poder adquisitivo de la moneda, los partidos han vivido, y siguen viviendo, en una jauja hasta ahora imparable.

En efecto, en el ámbito nacional actualmente se discute la necesidad de que disminuya el costo de la manutención de los partidos e instituciones electorales. En términos globales, el Estado mexicano invierte cada año más de 8 mil millones de pesos sólo en la provisión de prerrogativas para los partidos políticos nacionales, independientemente de si es o no año en que se celebren procesos electorales. A esto hay que sumarle la suma de dinero del presupuesto federal que se destina cada año al INE y a los tribunales electorales de todo el país. Al final del día, es evidente que este es un problema de grandes dimensiones a la luz de los complicados tiempos económicos para el país, y de la necesidad de reducir la obesidad burocrática —y ‘partidocrática’— del país.

En Oaxaca la situación no es distinta. Ayer TIEMPO reportaba en su primera plana que los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista lucharon hasta el último minuto para que el IEEPCO, no los dejara sin prerrogativas, pese a no haber logrado en el pasado proceso electoral el 3% de la votación requerida, pues dejarían de percibir sumas millonarias que, en el 2016, ascendieron por concepto financiamiento ordinario, a más de nueve millones de pesos entre los dos partidos, independientemente de los montos extraordinarios que recibieron por haber sido año de proceso electoral.

De hecho, este parece ser algo así como un ‘segundo round’ de una lucha que iniciaron en Oaxaca los partidos minoritarios cuando se realizó la última reforma electoral estatal, en 2015. Ahí, por un acuerdo político, las tres principales fuerzas políticas pactaron con los partidos minoritarios (que tenían 6 curules en la LXII Legislatura) que la Constitución local dispusiera que los partidos de conformación indígena debían demostrar sólo el 2% de participación para mantener el registro, y no el 3% como lo establece la legislación nacional de la materia. La Corte echó abajo esa disposición, y esa fue la causa por la que perdió el registro el Partido Social Demócrata de Manuel Pérez Morales, y casi le ocurre lo mismo al Partido Unidad Popular.

Lo sorprendente es que los beneficiarios de esa polémica resultaron ser dos partidos sin base social real, ni ascendencia entre el electorado. En Oaxaca, tanto el Verde como el PES nunca han dejado de ser sino partidos testimoniales, y han representado con más ahínco intereses políticos que verdaderas causas ciudadanas.

HISTORIA DE ABUNDANCIA

En el fondo, todo esto es reflejo de una situación nacional: desde la gran reforma política de 1977, una de las constantes de todas las modificaciones al sistema de partidos es que siempre el presupuesto público se ha mantenido en una escala ascendente, hasta llegar a niveles increíbles de financiamiento y trato diferenciado a los partidos, en aras de que éstos representen de mejor forma las expresiones políticas y la vida democrática entre los mexicanos.

Esta es una historia trepidante: pues como lo señalaba hace algunos días el doctor César Astudillo (http://eluni.mx/2jq0Gx4), inicialmente se les concedió el uso permanente de los medios de comunicación social, enseguida se les abrió la puerta del financiamiento público para el sostenimiento de su actividad política y para hacer frente a las campañas electorales, de manera complementaria al financiamiento proveniente de sus militantes y organizaciones simpatizantes; asimismo, se les exentó del pago de impuestos y derechos, se les reconocieron franquicias postales y telegráficas y se les apoyó en sus labores editoriales. Más tarde se le aprobó el reembolso del 50% de los gastos realizados en actividades de educación y capacitación.

En 1996 se institucionalizó el apoyo a la gestión de los partidos mediante las arcas del Estado al establecerse que el dinero público debía primar sobre el privado, y como consecuencia de ello, se acordó que al margen del financiamiento aportado por la federación, debían incorporarse 32 fuentes de financiamiento adicionales para que los partidos tuvieran acceso al financiamiento ordinario y de campaña a través de distintas fórmulas de cálculo y, por ende, en diferentes parámetros económicos, en las respectivas entidades federativas en las que competían por el poder. A esta escalada de apoyos se sumó la gratuidad del acceso a miles de spots en radio y televisión, producto del nuevo modelo de comunicación política, y se adicionó una nueva y generosa fórmula para calcular la bolsa del financiamiento público a repartir, impulsadas por la reforma de 2007.

JAUJA EN MEDIO DE LA CRISIS

Todavía la reforma de 2014 involucró nuevos incrementos presupuestales para partidos e instituciones electorales que, en estos tiempos de carestía y crisis, resultan ya injustificables. Paradójicamente, nuestra vida democrática es proporcionalmente tan cara como carente de credibilidad. Por eso, el millonario costo de los partidos debe revisarse a la baja de inmediato.

Trump y las protestas, ante la construcción de una oposición activa

 

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+ En México llevamos años dizque intentándolo aunque en el fracaso


El viernes tomó posesión del cargo de Presidente de los Estados Unidos el republicano Donald Trump, y al día siguiente una parte del pueblo norteamericano le contestó, dentro y fuera de su territorio, con multitudinarias protestas a su política de fascismo, discriminación, odio y segregación. Esa primera manifestación debe ser ahora punta de lanza de la oposición civilizada e inteligente que los norteamericanos ahora deberían construir, hoy que la elección terminó y que también quedó atrás la necesidad de aparentar actitudes de tolerancia a las rapacerías del nuevo presidente de los norteamericanos. Ese es un reto para los estadounidenses, pero un eco importante nos llega a México, donde tenemos años pensando —y fracasando— en cómo construir una oposición eficaz e inteligente.

En efecto, el viernes Trump tomó protesta en un desangelado acto en la capital de la Unión Americana, y el sábado multitudinarias marchas hicieron eco en todo el mundo, encabezadas por mujeres indignadas por las actitudes personales de misoginia demostradas por el ahora Presidente, y secundadas por personas que rechazan las actitudes homofóbicas, segregadoras e intolerantes del ahora Mandatario estadounidense. Esta primera parece ser la primera demostración de fuerza, luego de que Trump ganara la elección presidencial en noviembre con una mayoría holgada en el Congreso, que le permitiría un muy amplio margen de maniobra en la implementación de sus políticas.

Hoy lo que sigue, si todas esas personas que manifestaron su rechazo a Trump, es construir una política de oposición inteligente, y no sólo seguir gritando en las calles. Sería poco probable ver, en el futuro cercano, al ex presidente Barack Obama, o a su esposa Michelle, encabezando esa oposición; pero a quien sí deberíamos ver desde el primer día es a Hillary Clinton, en alguna medida respondiendo al voto mayoritario que recibió como candidata a la Casa Blanca, pero también como un acto de correspondencia y corresponsabilidad por sus contribuciones a la derrota. Si más de la mitad de la gente que votó en Estados Unidos, lo hizo por ella, ahora Clinton debería ser, desde el sábado mismo, la garante de una oposición necesaria en aquella nación.

Esto no debería ser algo sorprendente. De hecho, el mundo entero ve con incertidumbre el inicio de un gobierno que ha demostrado tener una enorme proclividad al proteccionismo, al odio y a la segregación, cuando se supone que la nación norteamericana misma ha sido siempre impulsora de los valores contrarios: es decir, la apertura, la pluralidad y el libre intercambio. En esa lógica, si Trump tiene tanta fortaleza institucional, entonces se necesita esa misma dosis para establecer una fuerza opositora capaz de demostrarle que no le permitirán hacer lo que le plazca, y que permanentemente habrá personas organizadas buscando la manera de oponerse sólo para equilibrar sus políticas que hoy tienen asustado al mundo entero.

Ello tendría que lograrse a partir de una oposición inteligente y de formas eficaces de quejarse y de lograr no sólo el lamento, sino el freno y el equilibrio al gobierno en turno. Ese ha sido uno de los paradigmas nunca materializados en México que nos tiene, en nuestro propio contexto, a punto del colapso.

OPOSICIÓN FRACASADA

Un imperativo parece claro desde hace mucho tiempo en México: México no puede seguir en la ruta por la que hoy transita. Todos, sin excepción —el Presidente, los partidos políticos, los grupos empresariales y la sociedad en general— coinciden en que son necesarios acuerdos y equilibrios que permitan un mejor gobierno. Sin embargo, la realidad parece distinta, porque el Presidente ha gobernado bajo la premisa de que ni la pluralidad, ni la democracia ni los equilibrios de poder, son suficientes para acotar las amplias potestades presidenciales.

En esa lógica, el gobierno federal se ha encargado de ningunear a todas las fuerzas o factores de poder cuando no concuerda con ellos, y de actuar insensiblemente, y sin la posibilidad de lograr o propiciar acuerdo alguno. En la contraparte, los partidos opositores ni han encontrado vías correctas para generar esa oposición de fondo que necesita el país, y tampoco han hecho mucho por propiciar los cambios. La lentitud de los cambios institucionales en México es signo claro de ello.

E incluso, desde las mismas trincheras de la sociedad, ha faltado quizá compromiso con el país: los mexicanos debíamos de comenzar a tener un papel más activo en la construcción de un país distinto y mejor, y no seguirnos conformando con salir a votar.  Las concepciones tradicionales de la democracia nos han llevado a concebirnos como parte de ella —es decir, como actores de la democracia— únicamente cuando, el día de la jornada electoral, salimos a emitir nuestro sufragio a favor de alguna fuerza política o candidato. Ese es sólo el principio de todo pero no el fin que deberíamos perseguir como parte de la democracia.

RETO COMÚN

No obstante, pareciera que hemos construido una sociedad que más allá de las amenazas del “estallido social”, no sabe pedir, no sabe exigir, no sabe inconformarse e incluso no sabe cómo quejarse efectivamente, y a través de los cauces debidos, para que el gobierno y los poderes se sientan conminados a atender los reclamos. De nada vale ser únicamente actores pasivos en la construcción de la agenda pública, o que según nosotros contribuyamos a construirla cuando nuestra única actuación consiste en gritar, vociferar y exigir de modo tan efímero, como lo hace un fuego artificial. Hoy queda claro que ese es un reto en México, pero más aún en los Estados Unidos ante su nuevo Presidente.

El Chapo, la asunción de Trump y las formas mexicanas para quedar bien

 

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+ Cooperación internacional no sólo está en los autos: seguridad, prioritaria


No es una casualidad que el gobierno mexicano haya decidido jugar rudo, en un asunto específico, en vísperas de la toma de posesión del republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Desde hace meses, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —y el país entero junto a él— vive una pesadilla por los nocivos efectos económicos de la campaña sistemáticamente antimexicana lanzada por Trump como eje de su aventura presidencial. A partir de hoy, tendrán que menguar los escupitajos y las amenazas del Presidente estadounidense; pero México tendrá que demostrar que la relación bilateral tiene más temas que la presión a las armadoras de automóviles.

En efecto, en las últimas semanas ha habido una franca guerra epistolar directamente entre Trump, en su calidad de presidente electo, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La base de las diferencias han sido las presiones ejercidas por el Presidente estadounidense a algunas empresas fabricantes de automóviles para dirigir sus inversiones y generación de empleo hacia el territorio estadounidense; y la aseveración del Presidente mexicano respecto .

En los últimos años, México ha sido uno de los países favoritos para las inversiones de la industria automotriz, porque representa costos de producción mucho más bajos que en los Estados Unidos, y una posición privilegiada respecto a los mercados consumidores más importantes del mundo. El problema, es que esa posición privilegiada provocó el cierre de fuentes de trabajo en los Estados Unidos, para trasladarlas a México.

Y esa fue una de las bases discursivas de la campaña del Partido Republicano para ganar la contienda presidencial en estados clave que fueron perjudicados directos por el traslado de la industria automotriz de Estados Unidos a México: prometer a esos miles, quizá millones de trabajadores estadounidenses que en los años de vigencia de Tratado de Libre Comercio, sintieron que perdieron los empleos, la capacidad productiva, y el poder adquisitivo que tenían gracias a que la producción automotriz, y de muchas otras industrias, se trasladó a México, que esos empleos y capacidad económica volvería a los Estados Unidos.

Ello es lo que explica el interés de Trump por presionar de entrada a las armadoras estadounidenses —Ford, General Motors, y Fiat-Chrysler— a cancelar sus inversiones en México para trasladarlas a los Estados Unidos; y amagar a otras empresas de origen no estadounidenses como Toyota o BMW con establecerle impuestos especiales de importación a los Estados Unidos, si direccionaban sus inversiones hacia México. Esas maniobras tuvieron un efecto inmediato en la estabilidad económica mexicana, aunque en realidad ninguna opinión seria ha logrado sostener que en el mediano plazo esa política traerá más beneficios a Estados Unidos, que daños económicos a México.

Lo interesante es que en eso se ha centrado la disputa entre Estados Unidos y México, a pesar de que todas las voces autorizadas señalan que la relación entre las dos naciones tiene más profundidad que el solo tema del empleo o del establecimiento de la industria automotriz. La abrupta extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán es clara muestra de ello.

MUESTRA DE VOLUNTAD

Cuando hace casi un año fue recapturado, los abogados del Chapo Guzmán anunciaron que interpondrían todos los recursos legales a su alcance para impedir que su cliente fuera extraditado. Incluso, cuando a mediados de año se dejó correr la versión de que el propio Guzmán estaba negociando los términos de su extradición directamente con la justicia de los Estados Unidos, sus abogados volvieron a reiterar que no estaba en la voluntad del capo ser enviado a una prisión estadounidense.

En esa lógica, la defensa legal de Guzmán cumplió su palabra presentando todos los mecanismos de defensa y recursos que provee la ley, para ser extraditado. Entonces quedó claro que el tema no era un asunto de voluntad por parte del criminal, pero que tampoco estaba cruzado de brazos para cuando el gobierno mexicano decidiera extraditarlo. Así, casi inmediatamente después de que un tribunal colegiado le negara la protección de la justicia federal en contra del procedimiento de extradición que se le seguía, el Capo fue subido a un avión y puesto la misma noche de ayer a disposición de una Corte federal del estado de Nueva York.

¿Qué significa esto? Que linealmente, la extradición fue resultado de la derrota judicial de la defensa de Guzmán Loera. Sin embargo, esto ocurre en el contexto en el que México está urgido de elementos que lo acrediten ante el gobierno estadounidense, en un tema tan delicado como el de la seguridad binacional. El otro eje político de Trump ha sido la construcción de un muro en la frontera con México, y una de las justificaciones ha sido la necesidad de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, de la que Guzmán es su referente más icónico.

PAUTAS

México, en el fondo, estaría dando la pauta para demostrar al gobierno estadounidense que la cooperación en materia de seguridad rebasa la tirante relación entre Donald Trump y nuestro país, y que finalmente, como naciones, México y los Estados Unidos deben darse muestras recíprocas de voluntad para luchar contra la delincuencia organizada, que se supone que es un enemigo común de los dos gobiernos, y de las dos naciones. Con un acto como ese, en vísperas de la asunción presidencial de Trump, sería una invitación abierta a la cooperación binacional en un escenario en el que el nuevo Presidente estadounidense ha reprochado muy por encima de la necesidad de proponer soluciones.