+ Conflicto en la FDyCS, síntoma de que su poder comienza a mermar

El propio contexto en el que ocurre el conflicto por la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, explica por qué la propia administración universitaria abogó por la liberación de todos los detenidos por la quema de la puerta lateral del Edificio Central, el jueves pasado. Es claro que el grupo que controla la Universidad está tratando de encubrirse y protegerse. Fueron los mismos enviados de la Rectoría, y de los Martínez Helmes, los que provocaron los daños. Por eso tanta laxitud en la justicia que demandan, pero no procuran.

En efecto, el mismo viernes se dio a conocer que los dos porros que habían sido detenidos en las primeras horas del enfrentamiento por el control del Edificio Central Universitario —icónico monumento de la Verde Antequera— habían sido liberados, tras corroborarse que ellos no tenían ninguna responsabilidad en el hecho mayor, que fue la quema de la puerta lateral del edificio. Esos dos porros, sin embargo, eran parte del grupo que fue enviado a desalojar a los estudiantes y catedráticos inconformes con la forma en que se procesó la elección del Director de la Facultad de Derecho, aunque fueron detenidos varias horas antes del incendio. Por eso, nadie protestó por esas dos primeras liberaciones.

Lo que habría que preguntarse es qué pasó después, porque parece que aún nada de eso está muy claro. La secuencia de hechos, indica que partidarios del candidato descalificado, Miguel Ángel Ramírez, se quedaron en poder del Edificio Central con la premisa de impulsar desde ahí la creación de una nueva Facultad de Derecho, alterna a la que tiene su sede en Ciudad Universitaria. Ahí estuvieron casi una semana —del viernes 11, al jueves 17 de noviembre—, hasta que ese día fueron desalojados violentamente por porros enviados por el Director de la Facultad, que quería no sólo recuperar el Edificio Central, sino dejar a los inconformes sin un espacio físico de resistencia.

Cuando los profesores y alumnos partidarios de Ramírez Hernández fueron desalojados, hubo incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en las horas siguientes. Los porros que ingresaron al Edificio tenían la orden de mantenerse dentro del inmueble y resguardarlo de cualquier posible intento de recuperación.

Y, de hecho, un grupo afín a Ramírez Hernández sí habría intentado reingresar al inmueble en las primeras horas de la tarde. Habría utilizado una valla metálica para tratar de abrir la puerta, cosa que no lograron porque quienes estaban dentro del edificio instalaron una barricada en el quicio de la puerta lateral del Edificio Central, con mobiliario sustraído de aulas y oficinas, para impedir que pudieran abrir el portón de madera.

Evidentemente, no lograron acceder al inmueble, aunque para esa hora ya había amplia presencia policiaca en la zona para impedir que hubiera algún enfrentamiento. Hay incluso, videos y fotografías publicadas por diversos medios de comunicación que muestran cómo a los elementos de la Policía Estatal que intentaban resguardar la puerta del inmueble para evitar la gresca, fueron sorprendidos por el fuego que se generó desde el interior del Edificio. Por esa razón, la puerta se quemó desde dentro junto con todos los objetos —mesabancos, butacas, escritorios, sillones y todo lo que hallaron dentro de las oficinas y salones del Edificio— que habían puesto como barrera física para impedir el acceso.

“MÍO O DE NADIE…”

Esa es la lógica de quienes ordenaron incendiar la puerta lateral del Edificio Central de la UABJO: preferir que ardiera el pórtico, y el prestigio universitario, con tal de mantener el control político y aislar a los adversarios. Lo lograron, aunque parcial y momentáneamente. Fue así porque, en efecto, lograron despojar a los universitarios inconformes con las maniobras para mantener el control de la Dirección de la Facultad de Derecho, del espacio físico que ocupaban, y para dejarlos sin la posibilidad de contar con una sede para su pretendida Facultad alterna de Derecho.

También maniobraron para darse una imagen de democráticos defendiendo a quienes fueron detenidos, bajo el argumento de que ellos fueron víctimas y no provocadores de este desastre. La maniobra ha tratado de encubrir no sólo la responsabilidad directa en el incendio, sino la procedencia de la orden para generarlo. Por eso, al día siguiente corrieron versiones de que desde la calle de Macedonio Alcalá se había lanzado una bomba molotov para provocar el fuego, cuando en tiempo real se pudo constatar que la quemazón inició al interior del edificio. Al gestionar el Abogado General la liberación de los detenidos, intentan asumir la postura de la defensa contra la criminalización de personas inocentes. Aunque en realidad están tratando también de rescatar a sus porros.

¿QUÉ SIGUE?

Dentro de la Universidad, tratarán —y, de hecho, ya comenzaron— de amedrentar a sus opositores. Buscarán también generar más divisiones. El problema es que sectores sindicales tradicionalmente confrontados, están hallando coincidencias en contra de la administración universitaria —y la llamada “familia real”—, que cada vez tiene más problemas para mantener el control universitario. Por eso, cada vez actúa con mayor irracionalidad y violencia. De no haber una intervención política al más alto nivel, dentro de poco tiempo tratarán de hacer con toda la Universidad, lo mismo que con el Edificio Central: quemarlo, antes que permitirle un solo espacio a quienes no comulgan con ellos.

+ Gobernadores ladrones; partidos defraudadores: ¿Qué más nos queda?

Es preocupante, aunque no inexplicable, que ante la defraudación de diversas expresiones políticas hacia los ciudadanos, el país esté regresando a los sectores conservadores tradicionales. Esos sectores no están representados en las fuerzas de derecha en el país, sino más bien en quienes —desde instituciones como la iglesia, hasta en algunos partidos— intentan vender ideas a partir de posiciones inamovibles. Este es un juego peligroso que debemos comprender para entender hacia dónde vamos como país.

En efecto, hoy el escenario nacional es nada halagador: el partido que gobierna a nivel federal ha demostrado no tener voluntad profunda de cambio: al contrario, el Presidente de la República ha sido el primero en ser evidenciado como un político incapaz de sostener su intachabilidad personal y política. Lejos de eso, se han revelado actos de corrupción, conflictos de interés en los que pudo haber incurrido, e importantes deficiencias en su gestión como gobernante. Básicamente, pareciera que en México estamos enfilados a asumir la segunda alternancia de partidos en el poder presidencial, nada más que como un segundo fracaso.

El problema es que ahí no termina la crisis. En el ámbito estatal, hay una lista enorme de gobernadores y servidores públicos que enfrentan denuncias por corrupción. Al menos tres gobernadores se encuentran sujetos a investigación por sus posibles vínculos o con la delincuencia organizada, o con redes de lavado de dinero que intentaron llevar a manos privadas intereses, bienes y recursos sustraídos de las arcas estatales.

Lo que resulta aún más crítico, es que esos gobernadores que hoy son investigados corresponden a dos generaciones que se supone que constituían la posibilidad de cambio en la forma de gobernar, respecto al régimen priista de antes del año 2000. Una de esas generaciones fue la de los gobernadores emanados de alianzas electorales; y la segunda, fueron los llamados “gobernadores jóvenes” que se supone que generacionalmente venían a relevar a quienes habían crecido en la tradición política que se quiso erradicar con la alternancia del inicio del presente siglo.

En los gobernadores aliancistas había una gran esperanza porque ellos representaron la primera gran posibilidad de cambio, y de superar a las tradicionales estructuras priistas. Se creía también —aunque en términos más “académicos”— que los gobernadores emanados de alianzas electorales, tendrían gobiernos más eficaces por la colaboración de varias fuerzas políticas en la conformación de planes y programas de trabajo conjuntos, y porque compartirían responsabilidades en los resultados de la gestión, frente a la ciudadanía.

Nada de eso ocurrió: todas las alianzas fueron eminentemente electorales, y tanto gobernantes como partidos prefirieron las parcelas y los intereses, que la necesidad de darle viabilidad a los gobiernos de coalición que hoy, aunque aparecen en la Constitución como figura política, están desacreditados sin haberse siquiera puesto en marcha.

Junto a ellos, los gobernadores jóvenes —Duarte, Borge, Padrés y otros que siguen en la impunidad— reflejaron el fracaso de la primera generación relativamente joven de políticos. Todos demostraron desbocamiento, excesos, descontrol e incapacidad de entender el rol al que estaban llamados. La expectativa en ellos es que demostraran mejores capacidades para gobernar. Pero, según los hechos, fue todo lo contrario a partir de que hicieron gobiernos más desastrosos incluso que sus antecesores, a quienes combatieron electoralmente a partir de la brecha generacional.

Si los gobiernos de coalición están claramente desacreditados; y si ocurre lo mismo con los políticos “jóvenes”, ¿entonces qué opción nos queda?

REACCIONARIOS

Para muchos, la opción es Andrés Manuel López Obrador por su apariencia de progresista, aunque en realidad asuma posiciones tan reaccionarias, en temas particularmente sensibles, del mismo modo que como lo hacen algunos de los sectores más conservadores y retrógradas de la sociedad mexicana.

Por ejemplo, López Obrador ha sido el único político en México que se ha pronunciado porque temas como el matrimonio igualitario, o el aborto, sean sometidos a una consulta ciudadana, como si los derechos fundamentales pudieran estar sometidos a la democracia. Esa, que es una posición política inadmisible, resulta ser la más cercana a la de la Iglesia Católica, que abiertamente se ha pronunciado en contra en esos temas.

¿Por qué el riesgo? Porque pareciera que cada que en México hay una crisis de credibilidad política, todos apuestan a regresar a esas instituciones que no cambian. La más icónica de todas, es justamente la Iglesia Católica que para muchos ha sido el principal bastión en contra de cualquier idea revolucionaria —de ahí el calificativo de reaccionaria— y porque es la única que nunca ha titubeado en sus ideas, ni las ha traicionado, a pesar de que éstas puedan ser las más nocivas para el país.

Parece que ese es el rumbo que lleva México ante la crisis que la propia clase política sigue alimentando, como si estuvieran en medio de una carrera ferozmente autodestructiva.

ENHORABUENA

Mass Comunicación es el más eficiente servicio de monitoreo de medios en Oaxaca, y una herramienta indispensable para todos los que tenemos alguna relación con la labor informativa, así como para quienes tienen relación con las tareas públicas. Con esfuerzo y dedicación, el equipo comandado por Salvador Nogales acaba de relanzar su servicio con una plataforma práctica e innovadora. Enhorabuena por ellos, que son un equipo profesional y eficiente. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

+ Alianzas políticas: o se evitan, o se impulsan de cara a la ciudadanía

En Oaxaca tenemos ya una historia larga de coaliciones estériles y, por la estabilidad y credibilidad del nuevo gobierno, y de la propia Legislatura, deberían evitarse las alianzas de facto o, de lo contrario, establecerse con corresponsabilidades y de cara a la ciudadanía. Es el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, cuya fracción parlamentaria en el Congreso local ofrece un voto de confianza a la administración que iniciará el 1 de diciembre, pero sin establecer con claridad en qué implica ese posible acuerdo inicial con el inminente nuevo oficialismo oaxaqueño —el PRI.

En efecto, en entrevista con TIEMPO, el coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura, Irineo Molina Espinoza, dijo que se le debe dar un voto de confianza a la administración que encabezará Alejandro Murat Hinojosa, y que en ese tenor se analizará el proyecto de Presupuesto de egresos 2017 que presente en fechas próximas, así como la designación de los integrantes del gabinete. Negó, además, cualquier posible acuerdo “en lo oscurito” con el PRI, o que la decisión tomada para que sea Morena quien presida la Junta de Coordinación Política en el primer año legislativo, sea producto de una concesión otorgada por el PRI (a través del nuevo método del “voto ponderado”) a cambio de su respaldo a la nueva gestión gubernamental.

Esta situación hay que verla con claridad: de facto, Morena trabó una alianza inicial con el Partido Revolucionario Institucional. El contenido del acuerdo, es evidente: el PRI le dio a Morena el reconocimiento como segunda fuerza política de la entidad, gracias al cambio de modalidad en la determinación de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, a cambio de que éste reconociera su respaldo al nuevo gobierno. Eso no está mal. Finalmente, la política se construye con acuerdos, concesiones recíprocas, y consensos. Y por eso mismo, lo que quedaría pendiente es saber hasta dónde Morena cargará con la corresponsabilidad del apoyo al gobierno, y hasta dónde pretendería también institucionalizar y asumir el apoyo que está concediendo.

Nos explicamos: en los últimos seis años, hubo una alianza igualmente fáctica entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y, parcialmente, del Partido del Trabajo. El problema es que dicha alianza careció permanentemente de cualquier tipo de contenido político, de gobierno o de corresponsabilidades. Es decir, la alianza funcionaba cuando le funcionaba al gobierno, o a los partidos que la integraban, pero sólo servía para facilitarles ciertos acuerdos o decisiones. Esa coalición nunca pasó por el tamiz de las corresponsabilidades, de los débitos institucionales, o del cumplimiento de cierta agenda común.

Eso generó que el gobierno tuviera siempre el respaldo de una coalición condicionada; que esa coalición chantajeara abiertamente al Gobernador para que éste les diera concesiones o prebendas a los legisladores a cambio de su apoyo; y que toda la parafernalia relativa a la portentosa alianza de partidos opositores que triunfó sobre la maquinaria autoritaria priista, terminara siendo una simple pose, carente de contenido, explicación, resultado, o agenda. Del lado del gobierno, esa supuesta alianza le obligó a hacer un gobierno carente de responsabilidades: el Gobernador tomó sus propias parcelas dentro del gabinete, y entregó el resto de la administración a representantes de los partidos políticos que integraban la coalición, como espacios francos para que ellos sirvieran a placer.

Esos antecedentes, avivan la necesidad de que toda coalición en Oaxaca, de jure o de facto, sea de cara a la ciudadanía y con un contenido específico, pero no como lo está haciendo Morena al inicio de la LXIII Legislatura.

CHEQUE EN BLANCO

Es evidente que Morena no está —al menos por ahora— en la posibilidad de cogobernar con el PRI en Oaxaca. No, porque este primer tercio del gobierno, será el del bono democrático de Alejandro Murat como gobernante, emanado de una amplia mayoría electoral. Pero por eso mismo, si hay acuerdos iniciales, éstos deberían ser llevados concretamente a las instituciones para ser verificables, para ser confiables, y para ser políticamente transparentes.

¿De qué hablamos? De que Morena y el PRI tendrían que ser claros, y utilizar la Constitución, para establecer los albores de un gobierno de coalición, en el que no sólo Morena, sino cualquier partido que trabe un acuerdo con el oficialismo, tenga también una corresponsabilidad por los efectos positivos o negativos de las decisiones que se tomen, y que se respalden. El eslabón más perfeccionado de esa cadena sería el establecimiento de un gobierno de coalición, como sí lo contempla la Constitución local, a partir del establecimiento de una agenda, de posiciones administrativas, y de un programa conjunto de gobierno. Pero, por ahora, iniciarían bien estableciendo al menos algunos compromisos conjuntos para generar un mejor panorama para Oaxaca.

ACUERDOS CLAROS

Finalmente, cuestionar una alianza de facto como la de Morena y el PRI no debe llevar irremediablemente a pensar que hubo acuerdos “en lo oscurito”. Eso, de hecho, es lo de menos. Más bien, de lo que se trata es de que esos acuerdos tengan contenido, tengan claridad, sean explicables a la ciudadanía, y tengan efectos positivos en los poderes del Estado. Si son alianzas como las del pasado, de auténticos cheques en blanco o de conveniencias y chantajes mutuos, entonces no le estarían procurando un futuro mejor a las instituciones oaxaqueñas.

+ Ciudadanía, ¿será, de nuevo, vencida por inercias y desencanto?

Ayer, con la instalación de la LXIII Legislatura inició formalmente el proceso de transmisión de poderes en Oaxaca, que concluirá el próximo 1 de diciembre cuando asuma Alejandro Murat como gobernador del Estado. Este será un periodo formidable, en el que de nuevo, los partidos y sus representantes quedarán sometidos al escrutinio popular. Si a los ciudadanos no nos vence el desencanto, podremos ver si realmente todos están dispuestos a asumir los roles que determinó la voluntad popular en las elecciones, o si —de nuevo— terminan siendo comparsas de sí mismos. 

En efecto, ayer inició funciones la LXIII Legislatura local en medio de un clima particular por la constatación de que, igual que en las dos legislaturas anteriores, en ésta el signo distintivo vuelve a ser la pluralidad. En los últimos seis años, los oaxaqueños constatamos que si esa pluralidad tuvo efectos, éstos fueron los de la simulación y la incapacidad en el ejercicio de la política.

Simulación, porque prácticamente todos los integrantes de las fracciones parlamentarias terminaron ceñidos a intereses y no a planteamientos congruentes y razonados; e incapacidad en el ejercicio de la política, porque también quedó claro que cuando no había intereses comunes en las negociaciones, los legisladores fueron totalmente incapaces de transigir para construir consensos. De hecho, si hubiera que denominar con un solo adjetivo a cada una de las dos Legislaturas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la LXI recibiría el adjetivo de la simulación; y la LXII el de la incapacidad —total— para el ejercicio demostrable de la política.

Por eso la LXIII Legislatura tiene el reto de ubicar su propio espacio, ante la tentación de caer en los mismos vicios de sus antecesoras. Tiene la particularidad de que ahora no interactuará con un gobierno de coalición, sino con un Gobernador que pretende asumirse como un Ejecutivo fuerte, acompañado de un partido sometido —a cuyos diputados quizá tenga primero que disciplinar—, pero con un Congreso determinado por un sentido de pluralidad que puede ser desafiante y hasta preocupante, si es que esa pluralidad supera las posibilidades de la simulación. Por eso, los diputados de esta Legislatura que inicia, tienen el reto de no terminar siendo arlequines del poder, ya del Ejecutivo, ya de su propia parcela de influencia en la Legislatura.

La posibilidad es formidable: en los últimos seis años, los integrantes de las fracciones parlamentarias simularon acciones en contra de Gabino Cué, pero siempre actuaron a la conveniencia del Ejecutivo. Ahora tienen de nuevo la posibilidad de fungir como contrapeso al poder del Gobernador, pero también enfrentan la tentación de plegarse al poder, para sacarle conveniencia a no ser un estorbo para los planes del gobierno entrante. Esa disyuntiva es la que comenzará a dibujarse apenas comiencen a verse las acciones a tomar las fracciones parlamentarias.

SIGNOS DETERMINANTES

En la LXIII Legislatura, el PRI tiene 16 legisladores, frente a ocho del PRD y Morena, respectivamente, y dos fracciones minoritarias del PAN y PT. Esta composición abre un abanico de posibles alianzas que, como único denominador común, tienen la característica de uniones políticamente incontenibles. Primero, el PRI tiene mayoría aunque insuficiente para hacer cualquier cosa por sí mismo en el Congreso. No tiene los votos para aprobar leyes ordinarias (necesita 22 votos) y mucho menos para realizar reformas a la Constitución (es necesaria la suma de 28 votos); algo similar ocurre con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por eso la urgencia de la reforma de último minuto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como acto final de la Legislatura saliente: con la legislación anterior, el PRI tenía la posibilidad de encabezar la Junta pero entregar la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Legislatura cuando actúa en Pleno— a alguna de las fuerzas de izquierda para diversos actos de gran relevancia respecto a la unción del Ejecutivo. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley para privilegiar el consenso en la titularidad de los órganos de gobierno legislativo, y bordear con ello la prelación que se los impedía. Ahora lo que sigue es que el PRI trabe una coalición de facto con alguna de las fuerzas de izquierda (PRD o Morena) para poder sacar adelante cualquiera de sus proyectos legislativos o de gobierno para Alejandro Murat.
¿Una coalición fáctica PRI-Morena soportaría algún intento de explicación o justificación racional? Difícilmente. Lo harían, más bien, como una forma de privilegiar la praxis y el pragmatismo en el ejercicio del poder, que como una forma de cumplir con un programa conjunto o con coincidencias políticas. De hecho, salvo la fracción del PT, ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho público el contenido de su agenda política o de trabajo para los dos años siguientes.

¿Y LA OPOSICIÓN?
Desechando las ideas que asocian a la oposición con la terquedad, habrá que ir descubriendo qué partido en realidad se asume como la contraparte de quienes están aliados a favor del poder. Básicamente, toda la izquierda tiene ante sí la oportunidad, pero ahora sólo hace falta que la tomen. ¿Cuál sería la oposición más eficaz? No la que pare incontestablemente al Ejecutivo, sino la que logre incidir en los temas de la discusión pública, y que logre que sus propuestas legislativas permeen en el aluvión de necesidades que el Ejecutivo le pida aprobar al Congreso para cumplir con su plan de gobierno. Veremos quién de ellos (PRD, PT, Morena) tiene la determinación y la estatura para conseguirlo.

+ Como gobernante, tendrá oposición y pondrá a prueba su federalismo

Cada quien está preocupado por lo que pueda pasar en su propio territorio; pero si algo debe quedarnos claro desde el inicio es que si una sociedad pagará principalmente el peaje de un presidente como Donald Trump, esa será la estadounidense. Serán ellos, independientemente de lo que pase en México o en cualquier otro país, porque como lo hemos comprobado nosotros mismos en otras experiencias, a nadie le resulta más costosa una elección de esa magnitud, que a los mismos que deciden ejerciendo su democracia. Ello no es alivio, pero sí puede ser un punto de referencia importante hacia el futuro, ante la incertidumbre y el miedo por el resultado de esta elección.

En efecto, para muchos (nos) fue casi insospechada la victoria de Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y ante la realidad el sentimiento predominante fue el de la incertidumbre y el temor por el futuro. En México, la opinión generalizada fue en ese sentido, ante las tronantes declaraciones del magnate estadounidense en contra de la comunidad mexicana en aquel país; y por la exteriorización de ciertas intenciones, como la de construir un “hermoso muro” en la frontera entre México y la Unión Americana.

Ahora habrá que pensar no sólo en los efectos que tenga la presidencia de Trump no sólo para México (nuestra realidad doméstica), sino también ver los efectos que ello tendrá para la población estadounidense, que por miedo, por egoísmo o por añoranza sobre el extraviado “american dream”, votaron por el controvertido magnate por encima de la figura de la “política tradicional”, forjada en el sistema, que representaba la candidata demócrata, Hillary Clinton.

La oferta principal de Trump como presidente es justamente la de devolver a los estadounidenses el estilo de vida que ellos consideran como “tradicional” y regresarles ciertas condiciones que ellos creen perdidas por la integración de diversas minorías (latinos, afroamericanos, homosexuales, etcétera) al rol de vida norteamericano. En el fondo, quienes votaron por Trump piensan que esa integración social, ha menguado sus privilegios; y votaron por el Republicano, justamente porque él les prometió recuperar —y así lo reiteró en su primer discurso como Presidente Electo— el sueño americano que se vio truncado por las últimas administraciones, y por el que ubican como particular responsable al presidente saliente, Barack Obama, y por extensión a Hillary Clinton.

Frente a todo eso, el problema es que no es lo mismo ser candidato que ser presidente. Y si bien como aspirante a la presidencia estadounidense, Trump encontró —con precisión mercadológica y política— el discurso exacto para hablarle y conquistar a la mayoría de los votantes. El problema es que una vez que ha dejado de ser candidato, y que se prepara para ser Presidente, sus posibilidades de ser infalible se reducen. Es más, a partir del 20 de enero —fecha en que asumirá la Presidencia—, su capital político comenzará a invertirse en cada decisión que tome. Por eso, tendrá que ser más cuidadoso no sólo con lo que decida, sino con las consecuencias que tengan esas decisiones.

PRESIDENTE VIGILADO

Es muy prematuro suponer que Trump inaugurará una nueva época de cesarismo en los Estados Unidos. Es muy aventurado decirlo, porque durante la campaña quedó claro que Trump no tenía la simpatía total del Partido Republicano; también es evidente que si bien los conservadores tienen mayoría en ambas cámaras, existirá una oposición demócrata que se recuperará vigorosamente por la magnitud de las decisiones que Trump pueda tomar, porque ahora ellos serán una oposición sin algo más que perder; y porque —lo acepten o no— los demócratas siguen teniendo la simpatía de un poco más de la mitad de la población estadounidense que respaldó a Hillary Clinton.

Así, lo que resulta evidente es que, como Presidente, Donald Trump tendrá en mucho más que preocuparse antes que voltear los ojos hacia México, o hacia cualquiera otra nación del orbe. Tiene grandes retos enfrente, que evidentemente no se resuelven construyendo un muro o cancelando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque —aunque las medidas son deseadas por la población que votó por él, porque quiere ver de regreso del “american dream”— los efectos de esas decisiones serían inversamente proporcionales a los resultados deseados.

Por esa razón, los primeros implicados en esa gran interrogante que significa la presidencia de Donald Trump, son los propios estadounidenses. Antes que nosotros —y eso no es consuelo— tendrán que asumir las consecuencias de un contradictorio ejercicio democrático que coronó la aspiración disruptiva de millones de estadounidenses que prefirieron al no-político, que a las personas construidas o desde el sistema político, o desde las familias de tradición presidencial, o a los personajes que tradicionalmente llegaban o aspiraban al poder.

PRESIDENTE INMÓVIL

Finalmente, habrá que ver qué tanta movilidad logra tener Trump. Ello pondrá a prueba —como nunca— el sistema de frenos y contrapesos, del que el modelo republicano de gobierno estadounidense ha sido paradigmático en el mundo a lo largo de los últimos 200 años. A partir de hoy, tendrá que tejer alianzas, ceder, reconsiderar y pensar —también con precisión mercadológica, si es que el término es aceptable— cada paso que dé. Lo que sí es seguro, es que su gestión, como la de todos los gobernantes, tendrá que ser mucho más que las bravuconadas de un candidato queriendo agradar a los electores. De eso, en México, ya sabemos bastante…

+ Gobiernos han aprovechado el cómo la ley prevé que se declare la deuda

El caso de Veracruz es paradigmático, pero está lejos de ser el único en lo que se refiere a la magnitud de las deudas y compromisos estatales. De hecho, detrás de Veracruz están otros casos que hoy son por demás conocidos, como Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila. Pero eso no significa que esas entidades tengan el monopolio del sobreendeudamiento, o que sean los únicos en los que existan interrogantes institucionales sobre la dimensión de las presiones que arrastran las finanzas estatales.

En efecto, ayer TIEMPO establecía que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, existiría una discrepancia respecto a las cifras que ha revelado la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, con relación a los montos que se tienen registrados por otros pasivos. Según la información, Finanzas sostiene que su deuda es de 13 mil 175 millones de pesos; pero de acuerdo con la ASF, ese monto tendría una cifra oculta, adicional, de unos siete mil 800 millones de pesos, para llegar a la cantidad 21 mil millones.

Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas se ha mantenido firme en el señalamiento de que la deuda pública estatal asciende a la cantidad —hablando en cifras redondas— de unos 13 mil millones de pesos. Lo hace con seguridad, y seguramente están en lo cierto, porque una de las cosas que no explican con detalle cuando se ofrecen las cifras, es que no todos los compromisos financieros constituyen —según la Ley de Deuda Pública y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— deuda pública. Por eso, las cifras son una verdad a medias que debía ser aclarada y justificada, de una forma más profunda y detallada que la que hasta ahora se ha informado a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que según la Ley de Deuda Pública, ésta se constituye por el total de obligaciones de pasivos, derivadas de la contratación de financiamientos que contraten el gobierno estatal o municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de reestructuración o refinanciamiento.

A su vez, la citada ley define a la deuda pública del gobierno estatal como el total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de financiamientos realizados por el Estado. En gran medida, esas obligaciones que constituyen deuda pública tienen que ver con el financiamiento que ocupa el gobierno para enfrentar desastres naturales o contingencias, para financiar obras con la banca de desarrollo, cuando tiene problemas de liquidez o, como lo señala la ley, en los casos en que tiene la necesidad de solventar necesidades temporales de flujo de caja, que no excedan de 90 días naturales o que su pago se realice dentro del propio ejercicio fiscal.

VERDADES A MEDIAS

Básicamente, esa es la deuda pública, aunque ello de ninguna manera significa que sea la única forma que tiene el gobierno de contratar obligaciones que luego derivan en pasivos financieros.

De hecho, una de las primeras ocasiones en las que ocurrió ese delirante juego de palabras relacionado con la deuda, que no era deuda pero sí compromiso de pago, fue cuando el gobierno de Ulises Ruiz contrató la construcción de los complejos de Ciudad Administrativa, y Ciudad Judicial, mediante un esquema denominado Proyectos de Prestación de Servicios, en los que el gobierno le contrata a un particular una obra que requiere una gran inversión a corto plazo, se compromete a pagar por el uso del inmueble por un periodo determinado, y al finalizar el plazo entonces la obra y su administración pasa a ser responsabilidad y propiedad del Estado.

Por una disposición legal, los PPS contratados para Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no recibieron la denominación de deuda pública, pero sí son un compromiso de pago para las arcas estatales. Específicamente, el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Oaxaca, señala sobre los PPS que “los pagos que realicen las dependencias y entidades, como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato para prestación de servicios a largo plazo, se registrarán como gasto de capital y no constituye deuda”.

Por eso, el gobierno de Ruiz siempre negó que la construcción de esos complejos constituyera deuda pública, pero al mismo tiempo se negó sistemáticamente a informar a cuánto ascendieron las obligaciones de pago multianuales por esas obras, y mucho menos cómo se contrató, quién fue el contratista, así como las fuentes de financiamiento privado de la obra.

Lo mismo ocurre con la bursatilización de ingresos futuros, o a la contratación de instrumentos derivados, a los que la Ley de Deuda Pública define como las garantías de pago oportuno, así como aquellos instrumentos financieros dirigidos a mitigar los riesgos de mercado de un financiamiento. En éste último caso, la Ley de Deuda Pública señala (artículo 14) que la contratación de instrumentos derivados no impactará en el cálculo de endeudamiento aprobado por el Congreso.

MUCHAS DUDAS

Finalmente en ese universo de instrumentos financieros —hasta ahora no revelado en su totalidad por el gobierno estatal— se encuentra la respuesta sobre el endeudamiento real del Estado, independientemente de si los compromisos de pago tienen o no la calidad específica de deuda pública. Esa idea maniquea, palidece frente al hecho de que todo se paga de la misma bolsa —el atribulado erario estatal—, y de que hasta el momento no hay certeza de a cuánto ascienden en realidad esos compromisos de pago en Oaxaca, que podrían ser por 21 mil millones de pesos. O más.