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¿El ‘gasolinazo’ debe ser pauta para reducir el número de legisladores?

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+ ¿Crisis de representación o de legitimidad de los diputados y senadores?


El trauma social que causa el incremento de los combustibles en el país, hoy debe servir también como oportunidad para abordar algunos temas que molestan desde hace mucho a la sociedad mexicana, pero que no habían encontrado la oportunidad para encauzarse. El llamado ‘gasolinazo’ del inicio del año —y los que vienen— sensibilizaron y han presionado al sector público respecto a las demandas de austeridad, de honestidad, de combate a la corrupción, y de reducción de los costos operativos del sector público. De entre todo eso, resalta la reaparición de una discusión actual y necesaria: ¿México necesita 500 diputados y 128 senadores?

En efecto, desde el inicio del año el país se ha desbordado en protestas, que han ido de las más pacíficas y civilizadas hasta los actos vandálicos que vimos en la primera semana del año. Una decisión tan compleja como la de incrementar el costo de los combustibles en el país, implica también aceptar el fracaso de las políticas de contención de la inflación de los últimos años, y también cargar con el costo de las promesas fallidas sobre la reforma energética y sobre la aspiración general de los mexicanos no sólo de poder ganar más, sino de lograr un mayor poder adquisitivo con el salario ganado por su trabajo. Junto a todos esos costos, está uno más que es el del repudio social contra los privilegios y las resistencias del gobierno para eliminarlos y combatir la corrupción.

De entre todo eso, muchos han sido los reproches: que si el Presidente no asume la misma actitud de austeridad y privación de algunos satisfactores que hoy debieron asumir la mayoría de las familias mexicanas; que si los servidores públicos ya no deben tener salarios y prestaciones de privilegio; que si se deben eliminar gastos superfluos en toda la administración pública; que si los diputados y senadores deben abstenerse de recibir salarios y bonos extraordinarios; y, en el fondo de todo eso, cuestionar también si el país necesita a tantos legisladores que, en apariencia, son más una carga que verdaderos servidores de la patria.

Pues resulta que de forma casi irremediable, esa será una de las discusiones que presionen a la agenda pública de los próximos meses, y que incluso pueda convertirse en uno de los temas de la agenda de los próximos candidatos presidenciales. Parece clara la urgencia de someter al escrutinio el tamaño y el costo operativo de las cámaras federales, con relación a los resultados que éstas le dan al país y al compromiso real de sus integrantes con la ciudadanía mexicana.

¿QUITAR LEGISLADORES?

En teoría, los diputados y senadores son algo así como la materialización, los primeros, de la representación del pueblo mexicano ante el supremo poder federal; y los segundos, son la representación de los estados de la república ante el pacto federal. El problema es que esos diputados y senadores tienen una de las peores reputaciones que existen en el país, incluso por encima de la opinión general que tiene la gente de los agentes de tránsito, los empleados de las ventanillas de atención al público (que ‘muerden’ a la menor provocación) y hasta del Presidente de la República. De ahí nace la interrogante de si no sería mejor eliminar a una parte de ellos de la representación legislativa. Y aunque la respuesta parece muy atractiva, lo que se debe ver es que en realidad no es necesario quitarlos sino claramente reducirles los privilegios.

¿De qué hablamos? De que un país con 120 millones de habitantes debe tener órganos legislativos con una representación acorde a la inmensa población nacional. Pensar en lo contrario significaría pensar también en un mayor empoderamiento de las élites gobernantes y de una reducción de las posibilidades de que un ciudadano común pueda representar a un distrito determinado. Quizá habría que reducir la representación proporcional y repensar el número de distritos electorales uninominales, para que haya más diputados electos por mayoría, y menos legisladores de representación proporcional.

Junto a todo eso, otro tema de la mayor relevancia es la reducción de los privilegios. ¿Qué agravió a la nación en los últimos días de 2016? Que se dio a conocer, primero, que los diputados habrían de recibir un ‘bono secreto’ por una cantidad que oscilaba en los 500 mil pesos. Vino el escándalo, y algunos diputados anunciaron que devolverían, o que no aceptarían dicho bono, y sólo algunos, como los de la fracción priista, dijeron que sí lo aceptaban bajo la justificación de que era para dar gratificaciones de fin de año a su personal de apoyo.

Y luego, a pesar de ello, se supo que recibirían otro bono de 150 mil pesos por los remanentes en la operación de la cámara. Antes, cuando se discutió el paquete económico 2017, se cuestionó que, también, los diputados tuvieran ‘bolsas’ de recursos, para disponer de ellos para obra pública, según sus intereses políticos —y, todos sabemos, sus moches y otras prácticas igualmente repudiadas socialmente por corruptas.

REDUCIR PRIVILEGIOS

Básicamente, lo que debería reducirse —para no afectar el sensible tema de la representación nacional— es el enorme cúmulo de privilegios que hoy tienen los legisladores. Una discusión concomitante a esa, tendría que ser la de la eliminación, en el futuro cercano, de los senadores de representación proporcional que, en un contrasentido a la propia naturaleza del Senado, no representan a ninguna entidad federativa, ni a la ciudadanía, sino solamente a las cúpulas e intereses de sus partidos.

Segego y Avilés deben atender gobernabilidad, además de grilla partidista

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+ Necesario, que la Segego unificada tenga un solo rumbo a favor de Oaxaca


Hay varias coordenadas que refuerzan el llamado a que Alejandro Avilés Álvarez se ponga verdaderamente a trabajar a favor de la gobernabilidad del Estado, y deje de invertir tanto tiempo en las grillas de los partidos políticos. Tiene varias circunstancias a su favor. Lo único que le falta es reconocer esas oportunidades y ponerse a trabajar a favor de Oaxaca, en una dimensión mayor al tiempo y los recursos que le invierte a los intereses de su grupo político.

En efecto, el miércoles el pleno de la LXIII Legislatura local demandó al secretario Avilés Álvarez que “se ponga a trabajar” y que “desquite su sueldo y atienda los diversos conflictos existentes en varias comunidades de distintos municipios que incluso han dejado muertos y decenas de desplazados”.

Los diputados de las diversas fracciones parlamentarias coincidieron en señalar que es lamentable que el secretario General de Gobierno no haya instalado las mesas de diálogo en los municipios en conflicto, y esperan que la Segego atienda con prontitud los problemas que ya son graves. Uno de esos problemas agrarios, dijeron, es el existente entre San Mateo y Santa María del Mar, en Juchitán, en donde recientemente hubo tres muertos derivados de la persistencia de un bloqueo que obliga a los habitantes de Santa María a desplazarse sólo por vía marítima con las demás comunidades cercanas.

Pues resulta que, en realidad, esas omisiones son reflejo fiel de las debilidades y fortalezas personales y políticas del ahora Titular de la Segego, que en estos poco más de cuarenta días al frente de esa dependencia, le ha dado particular preferencia a la atención de los asuntos políticos y de gobernabilidad que involucran a partidos, pero que al mismo tiempo ha evitado involucrarse en otros temas que también son relevantes en la agenda de la gobernabilidad del estado, y que no necesariamente tienen que ver con las relaciones entre partidos o facciones políticas.

¿De qué hablamos? De que con el paso del tiempo, y de forma casi natural, la Secretaría General de Gobierno ha ido perdiendo relevancia como instancia conductora de las relaciones del gobierno con los partidos. La razón es lógica: la vida democrática ha ido remarcando la autonomía de la oposición, y las relaciones se conducen cada vez más en otros campos que no son los de la discrecionalidad de la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, resulta que así como la Segego ha ido perdiendo relevancia en la conducción de esas tareas, proporcionalmente ha ido ganando importancia en la conducción de los verdaderos temas de fondo de la gobernabilidad estatal, tales como los conflictos agrarios; las discordancias entre comunidades ya sea por cuestiones políticas, sociales o religiosas; los asuntos relacionados con los sindicatos y las relaciones laborales de los trabajadores; la protección civil y, en general, las cuestiones que ponen en riesgo la seguridad, la paz o la concordia entre las comunidades.

A eso es a lo que el secretario Avilés debería dedicarse antes que seguir invirtiendo tiempo y atención en los temas que conoce, pero que hoy pierden relevancia ante lo abultado de la verdadera agenda política de Oaxaca.

HACER FUNCIONAR LA SEGEGO

Quién sabe si Avilés reconozca la ventaja que hoy tiene con una Secretaría General integrada prácticamente según sus necesidades, y no como funcionó durante toda la administración anterior. Pues, de hecho, durante prácticamente todo el gobierno de Gabino Cué, la Segego funcionó fraccionada y con titulares que sólo incidían en una parte de la estructura orgánica de la dependencia pero sin poder realmente articular un trabajo encaminado según su criterio o necesidades. ¿De qué hablamos?

De que hoy, con excepción de la Subsecretaría de Gobierno, Alejandro Avilés prácticamente integró toda la Secretaría según sus intereses, afinidades y personal de confianza. Ello abre un margen importante de certidumbre respecto a que él tiene a la mayor parte de la estructura orgánica de la dependencia trabajando según sus disposiciones y a favor de un proyecto —se supone que— más o menos homogéneo.

Esto, en la administración anterior, ocurrió parcialmente quizá sólo en el último tramo de la gestión de Alfonso Gómez Sandoval, y también de forma parcial en el periodo de Carlos Santiago Carrasco. Siempre fue parcial, porque desde el inicio, Gabino Cué nombró subsecretarios que siempre asumieron que sus cargos no estaban subordinados al Secretario General de Gobierno y entonces actuaban de forma autónoma.

Esto fue por demás visible en las gestiones de Irma Piñeyro y Jesús Martínez Álvarez, que fueron titulares débiles por el hecho mismo de que sólo contaban con la colaboración de su staff, pero no con la ayuda —y mucho menos con el trabajo coordinado— de las subsecretarías que, en los hechos, funcionaban como pequeñas secretarías autónomas de la potestad del Secretario de Gobierno en turno.

PONERSE A TRABAJAR

Por eso, lo menos que puede hacer Alejandro Avilés es dejar las grillitas en las que se siente cómodo involucrándose —colonizar sin derroteros a la oposición, por ejemplo—, y aprovechar las fortalezas que el diseño institucional, y el Gobernador, le permitieron en la dependencia que encabeza. Oaxaca siempre ha tenido la gobernabilidad al filo del conflicto, y lo que hoy necesita Alejandro Murat es un Secretario de gobierno que lo ayude, y no que sea un lastre para su prestigio, y para los buenos resultados que prometió y debe entregarle a los oaxaqueños.

Sevitra debe evitar que el pulpo vuelva a timar a la ciudadanía oaxaqueña

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+ Hasta ahora, incrementos han sido por pactos políticos, no por la inflación


El alza a los precios de los combustibles es caldo de cultivo para los oportunistas, no sólo en los partidos políticos y las organizaciones sociales. Lo es, de forma destacada, para los sectores económicos que de alguna forma sí dependen del costo de los energéticos pero que, sobre todo, los utilizan como estratagema para decidir los incrementos. Uno de ellos es el sector del transporte concesionado de pasajeros en Oaxaca, que siempre utiliza el costo de los insumos como un pretexto para los incrementos, aunque en realidad siempre los acuerda a través de presiones o de intereses políticos.

En efecto, el mega gasolinazo del 1 de enero tuvo efectos devastadores en el estado de ánimo de la ciudadanía, que se sintió agraviada no sólo por los pesos que subió el precio de la gasolina y el diesel, sino por el hecho de que el gobierno pareció desentenderse de su deber de corresponsabilidad en las medidas de austeridad. Por si eso fuera poco, el solo bosquejo de la posibilidad de un incremento a los combustibles, fue suficiente para que diversos sectores de la economía anticiparan una escalada de precios tomando como base el encarecimiento del costo del transporte de los bienes y servicios que se comercian.

Uno de esos sectores fue, en el caso de Oaxaca, el del transporte público concesionado. Desde el 1 de enero, algunas empresas del llamado ‘pulpo camionero’, y otras organizaciones de taxistas citadinos y de transporte foráneos, dejaron ver una intención clara de incrementar el costo del pasaje. El pretexto fue que el insumo principal de las unidades de transporte —el combustible— se había encarecido hasta un veinte por ciento, y que ello hacía insostenible la tarifa actual.

Momentáneamente, la Secretaría de Vialidad y Transporte, que encabeza Francisco García López, pudo contener la escalada de precios particularmente en el transporte urbano y suburbano; aunque en realidad le ha sido imposible controlar a las modalidades de transporte que no utilizan tarifas fijas, sino que son más bien discrecionales, las cuales van desde los mototaxis hasta el servicio de alquiler de la capital oaxaqueña, que inmediatamente escaló sus tarifas sin considerar los llamados de la instancia reguladora a mantener los costos al público de 2016.

Esto es apenas el aviso de que, si bien el incremento no se dio por el oportunismo del inicio del año, sí ocurrirá irremediablemente en los meses siguientes de 2017. A partir de ahora, y hasta que lo logren, los transportistas tratarán de presionar al gobierno para que paulatinamente vaya cediendo a la posibilidad de incrementar la tarifa.

En esto, el verdadero riesgo es que, como ha pasado en otras ocasiones, el alza en los precios del pasaje se decrete sin que existan a su vez medidas de corresponsabilidad por parte de los concesionarios. Pues en todas las ocasiones anteriores, o la autoridad del transporte termina timada por los transportistas, o bien termina coludida con ellos para darles el incremento como parte de un acuerdo político —y no de una necesidad apremiante—, y básicamente a cambio de nada.

EL USUARIO NO IMPORTA

Hace apenas poco más de un año que ocurrió el último incremento a la tarifa del transporte público, y en aquel entonces el aumento fue proporcionalmente muy superior a la tasa de la inflación, e incluso también superior al incremento al precio anualizado de los combustibles. En noviembre de 2015 —y luego de un intento de madruguete, ocurrido en mayo de ese mismo año, cuando los concesionarios acordaron el alza con el entonces titular de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, y luego fueron frenados por el Gobernador del Estado—, el gobierno estatal finalmente les autorizó el incremento de un peso a la tarifa a cambio de diversas mejoras al servicio al usuario que, como suele ocurrir siempre, terminaron no ocurriendo.

En aquel momento, noviembre de 2015, la Sevitra prometió cosas que no cumplieron. En el comunicado que entonces emitieron para justificar el incremento a la tarifa, dijeron: “con el propósito de instrumentar un conjunto de mejoras en el transporte público concesionado, los empresarios se comprometieron a trabajar por la calidad del servicio, a través de la renovación y modernización de sus unidades, capacitación y exámenes antidoping a conductores, verificación vehicular, programas de medicina preventiva en el transporte, revisión físico-mecánica, reparación de unidades y la salida de automotores que no cumplan con las normas establecidas”.

Hoy, los concesionarios del pulpo no tardan en comenzar a presionar —de hecho, el lunes pasado ya tuvieron un primer intento que fracasó— para lograr el incremento. Lo harán no porque lo necesitan o porque sea irremediable, sino porque utilizarán el pretexto del gasolinazo para elevar sus utilidades. Buscarán, como siempre lo han hecho, el pacto político disfrazado de necesidad, para conseguirlo. Es sólo cuestión de tiempo para corroborarlo.

¿Y LA AUSTERIDAD?

Nadie en el sector público oaxaqueño —estatal y municipal— se ha acordado que el país está en crisis, y que la ciudadanía espera que también la burocracia de primer nivel se apriete el cinturón al menos para solidarizarse con la gente que sí está haciendo esfuerzos cada día más grandes para salir adelante. Nadie habla de eso. Quizá todos están atenidos a que sea sólo el Presidente, y el gobierno federal, quienes paguen el costo de la irritación ciudadana. Bisoños.

El gobierno de EPN desoye a la ciudadanía, ¿y aún así le pide lealtad?

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+ El enojo no es sólo por el gasolinazo, sino por la ignorar la corrupción


Aunque parece uno más de los actos reflejos por la molestia nacional, la decisión de Coparmex de no atender el llamado del presidente Enrique Peña Nieto a la firma de un acuerdo nacional de emergencia ante la irritación social —por los claros efectos económicos, que causó, y que seguirá generando el incremento al precio de los combustibles en el país—, es una representación clara de lo que está ocurriendo a todos los niveles en el país ante los llamados gubernamentales. No atenderlos, así como no creerle al Presidente, es hoy el resultado de un gobierno que con soberbia supuso que la ciudadanía tenía la obligación, mas no la potestad, de atender al llamado gubernamental y de asumir las consecuencias de sus disposiciones. No es así, y por eso la credibilidad del Presidente está en caída libre.

En efecto, frente al llamado del presidente Peña Nieto a todos los sectores económicos y productivos del país para la firma de un acuerdo de emergencia que mantenga el empleo, los precios de la canasta básica y la movilidad económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que su posición de no firmar el llamado Acuerdo de Fortalecimiento Económico, presentado el pasado lunes 9 por el Presidente, fue debido a que es insuficiente y “demasiado corto” a lo que se necesita, por lo que señalaron estar a favor de un acuerdo de mayor alcance e incluyente.

Asimismo, Coparmex reprochó que el país sí necesita un compromiso pero que no responda a intereses políticos o mediáticos, sino a la verdadera realidad que vive la población, especialmente lo que menos tienen; por lo que dio a conocer la propuesta que ponen en la mesa y que calificó como “un acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social” que no intenta establecer una agenda única de temas, dijo, sino que son líneas de acción para debatir a nivel nacional.

Según el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, ellos están a favor de un acuerdo sólo “cuando sea fruto de la participación ciudadana, y escuchar las propuestas de los diferentes sectores donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual, que impulse la competitividad y productividad de todos, que impulse a las pequeñas empresas, emprendedores y a la innovación”, cuestión que en su opinión no se cumple de forma real con el contenido del acuerdo al que el lunes llamó el Presidente a firmar, de cara al incremento de los combustibles y del previsible disparo de la inflación para los próximos meses.

En este sentido, es claro que independientemente del contenido del acuerdo y de los razonamientos a partir de los cuales la Coparmex decidió no acudir a la firma del documento, lo más relevante resulta del hecho mismo de que, como muy pocas veces ocurre en el país, uno de los más importantes organismos empresariales nacionales decide no sólo no atender un llamado presidencial, sino incluso criticar el contenido de su propuesta.

Ello hace que esta decisión del organismo empresarial sea no sólo un acto reflejo del enojo social, sino un referente de la forma en que muchos mexicanos vemos hoy a un gobierno que no supo atender las coordenadas del enojo social, y de la demanda ciudadana de cuando menos iniciar, pero sí con denuedo, las tareas para el establecimiento de mecanismos y voluntades para atacar temas como la corrupción y la impunidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo hizo, y estas son hoy las consecuencias.

CIUDADANÍA ENOJADA

En las formas tradicionales del Estado en México, era común que aunque los sectores más importantes del país no estuvieran de acuerdo con el contenido o las formas políticas presidenciales, acudieran a los llamados del Ejecutivo federal por la importancia que éste revestía, e incluso por temer a las consecuencias de desairar la convocatoria para un tema delicado en el que estaba relacionado la legitimidad presidencial o la necesidad de demostración de que al gobierno de la República lo respaldaban los factores económicos, sociales, políticos, y hasta de fuerza, más importantes del país.

Esto ha dejado de ocurrir en México, primero como una saludable forma democrática en la que la pluralidad implica la posibilidad de hacer pública la discordancia con el gobierno; pero, en segundo término, esa desatención al llamado presidencial tiene una trascendencia mayor cuando lo que implica es un reflejo del abierto enojo frente a las decisiones presidenciales.

En este caso, la ciudadanía ha reprochado al Presidente no sólo el hecho del alza en el precio de los combustibles —incluso, ese parece ser el pretexto— sino sobretodo el empecinamiento federal por tratar de mantener el estado de cosas —y privilegios— para algunos, mientras pide solidaridad y comprensión a la gran mayoría, que sí tiene que hacer esfuerzos importantísimos para mantener saludable a una clase política que, además de sus privilegios, está decidida a continuar sin entrarle de lleno al combate a la corrupción.

PRESIDENTE AGONIZANTE

Eso, que parece algo tan simple, es lo que el Presidente —y la clase gobernante en el país, y también en las entidades federativas— sigue sin comprender: no se puede exigir esfuerzos reiterados a la gente, cuando desde el gobierno se refleja corrupción, impunidad y convicción por el no-cambio. El gasolinazo no debe verse a la luz del bolsillo, sino de los bonos millonarios, los privilegios dispendiosos, el silencio federal frente al combate a la corrupción. Y Moreira. Y Borge. Y los Duarte. Y Gabino Cué. Y todas las demás representaciones de corrupción e impunidad que a diario se presentan como una burla al esfuerzo de los mexicanos.

Si Seculta ya liquidó a la OSO, que también clausure el CIMO

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+ Oaxaca sigue sin proyecto cultural, y sin recursos para la gente


Es una triste noticia para Oaxaca, que la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) haya decidido prácticamente liquidar a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO), al concluir que no existen recursos económicos disponibles para continuar su operación. Ante tal decisión, y como una forma práctica de reencauzar su presupuesto, la secretaria Ana Vásquez Colmenares debería aprovechar para cerrar el también recién inaugurado Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO). Sin proyecto cultural, y sin un derrotero más o menos claro para los músicos de carrera en Oaxaca, no sirve de nada la inversión pública en la formación de nuevos músicos.

En efecto, una nota del portal cultural Sucedió en Oaxaca daba cuenta ayer del triste final de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. “Sin director, sin gerente, sin concertino, sin programa de trabajo 2017, sin presupuesto y sin 35 de sus principales atrilistas, contratados por honorarios para reforzar cada una de sus secciones, la Sinfónica de Oaxaca se encuentra materialmente desmantelada”, decía la nota firmada por Elisa Ruiz, mientras señalaba que el nuevo subsecretario de Seculta, Ignacio Toscano, se reunió con los integrantes de la Sinfónica para informarles que no había recursos para continuar con los trabajos de la OSO.

“A dicha reunión —dice la nota— asistieron todos los integrantes de la Orquesta, tanto los fijos como los de honorarios. Los primeros para solicitar su homologación de salarios con los de honorarios, y los segundos para revisar el tema de su recontratación, para lo cual, precisó la violinista Martha Moreyra, ellos tienen conocimiento de un fondo remanente para al menos dos meses de trabajo: enero y febrero. En respuesta, “Nacho” Toscano, les comentó que desconocía la existencia de tal fondo, y que luego de una revisión al tema se había concluido que el gasto de la Orquesta Sinfónica era excesivo”.

Según la información, en dicha reunión los músicos resaltaron los buenos resultados de la OSO en los últimos meses. Pues más allá de lo que se cuestione a la administración anterior, y de en ello resalten las deficiencias de Alonso Aguilar como titular de la dependencia, es claro que la Sinfónica tuvo resultados notables, como la reintegración completa del número de músicos que son necesarios para que una orquesta pueda considerarse como Sinfónica, además de haber realizado una temporada completa de conciertos en Oaxaca, un programa anual de trabajo en el país, y la presencia de un número muy importante de músicos invitados.

Evidentemente, la apuesta de Aguilar con la OSO fue por demás arriesgada, a partir de que el sostenimiento de una Orquesta Sinfónica representa una inversión importante de recursos, en una entidad que tiene una riqueza musical inmensa a través de las bandas de música de las comunidades, y de que también requiere inversiones permanentes para acercar la cultura a las regiones del estado.

No obstante, la OSO ha justificado siempre su existencia, a partir del funcionamiento del CIMO. Para cualquier industria cultural, pública o privada, siempre es necesaria la existencia de un centro de formación que la provea y nutra de nuevos talentos, para que a su vez, esa industria cultural tenga la capacidad de estimular la movilidad de sus integrantes. Así, se supone que el CIMO es el semillero de talentos de la Sinfónica y de las bandas de música de la entidad, las cuales tendrían que ser sendos escaparates para que sus integrantes lograran alistarse en orquestas o bandas de mayor envergadura, en México o el extranjero.

CIERREN EL CIMO

Evidentemente, el funcionamiento del CIMO, de la OSO, y de las bandas de música estatales, corresponde a una visión cultural específica, que ni es homogénea, ni tampoco es la única que existe en Oaxaca. Quizá la nueva Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca tenga un nuevo proyecto cultural, o esté decidida a reformar desde sus cimientos la infraestructura y la visión de cómo se deben fomentar las actividades e industrias culturales en la entidad. El problema es que hasta el momento no ha establecido claramente los qués, y mucho menos ha dado pauta de los cómos.

En ese contexto, la posible desaparición de la Orquesta Sinfónica podría dar alguna pauta, que necesariamente tendría que venir acompañada de otras decisiones difíciles, como el cierre del CIMO. Es duro aceptarlo: pero al eliminar la única posible fuente de empleo y expresión de los niños y jóvenes que ahora se forman en el Centro de Iniciación Musical —y que lo hacen no por hobby, sino para llegar a ser músicos profesionales y para tener en eso una forma digna de vida—, es claro que el Estado tampoco debería realizar esa inversión y mejor canalizar los recursos a otras formas de formación cultural.

El problema es que seguramente lo que está pasando es que están decidiendo a ciegas sobre la Sinfónica, sin siquiera reparar en las implicaciones que tiene esa decisión, y en el enorme contrasentido que tendría para la administración actual, lucirse con un renovado Centro de Iniciación Musical que no sería sino una fuente de fuga de talentos no por circunstancias sino por obligación: si esos músicos no tienen aquí en Oaxaca un derrotero laboral, tendrían irremediablemente que emigrar para cumplir con el objetivo de su formación, que es integrar una orquesta o una banda del nivel para el que fueron formados.

¿Y ENTONCES, QUÉ CULTURA?

Si la visión cultural actual es esa, entonces el impulso tendría que ir hacia la cultura en las comunidades de Oaxaca. ¿Ya sabe entonces la Secretaria de las Culturas cuántas casas de la cultura hay, cuántas casas de pueblo; cuánto se necesita para dignificarlas; y cuál sería el impacto —positivo o negativo— para la cultura en la entidad?

+ UABJO: ¿hasta cuándo dejarán vivo el conflicto en Derecho?

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+ Tema de gobernabilidad estatal, no de autonomía universitaria


Uno de los temas ineludibles de la agenda política de 2017 en Oaxaca, es la atención y resolución, al más alto nivel, del conflicto por el que atraviesa la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. El tema es tan relevante, por lo sintomático que resulta de la situación política que prevalece en la Máxima Casa de Estudios. Ahí, el conflicto intrauniversitario están contenido circunstancialmente, y sólo falta algún motivo coyuntural para reactivarse. En el momento que vive Oaxaca, y el país, el dejar desatendido ese conflicto equivale convalidar la existencia de una bomba de tiempo de resultados impredecibles para la gobernabilidad de Oaxaca.

En efecto, en este inicio de año el país entero pasa por un momento crítico en cuanto a la gobernabilidad y la paz social. En ese contexto, es muy importante no generar —o nutrir— problemas añadidos a los que ya existen. En general, la ciudadanía se siente abandonada y agraviada no sólo por el gasolinazo, sino por varias situaciones del sector gubernamental que se han hecho públicas —bonos excesivos, aguinaldos estratosféricos, nombramientos controvertidos, verdades a medias, etcétera— y que reflejan una enorme contradicción entre lo que hacen y los sacrificios que le piden hacer a la población para ajustarse a las nuevas reglas de mercado en el sector energético, que impacta en todos los rubros de la economía.

Esa discordancia ha provocado enojo, malestar y desánimo; pero también ha sido el caldo de cultivo para el oportunismo que se ha manifestado a través de las protestas violentas, los saqueos y las amenazas, de las cuales hemos visto ya diversas expresiones en la última semana. Afortunadamente, hasta ahora los factores que en Oaxaca sirven de indicador para el termómetro social se han mantenido prudentes: por un lado, el gobierno estatal, el IEEPO, y el gobierno federal, han invertido tiempo y recursos valiosos para dialogar con la Coordinadora, y establecer un marco de entendimiento que permita márgenes de gobernabilidad para la entidad. Por eso, incluso frente al llamado ‘gasolinazo, la CNTE ha mantenido en Oaxaca una actitud prudente, que ha impedido la acción de grupos que se montan en sus protestas para generar disturbios.

El otro factor de ese termómetro social, es la Universidad. La UABJO, nos guste o no reconocerlo, refleja la mayor concentración de pluralidad y crítica dentro del sector educativo no controlado por la Coordinadora, y es también un reflejo del estado de ánimo colectivo de los oaxaqueños.

La diferencia entre la atención gubernamental que ha tenido el conflicto magisterial en el sector de la educación básica y media básica, y los problemas universitarios, es que los primeros han sido atendidos con prontitud; y el conflicto universitario continúa prácticamente al garete, esperando sólo alguna circunstancia para reactivarse. La situación real así lo indica, y por ello resulta grave la poca atención que se le ha puesto al emblema del conflicto universitario, que es la crisis de la Facultad de Derecho.

CONFLICTO LATENTE

El conflicto actual en la UABJO no inició cuando se realizó la elección de director de la Facultad de Derecho en noviembre pasado, sino que data de la solución de fuerza que aplicó el gobierno de Gabino Cué a la elección de rector, en el mes de mayo del año pasado. En aquella ocasión, la llamada ‘familia real’ —la que gobierna la universidad desde tiempos de Francisco Martínez Neri, que llegó a su clímax con Eduardo Martínez Helmes, y que busca perpetuarse a través del rectorado actual de Eduardo Bautista—, aplastó a todos sus opositores a través de una elección plagada de irregularidades, y que luego fue respaldada por el Gobierno del Estado, que lejos de buscar algún tipo de concertación intrauniversitaria, arrinconó a las expresiones perdedoras para afianzar el control de la administración universitaria a favor de la ‘familia real’.

La elección de la Facultad de Derecho fue algo así como el ‘segundo round’ de esa contienda. De nuevo, la familia real derrotó a sus opositores pero en una elección mucho más compleja y competida, y utilizando como principal maniobra para asegurar el triunfo, la descalificación del adversario principal de la contienda, el mismo día de la elección.

Eso dividió a la Universidad, y fue lo que a la postre provocó el enfrentamiento que derivó en la quema de la puerta lateral del Edificio Central Universitario. Aún así, el rector Bautista Martínez se ha negado a entablar cualquier tipo de diálogo con los grupos que buscan la fundación de una nueva Facultad de Derecho, e insiste en reducir una inconformidad que dividió a la escuela más grande de la UABJO, a las acciones de un grupo de agitadores.

En esas condiciones, lo único que queda claro es que la administración universitaria no tiene interés ni capacidad —ni legitimidad— para avenir una solución razonada a ese conflicto. Más bien, ha seguido presionando a sus adversarios al punto de tratar de ahogarlos, a pesar de la capacidad de convocatoria y resistencia que han demostrado.

PROBLEMA DE GOBERNABILIDAD

¿Van a esperar hasta que haya otro acto de provocación, de cualquiera de los bandos, para intervenir? ¿O van a seguir negando la existencia de una discordancia que tiene enconada a la Universidad desde hace casi un año, hasta que la presión sea incontenible y explote? Este es un tema del que no deben ser ajenos ni la administración de Eduardo Bautista, ni el Gobierno del Estado: al final, el día que haya otra crisis, otro incendio, o muertos, heridos o descalabrados, la opinión pública nacional sólo hablará de la negligencia del Rector, y de la desidia e incapacidad de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción de la política interna en el Estado.

Tras los saqueos por el gasolinazo, sólo hay diversas formas de oportunismo

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+ Ninguna revolución: sólo grupos de choque, desmovilizadores y pandillerismo


Luego del enfrentamiento entre la Policía Federal, e integrantes de la Sección 22 y organizaciones sociales en Nochixtlán, el 19 de junio, en varias regiones de la entidad ocurrieron saqueos a comercios y disturbios que son muy parecidos a los que estos días han venido ocurriendo en el centro del país, como aparente respuesta ciudadana a los “gasolinazos”. Ante los hechos de los últimos días hay desde quienes dicen que esas son expresiones genuinas del enojo popular, hasta quien habla de la infiltración del gobierno en las protestas, y quien dice que es el inicio de una revolución. En realidad, no hay más que oportunismo en diversas formas.

En efecto, llama la atención que cuando en junio del año pasado ocurrieron los saqueos a comercios en Oaxaca —muy parecidos a los de los últimos días en la capital del país y el Estado de México—, nadie responsabilizó al gobierno y rápidamente la Sección 22 se desmarcó de esas acciones, con lo que la autoría de los hechos quedó reducida a grupos que aprovecharon los enfrentamientos entre grupos, y la inacción de la autoridad, para perpetrar los asaltos a las tiendas de autoservicio.

La diferencia de entonces y ahora, es que hay quien trata de encontrar la autoría de los hechos en una nueva acción conspiradora. Pero queda claro que quienes saquean tiendas ni son gente enojada por el gasolinazo, ni es el gobierno infiltrando la protesta social, y mucho menos es el comienzo de una nueva revolución en México.

¿Qué pasó en Oaxaca? Que antes y después del enfrentamiento de Nochixtlán, el 19 de junio, en varias ciudades de la entidad organizaciones sociales y maestros tomaron el control de ciertas zonas para instalar bloqueos carreteros y barricadas. Eso no es la primera vez que ocurría en la entidad, y por eso todos lo asumimos con cierto entendimiento de lo que sucedía.

La diferencia vino cuando, en el Istmo de Tehuantepec, un grupo de supuestos manifestantes decidió ir más allá de los bloqueos y las barricadas, y tomaron por asalto particularmente tres tipos de comercios: una sucursal de una empresa que vende electrodomésticos (Coppel), algunas tiendas de abarrotes y servicios (Oxxo), y alguna sucursal de una cadena de refaccionarias y partes automotrices denominada Autozone.

Lo intentaron en una ocasión, y lograron introducirse y saquear por completo uno de los comercios. Como vieron que no hubo ninguna respuesta por parte de la autoridad —en esos casos, los cuerpos policiacos reciben la orden de acuartelarse, justamente para evitar roces o actos de provocación con los manifestantes— entonces decidieron replicar las acciones una y otra vez hasta que generaron una especie de tendencia, en la que esos comercios se volvieron los favoritos para la rapiña.

Así llegó el 19 de junio, cuando la Policía Federal se enfrentó a los inconformes en Nochixtlán, y esa misma tarde-noche marchó hasta la capital oaxaqueña. En Hacienda Blanca tuvo un nuevo enfrentamiento. Y una vez que las fuerzas federales ingresaron a la ciudad, de nuevo fueron saqueadas las sucursales de esos mismos comercios que los manifestantes hallaron tras el paso de las fuerzas federales en la zona de Santa Rosa Panzacola, y algunas del Centro Histórico —también de Coppel y Oxxo— hasta donde ya no ingresó el contingente de elementos federales.

OPORTUNISMO, NADA MÁS…

En aquella ocasión nadie supuso nada respecto a aquellos actos de rapiña. Todos lo tomaron como lo que fueron: acciones de oportunistas que aprovecharon el vacío de autoridad en la entidad, y el espacio de impunidad que implícitamente les abrió la inconformidad de la Coordinadora, para perpetrar actos que, como los de ahora, no tenían ninguna base de inconformidad social sino el solo aprovechamiento del momento de “euforia social” para cometer actos vandálicos protegidos por una masa amorfa que sabía que en ese momento podía incurrir en esos ilícitos, y que además lo hacía incluso replicando los comercios y las formas que días antes habían sido ensayadas en el Istmo para perpetrar los saqueos.

Por eso mismo, lo que ahora está pasando tiene las características que reducen a eso el supuesto nacimiento de una nueva revolución por el gasolinazo. Hay mucho oportunismo en México —social, y de partidos políticos— que exacerba el sentimiento natural de inconformidad de las personas por el alza de un producto esencial para la movilidad, como los combustibles.

Sin embargo, eso no es equivalente a la invitación al saqueo, sino que más bien es resultado de quien saca provecho del momento y de quien sabe que, también por el momento, difícilmente habrá una respuesta dura del gobierno. A esos grupos les queda claro que el gobierno difícilmente actuará con firmeza, porque está particularmente preocupado por la irritación social que provocó con el gasolinazo y no estaría dispuesto a que una acción de orden, además, fuera tomada como represión por alguno de los grupos que ya de por sí están estimulando la ira social.

ENOJADOS, PERO…

El enojo no necesariamente lleva a la violencia entre la gente común. Al ciudadano común, le enoja un incremento decretado por el gobierno, que mientras toma esas decisiones no da muestras de sensibilidad reduciendo los privilegios de la clase gobernante, o emprendiendo una verdadera lucha contra la impunidad y la corrupción, que ahogan al país. Eso enoja, sí, pero no es una carta de porte hacia el vandalismo. Éste más bien surge del oportunismo que siempre ha estado presente, y que lejos de reivindicar, desnaturaliza las expresiones de irritación social ante decisiones difíciles como la del gasolinazo.

Videgaray en SRE, reconocimiento de desvalorización de política exterior mexicana

videga

+ EPN se desentiende de que la política exterior es mucho más que la relación con EU


Ayer el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el nombramiento de Luis Videgaray Caso como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con ello demostró que el gobierno mexicano perdió ya la dignidad ante el inminente arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, y que los principios de la política exterior mexicana —establecidos en la Constitución— pasarán a ser un instrumento decorativo ante la premura del Presidente mexicano por capitalizar el “buen tino” de Videgaray como visionario de la victoria de Trump cuando nadie lo creía posible. Quién sabe si sea un acierto para Peña, pero es una derrota más para México.

En efecto, al mediodía de ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció su decisión de nombrar a Videgaray como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. En un mensaje transmitido por el canal de youtube de la Presidencia, Peña Nieto dijo que Videgaray deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo relativos a la política exterior mexicana.

Lo instruyó a cumplir con la agenda de derechos humanos dentro y fuera del país, así como la relevancia de México a través de sus vínculos con los demás países del concierto internacional, particularmente en materia económica. Respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, el Presidente instruyó al nuevo Canciller a acelerar el contacto con la administración de Donald Trump, a fin de fortalecer los vínculos en materia de seguridad, comercio, migración e inversión.

Como marco de referencia, todos recordamos que Luis Videgaray se separó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre del año pasado, luego de las presiones que se generaron sobre el gobierno mexicano ante la administración estadounidense del presidente Barack Obama, a raíz de la visita a México del entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump; hoy, presidente electo de los Estados Unidos. En aquel momento, el gobierno estadounidense le recriminó al mexicano el haberle dado a Trump la calidad de Jefe de Estado cuando en realidad no era sino un político en campaña.

Además, en el gobierno estadounidense cayó muy mal el acercamiento discrecional que tuvo el gobierno de Peña Nieto como el Candidato Presidencial Republicano, cuando el propio gobierno federal estadounidense le había sugerido a su par, el gobierno mexicano, que le diera prioridad a la relación con la candidata oficialista (del Partido Demócrata) Hillary Clinton. Concretamente, el gobierno estadounidense se sintió burlado con las negociaciones secretas entre el gobierno de Peña Nieto y la campaña de Trump, y por eso después de la visita desde el gobierno estadounidense presionaron para que alguien pagara en México por el desaguisado.

El que pagó el costo de la visita fue justamente Videgaray, quien no tenía empacho en reconocer que según su perspectiva era esencial la relación con Trump como una cuestión de pragmatismo y estrategia política. Nunca consideró que la visita, en el momento en que ocurrió, había rebajado al gobierno mexicano, lo había involucrado en la campaña presidencial de otro país, y lo había sometido al escarnio de un hombre sin escrúpulos como el candidato Trump.

Hoy, en una circunstancia totalmente distinta a la de septiembre, Trump es presidente electo de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano decidió que su único tema de política exterior es la nueva relación con el vecino del norte, por lo que restableció a Videgaray en el gabinete pero ahora como encargado de la cancillería.

VISIÓN REDUCCIONISTA

Es cierto que Estados Unidos es el principal socio comercial de México; que su principal proveedor y su principal comprador de bienes, servicios y manufacturas; es también cierto que la economía mexicana está íntimamente anclada a la estadounidense, y que en esta perspectiva los destinos de ambos están sellados en una relación que, para mal de México, tiene características de desigualdad en detrimento de nuestra economía.

Todo eso es cierto, como también lo es que la política exterior de un país va mucho más allá de la relación con una sola nación; y que resulta muy cuestionable que las decisiones de política exterior de un ente soberano se tomen en función de la relación con un solo país en detrimento del concierto internacional. Es, de hecho, como demostrarle al mundo entero que a México sólo le importa ya no Estados Unidos, sino Donald Trump, y que para ello está poniéndole un interlocutor de Estado sólo para que se dedique a él.

En este sentido, la Constitución mexicana establece como principios de la política exterior mexicana (artículo 89, fracción X) la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

¿Y ESOS PRINCIPIOS?

El gobierno de Peña Nieto demostró que esos principios generales son relativos cuando su objetivo es tratarle de demostrarle a México, y al mundo, que la decisión de invitar a Donald Trump en agosto del año pasado, luego de las amenazas y los insultos proferidos a diversas minorías estadounidenses —entre ellas la mexicana—, fue un acierto y no el error que todos vimos y consideramos. Esa es su lógica. Aunque para justificarla esté cometiendo un nuevo error al rebajar la política exterior mexicana al coqueteo estéril con un personaje sin escrúpulos.

Administradores: debe haber prácticas más transparentes para esa figura

aviles

+ Problema vigente, por la discrecionalidad de su nombramiento y funciones


De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, al menos en 19 municipios de la entidad se deberá nombrar un administrador municipal ante los problemas políticos y post electorales, o porque en algunas demarcaciones no se pudo realizar la elección constitucional o comunitaria correspondiente. En ese marco, no es alivio ni el número de los ayuntamientos en conflicto, ni tampoco que ahora la facultad de nombramiento de los administradores esté en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esto sigue siendo un problema porque se sigue procurando y sosteniendo la discrecionalidad en el nombramiento, y la indeterminación en las funciones y límites de esa figura legaloide de la estructura jurídica oaxaqueña.

En efecto, con el inicio del año ocurrió también el inicio de las funciones de las nuevas autoridades municipales en la entidad. En ese marco, la Secretaría General de Gobierno dijo que en 19 municipios de la entidad se nombrará administradores municipales. Alejandro Avilés, titular de la Segego, señaló que quienes funjan como administradores tendrán la encomienda de resolver la problemática en cada uno de esos municipios lo más pronto posible para que se puedan realizar las asambleas que mandatará el IEEPO y puedan elegir a sus autoridades; y dijo, según un comunicado emitido por la dependencia, que “próximamente se darán a conocer los nombres de las personas que ostentarán este cargo”.

En este marco, es necesario de entrada evitar la consideración de que el problema de los administradores está resuelto, porque ahora la facultad constitucional de designación se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, y no del Congreso del Estado como en los años anteriores.

En realidad, el problema y la inquietud de esas 19 comunidades —así como de otras que eventualmente podrían sumarse a esa lista inicial de municipios en conflicto, y en la indefinición de sus autoridades constitucionales— radica no específicamente en el hecho del nombramiento de los administradores sino, por un lado, en la pésima fama de esa figura política; y, por el otro, porque al modificar las facultades relacionadas con la designación de los mismos, no se avanzó nada en la estabilización de la figura a través de reglas claras y equilibradas para su nombramiento y funciones ahora por parte del Ejecutivo.

Pues resulta que cuando esta facultad estuvo en el ámbito del Congreso local, hubo dos cuestionamientos de base que nunca fueron abordados por los legisladores: el primero, tenía que ver con el hecho de que el Congreso del Estado nunca estableció parámetros claros sobre qué requisitos debía cubrir aquel que quisiera ser nombrado como administrador municipal. En ese sentido, todo quedaba sujeto a los acuerdos e intereses de la Junta de Coordinación Política, que era quien discrecionalmente establecía la lista de los posibles administradores de los ayuntamientos en conflicto sin aclararle a las comunidades involucradas, ni a los diputados, y mucho menos a la ciudadanía, cuáles eran las consideraciones para esos nombramientos.

El segundo problema era todavía mayor: al inicio de la LXII Legislatura, el Pleno decidió, de forma inconstitucional, emitir un decreto por medio del cual facultaba a la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo el nombramiento de los administradores. Esa delegación de facultades fue siempre inconstitucional —aunque ningún legislador la impugnó— porque la Constitución local establecía expresamente que debía ser el Pleno, y no la Junta, quien llevara a cabo las designaciones.

AHORA, LA MISMA

DISCRECIONALIDAD

Hoy la Constitución establece que es el Ejecutivo quien debe designar a los administradores municipales; la Ley Orgánica Municipal establece algunos criterios sobre su designación; y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo faculta a la Secretaría General de Gobierno para tramitar el nombramiento de los encargados de la Administración Municipal que designe el Gobernador del Estado (artículo 34, fracción XL).

El problema es que, a pesar de todo eso, sigue siendo un asunto en el que influye de manera determinante alguien que no entregó buenas cuentas en esa materia (Avilés, en su pasado como diputado local y principal decisor en la Junta de Coordinación Política); y que, estructuralmente, sigue siendo una cuestión inundada por la discrecionalidad y la aparente buena voluntad política del Ejecutivo que, a la luz de las circunstancias, resultan criterios insuficientes para generar certidumbre respecto a la confiabilidad y eficacia de quienes sean nombrados como administradores y, sobre todo, que éstos cumplan verdaderamente con la misión de encauzar los conflictos políticos en el corto plazo, y no ser —como hasta ahora— instigadores de la crisis para mantenerse en el cargo por todo un periodo constitucional, tal y como ha ocurrido en los últimos años con quienes han tenido esa responsabilidad.

INTERROGANTES

En el fondo, las interrogantes y los cuestionamientos sobre los administradores siguen siendo los mismos, a partir de que quienes fungieron en el trienio 2014-2016 ni avinieron arreglos entre las partes en los conflictos de las comunidades, ni tampoco fueron ejemplo de trabajo, cercanía, transparencia y pertenencia con la comunidad. No es alivio para nadie que ahora se diga que los administradores serán de la misma extracción política o partidista de la última autoridad electa; el problema no es que los nombre el Ejecutivo sino que lo haga en el marco de discrecionalidad, que no ha cambiado a pesar del vaivén de la atribución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal.

Colonizar a oposición en Oaxaca: ¿Por razones prácticas o por ego político?

alejandro

+ Controlan silenciosamente las dirigencias; ¿cuál es el objetivo de intentarlo?


Igual que en todo el país, en Oaxaca hay mal humor social y los partidos políticos, junto con el gobierno, tienen responsabilidad protagónica en ello. Dentro de sus movimientos, hoy lo que se observa en la entidad es el intento clarísimo del nuevo grupo gobernante por tomar el control de las principales fuerzas opositoras para generarle gobernabilidad y certidumbre al régimen. Una de las cuestiones que, en medio de todo eso, continúa siendo una interrogante es para qué quieren el control de la oposición, y cuál es el objetivo para el que serviría una oposición orgánica.

En efecto, Oaxaca vive momentos particularmente complejos, en los que ya nadie habla de las reformas para la pose democrática, sino en los que, más bien, todos buscan abonarle al sentido de eficiencia a sus tareas esenciales. El gobierno de Alejandro Murat, por ejemplo, no ha establecido líneas referentes a un nuevo entramado constitucional tendiente a la democracia participativa o representativa, derechos fundamentales o reconocimiento de minorías. En su practicidad, sabe que lo que los oaxaqueños están —estamos— esperando, son acciones concretas que demuestren que el Estado oaxaqueño existe, que hay también un gobierno capaz de cumplir con sus fines, y que esos fines están enfocados al cumplimiento de las funciones públicas del gobierno, y al bienestar de las personas.

Lo mismo ocurre con los diputados: las principales fuerzas en la LXIII Legislatura han rayado en la procacidad de ni siquiera haber establecido una ruta crítica de trabajo, o líneas generales de su quehacer legislativo para los dos años de la Legislatura. Ello puede ser leído en el sentido de que serán fracciones parlamentarias dispuestas a reaccionar a las necesidades del gobierno según vayan surgiendo —es decir, pragmatismo puro—; pero también de que no tienen una agenda concreta, porque asumen que Oaxaca en la actualidad no necesita tanto reformas aspiracionales, sino demostraciones concretas de trabajo conjunto para dinamizar las tareas y acciones públicas.

Y, de hecho, la única fracción parlamentaria que sí estableció una agenda inicial de trabajo fue la del PT, y ésta tiene —en concordancia con las necesidades visibles de la entidad— como contenido justamente un paquete de iniciativas de reforma que no pasan esencialmente por el tema democrático, sino por la búsqueda de modificaciones que faciliten algunos procesos de la vida cotidiana de las personas en la entidad.

Así, en esa combinación de necesidades, surge una pregunta que se irá respondiendo conforme transcurra el presente año: ¿Cuál será el papel de la LXIII Legislatura de cara no sólo al nuevo gobierno, sino a las necesidades visibles de Oaxaca? Pues, de hecho, vemos que a la generalidad de las personas hoy no les preocupa tanto el acceso a la vida democrática, como el colapso económico generalizado de la entidad; la parálisis en que Gabino Cué dejó sumida a la administración estatal; la falta de obra y resultados específicos; y la imposibilidad actual del gobierno para cumplir con sus fines.

Por eso, sin menoscabo del tema democrático, tal parece que hoy entre los oaxaqueños pululan también preocupaciones más básicas que, hasta ahora, no queda del todo claro cómo serán atendidas desde la esfera de la administración pública, y mucho menos cómo serán respaldadas desde la Legislatura del Estado.

INTERROGANTES

Por eso es vigente la interrogante de para qué busca el nuevo régimen la colonización de las fuerzas opositoras. En un sentido básico, se entiende que lo busca de inicio por el establecimiento de una nueva relación de poder, basada en el hecho de que el partido que gobierna toma también cierto control entre sus opositores para generar una convivencia relativamente armónica.

También se entiende que esa intención tiene como base generar condiciones de certidumbre y de gobernabilidad, a partir de que hay cierta injerencia —civilizada o no— en la vida interna de todos los partidos. Ese fue un aspecto que el gobierno de Gabino Cué nunca cuidó, y por eso sus más voraces verdugos fueron justamente los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder. No obstante, junto a eso subsiste la pregunta de para qué quieren esa injerencia, si hoy lo que espera la ciudadanía ya no son demostraciones socarronas de fuerza, o de pericia maniobrera por parte del PRI con sus opositores, sino resultados concretos en las tareas de gobierno.

Por esa razón, habrá que ir observando si esos silenciosos asaltos que se orquestaron ya desde el PRI hacia el PAN, PRD y Morena, tienen como intención generarse un escenario favorable para la búsqueda de reformas que hagan más eficiente la función del gobierno y para que, como lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, juntos le permitan a Alejandro Murat tener la administración, la estructura gubernamental, las atribuciones, y el escenario político que Oaxaca necesita.

EFICIENCIA, NO SOBERBIA

Finalmente, es claro que mientras más transcurre el tiempo más importante se hace la eficacia en las tareas de gobierno para los fines electorales. Les guste o no a los ingenieros electorales del PRI, que creen que todo se gana o se pierde manipulando a clientelas, hoy lo que todos ellos deben buscar —para mantener el poder— es que el Gobernador pueda cumplir con sus fines, y el gobierno pueda mantener el mínimo de credibilidad y legitimidad necesarios frente a la ciudadanía. Son temas muy concretos. Y su reto será demostrar que para lograr eso, y no por arrogancia, están intentando colonizar a las fuerzas de oposición en Oaxaca.