+ Gobierno debe buscar liderazgos homogéneos, no insistir en reparto entre grupos

El abrupto relevo en la Secretaría General de Gobierno (Segego) debiera servirle al grupo gobernante para un análisis autocrítico de fondo, y no sólo para resolver lo coyuntural —que radica en el relevo del titular de la dependencia. Dicho análisis de fondo tendría que versar sobre qué tipo de Secretaría General le podría ser útil al gobierno, y si la actual estructura de la Segego es un aporte o un lastre para la gobernabilidad. A la par de ello, un criterio fundamental tendría que radicar en el establecimiento de una línea más vertical y homogénea en quien encabece la labor relativa a la gobernabilidad. El reto no es sencillo. Pero la coyuntura permite esta posibilidad.

En efecto, vale la pena preguntarse si la Secretaría General de Gobierno sirve en las condiciones actuales, y si junto con el cambio de titular tendría también que haber una modificación operativa a la estructura y alcances de la dependencia. Ello, en primera instancia, tendría aún que responderlo Alejandro Avilés, que ex profeso se confeccionó una dependencia a modo cuando todavía era integrante y pastor de la LXII Legislatura, aunque en los hechos tuvo innumerables problemas de operación que, en buena medida, marcaron la pauta de su cese (disfrazado de renuncia). Además, en esa discusión tendría que participar la persona en quien recaerá la responsabilidad de relevar a Avilés.

El asunto, en esta lógica, no es de vanidades ni de poses, sino estrictamente de un sentido pragmático para tratar de proveerle algo mejor a Oaxaca. Durante años —al menos los seis de la administración de Gabino Cué— la Segego estuvo sometida a un desgaste constante propiciado por los propios grupos internos, que durante toda la gestión gabinista trataron de sobreponerse a sus pares. Desde que llegó a la dependencia Irma Piñeyro —que había sido candidata a la gubernatura por Nueva Alianza, y a la que Cué designó como un mensaje inicial de inclusión y pluralidad en la integración de su gabinete—, los principales integrantes del entonces nuevo grupo gobernante intentaron derrocarla, a través del desgaste institucional a la Segego. ¿Qué hicieron?

Por un lado Benjamín Robles Montoya, y por el otro Jorge Castillo Díaz, se dedicaron a desacreditar a la dependencia frente a los demás entes del gobierno. Materialmente, dejaron a Irma Piñeyro sin ninguna capacidad de interlocución y de influencia al interior del gabinete, a partir del acuerdo —y de la amenaza— a todos los demás secretarios y directores de los organismos estatales, de que atender sus peticiones significaba perder la gracia de aquellos, que eran los dos pilares más cercanos al Gobernador.

Por esa razón, nadie atendía, ni ayudaba a Piñeyro a resolver los problemas que llegaban a la Segego. Y en eso, se marcó una primera pauta de descrédito (que intentaba ser personal contra Piñeyro, pero que terminó siendo institucional contra la Segego), que luego se acentuó con el relevo en el cargo por parte del ex gobernador Jesús Martínez Álvarez, que intentó generar una Secretaría General fuerte y nuevamente fue desacreditado —por una especie de conspiración entre los grupos que encabezaban Robles y Castillo Díaz— en otro golpe institucional en contra de la Segego.

QUE PAGUEN LAS INSTITUCIONES

Martínez Álvarez tuvo dos intenciones para la Secretaría General: la primera consistía en el restablecimiento de las delegaciones de gobierno, y la segunda consistía en lograr una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en la que se estableciera al titular de la Secretaría General como jefe de gabinete. Martínez consiguió parcialmente el primero de los objetivos con la creación de la Subsecretaría de Operación Regional.

Pero no sólo no logró, sino que fue arrollado en su intención de modificar la ley para robustecer la presencia de la Secretaría General entre el gabinete. Pues lejos de quedar robustecida, nuevamente el acuerdo oprobioso entre los grupos de Robles y Castillo, consiguieron debilitar a la Segego, que en ese momento perdió la mayoría de las entidades que estaban sectorizadas a la dependencia, y ello envió un nuevo mensaje de desconsideración no sólo en contra de Martínez Álvarez —a quien nunca dejaron operar, y que terminó renunciando y distanciándose del grupo gobernante al punto del pleito— sino de la Secretaría General.

Así terminó el sexenio, y Avilés nunca se preguntó qué necesitaba ese modelo para operar correctamente. Más bien, lo que intentó en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ocurrida en septiembre del año pasado, fue tomar la mayor cantidad de espacios posibles para tener, en su lógica, la mayor cantidad de poder respecto a la integración del gabinete. Por eso la Segego nuevamente asumió las delegaciones de gobierno —que no fue sino el cambio de nombre de las coordinaciones regionales que ya existían, y que entonces como ahora eran inoperantes— e intentó ganar espacios al interior del gabinete.

Lo que seguramente Avilés nunca consideró es que la influencia de la Secretaría General no se traduce por qué tanto margen de operación tiene hacia dentro, sino qué tanta influencia tiene con relación a las demás secretarías del gobierno. Por eso, en una integración ‘plural’ —o de reparto entre grupos, como también se podría leer— su influencia resultó relativa, y sus excesos y errores iniciales significaron una señal en sentido contrario de lo que quizá habría querido para mostrarse como un secretario fuerte.

Avilés, de hecho, nunca demostró ascendencia con el Gobernador —es decir, que éste lo escuchara y respetara su opinión—; nunca demostró asertividad en el manejo de los conflictos políticos; tampoco demostró control ni influencia con cualquier otro ente que no fueran los partidos políticos; fue rápidamente desacreditado por las principales organizaciones sociales, encabezadas por la Sección 22 que, por su misma falta de ascendencia respecto al gabinete, no lo reconoció como un interlocutor válido, y luego abiertamente pidió su renuncia; y todo lo coronó con sus rápidas muestras de corrupción, de manejo patrimonialista del presupuesto y recursos de la dependencia, y de avidez en asuntos como su insistencia machacona en temas en los que contradecía al Gobernador, como la permanencia de los administradores municipales.

Por eso hoy quien vaya a resultar como nuevo titular de la General de Gobierno debe preguntarse con seriedad si esa estructura actual —que es un Frankenstein entre el pasado y las ambiciones de Avilés— le sirve a él o ella para desarrollar una gestión a favor Oaxaca, o si es necesaria una reingeniería de la dependencia para que en verdad pueda ser operativa independientemente de qué tantos cargos tiene el Secretario para repartir entre sus allegados.

En el fondo, hay un elemento subjetivo que se debe considerar, y es que quien sea designado como titular de la dependencia sea en verdad alguien que entrevere el entendimiento real de los procesos políticos y de gobernabilidad de la entidad —y que no sea una repetición de la soberbia e insensibilidad que se aprecia claramente en muchos funcionarios de la administración estatal, que siguen pensando que el gobierno de Oaxaca es una dependencia federal—, con el respeto y el respaldo político del Gobernador para ser, de jure o de facto, un jefe de gabinete que se pueda allegar de la ayuda todo el gobierno para resolver los problemas de la entidad.

¿REPETIR EL PASADO?

Si no se cumplen esos parámetros mínimos, y no existe ese ejercicio de autocrítica sobre la administración pública, entonces no podremos esperar sino una repetición de los excesos, errores y debilidades que llevaron a Avilés al fracaso.

+ Tasas de migración han caído; ¿Cuántos mexicanos regresarían a nuestro país?

Desde la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal ha manifestado que la tasa de expulsión de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos había caído drásticamente. Desde entonces se decía que al cruzar el número de personas que se iban contra los que regresaban, el resultado era una tasa muy cercana al cero por ciento. Esa es una constante. Y sin embargo, primero como candidato y ahora como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado la idea de que la migración mexicana es constante y caudalosa… hasta ahora, que ante el tambaleo del muro fronterizo como una de sus principales promesas de campaña, está comenzando a reconocer una realidad distinta.

En efecto, ayer el presidente Donald Trump anunció que su administración tomará “muy pronto” una decisión final sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México. Trump destacó sin embargo que aún antes del inicio de la construcción del muro en la frontera sur, Estados Unidos ha empezado a registrar un “increíble” descenso del 68 por ciento en la inmigración indocumentada al país. “Nadie ha visto números así, es un récord, de hecho la gente ya no está intentando entrar porque sabe que no puede”, dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network.

En esta lógica, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció la semana pasada que el número de personas detenidas tratando de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México “experimentó un “fuerte descenso” de alrededor del 71 por ciento este año. Las autoridades detuvieron en marzo pasado casi 17 mil personas en la frontera suroeste, en el quinto mes consecutivo de disminución de aprehensiones.

Trump expresó que no obstante las cifras, continúa el plan de construir el muro. “Hay gente que dice: ‘Trump no va a construir el muro’. Por supuesto, cien por ciento seguro que vamos a construir el muro. De hecho tuvimos cientos de interesados, tuvimos muchos diseños, he visto 10 de los mejores, pero quiero ver más. Estamos analizando los diseños y vamos a tomar una decisión muy pronto”, añadió.

Esta comienza a ser una posible ruta de escape respecto a una de las ideas de campaña más disparatadas de Donald Trump: en todos los tonos, y desde todos los frentes –desde México, los Estados Unidos y el mundo entero—, se le ha dicho que la construcción de un muro en su frontera sur es no sólo innecesaria y costosa, sino además xenófoba y contraproducente para la economía.

No obstante, por mantener su palabra, Trump continuó en la narrativa de que el muro era necesario para detener la inmigración, y que en ello la migración mexicana era la más perjudicial para su economía y para los empleos en los Estados Unidos. Al haber una franja de población estadounidense que históricamente ha abrevado esas ideas, Trump ganó adeptos con el problema que ahora no consigue los recursos para la construcción del muro y tampoco tiene los consensos políticos suficientes para lograr que éste sea bien visto ya no por los electores sino por los poderes federales, que le han comenzado a bloquear sus principales iniciativas.

Por esa razón, Trump parece estar virando el discurso hacia la idea de que la construcción del muro no es indispensable porque de todos modos la migración mexicana –y en general– ha descendido drásticamente.

¿Pero, en realidad es así?

MIGRACIONES

El flujo de migrantes hacia los Estados Unidos es constante y mucho de éste atraviesa por México. No obstante, sería reduccionista afirmar que todo lo que pasa por ahí es tránsito de mexicanos y que en ello no hay otros orígenes y otras finalidades relacionadas particularmente con llegar a los Estados Unidos. ¿De verdad la migración mexicana sigue siendo tan determinante para la economía y las fronteras de aquella nación?

Una respuesta interesante la ofrecía recientemente la Escuela de Políticas de Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego (UCSD), quien en 2016 afirmaba categóricamente en un estudio que el flujo migratorio de México a Estados Unidos se ha terminado y que ahora el movimiento global de migrantes se observa de África a los países europeos.

De acuerdo con dicho estudio, el desplazamiento de trabajadores mexicanos inició en la década de los años sesenta, después de la generación de los baby boomers o explosión demográfica, que al concluir creó unos 20 años después una escasez de residentes en edad productiva. Mientras la tasa de natalidad bajaba notablemente en Estados Unidos, ascendía en México, y en la década de los años ochenta hubo generaciones de trabajadores jóvenes mexicanos que buscaban y conseguían trabajo en Estados Unidos.

Pero ahora, de acuerdo con ese estudio, la tasa de natalidad en México se estabiliza y alcanza niveles similares a la de Estados Unidos, lo que ha formado un ajuste en la oferta de trabajo estadunidense y la de trabajadores mexicanos. El estudio parece confirmar otros anteriores que informaron sobre una migración nula desde México. La patrulla fronteriza realiza la menor detención de migrantes en la frontera con México en más de medio siglo, de acuerdo con cifras de la propia patrulla.

La tendencia actual en la frontera con Estados Unidos, es que gradualmente a la intención de cruzar la frontera como indocumentados ha sustituido un incremento en peticiones de asilo político de individuos y familias que huyen de la violencia. El análisis de la UCSD es una nueva perspectiva ante la reciente retórica antiinmigrantes de la campaña del presidente, Donald Trump.

La barda que planea construir el mandatario electo resultaría más bien innecesaria para un flujo migratorio que llaga a cero y tiende a permanecer en esos niveles. El estudio universitario se refiere tanto a los mexicanos que intentaban cruzar la frontera como a centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades que buscaban pasar desde México como indocumentados a los estados fronterizos estadunidenses.

Esto concuerda con lo que ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto que también asegura que hoy en día la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es muy cercana al cero por ciento, a partir de diversas medidas administrativas y legislativas que ha emprendido el gobierno federal para lograr esa meta. Sostuvo que México adoptó una perspectiva regional corresponsable y humana, cuenta con una red de unidades médicas que en 22 meses brindó más de 36,000 consultas médicas gratuitas. Emprendió el programa Frontera Sur que ha entregado 110,000 tarjetas de Visitante Regional y 15,000 tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo e impulsó el desarrollo regional junto con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Peña Nieto insistió en que el combate a las drogas es otro desafío mundial, en el que la corresponsabilidad y la prevención son la mejor vía para resolverlo, por lo que se debe impulsar el desarrollo, la inclusión y el fortalecimiento del tejido social

DESTINO INCIERTO

El retorno de los migrantes a México es un problema de muchas dimensiones, que parte del hecho mismo de que las comunidades no están preparadas para reabsorber cabalmente a esas personas que, además, ya tienen un modo de vida, un lenguaje, trabajos y formas de convivencia distintos. Más bien, es el miedo y el racismo el que ha hecho descender la tasa de migración y eso, junto con la política de persecución que tiene el gobierno de EU desde hace años, es lo que ha provocado este fenómeno de retorno. No es la bonanza mexicana ni las acciones de gobierno. Ello es una fantasía.

+ Deben dejar indolencia y autoengaño sobre posibilidades reales de negociación

Uno de los mayores retos políticos que tiene el gobierno de Oaxaca en el mediano y largo plazo, radica en la recomposición de su relación con la Sección 22 del SNTE, y en el establecimiento de linderos visibles y confiables respecto a los temas sobre los que puede negociar con el magisterio. Hoy nada de eso existe, y lo que aparenta ser una relación institucional rápidamente degeneró en un chantaje. Por eso, la posibilidad de sacar algo provechoso de este caos resulta un reto mayor, y un éxito histórico, si lograra conseguirlo el Gobierno del Estado.

En efecto, el miércoles nuevamente la Sección 22 y los normalistas exhibieron su capacidad de movilización, y de presión, aislando por más de doce horas a la capital oaxaqueña y arrancándole —porque no fue un logro político, ni una concesión graciosa del gobierno, sino un eficaz acto de chantaje— al titular del Ejecutivo una nueva reunión de trabajo, programada para este día. Antes, la Asamblea Estatal de la 22 había resuelto exigir la destitución de Alejandro Avilés y Germán Cervantes Ayala, titulares de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, respectivamente. Todo esto, visto globalmente, constituye un enorme problema.

¿Por qué? Porque el mensaje de los normalistas y de los integrantes de la Sección 22 hoy en día es concreto: ellos no quieren negociar con nadie más que no sea el Gobernador del Estado, y por esa razón no sólo están desestimando las capacidades —si es que las tuvieran— del Director del IEEPO y del Secretario General de Gobierno, sino que están exigiendo su destitución inmediata como una especie de condicionamiento al diálogo.

Así, si la 22 no reconoce la interlocución de las dos dependencias estatales con incidencia en su pliego petitorio (que es siempre una dualidad entre lo político y lo educativo) y al mismo tiempo exige la renuncia de sus titulares, entonces se hace lógico que en estas circunstancias no acepten dialogar más que con el Gobernador del Estado, a quien le están arrancando las reuniones de trabajo con base en movilizaciones, actos abiertos de chantaje, amenazas de violencia y, como el miércoles, con bloqueos a los principales puntos viales de la capital.

En esa sola circunstancia, hay ya varios problemas muy graves de operación política: el haber accedido de inicio el gobierno de Oaxaca a que el diálogo con la Sección 22 fuera directamente con el Titular del Ejecutivo, era desde el inicio una apuesta muy arriesgada porque ese sería el punto de referencia para cualquier negociación, y porque ello desactivaba de inicio cualquier manejo político alterno: en el ámbito estatal, no existe mayor autoridad política y administrativa que el Gobernador del Estado. Por eso, si de entrada se establece que el rasero del diálogo es directamente con el Mandatario, ya no existe otro margen para emprender acciones políticas alternas porque por encima de su autoridad administrativa y política, ya no hay nada ni nadie en el ámbito estatal.

De hecho, si ese resulta ya ser un problema mayor, es todavía más grave el hecho de que en ese diálogo no están establecidos los linderos. El Gobernador inició ofreciéndoles la regularización de tres mil 700 plazas, y hoy el magisterio le exige no sólo que dicho proceso continúe sin que los trabajadores eventualmente regularizados pasen por los procesos de evaluación que establece el Servicio Profesional Docente —que es un tema federal—, sino que ahora también exigen que el gobierno estatal asuma la responsabilidad por la contratación de los egresados de las escuelas normales.

FACULTADES CONCRETAS

El problema de fondo que enfrenta cualquier posibilidad de cumplimiento de dichas demandas, es que hoy en día el Gobierno de Oaxaca —entendido éste como los tres poderes del Estado— carece de las facultades para cumplir cualquiera de esas demandas. Explorar si quiera tal posibilidad implicaría, o el acuerdo con la autoridad federal para conseguirlo —a pesar del cuestionamiento nacional que implicaría seguir dando pasos regresivos en la implementación de la reforma educativa—; o la reinstauración de la vieja y perniciosa negociación particular del magisterio con el gobierno de Oaxaca, al margen de los dictados de la autoridad federal.

En cualquiera de los casos, el resultado es negativo. Es muy complicado que la autoridad federal quiera dar —al menos en este y el año próximo— pasos en reversa en la implementación de la reforma educativa. De hecho, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha tomado como una causa casi personal la de descalificar las posiciones de Andrés Manuel López Obrador respecto al futuro de la reforma educativa si éste último llegara a ser presidente. Sería una incongruencia enorme que por un lado Nuño reprobara a AMLO por afirmar que modificaría el esquema administrativo del magisterio nacional; pero que por el otro premiara a la Coordinadora o a la Sección 22 en sus actos de chantaje para conseguir prebendas, plazas o mayores recursos.

Ahora bien, el restablecimiento de la doble negociación, sólo agravaría los problemas sociales, económicos y políticos de Oaxaca. Quedó claro que darles todo durante 33 años —aún a costa de colapsar, como lo vemos hoy, las finanzas estatales y el futuro de los oaxaqueños— no sólo no calmó a la Sección 22, sino que siempre la alentó a seguir adelante. Por eso los profesores de Oaxaca son de los más privilegiados en el país en cuanto a salario, pero al mismo tiempo son los más combativos y los que más siguen exigiendo al Estado.

En esa lógica, revivir la doble negociación implicaría que el gobierno de Oaxaca impulsara una política de perdonarles y justificarles —como había sido siempre— todos los excesos al magisterio, a cambio de lapsos verdaderamente momentáneos y efímeros de paz social, como a quien se le da respiración artificial con un tanque de oxígeno. Además, si se reviviera la doble negociación, entonces las finanzas estatales tendrían que asumir el compromiso de seguir costeando las plazas extraordinarias, los beneficios económicos extraordinarios, y todo lo demás que les terminaría dando a cambio de no romper el delicado esquema de la paz social a cambio de recursos.

A estas alturas, sabemos que esa fue una razón del desorbitado crecimiento de la deuda pública estatal en los últimos años; sabemos que esa fue la causa de la rebeldía magisterial; y que además es una solución contraproducente incluso desde el corto plazo. De ahí parte la insistencia —que parece que sólo llega a oídos sordos— de que el gobierno de Oaxaca establezca con claridad cuáles son los temas en los que puede negociar, cuáles los límites de su capacidad de negociación y acuerdo con el magisterio, y cuáles los temas en los que no puede incidir ni siquiera ante la amenaza de que la Sección 22 incendie Oaxaca.

EXPECTATIVAS INALCANZABLES

Todo ello debería darse en un marco de diálogos públicos, para que la ciudadanía pudiera saber concretamente qué se pide, qué se negocia, cómo se dialoga, y hasta dónde se puede llegar. Sólo que hoy el primer reto radica en establecer más interlocutores válidos y respaldados que puedan romper este acelerado círculo vicioso de lastimar a los oaxaqueños cada que la dirigencia de la Sección 22 quiera una nueva reunión con el Gobernador.

+ Veracruz, Chihuahua, Nuevo León… en todas, el resultado es desalentador

El federalismo mexicano vive una resaca terrible con la inoperancia y corrupción actual de los gobiernos estatales. Si en el pasado la mayor queja institucional parecía provenir del gobierno federal y de las arbitrariedades propias del régimen presidencialista —entendido éste como un sistema presidencial exacerbado, propio de las incipientes democracias latinoamericanas—, hoy buena parte de los mayores problemas institucionales tienen su origen en la contradictoria figura de los gobernadores. Éstos, a pesar de la enorme evolución institucional que le apremia al país, siguen extremadamente sometidos en algunas atribuciones y, paradójicamente, excesivamente libres en otras. Si se busca la confianza del ciudadano en el Estado, esa es una de las figuras que debería modificarse con urgencia.

En efecto, hoy abundan las historias relacionadas con la corrupción de varios gobernadores. En el caso de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y varias más, se acusa a los ex gobernadores de haber dejado deudas estratosféricas, además de graves problemas en rubros como la seguridad. Y en otras entidades —como Oaxaca o Puebla— que hoy tienen menos atención de la opinión pública nacional, tampoco distan demasiado de esos mismos problemas que tienen una derivación de fondo en la corrupción.

En realidad, hoy que están en juego cuatro gubernaturas, y que ello no será sino la antesala de un proceso electoral mayor, ese resulta ser uno de los problemas de fondo para la generalidad de los partidos y para la credibilidad y legitimidad en general de la importancia de la renovación del poder público. Es evidente que este asunto superó por mucho la esfera de los problemas ordinarios, y que se ha incrustado como uno de los más graves en la vida pública del país. La corrupción, como problema genérico del Estado, se particulariza en temas como la impunidad, pero también se bifurca en la inoperancia de las instituciones y en las excesivas libertades que tienen hoy algunos servidores públicos. Y ello se refleja con toda claridad en los gobernadores.

Pues, por un lado, seguimos siendo testigos de que hoy son algunos gobernadores los que mejor ejemplifican los problemas de corrupción en el país. En este momento son César y Javier Duarte en Chihuahua y Veracruz, respectivamente. Previo a ellos fue Roberto Borge en Quintana Roo. Pero hace un poco más de tiempo fue Guillermo Padrés en Sonora; Fausto Vallejo en Michoacán; y antes fue Humberto Moreira en Coahuila. Es decir, que este es un problema sistemático, en el que gobernadores de todas las facciones, grupos, partidos y antecedentes, comparten el mismo problema de haberse excedido en sus funciones y haber incurrido en todo tipo de irregularidades, particularmente con las que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos, y las tentaciones del peculado.

Y como si eso no fuera suficiente, resulta que esos mismos gobernadores han entregado gestiones verdaderamente desastrosas en cuanto a resultados. Hoy el país está incendiado por la criminalidad, por la violencia y por la impunidad. Y el rasgo distintivo –para variar— son los gobernadores completamente incapaces de controlar las situaciones de riesgo en sus respectivas entidades. Todos por igual, claman por ayuda federal ante la evidente incapacidad de controlar un problema que en gran medida ellos contribuyeron a crear.

Lo hicieron cuando permitieron que la delincuencia le ganara terreno al orden público; cuando distrajeron recursos prioritarios para el mejoramiento de las policías, para otros fines; cuando asumieron que la seguridad no era un tema estatal sino federal; y cuando, por indolencia o por candidez, dejaron de atender ese y muchos otros problemas que hoy, por su dimensión, tienen también rebasado al gobierno federal.

PODER DE CLAROSCUROS

¿Y no son esos mismos gobernadores a quienes se acusa, por ejemplo, de haber sobre endeudado a sus entidades federativas? Son ellos mismos, porque en esos controles y libertades que hoy tienen los Ejecutivos estatales —una de las figuras que particularmente no ha sufrido modificaciones sustanciales en el esquema constitucional federal, a pesar de la alternancia de partidos en el poder y de los cientos de reformas que en los últimos 17 años se han hecho a la Constitución— les siguen permitiendo ejercicios discrecionales del gasto y, además, controles muy anticuados de los contrapesos democráticos.

¿Cómo se puede explicar, entonces, que la gran mayoría de los gobernadores, independientemente de la filiación política de la que emanaron, enfrenten problemas similares de acusaciones sobre endeudamientos irresponsables? En ese rubro, ninguno de los partidos sale bien librado, porque más bien ese ha sido un efecto nocivo de la praxis política que, además de reflejar irresponsabilidad en el ejercicio del presupuesto, revela también la inexistencia de contrapesos reales o, en su caso, de una relación de connivencia entre los gobiernos y las fuerzas opositoras.

Los hechos así lo demuestran: todos los gobernadores, para contratar deuda y comprometer sus ingresos fiscales futuros, necesitan el aval de su respectivo Congreso. Y todos los gobiernos endeudados tienen fuerzas opositoras que prácticamente en todos los casos terminan respaldando al gobernador en sus intenciones, ya sea porque entablan negociaciones para compartir los beneficios, o porque simplemente existe un problema de sometimiento permanente de la oposición al oficialismo. Y, en cualquiera de los casos, todo esto ocurre gracias a que no existen los equilibrios efectivos en el ejercicio del poder.

En todo eso, la propia federación ha sido corresponsable. Pues a pesar de la transformación institucional que ha sufrido el país, y de las modificaciones al esquema de poder del Presidente, resulta que los gobiernos estatales siguen siendo muy dependientes del paternalismo federal, que en gran medida se ha promovido —valga la redundancia— desde la propia federación.

Por décadas —antes y después de la alternancia de partidos en la presidencial, en el año 2000— el gobierno federal ha buscado restarle facultades sustantivas a los gobiernos estatales, menguándoles sus capacidades recaudatorias, ejecutivas, administrativas, de seguridad y de desarrollo. Por eso, el gran poder lo ha seguido teniendo la federación —cosa que no cambió ni con las reformas estructurales recientes— y los gobernadores están reducidos a la cómoda posición de jefes políticos de sus entidades federativas, aunque con márgenes muy limitados de acción para enfrentar con bases los problemas de los territorios que gobiernan.

Por eso no es ocioso el señalamiento sobre la urgencia —hipotética— de que evolucione la figura de los gobiernos estatales. Lejos de menguarles aún más el poder, se le deben dar las responsabilidades que hasta ahora se le han regateado, y se le deben poner los controles que hasta ahora han evitado. Conforme pasa el tiempo y los problemas nacionales, queda cada vez más claro que los gobiernos estatales están rebasados.

DESARROLLO REAL

No se ha querido entender que no se trata de seguirlos supliendo, o de quitarles aún más facultades, sino todo lo contrario: como a un adolescente que está en desarrollo, a los gobiernos locales se les debe dar responsabilidades y obligarlos a que las asuman. Sólo de ese modo se podría ir menguando la figura parasitaria que hoy tienen en general los gobiernos estatales respecto a la federación, y se impulsaría el replanteamiento de la figura sustancialmente.