+ Reformas a favor de la inclusión, congeladas por los atavismos de los políticos

La conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia, en Oaxaca y en México sigue siendo meramente testimonial y contradictorio, porque a pesar de que en los discursos se habla de inclusión, de tolerancia y de reconocimiento, la realidad es aplastante y refleja que en nuestra sociedad sigue privando la exclusión, los atavismos y la homofobia, que van desde las constantes agresiones a todo aquel que aparenta ser diferente, o quienes parecen más débiles. Si la ocasión sirviera para hablar de algo, seguramente aquí tendría que ser un resumen de derrotas.

En efecto, desde hace varios años cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, como una forma de promover el respeto a la comunidad lésbico gay. En México, en cada fecha como esa se realizan foros y se extienden promesas de inclusión y tolerancia que no tienen ningún trasfondo. Lo más preocupante es que además de que no se promueve la parte cultural de este proceso de inclusión, ello tampoco se refleja en las manifestaciones sustantivas donde debería impactar ese cambio de mentalidad. En esa lógica, resulta abominable que hoy sea la propia clase política la que quiera disimular y esconder esa fecha porque para algunos sectores políticos ha sido algo que resulta mal visto. ¿De qué hablamos?

De que apenas el año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto había puesto como una de sus convicciones el respeto y la promoción de valores encaminados a la inclusión y el reconocimiento legal y constitucional a la comunidad lésbico gay. Precisamente el 17 de mayo del año pasado, el Presidente envió un paquete de iniciativas de ley que tenían como objetivo reconocer el matrimonio igualitario, a partir de la constatación del principio constitucional que dice que todas las personas somos iguales ante la ley.

El problema es que ayer, cuando se cumplió un año de aquel acontecimiento —que luego fue vetado por legisladores, políticos y hasta gobernadores que aseguraban que ello rompía con los valores morales de la sociedad mexicana, e incluso se le intentó responsabilizar a esa iniciativa del Ejecutivo federal por la derrota electoral del PRI del año pasado en varios de los estados que se consideran conservadores—, resulta que el Presidente decidió conmemorar otra cuestión y ya no la inclusión, como el año pasado, quizá porque ya no fue lo redituable que pensó, o quizá por temor a que esos mismos sectores reaccionarios que lo criticaron y boicotearon el año pasado, le volvieran a hacer lo mismo ahora que está en juego la trascendental elección del Estado de México.

Lejos del año pasado, ayer el presidente Peña Nieto decidió celebrar en el 17 de mayo el día de internet, y no el día mundial contra la homofobia, como sí lo hizo el año pasado. En su cuenta @EPN en Twitter, y en el marco del Día Internacional de Internet, expresó que con dicha reforma, más de 50 por ciento de la población está conectada a Internet y los precios en servicios de comunicaciones han disminuido más de 20 por ciento. Añadió que en los últimos años, la proporción de mexicanas y mexicanos que utilizan Internet para interactuar con el gobierno federal pasó de 1.2 a 22.2 por ciento.

Así, la inclusión de las minorías quedó relegada para otro momento.

REFORMAS PENDIENTES

El año pasado, el Presidente presentó un paquete de reformas que parecía trascendental para los pasos necesarios en el reconocimiento de la comunidad lésbico gay a través de la constitucionalización del matrimonio igualitario, y el reconocimiento a diversos derechos de ese orden, que si bien están reconocidos jurisprudencialmente, con esas reformas —de haber ocurrido, aunque hoy están muertas gracias a la partidocracia legislativa que decidió que ese tema no era importante para el país— alcanzarían el orden constitucional y la necesidad de un mayor reconocimiento.

En aquel entonces, el presidente Enrique Peña Nieto firmó una serie de iniciativas para garantizar en todo el país el respeto al derecho a un matrimonio sin discriminación y para derogar o modificar cualquier norma con contenido discriminatorio en las leyes del país. Asimismo, el mandatario anunció varias acciones para reforzar el acceso de la comunidad de la diversidad sexual a sus derechos.

En ese aspecto, el Ejecutivo federal firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Detalló que de esta forma quedaría explícito el matrimonio igualitario en la Constitución como lo ha determinado la Corte y como ya ocurre en varias entidades federativas, no así en Oaxaca.

“Sin embargo no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados y entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la SCJN y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en la Carta Magna como un derecho”, precisó el Mandatario. El Presidente firmó además una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario a fin de que pueda realizarse sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años acorde con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Por qué era relevante todo esto? En un primer aspecto, porque era claro que ante la pasividad y los atavismos sociales de varios estados del país, ayer el gobierno federal le arrebató otro tema en el que no tenía por qué meterse, pero que lo hizo para aprovechar la oportunidad —política, y quizá hasta electoral— que esto representa. Es creciente la comunidad mexicana que exige cambios en la regulación sobre la convivencia y las relaciones entre las personas —el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, como cúspide esas exigencias.

Sólo que los gobiernos estatales han declinado —en su mayoría— la posibilidad de establecer una postura y reformas sobre ese tema, y por eso hoy una variedad enorme entre estados que aceptan o rechazan el matrimonio igualitario, como reflejo (aparente) de los dilemas morales de sus respectivas sociedades. Oaxaca se encuentra en el pináculo de esa situación, por ser la entidad sobre la que se estableció la jurisprudencia sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario.

Y es que los seis años previos, Oaxaca presumió de tener un “gobierno de izquierda” en el que, tanto el Ejecutivo como el Congreso de Oaxaca litigaron hasta la última instancia la pervivencia de la figura que establece que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer. Fue una pareja —dos mujeres que querían contraer matrimonio— la que en Oaxaca inició el proceso de reconocimiento de su derecho a casarse. Solicitaron la celebración del matrimonio ante la Dirección del Registro Civil, y ésta les negó dicha posibilidad, alegando lo que establece el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca.

OPORTUNISMO Y SILENCIO

El año pasado, queda claro, el Presidente conmemoró el Día Mundial contra la Homofobia. Quizá por eso mismo, porque ven que es un tema complejo, en Oaxaca las fuerzas políticas de mayoría se resisten a modificar el vergonzante 143 del Código Civil. Con silencio y oportunismo ahora pretenden coronar la inclusión, pero en sentido contrario.

+ Revela, dentro de la Universidad, necesidad urgente de protocolos

Parece una contradicción la estrategia de un grupo denominado Movimiento de Universitarias Oaxaqueñas en Vigilancia ante las Agresiones Sexuales (MUOVAS) , que este fin de semana presentó públicamente diversas pruebas relacionadas con un caso de presunto abuso sexual cometido por un profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, en contra de una de sus asistentes de investigación durante una práctica de campo en una comunidad de Tlaxiaco. La contradicción parece radicar en que terceras personas están denunciando los hechos y no la víctima ante la autoridad correspondiente, y que el Consejo Técnico del Instituto llamó al presunto responsable a ponerse a disposición de las autoridades, a pesar de que todos admiten que aún no existe una denuncia presentada. ¿Qué buscan?

En efecto, a través de una conferencia de prensa, el pasado sábado integrantes del MUOVAS presentaron diversas pruebas y testimonios relacionados con un posible abuso sexual ocurrido durante una práctica de campo, por parte de uno de los profesores investigadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas en contra de una de sus asistentes de investigación.

La difusión pública de los documentos y testimonios, no es sino la consecuencia de los llamados ignorados tanto por la Dirección del IISUABJO, como por el Consejo Técnico del mismo, tanto para iniciar con el procedimiento disciplinario que establece la reglamentación de la UABJO en contra del señalado, como para establecer mecanismos y protocolos para el tratamiento de ese tipo de casos, cuestiones que no fueron atendidas oportunamente por las instancias universitarias correspondientes.

Por eso, en la presentación pública de las pruebas y testimonios ocurrida el pasado sábado, el MUOVAS se dijo dispuesto a darle vista a la Fiscalía General del Estado sobre los hechos denunciados y las pruebas difundidas, y después el propio Consejo Técnico estableció esa misma intención a través de una carta abierta publicada el lunes a través de distintos medios. A pesar de ello, hasta ahora no hay noticia respecto a si eso ya ocurrió, como tampoco de si la propia víctima había presentado —o está dispuesta a hacerlo— la denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer.

En esa lógica, parece entonces que todo esto se encuentra enmarcado por una gran contradicción, ya que hasta el momento no se ha dado vista a la autoridad ministerial para que inicie las acciones que correspondan, pero el Consejo Técnico tampoco estableció una postura concreta con relación a la permanencia del señalado como profesor investigador dentro del Instituto. Podría parecer eso, aunque en realidad las acciones del MUOVAS reflejan estar más encaminadas a obligar a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a tomar acciones internas en contra del señalado, y establecer medidas para que este tipo de situaciones de indolencia institucional universitaria, no vuelvan a ocurrir.

DESDÉN UNIVERSITARIO

Quienes conocen a detalle este asunto señalan que el acto público realizado el sábado por MUOVAS, es la consecuencia de reiterados llamados internos a la Universidad para que tomara conocimiento de estos hechos, y de asimismo reiteradas muestras tanto de la Directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas, como del Consejo Técnico del Instituto —que está integrado por la Directora y profesores— para asumir con sentido de responsabilidad esta denuncia.

El MUOVAS, en el fondo, parece tener una preocupación concomitante a la falta de acciones para llevar ante la justicia este caso de abuso sexual: la situación de que, a pesar de que este hecho es ampliamente conocido en el Instituto, y por las más importantes autoridades universitarias desde hace tiempo, nadie ha tenido la voluntad suficiente para actuar a nivel interno, y todos han dejado la solución del asunto a terceros indeterminados, que lo mismo pueden ser la afectada —que hasta ahora no ha presentado la denuncia correspondiente—, o la autoridad ministerial —que no tiene forma de actuar porque no se ha denunciado el hecho.

Junto a esa preocupación hay otra aún más importante: a pesar de que este hecho es público y de amplio conocimiento entre la comunidad del Instituto, y de la Universidad en general, hasta ahora el señalado como responsable de haber cometido el abuso sexual denunciado, y posiblemente otro más en grado de tentativa, continúa siendo profesor investigador; continúa realizando viajes para prácticas de campo, y continúa estando en contacto con universitarias —alumnas, asistentes de investigación, profesoras, investigadoras, y demás— que ante el silencio y la indolencia de las autoridades de la Universidad, son blancos potenciales de una persona con esos antecedentes.

Esa es la razón por la que el MUOVAS parece haberse atrevido a llevar a un foro público la denuncia y los testimonios: en realidad lo que están tratando de lograr es que la Universidad tome medidas internas, tanto para el caso concreto como de fondo, frente a esta situación. Intentan, en el corto plazo, que el profesor investigador señalado sea separado provisionalmente de sus funciones, mientras el Consejo Técnico del Instituto lleva a cabo el procedimiento contemplado en su propio reglamento para aplicar medidas disciplinarias que, según su demanda, debe consistir en la destitución.

Argumentan, en refuerzo, que ya existe un antecedente de otro integrante del Instituto que fue sancionado y separado de sus funciones ante un señalamiento de esa misma naturaleza. Sin embargo, en la carta pública que el lunes emitió la Universidad sobre el tema, no se pronuncia respecto a si el señalado será o no separado de sus actividades académicas, en tanto se establecen las responsabilidades por parte del Consejo Técnico.

Pero además, el MUOVAS intenta llevar el este problema a un grado todavía más de fondo al exigir la creación de protocolos de atención para este tipo de casos. Aseguran que independientemente de lo que pueda decidir la propia víctima respecto a una denuncia penal, y de lo que resuelvan las autoridades competentes, la Universidad debe contar con protocolos para tratar este tipo de situaciones, para sancionar a quienes incurran en este tipo de prácticas a través de reglas y mecanismos claros y definidos, y para garantizar la integridad de la comunidad universitaria al margen de lo que pueda ocurrir fuera de la Universidad. Sobre esto último sí hubo un pronunciamiento favorable por parte del Consejo Técnico.

Al final, lo que queda claro es que más allá de lo que hagan ahora, lo que visibilizó la denuncia de ese colectivo de mujeres, fue la poca disposición institucional a conocer y atender este tipo de casos, y el ánimo —quién sabe si accidental o deliberado— por proteger laboralmente a alguien que ha sido señalado de forma reiterada por una práctica abominable como el abuso sexual, a pesar de los llamados de la propia comunidad universitaria para que el Consejo Técnico abordara la situación a tiempo y con la responsabilidad necesaria, y no hasta el tiempo de los señalamientos y las denuncias públicas.

VIOLENCIA TOLERADA

La gente ve divertida cuando aparecen las “ladys” y los “gentlemans”, ahora conocidos así por sus prácticas de prepotencia y violencia en contra de otras personas, y también comparten morbosamente en redes sociales contenido de peleas, agresiones verbales, insultos y demás. ¿Cómo pensar en una sociedad más tolerante y respetuosa, cuando ese —lo aceptemos o no— es el signo de nuestro tiempo?

+ Movilizaciones tienen un sentido político estratégico; peticiones, intrascendentes

A pesar de lo incierto del panorama actual en Oaxaca, y de la actitud oficial por momentos inconsistente y tímida frente a la Sección 22 del SNTE, sí hay posibilidades de que en este 2017 no haya paro indefinido de labores. Ello se explicaría a partir de la idea —que cada día permea más al interior del magisterio—, de que deben acumular fuerzas rumbo al definitorio año 2018 y de que todo lo que pretenden negociar en su pliego petitorio actual es verdaderamente intrascendente para sus intereses de fondo. Salvo eventos extraordinarios, ello explicaría su aparente moderación actual.

En efecto, ayer en el marco del Día del Maestro, y de las movilizaciones tradicionales de la Sección 22 del SNTE, el director General del IEEPO, Germán Cervantes Ayala descartó enfático la posibilidad de que estalle el paro por parte de la Sección 22 en esta entidad. El funcionario dijo que sólo ayer lunes no se laboró por ser día feriado a partir de la celebración del Día del Maestro, pero que hoy martes todos los profesores oaxaqueños regresarán a las aulas.

De acuerdo con información difundida ayer, el Titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca explicó que hasta el momento se ha atendido las demandas de los maestros, y que hay un diálogo contante con la dirigencia para trabajar a favor de los niños y niñas de Oaxaca y no se estalle el paro. Dijo que si los maestros no acuden a las aulas este martes, el IEEPO sancionará como lo marca la ley, aunque confió que los profesores asistan de manera normal a clases.

Así, en apariencia el IEEPO y el Gobierno del Estado parecen tener la certidumbre de que no habrá paro indefinido de labores en las semanas próximas, a partir de las negociaciones que llevan a cabo y los avances que tienen en las mesas de trabajo que instalaron desde el mes de diciembre para la regularización del personal que tenía problemas relacionados con su plaza de trabajo, así como con el proceso de contratación de los normalistas ya fuera con plazas de profesor, o con becas temporales en lo que se preparan para lograr cumplir con los exámenes y requisitos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Ante ese escenario que, en apariencia resulta hasta demasiado bueno para ser cierto, vale la pena preguntarse: ¿En realidad esa es la única razón por la que el IEEPO y el Gobierno del Estado están convencidos de que no habrá paro de labores en este 2017, porque están entablando una relación constructiva en la que se privilegia el diálogo y la concertación? Evidentemente, esas razones esgrimidas por el sector gubernamental —algunas de las cuales a estas alturas suenan más a lugares comunes que a argumentos de fondo— no alcanzan a explicar por qué el magisterio oaxaqueño podría no irse al paro de labores durante el presente año y por qué, además, ello no representa ninguna garantía de que las hostilidades magisteriales no se desaten el año próximo.

PENSAR EN 2018

Ante la interrogante, hay que considerar algunos factores: el primero de ellos, es que la forma que históricamente ha tenido de participar en los momentos políticos y en los procesos electorales —recordemos que ellos han sido siempre, además de un gremio, un movimiento social y de abiertas motivaciones políticas— es a través de la movilización. Es una falacia pensar que los maestros sólo se movilizan como estructura electoral en las jornadas de votación, o que su apoyo a tal o cual candidato o partido se hace presente a través del activismo.

Ellos, pensando todo lo anterior en sentido contrario, participan en los momentos políticos a través de la movilización de sus bases —paros, marchas, plantones, y todas sus formas tradicionales de manifestación—, y también definen su rumbo político no a través de discursos o de posturas retóricas, sino a través de la materialización del voto de castigo y el apoyo silencioso a la fuerza política o al candidato que previamente dejaron fuera de su censura como gremio. Eso es lo que ellos han hecho en todos y cada uno de los procesos electorales en los que han participado, y es una de sus formas de manifestación más conocidas.

Otro factor que, en esa misma lógica se debe considerar, es que la Sección 22 necesita permanentemente, procesos intermitentes de acumulación y expresión de fuerzas. En los últimos años mantuvieron intensas movilizaciones relacionadas con la reforma educativa, con los procesos de evaluación, con la expropiación que el gobierno de Gabino Cué les realizó de la estructura orgánica del IEEPO, y por la regularización de sus agremiados que tenían problemas en el cobro de sus salarios. Es decir, que en los últimos cuatro o cinco años, la 22 ha desgastado intensamente a sus bases y ahora necesita pasar por un proceso natural de acumulación de fuerzas, y de establecimiento de sus prioridades reales de movilización y de protesta.

En ese marco, ¿qué pudiera ser tan importante en 2017 —que no es año electoral, que nada relevante se define en Oaxaca, y que cuenta además con un interlocutor que ofrece apertura y atención a sus demandas coyunturales— como para movilizar y desgastar a sus bases? Aún mejor: ¿qué pudiera ser tan importante como para preferir el 2017 por encima del 2018, que es un año en el que ocurrirán las mayores definiciones políticas de las últimas décadas en México, por la elección presidencial y su empalme con los procesos electorales locales, como los que ocurrirán en Oaxaca para renovar la integración del Congreso del Estado y los poderes municipales?

La cuestión no es menor: en este año, podría ocurrir que la Sección 22 opte por no generar movilizaciones de gran desgaste. Ello lo reflejaron en el contenido de su pliego petitorio, que en realidad no contiene ninguna exigencia irrealizable —más allá de sus demandas políticas, de abrogación de leyes, o algunas otras que de antemano ellos mismos saben que no lograrán— y que más bien está limitado a temas de coyuntura, como regularizaciones y dotación de infraestructura y algunos insumos que, quizá a través de un esfuerzo, el gobierno estatal sí podría darles.

En esa misma lógica, el propio gobierno de Oaxaca tendrá que asumir que una negociación relativamente cómoda y civilizada durante el presente año —si es que no resulta vetada por el radicalismo de la Asamblea Estatal, que suele imponerse en los momentos menos previsibles a favor de medidas duras— no es indicio de una nueva relación con la Sección 22. Ellos lo harían así según su propia agenda y para generar una correcta acumulación de fuerzas rumbo al 2018, en el que se volcarán abiertamente a apoyar al candidato y el partido que definan, y en el que ni la más poderosa negociación política, al más alto nivel, podrá evitar. Eso es de antemano un hecho. A pesar de lo benigno que pudiera finalmente parecer el saldo de la negociación en 2017.

BARBARISMO

Nadie parece capaz de hacer que entren en cordura quienes insisten en seguir disputando sus asuntos a balazos y con violencia. A estas alturas, los enfrentamientos entre los transportistas del Sindicato Libertad y los de la CTM ya parece una estadística más, incluso por encima de los terribles hechos de violencia en los que reiteradamente ha habido muertos y heridos. ¿Esa es la forma en la que los aliados del régimen —la CTM es un sector adherente al PRI— le ayudan a generar un mejor escenario? Más bien, es una forma abominable de demostrar lo decididos que están a imponer siempre sus respectivos intereses, y su voluntad.

En la lista de pendientes está el sistema anticorrupción y el penal

No es una sola persona la que va a cambiar en un santiamén el estado de cosas en el ámbito de la procuración de justicia. Por eso, más allá de la decisión del Congreso del Estado de elegir a Rubén Vasconcelos Méndez como nuevo fiscal General de Oaxaca, lo que debe verse es el cúmulo de cambios legales e institucionales que son urgentes para verdaderamente impulsar cambios de fondo en la procuración de justicia y la persecución de los delitos en Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el Congreso del Estado resolvió que Rubén Vasconcelos Méndez se convirtiera en el nuevo fiscal General del Estado, en una elección que fue unánime a partir de la idoneidad del ahora funcionario estatal, pero también de la necesidad de dotar de legitimidad los trabajos de la procuración de la justicia en Oaxaca. En esencia, el Congreso le dio a Vasconcelos un envidiable espacio de legitimidad al elegirlo con la totalidad de los votos posibles, pero Vasconcelos también legitima al Congreso y a la Fiscalía con sus impecables antecedentes profesionales, su amplia experiencia en las tareas de procuración de justicia, y su reconocimiento público como uno de los más destacados juristas mexicanos de la actualidad.

Sin embargo, suponer que con eso el panorama de la procuración de justicia en Oaxaca está resuelto, sería tanto como caer en una dolorosa falacia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Oaxaca ha sido vanguardia en diversos temas relacionados con la justicia, lo cierto es que hoy en día la característica común tanto del sistema de procuración, como del de impartición de justicia, es que atraviesan por una crisis generada en gran medida por el abandono de los cambios institucionales y de marco jurídico, que eran necesarios desde hace mucho tiempo pero que por alguna causa quedaron pospuestos indefinidamente en Oaxaca.

En el caso de la procuración de justicia, en Oaxaca existen enormes retos que comienzan por el presupuesto asignado a la Fiscalía, que luego se reflejan en las precarias condiciones en que los agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos realizan sus labores; junto a ello, existe también un añejo problema relacionado con la corrupción y la colusión de los funcionarios encargados de la procuración de justicia, que en muchos de los casos desvían el sentido de las investigaciones y las inclinan a favor de los intereses de alguna de las partes y no de la justicia, como debería ser en todos los casos.

Y si esos son los problemas “cotidianos” que no sólo corroen a la Fiscalía General, sino a prácticamente todas las instituciones públicas que brindan algún servicio a la ciudadanía, hay aún más problemas que deben ser atendidos integralmente para lograr una mejor procuración de justicia. Es incierto el grado de integración que tiene en la actualidad el marco jurídico relacionado con la procuración de justicia, respecto al sistema de justicia acusatorio adversarial, que desde junio del año pasado está en vigor en todo el país. Evidentemente, las reformas relacionadas con la implementación de dicho sistema no sólo pasan por el poder judicial, sino por todos los órganos del Estado que participan en la persecución de los delitos.

La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal implica no sólo inversiones sino también el replanteamiento de todos los actores e instituciones que participan presencialmente en un juicio: además de los jueces y funcionarios judiciales, hoy los fiscales que formulan acusaciones, los peritos que presentan sus dictámenes, los policías que dan fe de los hechos y circunstancias en que actuaron frente a la posible comisión de un delito, entre otros, deben estar a la altura de lo que el sistema de justicia demanda, y de la urgencia de justicia que la sociedad demanda con urgencia de ellos.

El problema —que a su vez es una oportunidad— es que todos esos cambios requieren no sólo del trabajo del Fiscal, sino de diversas instituciones que deben entender la dimensión de la transformación institucional que enfrentan, que se combina con la sensación de defraudación que hoy demuestra la ciudadanía oaxaqueña al no sentirse representada ni retribuida en su larguísima demanda de justicia.

EMPUJAR LAS REFORMAS

Sobre la Fiscalía General recaerán responsabilidades que son de gran calado. Una de ellas será la de albergar al Fiscal Anticorrupción que deberá ser electo también por el Congreso para conocer y perseguir los delitos relacionados con la función de los servidores públicos. En el ámbito federal, la PGR ha dado muestras de irresponsabilidad y poco compromiso con el combate a la corrupción, al intentar menguar los alcances y la autonomía técnica y operativa del Fiscal Anticorrupción. El Congreso federal, a su vez, ha hecho lo mismo postergando indefinidamente, siempre por razones fútiles, la definición de quién ocupará el cargo de Fiscal Anticorrupción.

Ante ese panorama, en Oaxaca se tiene la oportunidad de no caer en la misma tentación en que incurrieron las instituciones federales antes señaladas. En los mismos alcances de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, se debe impulsar la creación de una Fiscalía Anticorrupción que cumpla cabalmente con los requerimientos deontológicos establecidos en la Constitución para perseguir con eficacia y autonomía los delitos relacionados con la corrupción; del mismo modo, el Congreso del Estado debe también demostrar que tiene capacidad y la altura para seguir tomando decisiones de Estado en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción, que le dé certidumbre a la sociedad y que no tenga la tentación de convertirse en un apéndice del poder.

En esa misma lógica, los Tres Poderes del Estado en Oaxaca, deben asumir la responsabilidad que implicará el echar a andar el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y reformar todo un catálogo de leyes estatales en los que no sólo participan los órganos de fiscalización, la Contraloría o los nuevos órganos dependientes del Sistema de Combate la Corrupción sino también, como uno de los actores centrales, la Fiscalía General del Estado.

Al final, todos deben asumir que hoy la persecución de los delitos —no sólo en materia penal, sino en todas las que hoy son tema de preocupación para la sociedad— no la hace únicamente la Fiscalía, sino la coordinación entre todas las instancias que tienen relación con ello. Por eso es importante entender que no se trata de suponer —equivocadamente— que una sola persona puede cambiar el estado de cosas actual, sino que para que realmente ocurran las transformaciones de fondo que todos demandan, debe haber un trabajo permanente y coordinado desde diversos frentes.

INICIA EL VÍA CRUCIS

El gobierno de Oaxaca tendrá que desplegar, a partir de hoy, todas sus capacidades institucionales para evitar que las acciones “tradicionales” de la Sección 22 del SNTE se desborden en daños para la ciudadanía y para la entidad. El sector radical del magisterio no tardará en hacerse presente en las calles, pero sobre todo en la Asamblea Estatal, en donde siempre intentan reventar los acuerdos relativamente civilizados que se construyen desde las mesas de trabajo. Viene, pues, la primera gran prueba para los encargados de la gobernabilidad en Oaxaca, y también se verá el nivel real de colaboración y apoyo con las instancias federales.

+ ¿Con Ley de Seguridad Interior buscarán atajar o constitucionalizar lo ilegal?

Es un asunto de lo más relevante, la publicación hecha hace dos días por un diario de la capital del país de un video en el que se aprecia lo que podría ser un homicidio cometido por un elemento del Ejército Mexicano luego de un enfrentamiento con presuntos saqueadores de gasolina extraída de ductos de Pemex en el estado de Puebla. Lo es no sólo por el grave problema de seguridad y riesgo para la población que representa la ordeña de combustibles, sino también porque este hecho se inscribe en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior que exigen las fuerzas armadas y que hasta ahora no le ha proveído —y quizá no lo haga— el Congreso, por los riesgos que implica la constitucionalización de las tareas de seguridad pública en manos del ejército.

En efecto, el pasado jueves el periódico El Universal, de la capital del país, dio a conocer un video en el que se aprecia a elementos del Ejército que fueron captados cuando atacan a tiros un vehículo con civiles desarmados, y luego ejecutan a una de las personas de un tiro en la cabeza, supuestamente en la junta auxiliar de Palmarito, del municipio poblano de Quecholac. La grabación, difundida en redes sociales, presenta imágenes presuntamente grabadas el pasado 3 de mayo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al menos dos enfrentamientos armados con presuntos delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo.

En el video grabado desde una cámara de seguridad de un domicilio particular se aprecia que los militares atacan a tiros un vehículo particular en el que iban al menos tres civiles desarmados. Tras disparar, los ocupantes descienden de la unidad, son detenidos y llevados al frente del automóvil, pero uno de ellos queda tendido en el suelo, aparentemente herido, por lo que dos militares lo arrastran unos metros para colocarlo al lado de sus compañeros. Luego de ello se aprecia en el video lo que aparenta ser un disparo realizado por uno de los elementos militares en contra de esa persona, que queda tirada en el piso. Al final del video se aprecia cómo otros elementos de la Sedena manipulan la cámara para retirarla.

Evidentemente, en sí misma la situación es grave, pero lo es todavía más en el contexto de que durante estos mismos meses la Secretaría de la Defensa Nacional ha encabezado una exigencia cada vez más subida de tono relacionada con la urgencia de que el Estado mexicano los dote del marco jurídico necesario que norme las tareas de seguridad pública que ya realizan, o que en su defecto decida regresarlos nuevamente a sus cuarteles. Ese ha sido el tono, tajante, del general Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Salgado.

En el contexto social y político, hay muchos que no saludan la posibilidad de emitir una ley de seguridad interior, ya que consideran que esto no sólo no contribuiría a generar mejores corporaciones de seguridad pública sino que consolidaría, y dejaría definitivamente a las fuerzas armadas en las calles realizando las tareas que no pueden hacer los policías. Eso sí sería, dicen, militarizar al país, lo cual sería un enorme problema en el mediano plazo justamente porque la milicia no está preparada para realizar labores de prevención y seguridad, y todo eso parece quedar constatado en los hechos de Palmarito.

PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Ahora bien, junto a esto existen serios problemas constitucionales que deben ser revalorados a la luz de las necesidades del país, y de su realidad jurídica. Sobre el tema, vale retomar un texto de José Antonio Guevara (http://bit.ly/2iZeZJR) en Nexos: El primer argumento de inconstitucionalidad es que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior. El máximo ordenamiento jurídico señala que el Ejecutivo federal tiene la atribución de preservar la seguridad nacional conforme a la legislación que emita el Congreso, mientras que puede disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior, sin que la Constitución se refiera a legislación alguna. Por su parte, el Congreso si cuenta con atribuciones para legislar en materia de seguridad nacional y no dice nada la Constitución sobre sus atribuciones para hacerlo en materia de seguridad interior. Esto implica que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

En segundo lugar, ninguna iniciativa legislativa puede eludir las obligaciones constitucionales previstas para suspender derechos humanos y sus garantías. Para efectos de hacer frente a una invasión (defensa exterior), una perturbación grave de la paz pública (seguridad interior) o a cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (seguridad interior), y cuando se considere necesaria la restricción de ciertos derechos o sus garantías, el Ejecutivo deberá sujetar su decisión a un régimen de suspensión de derechos previsto en la misma Constitución. Para que esas medidas sean válidas además deberá recabar la aprobación del Congreso, mientras que la Suprema Corte de Justicia tendrá que verificar la constitucionalidad y validez del decreto. El Ejecutivo federal, conforme a tratados internacionales ratificados por México, tendrá que informar de la suspensión o restricción de derechos, tanto a los Secretarios Generales de la OEA como de la ONU.

Es importante recalcar que la Constitución también estipula un catálogo amplio de derechos humanos que no pueden ser restringidos ni aún en situaciones que escalen a conflicto armado. Sin embargo, una de las iniciativas llega al extremo de autorizar a las Fuerzas Armadas para practicar detenciones en flagrancia, haciendo saber a la persona detenida sus derechos y ponerla a disposición de autoridades ministeriales competentes, junto con bienes que le hayan asegurado o bajo su custodia y, además, registrar de inmediato las detenciones practicadas.

Resultaría inconstitucional, pues, cualquier legislación de seguridad interior que implique dotar de atribuciones al Ejército para vulnerar los derechos de los ciudadanos como por ejemplo a la libertad de circulación y residencia; a no ser molestado en su persona, bienes y propiedades sino mediante mandato judicial que funde y motive el acto; a la privacidad de las comunicaciones; a la vida, integridad física y mental; a la presunción de inocencia; al debido proceso legal y a no ser detenido arbitrariamente.

En tercer lugar, ninguna legislación puede militarizar la seguridad pública. En ese contexto, el artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función que comprende la prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas. Se trata de una responsabilidad compartida de la federación, los estados y los municipios. También ordena dicho artículo que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, lo cual excluye a las Fuerzas Armadas. Se estipula que el ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de quienes desempeñan tareas de seguridad pública debe hacerse a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre otros aspectos, también se establece que la comunidad deberá coadyuvar  en la evaluación de política de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

TODO MAL

¿Qué deja ver todo esto? Que se tome la decisión que se tome, de todos modos habrá costos frente a este caos: si se opta por la ley de seguridad interior, las fuerzas armadas se quedarán indefinidamente supliendo a las policías, con todos los riesgos que implica. Y si no, el país se terminaría de deshacer en violencia. El camino mal, contra el peor, en un momento crítico para el país.

+ Responsabilidad política no se cruza con temas administrativos y penales

Es una auténtica estratagema la que apunta a que la Auditoría Superior del Estado, y la de la Federación, deben dar los elementos de certeza para que se le realice juicio político al ex gobernador Gabino Cué. También incurren en un engaño deliberado quienes afirman que como consecuencia del juicio político, el ex mandatario podría devolver lo que presuntamente se habría llevado, o ir a prisión. Esos argumentos, en realidad, sirven como engaño, distractor y protección frente a un juicio político que de todos modos se puede realizar independientemente de las ‘probanzas’ que algunos de los aliados fácticos de Cué argumentan.

En efecto, paradójicamente han sido voces de priistas las que sostienen que no se le debe realizar juicio político a Gabino Cué hasta que la Auditoría Superior de la Federación entregue los resultados de las revisiones a su ejercicio administrativo y de gobierno. Con ello, intentan atajar el procedimiento que ya inició la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura, luego de que el senador Benjamín Robles Montoya presentara una solicitud de juicio político en contra del ex Gobernador. Según ellos, hasta que no existan esos datos no habrá forma de brindar certeza de lo cometido por quienes integraron la administración anterior, y por ende tampoco habría sustento para sancionarlos. Quienes dicen eso intentan engañar abiertamente a la sociedad oaxaqueña al menos por tres razones.

Primera, porque para la procedencia del juicio político no son indispensables las probanzas de tipo administrativo. De hecho, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, refleja la naturaleza eminentemente política de este procedimiento, al señalar que entre sus causales de procedencia (artículo 8) se encuentran: I.- El ataque a las instituciones democráticas. II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios. III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales. IV.- El ataque a la libertad de sufragio.
V.- La usurpación de atribuciones. VI.- Cualquier infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas, presupuestos de la administración estatal o municipal y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económicos.

En esa lógica, la misma Ley de Responsabilidades establece que si de la substanciación del juicio político por alguna de esas conductas se desprende la posible comisión de delitos, se debe dar vista de ello a las autoridades correspondientes. Es decir, que el juicio político se desahoga y corre siempre en un carril distinto al de la justicia común y al del desahogo de los procedimientos administrativos, y que por eso mismo no es obstáculo para que se realice tanto el juicio político a través del Poder Legislativo, como los procedimientos administrativos y judiciales ante las autoridades jurisdiccionales que correspondan.

NATURALEZA POLÍTICA

Ahora bien, la segunda de las razones por las que los defensores oficiosos de Gabino Cué Monteagudo intentan engañar deliberadamente a la ciudadanía con el argumento de que al no existir probanzas de quebrantos administrativos, o de delitos penales, no se puede instruir el juicio político, radica en que éste último tiene como fin esencial revisar la actuación del funcionario en su calidad de representante popular, y a la luz del mandato político que la ciudadanía le entregó a través del voto.

Por esa razón, entre las causales antes mencionadas se encuentran varias que no necesariamente tienen que ver con la comisión de delitos o la realización de conductas sancionadas por el derecho administrativo, tales como el ataque al sistema democrático, el ataque a las libertades políticas de los ciudadanos o las violaciones graves a los derechos fundamentales.

Es decir, en todas las posibilidades prevalece la lógica de realiza una revisión en sentido estrictamente político de la actuación del servidor público, para determinar si ha lugar o no alguna sanción que es, valga la expresión, también política. Esto, porque el resultado del juicio político, cuando fuere condenatorio, no tendría que impactar más que en los derechos políticos del enjuiciado, sin afectar cualquiera otra de sus libertades y derechos, ya que para eso se encuentran el derecho administrativo y el penal, en sus respectivas dimensiones.

Incluso, hay una tercera razón que refuerza el hecho de que quieren proteger a Cué con base en mentiras, a partir de que las probanzas que ‘esperan’ de la ASE y de la Auditoría Superior de la Federación los diputados que lo han defendido, deben servir para iniciarle procedimientos administrativos y penales por sus conductas, pero no para el juicio político porque éste no tiene como fin que devuelvan algo o que vayan a prisión.

Y es que, en esa lógica, hay que ser muy claros: si hemos visto que en casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, o el de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hay diversas personas —servidores públicos y particulares— que se han visto dispuestos a devolver bienes o ponerlos a disposición de la autoridad como resarcimiento a las conductas ilícitas o complicidades habidas con los ex gobernadores para quebrantar al erario, esto ha sido porque esa es una de las vías que se puede utilizar a partir del nuevo sistema de justicia penal, que permite la negociación económica como una forma de evitar que una conducta indebida termine en un juicio.

En todos esos casos, la devolución o recuperación de bienes o dinero, ha sido como consecuencia de esos mecanismos que no están relacionados con el juicio político sino con otros procedimientos. Por eso, en el caso de Cué y su juicio político éste no tiene ninguna de esas finalidades. Pues como lo dice la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Y según la gravedad del caso podrá también imponerse inhabilitación definitiva para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, o temporal desde uno hasta doce años. En el caso de Cué, que ya no es funcionario, la sanción tendría que consistir en su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público hasta por el periodo de 12 años antes señalado.

¿CUÁL ES LA PREMURA?

Que el juicio político sólo procede dentro del año siguiente a que el servidor público que se enjuicia, se separó de su cargo. Gabino Cué cumple ese periodo en noviembre próximo. Es decir, dentro de seis cortos meses. Ello no lo exime de sus responsabilidades administrativas ni penales, pero sí lo excluiría del juicio político, que es el tema actual. Por eso, lejos de ponerle trabas al asunto, y ponerse trabas deliberadas, los diputados debían empujar la puesta a prueba de las instituciones, frente a las escandalosas evidencias administrativas, penales y políticas de actos indebidos cometidos por el ex Mandatario.

+ EPN, derrotado por modelo del régimen; con AMLO terminaremos igual

En los próximos comicios en el Estado de México se está dirimiendo buena parte del escenario electoral de 2018, aunque en realidad el único factor que no está a discusión, porque sigue fuera de lo que puede alcanzar la partidocracia, es la legitimidad del resultado de la elección presidencial del año próximo. Esto podemos achacárselo al inestable gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque en realidad tendríamos que asumir que al margen del resultado electoral, es muy probable que en 2024 veamos algo similar: a un presidente derrotado por las circunstancias, carente de toda legitimidad, y agotado en su capacidad política que pierde en una irremediable conjura de la partidocracia contra sí misma. Esto parece delirante. Sin embargo, es la previsión más cercana a la realidad.

En efecto, hoy el PRI y Morena se juegan la antesala de la elección presidencial en el escenario del Estado de México. La candidata morenista, Delfina Gómez, intenta derrotar al priista Alfredo del Mazo, a partir de la idea simple de que la primera representa al pueblo y el segundo al régimen gobernante.

Es, hasta en eso, el punto previo a lo que según esos cálculos será la elección presidencial del año próximo: Andrés Manuel López Obrador enfrentado al candidato del PRI, en el que el primero representará nuevamente al pueblo relegado de las decisiones políticas, y el segundo al “sistema” —entendido éste como el establishment estadounidense— pero en una circunstancia en la que parece que todo se reduce a la elección, y no al sistema político y al gobierno, que es donde está la clave de la derrota anticipada y de la crisis de legitimidad común a los últimos tres presidentes mexicanos, incluyendo al saliente Peña Nieto. ¿De qué hablamos?

De que hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis al parecer irremediable de falta de legitimidad y de respaldo de la ciudadanía a sus acciones. Hay razón: mientras la ciudadanía demanda resultados que el gobierno no puede entregar, y los partidos de oposición se dedican de día y de noche a criticar la incapacidad del gobierno para cumplir con sus deberes más básicos, al interior del gobierno hay una lucha que hoy en día pasa más por el futurismo que por la supervivencia.

En el gobierno del presidente Peña Nieto se está dirimiendo la sucesión de 2018, al mismo tiempo que se están definiendo las políticas para evitar una caída aún mayor en los índices de aceptación ciudadana. Lo que ya no pueden discutir, porque ya no les alcanza ni la legitimidad ni los márgenes de maniobra, es la necesidad urgente de encontrar los caminos institucionales, y seguramente también constitucionales, para que el poder público se relegitime, así sea en el mediano plazo.

Esta tragedia sistemática es, de hecho, apenas el reflejo de un panorama que los mexicanos comenzamos a ver desde los dos regímenes panistas, y que creíamos que era problema de los partidos y no del gobierno: el presidente Vicente Fox fue incapaz de lograr los consensos necesarios para modificar la estructura del poder público, y apenas después de la primera mitad de su gobierno se dedicó a arbitrar su propia sucesión, dentro de su partido y del gobierno. No logró la modificación del esquema del poder, y tampoco una sucesión a sus intereses. Volvió a ganar el PAN, en 2006, pero con un candidato antifoxista.

Al presidente Felipe Calderón le pasó algo muy similar. Llegó al poder pero con un escenario político irremediablemente trabado por la imposible construcción de consenso con las fuerzas opositoras. Calderón intentó reformas que nunca pasaron en el Congreso, y luego intentó —casi— gobernar por decreto. El atasco de los consensos partidistas nuevamente paralizó al gobierno; y después de los comicios de 2009 —y mientras todos ya le reprochaban el fracaso de su gobierno, por la prolongada inmovilidad legislativa y su incapacidad de diálogo— dedicó gran parte de su tiempo a dirimir los enfrentamientos al interior del gabinete, para ver quién sería el candidato presidencial panista.

Una vez más —como en 2006, con Santiago Creel—, el candidato del Presidente cayó en medio de un fratricidio panista. Y el gobierno paralizado, y enfrentado por su involucramiento en los temas electorales de un partido, fueron la causa de que Calderón terminara su gobierno en medio de fuertes críticas por su mal desempeño que, en alguna medida tenían como base los temas electorales.

CRISIS SISTÉMICA

Quizá por eso había la idea de que ese viejo orden se reinstauraría con el regreso del PRI a la presidencia. Pero no ha sido así: a cinco años de distancia —y a pesar de la idea peregrina de que las reformas estructurales podrían legitimar al poder— el gobierno de todos modos está en crisis: es blanco cotidiano de todas las descalificaciones; es reprobado por la ciudadanía; y además enfrenta un problema operativo fuerte ante la inminencia de la carrera, al interior del gabinete, por la candidatura presidencial. Es decir, que el presidente Peña está terminando su gobierno —y eso es relativo, porque aún falta más de un año y medio de gestión— peor que Fox y, podríamos afirmarlo, también en condiciones mucho más complejas que las enfrentadas por Felipe Calderón.

Por esa razón, pensar que el problema es de Peña Nieto, o del PRI, es tan ingenuo como falaz, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe cambiar es el modelo del régimen. Ya no son funcionales la “disciplina partidista” ni “la experiencia de saber gobernar” porque hoy el sistema político es plural, competitivo y abierto; porque la ciudadanía es mucho más participativa que en cualquier otro momento de la historia nacional; y porque finalmente los problemas que hoy enfrenta el PRI en el poder, son más o menos los mismos que la década pasada y, podemos afirmarlo, son menos complejos de los que seguramente enfrentará el gobierno federal en la década siguiente.

Por esa razón es importante pensar ya no en una reforma política que modifique reglas aisladas, sino más bien un proceso refundacional de los mecanismos de acceso y ejercicio del poder público. Por eso, en este sistema competido y abierto, seis años de gobierno ya resultan demasiados, cuando hay una oposición que, por diseño constitucional, no tiene corresponsabilidad en las tareas públicas, y un gobierno que irremediablemente llega al punto —como ya está sucediendo ahora— de asumir la doble función de ser partido y gobierno para dirimir su propia sucesión.

En esas condiciones, tendría que haber prospectiva incluso en el partido de Andrés Manuel López Obrador, que insiste en ver al 2018 como la meta, cuando en realidad tendría que ser su punto de partida si es que en realidad tienen alguna posibilidad de ganar la presidencia. Desde hoy, Morena tendría que estar discutiendo con toda seriedad los posibles cambios institucionales necesarios no para consolidar su poder, sino para impedir que, si fuere el caso, López Obrador terminara siendo el cadáver político que es hoy Peña Nieto, y que antes fueron Calderón y Fox durante toda la segunda mitad de sus respectivos mandatos.

RELEGITIMAR AL PODER

En el fondo tendría que haber una reflexión profunda sobre la necesidad de no sólo ganar elecciones sino de estabilizar al gobierno. Para ello hacen falta reformas de fondo que permitan eso que la propia partidocracia no cree que pueda pasar: que la ciudadanía vuelva a creer en el sistema democrático, y que por ende ellos tengan que competir limpiamente sin recurrir a la ingeniería electoral, y a todas las prácticas indecibles e ilegales que hoy son moneda común para tratar de ganar los comicios al margen de lo que diga la verdadera voluntad ciudadana, a la que a diario intentan suplir con despensas, manipulación, condicionamiento y ríos de dinero.