+ Su intervención y “activismo” rebasa el dogma o las ideas que defienden

Si hay quien piensa que la Iglesia Católica cumple con su rol de guía moral de la sociedad, y que por eso sólo opina en temas como el matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o el aborto, en realidad tendría que ver el nivel de injerencia que tiene la Iglesia sobre asuntos que no debían ser de su estricta incumbencia. Aunque la Constitución se lo prohíbe, la Iglesia hoy incide, y hace activismo a favor de sus posturas, a niveles que parecerían increíbles en una democracia laica como la mexicana.

En efecto, pocas veces se había visto una intervención tan abierta de la Iglesia como en estos tiempos. Cuando en mayo pasado el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa para reconocer constitucionalmente el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin limitación de sexo, la Iglesia lanzó un contraataque que hasta ahora no ha terminado de ser calculado y dimensionado: llamó no sólo a rechazar la iniciativa presidencial, sino también a que los católicos dejaran de votar por un partido no que defiende la igualdad y la no discriminación, sino que —en su retórica— ataca a la familia y los valores morales de los mexicanos.

En esa intervención se ha tratado de explicar al menos una parte de la debacle priista de junio pasado. La Iglesia, además de opinar —que los curas, como ciudadanos mexicanos, están en su derecho de hacerlo—, tomó partido en la defensa de la familia (en singular), organizando marchas, manifestaciones y pronunciamientos; y ahora también lo ha venido haciendo de forma abierta, en otros temas en los que antes había hecho activismo pero cupularmente. Nos referimos al tema del aborto, que ha sido del interés permanente de la Iglesia aunque pocas veces como ahora lo había hecho tan público, y con la posibilidad abierta de que al retomar el tema intente —como en lo relativo a la familia— llevarlo del plano de la opinión, a la ley a través de una intervención abierta en un asunto que no es de dogma sino de orden público, y político.

En ese sentido, ayer la Arquidiócesis de México señaló que el número de abortos practicados en la Ciudad de México supera a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado al registrarse 160 mil embarazos interrumpidos por lo que se trata de una violencia “legítima e invencible”.

Bajo el título “La vida no vale nada” el editorial del semanario Desde la fe indicó que los más de 160 mil “niños asesinados” son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida y la puede “desechar por decisiones legislativas”; afirmó que propiciar el dolor y la muerte no es exclusivo de quienes están fuera de la ley, puesto que la “necrolatría” se tolera al proteger “el asesinato de indefensos a fin de que prevalezcan egoístas decisiones sobre el cuerpo: el aborto”.

“Este poder de la violencia legítima e invencible que atenta contra las vidas en gestación arroja, tan sólo en la Ciudad de México, la infausta cifra de más de 160 mil niños asesinados. (…) México dice honrar a sus muertos, pero paradójicamente nos sumimos en la indiferencia hacia los miles de cuerpos humanos tratados peor que basura, y que por cierto, superiores en número a las víctimas que ha arrojado la guerra contra el crimen organizado”, enfatizó.

INCIDIR EN LOS ESTADOS

La Iglesia Católica sí ha incidido en el tema del aborto, y por esa razón en 17 estados —incluyendo Oaxaca— existen disposiciones antiaborto, disfrazadas de “derecho a la vida”. ¿De qué se trata? De establecer disposiciones —como en el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca— que disponen que la ley protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Con esta idea, se genera una “certidumbre” de que cualquier forma de aborto voluntario está prohibida a partir de que la ley está protegiendo la vida desde su inicio, y que por eso está fuera de la potestad interrumpir un embarazo.

La Iglesia logró, entre 2008 y 2009, que los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán establecieran disposiciones en ese sentido. Lo hizo cabildeando apoyos a los gobiernos —muchos de ellos con mandatarios emanados del PRI— para el establecimiento de dichas disposiciones —procesadas a través de iniciativas presentadas por el PAN— a cambio de contribuir a la gobernabilidad entre los feligreses.

Evidentemente, dicha intervención no era pública, sino cupular. Eran, pues, acuerdos tomados entre políticos y jerarcas católicos para procesar y respaldar dichas reformas independientemente de cuál fuera la postura política. La diferencia entre antes y ahora, parece ser que la Iglesia está viendo el margen para dejar ese activismo de altos perfiles y bajar sus temas a la ciudadanía.

INTERVENCIÓN ABIERTA

Dicha opinión sobre el aborto claramente fija una postura en un debate que ha sido parcialmente ganado por la Iglesia. Dada su intervención en otros temas, nada impediría pensar que ahora estaría pensando en redoblar esfuerzos para el establecimiento —o endurecimiento— de las leyes provida, en una clara intervención en los asuntos públicos del país, en los que, según el artículo 130 de la Constitución federal, se supone que tiene prohibido inmiscuirse.

+ En Oaxaca también hay ejemplos del doble discurso del priismo

Como si la vida partidista, y la gubernamental, se desarrollaran en ámbitos distintos, en México el Partido Revolucionario Institucional pretende un discurso que a todas luces no honra. Pues de nuevo, cuando el país necesita certeza y espera que el gobierno marque las pautas para la devolución de la confianza ciudadana, el grupo gobernante toma rutas peligrosas y contradictorias que ponen en evidencia que el discurso de la legalidad y el combate a la corrupción están muy lejos de ser reales.

En efecto, desde su arribo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se ha encargado de asegurar que su partido está en contra de la corrupción, y de cualquier posibilidad de encubrimiento institucional hacia quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Como ejemplo de ello, el CEN priista aceleró el proceso de suspensión de derechos partidarios, y de posterior expulsión, de Javier Duarte de Ochoa, todavía ostentando el cargo de Gobernador del estado de Veracruz.

En ese mismo sentido, el gobierno federal dejó ver que Duarte era investigado por su posible participación en conductas ilícitas como las de lavado de dinero y desvío de recursos. Esas cuestiones se reflejaron en la obtención, por parte de la PGR, de órdenes de aprehensión en contra de Duarte y varios de los funcionarios de su gobierno. Parecía, además, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mandaba la señal a todos los servidores públicos del país de que ahora sí la lucha contra la corrupción iba en serio, y que cualquiera que transgrediera los principios de la función pública sería perseguido y sancionado, en los mismos términos que el régimen intentaba castigar al gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Dónde perdió forma esta intención de demostrar fuerza, legalidad y compromiso con el combate a la corrupción? En el lado priista, esto quedó desmantelado cuando se dio a conocer que, a pesar de ser garante de la legalidad y la honestidad, Enrique Ochoa Reza había recibido 1.2 millones de pesos por concepto de liquidación, luego de haber renunciado a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.

Ochoa intentó explicar la legalidad de dicho procedimiento de liquidación, a pesar de que bajo cualquier óptica sólo se liquida a quien se despide del empleo, y no a quien renuncia. Pero perdió la oportunidad de dejar satisfecha a la ciudadanía —que en general se siente enojada y agraviada por los excesivos privilegios de los servidores públicos de alto nivel, respecto al abandono de los empleados en general—, al atajar cualquier posibilidad de devolver dicho monto o transferirlo a alguna acción de beneficencia social.

Luego vino la ocasión del gobierno federal, que en todo este proceso ha intentado demostrar, política y judicialmente, que está comprometido con la legalidad, aunque ha demostrado lo contrario. Por el lado político, dejó ver que presionó a Duarte para que dejara la gubernatura, aunque lo que en los hechos ocurrió es que al dejar el gobierno de Veracruz también perdió la necesidad de continuar en la vida pública.

Al licenciarse de su cargo, Duarte pudo huir; y entonces se inhibió el efecto positivo para el gobierno por haber dejado ver que lo había presionado para dimitir; y también quedó cancelada cualquier forma de eficacia judicial al huir a la vista de las autoridades, que nada pudieron ni quisieron hacer para asegurarse de que estuviera presente para rendir cuentas por sus actos y por las acusaciones que le formuló la PGR.

DISCURSO CONTRADICTORIO

Luego, el gobierno federal, en ese mismo contexto, anunció esta semana la modificación del esquema institucional de persecución de los delitos, y del control a los servidores públicos. Arely Gómez González fue removida de la PGR para ser enviada a la Secretaría de la Función Pública; y a la PGR llegó el senador Raúl Cervantes. Dichos cambios, aunque fueron aprobados por las cámaras legislativas, fueron muy mal recibidos por la incertidumbre que sus nuevos titulares representan para las tareas encomendadas. No hay en el país labor más relevante que la persecución del delito y el combate a la corrupción. Y según parece, los recién designados ni de lejos generan esa certidumbre.

En todo ese contexto, lo que queda es una gran contradicción, a todos los niveles, que incluso tiene su pequeño impacto en Oaxaca: Francisco Javier García López, uno de los que aspira a una responsabilidad en la siguiente administración, recibió de la CFE la cantidad de $908 mil 289 pesos, por dos años con veintinueve días laborados, en un contexto muy similar que el de su líder nacional, Ochoa Reza. Antes, cuando fue coordinador de la bancada priista en la LXI Legislatura, también fue acusado de recibir transferencias millonarias desde las cuentas del Poder Legislativo, sin que sobre ello recayera la investigación correspondiente.

Lo relativo a su “liquidación”, lo dio a conocer hace algunas semanas el semanario Proceso, en un reportaje firmado por Alvarado Delgado, quien indagó los beneficios recibidos por Ochoa. Delgado sostiene, textualmente, en una parte su reportaje; “Hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López; renunció al cargo el 2 de abril de este año —“por así convenir a mis intereses”, explicó—, y con dos años y 29 días de antigüedad no tenía derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz.

¿ENTONCES?

No se ve, a ningún nivel, un ánimo real por cambiar las prácticas. Más bien, la ruta apunta a continuar por la peligrosa ruta de prometer una cosa, pero llevar a los hechos exactamente lo contrario. Algo por demás preocupante.

+ Transición de gobiernos: el silencio total, la única constante

Estamos a escasas cinco semanas de la transmisión de la administración gubernamental en Oaxaca, y algo de lo que —deliberadamente— nadie se ha percatado es que, igual que en 2010, la entrega-recepción es un proceso sin reglas claras, ni derroteros definidos. Hasta ahora, las tareas de la transición —desde ambos gobiernos: entrante y saliente— han sido privadas, discrecionales, potestativas y hasta sigilosas. A pesar de que existe una norma que se supone que debía dar las pautas generales del proceso, la realidad indica que nadie sabe cuáles son esas formas y procedimientos que debían estar a la vista de la sociedad oaxaqueña.

En efecto, faltan 35 días para que la administración del gobernador Gabino Cué entregue el gobierno al nuevo titular del Poder Ejecutivo. El mandatario saliente reconoció —políticamente— al Gobernador electo, pocos días después de los comicios, y desde entonces anunció que se llevaría a cabo un proceso ordenado y transparente de transmisión de poderes, cuestión que el gobierno electo reconoció y asumió plenamente, porque desde entonces sólo han sido generalidades las que se han dado a conocer sobre el proceso. En realidad, desde fuera parece nulo el trabajo sustantivo y normado al respecto, porque todo lo que se sabe son sólo chispazos de información, que sueltan como filtraciones, los equipos que se supone que están trabajando en la transición.

Según esos frentes de trabajo, la discreción ha sido norma para mantener la calma sobre los pormenores del proceso y, sobre todo, para que se evite adelantar vísperas sobre los posibles titulares de las áreas gubernamentales en la próxima administración. Del lado del gobierno saliente, se ha informado que el gobierno trabaja en la entrega-recepción, aunque en realidad nunca se ha establecido con claridad cuál es el mecanismo de transmisión de poderes, quiénes integran el equipo, cuáles son los criterios o normas establecidas al respecto, y cuáles son los mecanismos de transmisión. Es decir, desde el gobierno entrante se sabe que se trabaja por lo que se filtra; y desde el saliente se sabe por lo que se informa en los comunicados. Pero técnicamente no existe ninguna cuestión sustantiva que hasta ahora se haya informado al respecto.

Quizá el único referente concreto sea ese mismo proceso, pero ocurrido hace seis años cuando Ulises Ruiz le transfirió la responsabilidad del gobierno estatal a Gabino Cué Monteagudo. En aquel momento, no existía ninguna norma jurídica que normara la transmisión de poderes, y por eso el gobernador Ruiz emitió un decreto en el que establecía criterios generales para la transición. Dichos criterios, sin embargo, no pasaban del establecimiento de las bases generales para la transferencia de responsabilidades, y la dotación de atribuciones y mandamientos legales para que los dos equipos de transición pudieran llevar a cabo sus tareas de entrega-recepción.

Si se recuerda, en aquel entonces el equipo de transición de Gabino Cué, y el mismo Gobernador Electo, se quejaron largamente por la forma tan discrecional, opaca y potestativa en la que el gobierno saliente les estaba entregando la administración. Quizá la única diferencia entre entonces y ahora, es que el gobierno electo en 2010 externó sus preocupaciones públicamente, y el actual sigilosamente calla frente a la incógnita de qué y cómo se está haciendo el proceso de entrega-recepción.

SÓLO SILENCIO

Se sabe hasta ahora —nunca por una fuente oficial— que el gobierno electo estableció algunos equipos temáticos para llevar a cabo la entrega-recepción. Se sabe que también, que en algunos casos se han extendido una especie de “salvoconductos” para que las áreas de la administración saliente proporcionen la información que requieran las personas acreditadas del gobierno entrante.

En otros, el trabajo se ha encargado a elaborar algunos diseños normativos y análisis administrativos, aunque evidentemente a ciegas porque no es lo mismo analizar una estructura administrativa con la información pública disponible —información de transparencia, básicamente—, que teniendo la oportunidad de conocer a detalle la situación que guarda un área en específico.

El problema es que no existe ninguna base conocida sobre la que se esté llevando a cabo dicho trabajo, en cualquiera de los dos frentes. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece, por ejemplo, que “el Gobernador del Estado emitirá el reglamento que contendrá las normas y procedimientos a que se sujetará la Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal” (artículo 74). No existe ninguna referencia hasta el momento de que eso haya ocurrido. Y lamentablemente, las bases que establece dicha Ley Orgánica son insuficientes para suponer que eso puede normar el trabajo de los equipos de transición. Mucho menos cuando la ciudadanía tiene ya no una expectativa, sino incluso temor, de cuáles vayan a ser los efectos de esta tormentosa espera relativa a la transmisión de los poderes.

A TRABAJAR

Escribimos en esta columna el 6 de junio —al día siguiente de los comicios—: “¿Vacaciones? En 2022 Sí. Aunque haya un resultado contundente de la jornada electoral, nadie debe pensar en ‘vacaciones’ o ‘descanso’. El ganador debe ponerse a trabajar. Y los derrotados también. Oaxaca necesita, con urgencia, a la oposición firme y congruente que hasta ahora no ha existido, y que más bien se dedicó, de tiempo completo, a ser pelele del poderoso en turno”. ¿De verdad ya están trabajando, todos, en el “futuro de Oaxaca”?

+ La costumbre es dejar al gobierno en crisis; no es igual en una empresa

Estamos viviendo los últimos días de las administraciones estatal, municipales y legislativa en Oaxaca, y el único común denominador es la fuerte crisis económica en la que están terminando sus respectivas gestiones. El Ejecutivo estatal, los legisladores y las autoridades municipales insisten en que esas son situaciones normales. Sin embargo, la normalidad tendría que apuntar no a finales de sexenio críticos y abrasivos con todo lo que se encuentra a su alrededor, sino a inicios y finales responsables de los ciclos de gobierno, cosa que al menos en nuestro entorno no ocurre.

En efecto, reiteradamente el Ejecutivo del Estado ha afirmado que su gobierno no enfrenta un faltante de dinero sino un problema de liquidez. En el caso del Congreso, la opacidad, la discrecionalidad, y el acuerdo de las principales fuerzas políticas por mantener en secreto el destino del millonario presupuesto legislativo, simplemente llevan a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene meses con el presupuesto agotado, y mientras acumula pasivos, deudas y daños por los que pretenden no responder a todos sus contratistas, proveedores y empleados. Y la gran mayoría de los municipios hoy presumen “medidas de austeridad” o de “responsabilidad” que consisten en disminuir al máximo sus gastos para poder compensar los excesos y dispendios cometidos en los años previos.

¿Se refleja, en este universo de posturas frente a la crisis del final de administración, algún viso de responsabilidad? Evidentemente no. Si pensáramos que el gobierno es una empresa privada, entonces nadie se daría el lujo de malgastar el dinero o los recursos humanos o materiales, porque a todos les quedaría claro que esos recursos, primero, tienen un dueño; y que, concomitantemente a ello, los recursos son limitados. En esa misma lógica, una empresa privada no puede darse el lujo de generar más pasivos de los que puede cargar, o de agotar anticipadamente su proyección de gastos. Mucho menos podría darse el lujo de pensar en un ejercicio anual, en el que su gasto operativo sólo rindiera para la mitad del periodo.

Todos esos supuestos resultan impensables en una empresa que tiene un dueño. Si esto es así, ¿entonces por qué todos pretenden que la ciudadanía, que los sectores empresariales que proveen al gobierno de bienes y servicios, y que la misma clase trabajadora que depende del gasto público, se acostumbre a la “normalidad” de las crisis de fin de sexenio?

Pues, en esa lógica, los gobiernos pueden poner cualquier pretexto. Pero la realidad es una, y esa apunta a que desde el primer momento todo el gasto corriente se encuentra etiquetado, y que cualquier gobierno responsable —como cualquier empresa privada— no podría pensar en gastar más de lo que tiene; tampoco podría pensar en gastar cuando todavía no tiene certeza sobre los recursos necesarios para afrontar sus compromisos; y mucho menos podría pensar en medidas absurdas e irresponsable como sobrecontratar personal al inicio de la gestión, para luego despedir a toda esa masa en los meses previos al final de la gestión, como una medida de “responsabilidad presupuestal”.

¿Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

Es alarmante cómo el gobierno estatal, con tanta facilidad, asume que pagará para lo que le alcance en las cinco semanas que le quedan de gestión, y que los demás compromisos tendrán que ser afrontados por la nueva administración estatal. Del mismo modo, es absurdo ver cómo conforme avanza el final de la gestión, los servicios públicos menguan; las oficinas públicas se dedican a sobrellevar la tormenta financiera sin asumir ya ningún tipo de responsabilidad o compromiso; y cómo, todos asumen que esa dejadez es parte de la culminación de un ciclo. Pareciera, pues, que todos le apuestan a la declaración de quiebra del Estado el 30 de noviembre, y mientras se dedican a pasar el rato.

En el ámbito municipal pasa algo muy parecido. Hoy, por ejemplo, la capital está nuevamente llena de baches y con un problema fuerte de descuido de los espacios públicos, que también encuentra su explicación en el final de la administración municipal. Hoy son los trabajadores municipales los que hacen tareas que el año pasado le fueron contratadas a empresas privadas, tales como el mantenimiento de algunos espacios públicos, el cuidado de las calles y otras tareas que, u hoy las realizan “de tequio” los empleados que dejarán su cargo a finales de diciembre, o simplemente dejaron de realizarse. Y lamentablemente, esta no es una cuestión privativa de la capital, sino de prácticamente todos los municipios de la entidad que están llegando al final de su administración hasta con el gasto corriente comprometido y con serias dudas de si podrán llegar al final de sus gestiones.

En un escenario normal y responsable, una administración tendría que terminar igual que como comenzó. El problema es que aquí, la soberbia del inicio de los gobiernos los lleva a pensar que el presupuesto es inagotable, que la gestión es eterna, y que el pago de compromisos es superior a la responsabilidad financiera. Por eso la oprobiosa insistencia en que nos acostumbremos a las crisis de fin de administración.

OAXACA SOLIDARIO

Hoy, un sector de la izquierda y de la ciudadanía oaxaqueña, presenta la plataforma Oaxaca Solidario. Pretenden que este sea un espacio de diálogo y concertación en pro de las necesidades públicas de la entidad. Este tipo de espacios de intercambio son necesarios en una sociedad, como la oaxaqueña, tan polarizada, y tan apremiada de tolerancia y equilibrios en el quehacer público. Ojalá que haya claridad y compromiso en dicho planteamiento, como una forma de construcción de ciudadanía para Oaxaca.

+ MFB defiende la idea; pero quién sabe si tenga la estatura para lograrlo

Oaxaca puede ser un referente de cómo las fuerzas políticas, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, pactan para llevar a la quiebra al Estado de Derecho. Eso es lo que hicieron todos esos factores políticos en los últimos seis años, para generar un gobierno caótico que intentó ser de coalición, y tener pinceladas de un gobierno equilibrado de tipo semi parlamentario. Toda esa experiencia deberían verla en el orden federal, quienes apuestan a un modelo similar al oaxaqueño sin considerar que, en el pragmatismo político, las tentaciones a veces pueden más que las convicciones.

En efecto, ayer el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, consideró en una entrevista al periódico La Jornada que el sistema político mexicano está agotado, porque seguimos con un modelo que “funcionaba para el partido hegemónico” y que no ha cambiado, pese a las sucesivas reformas electorales con las que la clase política ha respondido a las crisis, una tras otra.

Beltrones habló de “una disminución evidente de la gobernabilidad”. El problema, señalaba, no es de las personas que gobiernan: es que seguimos con un modelo político “del siglo pasado”. Frente a eso, su planteamiento de fondo es el siguiente: es la hora de dar ese paso que parece [que] solo dependería de construir una ley reglamentaria del artículo 89 constitucional, pero hay otros asuntos que antes tenemos que dirimir”. El ex presidente del PRI plantea que la formación de un gobierno de coalición sea obligatoria si el ganador de la elección presidencial no obtiene más de 42 por ciento de la votación. “Y el porcentaje no es caprichoso (…) fue el porcentaje que nos resolvió la gobernabilidad en el Congreso, de la reforma que hicimos en 1990, después de unas elecciones sumamente controvertidas en 1988”.

Así, dice, si un candidato que en 2018 obtuviese más de 42 por ciento de los votos la decisión [de un gobierno de coalición] sería optativa, aunque también podría pasar directamente a la toma de posesión el 1 de diciembre tras la calificación de la elección en tribunales. La otra ruta significaría que el Congreso ratificara al gabinete, con las excepciones señaladas. Así se conseguiría, sostiene Beltrones, tener “gabinetes de calidad”, porque “algo que importa mucho a la gente es dejar atrás la escuela de aprendices”. Se necesitan “gabinetes de calidad, probados, con los mejores, sin importar que vengan de un partido u otro, de la academia o del círculo intelectual, donde muchos son apartidistas”.

Beltrones reclama “romper con esa inercia en la que nos tiene el actual sistema donde el que gana, gana todo, y los que pierden, pierden todo, y se dedican a fastidiar al que gana. Esa es la regla que nos ha traído el conflicto y los resultados mediocres. Por todo ello, propone que con ese se “ratifique” un régimen presidencial con un ingrediente parlamentario “que es la formación de los gobiernos de coalición, pero a final de cuentas presidencial. El presidente seguiría teniendo la facultad de nombrar, con ratificación del Congreso, pero también de remover libremente.”

Algo muy similar a lo que vimos los últimos seis años en Oaxaca, con resultados funestos.

GOBIERNO, ¿ENTREVERADO?

Básicamente, Beltrones pide no pontificar la segunda vuelta sino más bien llevar a un segundo nivel a los gobiernos de coalición, haciendo obligatoria su formación cuando el Presidente llegue al cargo con menos del 42 por ciento de la votación. En ese momento tendría que formar un gobierno ratificado por el Congreso, y establecer todos juntos una agenda común, para así ser corresponsables de los resultados del gobierno y del trabajo legislativo.

En Oaxaca ocurrió un gobierno con muchas de esas características. Gabino Cué rebasó el margen del 42 por ciento de la votación señalada por Beltrones, pero aún así entregó voluntariamente los mecanismos de la ratificación y de la construcción de agenda legislativa a los partidos en el Congreso, frente al hecho (a pesar) de que ninguno de ellos había obtenido ningún tipo de mayoría legislativa. Así, se pensaba, en la pluralidad, los partidos concurrirán responsabilidades para establecer un gobierno de coalición que les reparta responsabilidades.

¿Qué ocurrió? Que los partidos representados en el Congreso se dedicaron a lucrar con las facultades que obtuvieron gracias a la venia del Gobernador, que había propuesto mecanismos como el de la ratificación de todos los integrantes del gabinete, y de que se había comprometido a impulsar una agenda política y legislativa conjunta con los partidos.

Al final, la ratificación se convirtió primero en una comparsa, y en no un mecanismo de control, a favor del Gobernador; y después se convirtió en un mecanismo de presión, coacción y chantaje para obtener prebendas a cambio de los votos favorables a los funcionarios designados. Hubo varios ejemplos, aunque el más ominoso fue Alberto Esteva Salinas, que primero fue rechazado luego de darse a conocer una carta con antecedentes penales, y después ser ratificado, sin explicación alguna, por los mismos que días antes no lo habían aprobado.

REPENSAR EL MODELO

Al final, puede haber experiencias positivas y negativas sobre un mismo modelo. En el ámbito federal, la partidización sigue siendo una señal negativa de cómo podría terminar este ensayo de modelo. El tema es de la mayor relevancia y se debe mantener sobre la mesa, a partir de que la forma actual está agotada y es urgente seguir transformando nuestro sistema por la vía pacífica. ¿Podría el PRI conseguirlo de nuevo?

+ Deben cambiar los modos de acceso y permanencia en el poder público

La inercia del país hace cada vez más urgente la discusión sobre la reforma al poder público. Se trata de pensar y poner en marcha una reforma de gran calado que pase no sólo por los mecanismos electorales, sino por la misma permanencia y los periodos en que se ejerce el poder público, así como de las relaciones entre poderes. La reforma que necesita el país es una de gran calado que modifique también la estructura del federalismo y que corresponsabilice a los órdenes de gobierno estatales y municipales para hacerlos más equilibrados frente al poder federal.

En efecto, sabemos que todo poder público en el sistema republicano tiene como características esenciales la temporalidad, la renovación periódica y el acceso democrático al poder. Esto se traduce en el hecho de que cada cierto periodo de tiempo se renueva la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo; que dicha renovación, lleva implícito el cambio y la rotación de sus integrantes, justamente para dinamizar y robustecer regularmente el ejercicio del poder público; y que una de sus formas esenciales radica en que esa renovación periódica tiene que ocurrir sólo a partir de la decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos.

Todas ellas son piedras angulares del poder que ya conocemos. En México, el sistema electoral señala que la renovación periódica del Poder Legislativo se da en periodos intercalados de tres y seis años, para la renovación del sistema bicameral; y que, en el caso del Poder Ejecutivo, la elección se realiza cada seis años a través del voto universal, libre, secreto y directo de cada ciudadano de la república, y que gana quien obtiene la mayor cantidad de votos de entre todos los contendientes, en una sola jornada electoral. Dicho sistema hoy necesita reformas. Pero no es en lo único en lo que deberíamos pensar para mejorar el ejercicio del poder público.

En ese marco, resulta que hoy México se encuentra en un momento excepcional, por complejo. La primera alternancia en el año 2000 no trajo como resultado una reforma real al poder público, aunque la sociedad mexicana daba señales de madurez y de crecimiento en el ejercicio de sus derechos. Lejos de eso, crecieron las calamidades: corrupción, impunidad, inseguridad, criminalidad, violencia e ingobernabilidad.

En 2012, y por la crisis de esos factores, vino una segunda alternancia que tampoco pasó por reformar al poder. El régimen del presidente Enrique Peña Nieto optó por las reformas estructurales, pero no por el cambio profundo que necesitaba el poder público. ¿Dónde se notaban las grietas democráticas? En el hecho de que Peña Nieto, como sus dos antecesores, luego de su tercer año de gobierno han sido víctimas de un mal común: sus gobiernos se ven totalmente agotados, liquidados, como si no tuvieran más futuro o margen de maniobra que el de esperar pacientemente —administrando la crisis permanente del país— hasta que se cumpla el periodo sexenal para irse.

Todo esto tiene una explicación: los tres (Fox, Calderón, Peña Nieto) han enfrentado una crisis de legitimidad que se terminaría con la renovación de los mecanismos de acceso al poder. Pero también enfrentan una crisis en el ejercicio del poder que no se resolvería con el cambio de las llaves de acceso a la Presidencia, sino con una reforma a las condiciones mismas del ejercicio del poder público.

REFORMAR AL EJECUTIVO

Instaurar la segunda vuelta electoral —el ‘balotaje’, como se conoce en algunas naciones sudamericanas— robustecería la legitimidad presidencial inicial, pero no resolvería su crisis permanente de ser rebasado por los problemas nacionales. Un gobierno de coalición sólo funcionaría en un régimen parlamentario que, en las condiciones del país, sería imposible de establecer al menos en el corto y mediano plazo. Por eso, junto con la exploración de dichos mecanismos, lo que hace falta también revisar es la manera en que se reparte el poder, y la forma y periodos en que se ejerce.

En este sentido, una reforma profunda al poder tendría que pasar por la transferencia de responsabilidad a los gobiernos estatales, que han demostrado una dolorosa minoría de edad frente a las alternancias de poder federales y, sobre todo, frente a la posibilidad de ejercer su propio espectro de poder. Hoy, por eso, los gobernadores son símbolo de corrupción, impunidad, excesos, complicidades y saqueo, cuando en realidad debieron ser la alternativa de gobernabilidad frente a la crisis del modelo presidencial, durante estos 16 años de alternancias carentes de derroteros definidos.

Ello explica por qué la federación avanza a pasos firmes en la recentralización de atribuciones en detrimento de los gobernadores, aunque ello en realidad sea una salida alterna sólo de contingencia, y de efectos únicamente en el corto plazo.  Al final, habría que comenzar a considerar la eliminación del modelo sexenal de gobierno, para pasar a periodos más cortos con capacidad de convalidación ciudadana, ahí sí a través de mecanismos como la segunda vuelta electoral, o con el establecimiento de los gobiernos de coalición a través de un nuevo modelo de reparto de responsabilidades.

CRISIS PERMANENTE

Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo a Presidentes totalmente agotados, y anulados, en su cuarto año de gestión; seguiremos también viendo a gobernadores corruptos, pequeños jeques o virreyes que ejercen su poder a plenitud ante la falta de mecanismos democráticos de control. Y enfrentaremos a una sociedad cada vez más presionada, impaciente y enojada, que buscará los cambios a través de otros métodos. No hay que esperar hasta entonces.

+ La justicia no puede quedar sujeta a la “equidad” entre partidos

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está procesado judicialmente, y prófugo, pero ello no debe llevar a nadie a considerar que su caída ahora debe propiciar la de gobernadores de otros partidos, como si la justicia en México fuera un asunto de “equilibrios políticos” y no un tema de persecución a la corrupción. La caída de Duarte coincide con la de Padrés. Y junto con ellos debían ser procesados todos los demás gobernadores a los que se les llegaran a probar actos de corrupción, pero no como un asunto de “cuotas de procesados”.

En efecto, la semana pasada Duarte anunció que solicitaría licencia para “limpiar su imagen” luego de las injurias de las que, según dijo, era objeto. El lunes se supo que la Procuraduría General de la República había conseguido una orden de aprehensión de un juez federal por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de investigaciones y pruebas ya ventiladas en medios de comunicación. Para entonces, hace dos días, el gobierno federal reconoció que desconocía el paradero de Duarte, y hoy se dice lo mismo que aún se encuentra en el país, que habría viajado a Canadá.

Casi al mismo tiempo, la Interpol anunció que había emitido una ficha roja de captura internacional en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien también el gobierno federal le instauró varios procedimientos penales motivados en la adquisición de diversos bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita y por haber cometido irregularidades durante su gestión como mandatario estatal.

Entre las coincidencias que surgieron entre los casos de Padrés y Duarte, es que ambos fueron gobernadores recientemente; que ambos representan abominables actos de corrupción; y que ambos representan la bandera con la que el Partido Acción Nacional, y el Revolucionario Institucional, se intentan lavar la cara frente a la ciudadanía para tratar de demostrarle que sus promesas de ir en contra de los corruptos, y que para probarlo está comenzando por su propia casa.

Frente a todo esto, disimuladamente los líderes de esos dos partidos han esgrimido un tercer argumento: que ahora debe caer un gobernador emanado del PRD, como dando la idea de que con eso habría una especie de “equilibrio”, o de “piso parejo”, en la lucha contra la corrupción. No les queda claro que esa ruta del combate a la corrupción no tendría que estar basada en esa noción de justicia, sino en castigar a todos los que hayan incurrido en actos de corrupción independientemente de su filiación u origen político.

¿TENDRÍA QUE CAER UNO DEL PRD?

Seguramente hay uno, o más, gobernadores del PRD que han incurrido en casos de corrupción en la misma medida en la que han incurrido los gobernadores del PRI y del PAN que ahora son señalados. En el caso de gobernadores del PRD como Graco Ramírez Garrido, al inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera,  al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.

Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.

Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.

CASOS OAXAQUEÑOS

En el caso de Oaxaca hay muchas más cosas que decir: casos de impunidad, de corrupción y de sospechas fundadas de que existen formas de evasión a la ley, insospechadas. La forma en las que deben responder ante la justicia son evidentes: que cada gobernador enfrente a la justicia en la misma forma en la que gobernó su entidad durante seis años, sin preferencias ni canonjías. No es un asunto de equidad ni de equilibrios, sino simplemente de igualdad ante la ley: todos debían responder en la misma forma por sus actos. ¿Es difícil comprenderlo?