+ La idea del desarrollo no es la misma para todas las personas y comunidades

A muchos nos cuesta trabajo comprender por qué existen comunidades que se resisten a aceptar proyectos que implican planteamientos aparentemente irresistibles de desarrollo y progreso. En Oaxaca esa ha sido una constante, que combinada con la manipulación de oportunistas, ha dado como resultado una compleja situación de resistencia e inmovilidad de docenas de comunidades que, teniendo diversos potenciales naturales, se resisten a participar en esos procesos de desarrollo, o a permitir que otros las aprovechen aún cuando en la mayoría de los casos hay contraprestaciones importantes para los dueños de la tierra o los recursos que se van a explotar. ¿Por qué esto resulta casi inexplicable?

En efecto, la región del Istmo de Tehuantepec ha sido ejemplo de cómo las distintas ideas del progreso chocan frontalmente frente a proyectos como los parques eólicos, y todo pierde su dimensión cuando se involucran vivales que manipulan a las comunidades para intentar extorsionar a los dueños de las inversiones que se pretenden realizar.

En el primero de los aspectos —en el de las perspectivas sobre el progreso— a veces nos cuesta trabajo comprender que la idea del progreso no es necesariamente un valor absoluto ni tampoco un concepto que ha sido aceptado y adoptado de forma homogénea en todos los tiempos y por todas las sociedades. Más bien, la concepción del progreso que conocemos (esa que dice que siempre debemos tener más, alcanzar más, ir hacia delante, superar a los demás, etcétera) es un producto occidental que no necesariamente es compartido por todas las comunidades que no tienen como base los postulados europeos que llegaron con las conquistas y el expansionismo, no sólo a América sino a los demás continentes que de alguna forma fueron avasallados por el pensamiento europeo.

Eso es lo que en alguna medida justifica el derecho a la consulta previa, libre e informada, que hoy el orden internacional le reconoce a las comunidades indígenas. La idea base del derecho a la consulta radica justamente en no dar por hecho que las sociedades y las comunidades indígenas comparten las mismas ideas sobre el progreso, sobre el desarrollo y sobre el destino de sus posesiones comunitarias, que las sociedades occidentalizadas.

Por eso, dicen instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando existan disposiciones de índole legislativo o  administrativo que intenten modificar sus condiciones de vida, a los integrantes de las comunidades indígenas involucradas se les debe consultar de forma previa, libre e informada preferencialmente a través de sus propias instituciones representativas como podría ser, en el caso de Oaxaca, por las asambleas comunitarias en las que ejercen su democracia representativa, deliberativa y participativa en las decisiones que involucran los intereses de la generalidad.

Incluso, por eso mismo, el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT es enfático en esa lógica. El inciso 1 de dicho precepto dice que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

¿Qué significa todo esto? Que los propios instrumentos internacionales reconocen que las concepciones del progreso no son homogéneas, y que por eso se deben considerar las visiones de las comunidades indígenas que, se supone, no están influidas por el occidentalismo que dice que se debe hacer todo, y ceder en todo, por la voluntad de ir adelante.

ENTENDER EL PROGRESO

Como el progreso no es un concepto unívoco ni estático ni homogéneo, las concepciones sobre él son variadas y cambiantes. En esa lógica, Gabriel Zaid señalaba en uno de sus lúcidos ensayos (“La fe en el progreso”, Letras Libres, noviembre 2004. Disponible en: http://bit.ly/2nB7gqz) que fijar orígenes sobre el progreso, depende del criterio que se tome.

El primer progreso, dice Zaid, puede remontarse a la Gran Explosión (el paso de la nada al cosmos). La conciencia del progreso puede señalarse en la prehistoria. Que algo sea llamado progreso implica algún concepto de cambio favorable, lo cual supone un juicio de valor. El mínimo absoluto está en reconocer que puede haber algo nuevo y que puede ser mejor. Pero ni siquiera este mínimo ha tenido aceptación general. Hasta el cambio se ha negado: es aparente, porque el ser “está inmóvil”, “es lo mismo, permanece en lo mismo”; y lo “distinto, ni es, ni será” (Parménides, traducción de José Gaos). “Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará: nada nuevo hay bajo el sol” (Eclesiastés, traducción de José Ángel Ubieta). En muchas culturas no se cree en el tiempo como una flecha, que avanza sin volver atrás: se considera que es ilusorio, o que avanza como un ciclo que se repite. Nietzsche creía en el eterno retorno. Einstein escribió en una carta de pésame que la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión (Ilya Prigogine, ¿Tan sólo una ilusión?). Los cosmólogos admiten la especulación de que el tiempo pueda ser reversible en zonas limitadas, y hasta hacen bromas sobre viajar al pasado y matar a su padre, antes de que los engendre (Stephen Hawking, The universe in a nutshell).

En otra parte de ese mismo texto, Gabriel Zaid explica de una manera muy concreta cómo los adelantos científicos no necesariamente llevan a conquistas y superposiciones como lo dice la aparente condición indispensable del progreso, y pone el ejemplo de China. “Progresos los ha habido en todo el planeta, en todas las culturas, en todas las épocas; pero la fe en la historia como progreso empezó ‘en un rincón de la tierra’. Significativamente, los chinos, que tuvieron siglos de ventaja sobre el resto del mundo en una serie de inventos y descubrimientos, no les sacaron el partido que les sacó Occidente, ni los aprovecharon para imponer su liderazgo universal. Quizá porque no tuvieron el mito del progreso, hasta que les llegó de Occidente.”

¿Por qué apuntar todo esto? Porque en esa lógica lo primero que debe quedar claro es que no necesariamente las comunidades indígenas asumen el progreso como lo que nosotros podríamos asumir como tal. De hecho, la pregunta de donde tendría que partir todo debería apuntar a saber si ellos quieren modificar su esquema de vida, su entorno y sus condiciones actuales, o si quieren seguir viviendo como lo han hecho permanentemente.

Si ellos dijeran libremente que no desean el desarrollo o el progreso, habría que entenderlo no sólo a la luz de la manipulación sino también desde una perspectiva genuina de que esas comunidades tienen una concepción distinta a la occidental del tiempo, de lo material, de sus posesiones y de sus aspiraciones como comunidad.

MANIPULADORES

Junto a todo eso se hallan los manipuladores y vivales que lo que buscan es provecho. ¿En esas ideas plasmadas anteriormente, se justificaría el chantaje de no permitir el paso de una carretera, o de un parque eólico —por citar sólo dos ejemplos, de muchos posibles— si a la comunidad no se le construyen obras sociales no ligadas al proyecto original, o si a un líder o autoridad no se le entrega una cantidad de dinero o ciertas prebendas o beneficios? Eso ya no está en el campo del debate sobre el progreso o la consulta, sino en el de la industria del chantaje. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos ese es el común denominador en Oaxaca.

+ Federación prorrateará obligaciones a municipios y entidades federativas

Lejos del estruendo por las declaraciones xenófobas y de odio del presidente norteamericano Donald Trump contra nuestro país, la nueva relación entre México y Estados Unidos impondrá una reforma fiscal de fondo que hará indispensable la eliminación de los planteamientos políticos respecto a los impuestos y el funcionamiento del sistema fiscal, y que a la vez tendrá que llevar a la necesidad de que estados y municipios asuman —o reasuman— nuevas responsabilidades tributarias que hoy están en manos de la federación. Quizá sea el momento en que esos dos ámbitos de gobierno dejen de asumirse como menores de edad a los que debe proteger y suplir en sus deberes el gobierno federal.

En efecto, son al menos dos, las señales más concretas de que vienen cambios de fondo en el sistema tributario del país. La primera es el anuncio hecho ayer por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade en el sentido de que la economía mexicana podría tener sorpresas favorables a finales de año ante la posibilidad de superar la meta de superávit primario, el cual tendría que implicar la reducción de la deuda a partir de las reducciones al gasto federal.

La segunda señal, es la relacionada con la intención del gobierno de los Estados Unidos de modificar el esquema de las tasas impositivas de Impuesto Sobre la Renta, lo cual tendría que llevar a nuestro país a también replantear la forma en cómo cobra ese mismo impuesto tanto a las personas físicas como a las empresas, bajo la premisa de que una desigualdad en ese rubro llevaría al país a perder competitividad y atracción a la inversión extranjera a partir de su rigidez fiscal. Ambas señales implican en realidad cambios muy importantes que deben llevar a México a eliminar algunos de los atavismos que tienen anclada a la política fiscal a los caprichos y necedades de algunos partidos.

Pues resulta que, en cuanto a la primera de las señales, ayer el secretario Meade fue enfático y claro al asegurar que para lograr la meta del superávit fiscal primario se deben considerar factores externos como la inversión extranjera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la normalización de la relación monetaria entre México y los Estados Unidos; pero también dijo que otro de los componentes es la reducción de la deuda y la disminución del gasto federal.

En este sentido, Meade dijo que para reducir el gasto federal, hay espacios para que los gobiernos locales recauden sus propios recursos cobrando impuestos como el predial, y lo particularizó señalando que “mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial, y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos”.

¿Qué significaría todo esto? Que la revalorización del impuesto predial tendría que ser a punta de lanza para la recuperación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, que a lo largo de las últimas décadas ha ido perdiendo a favor de la federación. En teoría, como premisa el federalismo fiscal tendría que funcionar a partir de que las partes integrantes de la federación recaudaran los impuestos para entregárselos al gobierno federal para su funcionamiento.

Sin embargo, es claro que en México eso funciona exactamente al revés porque hoy el gran recaudador es la federación, y los estados y municipios asumen la posición cómoda de esperar a que las transferencias de recursos federales lleguen a sus arcas evadiendo su responsabilidad de generar sus propios ingresos.

A ello habría que agregarle que todas las reformas fiscales de las últimas décadas, han tenido como uno de sus puntos constantes la transferencia de facultades recaudatorias de los estados a la federación, a cambio de que ésta haga “participables” los recursos federales que captan las entidades federativas, como resultan ser el ISR y varios otros que, independientemente de cómo se recauden, son parte de las atribuciones del fisco federal, transferidas o arrebatadas a las entidades federativas.

MANIOBRAR CON EL ISR

Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el esquema de cobro del ISR, en México será irremediable la necesidad de replantear ese mismo impuesto aunque con un margen de maniobra mucho más limitado, según reconoce también la Secretaría de Hacienda. En esa lógica, como lo señala el analista Enrique Quintana, este es un tema crucial para que México no pierda competitividad fiscal respecto a los Estados Unidos y las demás naciones.

Pues, como dice el analista, hay que recordar que la tasa general del ISR que hoy se paga en México es de 30 por ciento y que las tasas a las personas físicas van desde 1.92 hasta 35 por ciento. En esa lógica, el planteamiento que ayer hizo Meade es que va a ser muy difícil reducir la proporción de la deuda pública sobre el PIB si se reducen tasas impositivas, si es que se decidiera seguir la misma estrategia que en los Estados Unidos de reducir el ISR como una forma de generar competitividad.

De hecho, las calificadoras más importantes están observantes del desempeño fiscal de México para que, en caso de que no se cumplan los compromisos en materia de reducción del déficit, se baje la calificación de la deuda mexicana. Se podría discutir si en el largo plazo es compatible una reducción de tasas con un incremento de recaudación. Pero lo que es un hecho es que una baja de tasas en el corto plazo probablemente causará una baja de ingresos. El argumento usual cuando se plantea lo anterior es que es factible reducir las tasas de impuestos sin aumentar la deuda pública… siempre y cuando se reduzca el gasto público.

Frente a este panorama, ampliamente reseñado ayer en El Financiero por el analista Enrique Quintana, establece además otras interrogantes que tendrán que responder no sólo las entidades federativas y el gobierno federal, sino también partidos, candidatos presidenciales, plataformas políticas y todos los que resultan involucrados en un tema tan complejo como éste.

¿Ahora sí irán a fondo a abatir la evasión, la elusión y las prácticas fiscales agresivas, que deprimen los ingresos de la federación? ¿Revivirán temas políticamente tan escabrosos como el de imponer Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, como una forma de hacer más general el cobro de dicha contribución? ¿Impulsarán la transferencia —más bien, el retorno— de las facultades de cobro a las entidades federativas y los municipios, para que unos y otros comiencen a comportarse como mayores de edad y asuman sus responsabilidades en la generación de sus propias fuentes de recursos?

Al final, queda claro que si el Estado quiere tener más recursos y más competitividad, debe hacerlo de manera responsable a través de la reducción de su gasto y la eliminación de la dependencia de las entidades federativas y los municipios respecto a sus ingresos. Es un tema que parece ineludible y que tendrá su impacto justo en el año en que también se dirima la elección presidencial. Ojalá que no terminemos en la vía populista como parece que ya entró de lleno el gobierno de los Estados Unidos.

ENTIDADES, OMISAS

En esa lógica, será muy relevante la forma en que incidan las entidades federativas para esa reforma fiscal que será indispensable e irremediable. Hasta ahora su actividad ha sido pasiva y se han cobijado, en general, en la Conferencia Nacional de Gobernadores que, para esos efectos, tendría que funcionar como el escaparate para una nueva Convención Nacional Hacendaria. Los cambios que vienen son de fondo. Falta ver qué tan preparados y dispuestos están los gobernadores para ello.

+ Relevos en la Fiscalía y Órganos Autónomos deben hacerse con aciertos

El relevo de Alfredo Lagunas Rivera en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), marcó una pauta importante de cómo podrían ocurrir los cambios en otros órganos independientes del Poder Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior, el Instituto de Acceso a la Información y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esa es una agenda importantísima que el Gobernador y el Congreso deben desahogar con inteligencia, prudencia y responsabilidad con Oaxaca.

En efecto, Lagunas Rivera era presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y, por ello, era el titular del Poder Judicial del Estado por un periodo que concluía en enero de 2019. Su relevo ocurrió luego de un proceso de negociación política en la que participaron no sólo Lagunas y el Ejecutivo, sino también los verdaderos representantes del grupo político que apuntaló al ahora ex Presidente del TSJE, y que solicitaron ciertas garantías para poder hacer el relevo en la presidencia del Tribunal.

Por la estabilidad constitucional del cargo, y por la dimensión del movimiento, no había otra forma en que ocurriera el relevo, ya que la vía de una reforma constitucional para la remoción de Lagunas habría implicado un proceso jurídica y políticamente muy sinuoso y violento, que habría puesto a la entidad en el candelero la crítica nacional, por el posible atropello a las instituciones y a la certidumbre constitucional, que se supone que es uno de los pilares de la división de poderes.

Por eso, el grupo gobernante optó por la vía de la negociación política para la transmisión ordenada de la titularidad del Poder Judicial, que resultaba importante más por una cuestión de mensaje de poder que de funcionamiento orgánico del aparato de justicia. En todo ello, resulta tan relevante el enroque como la vía trazada, que es por la que ahora habrán de transitar los cambios que siguen en esa agenda de gobierno, de instituciones tan relevantes como la Fiscalía y los órganos constitucionalmente autónomos.

¿De qué hablamos? De que, en los hechos, al fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz la nueva administración estatal lo tiene completamente marginado y materialmente relevado de todas las decisiones importantes de la entidad que se supone que aún encabeza. Desde el mes de diciembre, la misma oficina del titular, en Ciudad Judicial, fue ocupada por enviados de la nueva administración que asumieron todas las funciones de mando y responsabilidad que tuvo el Fiscal hasta el último día de noviembre, y desde entonces éste despacha —“despachar” es un decir, en sus condiciones actuales— en una oficina del viejo edificio de la PGJE de los rumbos de La Experimental.

Así las cosas, además de haber perdido el mando, pareciera que el Fiscal perdió también la dignidad y se ha mantenido aferrado a la designación que le dio el Congreso del Estado, a pesar de que no pudo defender la autonomía que la Constitución le reconoce a la Fiscalía, y tampoco pudo establecer vasos comunicantes con la nueva administración para que le reconocieran la plena validez de su nombramiento y cargo, y le permitieran continuar desarrollando sus funciones dentro del marco que establece la Constitución.

Durante estos tres meses, parecía toda una interrogante conocer si, en ese caso, el grupo gobernante había también entablado una negociación con el Fiscal para el relevo en el cargo, o si lo había arrinconado para obligarlo a renunciar. La vía elegida fue la segunda, aunque en realidad pareciera que están estirando los tiempos en busca de algún tipo de negociación.

Como quiera que sea, las pautas están dadas y sólo sería cuestión de tiempo para oficializar la sustitución del Fiscal, muy seguramente a través de un mecanismo parecido al que se utilizó en el caso de Lagunas Rivera. Lamentablemente —para el Fiscal—, en esta negociación no participarían ni el llamado Grupo Oaxaca, ni el medio informativo que los respalda, ni tampoco los factores políticos que le permitieron a Lagunas continuar como magistrado a pesar de todos los cuestionamientos que pesan sobre el desempeño y manejo administrativo de su gestión.

ENTES AUTÓNOMOS

En el mes de enero hubo el primer amague del Congreso del Estado respecto a una posible reforma que permitiría la reintegración de la Auditoría Superior del Estado. El mensaje, enviado por el Ejecutivo a través de tres diversas bancadas —PRI, PAN, PT— en el Congreso del Estado, fue el de establecer los parámetros mediante los cuales sí podrían haber quitado, sin mayor problema, al titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, y por el que aún podrían hacerlo cualquier día si esa fuera la intención.

Hoy, a la luz de los hechos, queda claro que el de entonces fue un ensayo pero que a partir de ahora podría venir el intento real de la sustitución tanto de Altamirano Toledo, como de los titulares de otros organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En el caso del Auditor, éste se debe sentir aún cobijado por la desdibujada bancada perredista en el Congreso local que encabeza su pariente, Carol Antonio Altamirano.

Sin embargo, es claro que hasta ahora el PRD no ha podido generar ninguna sinergia con el Ejecutivo, o con la bancada priista, por lo que no se aprecia cuál pudiera ser —en algún momento— el factor de negociación para lograr su permanencia. Por eso, si se lo propusieran, cualquier día el Congreso podría tumbar al Auditor con la suma de los votos de las bancadas del PRI, PAN, PT y Morena. Cuestión que podría ser el “Plan B” si llegara a fracasar la negociación para la entrega de la Auditoría.

En condiciones muy similares tendría que ocurrir —y ese sí por el daño que le provoca a Oaxaca— el relevo de Arturo de Jesús Peimbert Calvo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso deberían ya tener claro que él es el verdadero comandante de los grupos radicales que recurrentemente agitan temas como el de Nochixtlán, y otros conflictos en comunidades que son verdaderos focos rojos para la gobernabilidad y la seguridad de las personas. Peimbert es un representante muy similar a Lagunas, en cuanto ambos representan a grupos políticos que acompañaron a Gabino Cué en su administración, y a los que éste les entregó parcelas a cambio de respaldo para su gobierno.

Hoy, Gabino Cué ya no es Gobernador, y Peimbert debería irse de inmediato —o ser relevado por el Congreso— por la actitud de agitación y control de movimientos sociales bajo la figura del Defensor de los Derechos Humanos. A estas alturas es inocultable su táctica de agitar los conflictos para luego ir a resolverlos. Una vieja maniobra que a estas alturas resulta indeseable para un gobierno del que, además, no es un aliado sino una amenaza.

En las siguientes semanas podríamos ver la consolidación de algunos de esos enroques. Las pautas, mientras, ya están dadas.

GOBIERNO OPACO

Se tenía la idea de que al cumplir 100 días de administración, el gobierno ya tendría al menos una página web digna y que cumpliera con las obligaciones que le impone la ley. Pero no. El sitio www.oaxaca.gob.mx sigue abandonado, carente hasta de la información más básica. Y la Secretaría de la Contraloría viola flagrantemente la ley al haber hecho prácticamente nada para actualizar la información de los sitios OaxTransparente (oaxtransparente.oaxaca.gob.mx) y Ventanilla Única de Acceso a la Información (infopublica.oaxaca.gob.mx) que siguen arrumbados en el cajón del olvido, tanto por los anodinos empleados de la gubernatura, como por el contralor Jesús Díaz Navarro, y sus colaboradores. Inaceptable.

+ Eliminar el criterio político para la designación de su Presidente

Si nada extraordinario ocurre, hoy asumirá Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución de Alfredo Lagunas Rivera. Este cambio ocurre en medio de una de las peores crisis orgánicas de la justicia en la entidad, y por eso mismo el cambio debe obedecer específicamente a la necesidad de encauzar una transición, de fondo y de largo plazo, en el sistema de justicia en Oaxaca.

En efecto, desde hace varias semanas se hablaba de la posibilidad de que Lagunas Rivera —electo como magistrado Presidente hasta 2019, según la última reforma constitucional en la materia— dejara la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para dar paso al nuevo régimen en el sistema de justicia. Parecía, de entrada, una negociación de claroscuros, ya que Lagunas es un fiel representante del grupo político que fue derrotado en las urnas el año pasado y, como tal, siempre actuó como representante de un sector político y no como alguien interesado en el sistema de justicia.

La parte aparentemente compleja de esa negociación, radicaba en que, en sí mismo, el diálogo relacionado con la necesidad de que abandonara la presidencia del Tribunal contradecía el principio constitucional de autonomía e independencia entre poderes, y también era una contraposición a la tendencia nacional de reforzar la capacidad de autodeterminación interna de los propios poderes. No obstante, en la ponderación de circunstancias contra principios, Lagunas salía derrotado por haber sido un titular del Poder Judicial incapaz y despreocupado por defender las prioridades y principios sustantivos más básicos, y por sólo dedicarse a cuidar y representar su parcela política.

De hecho, Lagunas Rivera no fue sino la continuación de la práctica ominosa que llevó a otros personajes, igualmente despreocupados por las tareas sustantivas del Poder Judicial y ajenos a la carrera judicial, a la titularidad del Poder Judicial del Estado. Su antecesor, Héctor Anuar Mafud Mafud, por ejemplo, en todo su paso por la administración pública, nunca se caracterizó por haber sido un abogado destacado, un jurista con aportaciones académicas, o un profesional del derecho respetado y considerado por la comunidad jurídica local o nacional, como para poder llegar con el favor político, pero también con los méritos suficientes, al cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Y de hecho, al igual que Mafud, Lagunas Rivera llegó a la magistratura gracias a una negociación política; y gracias a eso mismo ascendió hasta la Presidencia del Tribunal al margen de cuestionamientos tan básicos como si él habría querido en realidad ser magistrado; si estaba preparado para ello; y, sobre todo, si tenía la capacidad para tomar en sus manos la responsabilidad de la administración de la justicia en la entidad, y también la administración del Poder encargado de dar justicia a las personas.

En realidad, siempre se supo que él llegó a la magistratura gracias a un favor familiar ofrecido desde el Gobierno del Estado a cambio de una buena relación comercial y política con el periódico Noticias; que lo hizo sin haber acreditado carrera judicial o méritos profesionales; no fue un jurista destacado ni tampoco ha sido reconocido por sus criterios jurídicos, por su capacidad como juzgador o por sus aportaciones al sistema de justicia.

No lo demostró como magistrado y tampoco como Presidente del Tribunal, ya que ni siquiera tuvo la capacidad de defender la obligación constitucional relacionada con la implementación calendarizada del nuevo sistema de justicia penal, ni tampoco de evitar la precarización del trabajo de los juzgados y salas de segunda instancia, que en general hoy atraviesan por un periodo aciago. Por eso, al margen de sus intereses políticos, en realidad nadie extrañará a Lagunas como Presidente porque no acumuló ningún mérito destacable y tampoco fue un ejemplo de independencia o autonomía frente al poder que en su momento le permitió llegar a la titularidad del Poder Judicial.

TRIBUNAL HACIA EL FUTURO

Raúl Bolaños llegará a la presidencia del Tribunal, pero debe hacerlo para plantear el sistema de justicia hacia el futuro. Acaso, el primero planteamiento que tendría que asumir con responsabilidad, es el de sentar las bases para la profesionalización de fondo de los jueces y magistrados, para que en el mediano plazo la Presidencia del Tribunal quede fuera de los intereses y los apetitos políticos. La Presidencia del Tribunal Superior debe dejar de ser un cargo eminentemente político, para pasar a la lógica de que dicho cargo sea ocupado por un juzgador, que asuma la responsabilidad de representar políticamente al Poder Judicial del Estado ante los demás poderes.

Otro de los planteamientos de fondo debe radicar en la dignificación de fondo de la labor judicial. No hay correspondencia entre la carga de trabajo y el menguado nivel salarial de los jueces y secretarios judiciales. Un Poder Judicial confiable, debe otorgar las suficientes garantías económicas y laborales a sus trabajadores, para inhibir en la mayor medida posible que éstos incurran en actos de corrupción.

Otro punto por demás relevante, apunta a que el propio Pleno del Tribunal debe reorganizarse y depurarse, ya que hoy existen más magistrados que esferas de competencia del Tribunal, y es no sólo una sangría sino también una demostración de falta de seriedad y compromiso que el Pleno casi haya tenido que inventar materias y áreas de conocimiento para tener entretenidos su excesiva y costosa planta de magistrados. No es una tarea fácil, pero debe haber correspondencia y equidad tanto entre las percepciones económicas del personal judicial y los magistrados, como también en el número de servidores públicos asignados a cada jerarquía judicial para hacer un correcto reparto de las cargas de trabajo y las necesidades administrativas y jurisdiccionales.

Todos los que conocen el Poder Judicial saben que está lleno de gente valiosa que necesita ser reconocida. Por eso la necesidad de ir eliminando la incidencia de los criterios políticos para la asignación de funciones, responsabilidades y representaciones. Ahí tiene que brillar cada día más la especialización y el conocimiento jurídico, y menos el chambismo, el cuatismo, los favores políticos y la pertenencia a facciones partidistas.

En el fondo, ahí es donde están los mayores retos del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tendrá como primera tarea importante lograr que Oaxaca supere el rezago en la atropellada implementación del nuevo sistema de justicia penal, del que en otros tiempos fue pionero, pero ahora se encuentra en el cabús de las entidades que aún no logran establecerlo.

Ese rezago tiene como origen la indolencia de los dos últimos presidentes, y el poco interés de los dos anteriores gobernadores por el sistema de justicia. No obstante, el mayor reto de Bolaños radicará en sentar las bases e impulsar la transición del tribunal para las décadas siguientes. Ojalá tenga voluntad y respaldo para hacerlo.

EDIL, INERTE

Es increíble cómo un personaje con tanta experiencia política, tenga hoy tantos problemas en tan poco tiempo: José Antonio Hernández Fraguas, edil citadino, ha preferido el enfrentamiento a la posibilidad de hacer algo relevante en sus dos primeros meses como autoridad municipal de la capital. Nadie puede basar su gestión en quejas, acusaciones y retractaciones, todo a partir de intereses “fantasmales”. Todo eso, más que una circunstancia parece excusa. Y la capital oaxaqueña no merece eso.

+ Imposible, tener a la entidad abatida, sin al menos dar explicación

Existen varias explicaciones posibles respecto a la crisis financiera por la que pasa la entidad, producto del problema de liquidez por la que atraviesan las arcas estatales. Todo eso, constituye sin embargo sólo una parte del problema. La otra parte de la situación, y que tendrá repercusiones en el mediano plazo, radica en que hasta ahora la ciudadanía no ha recibido, y el gobierno tampoco ha ofrecido, una explicación clara y sucinta de las razones de esta crisis que tiene paralizada la economía estatal. Mientras no haya claridad ni capacidad de gestión, no sólo habrá consecuencias de corto plazo, sino también en las capacidades futuras del gobierno estatal.

En efecto, para mal de todos, Oaxaca es una de esas entidades federativas que dependen casi por completo del presupuesto que la federación le ministra a la entidad. Aunque parece ya un lugar común, es claro que toda la economía local depende en gran medida de la movilidad económica que se genera desde el gobierno, que es el mayor consumidor de bienes y servicios en todos los rubros de la economía, y es también la más importante —y casi única— fuente de empleos de la entidad, no relacionados con el llamado sector terciario que corresponde a la provisión de servicios como pudiera ser el turismo. Ello explica, en términos simples, por qué cuando se para la economía que se impulsa desde el consumo gubernamental, sufren todos los sectores que directa o indirectamente dependen de ello, que son prácticamente todos en la economía estatal.

En Oaxaca eso es lo que ocurre no sólo desde el inicio de la presente administración, sino que más bien la economía estatal lleva más de un semestre detenida a partir de la aparente falta de liquidez del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Por eso, desde los primeros meses del año pasado, el gobierno dejó de pagar buena parte de los bienes y servicios que consumía; dejó también de cubrir los adeudos que tenía con los sectores productivos de la entidad; y también dejó parado al sector de la construcción, que emplea a buena parte de los oaxaqueños que laboran en el sector privado.

Sin mayores reparos, desde el gobierno se paró la economía, y Cué fue primero evasivo respecto al origen del problema, y después cómodamente dijo que como los adeudos eran un problema institucional, la nueva administración respondería por los pagos ya que era dinero que ya estaba destinado a Oaxaca pero que físicamente —es decir, en el sistema financiero— no había ministrado.

Con esas explicaciones poco claras, Cué dejó el gobierno el último día de noviembre, y le cargó el problema a la administración entrante que, al menos para temas económicos, no ha sido eficaz en lo que se supone que sería su prioridad, no sólo en lo relacionado a la administración de los recursos públicos, sino también de generar movilidad económica y certidumbre para todos los que se quedaron varados por la inmovilidad financiera gubernamental.

A estas alturas, uno de los problemas más graves que existen respecto a esto, es no sólo que la economía estatal continúa detenida sino que además nadie tiene claridad para entender qué ocurre, y desde el gobierno nadie tiene disposición para ofrecer una explicación para este problema que indirectamente afecta a toda la economía.

INMOVILIDAD ¿SIN RAZONES?

En una nota publicada por TIEMPO el 16 de diciembre, se daba cuenta de cómo un centro de investigación tan reputado como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostenía que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la deuda pública de la entidad fue disfrazada a través de diversos mecanismos de planeación administrativa y financiera. “Se indicó [en el estudio del CEEY] que Oaxaca forma parte de cuando menos 10 estados que utilizaron a la firma transnacional Evercore para contratar un esquema financiero y jurídico para tener acceso a recursos sin contar con la autorización del Poder Legislativo. De acuerdo con la ASF, Oaxaca (…) se encuentra entre las tres entidades que tienen mayor diferencia entre la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda, y la que dieron a conocer en la Cuenta Pública de 2015”.

En un primer momento, explicaciones como ésta intentaron explicar el origen del enorme problema de inmovilidad financiera que enfrentó el gobierno desde el primer día de la actual administración. Sin justificarlo ni sentirse aliviados, muchos sectores productivos se sintieron al menos proveídos de una razón que explicara la inmovilidad que ocurría. No obstante, continúa pasando el tiempo y las voces desde el sector privado continúan denunciando los estragos que provoca la inmovilidad económica que surge de la incapacidad de la Secretaría de Finanzas de, por un lado, generar fluidez económica; y, por el otro, de explicar exactamente qué ha ocurrido, y qué están haciendo, para revertir esta situación.

El no hacerlo provocará problemas que quizá ahora no están del todo vislumbrados, y que parten de la deuda heredada, pero que se complementan con la incertidumbre actual. Por eso —y no es la primera vez que lo apuntamos aunque parece que este problema continúa en la misma fase inicial del mes de diciembre pasado—, el gobierno ahora debe establecer con toda claridad los parámetros concretos de cómo afrontará el problema de deudas que recibió de Gabino Cué.

De hecho, desde el 17 de diciembre abordamos el tema y señalamos que el solo hecho de considerar la posibilidad del “borrón y cuenta nueva” sobre los pasivos, no sólo demostrará la pequeñez de los funcionarios entrantes sino que además les cerrará las puertas en el mediano plazo.

¿Cómo afianzarán el cumplimiento de sus metas si de entrada quiebran a más de la mitad de sus proveedores, cuya supervivencia depende del reconocimiento —y pago— de los compromisos asumidos por el sector público? ¿Cómo generarán certidumbre en el mediano plazo frente al sector privado, si no comienzan demostrando que el Estado, no ellos, tiene capacidad de cumplir su palabra y sus compromisos? Esta es una cuestión no sólo de dinero, sino de construir certidumbre. Ahí está la parte fina de este enorme problema.

Hoy, a más de tres meses de haber asumido, pareciera que el nuevo grupo de funcionarios encargados específicamente de este tema, no ha tenido la sensibilidad suficiente para entender la magnitud del problema, y la necesidad tanto de generar movilidad en la economía, como de mantener el prestigio financiero del gobierno, que irremediablemente terminará necesitando de la iniciativa privada —a la que ahora tiene ahogada— tanto como ésta necesita del ejercicio de los recursos públicos para continuar subsistiendo.

No se trata sólo del buró de crédito, sino en general de la credibilidad y certidumbre que genere la palabra y el compromiso gubernamental frente a todas las personas físicas y morales con las que tiene relaciones económicas. Eso tendrían que entenderlo para evitar, además, que la persistencia de los espacios de silencio abran la oportunidad a la especulación y al desprestigio que ya de por sí corroe el sector público en general.

¿ES LA FEDERACIÓN?

En el fondo, además, parece que o algo esconden todos, o le tienen pavor a la federación. ¿Por qué nadie dice con entereza que el problema radica en los atrasos en la ministración de los recursos federales? Porque ese sería uno de los pocos problemas no atribuibles al gobierno local. ¿Entonces?