+ Esquema, igual de inoperante que el 066

Apenas este lunes 3 de octubre —hace cuatro días—, el Gobierno de Oaxaca anunció la puesta en marcha del número telefónico de emergencia 911 “para atender asuntos que pongan en riesgo la vida o el patrimonio, con el fin de brindar un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía”. Dijo también que los números telefónicos 066 y 060 de emergencias “emigrarán al 911, el cual unificará a todas las corporaciones de seguridad, vialidad  y auxilio del estado”. Lamentablemente, cualquier persona puede corroborar —cuando tiene una emergencia— que el cambio de número telefónico mantiene la inoperancia de los antiguos números de emergencia en la entidad.

En efecto, en noviembre del año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó unificar los teléfonos de emergencia en un solo número, el 911. Con ello, dijo, la ciudadanía podrá reportar emergencia a los bomberos, policía y Cruz Roja, entre otros, a ese número. Esta, quizá se recuerde, fue una de las propuestas que en noviembre de 2014 presentó el presidente Enrique Peña Nieto como uno de los mecanismos para “regenerar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, y para “establecer vasos comunicantes más eficaces y confiables con las autoridades”. En este caso, dijo, para una respuesta inmediata ante las eventualidades y emergencias en cualquier lugar del país.

En ese marco, el 4 de septiembre el gobierno de Oaxaca anunció que a partir del mes siguiente iniciaría operaciones el 911, junto con otras quince entidades federativas. En aquella ocasión, según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, se dijo que esa unificación ocurría con el propósito de “estandarizar los servicios en términos de cobertura y calidad para auxiliar a la población en casos de emergencia o de prevención de riesgos en materia de seguridad pública y protección civil”.

En septiembre, también la SSPE dijo también que “la unificación  de los Servicios de Emergencia 060 y 066, permitirá coordinar las acciones en materia de seguridad pública entre la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Coordinación Estatal de Protección Civil, Policías Municipales, Cruz Roja y demás instituciones de seguridad en el estado”. Todo eso fue reiterado, con bombo y platillo, el pasado lunes, cuando se anunció la entrada en operaciones del 911.

Muchos podríamos habernos sentido seguros y confiados de que, con el cambio, también habría una mejora en el servicio por parte de las corporaciones policiacas; y que con ello quedarían atrás aquellas historias de inoperancia, de lentitud, de incapacidad de respuesta, y de abandono a la ciudadanía justamente en el momento en que necesitaba el apoyo de las instituciones de seguridad, que por largo tiempo caracterizaron —al menos en Oaxaca— a servicios como el 066.

INOPERANCIA

Este es un caso vivido personalmente: la noche del miércoles varias personas acudimos a la casa de un buen amigo, a un evento social, por el rumbo de Huayapam, que terminó al filo de las 0.30 horas del jueves. Con una diferencia quizá de un minuto, varios de los asistentes salimos en nuestros respectivos vehículos, y enfilamos sobre la carretera federal 175 con rumbo a la ciudad de Oaxaca.

Al llegar al acceso de San Agustín Yatareni, al pasar un tope, la unidad de motor de uno de nuestros amigos fue alcanzada e impactada por otro vehículo, que era conducido por un individuo en evidente estado de ebriedad. Uno o dos minutos después, algunos de quienes veníamos de la misma reunión pasamos por el lugar y nos detuvimos a auxiliar a nuestro amigo, que salió ileso del percance pero que enfrentaba el problema de los daños que el impacto le causó a su vehículo.

Un par de minutos después, llegó la policía de Yatareni, que sólo corroboró que no hubiera lesionados y, con toda irresponsabilidad, se retiró del lugar sin siquiera abanderar el percance para evitar que los vehículos en la carretera pudieran ocasionar otros accidentes. El afectado llamó primero al 911 para solicitar el auxilio policiaco, y después a la aseguradora de su vehículo. El ajustador llegó 20 minutos después. La policía, no.

Durante todo ese tiempo, el ebrio causante del percance intentó golpear a quienes auxiliábamos a nuestro amigo; pidió llegar a un acuerdo sin portar al menos una identificación; intentó huir a pie; e insultó, gritó y amenazó reiteradamente a los presentes. ¿Y la Policía? Luego de tres llamadas más al 911, los operadores dijeron, primero, que la patrulla más cercana se apersonaría al lugar; después, que habían dado parte a la Policía Federal, por ser tramo federal. Y al final —después de varias llamadas más del ajustador directamente a las oficinas de la PF, y de varias corporaciones— llegaron a la conclusión de que no sabían qué corporación era la competente para brindar auxilio en el percance.

Finalmente, luego de llamar varias veces directamente a la corporación y ya no al 911, una patrulla de la Policía Vial Estatal llegó al lugar alrededor de las 2.30 —más de dos horas después de ocurrido el percance— para remitir al conductor ebrio ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

INOPERANCIA

¿Eran necesarios muertos y heridos en el percance para que la autoridad se apersonara con prontitud? ¿Dónde está la “coordinación interinstitucional” prometida? Más bien, lo que queda claro es que el 911 es lo mismo que el 066, con el doble fraude de ser un programa aparentemente nuevo, pero con las mismas fallas, errores y desdén por los problemas —las emergencias— de la ciudadanía. Es una lástima ver que los recursos y el aparente esfuerzo institucional sean en realidad, un sonoro fraude.

+ La voluntad política se refleja sólo en la inversión real

De cara al cambio de poderes que se avecina en Oaxaca, habría que revisar con detenimiento cuál sería una verdadera actitud democrática, si es que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden demostrar con hechos, y no sólo con discursos, que están comprometidos con las demandas de la ciudadanía, que hoy en día se reducen a temas muy concretos como la transparencia, el combate a la corrupción, o el acceso a una justicia pronta y expedita, como dice la Constitución que debe ser. Ese compromiso sólo se refleja en la inversión. Y por ello habrá que ver qué tan comprometidos están los nuevos integrantes del Legislativo y Ejecutivo con esos temas.

En efecto, ayer el periódico El Universal presentó un interesante análisis sobre la inversión que realizan diversas entidades federativas en el rubro de transparencia y acceso a la información, y sobre cómo en varias de ellas el discurso del acceso a la información y la transparencia, de cara a las cifras, no resulta ser sino un auténtico engaño.

Según el reportaje de El Universal titulado “Estados ahogan a la transparencia”, a pesar de que la transparencia es una referencia constante en el discurso de los gobernadores, y que en promedio los 32 estados destinan 8.34 pesos por persona, entidades como Puebla, Chiapas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas apenas otorgan menos de la mitad de esa cifra. Oaxaca, agregaríamos, no se aleja mucho de esas entidades en las que la transparencia no es una prioridad y por eso no se invierte en la institución encargada de promoverla y garantizarla.

En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puebla otorga en promedio 2.1 pesos por persona a este rubro; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona. El documento señala que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, y que Campeche es la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia, con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.

Ahora bien, dice la publicación, a nivel nacional el promedio de recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto de cada entidad, es de 0.06%, la cual se ha mantenido para los últimos cinco años. En el caso de la federación, la proporción es de 0.02 por ciento, debido a que en 2016 la Administración Pública Federal tuvo un presupuesto de más de 4.7 billones de pesos y la participación de esos recursos para el Inai fue de 937.8 millones de pesos; es decir 0.2%.

Así, hay entidades que proporcionalmente invierten cantidades importantes de dinero en ese rubro, tales como Aguascalientes (0.12%), Quintana Roo (0.11%), Campeche (0.10%) y Coahuila (0.10%). En contraparte, existen entidades como Chiapas, Guerrero y Puebla que mantienen una baja proporción de recursos destinados a la transparencia con respecto al presupuesto estatal (0.02%), tanto en 2016 como en 2015.

¿Y OAXACA?

Aunque el reporte de El Universal no aborda la situación que prevalece en Oaxaca, conocer su voluntad por la transparencia no fue difícil. Según el Presupuesto Ciudadano 2016, elaborado por la propia administración estatal, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad, tiene para 2016 un presupuesto de 26 millones 342 mil 990 pesos, que en proporción a los $60,495,049,279.00 (sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco millones, cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos) que son el total del presupuesto de la entidad para el presente año, no resulta ser sino apenas el 0.04 por ciento de inversión —e interés— en la transparencia.

En esa lógica, al hacer una revisión simple de cuánto invierte la entidad en el rubro de los órganos autónomos, resulta que la transparencia es lo que menos le interesa, sin que eso signifique que el trabajo de los otros órganos autónomos les despierte particular interés. Por ejemplo —y sin que esos montos reflejen jauja en otros órganos—, a la Auditoría Superior del Estado le destina 71 millones 300 mil pesos, que resultan insuficientes para cumplir con sus funciones de fiscalización; a la Defensoría de los Derechos Humanos, le destina 40 millones 604 mil 284 pesos, a pesar de que es la entidad autónoma que más críticas recibe por su parcialidad y disfuncionalidad. Incluso, el IEEPCO es el órgano autónomo que más recursos recibe, con casi 500 millones de pesos. Así, mientras al IAIP le asignan una inversión proporcional de 0.04 por ciento, a la ASE le asignan el 0.12; a la Defensoría el 0.07 por ciento; y al IEEPCO el 0.79% del total del gasto estatal.

INVERSIÓN, NO PALABRAS

¿Qué resulta de todo eso? Que si el nuevo gobierno, y el nuevo Congreso tienen verdadero compromiso con las demandas ciudadanas, deben incrementar la inversión a los órganos autónomos para que éstos hagan su trabajo. ¿Quieren rendición de cuentas? Inviertan más a la ASE. ¿Quieren más transparencia? Que se refleje en el presupuesto del IAIP, y que se consolide en el fortalecimiento institucional que necesitan los órganos autónomos para ejercer las funciones que les confirieron las últimas reformas nacionales. Todo lo demás, es pura demagogia.

+ LXII Legislatura: todos “consensaron” llevar a la quiebra al Congreso

Es necesario registrar —y no olvidar— las afirmaciones del diputado electo Irineo Molina Espinoza, quien fungirá como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura estatal. En entrevista con TIEMPO, Molina asegura que exigirá a la Auditoría Superior del Estado, una revisión fiscal y contable a sus antecesores. Esa, la de las auditorías al Poder Legislativo, es una de las demandas más añejas y menos posibles en Oaxaca, en un escenario en el que reiteradamente los legisladores han logrado como único consenso de sus respectivas gestiones, el llevar a la quiebra a las finanzas legislativas, y de paso a la legalidad y al Estado de Derecho.

En efecto, el próximo Coordinador de Morena en el Congreso, reprochó que quienes integran la LXII Legislatura convirtieran al Poder Legislativo en una alianza comercial en la que todo se vendía, y evitaran transparentar su actuar. Consideró que “es momento de que al seno del Congreso de Oaxaca se aplique la transparencia y austeridad”, y sobre todo “se acabe con esos vicios que definieron y distinguieron a la LXII Legislatura”.

Todos sabemos que esos vicios que definieron y distinguieron a la Legislatura que fenece fueron los relacionados no sólo con la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, sino sobre todo con confabulación entre fracciones parlamentarias para cerrar su manejo financiero a cualquier forma de revisión, e incluso echar a quien intentara hacerlo, independientemente del nivel jerárquico o político en que se encontrara.

En ese sentido, es menester recordar que la propia LXII Legislatura inició con demandas muy claras y concretas de rendición de cuentas y de revisión de la actuación de quienes integraron la LXI Legislatura. Quizá hoy para muchos es un recuerdo vago, pero aquella Legislatura —la primera de este sexenio— concluyó en medio de un escándalo por la revelación de transferencias millonarias a los coordinadores de las bancadas que integraron la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Hubo, en aquel momento, dos botones de muestra: uno fue la revelación de sumas superiores a los cuatro millones de pesos en las cuentas bancarias del entonces diputado Alejandro López Jarquín. Y algo muy similar ocurrió con quien fungía como coordinador de la bancada priista, el diputado Francisco García López, a quien igualmente desde las cuentas institucionales del Poder Legislativo, le fueron transferidas fuertes cantidades sobre las que nunca hubo una explicación cabal.

Cuando concluyó la LXI Legislatura, los diputados entrantes (que ahora son salientes) prometieron a la ciudadanía que investigarían a fondo dichas operaciones; que abrirían las cuentas del Congreso a la ASE para que llevara a cabo los actos de fiscalización que en derecho correspondían; y que tendrían una actitud distinta que la de sus antecesores. La realidad revela que no sólo no ocurrió nada de eso, sino que los integrantes de la LXII Legislatura profundizaron la opacidad, la discrecionalidad y la lucha por mantener en secreto el destino de sus recursos.

ALIADOS PARA LA OPACIDAD

Presionado por las circunstancias, al inicio de la LXII Legislatura, el diputado Alejandro Avilés Álvarez —en su calidad de presidente de la Jucopo— dijo en público que permitiría las revisiones por parte de la ASE, aunque en privado ninguneó, regañó y ridiculizó al auditor Carlos Altamirano Toledo, por declarar a la prensa que el organismo de fiscalización que —según— encabeza, se encontraba listo para iniciar las auditorías a la gestión de los diputados de la LXI Legislatura. Lo único cierto es que dichas revisiones nunca ocurrieron, y la muestra palmaria de ello radica en que la ASE no registra, de 2014 a la fecha, ningún resultado de auditoría al ejercicio de los recursos legislativos, simplemente porque nunca tuvo acceso a ellos.

Luego vino el festín económico del que se sirvieron los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD —los dos primeros años de la LXII Legislatura, en los que uno y otro encabezaron sucesivamente la Jucopo— en una verdadera danza millonaria a la que accedieron gracias al trabajo del Tesorero del Congreso, que fielmente guardó los secretos sobre el manejo de los recursos, a cambio del respaldo legislativo para sostenerse en su cargo.

De hecho, la muestra más clara de esa alianza para llevar a la quiebra al Congreso, se vio cuando la diputada Natividad Díaz prometió, el año pasado, que realizaría las auditorías prometidas. ¿Qué ocurrió? Que todos se pusieron de acuerdo, primero para impedirle cualquier intento de revisar las finanzas legislativas, y luego para echarla de la Junta y de la Coordinación de la bancada, cosa que finalmente ocurrió hace algunas semanas.

Frente a esa realidad, hay que memorizar las declaraciones de Irineo Molina. Dentro de no mucho veremos, en los hechos, si logra al menos algo de lo que ahora, con tanto denuedo promete.

COSAS QUE PASAN…

La semana pasada, la ASE llevó a cabo la premiación de un concurso de dibujo infantil sobre la rendición de cuentas. El invitado estrella del evento, realizado en el Hotel Fortín Plaza, fue el experto en docencia y temas educativos, Jesús Amaya Guerra, a quien trajeron a Oaxaca para dictar una conferencia. Llamó la atención que inmediatamente después de que terminó ese evento, en un salón contiguo, inició un evento con una temática similar, pero organizado por la subsecretaria de Desarrollo Social, Dalia Báez Arenas. Ahí, Amaya Guerra dio otra conferencia. La duda que quedó entre quienes atestiguaron el hecho, es si la ASE pagó los gastos y honorarios de un conferencista, que luego se fue a otro evento oficial de la Sedesoh, o si fue al revés… o si, con doble pago, todo fue producto de una amena casualidad entre ambas instituciones.

+ Nuevo gobierno debe incluir a la ciudadanía en debate de la educación

Ha una década desde el conflicto magisterial en Oaxaca, y ante el saldo rojo de la educación pública en la entidad, es indispensable que los actores públicos involucrados –ciudadanía incluida— den las pautas de las aspiraciones educativas en la entidad para los próximos años. El arribo de un nuevo gobierno, y de una clase política que pretende renovarse, parece el escenario propicio para ello. Sólo falta que todos den muestras de voluntad y de ya no sólo pelear por sus intereses, sino de establecer el nuevo rumbo que apremia a la instrucción pública en la entidad.

En efecto, en octubre de hace diez años el conflicto magisterial y popular llegó a su punto cúspide, cuando la Sección 22 del SNTE decidió involucrar a la ciudadanía en la crisis social, y convirtió un conflicto gremial y laboral, en una confrontación entre toda la ciudadanía. Finalmente, el magisterio estaba defendiendo sus intereses económicos y políticos, como lo ha hecho permanentemente de entonces a la fecha. Aunque lo que sigue pendiente es el diálogo por la educación que nunca pudo propiciarse primero por las resistencias magisteriales, pero también por la incertidumbre que generaron los titubeos permanentes de las administraciones de Ulises Ruiz, y Gabino Cué, consecutivamente.

En esa lógica, es claro que diez años después de aquella situación, la educación en Oaxaca ha sido el tema más debatido pero menos abordado en la agenda pública. No hubo forma de penetrar la verdadera discusión sobre el rumbo de la educación, primero porque la Sección 22 se dedicó de lleno a exigir sus resarcimientos por el conflicto magisterial; después, porque, por sistema, se declararon en oposición a los programas educativos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y luego a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Incluso, ni siquiera la discusión legislativa de una nueva Ley Estatal de Educación fue espacio para dialogar sobre el tema sustantivo en materia educativa entre gobierno, maestros y padres de familia, que no es sino el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de la entidad, y la necesidad de replantear, junto con las necesidades y exigencias políticas de los maestros, los planes y programas de estudio no con que se evalúa a los profesores, sino con los que imparten clase cotidianamente a sus educandos.

En este sentido, es alarmante cómo ese tema —que debiera estar en el centro del debate— es el que más ha sido relegado de la discusión pública sobre la educación. Hasta hoy, el magisterio sostiene como la base de sus argumentos, que están en contra de las evaluaciones, y que demandan un sistema que considere las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades marginadas. Pero esas demandas han servido para encubrir el silencio que reina sobre el análisis de la educación que ellos mismos están impartiendo, y la que van a ofrecer —o la que deben ofrecer— en el mediano y largo plazo en Oaxaca.

ESPACIO DE DIÁLOGO

En los últimos años, el gobierno estatal fue un ariete de las demandas del gremio magisterial. La administración estatal, de hecho, parecía estar permanentemente al servicio de las demandas magisteriales —y de sus intereses y tácticas de lucha social— porque esa era la forma de convivir en un escenario en el que la gobernabilidad dependía en gran medida de la estabilidad de la relación entre el sindicato magisterial y el Estado.

Sin embargo, a partir del 21 de junio de 2015 quedó claro que dicha relación no era indispensable, y que en realidad había que ir a un nivel superior para discutir ya no los temas políticos de la educación, sino la educación misma, que hasta ahora es un diálogo postergado y silenciado. ¿En qué hemos estado? Reiterada y cíclicamente se ha discutido la parte política, pero sin discutir la verdadera parte sustantiva de la educación en la entidad.

Por eso hoy es urgente ya no sólo discutir la parte política, sino los verdaderos temas educativos. Nosotros los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en ese rubro, porque a pesar de ser mayoría frente al gremio magisterial, e incluso frente al Estado, hemos sido quienes menos hemos participado en los destellos de diálogo educativo que han existido hasta ahora. Toda la participación de la ciudadanía se ha reducido al ejercicio de algunas formas de presión, en algunas escuelas, cuando hay organización.

Pero en realidad, tanto para el gobierno como para la propia Sección 22 ha sido ampliamente conveniente la inexistencia de organizaciones de padres de familia dispuestas a dialogar no sobre los salarios o las condiciones laborales de los profesores, sino sobre la urgencia de que haya clases permanentemente; sobre qué se les va a enseñar a los niños en clases, y sobre cuál es el futuro de la educación y la docencia en Oaxaca.

Ese es diálogo que falta. Es el gran rubro pendiente que tendría que impulsar el gobierno de Alejandro Murat, si es que de verdad desea que su gobierno no repita la política de evasión que ha prevalecido en los últimos años, respecto a la educación pública en Oaxaca.

AL MARGEN: 10 AÑOS

El 3 de octubre de 2006, apareció por primera vez esta columna en las páginas de TIEMPO. Ha sido una década de trabajo arduo en el registro cotidiano de los acontecimientos de nuestra sociedad; de aprendizaje de nuestros compañeros más experimentados, y de consideración de los propios errores. A través de estas líneas, el autor de este espacio patentiza su gratitud hacia todos los que hacen posible la edición cotidiana de este diario, y a quienes día a día nos prefieren como lectura de reflexión, crítica y análisis político. A todos, muchas gracias.

+ Oaxaca debe revisar sus leyes para establecer vanguardia laica

En los últimos meses hemos visto movimientos inusitados que tienen como bandera la defensa de la familia, pero que encierran el intento más evidente de grupos religiosos por influir en las determinaciones políticas y jurídicas del país. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, reactivó una pugna que ya existía en temas como la legalización del aborto en la capital del país, y el reconocimiento a la diversidad sexual como parte de nuestra sociedad. Si de verdad se pretende estimular la vanguardia jurídica en Oaxaca —una pose muy recurrida, pero muy poco atendida—, la defensa del Estado laico debe ir por delante.

En efecto, hoy muchos se dicen escandalizados por la forma en la que la Iglesia Católica, y grupos conservadores, han sacado a la gente a las calles para tratar de frenar la iniciativa presidencial relativa al matrimonio igualitario. Bajo argumentos morales, religiosos, bíblicos y hasta fantasiosos, esos grupos pretenden establecer que el esquema familia está integrado —como lo dice el inconstitucional artículo 143 del Código Civil de Oaxaca— por un solo hombre y una sola mujer, que se unen en matrimonio para perpetuar la especie y brindarse ayuda mutua en la vida. Al defender ese argumento, dichos grupos pretenden marginarlos del reconocimiento constitucional a la igualdad entre las personas, y a la prohibición de la discriminación en todos sus tipos.

Esa ofensiva, hoy, es la más vista pero no ha sido la única ni es la primera. De hecho, en el pasado reciente, en el año 2012, grupos pro religiosos impulsaron fallidamente una reforma al artículo 24 de la Constitución federal para dar pauta a que asociaciones que promueven el culto religioso pudieran no sólo acceder a medios de difusión masiva (libertad que ya está garantizada actualmente, por medio de la cual, por ejemplo, las iglesias y congregaciones pueden contratar espacios en medios de comunicación), sino que ellos mismos pudieran tener sus propios medios de difusión (no sólo relacionados con medios de información) para dar una mayor cobertura a las actividades de culto religioso que promueven.

Esto porque uno de los puntos álgidos que planteaba dicha reforma radicaba justamente en eso: en que el ensanchamiento de una libertad de culto religioso (para quien lo promueve y para quien lo ejerce) trae aparejado algo que se conoce como “libertad de difusión” de esas creencias religiosas tanto en privado como en público. Y si el decir, difundir o promover algo en privado no tiene ningún problema, esto pasa a otro ámbito cuando se dice que la reforma abriría la posibilidad de que las asociaciones religiosas tuviesen el reconocimiento constitucional de herramientas de difusión aún más poderosas de las que tienen.

¿A qué se referían esas “herramientas”? A que, en términos sencillos, con la aprobación de la reforma al 24 constitucional se estaría buscando que las propias asociaciones de culto pudieran tener sus propios medios de difusión (entendidos éstos como medios de comunicación, por completo dedicados al servicio de la difusión de una religión, culto o creencia en específico), así como también sus propias instituciones educativas a través de las cuales pudieran hacer una promoción de las creencias que ellos profesan.

MÁS INJERENCIA

Antes, la Iglesia Católica actuó a través de grupos conservadores para contrarrestar la inercia que podría generar la legalización del aborto en la capital del país. Durante años se dedicaron a promover, en las Constituciones locales —incluida la Constitución de Oaxaca— el derecho a la vida, pero estableciendo que ésta se encontraba protegida por la ley “desde el momento de la concepción”.

En el caso oaxaqueño, en 2009, y empujados por no se sabe qué, o pagando no se sabe qué apoyos, los diputados locales emanados del Partido Revolucionario Institucional apoyaron una propuesta de los de Acción Nacional, para establecer en la Constitución Política de Oaxaca, que dicha Norma protegerá el derecho a la vida de las personas “desde el momento de la concepción”. Esto pareció revivir, en el medio local, un debate que ha sido ampliamente abordado en otros momentos y por instancias jurisdiccionales federales de la más alta jerarquía; y que, valga decirlo, ya fueron resueltos.

Dicha adición, ubicada de inmediato como “Ley Provida” establece lo que apuntamos en el párrafo anterior. Esto, por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, fue tomado como el establecimiento de una prohibición constitucional para que en la entidad, en cualquier otro momento, se apruebe una reforma a leyes secundarias a través de las cuales, se legalicen ciertas formas de aborto voluntario.

Esta fue otra forma disimulada a través de la cual la Iglesia se inmiscuyó directamente en los criterios constitucionales para formular normas que protegen no los derechos de las personas sino sus concepciones morales.

¿HABRÁ PROGRESISMO?

Por eso, cualquier destello de progresismo en Oaxaca —ahora que según se inauguran nuevos tiempos políticos— tendría que pasar no nada más por el reforzamiento de la figura del Estado laico, sino por la modificación del artículo 12 para eliminar los términos regresivos en que fue modificado en 2009 por aquella reforma “Provida”. Dicho ánimo también tendría que pasar por la adecuación del Código Civil para eliminar los preceptos declarados inconstitucionales respecto al matrimonio civil. ¿Quién tendrá el valor? Pronto veremos si por lo menos hay destellos de esos temas sustantivos, frente a la apabullante grilla del cambio de sexenio.

+ PRI oaxaqueño avala las intenciones del gobierno saliente

Es paradójico que una reforma que según fue promovida para combatir la corrupción y la impunidad, sea en realidad promotora de dichas conductas. Esto ocurre con un paquete de reformas a la Constitución del Estado, y a la Ley de Fiscalización Superior, promovidas por el diputado Adolfo Toledo Infanzón, que no sólo no cumplen con los nuevos parámetros establecidos por la Constitución federal en la reforma anticorrupción, sino que también parecen ser una carta de porte para los funcionarios de la administración saliente que estarían dándose el escenario más benévolo posible para los tiempos que vienen.

En efecto, en la sesión del pasado 15 de septiembre los diputados locales aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley de Fiscalización Superior, que son flagrantemente violatorias de diversos principios contenidos en la Constitución federal.

¿En qué consisten dichas reformas en el ámbito local? Básicamente, lo que hacen es doblegar algunos principios relacionados con la fiscalización superior y, de hecho, someter a la ASE a las decisiones de la Junta de Coordinación Política. Todo esto, además de fijar plazos de prescripción menores a los establecidos en la Constitución federal, lo cual de entrada los hace inconstitucionales, y revela a los diputados locales como auténticos promotores de la impunidad y la corrupción de la función pública, evidentemente en beneficio primario de los servidores públicos estatales que dejarán sus cargos el próximo 30 de noviembre.

Vayamos por partes. En las reformas constitucionales, el Congreso estableció que la Auditoría podrá realizar investigaciones excepcionales (artículo 65 bis) cuando, por ejemplo, la fiscalización de una obra o recurso sea de tipo multianual. Dicha cuestión está también contemplada y permitida en la legislación federal, salvo porque los diputados locales establecieron en la Constitución, que la ASE puede promover procedimientos de responsabilidades ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas —que también es inconstitucional— “en caso de que existan elementos de presunción de violaciones a la ley”.

Esto es no sólo inconstitucional sino escandalosamente irresponsable. La ASE es un órgano técnico cuya función se basa en la definición de responsabilidades a partir de datos y resultados objetivos. ¿Cómo establecer entonces que podrá promover a partir de “elementos de presunción de violaciones a la ley” y no de criterios sustantivos? Y, en esa lógica, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia, que de la ley penal se extiende a todos los procedimientos seguidos en forma de juicio? Técnicamente, lo que hicieron fue establecer deliberadamente un error en la ley, que pueda servir como base del beneficio para la defensa de los acusados de corrupción.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

Ahora bien, dice el recién reformado artículo 37 de la Ley de Fiscalización que “las facultades de la ASE para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años”. Quizá los asesores del diputado Adolfo Toledo Infanzón no leyeron el correlativo de la Constitución federal, o aún leyéndolo lo desatendieron intencionalmente porque, a la letra, el segundo y tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución federal dicen algo muy distinto. Éstos señalan:

“La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

“La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años”.

¿Son visibles las diferencias entre ambas disposiciones? La primera, es que la única prescripción que la Constitución federal circunscribe a tres años, como plazo mínimo y no como plazo fatal, es en materia penal. Segunda, para la responsabilidad administrativa la Constitución federal establece un plazo de prescripción de siete años como mínimo —y no tres, como mañosamente se estableció en la legislación local— cuando las faltas sean graves. Y tercera, que en la legislación local, sin embargo, no se hace mención alguna a la escala de gravedad de las faltas: todas prescriben a los tres años independientemente de si el quebranto fue por un bolígrafo o por una falta grave.

Así, la joya de la corona de la reforma del diputado Toledo Infanzón está en el nuevo artículo 38 de la Ley de Fiscalización, que establece que para proceder penalmente en contra de los ‘funcionarios de elección popular’ (¿no habrán leído que el término ‘funcionario’ fue desechado de la Constitución federal hace tres décadas?) y los previstos por el artículo 118, por delitos cometidos con motivo de su encargo, “se requerirá querella del Auditor Superior PREVIA AUTORIZACIÓN de la Junta de Coordinación Política”.

Es decir, que en estos tiempos del “combate a la corrupción”, en Oaxaca institucionalizaron la subordinación de la fiscalización, a la decisión política —y las negociaciones, y los arreglos, y las extorsiones— de los diputados locales. Bonita forma de combatir la impunidad.

APORTE ACADÉMICO

Una de las dos únicas referencias bibliográficas que están plasmadas en la exposición de motivos de dicha iniciativa, es de “monografías.com”… algo que hoy en día sólo es aceptable —y eso, a veces— en las tareas de la secu. Con esa burla a plena luz del día, queda claro el nivel de descaro con el que promueve la impunidad en Oaxaca, el mismo individuo que luego querrá ocupar el cargo de Carlos Altamirano Toledo.

+ Por mezquindad, buscan a la derecha ¿o querrán aislarse?

El futuro de las fuerzas de izquierda en Oaxaca únicamente les pintaría bien si lograran conformar algún tipo de alianza. Hoy, ese sector de la política partidista se encuentra pulverizado y pareciera que hasta confrontado. En la medida que no logren ponerse a salvo de sus propias diferencias, y opten por la aglutinación, lo único que tendrán es el avasallamiento priista que, según parece, viene con todo a la reinstauración de algunas prácticas que se creerían desterradas.

En efecto, los dos primeros años de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa serán determinantes para los años siguientes de la oposición. De todo esto, en el Congreso del Estado deberían generarse los contrapesos necesarios para que el juego democrático no vuelva a ser un caos —como ahora—, pero para que tampoco vuelva a ser el gobierno de uno, como en el pasado priista. Quienes tienen en las manos esa posibilidad son las fuerzas de izquierda, que hoy más que nunca deberían —en el ideal— dejar de lado sus mezquindades y aglutinarse para hacerle contrapeso al poder priista.

¿De qué hablamos? De que es casi un hecho que la LXIII Legislatura quedará integrada de la forma siguiente: el PRI tendrá 17 diputados; Movimiento de Regeneración Nacional tendrá nueve diputados; el PRD tendrá ocho legisladores; el PAN, 4, el Partido del Trabajo, tres, y Unidad Popular, uno. ¿Qué significa esto? Que, linealmente, el PRI tendrá la mayoría, pero con pocas posibilidades de construir en el corto y mediano plazo, si no teje una alianza sólida por lo menos con una de las fuerzas de izquierda, particularmente con el PRD o con Morena. En ambos casos, quedaría a muy pocos votos de la cifra mágica de 27, para lograr reformas a la Constitución.

Ese escenario es el menos complicado porque el PRI será también el gobierno y, dados los antecedentes, no sería raro que trabaran alianzas fácticas o con el PRD o con Morena a cambio del cogobierno (al respecto, hablamos ampliamente en nuestra entrega del 6 de septiembre: “¿Estará preparado el nuevo régimen para cogobernar con Morena?”) o de permitirles el acceso a recursos económicos o concesiones políticas, con tal de lograr la holgura requerida para la toma de decisiones en la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así pues, la relación de la connivencia parecería más simple de concretar, que la de una posible alianza entre las izquierdas.

Sí, porque de hecho existe la posibilidad —hasta ahora es una intención, aunque no descartable— de que antes de que termine la LXII Legislatura, que se encuentra bajo la hegemonía total no del PRI sino Alejandro Avilés, impulse la reinstauración de la figura de la Gran Comisión como órgano supremo de gobierno del Congreso del Estado. Razones hay de sobra: en la Legislatura siguiente el PRI tendrá una mayoría simple, pero a todas luces insuficiente para generar cualquier síntoma de gobernabilidad —o cuando menos estabilidad— en su relación con el Ejecutivo.

Además, si el PRI preside la Junta de Coordinación Política el primer año de la LXIII Legislatura, tendría que entregarle la presidencia de la Mesa Directiva a Morena, que sería quien le tomaría la protesta a Murat Hinojosa como gobernador del Estado. Este un escenario incierto, y sin mucha capacidad de negociación. Asimismo, Avilés ha fustigado lo suficiente a las demás fuerzas políticas como para dinamitar cualquier posible alianza que le permitiera tomar el control de los órganos de dirección en la Legislatura siguiente. Por eso la posibilidad de reinstaurar la Gran Comisión, y volver a los tiempos de la hegemonía priista.

JUNTAR A LAS IZQUIERDAS

No es buen signo que, en ese marco, el comisionado nacional del PT, Benjamín Robles Montoya esté anunciando que busca la posibilidad de una alianza con el PAN en la Legislatura siguiente. El movimiento sería simple: al tener el PAN más diputados que el PT (cuatro contra tres) entonces lo natural sería trasladar a uno, o todos sus legisladores, al panismo, para conformar una bancada.

Eso sería todo menos un movimiento simple: en sus condiciones actuales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que para conformar una bancada, todos sus integrantes deben ser de la misma filiación partidista. Así pues, Robles estaría buscando dejar sin representación a su propio partido, o disminuirla al máximo, con tal de no dialogar con las otras izquierdas y con tal de seguir en su lógica de dinamitar las representaciones progresistas para aliarse con el panismo, que tiene una ideología política opuesta a las de los partidos de izquierda.

¿Qué debiera ser lo natural? Que cuanto antes, el PRD buscara la posibilidad de conformar una agenda política común con Morena y con el PT para ser un contrapeso real al poder y la hegemonía que intenta reinstaurar el priismo. El asunto es de la mayor trascendencia porque no sólo se trata de los intereses pragmáticos o electorales en el corto plazo, sino de la conformación de un contrapeso efectivo a ese poder que intenta restaurarse en la fuerza y la dominancia que tuvo en otros tiempos.

LOS POLOS SE UNEN

¿Por qué tanto interés en pagar por adelantado lo relativo a la construcción y administración de Ciudad Administrativa? ¿Dónde quedaron aquellas promesas de transparentar el cochinero financiero —del que dimos cuenta ampliamente en este espacio, desde los tiempos de Ulises Ruiz— que implicó la construcción de esos complejos administrativos? ¿De veras es tal el ahorro? ¿O de ese tamaño fue el “arreglo”?

+ PRD, PT y Morena, se dicen fuertes pero reflejan debilidad

Es importante registrar los primeros movimientos de las fuerzas de izquierda de cara a la transición de poderes en la entidad. Aunque hay signos de sus intenciones, no ha quedado claro quién de ellos podrá asumir el liderazgo de la oposición en Oaxaca. No se trata sólo de querer sino, sobre todo, de poder político y de que quien lo logre, traiga a su favor los números y el respaldo político para conseguirlo. El signo distintivo es que hasta hoy ni el PRD, ni el PT, e incluso tampoco Morena, parecen tener lo suficiente para asumir ese liderazgo.

En efecto, faltan escasas seis semanas para que culmine la Legislatura actual, y asuman los nuevos diputados. Es un hecho que las dos bancadas principales serán la del PRI y la del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que hasta ahora sigue siendo una incógnita es qué pasará no con las bancadas sino con el liderazgo opositor, y de la izquierda. Hasta el momento no existen coordenadas específicas de ello. Por esa razón es importante registrar los movimientos que realicen las fuerzas de izquierda, y las intenciones que externen —y que denoten— de cara a la LXIII Legislatura y al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

En ese sentido, vale la pena revisar los movimientos que hasta ahora están realizando en cada una de las izquierdas para ver, no lo que quieren, sino lo que pueden hacer. En el caso del PRD existe una lucha feroz, aunque hasta ahora poco registrada, por el relevo en la dirigencia estatal. En los documentos, Carol Antonio Altamirano sigue siendo el dirigente, aunque es evidente que ya sin ningún tipo de peso al interior del partido. Más bien, el futuro del perredismo se lo están disputando los grupos orgánicos perredistas contra el grupo del malogrado candidato perredista a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias, que pretende adueñarse de esa plataforma partidista como una tabla de flotación de lo que quede del grupo gobernante saliente.

En esa disputa, es importante registrar que a partir del 1 de diciembre tendrán que convivir no sólo ellos, sino también la operación política que seguramente intentará hacer el PRI para desarticular los esfuerzos de los grupos perredistas. ¿De qué hablamos? De que a nadie más que al nuevo grupo gobernante, le conviene que Estefan no se quede con el liderazgo del PRD. Permitirlo será tanto como legitimarlo como el heredero de la izquierda y del grupo perdedor en la contienda de junio pasado. Por esa razón, además de los esfuerzos que hagan los propios grupos al interior del PRD, también habrá que ver qué movimientos inducen desde el gobierno a partir de diciembre, para atajar las intenciones del ex Candidato a la Gubernatura.

Todos esos, son movimientos naturales que, finalmente, en donde impactarán será en la posibilidad de ser o no un verdadero liderazgo de la izquierda. Y, en eso, puede haber una victoria parcial al impedir que arribe a la dirigencia del PRD el grupo de Estefan —que además vendría impulsado por el panismo diodorista de Puebla, con otras intenciones—. Pero de no ser Estefan el próximo líder perredista, no habría una sola figura de altura para erigirse en el liderazgo opositor que naturalmente necesita Oaxaca.

LAS OTRAS IZQUIERDAS

Ayer, en conferencia de prensa, el senador Benjamín Robles Montoya hizo pública su intención de asumir el liderazgo de la izquierda. Dijo, por ejemplo, que “vamos a ser la única y verdadera oposición en Oaxaca que va a defender la causa del pueblo”,  no descartó la posibilidad de crear alianzas con la finalidad de no permitir “que el PRI apruebe leyes a conveniencia”.

En este sentido dijo que ya mantiene pláticas con otros dirigentes como la del PAN, entre otros institutos políticos, y dijo que estas acciones se suman a la que van a realizar con el proceso de entrega recepción, donde serán vigilantes que se cumpla con apego a la ley y transparencia y, en resumen, anunció que serán “una gran oposición” para Alejandro Murat y el PRI en la próxima Legislatura.

La única forma que tiene el senador Robles Montoya de cumplir con ese cometido será a través de su ariete en la LXIII Legislatura, Jesús Romero López, que será el diputado que encabece la representación del Partido del Trabajo. En esa lógica, la pregunta de fondo no radica en si Romero López podrá o no asumir alguna forma de liderazgo petista o de toda la izquierda en la entidad —de hecho, es de los que más experiencia política tiene de entre todas las izquierdas—, sino en si el mismo Robles Montoya estará dispuesto a seguirse ofreciendo como un kamikaze político dispuesto siempre a golpear, pero sin tener establecido un derrotero concreto, máxime cuando él es uno de los coprotagonistas de la pulverización de la izquierda como identidad política en Oaxaca.

¿Y QUÉ QUEDA DE MORENA?

Tienen una bancada importante pero en medio de un ayuno casi famélico de liderazgos políticos. Ninguno de sus cuadros políticos goza de referencia alguna en el radar político estatal. En el fondo, parece que su misma gloria es también su infierno: el liderazgo avasallador de Andrés Manuel López Obrador es el que hizo ganar al partido al margen de los candidatos. Eso llevará a muchos noveles políticos al Congreso local. Tan profunda es su carencia de cuadros, que en Oaxaca se reducen a dos, que no tienen responsabilidades concretas dentro de Morena: Salomón Jara y Flavio Sosa. Eso los deja en un claro titubeo a la hora de responder si alguno de sus diputados tendrá la posibilidad de asumir el liderazgo de la izquierda. Por eso, a pesar de todas las izquierdas son previsibles pocos, o nulos, liderazgos.

+ Oposición sistemática y gobierno cerrado, las constantes del caso

Hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y si hubiera que hallar las coordenadas constantes del caso éstas serían cuando menos tres: la primera, que la verdad sigue desaparecida junto con los normalistas; segunda, que lejos de abrir la investigación, el gobierno federal ha actuado como cómplice de los autores de esos crímenes; y tercera, que a la expansión de las interrogantes ha contribuido sobremanera la oposición sistemática de quienes paradójicamente exigen que se investigue y se conozca la verdad de los hechos.

En efecto, el 26 de septiembre de 2014 ocurrió la detención-desaparición de un grupo de 43 normalistas de Ayotzinapa, que había llegado hasta la ciudad de Iguala, en Guerrero, para realizar acciones de protesta. El alcalde de la población, José Luis Abarca Velásquez, ordenó a sus agentes de la Policía Municipal detener a los normalistas para que no sabotearan el acto del informe de actividades que ese mismo día rendía su esposa como presidenta del DIF Municipal. Los normalistas fueron atacados a balazos por los agentes municipales, luego fueron aprehendidos y entregados a un grupo criminal, que presuntamente los privó de la vida, quemó sus cadáveres y los esparció en un río de la zona de Cocula, en Guerrero.

Frente a esto, el gobierno federal ha actuado no como el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos sino, en buena medida, como un cómplice. Aunque la mecánica lineal de los principales hechos ya se conoce —básicamente, lo que fue reseñado en el párrafo anterior— aún existen muchas interrogantes respecto a la posible participación de la Policía Federal, de integrantes del Ejército Mexicano; de la inacción de la PGR, que a pesar de tener denuncias sobre las posibles relaciones criminales de Abarca y su familia, nunca investigó; y de las complicidades que permitieron que esa familia fuera al mismo tiempo autoridad y controladora del crimen organizado en la región.

Esa es la razón por la que hoy la parte oficial de la investigación sigue siendo tan cuestionada. Inicialmente, al Presidente de la República se le recriminó no porque su gobierno tuviera responsabilidad directa en los hechos sino más bien porque pasó 10 largos días sin mencionar el tema —como si la desaparición sistemática de 43 estudiantes, fueran o no normalistas, a manos de la criminalidad, no fuera un asunto relevante— y porque cuando lo hizo, fue sólo para aislarlo como si eso fuera competencia sólo del gobierno estatal de Guerrero.

Hoy los cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son otros: la PGR, que atrajo la investigación, ha contribuido sobremanera en la pérdida de credibilidad no ante los padres de los desaparecidos y los grupos de defensa de los derechos humanos que los asesoran, sino ante la ciudadanía en general. La investigación ha tomado cauces que abren las interrogantes de las que resuelven; y pareciera que el gobierno federal está decidido a que la investigación trascienda al sexenio —como pasa siempre en México— y se convierta en un problema para la próxima administración.

Nadie de ellos registra que la desaparición de los normalistas constituye un crimen de lesa humanidad, por la que tarde o temprano el Estado mexicano —no sólo el gobierno federal, o los estatales, sino todo el ente soberano que entendemos como Estado— tendrá que responder ante tribunales internacionales por la desaparición de los normalistas, por la participación y complicidad de agentes del Estado en esos hechos. Dichos agentes, para esos efectos, son los elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula que participaron en los hechos.

OPOSICIÓN SISTEMÁTICA

En contraposición a esa postura está la de mucha gente, que lejos de asumir una postura razonable se ha dedicado a ejercer una oposición sistemática, como si eso contribuyera en algo a hallar a los responsables de estos hechos, y castigarlos de la forma en que merecen.

Lejos de posturas explicables, muchos grupos tomaron la bandera de los normalistas para generarle desgaste al gobierno del presidente Peña Nieto y, dos años después, queda claro que lo lograron a un nivel que quizá ni ellos mismos imaginaron. ¿Cuál es el problema? Que con ello ha logrado una ventaja para los grupos políticos que luchan por la presidencia en 2018 y que ven en el descrédito a Peña Nieto su carta de porte a la Presidencia. Pero en realidad con eso han contribuido en nada a las respuestas que muchos sí esperamos sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en Iguala.

Al final, resulta muy mezquino pensar que la búsqueda de la verdad es un problema exclusivamente del gobierno, y que lo que la gente debe hacer es sólo exigir y oponerse. El Estado mexicano debe hallar la verdad. Pero los opositores por sistema en realidad no están preocupados por los normalistas desaparecidos sino por ayudar a construir un proyecto político a costa de las banderas de los desaparecidos.

Por eso, a dos años de distancia queda claro que la verdad y los normalistas siguen desaparecidos. Y que así como vamos no hay para cuándo se sepa exactamente quiénes, fueron, cómo ocurrieron los hechos, y hasta qué nivel de responsabilidad estatal hubo en realidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

¿BONO DE RETIRO?

¿Les espanta la liquidación de Enrique Ochoa Reza de la CFE? Volteen a ver a Oaxaca. Aquí, dicen, quieren cargar con todo antes del 30 de noviembre. Y contra todo pronóstico —porque del partido tricolor nadie ha dicho ni media palabra—, parece que ahí la llevan.