+ Responsabilidad, y no expectativas ilusas, lo que necesitamos

Oaxaca está a pocos días de vivir un proceso político trascendental con el cambio de la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. Ese acontecimiento debe venir acompañado de expectativas, mas no de esperanzas de un milagro. Debemos ser conscientes de lo vivido hasta ahora como sociedad, y evitar las posiciones que nos invitan a divagar sin considerar las posibilidades de cambio y transformación social y política que, con base en la realidad, están a la vista de todos.

En efecto, el 1 de diciembre ocurrirá la transmisión de poderes en la entidad, tal y como lo señala nuestra Constitución. Dicho cambio ocurrirá en medio de un clima caótico y de desesperación común: el régimen que termina, parece urgido de ya entregar la administración; y la sociedad oaxaqueña parece estar ávida como nunca de que culmine este ciclo. Esa comunión actual entre el desencanto, la frustración y la urgencia por transmitir a alguien más las responsabilidades, puede convertirse —si no es que ya lo es— en el caldo de cultivo para las expectativas, que tanto daño nos han hecho en los últimos años. Por eso, lo que necesitamos los ciudadanos es prudencia; y lo que necesitan los regímenes —saliente y entrante— es prudencia frente a lo que pueden afirmar, y lo que simplemente escapa de sus posibilidades.

¿De qué hablamos? De que, en el caso del gobierno saliente, éste debería irse con una explicación concreta de la situación en la que entrega la entidad. Es increíble cómo la administración de Gabino Cué aparenta estar entregando un gobierno entumecido y rebasado por la irresponsabilidad; y cómo cada día que pasa, la desesperación común —del gobierno saliente, y de la sociedad— agrava esa percepción de que todos están esperando a que llegue el 1 de diciembre para la culminación de este cierre dramático de sexenio.

En el caso del gobierno de Cué, éste no logró cambiar la percepción de ineficacia que se generó a su alrededor —ni se preocupó por hacerlo—, y tampoco parece estar ya preocupado por lo que la ciudadanía piense de sus integrantes. Por esa razón, ya a nadie le interesa explicar el atorón financiero de final de sexenio; nadie parece comprometido ya a tratar de hacer algo más para generar algún tipo de idea de satisfacción; y todos parecen resueltos a navegar hasta el 30 de noviembre sin ninguna expectativa de mediano plazo sobre su prestigio y legado como gobierno saliente.

Ante esto, debemos preguntarnos: ¿con qué levaduras se fermentó este avinagrado final de sexenio? Debemos decirlo sin ambages: este cierre amargo de administración, es el resultado de que, en otros tiempos —hace seis años— nadie controló el crecimiento desmedido de las expectativas. Sí: en aquel entonces, propios y extraños pensamos —como algunos ahora— que el nuevo gobierno sería capaz de revertir los males inmediatos y ancestrales de nuestra sociedad, y volcamos nuestro entusiasmo y esperanzas en quienes habían hecho una buena campaña, pero de los que no sabíamos qué tan eficaces eran para gobernar, y administrar, los recursos del Estado.

EXPECTATIVAS Y DESENCANTO

En ese sentido, nunca consideramos que Gabino Cué era no una esperanza, sino un ser humano con tantos defectos y virtudes como cualquier otra persona. No consideramos entonces que, como otros en el pasado, él sería un gobernante omiso y poco sensible a los excesos que pudieran cometer sus cercanos. Mucho menos tomamos en cuenta que quizá su experiencia no era suficiente ni adecuada para la gestión y administración eficaz de los recursos. E incluso omitimos preguntarnos si él, o su equipo, serían proclives a la corrupción.

La realidad nos aclaró todo: el gobierno de Cué fue mucho menos eficaz de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Aunque todos creíamos que sería una administración comprometida y profesional, resultó un equipo improvisado y de pocas capacidades de gestión y ejecución de recursos; por eso, a pesar de los presupuestos históricos, el común denominador fue siempre el subejercicio, la incapacidad de lograr proyectos sólidos, y la recurrencia de la mediocridad en los logros alcanzados.

Lo mismo ocurrió con la corrupción, que fue una de las banderas de Cué como candidato. Creímos que perseguiría al pasado de corrupción de Ulises Ruiz, pero todo acabó en la impunidad. Y no sólo eso: en su gobierno hubo personajes que se enriquecieron hasta la saciedad y que hoy ven socarronamente a la sociedad oaxaqueña, como estando seguros de que, igual que como ellos hicieron con sus antecesores, no habrá castigo a sus excesos. Ahí están Germán Tenorio, Netzahualcóyotl Salvatierra, Alberto Vargas Varela y otros, que en la actualidad son figuras perfectamente equiparables a los impresentables del ulisismo como Bulmaro Rito Salinas.

NO HABLEMOS DE MILAGROS

Por eso, es importante administrar las expectativas. Pensar en la panacea llegada dos semanas después es tan improbable como suponer que los problemas de Oaxaca pueden terminar en seis años. Debemos, más bien, repasar los retos que presenta nuestra entidad, y los caminos más adecuados por los que el gobierno puede enfrentarlos. Debemos exigir, además, un gobierno —ahora sí— profesional, capaz y comprometido, que cumpla con sus responsabilidades y demuestre que se esforzó al máximo de sus capacidades para lograrlo. Si seguimos en la machacona insistencia de los milagros y de las soluciones mágicas, entonces estaremos preparando el camino para una decepción, similar o mayor a la que hoy significa Gabino Cué para Oaxaca.

+ La LXIII Legislatura debe demostrar su voluntad de cambio

Esta semana iniciaron las comparecencias de secretarios de la administración estatal ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Ese acto, que para algunos aún podría entrañar democracia y rendición de cuentas, en realidad no ha sido sino un circo en el que se ve y se escucha de todo, pero que, objetivamente, no sirve para nada.

En efecto, si los legisladores locales se jactan de ser realmente democráticos y comprometidos con las causas ciudadanas, debían impulsar cambios profundos al formato en el que ocurre la llamada Glosa del Informe desde hace seis años, y que no ha sido otro que el del intercambio de cifras y señalamientos entre diputados y funcionarios, sin que en realidad exista un derrotero claro hacia la rendición de cuentas, y mucho menos hacia el ajuste o evaluación de los temas que son del interés de los legisladores, ante la comparecencia de los servidores públicos llamados a cuentas. De manera importante, y urgente, debían tomar medidas para evitar este grosero circo en el que únicamente se agrede a la sociedad oaxaqueña. Veamos si no.

En los dos primeros días de comparecencias —que son asambleas exprés, por la premura de realizar la glosa antes de que termine la administración de Gabino Cué— quedó claro que aunque pueda haber espectáculo y señalamientos tronantes, básicamente se está llevando el mismo ejercicio de los últimos años. Tanto la participación de los funcionarios comparecientes, como la de los diputados, dieron cuenta puntual de lo que ha sido esta supuesta evaluación legislativa del trabajo de las dependencias estatales, y de la enorme oportunidad de hacer algo positivo por Oaxaca que, como en muchas otras ocasiones, están desperdiciando a la vista de todos.

Y no. El problema no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias. No. Las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.

En ese sentido, fue demostrativa la comparecencia del Titular de la Secretaría de Administración, Alberto Vargas Varela. Desde el inicio se estableció que el formato de la comparecencia incluiría una primera intervención del funcionario, para después escuchar los posicionamientos de diputados representantes de cada una de las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión, quienes podrían hacerle hasta tres preguntas. Finalmente, tendrían derecho a participar los diputados en iguales circunstancias, teniendo el funcionario la obligación —se supone— de responder a los cuestionamientos de los representantes populares.

En ese sentido, Vargas Varela llegó al Congreso a hacer una exposición simple y escueta de su primer año de trabajo y, como luego se lo señalaron los diputados, su comparecencia no sirvió sino para hacer una relectura de lo que ya se había asentado en el documento que contiene el último informe de gestión del gobernador Gabino Cué.

Luego escuchó los airados reclamos de varios diputados. Todos, sin excepción, le reprocharon su falta de resultados, su intromisión en temas que no son propios de su función, sobre los abundantes señalamientos de corrupción y negocios al amparo del poder y le formularon preguntas sobre su desempeño que, al final, éste optó por evadir, por confundir o simplemente por quedarse callado.

COMPARECENCIAS “CHIMUELAS”

En este marco, es claro que en las condiciones actuales, las comparecencias no tienen ninguna utilidad real. De nada sirve que cuestionen, señalen y hasta intenten defenestrar a un funcionario, si al final de todos modos la comparecencia no sirve para establecer compromisos a cumplir en un tiempo determinado (so pena de ser separado del cargo ante un incumplimiento), ni es un método para coaccionar al funcionario a un mejor desempeño; y mucho menos es resultado de un trabajo conjunto, verdaderamente en comisiones legislativas, entre los representantes de la administración pública y los diputados locales.

Además, las vociferaciones, las burlas y las exigencias de castigo no sirven de nada, si los diputados no pueden exigir hechos o resultados concretos a los funcionarios, y si tampoco tienen herramienta alguna para ejercer cierta presión o coacción tanto para que informe del estado real en que se encuentra la dependencia a su cargo, como para que se obligue a cumplir con ciertos deberes en los que ha incumplido, en no lo ha hecho satisfactoriamente, o en los que debe mejorar para seguir mereciendo continuar en la responsabilidad.

Sin embargo, como nada de eso existe, todos en la comparecencia reían. Reía el secretario Vargas Varela como gesto de impunidad frente a los legisladores que lo cuestionaban, pero que no podían hacer absolutamente para obligarlo a modificar una sola de las conductas o deficiencias reprochadas. Y también reían los legisladores, cuando lo señalaban, cuando se burlaban, o cuando le reprochaban libremente por su ineptitud, por su falta de resultados, e incluso por sus antecedentes como protagonista de la pintoresca grilla local.

¿MUCHA DEMOCRACIA?

Evidentemente, el resultado es pésimo. Así irá al Congreso, cada uno de los funcionarios llamados a la glosa. Y así, al final, todos dirán que cumplieron con la ley. Por eso la urgencia de que los diputados demuestren interés por revisar esta figura obsoleta e inservible de nuestra “democracia” estatal.

+ Acreedores desconfían del gobierno, que no ha sabido honrar institucionalidad

A siete días de que culmine la administración del gobernador Gabino Cué, resulta muy revelador —de lo poco que la ciudadanía confía en el gobierno— que amplios sectores de la iniciativa privada, estén alarmados porque el gobierno no ha sido capaz de cumplir con sus compromisos de pago. En todos los casos, las inconformidades y protestas son comprensibles. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente alarmante es que el propio gobierno —englobando a las administraciones saliente y entrante— no logre generar certidumbre sobre sus compromisos. Si el gobierno no es capaz ni de eso, entonces sí está —estamos todos— ante un problema grave.

En efecto, desde hace semanas vemos que por todos lados hay inconformidades porque el gobierno de Gabino Cué enfrenta innumerables pasivos que no es capaz de pagar. Lo que resulta verdaderamente alarmante es no sólo el hecho de la imagen creciente de un gobierno insolvente, irresponsable e incapaz de cumplir con sus compromisos financieros, sino sobre todo que muchas de las empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno enfrenten hoy graves problemas financieros gracias a que los servicios o mercancías que ya proveyeron al gobierno, no han sido pagados. Eso genera una cadena de problemas, de fondo, de los que el gobierno no va a hacerse responsable. ¿De qué hablamos?

De que, en ese primer rubro, muchas empresas contraen compromisos de financiamiento y crédito para poder cumplir con sus calendarios de entrega de los productos o servicios que ofrecen. El gobierno es, para cualquier rubro de la economía, un cliente importante primero porque tiene una amplia capacidad de consumo, y segundo, porque se supone que también tiene una capacidad amplia de pago por los servicios e insumos que demanda.

El problema es que cuando el gobierno no paga en tiempo y forma por lo que consume, la economía de las empresas sufre: dejan de pagar sus financiamientos, se enfrentan a los destructivos intereses moratorios, consumen sus reservas —si es que las tienen— y, todo eso, impacta en el bienestar de los trabajadores, que resultan ser los afectados últimos de esa cadena de impagos.

Al final, cuando el gobierno paga, no cubre el costo de las mermas que van desde lo que la empresa enfrentó por el pago tardío, hasta los gastos extraordinarios que los trabajadores debieron hacer para enfrentar la insolvencia derivada de sus centros de trabajo, y financiar indirectamente la incapacidad de pago, o la irresponsabilidad del gobierno, al adquirir compromisos que no puede cubrir con sus ingresos.

Esto es lo que está pasando en muchos sectores de la economía local. Hoy protestan trabajadores, proveedores de transporte, de uniformes escolares, y un larguísimo etcétera de personas físicas y morales que se encuentran en una situación angustiante debido a que el gobierno saliente ya no está en la posibilidad de acceder a nuevos créditos para cubrir sus compromisos. Si eso ya es grave, lo es mucho más que nadie —nadie— confíe en que el hecho de que esos compromisos sean institucionales, y que todos teman que la nueva administración no reconozca los pasivos dejados por el gobierno saliente.

INCERTIDUMBRE

El gobierno de Gabino Cué tiene un gravísimo problema de no saber, no poder, o no querer explicar por qué enfrenta este “atorón” de final de sexenio. El Gobernador asegura que esto ocurre porque no pudieron acceder a créditos de corto plazo. De ser esto así, entonces el gobierno estatal también estaría enfrentando retrasos en la recepción de transferencias federales. Por eso la necesidad de buscar “créditos puente” que dan liquidez en el corto plazo cuando se tienen demasiadas cuentas por cobrar. Eso es algo básico.

¿Cuál es el problema mayor? Que la larguísima estela de corrupción, de avidez y de voracidad de diversos funcionarios del gobierno saliente, tiene al Gobierno de Oaxaca sumido en una enorme crisis de credibilidad, de la que son presa todos los sectores productivos que ven con terror el hecho inminente, de que el gobierno saliente culmine su mandato sin hacer frente a sus responsabilidades. Por su parte, el gobierno electo ha evitado referirse al tema para evitar el reconocimiento anticipado de responsabilidades, y seguramente para evitar también que esto genere que el gobierno saliente deje de sentirse presionado ante las exigencias de pago.

Frente a todo esto, es claro que en este clima de credibilidad devastada y faltantes por doquier, ya nadie cree en aquello de que el Estado es una institución imperecedera, cuyos compromisos subsisten independientemente de quién tenga a cargo la administración de los recursos. Esto, que debía ser un principio básico de credibilidad y certeza, en Oaxaca pierde toda dimensión ante la práctica reiterada de esta administración saliente de desconocer compromisos y responsabilidades sin ningún tipo de remordimiento.

DESPRECIO

En el último de los casos, la ciudadanía está sólo reaccionando de una forma proporcional a la irresponsabilidad del gobierno, a quien no sólo no nunca le importó forjar y mantener su imagen de indolencia frente a sus compromisos financieros, sino que hoy está cerrando la administración con una actitud de insensibilidad y desprecio frente a la atribulada economía local, que en gran medida está detenida por sus errores de planeación y por nunca generar ni el más mínimo sentido de certeza frente a la ciudadanía.

+ Conflicto en la FDyCS, síntoma de que su poder comienza a mermar

El propio contexto en el que ocurre el conflicto por la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, explica por qué la propia administración universitaria abogó por la liberación de todos los detenidos por la quema de la puerta lateral del Edificio Central, el jueves pasado. Es claro que el grupo que controla la Universidad está tratando de encubrirse y protegerse. Fueron los mismos enviados de la Rectoría, y de los Martínez Helmes, los que provocaron los daños. Por eso tanta laxitud en la justicia que demandan, pero no procuran.

En efecto, el mismo viernes se dio a conocer que los dos porros que habían sido detenidos en las primeras horas del enfrentamiento por el control del Edificio Central Universitario —icónico monumento de la Verde Antequera— habían sido liberados, tras corroborarse que ellos no tenían ninguna responsabilidad en el hecho mayor, que fue la quema de la puerta lateral del edificio. Esos dos porros, sin embargo, eran parte del grupo que fue enviado a desalojar a los estudiantes y catedráticos inconformes con la forma en que se procesó la elección del Director de la Facultad de Derecho, aunque fueron detenidos varias horas antes del incendio. Por eso, nadie protestó por esas dos primeras liberaciones.

Lo que habría que preguntarse es qué pasó después, porque parece que aún nada de eso está muy claro. La secuencia de hechos, indica que partidarios del candidato descalificado, Miguel Ángel Ramírez, se quedaron en poder del Edificio Central con la premisa de impulsar desde ahí la creación de una nueva Facultad de Derecho, alterna a la que tiene su sede en Ciudad Universitaria. Ahí estuvieron casi una semana —del viernes 11, al jueves 17 de noviembre—, hasta que ese día fueron desalojados violentamente por porros enviados por el Director de la Facultad, que quería no sólo recuperar el Edificio Central, sino dejar a los inconformes sin un espacio físico de resistencia.

Cuando los profesores y alumnos partidarios de Ramírez Hernández fueron desalojados, hubo incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en las horas siguientes. Los porros que ingresaron al Edificio tenían la orden de mantenerse dentro del inmueble y resguardarlo de cualquier posible intento de recuperación.

Y, de hecho, un grupo afín a Ramírez Hernández sí habría intentado reingresar al inmueble en las primeras horas de la tarde. Habría utilizado una valla metálica para tratar de abrir la puerta, cosa que no lograron porque quienes estaban dentro del edificio instalaron una barricada en el quicio de la puerta lateral del Edificio Central, con mobiliario sustraído de aulas y oficinas, para impedir que pudieran abrir el portón de madera.

Evidentemente, no lograron acceder al inmueble, aunque para esa hora ya había amplia presencia policiaca en la zona para impedir que hubiera algún enfrentamiento. Hay incluso, videos y fotografías publicadas por diversos medios de comunicación que muestran cómo a los elementos de la Policía Estatal que intentaban resguardar la puerta del inmueble para evitar la gresca, fueron sorprendidos por el fuego que se generó desde el interior del Edificio. Por esa razón, la puerta se quemó desde dentro junto con todos los objetos —mesabancos, butacas, escritorios, sillones y todo lo que hallaron dentro de las oficinas y salones del Edificio— que habían puesto como barrera física para impedir el acceso.

“MÍO O DE NADIE…”

Esa es la lógica de quienes ordenaron incendiar la puerta lateral del Edificio Central de la UABJO: preferir que ardiera el pórtico, y el prestigio universitario, con tal de mantener el control político y aislar a los adversarios. Lo lograron, aunque parcial y momentáneamente. Fue así porque, en efecto, lograron despojar a los universitarios inconformes con las maniobras para mantener el control de la Dirección de la Facultad de Derecho, del espacio físico que ocupaban, y para dejarlos sin la posibilidad de contar con una sede para su pretendida Facultad alterna de Derecho.

También maniobraron para darse una imagen de democráticos defendiendo a quienes fueron detenidos, bajo el argumento de que ellos fueron víctimas y no provocadores de este desastre. La maniobra ha tratado de encubrir no sólo la responsabilidad directa en el incendio, sino la procedencia de la orden para generarlo. Por eso, al día siguiente corrieron versiones de que desde la calle de Macedonio Alcalá se había lanzado una bomba molotov para provocar el fuego, cuando en tiempo real se pudo constatar que la quemazón inició al interior del edificio. Al gestionar el Abogado General la liberación de los detenidos, intentan asumir la postura de la defensa contra la criminalización de personas inocentes. Aunque en realidad están tratando también de rescatar a sus porros.

¿QUÉ SIGUE?

Dentro de la Universidad, tratarán —y, de hecho, ya comenzaron— de amedrentar a sus opositores. Buscarán también generar más divisiones. El problema es que sectores sindicales tradicionalmente confrontados, están hallando coincidencias en contra de la administración universitaria —y la llamada “familia real”—, que cada vez tiene más problemas para mantener el control universitario. Por eso, cada vez actúa con mayor irracionalidad y violencia. De no haber una intervención política al más alto nivel, dentro de poco tiempo tratarán de hacer con toda la Universidad, lo mismo que con el Edificio Central: quemarlo, antes que permitirle un solo espacio a quienes no comulgan con ellos.

+ Gobernadores ladrones; partidos defraudadores: ¿Qué más nos queda?

Es preocupante, aunque no inexplicable, que ante la defraudación de diversas expresiones políticas hacia los ciudadanos, el país esté regresando a los sectores conservadores tradicionales. Esos sectores no están representados en las fuerzas de derecha en el país, sino más bien en quienes —desde instituciones como la iglesia, hasta en algunos partidos— intentan vender ideas a partir de posiciones inamovibles. Este es un juego peligroso que debemos comprender para entender hacia dónde vamos como país.

En efecto, hoy el escenario nacional es nada halagador: el partido que gobierna a nivel federal ha demostrado no tener voluntad profunda de cambio: al contrario, el Presidente de la República ha sido el primero en ser evidenciado como un político incapaz de sostener su intachabilidad personal y política. Lejos de eso, se han revelado actos de corrupción, conflictos de interés en los que pudo haber incurrido, e importantes deficiencias en su gestión como gobernante. Básicamente, pareciera que en México estamos enfilados a asumir la segunda alternancia de partidos en el poder presidencial, nada más que como un segundo fracaso.

El problema es que ahí no termina la crisis. En el ámbito estatal, hay una lista enorme de gobernadores y servidores públicos que enfrentan denuncias por corrupción. Al menos tres gobernadores se encuentran sujetos a investigación por sus posibles vínculos o con la delincuencia organizada, o con redes de lavado de dinero que intentaron llevar a manos privadas intereses, bienes y recursos sustraídos de las arcas estatales.

Lo que resulta aún más crítico, es que esos gobernadores que hoy son investigados corresponden a dos generaciones que se supone que constituían la posibilidad de cambio en la forma de gobernar, respecto al régimen priista de antes del año 2000. Una de esas generaciones fue la de los gobernadores emanados de alianzas electorales; y la segunda, fueron los llamados “gobernadores jóvenes” que se supone que generacionalmente venían a relevar a quienes habían crecido en la tradición política que se quiso erradicar con la alternancia del inicio del presente siglo.

En los gobernadores aliancistas había una gran esperanza porque ellos representaron la primera gran posibilidad de cambio, y de superar a las tradicionales estructuras priistas. Se creía también —aunque en términos más “académicos”— que los gobernadores emanados de alianzas electorales, tendrían gobiernos más eficaces por la colaboración de varias fuerzas políticas en la conformación de planes y programas de trabajo conjuntos, y porque compartirían responsabilidades en los resultados de la gestión, frente a la ciudadanía.

Nada de eso ocurrió: todas las alianzas fueron eminentemente electorales, y tanto gobernantes como partidos prefirieron las parcelas y los intereses, que la necesidad de darle viabilidad a los gobiernos de coalición que hoy, aunque aparecen en la Constitución como figura política, están desacreditados sin haberse siquiera puesto en marcha.

Junto a ellos, los gobernadores jóvenes —Duarte, Borge, Padrés y otros que siguen en la impunidad— reflejaron el fracaso de la primera generación relativamente joven de políticos. Todos demostraron desbocamiento, excesos, descontrol e incapacidad de entender el rol al que estaban llamados. La expectativa en ellos es que demostraran mejores capacidades para gobernar. Pero, según los hechos, fue todo lo contrario a partir de que hicieron gobiernos más desastrosos incluso que sus antecesores, a quienes combatieron electoralmente a partir de la brecha generacional.

Si los gobiernos de coalición están claramente desacreditados; y si ocurre lo mismo con los políticos “jóvenes”, ¿entonces qué opción nos queda?

REACCIONARIOS

Para muchos, la opción es Andrés Manuel López Obrador por su apariencia de progresista, aunque en realidad asuma posiciones tan reaccionarias, en temas particularmente sensibles, del mismo modo que como lo hacen algunos de los sectores más conservadores y retrógradas de la sociedad mexicana.

Por ejemplo, López Obrador ha sido el único político en México que se ha pronunciado porque temas como el matrimonio igualitario, o el aborto, sean sometidos a una consulta ciudadana, como si los derechos fundamentales pudieran estar sometidos a la democracia. Esa, que es una posición política inadmisible, resulta ser la más cercana a la de la Iglesia Católica, que abiertamente se ha pronunciado en contra en esos temas.

¿Por qué el riesgo? Porque pareciera que cada que en México hay una crisis de credibilidad política, todos apuestan a regresar a esas instituciones que no cambian. La más icónica de todas, es justamente la Iglesia Católica que para muchos ha sido el principal bastión en contra de cualquier idea revolucionaria —de ahí el calificativo de reaccionaria— y porque es la única que nunca ha titubeado en sus ideas, ni las ha traicionado, a pesar de que éstas puedan ser las más nocivas para el país.

Parece que ese es el rumbo que lleva México ante la crisis que la propia clase política sigue alimentando, como si estuvieran en medio de una carrera ferozmente autodestructiva.

ENHORABUENA

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+ Alianzas políticas: o se evitan, o se impulsan de cara a la ciudadanía

En Oaxaca tenemos ya una historia larga de coaliciones estériles y, por la estabilidad y credibilidad del nuevo gobierno, y de la propia Legislatura, deberían evitarse las alianzas de facto o, de lo contrario, establecerse con corresponsabilidades y de cara a la ciudadanía. Es el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, cuya fracción parlamentaria en el Congreso local ofrece un voto de confianza a la administración que iniciará el 1 de diciembre, pero sin establecer con claridad en qué implica ese posible acuerdo inicial con el inminente nuevo oficialismo oaxaqueño —el PRI.

En efecto, en entrevista con TIEMPO, el coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura, Irineo Molina Espinoza, dijo que se le debe dar un voto de confianza a la administración que encabezará Alejandro Murat Hinojosa, y que en ese tenor se analizará el proyecto de Presupuesto de egresos 2017 que presente en fechas próximas, así como la designación de los integrantes del gabinete. Negó, además, cualquier posible acuerdo “en lo oscurito” con el PRI, o que la decisión tomada para que sea Morena quien presida la Junta de Coordinación Política en el primer año legislativo, sea producto de una concesión otorgada por el PRI (a través del nuevo método del “voto ponderado”) a cambio de su respaldo a la nueva gestión gubernamental.

Esta situación hay que verla con claridad: de facto, Morena trabó una alianza inicial con el Partido Revolucionario Institucional. El contenido del acuerdo, es evidente: el PRI le dio a Morena el reconocimiento como segunda fuerza política de la entidad, gracias al cambio de modalidad en la determinación de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, a cambio de que éste reconociera su respaldo al nuevo gobierno. Eso no está mal. Finalmente, la política se construye con acuerdos, concesiones recíprocas, y consensos. Y por eso mismo, lo que quedaría pendiente es saber hasta dónde Morena cargará con la corresponsabilidad del apoyo al gobierno, y hasta dónde pretendería también institucionalizar y asumir el apoyo que está concediendo.

Nos explicamos: en los últimos seis años, hubo una alianza igualmente fáctica entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y, parcialmente, del Partido del Trabajo. El problema es que dicha alianza careció permanentemente de cualquier tipo de contenido político, de gobierno o de corresponsabilidades. Es decir, la alianza funcionaba cuando le funcionaba al gobierno, o a los partidos que la integraban, pero sólo servía para facilitarles ciertos acuerdos o decisiones. Esa coalición nunca pasó por el tamiz de las corresponsabilidades, de los débitos institucionales, o del cumplimiento de cierta agenda común.

Eso generó que el gobierno tuviera siempre el respaldo de una coalición condicionada; que esa coalición chantajeara abiertamente al Gobernador para que éste les diera concesiones o prebendas a los legisladores a cambio de su apoyo; y que toda la parafernalia relativa a la portentosa alianza de partidos opositores que triunfó sobre la maquinaria autoritaria priista, terminara siendo una simple pose, carente de contenido, explicación, resultado, o agenda. Del lado del gobierno, esa supuesta alianza le obligó a hacer un gobierno carente de responsabilidades: el Gobernador tomó sus propias parcelas dentro del gabinete, y entregó el resto de la administración a representantes de los partidos políticos que integraban la coalición, como espacios francos para que ellos sirvieran a placer.

Esos antecedentes, avivan la necesidad de que toda coalición en Oaxaca, de jure o de facto, sea de cara a la ciudadanía y con un contenido específico, pero no como lo está haciendo Morena al inicio de la LXIII Legislatura.

CHEQUE EN BLANCO

Es evidente que Morena no está —al menos por ahora— en la posibilidad de cogobernar con el PRI en Oaxaca. No, porque este primer tercio del gobierno, será el del bono democrático de Alejandro Murat como gobernante, emanado de una amplia mayoría electoral. Pero por eso mismo, si hay acuerdos iniciales, éstos deberían ser llevados concretamente a las instituciones para ser verificables, para ser confiables, y para ser políticamente transparentes.

¿De qué hablamos? De que Morena y el PRI tendrían que ser claros, y utilizar la Constitución, para establecer los albores de un gobierno de coalición, en el que no sólo Morena, sino cualquier partido que trabe un acuerdo con el oficialismo, tenga también una corresponsabilidad por los efectos positivos o negativos de las decisiones que se tomen, y que se respalden. El eslabón más perfeccionado de esa cadena sería el establecimiento de un gobierno de coalición, como sí lo contempla la Constitución local, a partir del establecimiento de una agenda, de posiciones administrativas, y de un programa conjunto de gobierno. Pero, por ahora, iniciarían bien estableciendo al menos algunos compromisos conjuntos para generar un mejor panorama para Oaxaca.

ACUERDOS CLAROS

Finalmente, cuestionar una alianza de facto como la de Morena y el PRI no debe llevar irremediablemente a pensar que hubo acuerdos “en lo oscurito”. Eso, de hecho, es lo de menos. Más bien, de lo que se trata es de que esos acuerdos tengan contenido, tengan claridad, sean explicables a la ciudadanía, y tengan efectos positivos en los poderes del Estado. Si son alianzas como las del pasado, de auténticos cheques en blanco o de conveniencias y chantajes mutuos, entonces no le estarían procurando un futuro mejor a las instituciones oaxaqueñas.

+ Ciudadanía, ¿será, de nuevo, vencida por inercias y desencanto?

Ayer, con la instalación de la LXIII Legislatura inició formalmente el proceso de transmisión de poderes en Oaxaca, que concluirá el próximo 1 de diciembre cuando asuma Alejandro Murat como gobernador del Estado. Este será un periodo formidable, en el que de nuevo, los partidos y sus representantes quedarán sometidos al escrutinio popular. Si a los ciudadanos no nos vence el desencanto, podremos ver si realmente todos están dispuestos a asumir los roles que determinó la voluntad popular en las elecciones, o si —de nuevo— terminan siendo comparsas de sí mismos. 

En efecto, ayer inició funciones la LXIII Legislatura local en medio de un clima particular por la constatación de que, igual que en las dos legislaturas anteriores, en ésta el signo distintivo vuelve a ser la pluralidad. En los últimos seis años, los oaxaqueños constatamos que si esa pluralidad tuvo efectos, éstos fueron los de la simulación y la incapacidad en el ejercicio de la política.

Simulación, porque prácticamente todos los integrantes de las fracciones parlamentarias terminaron ceñidos a intereses y no a planteamientos congruentes y razonados; e incapacidad en el ejercicio de la política, porque también quedó claro que cuando no había intereses comunes en las negociaciones, los legisladores fueron totalmente incapaces de transigir para construir consensos. De hecho, si hubiera que denominar con un solo adjetivo a cada una de las dos Legislaturas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la LXI recibiría el adjetivo de la simulación; y la LXII el de la incapacidad —total— para el ejercicio demostrable de la política.

Por eso la LXIII Legislatura tiene el reto de ubicar su propio espacio, ante la tentación de caer en los mismos vicios de sus antecesoras. Tiene la particularidad de que ahora no interactuará con un gobierno de coalición, sino con un Gobernador que pretende asumirse como un Ejecutivo fuerte, acompañado de un partido sometido —a cuyos diputados quizá tenga primero que disciplinar—, pero con un Congreso determinado por un sentido de pluralidad que puede ser desafiante y hasta preocupante, si es que esa pluralidad supera las posibilidades de la simulación. Por eso, los diputados de esta Legislatura que inicia, tienen el reto de no terminar siendo arlequines del poder, ya del Ejecutivo, ya de su propia parcela de influencia en la Legislatura.

La posibilidad es formidable: en los últimos seis años, los integrantes de las fracciones parlamentarias simularon acciones en contra de Gabino Cué, pero siempre actuaron a la conveniencia del Ejecutivo. Ahora tienen de nuevo la posibilidad de fungir como contrapeso al poder del Gobernador, pero también enfrentan la tentación de plegarse al poder, para sacarle conveniencia a no ser un estorbo para los planes del gobierno entrante. Esa disyuntiva es la que comenzará a dibujarse apenas comiencen a verse las acciones a tomar las fracciones parlamentarias.

SIGNOS DETERMINANTES

En la LXIII Legislatura, el PRI tiene 16 legisladores, frente a ocho del PRD y Morena, respectivamente, y dos fracciones minoritarias del PAN y PT. Esta composición abre un abanico de posibles alianzas que, como único denominador común, tienen la característica de uniones políticamente incontenibles. Primero, el PRI tiene mayoría aunque insuficiente para hacer cualquier cosa por sí mismo en el Congreso. No tiene los votos para aprobar leyes ordinarias (necesita 22 votos) y mucho menos para realizar reformas a la Constitución (es necesaria la suma de 28 votos); algo similar ocurre con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por eso la urgencia de la reforma de último minuto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como acto final de la Legislatura saliente: con la legislación anterior, el PRI tenía la posibilidad de encabezar la Junta pero entregar la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Legislatura cuando actúa en Pleno— a alguna de las fuerzas de izquierda para diversos actos de gran relevancia respecto a la unción del Ejecutivo. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley para privilegiar el consenso en la titularidad de los órganos de gobierno legislativo, y bordear con ello la prelación que se los impedía. Ahora lo que sigue es que el PRI trabe una coalición de facto con alguna de las fuerzas de izquierda (PRD o Morena) para poder sacar adelante cualquiera de sus proyectos legislativos o de gobierno para Alejandro Murat.
¿Una coalición fáctica PRI-Morena soportaría algún intento de explicación o justificación racional? Difícilmente. Lo harían, más bien, como una forma de privilegiar la praxis y el pragmatismo en el ejercicio del poder, que como una forma de cumplir con un programa conjunto o con coincidencias políticas. De hecho, salvo la fracción del PT, ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho público el contenido de su agenda política o de trabajo para los dos años siguientes.

¿Y LA OPOSICIÓN?
Desechando las ideas que asocian a la oposición con la terquedad, habrá que ir descubriendo qué partido en realidad se asume como la contraparte de quienes están aliados a favor del poder. Básicamente, toda la izquierda tiene ante sí la oportunidad, pero ahora sólo hace falta que la tomen. ¿Cuál sería la oposición más eficaz? No la que pare incontestablemente al Ejecutivo, sino la que logre incidir en los temas de la discusión pública, y que logre que sus propuestas legislativas permeen en el aluvión de necesidades que el Ejecutivo le pida aprobar al Congreso para cumplir con su plan de gobierno. Veremos quién de ellos (PRD, PT, Morena) tiene la determinación y la estatura para conseguirlo.