+ Oaxaca es más que dos polos luchando en medio de una barricada

Dice un viejo adagio que además de la paz, la primera víctima de todo conflicto es la verdad. Esto se hace patente en momentos como el que ahora mismo vivimos en Oaxaca, pues de cara a la crisis de violencia ocurrida el domingo en varios puntos del territorio estatal, lo más simple es tomar partido por alguno de los extremos, y dejar voluntariamente de ver que existe toda una gama de posiciones frente a una situación tan compleja como ésta, y que de entrada todos los oaxaqueños tendríamos el deber de respetar la opinión y la decisión del otro. Este debiera ser un punto de partida básico, para una convivencia regular en situaciones como la actual.

En efecto, el grueso de la población fue testigo de los hechos, y de inmediato surgieron dos posiciones irreconciliables: la primera, que incondicionalmente respalda no la lucha magisterial, sino a quienes se enfrentaron con la policía en Nochixtlán y Hacienda Blanca; y otra, de quienes inopinadamente asumieron una posición de condena al movimiento magisterial y hasta celebran que se haya utilizado la fuerza pública en contra de quienes realizaban los bloqueos (incluso hubo una tercera posición, tanto o más peligrosa que las dos anteriores, de quienes se dedican a la conjetura, incluso como supuesto “deber periodístico”). Unos y otros, fueron rebasados velozmente por la polarización, que para la noche del domingo ya había hecho presa a la ciudadanía de sus nocivos efectos.

Pues para muchos, cualquier acción de fuerza por parte del Estado, independientemente de sus resultados, es un acto de represión en contra del pueblo. En el otro extremo, están quienes simplemente sostienen que se debe castigar a todo aquel que cause un perjuicio a los derechos de los demás, y entonces al margen de cualquier consideración asumen como correcta la actuación de las autoridades. Al polarizarse y radicalizarse tales posturas, el resultado es una lógica totalitaria en la que sólo existen los aliados incondicionales, y los adversarios con los que no sólo hay que disentir, sino a los que hay que combatir, repudiar y hasta insultar. Esa, que podría ser una lógica “aceptable” entre quienes directamente se encuentran en el conflicto, es en realidad la posición que asume la mayoría de las personas incluso en su entorno social inmediato.

¿Qué pasa? Que frente a hechos como los del domingo se volvió a ver —como en 2006— un ánimo profundo de división en el que el principal extravío fue justamente el de la capacidad de escuchar y respetar al otro. A todos los niveles, lo que prevaleció fue un ánimo profundo de descalificación, de señalamiento y hasta de insulto por el solo hecho de no coincidir, o en el fondo de la lucha, o en los métodos empleados por quienes salieron a enfrentarse con la policía.

A estas alturas, los oaxaqueños deberíamos estar ya muy entendidos de las incontables implicaciones que tiene un asunto como éste, y lo estéril que resulta que entre nosotros, entre los ciudadanos, hagamos una extensión del conflicto simplemente por no poder, o no querer, distinguir entre la legitimidad de una lucha social, y la irracionalidad de métodos que no necesariamente eran los únicos que se podían utilizar para generar una situación crítica como las del fin de semana. Al final, es siempre claro que para que haya un conflicto se necesitan dos. Pero parece que como sociedad somos incapaces de distinguir los muchos grados de responsabilidad que existen, y tener un criterio concreto que no avale la violencia de unos como disculpa frente a la violencia de otros.

LOS RUMORES

El mismo domingo por la tarde, cundieron todo tipo de rumores que fueron alentados por gente sin escrúpulos y propagados por las redes sociales, a través de gente que sólo quería abonar al pánico. Esas versiones irresponsables, aseguraban que sólo un bando había disparado indiscriminadamente en contra del otro en el enfrentamiento de Nochixtlán. No razonaron en el hecho de que hubo heridos de bala de ambos bandos y que ninguna de las personas que murió en ese enfrentamiento lo hizo a causa de las balas. Aún así, mostraron algunas imágenes y, sin analizar, establecieron a priori que esa había sido una masacre en contra del pueblo de Oaxaca.

¿Quién sabe en realidad cuál fue la causa del fallecimiento de cada una de las personas que cayó el domingo por los enfrentamientos con la policía? Eso, según parece, es lo de menos. Unos ya tienen a sus muertos y además tienen el argumento correcto para repudiar a quienes ya odian por sistema. La Policía Federal, con su conocida ilegitimidad, afirma que sí tuvo elementos armados en el enfrentamiento. Pero pareciera que hasta de forma voluntaria se esmeran en no clarificar cuál fue el grado de participación de ese comando en el enfrentamiento señalado.

Otros aún más irresponsables insistieron en señalar que habría un “apagón” en el Centro Histórico, para que la Policía Federal cometiera “la peor masacre” de la historia en el desalojo a los maestros en el Centro Histórico. Patético: no había ocurrido el apagón, y mucho menos la “masacre”, pero la conjetura —invento— ya tenía un móvil, una justificación oficial, y un adjetivo.

TOLERAR

Es posible pensar que quien directamente decide sumarse a un movimiento como el magisterial, e incluso quien tiene el arrojo de ir a enfrentar a la policía, tiene cierta legitimidad para defender sus posiciones. Pero en esa mezquina posición del “conmigo o en mi contra” quedaron muchos que creen que desde las redes sociales, y sólo insultando a quienes no piensan como ellos, pueden hacer una revolución.

+ Detenciones con fines políticos; “cazados” por sus cuentas con el fisco

La detención de los dos principales líderes de la Sección 22 del SNTE marcará un punto sin retorno en la relación del Estado mexicano con el sector radical de los trabajadores de la educación. De nuevo, el gobierno mexicano echó mano de sus poderosas herramientas fiscales para resolver un asunto político. Y al margen del radicalismo y las necedades propias de la 22, ello debiera también abrir un debate importante sobre el uso abierto de herramientas legales con fines políticos, en esta época en la que el mismo gobierno lucha por hacerle creer a la ciudadanía que se vive en un Estado de Derecho.

En efecto, todo eso hace necesario un análisis más profundo que el de la sola satanización de uno u otro bloque. Pues ante los hechos, es de un simplismo extraordinario acudir a la idea de que el gobierno está reprimiendo a un movimiento democrático a través del uso del terrorismo judicial, como también lo sería argumentar que inopinadamente el gobierno hace lo correcto en contra de un gremio voraz y antidemocrático, que no acepta la reforma educativa. En el fondo, se supone que en una democracia deberían poder convivir todas las ideas y expresiones políticas. Pero la realidad revela la existencia de gremios caníbales, frente a un gobierno brutalmente antidemocrático en sus formas y en sus fines.

Lo primero que debemos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

En contraparte, en un segundo momento, tampoco debemos dejar de ver que la radicalidad de la Sección 22 los llevó a un proceso autodestructivo. Antes de los comicios federales del año pasado, el magisterio oaxaqueño gozaba de interlocución al más alto nivel con el gobierno de la República. Obtuvieron innumerables prebendas que, sin embargo, desaprovecharon por asumir una anodina postura radical basada en el “todo o nada”. Ya habían conseguido, por ejemplo, que Gobernación les concediera la suspensión definitiva de la implementación de la reforma educativa en Oaxaca; tenían comunicación directa con las más altas esferas federales y habían conseguido todas las garantías respecto a la preservación de los salarios y prestaciones de todos los maestros de Oaxaca. Pero al final, el no poder controlar su radicalismo los llevó a un proceso de autodestrucción, en el que su efecto más acabado se aprecia justamente en el descabezamiento de su movimiento y la implementación, con la fuerza, de la reforma educativa.

LA VETA FISCAL

Otro elemento que ya era señalado en nuestra entrega anterior, y que tiene mucho de relevante, es cómo la forma en la que fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora fue exactamente la misma que como detuvieron a Elba Esther Gordillo. Esto fue, a través del uso de las cada vez más sofisticadas herramientas legales, con las que el fisco federal no sólo atemoriza a los adversarios del régimen federal, sino a prácticamente todos los contribuyentes. Si los dirigentes magisteriales hubieran sido menos ingenuos, y menos confiados de que su posición sindical los inmunizaba frente a los alcances de la ley, se equivocaron.

¿La razón? Que hoy por hoy, las sucesivas reformas fiscales han endurecido sobremanera la fiscalización de todos los recursos que ingresan al peculio de cualquier persona física o moral. Por ejemplo, establecieron un mecanismo denominado “discrepancia fiscal” con el que la autoridad puede hacer, en cualquier momento, una compulsa entre los ingresos y los gastos de cualquier persona, y de ahí determinar la existencia de violaciones a las normas fiscales, y delitos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

Es claro que a los líderes de la Sección 22 los pudo alcanzar la justicia por la vía fiscal, gracias a que siempre fueron ellos los titulares de las cuentas bancarias a donde ingresaban cantidades millonarias de dinero por las que no pagaban impuestos, y sobre las que no declaraban su procedencia.

Finalmente, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

¿Y LOS DEMÁS?

¿Qué dependencias del Gobierno del Estado, tienen una relación similar con esas mismas empresas, que les transferían recursos a la Sección 22 a cambio de la firma de convenios? ¿Esa historia no debería ser preámbulo de otras investigaciones que ahora posiblemente salgan a la luz, dado el inusitado interés de Hacienda por esas personas físicas y morales que accedían —y quizá hasta fomentaban— el pago de moches a la dirigencia magisterial en Oaxaca, y que podrían estar haciendo lo mismo con otros entes públicos municipales y estatales?