+ Federación y Oaxaca buscaban efecto político de la aprobación

Montados en las poses y en la ignorancia, muchos piensan que con la aprobación de la Ley Estatal de Educación, algo relevante va a ocurrir con la educación pública en Oaxaca. Nada de eso ocurrirá. Y será así porque el interés que tenía el gobierno de Oaxaca y el federal, porque finalmente se consolidara el proceso de armonización entre normas educativas estatales y federales, es mucho más político que práctico u operativo. Basta con entender cuál era la necesidad real esa norma estatal, en el nuevo contexto jurídico de la educación pública nacional. Antes de la armonización, la ruta ya estaba trazada. Y por eso nada relevante ocurrirá con la armonización, aparte de haber sido el golpe de muerte a la Sección 22.

En efecto, luego de la aprobación de la Ley Estatal de Educación –cuyo texto, hasta ayer por la tarde no había sido promulgado por el Ejecutivo, ni publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado— algunos grupos políticos han hablado de traición al pueblo de Oaxaca, de los riesgos que supuestamente corren los trabajadores de la educación con esta nueva legislación, e incluso de patrañas como la de la posible privatización de la educación pública en la entidad. Claramente, todas son posiciones y suposiciones alarmistas que no sólo no tienen ningún sustento, sino que deliberadamente dejan de reconocer la realidad sobre la administración de la educación pública en Oaxaca y en todo el país. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, la emisión de la nueva Ley Estatal de Educación en la entidad era necesaria por la urgencia tanto del gobierno estatal, como del federal, de demostrar que —cada uno en su circunstancia— eran capaces de construir el contexto y las condiciones para que ocurriera dicha aprobación. En el caso de Oaxaca, había un riesgo —sólo aparente— de que tanto el Ejecutivo como la Legislatura del Estado incurrieran en desacato al fallo emitido por la Corte en septiembre pasado, y enfrentaran consecuencias legales por no emitir en tiempo y forma la legislación educativa. En el plano político, había la preocupación de emitir la norma para que Oaxaca no siguiera pareciendo un Estado incapaz de sobreponerse a un grupo de presión, como la Sección 22 del SNTE.

En el caso del gobierno federal, había ese mismo interés pero con imperativos distintos. Al gobierno federal le interesaba mucho lograr que se emitiera la Ley de Educación en Oaxaca porque ello significaría la consolidación política de la derrota del radicalizado sindicato magisterial oaxaqueño, que ha sido cabeza de playa de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la implementación de la reforma educativa. El gobierno federal, realmente, buscaba generar un efecto desmoralizador hacia el magisterio al demostrarle que ni con todas las presiones posibles sería capaz de frenar la posibilidad de consolidar la reforma.

LA EDUCACIÓN NO CAMBIA

Todos esos efectos son eminentemente políticos. Pues resulta que ni en los planos programático, ni operativo, la Ley Estatal de Educación resulta relevante para la cotidianidad educativa en la entidad. Es decir, lo que dice la norma estatal no incide en lo que ocurre todos los días en las aulas y tampoco establece nuevos parámetros educativos o administrativos para la educación, que pudieran causarle un perjuicio a los trabajadores de la educación.

Acaso, lo más relevante que se podría establecer en esa legislación son algunos deberes relacionados con la multiculturalidad o la necesidad de adecuar algunos programas o planes a las necesidades y realidad de las comunidades del Estado. Pero fuera de eso, no habría nada que pudiera ser jurídicamente relevante como para modificar el panorama educativo en Oaxaca. ¿Por qué no?

Porque lo que verdaderamente les preocupa a los trabajadores de la educación son dos temas: su estabilidad laboral, y la progresividad de sus salarios. Ambas, son dos cuestiones que quedaron perfectamente establecidas con la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la norma que hoy en día establece y delinea las relaciones laborales y administrativas entre el gobierno federal como patrón, y los trabajadores de la educación, en su calidad de empleados.

En el caso de la estabilidad laboral, ésta quedó sujeta básicamente al cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la evaluación y la entrega de evidencias de su labor. Y lo relacionado con su salario también quedó perfectamente establecido y condicionado a los mismos aspectos que rigen sus relaciones laborales. Por eso, aún sin haber Ley Estatal de Educación, todos los profesores del país quedaron sujetos a un nuevo régimen administrativo, y también por eso han alegado hasta el cansancio que ésta no fue una reforma educativa, sino laboral de los trabajadores de la educación.

LOS LUGARES COMUNES

En el fondo, lo que queda es un cúmulo enorme de lugares comunes, poses y argumentos basados en la ignorancia —a veces cándida, y otras veces deliberada—, que lo que buscan es mantener viva una discusión que en realidad tiene mucho de anodina. No habrá un “nuevo amanecer” para Oaxaca, ni mucho menos, porque lo más relevante de la emisión de la ley educativa es el efecto político de corto y mediano plazo que ésta causará. Fuera de eso no hay mucho. Quizá vaya siendo tiempo de ver este asunto en una nueva dimensión.

+ Discurso debe salir de los “qués” para darle prioridad a los “cómos”

Ayer iniciaron las campañas, y varias dudas surgen sobre qué tan claros están los abanderados de los distintos partidos sobre lo que queremos, y lo que necesitamos, los oaxaqueños. En los discursos de arranque de campaña predominaron los lugares comunes, pero hubo un ayuno total de ideas sobre la verdadera situación en la que se encuentra Oaxaca, y lo que los ciudadanos esperamos de la clase política. Basta con bajarse un momento del triunfalismo electoral, y reparar en qué necesita la ciudadanía.

En efecto, ayer se llevaron a cabo varios eventos de apertura de campaña en la capital oaxaqueña, y en cada uno de ellos la ciudadanía no escuchó sino lo mismo de siempre: que “vamos por un cambio”, que “es hora de acabar con la corrupción”, que ˝haremos un gobierno honesto y transparente”, que “ya basta”; que “iremos a combatir a los corruptos”; que “habrá transición a la democracia”; o incluso los que prometieron cambiar todo casi mágicamente, como si un mejor gobierno fuera sólo un asunto de voluntad y no de los cambios estructurales que se necesitan.

Frente a eso, hay una pregunta base: ¿los candidatos entienden de verdad la situación por la que atraviesa Oaxaca? Porque tal pareciera que varios de ellos estaban esperando el inicio de las campañas como si fueran boxeadores esperando el sonido de la chicharra para ir a pelear el primer round. Es evidente que toda campaña necesariamente debe venir acompañada de cierta dosis de rudeza, de morbo y hasta de bajezas. Pero en el caso de Oaxaca parece que nadie recuerda que hace apenas una década —diez años son nada, si de confrontaciones se trata— la propia ciudadanía oaxaqueña fue arrastrada a una crisis social profunda, que si bien fue provocada por grupos políticos y de presión, fue la ciudadanía quien terminó pagando las consecuencias de ese enfrentamiento entre grupos.

En ese sentido, ¿nadie comprende que lo que menos necesita Oaxaca es un clima de ajuste de cuentas? Pareciera, además, que las campañas tienen ese ánimo general de querer ir a picar un pleito añejo para seguir medrando de la pus que todavía le sobra al conflicto magisterial y a la confrontación entre ciudadanos. Lo más grave es que cada actividad de campaña en la que se apela a la confrontación, al odio, al ajuste de cuentas o a la revisión estéril del pasado, es un espacio que se pierde para hablar de las cosas que se supone que se van a hacer para revertir o mejorar la situación social o económica en la que se encuentra la ciudadanía.

Por eso, a estas alturas ya no sólo parece una pérdida de tiempo, sino una verdadera acción intencional, la de insistir en una campaña negativa cuando Oaxaca impone muchísimo trabajo que rebasa por mucho la maniquea intención de querer ubicarse en el bando de los buenos, para desde ahí incriminar y reprochar al bando contrario, como si este fuera una confrontación entre dos personas, y no el destino de una entidad federativa completa y compleja como Oaxaca. Al final, una ciudadanía demandante y madura debía rechazar esos burdos intentos y exigirle a sus candidatos no los “qués”, sino los “cómos” para enfrentar una realidad tan compleja como la nuestra.

LO SUSTANTIVO

Oaxaca tiene problemas muy concretos, que son los mismos que hace diez años eran un problema, y que de no atenderse lo seguirán siendo en las décadas siguientes. Estos son, básicamente, los siguientes y en torno a eso deberían rondar las respuestas y las propuestas de los candidatos en campaña.

1. a) Gobernabilidad. Cualquier candidato que quiera asegurar con seriedad que hará algo por la gobernabilidad del estado, debería comenzar por decir cuál será su trato con las organizaciones sociales, con los “sindicatos” de organizaciones populares, y con los grupos de presión. No es un problema nuevo: las más de quinientas organizaciones de lucha social han hecho al gobierno un verdadero rehén de sus pretensiones y chantajes económicos y políticos. Esto va desde las organizaciones de taxistas en las regiones, pasando por los “sindicatos” (el Sindicato Libertad es muestra fehaciente de ello), que no tienen ninguna forma legal pero que igual presionan y condicionan el trabajo de los demás al cumplimiento de sus pretensiones, hasta las verdaderas organizaciones de clientelas políticas que medran con la pobreza en los pueblos, pero traen a la gente de las comunidades a presionar al gobierno cuando éste no les cumple sus caprichos traducidos en apoyos económicos, proyectos productivos o dádivas clientelares. Los candidatos deberían responder: ¿Cómo cambiaría eso?
2. b) Educación. Oaxaca, a pesar de la expropiación del IEEPO a la Sección 22, sigue enfrentando un problema educativo de largo plazo. Pasará mucho tiempo antes de que el magisterio democrático decida plegarse a las nuevas disposiciones constitucionales, y mientras todo se seguirá manteniendo gracias a la espada de Damocles que significan los descuentos y los despidos. Fuera de eso, no hay forma cercana de un entendimiento real y civilizado entre el gobierno y el magisterio. ¿Qué plantean los candidatos hacer al respecto, y cómo lo harían?
3. c) Inmovilidad económica. Esto ocurre, sí, por la falta de dinero privado circulando en Oaxaca a través de empresas, empleos y riqueza no proveniente del gobierno. Pero en los últimos años, esto se ha combinado con una interminable incapacidad del gobierno para manejar sus recursos bien, a tiempo, y equitativamente. Todos los sectores, todos, se quejan de la inmovilidad económica y de la falta de crecimiento real en el empleo, en los salarios, y en la incapacidad de crecimiento de quienes deciden emprender prácticamente desde cualquier sector de la economía. ¿Cómo van a destrabar esa inmovilidad?
4. d) Gula política. Parece que por doquier, no hay forma de hacer algo sin que se le vea el matiz político. Y evidentemente, es un imperativo lograr que la mezquindad no sea el común frente a la necesidad de crecer. Y esa es, justamente, una condición que deviene de un clima de concordia que, digan lo que digan, no existe en Oaxaca. ¿Qué harán para que eso ocurra?

MUCHOS RETOS

No debe ser una petición al aire que los candidatos dejen los lugares comunes y se dediquen a hacer lo que se supone que debe ocurrir en un tiempo de campaña: proponer, demostrar proyecto y conocimiento; ganar la confianza de la gente. Pero debe hacerse con planteamientos sustantivos, no con las promesas de papel que tantas veces han sido repetidas sin resultado alguno.