+ EPN, derrotado por modelo del régimen; con otro partido sería lo mismo

En México es común que los ciudadanos a veces pensemos que los asuntos del poder público únicamente corresponden al gobierno y, quizá, a los partidos políticos. A su vez, los partidos asumen que ellos no tienen nada que ver con las tareas del gobierno; y éste, a su vez, ha sido incapaz de entender que no puede ser gobierno y partido a la vez. Por eso, la crisis de legitimidad que vemos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sería exactamente la misma si gobernara el PAN, el PRD, o quien fuera. Lo que debe cambiar es el modelo del régimen, y no sólo los partidos en el poder.

En efecto, hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis —al parecer irremediable— de falta de legitimidad y de respaldo de la ciudadanía a sus acciones. Hay razón: mientras la ciudadanía demanda resultados que el gobierno no puede entregar, y los partidos de oposición se dedican de día y de noche a criticar la incapacidad del gobierno para cumplir con sus deberes más básicos, al interior del gobierno hay una lucha que hoy en día pasa más por el futurismo que por la supervivencia. En el gobierno del presidente Peña Nieto se está dirimiendo el 2018 al mismo tiempo que se están definiendo las políticas para evitar una caída aún mayor en los índices de aceptación ciudadana.

Todo esto, es apenas reflejo de un panorama que los mexicanos comenzamos a ver desde los dos regímenes panistas, y que creíamos que era problema de los partidos y no del gobierno: el presidente Vicente Fox fue incapaz de lograr los consensos necesarios para modificar la estructura del poder público, y apenas después de la primera mitad de su gobierno se dedicó a arbitrar su propia sucesión, dentro de su partido y del gobierno. No logró la modificación del esquema del poder, y tampoco una sucesión a sus intereses. Volvió a ganar el PAN, en 2006, pero con un candidato antifoxista.

Al presidente Felipe Calderón le pasó algo muy similar. Llegó al poder pero con un escenario político irremediablemente trabado por la imposible construcción de consenso con las fuerzas opositoras. Calderón intentó reformas que nunca pasaron en el Congreso, y luego intentó —casi— gobernar por decreto. El atasco de los consensos partidistas nuevamente paralizó al gobierno; y después de los comicios de 2009 —y mientras todos ya le reprochaban el fracaso de su gobierno, por la prolongada inmovilidad legislativa y su incapacidad de diálogo— dedicó gran parte de su tiempo a dirimir los enfrentamientos al interior del gabinete, para ver quién sería el candidato presidencial panista.

Una vez más —como en 2006, con Santiago Creel—, el candidato del Presidente cayó en medio de un fratricidio panista. Y el gobierno paralizado, y enfrentado por su involucramiento en los temas electorales de un partido, fueron la causa de que Calderón terminara su gobierno en medio de fuertes críticas por su mal desempeño que, en alguna medida tenían como base los temas electorales.

NADA CAMBIÓ CON EL PRI

Quizá por eso había la idea de que ese viejo orden se reinstauraría con el regreso del PRI a la presidencia. “Ellos sí saben gobernar” o “en el PRI sí hay disciplina”, se pensaba para refrendar dicha idea. Pero no ha sido así: a cuatro años de distancia —y a pesar de las reformas estructurales logradas— el gobierno de todos modos está en crisis: es blanco cotidiano de todas las descalificaciones; es reprobado por la ciudadanía; y además enfrenta un problema operativo fuerte ante la inminencia de la carrera, al interior del gabinete, por la candidatura presidencial.

Es decir, que Peña Nieto está terminando su gobierno —y eso es relativo, porque aún faltan dos largos años de gestión— peor que Fox y, podríamos afirmarlo, también en condiciones mucho más complejas que las enfrentadas por Felipe Calderón.

Por esa razón, pensar que el problema es de Peña Nieto, o del PRI, es tan ingenuo como falaz, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe cambiar es el modelo del régimen. No son funcionales la “disciplina partidista” ni “la experiencia de saber gobernar” porque hoy el sistema político es plural, competitivo y abierto; porque la ciudadanía es mucho más participativa que en cualquier otro momento de la historia nacional; y porque finalmente los problemas que hoy enfrenta el PRI en el poder, son más o menos los mismos que la década pasada y, podemos afirmarlo, son menos complejos de los que seguramente enfrentará el gobierno federal en la década siguiente.

Por esa razón es importante pensar ya no en una reforma política que modifique reglas aisladas, sino más bien un proceso refundacional de los mecanismos de acceso y ejercicio del poder público. Por eso, en este sistema competido y abierto, seis años de gobierno ya resultan demasiados, cuando hay una oposición que, por diseño constitucional, no tiene corresponsabilidad en las tareas públicas, y un gobierno que irremediablemente llega al punto —como ya está sucediendo ahora— de asumir la doble función de ser partido y gobierno para dirimir su propia sucesión.

CONTRASTES

En el fondo se trata de que el Estado mexicano sea más eficaz, y no convirtamos el ejercicio del poder en una cíclica noche de los cuchillos largos, en la que vemos cómo quien llega al poder se destruye, para deleite de sus opositores. Y así, sucesivamente. Al final, sin legitimidad, sin eficacia y sin gobernabilidad, no pierden los partidos sino nosotros los ciudadanos.

+ Visita de Trump tuvo un costo del tamaño de la caída del 2

Uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto radica en la impermeabilidad del grupo gobernante al sentir de la ciudadanía. Los mexicanos en general están —estamos— muy enojados con el gobierno por su incapacidad de cumplir con sus fines básicos de seguridad y bienestar para la población, en un marco de legalidad y honestidad; y estamos enojados con el Presidente por hacernos ver que él y su gobierno están al margen de lo que la ciudadanía opine. Así, hay un cúmulo de temas que rebasaron la popularidad de Peña Nieto e impactaron —y siguen haciéndolo a diario— en la imagen del Presidente. ¿De qué tamaño es la crisis del régimen, que para demostrar que sí son sensibles sacrificaron al número dos del gobierno federal?

En efecto, este gobierno ha tenido que pagar costos muy altos en imagen, y prácticamente todos los costos han sido proporcionales a los problemas de fondo que reflejan esas aparentes crisis de comunicación. Hay tres ejemplos para ilustrarlo, cada uno con un coste progresivamente mayor.

Primero, cuando ocurrió la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el gobierno federal sorpresivamente decidió mantenerse al margen de la problemática tratando de endosarle el problema de los desaparecidos al gobierno guerrerense que encabezaba Ángel Heladio Aguirre Rivero. Durante varios días, el gobierno federal guardó silencio frente al tema, argumentando que era un asunto que debían dirimir y aclarar las autoridades estatales.

Al margen de quienes vieron en eso una oportunidad política de venganza contra Peña Nieto y el PRI, hubo un sector amplio de la sociedad mexicana que se sintió profundamente agraviado con la actitud del Presidente y del gobierno federal, que demostraban insensibilidad absoluta frente a un hecho abominable y que además asumían con total indolencia y desparpajo un conjunto de hechos que constituían uno de los actos más horrendos —la desaparición forzada— que se puede cometer en contra de cualquier persona. La combinación de esos dos factores dio como resultado que el problema escalara al reproche y el señalamiento directo en contra del gobierno federal, no sólo como autor del crimen sino también como una autoridad omisa que pensó más en el cálculo político que en las consecuencias y el agravio que constituía, hacia todos los mexicanos, la desaparición de los normalistas.

INDOLENCIA

Segundo. Meses después de la desaparición de los normalistas, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer los detalles de la adquisición de la mansión habitada por la familia del Presidente. De nuevo, la cuestión no radicaba en el clasismo de si ellos tenían dinero para comprar esa casa o no, o de si merecían tenerla, sino de cómo habían aprovechado la amistad y la relación política con un contratista del gobierno federal, para contratar un crédito en condiciones preferenciales para construir una casa valuada en casi 100 millones de pesos.

El Presidente no sólo demostró haber incurrido en un evidente conflicto de interés —cuestión hasta ahora no reglamentada específicamente en la ley mexicana— sino que inicialmente trató de defenderse presentando a su esposa, que en una actitud iracunda, intentó aclararle a la ciudadanía el origen de la mansión, como si ella y su familia no pudieran estar bajo el escrutinio público a partir del cargo público de su marido.

Aún cuando pidió perdón a los mexicanos —más de un año después de revelada la información, y luego de una investigación que no convenció a nadie por haber sido practicada de inferior a superior jerárquico—, el Presidente mostró por segunda ocasión a qué nivel podía ser impermeable al enojo ciudadano y cómo podía más la protección —y la provisión de impunidad— a sus intereses que la opinión nacional, que en este caso incluía a Luis Videgaray por haber adquirido una propiedad, en las mismas condiciones que el Presidente, y al mismo contratista que es proveedor del gobierno federal.

En esa misma lógica pintaba la tercera situación, que ocurrió con la visita del candidato presidencial republicano, Donald Trump, a México. Videgaray vio en esto una enorme oportunidad no sólo para entablar diálogo con un enemigo de México, sino también de apostar a su propio crecimiento político. Aún ganando, perdió. Y fue así porque pareció que a Videgaray sólo le importaron los números sin considerar que a los mexicanos no nos agravia tanto lo relacionado con el muro o la renegociación del Tratado de Libre Comercio —muchos de nosotros, de hecho, no sabemos nada al respecto—, como lo que tiene que ver con los insultos y el arquetipo del mexicano que Trump se ha dedicado a crear y propalar.

Por esa razón, bajo ninguna circunstancia la visita de Trump podía ser algo bueno ya no digamos que para el país, sino para la imagen del Presidente. Todo parecía indicar que contra los cálculos, Videgaray saldría fortalecido —a partir de razones que, en su soberbia, sólo el vio como superiores al mal humor nacional— aunque el país quedara más enojado y agraviado de lo que ya estaba.

CAER, CAER, CAER

Por esa razón, quizá este resulte ser un intento desesperado del gobierno federal por demostrarle a todos que sí escucha, que sí es permeable y que sí atiende la indignación ciudadana. Ahora, para honrar ese destello, tendría que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, enfrentar el conflicto de interés a todos los niveles, y encarcelar cuando menos a uno de los muchos funcionarios sobre los que se acusa corrupción. Quién sabe si algo de eso ocurra. Pero mientras, la caída de Videgaray no es estratégica, sino desesperada ante lo agraviada que está la ciudadanía mexicana.

+ Desdeñan capacidad de padres y ayuntamientos para frenar a profesores

Hace poco más de un año, en agosto del año pasado, el gobernador Gabino Cué hizo un llamado a las autoridades municipales para vigilar la impartición de la educación pública en Oaxaca que hoy está en el olvido, a pesar de que fueron los padres de familia organizados los que finalmente le hicieron a la Sección 22 la presión que ni el gobierno federal había logrado, para que se reabrieran las escuelas luego de casi 100 días de movilizaciones y cierre de escuelas en la entidad. Hoy más que nunca, una posible adecuación del modelo educativo estatal debería pasar por la municipalización, de hecho o de derecho, de la educación en la entidad.

En efecto, el 19 de agosto de 2015 —apenas unas semanas después de haberle expropiado el control del IEEPO a la Sección 22— el gobernador Gabino Cué Monteagudo lanzó el llamado a un diálogo por la educación a los presidentes municipales de todo el estado. Específicamente, en aquella ocasión el Mandatario convocó a las autoridades municipales “a que sean vigilantes de lo que necesitan las escuelas de sus comunidades, así como de que los profesores cumplan con el ciclo escolar”.

El gobernador Cué dijo que “por ley”, los presidentes municipales “nos tienen que ayudar para el diagnostico de cómo están las escuelas; para saber si las maestras y los maestros están yendo a la escuela”. Y subrayó que por tratarse de servidores públicos, “por mandato de ley” los maestros tienen la obligación de cumplir con la función por las que se les paga su salario.

Este llamado constituía un paso decisivo en el control de la Sección 22 del SNTE, a través de un proceso fáctico de municipalización de la educación. El nuevo marco jurídico de la educación —es decir, la reforma educativa— no lo impedía, y ahí se encontraba la capacidad de dicho llamado que, lamentablemente, hoy se encuentra en el más crudo de los olvidos a pesar de que han sido los padres de familia, en modelos improvisados de organización los que fueron logrando, primero presionar a los profesores de diversas escuelas a iniciar el ciclo escolar; y segundo, que la Sección 22 comenzara a considerar, hace apenas unos días la posibilidad de iniciar el ciclo escolar no por las exigencias o amagues del gobierno, sino por el reto que representa la presión de los padres de familia, escuela por escuela, o comunidad por comunidad.

INFERIORIDAD NUMÉRICA

El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como caja de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?

Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?

La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones.

En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.

Por esa razón —y más allá de lo que pueda decir el texto legal— sería importante retomar el principio de la municipalización educativa, de hecho o de derecho. Es expresa la obligación constitucional, tanto de la Federación, como de estados y municipios, de intervenir en la impartición de la educación pública; y por esa sola razón sería necesario resaltar la importancia de la función social de vigilancia y contraloría de la propia ciudadanía —padres de familia, autoridades municipales, comunidad en general— en la impartición de educación. Finalmente eso fue lo que presionó a los maestros a volver a las aulas. Por eso sería importantísimo considerar esta cuestión que aún sigue inexplorada.

SE MUERDE LA LENGUA

El ex gobernador Ulises Ruiz envió una segunda carta pública al CEN del PRI. En la misiva, sugiere que en acciones para un combate frontal y formal contra la corrupción, “es necesario que el órgano de control que la nueva dirigencia nacional propuso, sea electo por la militancia, para que sirva como un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación”. Pidió además, que se transparenten los recursos del CEN y de los comités estatales mediante la rendición obligatoria de informes públicos a la militancia. Es decir, otra vez el señor Ruiz, resentido con su partido, hablando de honestidad. El chiste se cuenta solo, dirían por ahí.

+ Gobernabilidad local quedará supeditada a definición presidencial

Lejos de la expectativa que genera la conformación del gabinete del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa —algo que se definirá apenas unas horas antes de la toma de posesión del Ejecutivo estatal—, uno de los temas que más inquietud debe generar en el nuevo grupo gobernantes es qué relación entablará con las fuerzas opositoras, y cómo comenzará a articular su propia estabilidad política de cara a la primera prueba electoral que enfrentará, en junio de 2018. ¿El grupo priista que asumirá el poder, estará preparándose para convivir, e incluso para cogobernar con Morena?

En efecto, una de las tantas particularidades que tendrá el gobierno de Murat Hinojosa radica en que éste tendrá que enfrentar tres integraciones distintas del Congreso del Estado. La primera será la que iniciará funciones el próximo 13 de noviembre; la segunda, será la que resulte de los comicios de 2018 y, en razón del cambio de calendarios electorales, conocerá de una tercera integración en 2021, con la que cierre su administración. Esta particularidad, en sí misma, encierra un grado interesante de complejidad, que se ve incrementada por los efectos que tendrá, particularmente, la elección de 2018. ¿De qué hablamos?

De que en 2018 habrá comicios presidenciales y legislativos, en el ámbito federal, pero también se renovarán los ayuntamientos regidos por el sistema de partidos, y el Congreso del Estado en Oaxaca. Como lo hemos apuntado en otros momentos, estamos convencidos de que ese empalme de procesos electorales locales y federales no resulta benéfico para la democracia representativa en un país como el nuestro, en el que la cultura democrática es incipiente, y aún el sufragio se encuentra sujeto a muchas amenazas.

Dichas amenazas pueden enumerarse en la cooptación, la compra o el condicionamiento del votos; y a otras prácticas aún más nocivas, como la irreflexividad del voto y la incapacidad de muchas personas para utilizarlo como un mecanismo de evaluación de partidos y gobernantes, y de diferenciación entre los órganos que renuevan. Así, por ejemplo, es bajísimo el índice de voto diferenciado y, además, es también común la práctica del voto comercializado.

Estas condiciones tienen que ver mucho con el empate de procesos electorales, porque resulta que en la realización simultánea de comicios locales y federales irremediablemente terminará ganando el que genere más expectativa e interés entre la ciudadanía. Siempre ha ocurrido que en México los comicios presidenciales son los más competidos y concurridos de todos los demás que ocurren en una sociedad. Así, el emparejamiento de las jornadas electorales locales y federales terminará generando una inercia en la que el resultado de los comicios presidenciales determinará —y arrastrará, como en un aluvión— los resultados de los demás procesos electorales.

RESULTADO PREDECIBLE

Oaxaca ha sido, en la última década, uno de los principales bastiones de Andrés Manuel López Obrador. Eso se ha visto reflejado en los resultados de todos los comicios —locales y federales— en los que ha intervenido el tabasqueño participando o poniendo candidatos; y su mejor muestra fue en la elección reciente, en la que el Movimiento de Regeneración Nacional quedó nada menos que como la segunda fuerza política en Oaxaca.

¿Por qué es relevante el 2018? Porque Oaxaca es un semillero de votos de López Obrador, que en esos comicios tendrá su mayor oportunidad de conquistar la presidencia; lo es, además, porque Oaxaca será gobernada por el PRI, y porque por una cuestión casi natural, el gobierno de Murat Hinojosa enfrentará el reto de hacer convivir la militancia con los resultados para su partido. El problema radicará, en el ámbito local, en que el Gobernador tendrá que asegurar una integración digna de la segunda Legislatura (la LXIV Legislatura) con la que convivirá y cogobernará, y a su vez una representación mínima en el Congreso federal, de diputados oaxaqueños del PRI.

Ese es un problema mayor, porque en 2018 López Obrador buscará como nunca llegar a la Presidencia. Es muy posible que en entidades como Oaxaca no haya posibilidad a la concertacesión de espacios legislativos y nichos de votación, porque cada voto —y cada representante popular, local o federal— le será útil a López Obrador, ya como candidato, ya como posible Presidente; y porque siendo entidades como la nuestra sus semilleros de voto, cada uno será necesario para contrarrestar las estructuras electorales que se creen en otras entidades federativas por parte del PRI para hacer ganar a quien sea su candidato.

¿ALIANZA O ESTRUCTURA?

Esto abre un abanico de posibilidades: una, es que desde ahora el PRI se alíe —de jure o de facto— con Morena en Oaxaca para plantear un gobierno (un cogobierno) de equilibrios, que en 2018 les permita la posibilidad de postular a algunos priistas por la vía de Morena y así equilibrar la estabilidad del régimen de Murat Hinojosa. Otra, menos posible, es que el PRI genere una extraordinaria estructura electoral que le permita contrarrestar la fuerza que Morena irremediablemente tratará de imprimir en Oaxaca para ganar la mayor cantidad de votos, y lograr que —independientemente del resultado de la elección presidencial— el régimen gobernante local pueda seguir teniendo la mayoría de diputados en el Congreso local, y cuando menos algunos aliados en las cámaras legislativas federales. De esto depende en gran medida la gobernabilidad y el proyecto de supervivencia del PRI en el poder en Oaxaca. Por eso, este es un tema de la mayor relevancia, más allá de quiénes serán los integrantes del nuevo gabinete.

+ Regreso a clases es triunfo de nadie; es un mecanismo parcial de distensión

La Sección 22 del SNTE cumplió libremente con su capricho de arrancar el ciclo escolar hasta que se le dio la gana. El periodo 2016-2017 inicia en Oaxaca con un retraso de diez días hábiles y con la complacencia del gobierno federal que, luego de los muertos, la violencia, el caos nacional y la postración del Estado de Derecho, sólo alcanzó a volver al punto de inicio de esta relación tormentosa: condicionar el diálogo a las clases, y orillar de nuevo —si es que se puede utilizar dicho término— a la Coordinadora a un silencio que hoy ya no convence ni tranquiliza a nadie.

En efecto, en su asamblea del pasado sábado, la Sección 22 acordó iniciar labores docentes el próximo miércoles, “no por el ultimátum lanzado por el gobierno federal de que sin clases no habría diálogo”, sino para cumplir con su compromiso con estudiantes y padres de familia, aunque representantes de la dirigencia nacional aclararon que se definirá el próximo martes si esa acción se ampliará a todo el país. Consultados por separado por el periódico El Universal, integrantes de dirigencias estatales en Michoacán y Guerrero insistieron en que la decisión de iniciar las clases se definirá en la Asamblea Nacional Representativa el próximo martes.

Esto es, apenas, un alivio para la educación y la economía de Oaxaca, que en mucho tiempo no había estado tan ahogada y tan llena de incertidumbre como en este largo periodo en el que no hubo clases, y en el que también los integrantes de la 22 mantuvieron un plantón que alcanzó a buena parte del Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Estas dos condiciones de hostigamiento, que se convirtieron en la insignia de la resistencia magisterial, fueron las que sí les generaron presión entre la ciudadanía oaxaqueña y son las condiciones que, de hecho, los están obligando a tomar esta decisión. Porque el problema político sigue en las mismas condiciones de siempre. ¿De qué hablamos?

De que, tal y como ocurrió en junio de 2015, cuando por primera vez el gobierno federal le condicionó el diálogo a la Coordinadora al regreso a clases, en esta ocasión la Secretaría de Gobernación estableció como condicionante para el restablecimiento de las mesas de negociación con la Coordinadora, que ésta arrancara el ciclo escolar. Quedó claro, a lo largo de todas estas semanas, que ni la Sección 22 en Oaxaca, ni la Coordinadora como movimiento regional del sureste del país, tuvieron empacho en cumplir las condiciones que exigía Gobernación para la mesa de diálogo.

DIÁLOGO, SIN DERROTEROS

En el fondo, tanto Gobernación como la Coordinadora saben que a estas alturas del diálogo —en el que ellos llevan muchísimo terreno ganado—, cualquier negociación con la Secretaría de Gobernación es hasta cierto punto inútil, porque el pliego de demandas está reducido a la demanda sustancial de la abrogación de la reforma educativa, que el gobierno federal no puede ni quiere cumplir, y que la Coordinadora ha establecido como el punto central de su lucha.

En esas condiciones, es claro que la mesa de diálogo ni es esperada ni es necesaria; y que, en ese marco, la Coordinadora está recogiendo, por primera vez, los llamados a distender el conflicto no respecto al gobierno federal, sino a los padres de familia que ahora sí están comenzando a emprender acciones para tratar de presionar a los maestros, desde la base, a que regresen a las aulas.

En ese sentido, es claro que como movimiento, a la Coordinadora le interesa poco en realidad lo que la opinión pública diga de ellos, y lo que los grupos empresariales le demanden al gobierno. Saben, por un lado, que los llamados de la iniciativa privada para aplicar la fuerza pública no tienen ningún futuro; y que las opiniones de los grupos políticos, no inciden en su relación con el gobierno federal, que está temporalmente apagada, pero en un contexto en el que de todos modos el Estado ya les cumplió todas las demandas parciales que le plantearon.

¿Qué sí les preocupa? La presión de los padres de familia, de las autoridades municipales, y de algunos grupos que tienen incidencia directamente en las escuelas. A ellos, como es sabido, la Sección 22 sí les tiene recelo, porque saben que escuela por escuela, los maestros son menos que los padres de familia y que, municipio por municipio, una población bien organizada supera por mucho al número de maestros que pudieran integrar todas las escuelas de esa comunidad.

Lo lamentable, en todo esto, es que la relación gobierno-magisterio haya vuelto palmariamente al punto de inicio de hace un año y medio. Un diálogo cancelado por el condicionamiento sobre el regreso a clases; una Sección 22 totalmente despreocupada de lo que el gobierno opine de ellos, porque hoy conocen mucho mejor sus alcances y su capacidad de doblegar las intenciones federales; y una ciudadanía que, por increíble que parezca, les está dando las gracias —y no repudiándolos— por iniciar por fin el ciclo escolar en Oaxaca.

REACTIVAR LA ECONOMÍA

Hace años hubo la iniciativa de la “noche de luces”, con la que los comerciantes y empresarios del Centro Histórico se organizaban para darle vida comercial a la zona en temporadas bajas. Hoy, que parece que disminuirá el plantón magisterial, una iniciativa así les vendría muy bien a todos. Sólo que, de hacerse, tal parece que esto tendrá que venir de los propios prestadores de servicio, porque el gobierno —estatal y municipal de la capital— ya sólo quieren que llegue diciembre para entregar sus respectivas administraciones.