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El reto de “ir juntos” está roto para la coalición en Oaxaca

VOTO

+ Fuga de votos es fundamental para el futuro de los partidos


Esta elección en Oaxaca será particular por la existencia de una competencia entre tres, y no entre dos como comúnmente ocurría. La ruptura al interior del grupo gobernante generó un espacio de riesgos y oportunidades que ahora debe ser analizado en un contexto cuidadoso. No sólo se trata de ver quién gana, sino cómo lo hace. Y ahí estará buena parte de la clave de la gobernabilidad para los años siguientes.

En efecto, hasta ahora el único partido que no ha resentido ninguna fractura importante es el Revolucionario Institucional. Acaso dos o tres de sus candidatos a las alcaldías o las diputaciones locales, son los que en algún momento estarían en posibilidad de brincar hacia otra fuerza política en busca de oportunidades. El problema real se encuentra en la atomización de las fuerzas que estuvieron acumuladas hasta hace relativamente poco tiempo en la coalición PAN-PRD-PT que quedó definitivamente rota cuando el PRD resolvió postular a José Antonio Estefan Garfias y el senador Benjamín Robles Montoya decidió romper para buscar otras oportunidades de postulación.

¿Por qué es un problema? Lo es, en el corto plazo, por la dispersión que esa ruptura generará en la votación estatal. Y después será un factor muy importante de riesgo para la gobernabilidad del Estado. Vale la pena analizar y entender este asunto en cada una de sus vertientes. Vayamos, pues, por partes.

En 2010 la votación se resolvió en la competencia entre los candidatos de la coalición PRI-Verde y de la alianza PAN-PRD-PT. El entonces senador Gabino Cué Monteagudo rebasó al abanderado priista, Eviel Pérez Magaña por un margen amplísimo que nunca dejó lugar a la duda sobre la legitimidad de su triunfo. A pesar de haber sido una votación de alta concurrencia, y de crecimiento electoral para todos los partidos, los márgenes de votación no fueron sobresalientes en ningún sentido. El abstencionismo, pues, también jugó su papel pero no al grado de poner en riesgo la certeza sobre el resultado de la elección. ¿Qué puede pasar ahora?

El escenario se centrará en una competencia ya no entre dos, sino entre tres. El PRI-Verde buscará alimentar su voto duro y no es de dudarse que utilice sus esquemas tradicionales de movilización electoral. La cuestión novedosa vendrá en la forma en cómo muevan a sus estructuras electorales los dos bloques en que se dividió la votación entre las fuerzas de izquierda. El gobierno estatal, a través de sus partidos aliados y de su candidato, jugará a la movilización a la que estamos acostumbrados.

Pero el ingrediente adicional será la forma en cómo Robles Montoya busque movilizar a sus propias estructuras y las direccione en un rumbo que no es el de ninguna de las otras dos fuerzas. Ello podría generar un resultado competido pero aderezado por la abstención, y al dividirse en tres, provocar una situación de poca legitimidad para el ganador, independientemente de que quien se alce con el triunfo sea cualquiera de los tres candidatos.

¿Por qué acudir a este escenario? Primero, porque es uno de los más probables que ocurra. Pero también porque ello ameritará un trabajo de legitimación política, y de acuerdos, que necesariamente tendrá que pasar por la búsqueda de consensos entre todas las fuerzas participantes en esta contienda independientemente de quién gane, o quién pierda, y de cuál sea la conformación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

TIEMPO DE ACUERDOS

Hay cuestiones que ya son previsibles. Una de ellas, fundamental, es que a diferencia de casi todos los demás procesos electorales locales, ahora el que gane no ganará arrasadoramente, y que quien pierda no se irá a su casa sólo con la derrota y las manos vacías. Es muy probable que quien gane, lo haga con escaso margen de votación favorable, y que la votación conjunta de los que pierdan, rebase por mucho la cantidad de votos de quien se alce con el triunfo.

Esa misma situación, plantea otro escenario por demás interesante: ningún partido tendría una mayoría definida en el Congreso local, y ni siquiera eso: es posible que ninguno de los partidos repita sus conformaciones de legisladores actuales, y entonces lo que se incrementará será la pluralidad de fuerzas en el Poder Legislativo. Hoy en día, por ejemplo, la alianza PRI-Verde en la LXII Legislatura tiene 18 diputados; el PRD tiene 10 y el PAN tiene 9, con la situación de que todos los partidos minoritarios (Nueva Alianza, Social Demócrata, Partido del Trabajo, Unidad Popular, Movimiento Ciudadano) tienen un diputado cada uno.

Es probable que por la atomización de votos, el PT pudiera crecer en su número de curules, pero restársela directamente tanto a la alianza PAN-PRD como a la PRI-Verde, con lo que cada uno de ellos tendría bancadas más débiles, en beneficio de una tercer bancada que, casi seguro, tampoco sería lo suficientemente fuerte como para lograr hacer un contrapeso en un escenario político tripartita.

¿Qué retos implica eso? Que, según lo visto, la pluralidad en el Congreso local no ha sido sinónimo ni de trabajo ni de eficiencia, pero sí para más o menos permitir la gobernabilidad al Ejecutivo local. La situación inédita estaría en el hecho de que al acentuarse esa pluralidad, todos perdieran márgenes de control y todo eso fuera en detrimento de quien ejerciera como Titular del Poder Ejecutivo. Por eso, en el fondo, tendría que haber un ejercicio de equilibrio de fuerzas, de negociación, de consenso y de tolerancia, para poder no sólo permitir que el Ejecutivo gobierne, sino también para no sumir al Congreso en una situación de más parálisis que dañe a Oaxaca.

Al final, parece que de forma obligada, los que ganen y los que pierdan en estos comicios estatales, tendrán que buscar la forma de ensayar, al margen de quién gane y quién pierda, los verdaderos gobiernos de coalición. Está muy visto que los gobiernos de parcelas son infuncionales, paralizantes y la mayoría de las veces contrario al interés de las personas.

CAMPAÑAS DE ODIO

No se trata de las campañas que buscan generar el odio en el adversario, sino las que se hacen desde el odio y el rencor al adversario. En Oaxaca comenzamos a ver ese tipo de campañas que tienen como sello la revancha abierta entre grupos políticos. ¿Tiene eso algún futuro entre la ciudadanía? Lo dudamos. Sembrar vientos siempre hace cosechar tempestades. ¿Lo entenderán quienes le apuestan a ese sentimiento que la sociedad rechaza?

Oaxaca: vamos de nuevo al proceso para elegir ediles, y no avanza el SNA

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SNA

+ Combate a la corrupción debe partir de los municipios, no de la federación


Estamos a pocas semanas de que arranquen de nuevo las campañas para elegir autoridades municipales en Oaxaca, y es preocupante que no exista prácticamente ningún avance en la implementación del sistema anticorrupción. Preocupa no sólo por la parálisis del Congreso del Estado para hacer su trabajo, sino sobre todo porque mantener la legislación estatal tal y como se encuentra ahora, significa mantener una enorme puerta abierta a la corrupción y la discrecionalidad entre las autoridades municipales que no siempre están comprometidas con la honestidad y el trabajo a favor de sus comunidades.

En efecto, en Oaxaca parece que vivimos en un círculo vicioso, en el que no puede haber un mayor ejercicio de transparencia y fiscalización de los recursos que reciben las autoridades municipales, porque la gran mayoría de éstas sigue sin respetar las disposiciones relacionadas con la entrega de cuentas a la instancia fiscalizadora del Congreso del Estado. Como ello no ocurre, entonces la Auditoría Superior del Estado se ve en gran medida imposibilitada de hacer una revisión integral de las cuentas públicas municipales. Y ello genera un primer vacío de corrupción que, lamentablemente, tampoco se llena con el trabajo de rectificación legislativa que debieran estar haciendo los propios diputados locales.

En ese sentido, resulta que la Cuenta Pública es un documento fundamental para la rendición de cuentas, porque es nada menos que el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales, presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

Por eso, si la Cuenta Pública es un documento esencial para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados.

Así, la única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.

¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.

Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN “MOCHO”

A nivel federal, todavía no existe una legislación secundaria que haga operativo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que resultó de una reforma a la Constitución federal realizada hace casi un año. Como el SNA no tiene aún forma legal, sólo existen los elementos constitucionales que, por el mismo mandato de la reforma, debieron ser reflejados en las constituciones locales.

En el caso de Oaxaca ya se creó un sistema anticorrupción pero no con los alcances que el mismo Ejecutivo proponía para hacer más ágil y posible la presentación ante la justicia de las autoridades municipales y estatales corruptas. De hecho, tal pareciera que en el fondo se sigue procurando la debilidad estructural de la Auditoría Superior del Estado, a la que no se le han brindado las atribuciones necesarias para ser ésta misma quien tenga la posibilidad de iniciar acciones penales —una cuestión que claramente debe ser discutida, por los alcances que representa y el doble filo que en un momento pudiera constituir como una herramienta de amedrentamiento político— en contra de las autoridades sobre las que tenga información sobre actos indebidos, y tampoco se ha hecho una adecuación correcta de los principios que establece el SNA a nivel nacional.

En ese sentido, la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad en el ejercicio de la fiscalización son fundamentales para un mejor trabajo de cualquier auditoría del país, que ahora ya no debe esperar a la fiscalización de ejercicios concluidos, y tener sólo un año de plazo para revisar las cuentas municipales…

Pero todo se queda en un problema casi tan grave como la antigua existencia de esas limitantes, como lo es el hecho mismo de que cada año la ASE en Oaxaca tiene menos recursos para realizar auditorías. Ese es un problema material de gran calado, que ni el gobierno ni el Poder Legislativo han querido enfrentar, porque pareciera que es una forma de mantener de fondo la debilidad del órgano fiscalizador.

ASE, DÉBIL

La Auditoría Superior sólo puede revisar anualmente a unos 100 municipios, de los 570 que existen. Es así porque ni poniendo a todos sus empleados, a todos, a hacer una auditoría por municipio, por empleado, le alcanzarían para cubrir el universo de entes auditables que tiene ante sí. Todo eso parece que nadie lo ve. Pero es una cuestión que mientras no se resuelva, seguirá generando una puerta abierta a la corrupción, que cada año deja enojados —e indefensos, para variar— a miles de oaxaqueños frente a sus autoridades municipales.

Si hay conflicto en la UABJO, los Martínez no tendrán el control

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+ Consejo Universitario dividido, decisiva para crisis universitaria


La división del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, podría ser un factor clave de la pérdida de control del grupo que aún tiene en su poder la Máxima Casa de Estudios. Vale la pena recordar otros ejemplos de cómo esa instancia universitaria ha sido clave cuando los grupos dominantes están resueltos a no perder la médula de su poder. No es el caso de la UABJO, en la que el grupo de Abraham Martínez Alavés deja ver que tiene mermada la mitad de la base sobre la que debiera descansar su hegemonía política.

En efecto, el pasado viernes se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UABJO, que había sido cancelada a principios de la semana pasada. La novedad fue que se instalaron dos sesiones paralelas. Una, la oficial, convocada por el rector Eduardo Martínez Helmes, en la que lograron un apretadísimo quórum legal para funcionar, y que fue instalada en la Escuela de Bellas Artes. La otra, convocada por sus grupos opositores, que sesionó en la facultad de Arquitectura de Cinco de Mayo, no consiguió reunir el número decisivo de consejeros para declarar su legalidad, pero sí dio muestras claras de cuál puede ser el destino del Consejo si las cosas continúan la ruta de descomposición que llevan hasta ahora.

¿De qué hablamos? De lo que apuntamos en esta columna el lunes 29 de febrero. ¿Por qué hablar del Consejo Universitario?, nos preguntábamos entonces. Y decíamos que la discusión sobre el futuro político inmediato de la Universidad pasa irremediablemente por el Consejo, porque una cosa es ganar los comicios y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector.

En otras experiencias, abundábamos, se vio que aún derrotando electoralmente a un cacicazgo universitario, es posible que éste sobreviva. El caso de Carlos Briseño en la Universidad de Guadalajara, es paradigmático de cómo el grupo del dueño de esa universidad pública, Raúl Padilla, sobrevivió a un Rector ya en funciones, que desde el poder pretendía ponerle fin a su cacicazgo. En esa experiencia, el control de Padilla sobre el Consejo Universitario de la UdG fue determinante para mantener a flote su poder, aún sumergido en la ignominia.

¿Qué pasó en esa Universidad? Que el grupo de Padilla impulsó a Carlos Briseño como su candidato a rector. Sólo que una vez estando ya en el cargo, Briseño desconoció al padillismo y denunció abiertamente los amplios visos de corrupción, discrecionalidad y antidemocracia que prevalecían en esa casa de estudios —la segunda más importante del país— todo para mantener a flote el poder de Raúl Padilla que, guardadas las diametrales proporciones, es un personaje que mantiene aún hoy un cacicazgo en su universidad, en una situación más o menos parecida a la de Abraham Martínez Alavés en la Universidad de Oaxaca.

esencialmente, Briseño pugnaba por la apertura de la Universidad a la transparencia, a la democracia y a la disolución de los cacicazgos que intentaran someter la rendición de cuentas y los procesos de esa universidad, a la prevalencia de un grupo político. Eso significaba asestarle un golpe en la médula al poder de Padilla, que se ha sostenido en esa universidad gracias justamente a que, a cambio del sostenimiento de su poder, ha manipulado los recursos económicos, humanos, culturales y patrimoniales de esa universidad para repartirlo entre diversos sectores de catedráticos, universitarios, líderes políticos y alumnos.

CRISIS

¿Qué ocurrió ante ese planteamiento? Que Briseño, en un intento de desmantelamiento del poder de Padilla, comenzó un rápido proceso de desmantelamiento de la estructura administrativa de la Universidad que aún respondía al padillismo. A éste mismo lo destituyó como director del Centro Cultural Universitario, e intentó quitarle de las manos el poder que significa la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro cultural anual más importante de México organizado por la UdG, en gran medida para el lucimiento y legitimación cultural y política del padillismo como poder cacique en esa universidad.

El revire del padillismo ante todas esas acciones, vino justamente a través del Consejo Universitario. El 29 de agosto de 2008, Carlos Briseño Torres fue destituido de la Rectoría por el Consejo General Universitario, por incurrir en faltas “graves”. Esas faltas graves no radicaron nunca en una malversación o en alguna transgresión a la legislación universitaria.

Su falta grave fue justamente tratar de desmantelar el poder de un cacique que, a pesar de todo, nunca perdió el control del Consejo Universitario y lo utilizó —enlodado y chapoteando en la ignominia, como un último recurso para mantener su poder— para quitar del camino a un Rector que denodadamente intentó generar un nuevo panorama para esa universidad.

Briseño intentó defenderse ante la justicia de la Unión, que por meros cálculos —derivados del evidente desinterés del gobierno federal del presidente Felipe Calderón por la vida pública de las universidades públicas nacionales— decidió no alimentar un conflicto político en la segunda universidad más relevante del país. Así, en reiteradas sentencias el Poder Judicial de la Federación avaló la sustitución de Briseño por Marco Antonio Cortés Guardado. Y finalmente Briseño decidió quitarse la vida en noviembre de 2009.

¿Por qué reseñar toda esta historia? Porque en alguna medida parece que el grupo de Martínez Alavés le apuesta al sostenimiento de un cacicazgo similar al de Padilla en la UdG. La diferencia está en que, con todo lo cuestionable que puede ser, Padilla ha sabido mantener su poder aún en la pudrición. Y pareciera que a los Martínez Helmes se les está agotando la posibilidad de mantener a salvo a los grupos que los han respaldado.

MAL PRESAGIO

No es menor el hecho de que a duras penas hayan juntado al número mínimo de consejeros el viernes para instalar su Consejo Universitario, luego de un sonoro intento fallido. A estas alturas ni ellos mismos tienen la certeza de que su conformación de apoyo permanecerá, y mucho menos ante el empecinamiento de impulsar a un evidente líder porril como su candidato a la rectoría, pasando por encima de la opinión y el interés de prácticamente todos los demás grupos, propios y extraños, dentro de la Universidad.

Vivimos dos realidades: la que vemos y la que aparentamos

Pope Francis passes Mexico's flag as he arrives to lead general audience in St. Peter's Square at Vatican

+ ¿Por qué persistir en negar lo evidente y cubriendo lo real?


 

Uno de los señalamientos que casi cualquier extranjero nos hace a los mexicanos, es que en lo excesivamente ceremoniosos que estamos acostumbrados a ser en nuestro trato cotidiano, solemos esconder muchas de las cuestiones que deberían aflorar en realidad al margen de tanto escarceo. Parece que eso mismo nos ocurre en el ámbito público: el gobierno todo el tiempo habla de avances y logros, pero no puede explicar por qué razón persisten los mismos flagelos sociales de siempre. Y al contrario: nos pide austeridad, solidaridad y entendimiento, pero no explica por qué seguimos teniendo una clase política tan llena de privilegios. Este es un problema que rebasa por mucho lo anecdótico. Y debiéramos reparar más en él.

En efecto, hace un mes que vino el papa Francisco a México, el gobierno y algunos sectores de la población católica se esmeraron en presentarle al Pontífice una realidad que en México no existe, y que aunque no engañaba a nadie, todos prefirieron ocultarla u omitirla. ¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cabildeó hasta el final para que el Papa evitara referirse a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o se abstuviera de visitar alguno de los municipios de Guerrero o Michoacán que representan la verdadera situación del Estado fallido en México.

¿Qué buscaba el gobierno federal? Ocultarse —porque no se lo escondían al Papa, que conoce perfectamente la situación del país— una realidad que ellos quieren evadir pero que, como no pueden, prefieren omitir para que no les represente el trauma que debiera ser para un gobierno que no puede hacer ni lo mínimo por mantener el vigor que la soberanía y el Estado de Derecho debieran dictarle. Algo muy similar pasó con los migrantes, con la pobreza, con la exclusión de los indígenas y hasta con la intención de que el Papa no tuviera ni el más mínimo acercamiento con la población. Aislándolo, el gobierno pensó que podía cambiar la realidad. Al final, no hizo sino —una vez más— engañarse a sí mismo.

Algo similar pasó con los sectores de la grey católica que querían una visita excepcional del Papa a México. ¿Qué hicieron? Organizaron —mal— todo tipo de eventos para llevar, como borregos, a sus feligreses a ellos. Nunca consideraron que la mejor forma de acercar a la población al Jefe de la Iglesia Católica era concientizando e invitando, no “movilizando”. Por eso, todos los que quisieron eso, vieron como un fracaso que el zócalo de la capital del país no estuviera a reventar cuando el Papa fue a Palacio Nacional.

En ese momento, quizá los organizadores extrañaron las estrategias de movilización de los partidos políticos mexicanos, que logran atiborrar de gente cualquier evento independientemente de su contenido o finalidad. Así, como la intención era demostrar una apariencia, y no convencer, su resultado fue doblemente fallido porque ni pudieron conseguir lo que buscaban, y también generaron conciencia en la población en general para que acudiera libremente a presenciar alguna de las actividades en las que participaría el papa Francisco.

Acaso ello representa la parte menos grave del problema que enfrentamos los mexicanos al estar excesivamente preocupados por las apariencias. En el fondo, eso mismo parece mantenernos en un complejo estado de pasmo frente a circunstancias que para otra sociedad, más despierta, serían inadmisibles.

CLAROS Y OSCUROS

Por ejemplo: el gobierno en Oaxaca afirma diariamente que concreta acciones para vivir mejor, aunque en realidad todos resienten un complejo problema de inmovilidad económica que se resiente hasta en el gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, hay cientos de trabajadores en todas las dependencias estatales que no han cobrado un peso por concepto de salario desde el mes de diciembre pasado.

Esa situación, evidentemente, es apenas un pequeño botón de muestra de los miles de proveedores, de todos los niveles, que se quejan por la falta de pago, por los retrasos, por el desconocimiento de deudas y por lo que ellos creen que es ineficiencia de la Secretaría de Finanzas, que parece no saber qué hacer con esta situación. ¿Eso es muestra de desarrollo? Y lógicamente, la realidad frente a las interrogantes no alcanza para una posible respuesta afirmativa.

Algo muy similar ocurre cuando el gobierno llama o advierte la austeridad. Reiteradamente, el gobierno a todos los niveles le pide a la población que entienda diversas situaciones: una de ellas, general, es la presión histórica a la que han sometido al salario mínimo en México que, de verdad, no alcanza ni para lo indispensable y aún así el gobierno dice que es lo que nos conviene para mantener la estabilidad. Otra es la verdadera estrategia de terrorismo que soterradamente ha mantenido la autoridad fiscal del país en contra de los mismos contribuyentes cautivos que siempre pagan impuestos y a los que cada año se les cobra más. Hacienda ha sido muy eficaz para cobrarle a los mismos a pesar de que alrededor de la mitad de la población sigue en la informalidad y al margen de cualquier forma del pago de impuestos.

¿Qué hay frente a eso? Una clase política que asume que las cosas van muy bien y que entonces merecen séquitos interminables de colaboradores, lujos de todos tipos pagados a través de los gastos de representación; libertad total para realizar todo tipo de negocios al amparo de sus responsabilidades públicas, y hasta tolerancia para un trato diferenciado cuando se trata de perseguir las responsabilidades y los posibles actos de corrupción. Oaxaca no es excepción. Pero lamentablemente este es un problema nacional que, aunque está ahí, a la mayoría de nosotros ya nos parece tan normal que entonces lo tomamos con relativa calma y no con la importancia que debiera corresponder.

Al final los mexicanos deberíamos dejar de ser tan ceremoniosos y evasivos con nuestra propia realidad, y dedicarnos un poco más a lo que nos corresponde. Parte esencial de esa correspondencia debiera estar en dejar de mirar hacia otro lado frente a los problemas, y abordarlos de frente, como lo hacen quienes de verdad quieren cambiar la situación en la que viven.

DIVISIÓN

Ahora en la UABJO hay dos consejos universitarios y sólo va a faltar que haya dos procesos electorales paralelos. ¿Ese es el control que presume el Rector, y que le ayudan a cuidar hasta con la policía? Más bien, las señales de agotamiento, siguen subiendo. Mucha precaución.

Transporte: ¿Por qué no permitir que llegue Uber a Oaxaca?

Uber

+ Rechazo implica condenarnos todos al atraso y al mal servicio


Ayer los taxistas de la capital oaxaqueña salieron a protestar en contra de la próxima introducción del servicio tipo Metrobús, así como por la posibilidad —un rumor— de que se podría realizar una reforma a la Ley de Transporte para permitir el funcionamiento de sistemas de transporte colectivo utilizados a partir de tecnología de geoposicionamiento global. Aunque la protesta pudiera ser entendible a partir de la lógica de la protección de los intereses gremiales, desde la ciudadanía debiera exigirse el rompimiento de los monopolios para conseguir la nada sencilla posibilidad de un mejor servicio al usuario.

En efecto, desde el día previo el gremio del transporte concesionado de la capital oaxaqueña anunció una protesta en contra del llamado Metrobús (que en Oaxaca recibirá el nombre de SitiBus) y también contra servicios como Uber. Los líderes del taxismo citadino exigen una mesa de diálogo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo para exponer su inconformidad  para que se autorice el servicio de taxis Uber por considerar que se trata de una competencia desleal.

De entrada anunciaron que no bloquearían las vialidades de la capital oaxaqueña. Sin embargo, también advirtieron que lo harían, en los principales cruceros, si no eran atendidas sus demandas. Un par de horas después establecieron una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, y alrededor del mediodía anunciaron que retirarían su concentración de unidades en el Centro Histórico luego de alcanzar acuerdos preliminares con la dependencia que encabeza Carlos Santiago Carrasco.

Hasta ese punto, pareciera que los taxistas locales tienen alguna motivación legítima para protestar en contra de sistemas como Uber que, en definitiva, los superarían desde el inicio tanto en precio como en calidad del servicio. En lo que corresponde al SitiBus, la protesta del taxismo citadino más bien parece un apoyo a su oligopolio hermano del transporte urbano y suburbano, que también se vería involucrado en una nueva dinámica de competencia y mejoramiento del servicio, a la que hasta ahora se han resistido a partir de su sola capacidad numérica y de presión al gobierno estatal.

Ahora bien, en varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma, pues es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado.

Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?  Esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

¿COMPETENCIA DESLEAL?

En paralelo, en el escenario local, los transportistas han rechazado la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, porque —aseguran— va a afectar al sector y  provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general; y porque sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad. Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

QUE HAYA COMPETENCIA

Los oaxaqueños debemos apostar a que haya competencia. Puede entenderse que el pulpo camionero, o los taxistas, defiendan sus intereses y a su gremio frente a las nuevas modalidades de competencia. Pero ese, con respeto lo afirmamos, es problema de ellos. Nosotros como ciudadanos debemos exigir calidad, eficiencia, seguridad, comodidad, y no resignarnos a la condena de un mal servicio sólo porque a ellos les puede afectar la competencia. Esa posibilidad es simplemente insostenible. Por eso, frente a los nuevos sistemas, lo más sano y conveniente es que todos se pongan a competir, traten de mejorar y no nos conviertan a los ciudadanos en rehenes de su ineficiencia y resistencia al cambio.

UABJO: ¿por qué era tan importante controlar la Comisión Electoral?

Martinez Helmes

+ Con esas acciones, los Martínez reconocen tácitamente falta de control


Para muchos sigue siendo una interrogante por qué repentinamente, el martes se desató la violencia en la Máxima Casa de Estudios. Anteayer, dos grupos se enfrentaron en el recinto donde se celebraría una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Aunque la causa aparente del zafarrancho era el conflicto que persiste en la Escuela de Ciencias por la designación de su Director, en realidad la crisis de fondo se explica en el intento del rector Eduardo Martínez Helmes de darle un albazo a los demás grupos de la Universidad, en la designación de los integrantes de la Comisión Electoral.

En efecto, hace dos semanas apuntábamos en este espacio que un punto neurálgico del control político de la Universidad, se centra en el Consejo Universitario. Decíamos, de hecho, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia.

Repasando la Ley respectiva, el artículo 34 establece que dicho Consejo se integra por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario?, nos preguntábamos en aquel momento. Y entonces planteamos un aspecto que paulatinamente cobra mayor relevancia: Porque una cosa es ganar los comicios, y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector, lo cual aplica desde el momento mismo de su toma de protesta como tal. Y según las maniobras actuales del grupo del rector Eduardo Martínez Helmes, resulta que ellos están particularmente interesados en mantener el control político de la Universidad aún quebrantando los principios básicos de la equidad, desde la médula. En ese sentido, la Comisión Electoral juega un papel clave en esta situación y por eso el interés inusitado del Rector por asestarle un albazo a todos sus oponentes. ¿De qué hablamos?

De que la Comisión Electoral juega un papel clave en cada sucesión universitaria, porque como lo establece la propia Ley Orgánica de la UABJO, ésta es la encargada de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en lo que concierne en la elección del Rector. La Comisión Electoral es integrada por el Rector, por el Secretario General de la Universidad; por cuatro representantes del sector académico; cuatro representantes del sector estudiantil, y dos representantes de los trabajadores administrativos, todos ellos miembros del Consejo Universitario, dice el artículo 45 de la Ley, además de dos representantes de cada uno de los candidatos.

En ese sentido, la Comisión Electoral tiene una importancia determinante en cada proceso electoral, porque al ser todos sus integrantes miembros del Consejo Universitario, termina siendo esta Comisión ante quien materialmente toma protesta cada nuevo Rector, en cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica, de que la unción formal en dicho cargo ocurra ante el Consejo Universitario.

EL DESCONTROL

Volvemos a la pregunta inicial: ¿Por qué si el rector Eduardo Martínez Helmes dice tener el control total del Consejo Universitario, pretendió asestar este certero albazo? Lo hizo porque en realidad no detenta ya el poder que presume, y porque tampoco tiene la capacidad de permitir que se conduzca un proceso en el que del Consejo Universitario emanen figuras hacia la Comisión Electoral, que no le sean incondicionalmente afines. El albazo, en ese sentido, es una premonición de una elección álgida. Por eso el intento descarado —aunque fallido— de concretarlo.

Para entender lo anterior, es también necesario considerar una cuestión de hecho: en cada elección de Rector, es justamente al seno de la Comisión Electoral en donde, la noche de la jornada electoral, se negocia entre los grupos universitarios —y el gobierno estatal, que siempre es quien da el verdadero voto de calidad en este proceso— para establecer la nueva configuración universitaria que regirá los años siguientes.

Ahí es donde cada Rector ha negociado los espacios que le cede a la oposición para dotar de gobernabilidad y equilibrios a su gestión. Y por eso mismo, era un espacio clave que pretendía tener bajo su control el rector Martínez Helmes, —según su lógica— para no perder la ventaja en una posible negociación del resultado la noche de la elección universitaria.

En ese sentido, quienes conocen y han vivido dichos procesos saben que la Comisión Electoral es fundamentalmente un espacio de negociación que, en la medida que se cierra y se abre, permite la concurrencia de los distintos grupos dentro de la Universidad. Sólo que en un escenario como el actual, el empecinamiento por mantener el control de dicha Comisión más bien se explicaría en un intento de reventar la jornada electoral —en el escenario de la derrota de los Martínez—; o de intentar una toma de protesta fast track, sin negociación y con manotazos —como es la nueva práctica de Abraham Martínez Alavés— en el caso de ganarla por un margen estrecho de votos favorables.

Al final, si de verdad hubiera control, no tendrían por qué hacerle pasar estos tragos amargos a la Universidad, que recuerdan sus peores años y que la ubican en el espacio de la barbarie y las obsesiones, que la gran mayoría quisiera ver desterrado. Por esa razón, todo apunta a que en realidad el actual grupo en el poder universitario ya resiente una merma importante en su poder, y por eso estas maniobras desesperadas para tratar de controlar lo que aún creen que tienen en sus manos.

BORDEAN AL CONGRESO

Luego de la contradictoria experiencia de que la LXII Legislatura no ratificara a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Ejecutivo estatal tomó una vía alterna: ante la renuncia de José Zorrilla a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, optó por nombrar una titular encargada: Ángela Hernández Sibaja, que al tener ese estatus “provisional”, no tendrá que pasar por los trámites y caprichos legislativos. Ver para creer.

UABJO: soberbia de los Martínez revienta Consejo Universitario

Sesión UABJO

+ Intentaron madruguete en la conformación de Comisión Electoral


 

Ayer la violencia regresó a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y, como era de esperarse, la causa fue el arranque subrepticio, pero fracasado, de la sucesión de Rector. Una sesión —a hurtadillas— del Consejo Universitario terminó en gases lacrimógenos, jaloneos y amenazas no sólo por la efervescencia natural del relevo en la rectoría, sino sobre todo por la forma en cómo el grupo del rector Eduardo Martínez Helmes pretende seguir pisoteando a los demás grupos universitarios.

En efecto, en las primeras horas de la tarde de ayer fue noticia la suspensión violenta de una sesión de Consejo Universitario que se realizaría en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la máxima casa de estudios. De entrada, llamó mucho la atención que una sesión de Consejo Universitario no pudiera llevarse a cabo, ya que al menos en los tres últimos lustros no se recuerda que algún acto porril o de grupos políticos hubiera derivado en la suspensión de una sesión, del máximo órgano de dirección de la universidad oaxaqueña.

Si eso llamó la atención, lo que sí provocó verdadera alarma fue que esa suspensión hubiera ocurrido en medio de un acalorado acto violento, en el que dos grupos llegaron al punto del enfrentamiento. En redes sociales, casi de inmediato circularon videos en los que se apreciaba a un grupo de estudiantes y profesores encarando a algunos integrantes del Consejo Universitario, y a otras personas —luego se supo que éstos eran policías vestidos de civil, y grupos porriles afines al rector— intentando detener a quienes llegaron a impedir que se concretaran los trabajos del Consejo Universitario.

En la respuesta a la pregunta de qué ocurriría en esa sesión, puede entenderse el acto violento, y la desorbitada respuesta de la Rectoría que exacerbó la violencia. Básicamente, eran dos puntos los que se tratarían en esa sesión: uno, era la instalación de la Comisión Electoral, que sería la encargada de conducir los trabajos técnicos rumbo a la elección del sucesor del rector Martínez Helmes.

Otro punto que se trataría en esa sesión, sería el relacionado con la problemática que ha prevalecido desde hace varias semanas en la Escuela de Ciencias, producto de que la rectoría impulsó el desconocimiento de las autoridades legítimamente electas por la comunidad universitaria. El ingrediente subjetivo que hacía falta para terminar en este desastre, se centra nada menos que en el hecho de que hoy en día ni en el mismo Consejo Universitario existe un respaldo a las acciones del grupo político que comandan los Martínez Helmes. Todo eso se combinó para terminar en violencia. ¿Qué ocurrió?

Primero, que dicha sesión de Consejo Universitario, con carácter de extraordinaria, fue convocada a espaldas de varios grupos políticos. Esos grupos a los que no se les convocó ni se les avisó anticipadamente de dicha sesión, son justamente los que en otros tiempos fueron parte del clan de los Martínez, pero que paulatinamente se fueron alejando por la intolerancia y las exigencias de sumisión incondicional por parte de Abraham Martínez Alavés, padre del actual rector y “líder moral” de dicho grupo.

Así, si esa ya era una razón suficiente para una sesión de Consejo convulsa, el asunto que tratarían era determinante: el grupo de los Martínez Helmes quería conformar una Comisión Electoral sólo con integrantes afines a ellos. Por eso no convocaron a los demás grupos, que de todos modos se enteraron y decidieron acudir. Ello se combinó con el hecho de que maestros y alumnos de la escuela de Ciencias se enteraron que también en esa sesión tratarían su problemática, y pretendieron acudir para ser escuchados en sus demandas de respeto a la elección de su director. Así, esas dos situaciones se conjuntaron, pero se encontraron con la situación de que los grupos porriles y de seguridad del Rector —comandados por el cuñado del rector, Helios Zárate Ramírez—, trataron de sellar el recinto donde se llevaría a cabo la sesión.

Ahí inició la trifulca: los asistentes alegaron, con razón, que por disposición expresa de la Ley Orgánica de la Universidad, todas las sesiones de Consejo Universitario deben ser públicas. La negativa y la reiteración a permitirles el acceso, derivó en el enfrentamiento que terminó en el hecho de que la seguridad del rector lanzó gases lacrimógenos y hubo un enfrentamiento violento, como hace mucho tiempo no se veía en la Máxima Casa de Estudios, en el desarrollo de una sesión del Consejo Universitario para la elección de una Comisión Electoral.

DOBLE DISCURSO

Esta situación puso en claro que, entre varias otras cosas, la ahora conocida como “la familia real universitaria”, es decir, el grupo de los Martínez Helmes, sigue emprendiendo acciones de desesperación para mantener un poder que no supieron alimentar con trabajo y tacto político. Evidentemente, esa sesión de Consejo Universitario bien se pudo haber llevado a cabo en otro momento, porque hasta hace relativamente poco tiempo gozaban de un consenso amplio al interior del ese órgano colegiado. Lo perdieron al empecinarse en querer heredar el poder sin limitaciones de pudor y sentido político. Y por eso hoy enfrentan una situación que está en vías de alcanzar la situación de incontrolable.

En ese sentido, la familia del rector reiteradamente exige que existan condiciones democráticas para llevar a cabo los procesos políticos de la universidad. Sólo que actos como éstos dejan en claro que el discurso se aleja cada vez más de la realidad; pues aunque exigen el cumplimiento de condiciones para una competencia electoral que quieren aparentar como equitativa, ellos pretenden tomar burdamente la delantera a sus adversarios a través de maniobras como ésta.

Evidentemente, los Martínez no han logrado su cometido, no sólo por la pluralidad de corrientes políticas dentro de la universidad, sino también por el consenso —cada vez mayor— entre sus grupos contrarios, de ya jubilar al actual grupo en el poder y darle paso a una nueva etapa en la Universidad.

RETUMBOS POLÍTICOS

Como siempre, lo que pasa en la UABJO es sintomático de lo que viene para Oaxaca. Parecen dos caras de un mismo escenario, que ojalá no se enturbie más: efervescencia, enrarecimiento, competencia feroz, intentos de albazo, reacomodos interminables. Meses álgidos le esperan a Oaxaca.

Santa Lucía del Camino: municipio olvidado; gobierno rapaz

GH

+ Galdino Huerta esquilma a habitantes; no resuelve problemas


Pocas veces se había visto en Oaxaca, a un gobierno municipal tan decidido a maltratar y abusar de sus habitantes, como el de Santa Lucía del Camino con Galdino Huerta Escudero al frente. En los más de dos años que lleva al frente de ese municipio, Huerta se ha caracterizado por ser una autoridad ávida de recursos para mantener los acuerdos políticos por los que se mantiene al frente del Ayuntamiento, a pesar de que hasta ahora no sólo no ha resuelto los problemas del municipio, sino que los ha incrementado.

En efecto, Galdino Huerta llegó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, luego de una atropellada elección en la que había, por lo menos, dos cuestionamientos de fondo. El primero, que Huerta no tiene arraigo social o político en aquel municipio conurbado a la capital; y segundo, que la elección municipal terminó decidiéndose en un tribunal, en donde se declaró a Huerta por el margen de un voto sobre José García, que era candidato del Partido Social Demócrata, luego de haber sido fustigado por el PRI en su proceso interno presuntamente por el arreglo económico entre Huerta y Alejandro Avilés Álvarez.

¿Qué pasó después? Que su victoria de un voto era aparentemente democrática pero insostenible políticamente. Ahí, Huerta volvió a caer en las manos de Alejandro Avilés, que ya para entonces era diputado local, coordinador de su fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso local. Con esa ascendencia legislativa, y con la conocida capacidad de Avilés para maniobrar en conflictos políticos y sacar provecho de ellos, no le fue difícil entablar un acuerdo con su par, el diputado Manuel Pérez Morales, para “conciliar” un arreglo político entre Huerta y José García que —según— le diera gobernabilidad al municipio.

Con ese arreglo, Huerta le escrituró el destino de los habitantes de ese municipio, a gente ávida de dinero. Para que éste pudiera asumir la Presidencia Municipal, se acordó que García fungiera como síndico municipal. En el reparto —del que en gran medida eran beneficiarios los “facilitadores” que operaron el acuerdo desde del Congreso— también se incluían las participaciones municipales, la obra pública y el producto de la recaudación propia. Huerta, en su empecinamiento por ser presidente, se vio obligado a repartir el presupuesto y las posiciones administrativas municipales.

Por eso, Galdino Huerta pronto se dio cuenta que no habría dinero que le alcanzara. Por esa razón, luego de un par de trifulcas por el dinero en la tesorería con la gente de José García, se decidió a tomar toda clase de medidas impositivas y perturbadoras en contra de la población. Ésta sería, en términos simples, quien pagaría los costosos acuerdos políticos que primero le permitieron gobernabilidad al municipio, pero que después convirtieron al Ayuntamiento en una aspiradora de recursos de la población, a pesar de que no han sido capaces de resolver un solo problema del municipio.

¿Qué hicieron? Tuvieron la cortesía de, por ejemplo, crear un cuerpo de Policía Vial, que ha sido tan voraz, inservible y molesto para la ciudadanía, que hoy por hoy es la corporación más repudiada de todos los valles centrales. No es para menos: los elementos que conforman esa Policía Vial nunca tienen la preocupación de resolver uno solo de los muchos problemas que enfrentan las calles y avenidas de esa población. Más bien, su única misión ha sido la de molestar, extorsionar y vigilar a los automovilistas para que —según— cumplan un reglamento que, además, enfrenta problemas legales de origen por haber sido emitido en sesiones de cabildo que han existido sólo documentalmente.

AUTORIDAD RAPAZ

Todos los días, casi a cualquier hora, uno puede ver a elementos de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, andar a pie por las avenidas Hornos, Ferrocarril —en la parte que le corresponde—, Lázaro Cárdenas y El Rosario. Su misión no consiste, nunca, en ayudar a la agilización del tráfico cotidiano o auxiliar a los automovilistas cuando enfrentan alguna contrariedad. Esa policía fue hecha únicamente para molestar al ciudadano, y para imponerle sanciones ante la menor situación posible según contemplada en su reglamento de tránsito.

Basta ver cómo ninguna de sus dos patrullas —autos viejos, contaminantes, y hasta hace pocas semanas incluso sin placas de circulación— está tampoco para hacer alguna labor constructiva. Todos están dedicados a vigilar. Lo único que traen en las manos, siempre, es su block de infracciones. Y éstas se han caracterizado por ser de las más caras que se cobran por un ayuntamiento en todo el territorio estatal.

Algo muy similar ocurre con su operativo alcoholímetro. Pues carentes de todo pudor —al ser ellos los que más han alentado los giros negros en la zona conurbada de Oaxaca— son también los mayores vigilantes de que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Esa, que pudiera ser una función loable, también la emprendieron con fines eminentemente recaudatorios.

Así, los conductores que por alguna causa se quedan detenidos en el alcoholímetro municipal de Santa Lucía, son sancionados con multas exorbitantes que, además, pueden pagar en el mismo acto ante el juez calificador, y continuar su camino. Para ellos el alcoholímetro es un medio más de recaudación, y no una forma de sancionar al conductor irresponsable y, sobre todo, cuidar su vida y la de los demás ante el hecho de que conduzca bajo los efectos de alguna bebida embriagante.

Lo más paradójico es que Santa Lucía del Camino en casi dos años y medio de administración no ha sido capaz ni siquiera de tapar los hoyancos y baches que existen en las calles en las que todos los días hostigan a los particulares. Quizá, dicen, no arreglan las calles para que los vehículos no puedan ir a más de 5 o 10 kilómetros por hora, y así los puedan alcanzar sus agentes que, para variar, hacen su trabajo a pie.

COBRO DE DERECHO DE PISO

A estas alturas ya es bien conocida la avidez insaciable del gobierno de Huerta: ha enfrentado pleitos con empresas como Cablemás, Maderería la Asunción y ahora hasta una escuela privada a la que, según denuncian, le quería cobrar 130 mil pesos anuales por concepto de continuación de operaciones. Huerta está urgido de dinero para pagarle a sus avaros padrinos, y para recuperar lo que dice que invirtió en su campaña. Todos los problemas de Santa Lucía siguen ahí. Y él pasará a la historia doméstica de Santa Lucía, con ese triste legado.

Estado debe cuidar para qué servirá informe de Comisión de la Verdad

comisionverdad

+ Es necesario documentar esos hechos, no ser una herramienta electoral


 

En días próximos, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregará su informe final sobre las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007. Como es predecible, dicho informe incluirá una relatoría de hechos así como una enumeración de servidores públicos, víctimas, e integrantes de la ciudadanía, que tuvieron alguna relación con dichos acontecimientos. Este informe, constituye una oportunidad histórica para que los oaxaqueños sepamos con exactitud qué pasó durante la crisis social de hace casi una década. Es deseable que se logre dicho objetivo y no que el informe termine siendo una herramienta política para los tiempos electorales.

En efecto, desde que en noviembre de 2014 se integró la CVO, se estableció que sería en la primera quincena de marzo de 2016 cuando entregarían y darían a conocer su informe final. En dicho documento, dijeron los integrantes de la Comisión al tomar protesta, se consignarían “los elementos necesarios que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como las recomendaciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se vivieron en ese periodo en Oaxaca”.

Esta posibilidad constituye una gran oportunidad para Oaxaca. El problema es que insistentemente, a esta CVO se le ha intentado presentar como un instrumento de persecución de delitos, o de fiscal, que evidentemente no debería tener. Pues como su propio nombre lo dice, una Comisión de la Verdad es creada para conocer palmo a palmo el conjunto de hechos ocurridos durante un periodo específico, en el que probablemente habrían ocurrido violaciones a derechos fundamentales. Por eso, aunque suene a redundancia, una Comisión de la Verdad está hecha para conocer la verdad, antes que para perseguir a los presuntos responsables de la comisión de delitos, incluso los de lesa humanidad.

En ese sentido, parece que en Oaxaca hubo un conjunto de confusiones que dieron pie a esta aparente dualidad de la Comisión de la Verdad, que como su nombre lo dice, está conformada para la investigación de hechos, pero que según su decreto de creación, también tiene como encomienda de contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, cometidos contra las personas con el movimiento social ocurrido en el Estado los años 2006 y 2007 (parte final del artículo 6 de la Ley que crea la CVO).

Asimismo, en las atribuciones de la Comisión de la Verdad también se encuentra una que está encaminada a la persecución de delitos. En la fracción VIII del artículo 8 de la Ley, se señala que la CVO tiene como atribución “denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito a los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos, para que implementen las acciones legales correspondientes en términos de ley”.

Frente a todo esto, vale una pregunta: ¿Además de perseguir el cumplimiento de sus funciones naturales de investigación, una Comisión de la Verdad debe ser también una especie de “coadyuvante” del Ministerio Público, o una denunciante formal de hechos que a su consideración constituyan delitos? Más aún: ¿una Comisión de la Verdad puede utilizar su informe de resultados como una especie de dedo flamígero que acuse, cuando se supone que la tarea de perseguir delitos debiera ser propio de las autoridades ordinarias, justamente como el Ministerio Público o los jueces, según sus respectivas competencias?

QUE NO SEA HERRAMIENTA POLÍTICA

Parece una expresión de Perogrullo, pero una Comisión de la Verdad debe dedicarse a buscar la verdad, y nada más. No es una afirmación tajante en el sentido de que no pueda expresar opiniones, o incluso poner a disposición de las autoridades el resultado de su investigación, para que esa sea la pauta para la persecución de algún delito que posiblemente hubiere quedado impune. Lo que es mucho más delicado, es que formalmente una Comisión de esta magnitud se cree con esa finalidad persecutora, así sea marginalmente.

¿Por qué? Porque, como lo apuntamos aquí desde que se planteaba la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad sobre el conflicto magisterial de 2006, hacerlo significaría de entrada el reconocimiento tácito del propio Estado en Oaxaca, de que todas las autoridades e instancias bajo sus órdenes son incapaces de llevar a cabo esas investigaciones, no sólo para conocer la verdad sino también para perseguir delitos. Ordinariamente, esa es una tarea del Ministerio Público y de los jueces. Y el hecho de que venga una Comisión a hacer ese trabajo de sistematización de información con el objeto de llegar a una verdad histórica, significa que el trabajo de las autoridades ordinarias es inservible.

Evidentemente, esa es apenas una arista del problema. A todos debe quedar perfectamente claro que ni esta Comisión, ni cualquier otra que se jacte de ser seria y tener finalidades creíbles, debería tener como misión hacer juicios de valor o señalamientos específicos. Una cosa es conocer la verdad a partir de la corroboración de hechos y testimonios de los involucrados, y otra muy distinta la de ser un fiscal que señala y acusa según su perspectiva de lo investigado.

Esto último pone a la CVO, y sus resultados, en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Primero, porque la tentación de acusar resulta natural de cara a un episodio como el ocurrido en Oaxaca hace una década. Segundo, porque hay una proclividad casi natural —aunque no por ello justificable— a señalar directamente las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos. Y tercero, porque por el momento político por el que atraviesa el Estado —la sucesión de Gobernador y el reacomodo de las fuerzas políticas en la entidad—, también sería una tentación enorme la de utilizar los resultados del informe como una herramienta de fines político-electorales.

ESCENARIOS CAMBIANTES

¿Por qué el PRI en Oaxaca sigue moviendo fechas y programas de sus procesos internos para elegir candidatos a diputados y autoridades municipales? Ello refleja falta de seriedad, además de poner en duda la operación política para determinar a sus abanderados. ¿Dónde están esos codiciosos “generales” priistas que según iban a ser el factor de estabilidad para las campañas en la entidad?

¿De verdad la ruptura del PT tiene origen en el pago de favores?

Benja

+ Los partidos coaligados evitan pasar por un proceso autocrítico


La noche del viernes el senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, anunció que será candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo. Esta noticia sorprendió, porque ello implica la salida de dicho partido de la coalición que ya tenía pactada con el PRD y el Partido Acción Nacional. Ante los hechos, las fuerzas políticas coaligadas denunciaron la injerencia de otras fuerzas políticas en los procesos internos de esa alianza. Pero lo que no hacen es reconocer que sus propias fallas contribuyeron a la fractura de sus posibilidades de triunfo en Oaxaca.

En efecto, antenoche la dirigencia nacional del PT anunció su decisión de apoyar al senador con licencia y ex perredista, Benjamín Robles Montoya, como su candidato a gobernador de Oaxaca para la lección del próximo 5 de junio. Al mismo tiempo, el PT envió un aviso al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca donde informó de su separación de la alianza denominada “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” donde lanzarían a un mismo candidato a Gobernador.

Mientras eso ocurría en la capital del país, el todavía representante en Oaxaca, Rafael Armando Arellanes Caballero, aseguraba que la versión de la postulación de Robles por el PT era falsa. Pero una vez que todo se confirmó, éste anunció su dimisión como dirigente estatal de ese partido. Luego vino la siembra de dudas por parte del perredismo, respecto a la posibilidad legal de que Robles pudiera ser candidato del PT. Según dichas versiones, Robles Montoya habría sido designado candidato por el petismo, a pesar de no haber presentado formalmente su renuncia a las filas del PRD.

En consecuencia y para efectos legales, refería una nota de Excélsior, Benjamín Robles sigue siendo perredista, ya que su carta de renuncia como integrante del Sol Azteca no ha sido entregada en la ventanilla del partido que lo llevó a convertirse en senador por su estado. Esta declaración se la dio al diario de la capital del país, Edgar Blasio García, integrante de la Comisión Nacional de afiliación del PRD, quien destacó la relevancia de formalizar ante las instancias respectivas la salida de un partido político, sobre todo de cara a un proceso electoral.

Incluso detalló que “ciertos personajes” —haciendo una alusión clara a Robles— consideran que con el sólo hecho de anunciar públicamente su retiro de las filas del partido es suficiente. Otros lo hacen, dijo, con la intención de que si en otro partido no consiguen sus intereses, opten por regresar al PRD conservando todos los derechos que les da sus años de militancia partidista.

“La postulación del senador Robles por el PT en Oaxaca actualiza la posibilidad de la cancelación inmediata de la membresía del senador (…) pues mientras no tengamos el escrito de renuncia sigue siendo integrante del partido, una vez que haga formal su registro como candidato de otro partido se actualiza esta reforma estatutaria y en este momento se cancela su membresía”, aseguraba a Excélsior el perredista.

Ya ayer, trascendidos soltados por el propio equipo de campaña de Robles Montoya referían la posibilidad de que éste fuera candidato no sólo del PT, sino también del PUP, del Social Demócrata y del Partido Encuentro Social. Hasta las primeras horas de la tarde de este jueves no había confirmación expresa de tales situaciones; aunque evidentemente aún existe la posibilidad de que haya sustitución de candidatos dado el marco jurídico que rige al proceso electoral.

SOSPECHAS SIN AUTOCRÍTICA

La tarde de ayer, el coordinador parlamentario del PRD en la cámara de diputados federal, Francisco Martínez Neri, sostuvo que la salida del PT de la coalición en Oaxaca, obedece a un pago de factura al PRI por ayudarles a mantener el registro.

“Yo quisiera empezar por manifestar que esta madrugada, el PT resolvió disolver su participación de la alianza que se había armado en Oaxaca con el PAN y con el PRD. Quiero manifestar que nos parece bastante sospechosa la dimisión del Partido del Trabajo de esta alianza y que, desde luego, nos remonta a pensar que se trata de facturas que el PT estaría pagándole al PRI por haberlo salvado de su pérdida de registro y que hoy fue Colima y después es Oaxaca”, señaló.

En entrevista con El Universal, Martínez Neri afirmó que las acciones del PT son actos “perfectamente planeados por el PRI”, quien tienden a descarrilar la alianza de PAN-PRD en Oaxaca para la gubernatura. “Tanto el PRD como el PAN está suficientemente fortalecidos en Oaxaca, y vamos a trabajar muy fuertemente por conservar la gubernatura y, desde luego, por desenmascarar acciones de esta naturaleza”, anotó.

Hasta ahí todo parece muy correcto frente a la desbandada aparente que generó la salida formal de Robles Montoya, y el apoyo del PT. Sólo que en esa explicación, el PRD y el PAN no han atinado a entrar al necesario proceso autocrítico por el que debieran pasar no sólo para explicar este cisma, sino sobre todo para abordar lo relacionado con el proyecto de continuidad que representan esos dos partidos y su candidato, en un contexto en el que irremediablemente se enfrentarán a la polarización de la ciudadanía, y a una competencia electoral atomizada por la diversidad de candidatos, cargos de elección popular en juego, proyectos, y aspiraciones políticas.

En el fondo, no se trata de sólo ponerse a repartir culpas en el exterior, o de asumir una postura chovinista en la que todo lo malo viene del exterior, sin asumir también que existe una parte de responsabilidad que está en sus acciones y en las decisiones tomadas para sostener sus intereses cupulares, frente a la necesidad de generar consensos.

El reto que enfrentarán es mayúsculo, ya que ahora habrá al menos tres candidatos con capacidad importante de competir. Y si no asumen una postura crítica que les permita entender sus errores y convertirlos en oportunidades, entonces terminarán emulando al PRI que, en 2010, fue derrotado tanto por su guerra interna, como por la fortaleza de sus adversarios.

MUCHA PLURALIDAD

Actualmente, en el Congreso local hay nueve partidos representados. Esa pluralidad —que pudiera pensarse como sinónimo de democracia— no ha servido para nada, porque el Legislativo está paralizado, dominado por intereses, y sin capacidad resolutiva. Estos comicios, por la atomización del voto, reforzará esa pluralidad… y seguramente los problemas que ésta trae aparejada. ¿Lo ven quienes pretenden gobernar Oaxaca?