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Para sobrevivir, la Sección 22 debía cambiar su estrategia de lucha

SXXII

+ La agenda magisterial está abultada, pero insistían sólo en necedades


Es trascendental la primera reunión formal sostenida entre la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, y funcionarios del IEEPO. Lo es en el ámbito político, porque ello significa el reconocimiento tácito y expreso de la nueva autoridad educativa por parte del ala más dura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación… pero lo es más porque la agenda magisterial está rebasada de temas que no podían ser abordados por la estéril resistencia magisterial a dialogar, en términos prácticos, con la autoridad educativa.

En efecto, ayer mediante un comunicado se informaba que la Sección 22 había “cedido” a su postura de presión y reconoció como autoridad educativa en el estado al llamado “nuevo IEEPO”. El gobierno de Oaxaca confirmó la reunión con la autoridad educativa y la dirigencia sindical, en la que entregaron una solicitud formal para la realización de una mesa de trabajo con las autoridades del organismo educativo.

Según el boletín, el director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, “recibió en sala José Vasconcelos del edificio central de ese instituto, al secretario general del gremio magisterial, Rubén Núñez Ginez, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión política, para entregar al funcionario un proyecto de agenda temática con planteamientos de interés gremial, para ser abordada en una eventual reunión de trabajo”.

El comunicado no se refería a algún planteamiento concreto, pero sí dejaba ver la posibilidad de la normalización paulatina de la relación gobierno-sindicato —al menos en lo que toca al ámbito estatal— y ello sería el preámbulo para la posible reanudación del diálogo con la Secretaría de Educación Pública que, para ello, puso como condiciones fundamentales al magisterio oaxaqueño que no condicionara el diálogo al trabajo en las aulas, y estableciera una agenda de trabajo específica para su desahogo sin que ello implicara la negociación de la implementación de la reforma educativa.

En ese sentido, a lo largo de todo el año 2015 hubo una postura radicalizada por parte de la Sección 22 del SNTE, en el sentido de exigir la abrogación de la reforma educativa federal, así como la inaplicación de todos los preceptos, modelos y evaluaciones relacionadas con el nuevo modelo educativo. Esa fue una de las grandes razones por las que la SEP le cerró completamente la puerta al diálogo con la Coordinadora, pero eso se convirtió en una especie de “olla de presión” que derivó en los enfrentamientos del año pasado ante la aplicación de la primera evaluación a los educadores.

Pues resulta que la aplicación de la primera evaluación requirió el desplazamiento de unos 10 mil elementos federales que vinieron a la capital oaxaqueña a resguardar la aplicación de dicho examen. Desde entonces, apuntábamos en este espacio que no sería posible, ni sostenible, si quiera pensar en la posibilidad de que, ante la falta de canales de diálogo, tuvieran que ser miles de elementos los que resguardaran cada una de las muchas evaluaciones que aún se deben evaluar.

Porque si algo queda claro —apuntábamos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado— es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa. Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores”.

AGENDA

En esos espacios educativos de decisión, es donde la Sección 22 ya tenía mucho, muchísimo terreno perdido, y era a lo que se tenía que abocar antes que seguir en su empecinamiento testarudo de exigir la abrogación de toda una reforma que no habría de ocurrir. Básicamente, lo necesario era que el sindicato demostrara que está preocupado por la realidad que enfrentan muchos de sus agremiados a los que, les guste o no, les está llegando el momento de enfrentarse a una evaluación que, por decirlo de algún modo, sigue estando muy lejos de ser el instrumento idóneo para medir las capacidades de los profesores.

De hecho, como lo apuntaba el investigador Ángel Díaz Barriga hace algunos meses (bit.ly/20fKL4h), entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

Esos son sólo algunos de los temas que se supone que la Sección 22 tendría que comenzar a debatir con la autoridad educativa. Ello sería la demostración de una organización gremial que asume su realidad, que pondera los planteamientos a futuro de sus representados, y que tiene interés en seguir adelante sin la perniciosa insistencia de ganar cada una de las batallas para ir a enfrentar las siguientes.

UNIDAD

Hoy se tiene programada la firma de un pacto de unidad entre los aspirantes del PRI a la candidatura a Gobernador que, bien lo sabemos, nadie va a respetar. Lamentablemente los polos dentro de ese partido son tan repelentes entre sí que no hay forma de una operación cicatriz real entre los que no sean los elegidos. A partir de hoy quedarán sólo cuatro o cinco días, máximo, para que se anuncie la decisión final. La moneda está en el aire. Nada más.

Con Moreira, varios ex gobernadores deben poner sus barbas a remojar

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+ Cuando hay voluntad, hasta el robo de un lápiz basta para perseguirlos


Sistemáticamente, el gobierno de los Estados Unidos ha reprochado a su símil mexicano su falta de voluntad para implementar un sistema eficaz de combate a la corrupción, y sobre todo para perseguir, con las leyes e instituciones que ya existen, a los políticos acusados de incurrir en actos de corrupción. En México se ha privilegiado siempre el interés político al Estado de Derecho. Y por eso la aprehensión del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, es un parteaguas que debe estar poniendo nerviosos a varios ex gobernadores que enfrentan señalamientos similares al suyo.

En efecto, el viernes pasado, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, fue arrestado a su llegada a España, en el aeropuerto de Barajas, en el marco de una operación llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz. Según la información dada a conocer en aquellos momentos, al ex Mandatario se le investiga por los delitos de blanqueo, malversación cometida durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal.

Básicamente, España decidió detenerlo por la transferencia de recursos no declarados por un monto de 200 mil euros, desde los Estados Unidos. Aunque a Moreira ya lo había acusado una Corte norteamericana del estado de Texas por delitos similares, fue el gobierno español quien finalmente le ejecutó una orden de aprehensión derivada de esas mismas investigaciones que iniciaron cuando en 2012 el secretario de Finanzas de su gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, fue detenido en territorio texano acusado de lavado de dinero y robo de recursos del erario estatal.

Antes de su detención, las autoridades federales de Texas le habían incautado 2.2 millones de dólares depositados en una cuenta y habría perdido otros 2.3 millones. Y al parecer, el gobierno español únicamente continuó dando seguimiento a aquella investigación hasta que llegó a la conclusión de que los recursos que le fueron transferidos desde los Estados Unidos para su manutención —dice que estudiaba una maestría en Barcelona, y el monto por el que se le persigue es de 200 mil euros— eran de procedencia ilícita.

En México la gran incógnita es que sobre el ex gobernador Moreira nunca existió un procedimiento al menos similar al que se le instauró en los Estados Unidos, bajo la lógica simple de que si aquí había presuntamente cometido los delitos, entonces todas las acciones legales para perseguirlo y castigarlo tendrían que haber partido de la justicia mexicana. Nada de esto ocurrió, pero por la procedencia ilícita de los recursos, la inacción del gobierno mexicano para presentarlo ante la justicia no fue obstáculo para que se le instaurara un juicio en la Unión Americana y finalmente fuera detenido la semana pasada en España.

Y evidentemente lo que tiene nerviosos a varios en México, es que la actuación y la forma de ocultar recursos provenientes del erario por parte de un Mandatario o ex Mandatario, es la típica que utilizó el ex gobernador Moreira. Así como él, han sido prácticamente todos los que han dejado el gobierno utilizando todo tipo de esquemas legales para evadir el rastreo sobre el origen de los recursos, hasta el extremo de lo hecho por el secretario de Finanzas del gobierno de Ulises Ruiz, Miguel Ángel Ortega Habib, de transferirle una suma millonaria de recursos a su hermana y sobrino, o de tratar de ocultar su dinero bajo el nombre prestado de una de sus empleadas domésticas.

EL CASO OAXACA

En Estados Unidos no tardarán en apretar más al gobierno mexicano de cara a su falta de voluntad para perseguir la corrupción. A Moreira lo detuvieron por el supuesto blanqueo de una suma de dinero aparentemente menor, si se compara con los recursos que se le acusa de haber extraído de las arcas públicas coahuilenses. Se le acusa, de hecho, de no haber declarado una suma de unos 300 mil dólares norteamericanos, cuando se le acusaba de haber endeudado a su entidad por alrededor de 37 mil millones de pesos, y por haber “desaparecido” un porcentaje directo de esos recursos que nadie sabe a qué manos fueron a dar.

Ahora, si confrontamos esa voluntad por perseguir a alguien de cara a lo que se hizo en entidades como Oaxaca, en las que al Secretario de Finanzas le fueron inmovilizados más de mil millones de pesos (unos 90 millones de dólares al tipo de cambio de hace cinco años) a través de su hermana, su sobrino y una de sus empleadas domésticas, y que al propio ex Titular del Ejecutivo se le acusa de haber, asimismo, destinado sumas millonarias (se habla de mil 400 millones de pesos) para la construcción de un hospital privado, especializado en padecimientos de la mujer, en la Ciudad de México.

Por esa razón varios ex Gobernadores deben estar bastante preocupados porque Moreira ha sido el ejemplo claro de que cuando existe voluntad, no hay límite territorial o político que lo detenga. Evidentemente, la investigación y la persecución contra Moreira no pasa por la política nacional: es decir, no tiene nada que ver el gobierno mexicano, o su cercanía con la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, ni mucho menos alguna aversión con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que, de hecho, no ha movido un solo dedo para investigarlo a él, y a otros ex mandatarios sobre los que pesan acusaciones de corrupción.

En el fondo, Estados Unidos está muy interesado en perseguir a esos corruptos no porque tenga la intención de castigarlos, tanto como de poner el ejemplo. El caso de Moreira será finalmente una bola de nieve que seguirá creciendo en la medida en que continúen indagando el origen de los recursos que le fueron transferidos, y la procedencia de las empresas desde las cuales se le hicieron esos depósitos por los que fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España.

PARADOJAS

Adelantados al momento, algunos ya dan por hecho la designación de los candidatos a la gubernatura, y acusan los intentos de albazo de otros, que se han mantenido callados. ¿No es una paradoja que el que acusa de desesperación, sea el mismo que se anticipe a los tiempos oficiales para autoanunciarse como seguro abanderado? Así de críticas están las cosas en el Partido Revolucionario Institucional, al que finalmente lo está agobiando como nunca la indefinición de su dirigencia nacional, y del Presidente de la República.

¿En qué se traduce realmente el apoyo de un gobernador al Presidente?

Sorpresa

+ ¿En los estados debe se erradica o se sigue fomentando “feuderalismo”?


Hoy que estamos en el umbral de la definición de los candidatos a Gobernador en Oaxaca, uno de los temas de los que se habla prolíficamente tiene que ver con la idea de que el Presidente de la República elegirá al abanderado del Partido Revolucionario Institucional, “porque necesita del apoyo de los Gobernadores”. ¿Qué implica en realidad, hoy, el apoyo de un gobernador al Presidente?

En efecto, si aún siguen vivos los viejos rituales del priismo tradicional en esta segunda etapa del PRI en el poder presidencial, entonces la lógica apunta a suponer que será el Presidente de la República el que elija a los candidatos a Gobernador de su partido. Siguiendo esa misma lógica, el Presidente es el gran jerarca político de su partido y es quien tiene las definiciones. Si eso es así, ¿entonces sus decisiones las toma en función de sus conveniencias, de la competitividad electoral de los aspirantes, o de sus afectos personales?

Evidentemente, la respuesta tendría que ser la suma de ellas pero ponderando la competitividad electoral, porque en la base de todo se encuentra el imperativo de que ese candidato —sea o no su incondicional, o de sus afectos personales— tenga la capacidad de ganar la elección. La democracia representada en el voto es, pues, la aduana y la condición sine qua non de todo lo demás. Por eso lo primero que define a un candidato es que electoralmente sea una opción ganadora. Y de ahí en adelante todos los demás factores tienen un peso relativo.

Si entendemos eso podremos entonces ir a las demás condiciones. ¿Qué tipo de apoyo necesita el Presidente de un Gobernador? Pues sabemos que todos los Mandatarios estatales necesitan del apoyo del gobierno federal; pero también debemos entender que en nuestra democracia, un gobernante federal —o estatal— aún con minoría legislativa, o aún con un Congreso opositor, puede continuar gobernando. Tal ha sido la prueba de los dos presidentes anteriores, o de igual número de gobernadores oaxaqueños, que han gobernado en periodos casi permanentes de crisis.

Y lo interesante es que en esta ecuación de la estabilidad del poder presidencial, siguen sin aparecer los Gobernadores, pues ellos representan un estrato distinto del federalismo, pero no específicamente de la división de poderes en el ámbito federal. Más bien, parece que los gobernadores han aprovechado la decantación del viejo poder presidencial omnímodo para gobernar y ejercer los recursos públicos con mayor libertad y discrecionalidad. A nivel federal no han un Jerarca como antes, pero en el ámbito estatal sí. Y los Gobernadores cambiaron el régimen de partido hegemónico por el llamado “feuderalismo”, en el que su poder se convirtió en una parcela que han administrado libremente, como en los tiempos del feudalismo.

¿Para qué necesita entonces un Presidente de los Gobernadores? Los necesita, por ejemplo, para poder coordinar acciones, pero sobre todo para incrementar el margen de estabilidad de su régimen. Los necesita, por ejemplo, para que apoyen sus planteamientos políticos y permitan su implementación en todo el país. No los necesita de amigos ni porque apoyan su visión ideológicas o las reformas que ya están concretadas. Los necesita siempre para lo que viene, no para lo que ya pasó.

LA CLAVE DEL CONGRESO

A pesar de los problemas que ha enfrentado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto goza de estabilidad política porque tiene a las dos cámaras federales con una ligera mayoría priista. Eso le da certidumbre de que sus iniciativas —salvo las de reforma constitucional— pueden transitar con tranquilidad, y de que no tendrá mayores sobresaltos. En esa suma/resta sí aparecen los Gobernadores, como jefes políticos —se supone— de las bancadas estatales en las cámaras federales.

Hoy, por ejemplo, Oaxaca es un estado opositor al Presidente por su conformación en las cámaras legislativas federales. Hay una mayoría de diputados y senadores de oposición, aunque eso se decanta porque las entidades federativas que tienen mayor número de diputados —el Estado de México tiene, por ejemplo, 63 diputados federales— son de mayoría priista. Ese sería un aspecto concreto en el que un Presidente necesitaría del apoyo de un Gobernador, o cuando menos no tener más diputados en contra frente a los que son sus correligionarios.

Y es que los Gobernadores sí representan un margen de operación política importante en sus territorios, en los cuales es más difícil que intervenga el gobierno federal. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que hace apenas seis años, cuando el gobierno estatal de Oaxaca era priista, tenía también el “carro completo” de los legisladores federales; y que ahora ocurra algo más o menos similar, pero de diputados del PAN y el PRD, cuando el gobierno estatal es controlado por un gobernador no priista?

Ahí es donde se centra una parte de esta discusión. Por eso, el Presidente ante todo necesita candidatos a Gobernador que, primero, puedan ganar; y segundo, que le sean afines en los asuntos sustantivos de su política y su gobierno. Un gobernador no es definitorio de una situación de ingobernabilidad. Sin embargo, un Gobernador que genera demasiados problemas sí se convierte en un adversario involuntario del Presidente.

En esa sumatoria debe encontrarse actualmente el presidente Peña Nieto, quien tiene la nada sencilla labor de escoger a quien sea, verdaderamente, su candidato a Gobernador en el PRI (que pueda ganar, primero, y que tenga identidad con él); y además debe tratar de influir en las decisiones que se tomen en las fuerzas de oposición. Ese es, al final, uno de los imperativos básicos de quienes se encuentran en ese tipo de lucha que se da desde el poder público, para mantenerlo, acrecentarlo y no perderlo.

TODO LO DEMÁS, SON PERCEPCIONES

Llama la atención la forma en que propios y extraños han jugado con las percepciones, pero no entran a esta discusión de por qué, y para qué, serían alguno de ellos el elegido del Presidente. Han ido del alarde de la amistad personal, o de encuestas, y hasta de supuestos apoyos venidos de las élites nacionales. Todos esos factores juegan, pero sólo de forma relativa. Al final, el que le asegure al Presidente ganar la elección, y estabilidad para su régimen, será el escogido. No hay más.

En el PRI ¿realmente hay un dilema por entregarse al PAN?

GGC

+ Gutiérrez Candiani intenta ser “bisagra” ¿pero hacia dónde?


 

Durante el fin de semana, se realizó una convocatoria entre militantes y simpatizantes del PRI para arropar, el miércoles próximo, al ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en su intención de conseguir la postulación de ese partido a la gubernatura del Estado. Pretenden realizar un encuentro-comida para pronunciarse a favor del ex dirigente empresarial y, en su lógica, generar la percepción de respaldo de la militancia a ese proyecto político. Esto plantea un dilema: ¿De verdad el PRI, como fuerza política, está dispuesto a entregarse a un proyecto eminentemente panista?

En efecto, priistas que fueron convocados a dicho encuentro el miércoles próximo, comentan que hay, básicamente, tres expresiones de priistas que intentan acuerpar a Gutiérrez: unos son los militantes de ese partido que forman parte de la administración estatal y que aseguran nunca haber renunciado o perdido su militancia priista.

Otros, son los militantes del tricolor que son afines al ex gobernador Diódoro Carrasco, pero que no migraron al PAN cuando hace diez años éste renunció a su militancia priista y fue postulado por ese partido a una diputación federal plurinominal. El tercer grupo que acudirá a este encuentro es el de algunos ex colaboradores de Ulises Ruiz, que están intentando generar puentes con esta candidatura ante la posibilidad de que el senador Eviel Pérez Magaña (que es su “Plan A”) no consiga la candidatura.

Todos ellos impulsan a Gutiérrez bajo una lógica específica, que aunque de entrada parece lógica, también implicaría un proceso acrítico del priismo sobre su rumbo, sus alianzas y los proyectos que impulsa como partido, no sólo para Oaxaca sino para el país. Pues ellos dicen que la posibilidad de que el ex Presidente del CCE es alta ya que tiene relación directa con el presidente Enrique Peña Nieto; dicen, además, que siendo él el candidato priista a la gubernatura de Oaxaca (y eventualmente el siguiente gobernador) habría también certidumbre de su respaldo a las políticas e iniciativas presidenciales. Y sostienen que su candidatura es viable porque además es el que mejor genera puentes de entendimiento con el gobierno saliente.

En este último punto está la clave de lo que, de ser cierto, tendría que resolver no Gutiérrez o el PRI de Oaxaca, sino el CEN de ese partido y el propio Presidente de la República: ¿de verdad es necesario impulsar un proyecto político que, en realidad, está tan identificado con ideologías, intenciones y proyecciones distintas a las que tiene el grupo gobernante federal?

Pues para entender la dimensión de un asunto como éste vale la pena repasar los antecedentes, la identidad política, y hasta los círculos sociales, familiares y empresariales de Gutiérrez Candiani, para entender que no necesariamente sería un incondicional del Presidente, y sí podría ser la mejor carta hasta para sus supuestos adversarios políticos.

Gutiérrez Candiani ha sido, históricamente, un personaje proveniente del mismo linaje que llegó al poder con Diódoro Carrasco en Oaxaca, y que hoy tiene nuevamente el gobierno en las manos. Permanentemente, Gutiérrez ha tenido vínculos sociales y empresariales estrechos con el grupo gobernante local. Y buena parte de ese grupo, es el que está hoy amalgamado con las intenciones del Gobernador de Puebla de generar un bloque regional a favor del PAN, a partir de la operación política de Carrasco Altamirano como su Secretario General de Gobierno.

En ese sentido, si algo han dejado claro los integrantes de ese grupo es que sostienen su identidad por encima de todo. Por esa razón, el grupo gobernante oaxaqueño nunca ha desconocido a Carrasco Altamirano como uno de sus líderes morales, ni ha descobijado a quienes integran ese bloque desde los tiempos del diodorismo. De hecho, es tan fuerte la ascendencia que por esa razón quien era el Candidato a Gobernador de Carrasco es el mismo que hoy lo es del gobernador Gabino Cué.

CAER PARADOS

Al final, ese grupo está intentando “caer parado” al margen del resultado de la elección: triunfando la coalición, tendrían un Gobernador de su grupo; pero triunfando el PRI (es decir, supuestamente perdiendo ellos), con Gutiérrez a la cabeza, también saldrían ganando porque éste es también un integrante de su grupo. Y más allá del tema local de Oaxaca (es decir, de la lucha permanente de los últimos treinta años, entre los distintos cacicazgos, por el reparto cíclico del poder político), lo que generaría esto es el dilema de que, en el fondo, en el esquema nacional el PRI se pusiera involuntariamente al servicio del PAN para negociar quién sabe qué con los grupos políticos locales.

Un asunto como éste es de la mayor trascendencia, hoy que las coaliciones formales entre partidos enfrentan tantos cuestionamientos por la marginación de las ideologías, cuando de lo que se trata es de ganar una elección, y de repartir un gobierno en parcelas aunque esto haga inoperante cualquier administración, y nunca se planteen los fines a favor de la ciudadanía que se persiguen.

En ese sentido, existe hoy toda una discusión nacional, que ha generado una crisis al interior del PAN y el PRD, por la conformación de alianzas electorales. En esos partidos hay una verdadera crisis de confianza por la alta posibilidad de que unos funjan como esquiroles o comparsa de los otros, y por el provecho que intentan sacar gracias a uniones pragmáticas e inopinadas.

Y si todo eso está pasando, lo que no parece tener una explicación lógica es que, deliberada o involuntariamente, el PRI le abriera la puerta a la conformación de una alianza fáctica con el PAN, que ya no sólo involucraría al estado de Oaxaca sino, entonces sí, la conformación de un “eje” político entre Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (que va a dejar de ser priista gracias al tiradero que dejará el gobernador Javier Duarte), pero trabajando a favor de los intereses del injerencista Gobernador de Puebla en sus aspiraciones presidenciales, y esencialmente para revivir electoralmente al Partido Acción Nacional.

POCOS DÍAS

La intención que tiene el PRI es que haya un candidato de unidad. Es decir, que dentro de unos días sólo se registre un aspirante al Proceso Interno y, al no haber contienda, sea quien se ubique como candidato. A más tardar falta una semana. Pero parece que al priismo aún le hace falta mucho por resolver…

Conago, a favor del Mando Único: ¿el federalismo se doblega?

conago

 

+ Modelo federal debe conciliar la seguridad con ayuntamientos


En su calidad de poder fáctico, la Conferencia Nacional de Gobernadores avaló la propuesta presidencial de integrar un Mando Único Policial para las 32 entidades federativas del país, y solicitó a las cámaras federales hacer lo necesario para implementar legalmente esa figura sin romper con la figura y atribuciones constitucionales del Ayuntamiento. Esa es una tarea compleja, máxime cuando por definición el Mando Único es incompatible con la figura del Ayuntamiento, y aún con la del federalismo en México. ¿Qué deberán hacer las cámaras federales para lograr ese equilibrio?

En efecto, de acuerdo con lo publicado en los últimos días en los medios informativos de la capital del país, los integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) votaron ayer por unanimidad para que se eleve a rango constitucional el modelo de Policía Estatal Única en las 32 entidades federativas, entre ellas Oaxaca. El presidente de la Conago y gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó que tras reunirse con los mandatarios estatales de todo el país y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, votaron por llevar al Senado de la República la propuesta en los próximos días.

Exhortó a los mandatarios a apoyar la reforma constitucional, porque la iniciativa contempla situaciones reales que atañen al país. Ávila dijo que esta medida no afectará la autonomía de los municipios, pero sí permitirá un mayor control de las corporaciones, lo que representa más cercanía y eficacia en materia de seguridad. En su oportunidad, Osorio Chong resaltó que esta iniciativa está planteada para fortalecer a las instituciones de seguridad del país. El funcionario federal reconoció el consenso al que llegaron los gobernadores y señaló que esta es “la vía para dar resultados en seguridad, a través  del trabajo coordinado y corresponsable”.

Frente a todo esto, vale la pena preguntarse ya no sólo el qué sino el cómo. Pues parece que entre los propios Gobernadores ya hay un consenso al respecto, pero existen muy pocas definiciones relacionadas con cómo pretender llevar a cabo esta misión. Pues según la iniciativa presidencial, el objetivo del gobierno federal consiste básicamente en diluir a las más de dos mil 300 policías municipales para integrar únicamente 32 corporaciones estatales que suplan a las corporaciones municipales en la tarea de brindar seguridad a todos los ciudadanos de un estado.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia de la Conago, César Duarte Jáquez, dijo que según la iniciativa de la Conago se plantea una reforma constitucional para consolidar un solo cuerpo policial, respetando las particularidades de cada entidad. “Hay que diferenciar el tema del mando único con el de las policías estatales. Lo que se está planteando es una reforma constitucional, para consolidar un sólo cuerpo policiaco estatal respetando particularidades de los municipios en los cuales, policías administrativas se hagan cargo del bando de policía y buen gobierno”, reiteró.

La Conago aclaró que esta iniciativa “no está relacionada con el Mando Único” ya que el modelo de Policía Estatal Única plantea consolidar un solo cuerpo policiaco estatal, “respetando las particularidades de los municipios en los cuales las policías administrativas se hagan cargo del mando de policía y buen gobierno”.

Evidentemente, parece que lo que los legisladores y el gobierno federal pretenden, en conjunto, es generar un nuevo Frankenstein que aparente atender un problema que en el fondo todo indica que seguirá al garete. ¿Por qué? Porque hoy en día es evidente que la seguridad pública enfrenta retos que necesitan determinaciones que no son las que están tomando los gobernadores en conjunto con el gobierno federal para atender de fondo el problema que presenta el país.

MANDO QUE DILUYE

En realidad, toda propuesta que está destinada a implementar un modelo de mando único tiene como telón de fondo la disolución de las corporaciones municipales y por ende un final cuestionable al federalismo, a través de la disolución, de facto o de iure, del municipio como figura política en la Constitución General de la República. ¿Por qué?

Porque pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

CENTRALIZACIÓN

Lamentablemente, el acuerdo de la Conago no abona a esa idea y más bien parece justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás. Todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

Regular pre-precampañas demuestra pequeñez de los candidatos

PromociónPoli

+ Aspirantes no demuestran su capacidad de respeto y autocontrol


 

Aunque la autoridad electoral se lamente porque la ley no alcanza a regular lo que ahora se conoce como “pre-precampañas”, debiera ser un imperativo de los propios aspirantes a cargos de elección popular saber comportarse. El problema es que, libremente, casi todos los que aspiran a algún tipo de cargo público en la entidad han utilizado este tiempo como una especie de “zona libre”, al margen de lo que estipulan las normas, para hacer todo tipo de proselitismo en aras del proceso electoral que se avecina. Aunque ésta parece una conducta natural en nuestro sistema político, en realidad lo que demuestra es la pequeñez de los aspirantes a cargos públicos y el comportamiento irresponsable propio de un menor de edad.

En efecto, en las últimas semanas el IEEPCO ha tratado de regular las desbocadas campañas anticipadas que están realizando diversos aspirantes a cargos públicos. Ha intentado hacerlo con poco éxito, primero por la compleja situación que prevalece en cuanto a las normas electorales. Como no hay una regulación específica —luego de que el pasado 5 de octubre una decisión de la Corte dejara a Oaxaca sin marco jurídico-electoral gracias a las pifias de la LXII Legislatura— entonces la autoridad electoral no ha parado de trastabillar en la justificación y fundamentación de las resoluciones con las que intenta poner orden entre partidos y candidatos en la entidad.

El resultado evidente, es que el IEEPCO ha fallado estruendosamente en esa misión. Intentó, por ejemplo, meter en cintura la propaganda electoral que, hasta ahora, el aspirante a la candidatura a Gobernador por el PRD, José Antonio Estefan Garfias, ha disfrazado de portadas de revistas y de entrevistas de color; pero a pesar de las regulaciones y las sanciones que le impuso, no ha habido poder humano que logre retirar de las calles la propaganda de él y otros candidatos.

En esto la falla es doble debido a que toda sanción tiene por objeto aplicar un correctivo para quien viola una disposición, pero también tiene como propósito que los demás —que posiblemente estén incurriendo en una conducta u omisión similar— vean el escarmiento aplicado, y se abstengan de continuar haciéndolo. Nada de eso ha ocurrido, porque en todas las fuerzas políticas, sus candidatos, dirigentes y “cuadros” no han tenido el menor empacho en continuar con sus actividades de “pre-precampaña” sabiendo que, legalmente, la autoridad está impedida para sancionar diversas conductas, y evidentemente aprovechando también los huecos legales para hacer libremente todo tipo de proselitismo electoral.

Es por ello que, de distintas formas, los aspirantes a algún cargo público disfrazan también actos proselitistas aún ostentando cargos en la administración pública, o se inventan fundaciones o asociaciones civiles con evidentes fines electorales —y que además no aclaran el origen de los recursos que utilizan para sus actividades—, o simplemente realizan actos proselitistas en los que gastan en movilización, en comida, en dádivas y en organización, sin que todo eso se encuentre sujeto a ningún tipo de regulación o posibilidad de que la autoridad electoral revise lo ejercido.

Es evidente que, frente a eso, la salida fácil pudiera consistir en exigir que se estableciera algún tipo de legislación al respecto. No obstante, en el fondo más bien parece que lo que es necesario —y que no se ve por ningún lado— es la capacidad de auto regulación de los propios partidos y candidatos, para abstenerse de hacer no sólo lo que la ley les prohíbe, sino también para no incurrir en conductas que demuestren su profunda voluntad por romper el orden o la equidad que se supone que debe regir en este tipo de procesos democráticos.

NO HAY AUTOCONTROL

La explicación de por qué hay “pre-precampañas” es simple: como en cada reforma electoral la ley ha venido acotando los márgenes de tiempo y recursos económicos que se utilizaban en los tiempos de campaña, hoy los partidos y sus aspirantes siguen tratando de retrasar los tiempos con tal de tener espacios “libres” para hacer un proselitismo sin estar bajo el escrutinio de la autoridad electoral.

De hecho, si recordamos hasta hace relativamente pocos años la llamada “precampaña” no estaba regulada, y ese era el periodo que tenían los aspirantes a cargos públicos para hacer proselitismo desenfrenado, pues la ley no preveía ese periodo y por ello era tomado como un espacio franco para “posicionarse” electoralmente hablando y llegar a los tiempos formales de campaña ya avanzados en el trabajo político, y con buenos resultados en las encuestas de opinión ciudadana.

Una vez que fueron reguladas las precampañas comenzaron a buscar nuevas alternativas. El resultado de eso es la ahora llamada “pre-precampaña” que no fue sino el retraso de los tiempos para hacer las mismas actividades que antes hacían en la precampaña. En el fondo, todo esto revela algo que todos aceptan pero nadie se niega a ver en su magnitud: que por privilegiar la lucha por el poder nadie reconoce que quebranta no sólo las normas sino cualquier sentido mínimo de equidad y formalidad, en una contienda que debía tener como base el respeto a las normas.

Al incurrir en esas prácticas los partidos y sus candidatos hacen lo necesario para ganar espacio y posiciones frente a los electores, pero lo hacen a costa de presentarse ante la ciudadanía como los primeros promotores del quebranto a las normas.

En eso han incurrido casi todos los aspirantes a cargos públicos, a través de todo tipo de argucias que buscan esquivar las normas para hacer proselitismo en tiempos en los que se supone que no debía realizarse. Parece que en el fondo a nadie le preocupa que esas actitudes los ubiquen como personas incapaces de regirse a sí mismas según lo que dictan las normas, y también como oportunistas que están dispuestos a todo con tal de sacar un provecho por demás efímero.

MODERACIÓN

En esta contienda, llama la atención que el único que ha mantenido una actitud de moderación y apego a lo que debería ser el tiempo de “pre-precampaña” es Alfonso Gómez Sandoval Hernández. Éste, a diferencia de prácticamente todos, ha hecho proselitismo al margen de frivolidades y espejismos. Ello debiera ser más común en una sociedad que exige congruencia, pero que a su vez menosprecia a quien se sale de la práctica proselitista común (e indebida) de casi todos los candidatos.

Robles ya tenía cantado su destino sin la candidatura del perredismo

BRobles

+ Podrá integrar padrón como independiente, pero… ¿y lo que le falta?


 

Las recientes declaraciones del senador Benjamín Robles Montoya alimentan la percepción de que no será candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Oaxaca. Esto se confirma por la compleja dinámica en que entró el PRD en los últimos días, en el que, en la capa superior, parece que lo que se está repensando es la política de alianzas del dirigente nacional, Agustín Basave, aunque en el fondo la disputa es por la designación de candidatos. Las réplicas de la crisis perredista por Tlaxcala —que no son nuevas, y que de hecho estaban anunciadas al menos desde hace un mes— se sienten fuerte en Oaxaca. Y Robles es el primero que acusa recibo de ellas.

En efecto, vale la pena ver las dos caras de una misma moneda. Por un lado, en Oaxaca Robles acusó al Mandatario estatal de ser el principal responsable de que no pueda ser candidato a la gubernatura por el PRD para las elecciones del próximo 05 de junio. Dijo que desde el gobierno pretenden influir en la decisión de su instituto político para dejarlo fuera de la jugada, situación que —dice— confirmó tras una reunión con dirigentes nacionales, quienes le notificaron que es Gabino Cué quien no lo quiere como candidato.

En el otro extremo, el nacional, se encuentra la apretada situación del dirigente Agustín Basave, que en los últimos días ha visto desdibujarse su estrategia de alianzas electorales con el Partido Acción Nacional. Básicamente, como lo apuntamos en este espacio el pasado 7 de enero, la presión que inusitadamente ejerció Acción Nacional sobre el PRD para cambiar a la candidata a la gubernatura de aquella entidad, reabrió un debate que parecía ya cerrado hasta entonces.

Ese debate tenía que ver, primero, con el acuerdo de que las entidades federativas en las que irían juntos PAN y PRD se “repartirían” para la designación de los abanderados. Pero más allá de eso, la discusión en el fondo radicó siempre en ver quién ostentaba mayor poder. Por eso, cuando el PAN presionó por la candidatura, el Consejo Nacional del PRD hizo sus cálculos y decidió replantear lo que inicialmente había emprendido Basave, que por eso hasta presentó su renuncia al cargo de dirigente.

Todo eso ha tenido impacto en Oaxaca. Pues el escenario perfecto para el senador Robles consistía en que el PRD dejara operar libremente a Agustín Basave, quien al inicio prometió que su dirigencia no estaría sometida a chantajes ni a caprichos, sino que todo se decidiría con base en la competitividad electoral de los candidatos, y con los intereses del partido. Esa era la lógica que beneficiaba a Robles, quien no tiene de su lado la simpatía política del gobierno y del Jefe Político local, pero tiene buenos números en las encuestas y, en términos cuantitativos, representa al activo electoral más importante del perredismo en la entidad.

¿Con qué se tropezó Robles? Parece que cayó, de forma anunciada, con la piedra que representan los verdaderos dueños del PRD, quienes tienen fuertes compromisos —ellos sí, aunque Basave no— con los gobernadores, con los dirigentes fácticos y con los jefes de las tribus. En el fondo, ellos son quienes han presionado a Basave al punto de ponerlo en la ruta de la renuncia. Y el tema real no es la política de las alianzas sino su determinación por no contravenir los acuerdos y las conveniencias con los gobernadores, independientemente de las promesas o los planes de la dirigencia nacional.

APRETAR LA DECISIÓN… EN VANO

Benjamín Robles está denunciando la cargada en su contra, con un agregado: dice que como en el PRD no hay garantías de que habrá una candidatura de unidad (la suya) entonces no se inscribirá al proceso interno. La razón es que eso lo inhabilitaría para después intentar la ruta de una candidatura independiente. ¿Por qué tanta urgencia por meterle presión a la decisión en el perredismo?

La respuesta aquí la adelantábamos hace más de un mes. En aquel momento (Al Margen 02.12.2015) apuntamos que, a la par de la definición del PRI sobre su candidato a Gobernador, en los primeros días de este año Robles Montoya trataría de presionar para apurar la definición de la candidatura a Gobernador, a través de la exigencia de que el PRD cumpliera su palabra de preferir la competitividad de sus cuadros, sobre el fiel de la balanza de los gobernadores en esas definiciones.

Quién sabe si lo logre —apuntamos—, porque la pulverización del perredismo nacional, y su incapacidad de generar posturas serias y consistentes, dificultan la posibilidad de contar con una previsión específica de lo que puedan finalmente decidir, en un panorama nacional tan descompuesto como en el que ahora se encuentran. Mientras, sus competidores internos (el diputado federal José Antonio Estefan Garfias, en específico) tratarán de capitalizar las indefiniciones del perredismo, y no desperdiciarán ninguna posibilidad de seguir generando la percepción de que la balanza podría definirse a su favor.

Eso es exactamente lo que ha pasado: la indefinición jugó siempre en contra de Robles, porque Agustín Basave nunca fue capaz de sobreponerse a los intereses del Consejo Nacional y de las tribus perredistas, que son el poder fáctico más importante dentro de ese partido. Por esa razón, parece que ya ningún escenario le es del todo benéfico: Basave parece no estar logrando su objetivo de presionar a la cúpula perredista para que acepte incondicionalmente sus exigencias. Ante esa derrota, si Basave finalmente se va, el PRD tendrá que buscar a un nuevo gerente (sólo le faltaría formalizarlo en el cargo); pero si se queda, lo haría asumiendo las exigencias de las tribus, que en el fondo no parecen ser sino la institucionalización, y la formalización, de los acuerdos, los caprichos, y los intereses de los gobernadores para la definición de las candidaturas, rumbo al proceso electoral de 2016.

INDEPENDIENTE, ¿CÓMO?

Sobre la intención de Robles de ser candidato independiente, la pregunta para él no sería si puede o no conseguir las firmas de apoyo ciudadano, sino cómo lo haría. La respuesta apuntaría irremediablemente al uso de la estructura electoral que ha venido armando a través de las organizaciones sociales que lo respaldan. ¿Eso significaría que también tiene la capacidad de generar un resultado electoral positivo? Porque para eso se necesita dinero, no popularidad. En eso radica la “confianza” de quienes le hicieron el fuchi a Robles, para impulsar a otro candidato. ¿Entonces?

Periodismo, ante el dilema ético de la entrevista a un capo

RS-Chapo

+ La aventura de Sean Penn, ejemplo nocivo para la prensa


 

Entre las muchas cosas que se dicen alrededor de la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, está el lugar común para descalificar al Estado mexicano, asegurando que “dos actores” hicieron mejor trabajo de inteligencia que la DEA y las fuerzas armadas mexicanas, al encontrar primero al Chapo que los más de nueve mil elementos dedicados exclusivamente a su búsqueda. Esa afirmación es tan inexacta como el pretendido “hit periodístico” que pretendió Sean Penn y que en realidad sólo se reduce a una aventura peliculesca, y nada más.

En efecto, desde el momento de la detención de Guzmán Loera, el gobierno mexicano dejó ver que entre los datos que poseían, se encontraba el relacionado con que el Capo criminal tenía la intención de financiar una película autobiográfica, y que para ello el Chapo se había entrevistado con actores y directores cinematográficos. Hasta hoy, la PGR ha dejado ver que esas entrevistas contribuyeron a la localización del narcotraficante, aunque ha sido evasiva en puntualizar qué tanto influyeron esos encuentros para su ubicación final y reaprehensión, el fin de semana pasado.

Dos días después de la detención, en los Estados Unidos la revista Rolling Stone publicó un adelanto de la entrevista que el actor estadounidense Sean Penn le realizó al Chapo en algún lugar de la sierra de Sinaloa. Publicó también un video de dos minutos y medio en el que de viva voz el capo criminal hace diversas afirmaciones, y puntualiza que dicho video pertenece a la actriz mexicana Kate del Castillo. Eso desató una serie de señalamientos en México relacionados no tanto con el posible valor periodístico que pudiera tener el encuentro y la entrevista que los dos actores le realizaron al capo, sino más con la forma en que ocurrió el encuentro.

En ese sentido, el señalamiento fácil llevó a muchos a preguntarse cómo habría sido más fácil que dos actores encontraran al hombre más buscado del mundo, que las fuerzas armadas y de inteligencia de un país, y la colaboración de su poderoso vecino del norte. La respuesta, sin embargo, es simple: bajo cualquier lógica, es mucho más fácil que alguien desde la clandestinidad establezca contacto con cierta persona que lleva una vida relativamente normal, a que ésta pueda encontrar el modo de hallar a alguien que vive oculto, y que además está escapando de la justicia en al menos dos países.

Ello, en sí mismo, disipa cualquier cuestionamiento (al menos los que no caen en la necedad) y más bien pone en claro dos cuestiones: primera, que Guzmán Loera tenía mucho interés en continuar alimentando lo único que le quedaba por terminar de construir: él como un mito.

Y, segundo, que para eso maniobró en todo lo relacionado con la “entrevista” que le dio a los actores: ésta se publicó dos días después de la detención del capo, y fue un escándalo por el ruido que mediáticamente generó el hecho de que esos personajes hubieran decidido correr el riesgo de entrevistarse con alguien como El Chapo Guzmán; pero si la entrevista se hubiera publicado estando aún prófugo Joaquín Guzmán, de todos modos habría sido un escándalo por la burla que esto hubiera significado por el encuentro con los dos actores “desde la clandestinidad” y —según habrían dicho los críticos al gobierno— “en las narices” del Estado mexicano. En cualquiera de los dos casos, la atención puesta sobre el escándalo fue la última pincelada en el mito que hasta ahora es el Chapo Guzmán.

No obstante, junto a todo esto queda una pregunta más por responder, y que ya entra en el campo de lo deontológico: ¿Qué valor tiene el relato del encuentro entre los actores y el Capo; y qué valor periodístico puede tener el resultado de un encuentro dominado naturalmente por las condiciones impuestas por el entrevistado?

PERIODISMO Y NARCO

En México ese dilema no es nuevo. Por esa razón, hubo sectores de la prensa —aquí y en Estados Unidos— que se sintieron ofendidos porque el mayor Capo Criminal de los últimos tiempos en el mundo, le dio la única entrevista de su vida a un actor, y no a un periodista.

Hubo otros que consideraron que el solo hecho de que el relato de Sean Penn hubiera sido publicado en una revista como Rolling Stone, era ya referencia de valor periodístico, quizá a partir de la única idea de que una publicación de esa categoría no se atrevería a publicar algo sin rigor ético o periodístico. No obstante, lo que queda en el fondo es la idea de que la discusión sobre el posible valor de un encuentro como ese no se encuentra ni en la peligrosidad de la aventura, ni en la sola anécdota, y mucho menos en la “fama” o importancia de los actores que lograron la “entrevista”.

Además, un asunto como éste pasa necesariamente por el tamiz de los periodistas que al menos en México han muerto por temas relacionados con la revelación de temas relacionados con las bandas criminales y/o por su relación con barones de la droga o de la delincuencia organizada. Por eso, lo que vale la pena distinguir en todo es si Penn y Del Castillo lograron algo con valor periodístico o si sólo es ruido por la combinación de la detención de Guzmán y la revelación de su encuentro.

Pues al parecer, en lo sustantivo, el Chapo no reveló nada que no fuera ya del dominio público: su origen humilde, su ascenso en el mundo de la droga, su fortuna económica, su capacidad operativa y su aparente postura de sólo defenderse pero de no ser alguien que busque problemas. Además, los propios autores de la entrevista aceptaron que todo lo dicho en las grabaciones fue revisad y autorizado por el Chapo, y que al encuentro personal no les permitieron grabar voz, imagen o llevar algún tipo de anotación de la charla o de la entrevista, si es que verdaderamente pudo haber un intercambio formal de preguntas-respuestas.

 

NINGUNA REVELACIÓN

Al final, la anécdota convertida en una relatoría o crónica, puede ser atractiva en el campo del entretenimiento o del morbo, pero seguir careciendo de cualquier valor periodístico. Además de que, al menos en todo lo publicado hasta ahora, no hay una sola referencia de lo que en realidad los mexicanos quisiéramos saber, y que sí le habría dado contenido sustantivo a la perspicacia de Sean Penn: quién, exactamente, protegió al Chapo todos estos años; quién y cómo le facilitaron su primera fuga de Puente Grande; qué políticos, policías, militares, etcétera, estaban en su nómina; o cómo logró erigirse en el mayor capo criminal de la historia del país sin ser, por mucho tiempo, molestado por autoridad alguna.

Reaprehensión del Chapo, una urgencia del Estado mexicano

 

Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers in Mexico City

+ EU presiona a gobierno mexicano con ejemplo de Guatemala


 

La reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa, debe verse no sólo desde la perspectiva de un hecho policiaco relevante, sino también desde la lógica de las fricciones entre México y Estados Unidos. La polémica semana pasada arrancó con un duro editorial publicado en el periódico The New York Times, en el que cuestionaba la opacidad y la resistencia del gobierno mexicano a la rendición de cuentas. La intención de Estados Unidos, quedó claro, era presionar al gobierno mexicano para el cumplimiento de ciertas exigencias relacionadas justamente con la rendición de cuentas, pero a un nivel similar al de Guatemala.

En efecto, hace exactamente una semana The New York Times dedicó su editorial a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

GUATEMALA Y EL CHAPO

Entendamos algunos antecedentes de esa Comisión Investigadora en Guatemala, porque ese es el punto de referencia de lo que la semana pasada exigió el Times al gobierno mexicano. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En el Acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco se estableció que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos comenzó formalmente al gobierno mexicano para que instaurara una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció el viernes, con la reaprehensión del capo criminal, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión.

Al final, en el contexto interno del gobierno mexicano, la integración de una comisión investigadora sería una fuerte derrota para las instituciones nacionales, que tendrían que aceptar implícitamente su incapacidad para actuar con independencia; en el plano internacional constituiría la demostración de que el Estado mexicano enfrenta un problema de corrupción tan profundo que debe venir a enfrentarlo la comunidad internacional.

CORRUPCIÓN, POR DOQUIER

Con esto, quizá, el gobierno del presidente Peña Nieto haya detenido momentáneamente esa exigencia. Pero a nadie se le debería olvidar que no habría habido reaprehensión si antes no hubiera habido fuga; y que ésta no habría ocurrido si la corrupción y la incapacidad no estuvieran tan profundamente arraigadas en las instituciones del Estado mexicano.

CCCO, en Santa Lucía. Un acierto a destiempo

Benito Juárez

+ Que el cambio dé respuesta a obras pendientes


 

Es acertada la decisión de construir el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el espacio que hoy ocupa el estado de futbol “Benito Juárez”. Lo es, porque de ese modo el gobierno estatal cumplirá con su propósito de al menos encaminar la construcción de ese complejo, lejos de los cuestionamientos que generó el intento de construirlo en el cerro del Fortín y sin la duda del conflicto de interés con funcionarios estatales. Algo, que debiera ser igualmente importante, es que esa decisión despeje las incógnitas sobre la construcción de otras obras que siguen pendientes y que nadie sabe para cuándo se concluyan.

En efecto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), tiene amplias probabilidades de que se construya en el lugar donde se ubica el estadio de futbol “Benito Juárez”, una vez que este sea derribado al concluirse el nuevo espacio a un costado del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). El Mandatario indicó que este sitio es adecuado pues no está muy lejos del Centro de la capital, además, el terreno es propiedad del gobierno, por lo cual se analizan detalles mínimos para iniciar su construcción.

Dicho anuncio pudo haber ocurrido hace por lo menos un año y hoy el CCCO estaría verdaderamente encaminado como una obra de la actual administración. Sólo que el empecinamiento oficial, y la idea de que eso entrañaba un claro conflicto de interés, dilataron en gran parte la posibilidad de que hubiera, desde el inicio, un espacio consensado y aceptado por la ciudadanía no sólo para la construcción de una obra de beneficio, sino también como una forma de rescate de un espacio abandonado, y la inutilización de una edificación peligrosa, como lo es la zona de Ciudad de las Canteras, y el estadio de futbol Benito Juárez, que aunque es utilizado permanentemente, en Oaxaca son ampliamente conocidos los riesgos que implica para sus usuarios por las fallas estructurales que presenta la construcción.

En esa lógica, lo primero que salta a la vista es la utilidad que traerá para toda la zona de Ciudad de las Canteras e Ixcotel, la decisión de construir en esa zona el CCCO. Actualmente, ese es un espacio que no sólo se encuentra en el completo abandono y en la inutilidad, sino que además toda esa zona se encuentra completamente abandonada por el propio gobierno que no ha manifestado ningún interés en atender dicho espacio, que en algún tiempo fue el más popular de la capital oaxaqueña.

Hace algunos lustros, Ciudad de las Canteras fue construido como un parque de grandes extensiones, que ofrecía diversas formas de esparcimiento en un área visualmente atractiva, y que también tenía la versatilidad para fungir como un foro abierto para las expresiones culturales de la ciudadanía. Eso duró pocos años, pues con el abandono oficial se convirtió en una zona de cierto riesgo para sus visitantes, y luego algunas zonas fueron invadidas por el ambulantaje, el pandillerismo y hasta la prostitución. Ciudad de las Canteras llegó al punto de “albergar” cadáveres que en varios momentos fueron arrojados impunemente a las lagunas que ahí existen.

El primer paso para el rescate de la zona fue la construcción de la Ciudad de los Archivos, que ocupa una parte de Ciudad de las Canteras, pero que será un espacio cerrado y delimitado. Y lo que parecía es que la construcción de esa Ciudad de los Archivos no sería suficiente para un rescate integral de la zona, cuestión que sí ocurrirá si finalmente se decide que el CCCO sea construido ahí.

Ello, por si fuera poco, traería también aparejada la necesidad de rescatar toda la zona de Ixcotel para hacerla funcional y permitir que ese complejo pueda contar con los accesos, la movilidad, los servicios y las zonas de recreación necesarias para un funcionamiento correcto, y también para hacerla más atractiva para quienes deseen utilizarla como espacio para sus encuentros de trabajo o los diversos usos que puede tener un centro de convenciones.

 

OTRAS RESPUESTAS

Dice además el Gobernador que el CCCO comenzaría su construcción a partir de la demolición del estadio de futbol Benito Juárez. Esto hará necesaria la culminación del nuevo estadio en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que ha sido un sueño largamente acariciado por la afición oaxaqueña, y una necesidad para los empresarios que han invertido durante varios años en la manutención de un equipo de segunda división (Primera “A”, dice el característico eufemismo mexicano, aunque es en realidad una segunda división), y a quienes les fue prometido un nuevo estadio como forma de traer al equipo Alebrijes a Oaxaca.

¿Cuándo se culminará el estadio? Es una pregunta que viene junto con otras: ¿Cuándo será también terminado el llamado Polideportivo que lleva varios años en construcción en los terrenos aledaños al estadio Venustiano Carranza, allá por los rumbos de la colonia América de la capital oaxaqueña? ¿Cuándo podrán finalmente ver la luz esas obras que son previas a la idea de construcción del CCCO y que hasta ahora siguen siendo promesas pendientes de cumplir? Estas son cuestiones que seriamente deben ser vistas por quienes han contribuido a que esas obras dilaten más tiempo del proyectado originalmente para su construcción, y que son finalmente la única referencia que se puede tener de una obra de tal envergadura como la construcción de un Centro de Convenciones.

Al final, sólo trae saldos positivos la decisión de construir el CCCO en la zona de Santa Lucía del Camino. Al menos de esa manera el gobierno estatal se verá obligado a revisar la cuestionada gestión del edil Galdino Huerta Escudero, y a suplirlo en el cumplimiento de demandas tan básicas de los ciudadanos de ese municipio, como la seguridad pública y las vialidades, y otras que son igual de importantes como el freno a los giros negros o a las innumerables vejaciones de que, sus elementos policiacos o de vialidad, hacen objeto a ciudadanos que caen en sus redes por la comisión de alguna infracción de menor, que ellos cobran en cantidades exorbitantes.

 

CÓMPLICES

Por cierto, ahora que el Congreso está aprobando las leyes de ingresos de los municipios, ¿habrá revisado la de Santa Lucía del Camino, que establece multas increíblemente altas casi para todos los servicios e infracciones? En el fondo, lo que se asoma son las complicidades.