+ Oaxaca 2006 vs caso Ayotzinapa: ¿Se justificaba una CV?

La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregó su informe final sobre las posibles violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial y popular de 2006, y su secuela del año siguiente, y lo más relevante de dicho documento es la incapacidad de la Comisión para verdaderamente esclarecer ese conjunto de hechos, y ofrecer a la ciudadanía —nacional e internacional— una versión fidedigna y final de ese periodo. Esta es una derrota, que se puede distinguir fácilmente si la contrastamos con otros hechos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y la posibilidad de que para indagar esos hechos, también se pudiera crear una Comisión de la Verdad.

En efecto, la Comisión de la Verdad de Oaxaca fue creada por presiones, y no por una verdadera voluntad de la ciudadanía por conocer la verdadera dimensión del conjunto de hechos y posibles violaciones a derechos humanos, que ocurrieron durante el conflicto magisterial de 2006, y el año siguiente. Más bien, fueron algunos grupos emanados de la APPO, que luego se integraron al poder estatal a través del triunfo de Gabino Cué y de la coalición PAN-PRD-PT en 2010, los que ejercieron una fuerte presión para que se conformara dicha Comisión que, según sus propias normas, tenía como objeto esclarecer ese episodio de nuestra historia doméstica reciente.

Desde el inicio, hubo cuestionamientos de fondo respecto no sólo a la posible parcialidad, y a la evidente motivación político electoral de la existencia de dicha Comisión, sino sobre todo porque el hecho de que se creara una Comisión de la Verdad implicaba que el propio Estado oaxaqueño —los Tres Poderes del Estado— reconociera la incapacidad de sus instituciones para lograr el esclarecimiento de ese conjunto de hechos, y particularmente de la comisión de delitos derivados de las violaciones graves a derechos humanos tanto de personas que habían tenido alguna participación en el conflicto, como de quienes fueron simples víctimas de las circunstancias.

Dicho cuestionamiento implicaba también una especie de claudicación tácita del Estado oaxaqueño a la posibilidad de verdaderamente integrar una investigación profunda y a conciencia de esos hechos, no sólo para deslindar responsabilidades o castigar a responsables sino, sobre todo, para conocer la verdadera dimensión y, como se dice llanamente, la auténtica realidad de esos hechos. Aún así, el gobierno estatal permitió la conformación de la Comisión y le dio el paso libre a la conformación de sus trabajos.

CVO, EN EL ESPEJO

Y tal como se previó, hoy queda claro que la CVO no tuvo la capacidad de llevar a cabo un verdadero proceso clarificador de hechos y circunstancias, así como de las posibles violaciones a derechos humanos, que era parte esencial del espíritu con el que se conformó dicha Comisión. Si bien el Informe establece conclusiones interesantes, éstas en ningún sentido pueden ser tomadas con seriedad como la culminación de un proceso mayor de sistematización de hechos, como los que se supone que debe ofrecer el informe final de una verdadera Comisión de la Verdad.

Ese, no es sólo problema de la Comisión de la Verdad sino también de un problema de concepción estructural del propio Estado oaxaqueño, que nunca tuvo el tacto de legitimar la existencia de una investigación de ese tipo, ni siquiera fundándolo en sus propias fallas, como un paso necesario para legitimar la conformación de una Comisión de la Verdad.

Primero durante el gobierno de Ulises Ruiz, y luego durante la presente administración, nunca fueron patentes los esfuerzos de las instancias regulares de procuración y administración de justicia, por llevar a cabo ese proceso de investigación de hechos, y consignación de responsables, como para poder decir que ante la magnitud del universo de hechos a investigar, la capacidad operativa de esas instancias quedaba rebasada, y que por ende había que crear un organismo ex profeso dedicado a su investigación.

Incluso, para entender lo que decimos y darle una dimensión más o menos “didáctica”, deberíamos ver lo que está pasando con la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué ocurre? Que la PGR conduce una investigación a la que ellos mismos han calificado como la más amplia y extensa de la historia de la procuración de justicia en México, y aún así —pasando también por la participación de dos organismos internacionales— no han sido capaces ni de clarificar los hechos, ni de generar confianza y legitimidad entre la población respecto a sus investigaciones y las conclusiones a las que están llegando.

Por eso, de cara a esa investigación hay un destino casi natural a que todo termine, en algún tiempo —quizá después del mandato del presidente Enrique Peña Nieto— en la conformación de una Comisión de la Verdad, que se dedique a investigar, y a ofrecer legitimidad, a una indagatoria en la que, además de justicia, es un imperativo esencial para toda la comunidad nacional e internacional, conocer la verdad.

PARCIALES

Hay que decirlo sin ambages: el conflicto de 2006 no puede ser ajeno a los matices. No fue un acto puro de opresión del gobierno hacia los manifestantes. ¿Por qué entonces, el informe no se refieren a lo que la ciudadanía padeció por los actos cometidos tanto por el gobierno como por quienes intentaban imponer su razón a manotazos? No puede ser serio un informe que reduce a dos grupos, el trauma que ese episodio significó para toda la población oaxaqueña.

+ Territorio virtual sin ley, invita a reforzar las leyes mordaza  

La radio y la televisión, hoy son territorios vedados para la competencia electoral y aún más para las campañas negativas. Ante el refuerzo de las normas electorales de vigilancia sobre los contenidos editoriales en campaña, y la prohibición constitucional expresa de que se pueda hacer cualquier tipo de proselitismo privado en medios como la radio y la televisión —todo quedó en los llamados “tiempos oficiales”— el lado artero de las campañas electorales se trasladó a las redes sociales, con una ferocidad que no había sido vista ni en los mejores tiempos de la guerra sucia en los medios tradicionales. Eso, lejos de provocar alguna ganancia —tomando en cuenta el país surrealista en el que vivimos—, sólo servirá para invitar a que se establezcan nuevas legislaciones mordaza, aún más agresivas de las que existen actualmente.

En efecto, cualquiera que sea usuario de alguna red social —Twitter y Facebook, particularmente—, y haya establecido su registro de usuario en Oaxaca, podrá constatar que hoy esas redes sociales están plagadas de información negativa de todos los candidatos a la gubernatura. Pareciera que, de hecho, las campañas en positivo (las que se supone que son de propuesta y de abono a la democracia) se están llevando forzadamente en los medios tradicionales como la radio y la televisión. En esos espacios, la condicionante para ese aparente respeto y vocación por la propuesta, se encuentra en las fuertes regulaciones que han establecido las últimas reformas en materia político electoral. Pero en el territorio exento de la regulación, las cosas están mucho peor que antes.

Pues es claro que las campañas en radio y televisión, y ni se diga las que se están llevando a ras de piso, pasan por un espacio de cierta sorna y desinterés de las fuerzas políticas y sus abanderados. A estas alturas, todos parecen estar convencidos que esas son estrategias políticas de apariencia, en las que todo está determinado únicamente por lo que parece y por lo que se puede pagar.

Por eso, en las campañas tradicionales en las que la movilización de voto duro era tradicional y hasta obligada, hoy parecemos ver una disminución en los actos proselitistas que, de masivos, han pasado a ser más selectivos, pausados y recatados. Por un lado, este parece ser uno de los efectos de la disminución en los topes de gastos de campañas y de la fuerte regulación a la que tiene sometido la autoridad electoral a los partidos políticos. Pero en el otro extremo, este parece ser también un efecto de una decisión voluntariamente tomada por los partidos y candidatos de alejarse de las formas tradicionales de hacer campaña (mítines multitudinarios) para dejar que hagan su trabajo los medios masivos pero, sobre todo, las redes sociales.

Así, en el ámbito de los medios tradicionales, hoy la radio y la televisión se encuentran verdaderamente inundados por la propaganda que antes pagaban los partidos políticos a los medios de comunicación. La utilización de los llamados “tiempos oficiales” permitió que en cada campaña se transmitan, a todas horas, cientos de miles de spots fuertemente regulados por las autoridades electorales, en los que los candidatos tienen que utilizar un lenguaje riguroso y cuadrado para no incurrir en alguna de las muchas infracciones que existen en las normas electorales.

Todo esto se adhiere al hecho de que hoy la autoridad electoral vigila minuciosamente —excesivamente— a todos los medios respecto de su contenido, cuestión que incluso pudiera ser considerada un acto de censura. Junto todo eso, el resultado es claro: los partidos y sus candidatos dejaron las actividades masivas para penetrar a través de esos medios, en lo que les sean posible, aunque a costa de generar parsimonia en las campañas. La otra parte la dejaron a las redes sociales, que hoy son territorio sin ley y, por ende, un espacio feroz para hacer campañas.

GUERRA SUCIA

Hoy no es extraño encontrar en las redes sociales, videos o memes haciendo escarnio sobre los peores antecedentes —ciertos o inventados— de todos los candidatos. Como ahí no existen más límites que los puestos por las propias condiciones de servicio de las empresas que ofrecen el servicio de red social, entonces se puede hablar de todo. Y por eso, en esos microcosmos (masivos por naturaleza) se pueden encontrar de todo, hasta aspectos de la vida privada de los abanderados, o mentiras sobre sus actividades, relaciones sentimentales, preferencias sexuales, y demás.

¿Qué evidencia esto? Que además de que en los partidos no hay un ápice de prudencia, y que le apuestan todo a ganar de esa forma adeptos lastimando a sus adversarios en una guerra que pasa lo político, están generando la reforma de siguiente nivel que seguramente vendrá a las campañas electorales: la de establecer nuevos límites en redes sociales, valiéndose esencialmente de los límites a la libertad de expresión llevados a las campañas electorales. Al final de cuentas eso no le sirve a nadie, pero puede ocurrir como en su momento se creyó que nunca podrían quitarle a la radio y la televisión el negocio de las campañas electorales, y ocurrió.

SOCIEDAD INMADURA

En el fondo, la sangre política que no se ve en los debates, en las campañas a ras de suelo, y los medios tradicionales, sólo fue porque se trasladó a las redes sociales. Ahí está toda la melaza que hoy escondieron de los medios electrónicos. ¿Esa es civilización? No. Es, acaso, un conjunto simple de enorme simulación.

+ Gobierno y Expertos buscaban utilizarse; y la verdad, relegada

Aunque estruendosa, a nadie debería sorprender el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues así como ellos se fueron denunciando el grosero intento del gobierno federal por utilizarlos para legitimar sus investigaciones, a estas alturas también queda claro que su participación en la investigación siempre tuvo un ánimo opositor, y no colaborativo, con la investigación. En esa circunstancia, es claro que como ambos intentaron utilizarse, lo más sano era pactar el retiro en las condiciones que ocurrieron… Salvo por el hecho de que el destino de los normalistas —lo más importante de todo— sigue siendo una incógnita.

En efecto, el domingo el GIEI entregó su informe final, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por seguir desvirtuando los resultados —parciales— de la investigación realizada hasta ahora por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continúe la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.

Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo interesante —y grave— en este asunto, es que hay una contra cara muy evidente: meses después de ocurrida la detención-desaparición de los normalistas a manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, en Guerrero, el gobierno federal sabía que a priori su investigación estaba descalificada, y que por eso estaba en la necesidad de buscar el apoyo de expertos internacionales que legitimaran su investigación.

Fue por eso que invitó, tanto al GIEI como al grupo de expertos argentinos en anatomía forense —que han sido reconocidos por haber llevado a cabo las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura militar en los años setentas y ochentas, en aquel país. En la credibilidad y el trabajo de ambos grupos, el gobierno federal pretendía soportar sus propias investigaciones para lograr que la sociedad mexicana le diera crédito a los resultados de sus indagatorias.

Lo que nunca se dijeron abiertamente —porque ambas fueron siempre intenciones aviesas— era que ambos buscaban otros objetivos, políticos, diversos de los estrictamente pactados en el convenio de colaboración que signaron para su participación en las indagatorias.

PRESIONES INTERNACIONALES

No es extraño, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos haya presionado tanto al gobierno mexicano para la aceptación de una jurisdicción internacional para investigar y sancionar ciertas prácticas. En otros momentos apuntamos en este espacio que, por ejemplo, había una presión internacional fuerte sobre el gobierno de México para que aceptara la conformación de una comisión investigadora de la ONU, coadyuvante del Ministerio Público y con autonomía para el ejercicio de la acción penal —similar a la que funciona en Guatemala— para indagar asuntos de corrupción. El tamaño de esa presión, y de la resistencia del gobierno mexicano, puede verse en el hecho de que en Guatemala, esa comisión anticorrupción de la ONU, fue la que llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina.

Por esa misma razón, parece poco exacto creer que en realidad el malo de la película —para el gobierno federal— en este asunto es el secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. Quien quiso ver en él al supuesto artífice del empecinamiento del GIEI por oponerse a los resultados de la investigación del gobierno mexicano, en realidad le estaba dando una dimensión mucho mayor a lo que no deja de ser un chisme: que Álvarez Icaza es un conservador radical, que se fue de México enojado con el gobierno del presidente Peña Nieto, por haberle cerrado el camino en sus intenciones de ser presidente de la CNDH.

¿En dónde está el verdadero fondo? En el enojo del gobierno de Estados Unidos con el mexicano por su profunda incapacidad para combatir la corrupción y la impunidad. Esa molestia ya estaba antes de que ocurrieran las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, y por eso ha sido insistente en la necesidad de que ocurra una intervención internacional a ciertas áreas del gobierno —procuración de justicia, combate a la corrupción, abatimiento de la impunidad, violaciones a derechos humanos, por ejemplo— para abatir la inercia que hasta ahora persiste en esos temas.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

Por eso, si al final el gobierno pretendía utilizar al GIEI para sus intereses particulares —legitimar su investigación—, el GIEI venía buscando presionar al gobierno y no necesariamente coadyuvar con la investigación. Lo único que sigue pendiente —nada menos— es saber qué pasó con los normalistas.

+ TEE: su decisión marca pauta de respeto a lo que diga la ciudadanía

Este sábado, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que son legales las candidaturas de los tres principales contendientes a la gubernatura del estado. Esta decisión —salomónica para algunos, pero también necesaria para la democracia— establece un parámetro en el que ahora todos los abanderados de los partidos deben dedicarse a conquistar el voto de la ciudadanía. En el fondo, el mensaje es que los partidos y sus candidatos no deben seguir apostando a que ganar en los tribunales lo que no quieran —o puedan— conseguir de cara a la ciudadanía.

En efecto, el sábado el TEEO resolvió sendos recursos de apelación sobre el registro de los candidatos. En el caso del candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, el TEEO determinó que Alejandro Murat cumple con los requisitos de elegibilidad previstos la Constitución Política Federal y Local, así como con los requisitos previstos en el artículo 156, del CIPPEEO.

De acuerdo con información de Quadratin, en el caso del candidato por el PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, los magistrados del TEEO declararon infundados los agravios al estimar que Robles Montoya no participó de manera simultánea en los procesos de selección de candidatos del PRD y PT. Lo anterior, debido a que ambos partidos firmaron un convenio para ir en coalición en la elección de Gobernador del Estado y el PT sólo emitió una convocatoria sin que llevara a cabo actos materiales de un proceso de selección interna de candidatos, ya que la selección del candidato a Gobernador del Estado se le delegó al PRD.

Por su parte, en el caso del candidato de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca”, José Antonio Estefan Garfías, el TEEO declaró infundados los agravios respecto a que utilizó recursos públicos en la precampaña y rebasó el tope de gastos. Específicamente, en relación a los actos anticipados de precampaña, el TEEO estableció que éste ya había sido sancionado; y por lo que respecta a la utilización de recursos públicos dicha conducta no le fue acreditada a su persona, toda vez que en las constancias, se advierte que en los Procedimientos Especiales Sancionadores respectivos, se determinó que los infractores de la normativa electoral fueron los ediles de Soledad Etla, Pinotepa Nacional, y Trinidad de Zaachila.

Así, lo que técnicamente hizo el Tribunal Electoral fue una especie de restablecimiento de las condiciones de igualdad en la que deben terminar de desahogarse las campañas, sin la limitación del cuestionamiento sobre la legitimidad de las respectivas candidaturas. Pues se supone que toda campaña —ésta no es la excepción— arranca con el impulso de las decisiones que toman los partidos al postular a sus candidatos, pero se resuelven con la decisión de la ciudadanía al elegir a uno de ellos para que ocupen las responsabilidades del Estado. En Oaxaca había un intento por tirar a los candidatos señalando vicios de origen, aunque evidentemente eso no era ni útil ni conveniente para la tímida democracia de nuestra entidad.

URNAS O TRIBUNALES

En la víspera del arranque de las campañas electorales, apuntábamos algo que vale la pena retomar. Es muy grave —señalábamos en nuestra entrega del 18 de marzo— que, de entrada, el ánimo de al menos dos de los tres aspirantes principales a la gubernatura sea el de descalificar a sus adversarios incluso antes de que inicien los trabajos de promoción del voto. Aunque pudieran existir causales aparentemente acreditadas para acudir a los tribunales, es clara la forma en que se revela un interés voraz ya no por ganar el voto ciudadano, sino por descalificar al adversario antes incluso de que comience la medición electoral, primero en las campañas, y luego en las urnas.

En el fondo, decíamos en esa ocasión, todos los candidatos enfrentan diversas situaciones comunes, que se resumen en el hecho de que como todos tienen cuestionamientos de fondo, todos pueden ser impugnados ante los tribunales. Y la defensa de uno, puede ser exactamente igual a la de sus pares. Así, si se exonera a uno implícitamente se hace eso mismo con todos, y ante el castigo, cualquiera de ellos podría utilizar exactamente el mismo argumento o defensa que el que pudiera usar cualquiera de sus adversarios. Por esa razón, la elección debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, como tempranamente intentan hacerlo —en contra de sí mismos— algunos de los participantes en este proceso electoral.

Frente a todo esto, queda claro que la decisión tomada por el TEEO respecto a las tres principales candidaturas al gobierno de Oaxaca, pasa por la legalidad de las postulaciones de los partidos, pero también parece ser una decisión en la que influyó la racionalidad para considerar que, una vez salvados los parámetros legales fundamentales, todos deben hacerse a un lado de las ruidosas estrategias de descalificación previa, para ofrecerle a la ciudadanía las propuestas de gobierno en las que, lamentablemente, sigue habiendo un muy marcado ayuno de ideas.

ELECCIÓN UNIVERSITARIA

Esta semana será decisiva para el rumbo político de la UABJO: al finalizar la semana habrá formalmente candidatos, y entonces todo se cerrará a la disputa entre Eduardo Bautista, candidato de los Martínez, y Silviano Cabrera, que parece haber logrado capitalizar el agotamiento del abrahamismo. Ya lo veremos.