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Es momento de atajar las posiciones extremistas o irreductibles

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Muertos Nochixtlán

+ Oaxaca es más que dos polos luchando en medio de una barricada


Dice un viejo adagio que además de la paz, la primera víctima de todo conflicto es la verdad. Esto se hace patente en momentos como el que ahora mismo vivimos en Oaxaca, pues de cara a la crisis de violencia ocurrida el domingo en varios puntos del territorio estatal, lo más simple es tomar partido por alguno de los extremos, y dejar voluntariamente de ver que existe toda una gama de posiciones frente a una situación tan compleja como ésta, y que de entrada todos los oaxaqueños tendríamos el deber de respetar la opinión y la decisión del otro. Este debiera ser un punto de partida básico, para una convivencia regular en situaciones como la actual.

En efecto, el grueso de la población fue testigo de los hechos, y de inmediato surgieron dos posiciones irreconciliables: la primera, que incondicionalmente respalda no la lucha magisterial, sino a quienes se enfrentaron con la policía en Nochixtlán y Hacienda Blanca; y otra, de quienes inopinadamente asumieron una posición de condena al movimiento magisterial y hasta celebran que se haya utilizado la fuerza pública en contra de quienes realizaban los bloqueos (incluso hubo una tercera posición, tanto o más peligrosa que las dos anteriores, de quienes se dedican a la conjetura, incluso como supuesto “deber periodístico”). Unos y otros, fueron rebasados velozmente por la polarización, que para la noche del domingo ya había hecho presa a la ciudadanía de sus nocivos efectos.

Pues para muchos, cualquier acción de fuerza por parte del Estado, independientemente de sus resultados, es un acto de represión en contra del pueblo. En el otro extremo, están quienes simplemente sostienen que se debe castigar a todo aquel que cause un perjuicio a los derechos de los demás, y entonces al margen de cualquier consideración asumen como correcta la actuación de las autoridades. Al polarizarse y radicalizarse tales posturas, el resultado es una lógica totalitaria en la que sólo existen los aliados incondicionales, y los adversarios con los que no sólo hay que disentir, sino a los que hay que combatir, repudiar y hasta insultar. Esa, que podría ser una lógica “aceptable” entre quienes directamente se encuentran en el conflicto, es en realidad la posición que asume la mayoría de las personas incluso en su entorno social inmediato.

¿Qué pasa? Que frente a hechos como los del domingo se volvió a ver —como en 2006— un ánimo profundo de división en el que el principal extravío fue justamente el de la capacidad de escuchar y respetar al otro. A todos los niveles, lo que prevaleció fue un ánimo profundo de descalificación, de señalamiento y hasta de insulto por el solo hecho de no coincidir, o en el fondo de la lucha, o en los métodos empleados por quienes salieron a enfrentarse con la policía.

A estas alturas, los oaxaqueños deberíamos estar ya muy entendidos de las incontables implicaciones que tiene un asunto como éste, y lo estéril que resulta que entre nosotros, entre los ciudadanos, hagamos una extensión del conflicto simplemente por no poder, o no querer, distinguir entre la legitimidad de una lucha social, y la irracionalidad de métodos que no necesariamente eran los únicos que se podían utilizar para generar una situación crítica como las del fin de semana. Al final, es siempre claro que para que haya un conflicto se necesitan dos. Pero parece que como sociedad somos incapaces de distinguir los muchos grados de responsabilidad que existen, y tener un criterio concreto que no avale la violencia de unos como disculpa frente a la violencia de otros.

LOS RUMORES

El mismo domingo por la tarde, cundieron todo tipo de rumores que fueron alentados por gente sin escrúpulos y propagados por las redes sociales, a través de gente que sólo quería abonar al pánico. Esas versiones irresponsables, aseguraban que sólo un bando había disparado indiscriminadamente en contra del otro en el enfrentamiento de Nochixtlán. No razonaron en el hecho de que hubo heridos de bala de ambos bandos y que ninguna de las personas que murió en ese enfrentamiento lo hizo a causa de las balas. Aún así, mostraron algunas imágenes y, sin analizar, establecieron a priori que esa había sido una masacre en contra del pueblo de Oaxaca.

¿Quién sabe en realidad cuál fue la causa del fallecimiento de cada una de las personas que cayó el domingo por los enfrentamientos con la policía? Eso, según parece, es lo de menos. Unos ya tienen a sus muertos y además tienen el argumento correcto para repudiar a quienes ya odian por sistema. La Policía Federal, con su conocida ilegitimidad, afirma que sí tuvo elementos armados en el enfrentamiento. Pero pareciera que hasta de forma voluntaria se esmeran en no clarificar cuál fue el grado de participación de ese comando en el enfrentamiento señalado.

Otros aún más irresponsables insistieron en señalar que habría un “apagón” en el Centro Histórico, para que la Policía Federal cometiera “la peor masacre” de la historia en el desalojo a los maestros en el Centro Histórico. Patético: no había ocurrido el apagón, y mucho menos la “masacre”, pero la conjetura —invento— ya tenía un móvil, una justificación oficial, y un adjetivo.

TOLERAR

Es posible pensar que quien directamente decide sumarse a un movimiento como el magisterial, e incluso quien tiene el arrojo de ir a enfrentar a la policía, tiene cierta legitimidad para defender sus posiciones. Pero en esa mezquina posición del “conmigo o en mi contra” quedaron muchos que creen que desde las redes sociales, y sólo insultando a quienes no piensan como ellos, pueden hacer una revolución.

¿Que hay otro 2006? No: es la secuela de un problema no resuelto

Nochixtlán

+ Magisterio vs PF: un enfrentamiento estéril frente a consecuencias


Habría que partir de la pregunta de por qué la gente sale a las calles a enfrentar a la policía. Desde hace una semana, profesores y pobladores de diversas comunidades instalaron retenes y bloqueos en varios puntos de la geografía oaxaqueña, en protesta por la aprehensión de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la Sección 22 del SNTE. Esa acción detuvo particularmente una actividad estratégica que es la producción y distribución de energéticos en la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz. Pero fuera de ella, ningún bloqueo tenía otra razón de ser, aparte de la protesta. ¿Tenían razón de ser los enfrentamientos del fin de semana, y los muertos de los que se hablaba hasta la tarde de ayer por el enfrentamiento en Nochixtlán?

En efecto, partir de estas preguntas puede darnos una idea de la sinrazón que, nuevamente, estamos viviendo en Oaxaca. Porque si bien es cierto que resulta entendible la molestia de importantes sectores del sindicato magisterial por la detención de sus líderes, también lo es que esa forma de protesta no es sólo estéril, sino artera y riesgosa para otro sector importante de la población, que quién sabe si se identifica o no con la lucha de los maestros, pero que sí está muy enojada por otras razones y que sólo está esperando un motivo, cualquiera, para salir a las calles a protestar y desfogar su ira particular.

Frente a ellos se encuentra un gobierno completamente reprobado en su capacidad de concertar soluciones que sean algo más que la victoria total o la subordinación incondicional. El gobierno federal tomó la decisión de ignorar al gremio magisterial —y luego utilizar el hostigamiento y hasta la aprehensión de líderes— como una respuesta al fracaso de su primera y única estrategia de negociación con la Sección 22. ¿Cuál fue? La que durante un año y medio intentó implementar el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava con el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa “estrategia” no era sino el ofrecimiento de la claudicación de la reforma educativa en el sureste del país, a cambio de que ésta retomara su trabajo escolar y no provocara disturbios e inestabilidad al régimen federal.

Como lo hemos apuntado en otras ocasiones, lo que vemos actualmente es la consecuencia de la suma de las ineptitudes y la soberbia tanto federal como de la Sección 22. Siempre pareció que ninguno de ellos quiso nunca encontrar una solución al problema de la implementación de la reforma educativa. Por un lado, la federación fue de extremo a extremo, primero queriéndole entregar todo a la Sección 22 —que no lo quería recibir, porque se quedaría sin banderas—, para después asumir la postura de no dialogar y utilizar la fuerza para tratar de desmembrar a un gremio que, a diferencia del SNTE, no es monolítico.

Frente a ellos estuvo siempre un gremio de decisiones irreductibles e inopinadas, que —igual que el gobierno— siempre tuvo la soberbia postura de todo o nada. La federación quiso entregarles la postergación indefinida de la implementación de la reforma educativa. Ellos no lo tomaron porque querían algo que nunca iba a ocurrir: la abrogación de dicha reforma. Eso trabó cualquier posibilidad de arreglo y, a la postre, fue una de las causas de fondo de la ruptura del diálogo entre ambos frentes.

FRACASO COMÚN

¿Quién habrá hecho creer a las autoridades federales que apresando a los líderes de la 22, podría desarticular a la CNTE? Pues quizá, erróneamente, tomaron como parámetro la experiencia de la detención de Elba Esther Gordillo en 2013, que lejos de provocar una reacción violenta del gremio magisterial, lo que alentó fue el parricidio al interior de la dirigencia nacional a manos de Juan Díaz de la Torre, y la normalización casi inmediata de la vida sindical y política.

Esto no podía ocurrir en la Sección 22 y la Coordinadora, porque es bien sabido que la dirigencia seccional es un mero formalismo, y que la Asamblea Estatal —el verdadero órgano de dirección magisterial en Oaxaca— siempre se ha conducido con apariencia de horizontalidad, que en realidad no es sino el dominio de los líderes invisibles de las poderosas corrientes políticas que dominan la integración de la Asamblea. Por eso, mientras ésta siga funcionando, el gobierno podría encarcelar a toda la dirigencia —como prácticamente ya ocurrió ahora— y de todos modos constatar que se siguen tomando decisiones de resistencia; y que para esos efectos, Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez son elementos prácticamente irrelevantes.

El problema de todo eso, es que el resultado frío es un problema político trabado, una ciudad nuevamente presa de la violencia y la incertidumbre, y un inaceptable saldo rojo que no le augurará a Oaxaca sino más conflictos de los que ya tiene. Esto, palmariamente, no contribuye a la implementación de la reforma educativa; tampoco es un paso en la postergada —indefinidamente— reconciliación social; tampoco es una muestra de solidaridad magisterial con el pueblo de Oaxaca, y mucho menos es reflejo de “gobernabilidad democrática”. Este, más bien, es el resultado del caos, de la voracidad y de lo poco que les importa —al gobierno y a la Sección 22— lo que le ocurra, piense o quiera la ciudadanía.

GOBIERNO INVISIBLE

Nadie dio la cara por la Sección 22 y sus “aliados”. Nadie tampoco dio la cara del lado oficial —estatal o federal— para explicarle a la ciudadanía qué pasó ayer. Así de miserables son frente al pueblo, ese del que, en su nombre, todos dicen actuar.

Sistema Penal Acusatorio: un reto para la mentalidad del mexicano

Juicios

+ Cambia el sistema y ahora debe cambiar nuestra idea de la justicia


Mañana se cumplen ocho años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma constitucional federal que estableció el sistema penal acusatorio adversarial para todo el país. Por ende hoy será el último día de vigencia del viejísimo sistema inquisitivo que todos conocemos. Mañana inicia una nueva era para la justicia en México, pero junto con ella debe también impulsarse un cambio profundo en nuestra propia concepción de lo que consideramos como justicia.

En efecto, en la edición del Diario Oficial del 18 de junio de 2008, el Constituyente Permanente estableció en los artículos transitorios de la reforma penal, que el sistema acusatorio adversarial debía entrar en vigor en todo el país, a más tardar cuando se cumplieran ocho años de su publicación. Tal plazo se vence mañana; y aunque muchos pensaban que ocho años era un plazo eterno para la entrada en vigor de una norma, lo cierto es que la transformación que esta reforma implica no sólo lo hace justificable, sino hasta mínimo, para conseguir no únicamente la transformación del sistema de justicia penal, sino todos los retos que éste cambio trae aparejado. ¿De qué hablamos?

De que el tránsito del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial supone, para el Estado, no sólo un cambio en los códigos de procedimientos penales —que por eso terminó unificado— sino toda una transformación en el sistema de juzgar a las personas que cometen un delito. Acaso, pensar que el cambio radica en pasar de un sistema eminentemente escrito, a uno de justicia oral, es tan reduccionista como creer que sólo se trataba de reponer las normas aplicables. Para el Estado, realmente, esto implica todo un cambio de mentalidad, de dinámica de trabajo, de preparación y profesionalización de quienes participan en él, y hasta de inversión para el establecimiento de la infraestructura necesaria, que en realidad éste sin duda constituye la más grande transformación del sistema de justicia de todos los tiempos en México.

Es por eso, que el Estado mexicano —tanto el gobierno federal, como prácticamente todos los gobiernos locales— ha reconocido que la vacatio legis de ocho años que se estableció en la publicación de la reforma, fue un periodo insuficiente para lograr la capacitación de todo el personal involucrado en el sistema de justicia —policías investigadores, el Ministerio Público, los jueces y funcionarios judiciales, los defensores públicos, y todos los particulares que profesionalmente participan en el sistema penal— y para alcanzar a realizar la inversión necesaria en la transformación de la infraestructura judicial. Se necesitan cantidades millonarias para establecer las instalaciones, equipos y demás elementos que ahora serán indispensables para el correcto desarrollo del sistema de justicia penal, tanto a nivel federal como en los fueros locales.

APURACIONES LOCALES

En ese sentido, Oaxaca bien puede ser un caso paradigmático, pues de hecho aquí se estableció el sistema acusatorio incluso antes de que se lograra la reforma federal. La reforma oaxaqueña que estableció el sistema acusatorio oral ocurrió en septiembre de 2006 a partir de la emisión del nuevo Código Procesal Penal. Desde entonces se estableció un calendario en el que se haría paulatina la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, a partir de que se fueran habilitando el personal y la infraestructura en cada una de las regiones del Estado.

Dicho calendario estableció que por lo menos cada año iría entrando en vigor el nuevo sistema en cada región, por lo que para este tiempo —han pasado casi 10 años desde la reforma— ya en todo el territorio oaxaqueño debiera regir plenamente el nuevo sistema.

¿Qué ocurrió? Que como en muchos asuntos locales, la insuficiencia presupuestal y la falta de interés del gobierno —la justicia es una cuestión nada redituable en términos políticos o electorales— por una correcta y oportuna implementación del sistema, obligaron a modificar el calendario original y a postergar la implementación del nuevo sistema, a grado tal que a principios de este año el gobierno estatal decidió endeudarse para conseguir los recursos necesarios para lograr el cumplimiento ya no de su calendario, sino del plazo de ocho años que, en 2008, estableció la reforma federal que, dos años después de la reforma local, estableció como límite para la implementación de este nuevo sistema.

Todo esto, sin embargo, no podrá frenar la realidad de que este nuevo sistema de justicia traerá cambios a los que seguramente no sólo no estamos habituados, sino que hasta nos pueden parecer repulsivos. En México todos estamos acostumbrados a que “justicia” es cárcel, y a que justicia es llegar a una sentencia. El nuevo sistema establece innumerables principios, mecanismos y garantías distintas para todos los involucrados en un juicio penal, que no necesariamente terminan en lo que necesariamente supondríamos. De hecho, se prevé que para que este nuevo sistema funcione, sólo uno de cada diez delitos que se cometen, debe llegar a juicio. Todos los demás deben resolverse mediante conciliaciones, negociaciones y criterios de oportunidad.

LAS VÍCTIMAS

Algo que es muy importante, es la concepción de la figura de las víctimas: en el sistema inquisitivo se hacía “justicia” encarcelando pero al último quedaba la víctima, que casi siempre era ignorada, no era indemnizada, y el sistema no la consideraba. Este es un cambio radical de muchos que veremos. Debemos mentalizarnos al cambio.

La “paciencia” federal es preámbulo de la incursión a Oaxaca

Quema

+ Compás, para que el movimiento se desgaste frente a ciudadanía


La capital oaxaqueña lleva casi cuatro días sitiada por profesores de la Sección 22 del SNTE e integrantes de algunas organizaciones sociales que decidieron respaldar su lucha. En todo ese tiempo, varios de los accesos a la ciudad han permanecido prácticamente cerrados, y en otros puntos se han instalado retenes magisteriales para vigilar que los vehículos no transporten a elementos policiacos. Llama la atención el alto grado de tolerancia que hasta ahora han demostrado tener las autoridades federales frente a estas maniobras de resistencia. En el fondo, no es que se hayan “olvidado” de Oaxaca en este punto crítico, sino que más bien están dando el margen necesario para legitimar una incursión a territorio oaxaqueño.

En efecto, luego de la detención de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, dos de los dirigentes más visibles de la Sección 22 de Oaxaca, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, el magisterio oaxaqueño estableció una ruta crítica de resistencia frente a una posible incursión masiva de agentes federales para restablecer algunas de las condiciones de orden que se perdieron desde las semanas previas a la jornada electoral.

La Sección 22 ha tratado de demostrar la horizontalidad de su movimiento a través de la implementación de esta resistencia. En realidad, todo parece responder a un movimiento instintivo de defensa, y no a la reorganización “fisiológica” con la que la dirigencia magisterial ha tratado de minimizar las consecuencias de la aprehensión de sus dos dirigentes más visibles. Así pues, parece que los profesores de la Sección 22 decidieron optar por el mecanismo del bloqueo de los accesos a la capital como medida transitoria, pero no han logrado articular los movimientos sustantivos que pudieran permitirle una respuesta a esta andanada federal, o la liberación de sus detenidos, o el establecimiento de la mesa de diálogo con el gobierno federal, que han exigido desde hace más de medio año.

En esa lógica, hoy la Sección 22 aparenta estar consiguiendo su objetivo de impedir el paso de los agentes federales que se habrían enviado para reforzar la presencia policiaca frente a la resistencia de los maestros. Lo que no han calculado, es que para ser eficaz, esa necesitaría ser simplemente una estrategia de transición que les permitiera alcanzar otros objetivos. Pero como la Sección 22 parece no tener esa claridad, ni la capacidad de lograr generar presión al gobierno estatal o federal como para abrir el diálogo, entonces por eso la orden federal fue que sus agentes se sentaran a esperar, así fuese a orilla de carretera, a que esta estrategia surta los efectos sociales que no parece calcular adecuadamente el magisterio oaxaqueño.

EFECTOS SOCIALES

¿Cuáles son esos “efectos sociales”? Son justamente los que ocurren cuando la ciudadanía ve entorpecidas sus actividades o limitados sus derechos o vida cotidiana. Pues desde el lunes, miles de personas se han quedado varadas en la carretera ante la existencia de bloqueos y la imposibilidad de salir de la entidad a través de la única vía rápida hacia el centro del país; otros más han visto menguadas sus actividades económicas o comerciales.

Ayer, varias líneas de autotransporte de pasajeros anunciaron la suspensión indefinida de sus corridas por la falta de condiciones para prestar sus servicios; y también se ha especulado sobre el posible desabasto de combustibles —como ya ocurrió hace exactamente un año cuando los profesores decidieron bloquear las instalaciones de Pemex para impedir el paso de los carros tanque que abastecen gasolina a las estaciones de servicio, entre muchas otras afectaciones.

La respuesta federal frente a todo eso ha sido simplemente sentarse a esperar. Están esperando, por una parte, que una sector de la ciudadanía entre en desesperación y esto evite el costo social —y político— de una incursión policiaca a una zona de tensión; pero, para minimizar la posibilidad de violencia, estarían también esperando a que la propia resistencia comience a menguar en todas las zonas donde hay concentraciones de gente que pretende impedir el paso de los convoyes federales. Parecen pues, estar previendo, que no es lo mismo resistir un día que cinco o diez; y por eso tienen la idea de que será menos agresiva una liberación de carreteras con una resistencia desgastada por los días y las noches en que estuvieron esperando la actividad policiaca.

Al final, resulta impensable que a estas alturas —con la reforma educativa implementada, con el IEEPO en sus manos, con la anuencia estatal, con líderes magisteriales en prisión, y en una ruta sin retorno— el gobierno federal decidiera simplemente no hacer nada frente a los maestros que resisten, y poner nuevamente a Oaxaca como la ínsula en la que se permite el desahogo de la ira social a cambio de que esto mismo no ocurra en otras entidades del país.

Más bien, lo que parece estar ocurriendo es esa espera, y que de no variar —evolucionar— la estrategia magisterial, será sólo cuestión de tiempo que ocurra la incursión federal para liberar los bloqueos y llegar hasta la capital para enfrentar los desmanes que ahora ocurren.

POSIBILIDADES

1. Que como estrategia, la Policía Federal haya enviado los equipos antimotín que ayer quemaron los integrantes de la 22 en la barricada de Hacienda Blanca, porque eso es nada menos que un delito; 2. Que los sectores magisteriales radicales están buscando no el arreglo, sino la incursión. Para ellos una gran forma de lucha es a través de la martirización, y es también lo que estarían buscando.

Al gobierno federal, y a la 22, los derrota su incapacidad de dialogar

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+ Medios legales con fines políticos, signo de gobiernos antidemocráticos  


 

En menos de un año, la Sección 22 del SNTE pasó de la mayor posición de fuerza, a la máxima situación de crisis por el encarcelamiento de sus dos dirigentes más visibles. Vale la pena preguntarse cómo un movimiento social —tan amplio como el magisterial— pasó de un extremo a otro en tan poco tiempo, y cómo el gobierno federal decidió aplastar a un grupo al que primero estaba dispuesto a entregarle, en bandeja de plata, la claudicación de la reforma educativa. Pues si México es un país de contrastes, éste es uno de ellos.

En efecto, el fin de semana fueron aprehendidos Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, secretario General y de Organización, de la Sección 22 en Oaxaca. Estas dos detenciones no son sino parte de la cadena de desmantelamiento que inició el gobierno federal desde noviembre del año pasado, cuando detuvo a seis dirigentes magisteriales de mediano nivel. Luego, en abril pasado puso en prisión al secretario de Finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja; y en una historia previamente anunciada —desde hace más de 20 días el gobierno federal dijo que existían órdenes de aprehensión contra los dirigentes magisteriales—, finalmente cayeron el fin de semana los dos dirigentes principales de la 22, que también eran elementos morales determinantes para la CNTE.

¿Cómo pasó la disidencia magisterial, del dominio casi total del panorama político frente al gobierno federal, a esta situación crítica? Para entender toda esta situación, es indispensable recordar varias maniobras previas que revelan la magnitud de la oportunidad histórica que perdió la Sección 22, como elemento más visible de la CNTE, de cara a su resistencia con el gobierno federal.

Primero, previo a la jornada electoral federal del cinco de junio de 2015, la Sección 22 implementó en Oaxaca un programa de acción específicamente encaminada a orillar una acción de fuerza con el gobierno federal. En la semana previa a la jornada comicial, el gobierno federal dio por terminada una larguísima mesa de negociación que se había instalado entre el magisterio disidente de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, en la que los profesores ya habían conseguido la cancelación indefinida de los programas de evaluación y la implementación de los nuevos términos administrativos de la reforma.

Lo que pretendía el gobierno federal en aquel momento, era que la 22 tomara una actitud responsable a cambio de aceptar lo que les ofrecía. Pero el magisterio asumió la más histórica de sus posturas erróneas, al asumir frente al gobierno federal que su logro único aceptable debía ser la abrogación de toda la legislación constitucional y legal inherente a la reforma educativa.

Así, cuando llegaron a una posición límite, el gobierno federal se retractó en todos sus ofrecimientos, concluyó la mesa de diálogo en Gobernación, y envió a la Policía Federal a desalojar a los profesores oaxaqueños, que por disposición de la Sección 22 tenían tomadas instalaciones estratégicas para la vida cotidiana de la ciudadanía, como la Terminal de Abasto y Reparto de Pemex en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, que surte de combustibles a varias regiones del Estado, y que ya para entonces la ciudadanía había entrado en una severa crisis —real y emocional— por no poder acceder a los combustibles que son indispensables para la movilidad y las acciones económicas de todas las personas.

 

EL GOLPE DE MUERTE

Una vez que el gobierno federal envió a la Policía Federal a restablecer el orden en la capital oaxaqueña, se pensó que todo continuaría en el enfriamiento de una relación que irremediablemente tendría que retomarse. No fue así. El 21 de julio, el gobernador Gabino Cué anunció la desaparición del IEEPO con la conformación y los privilegios concedidos a la Sección 22 para la integración orgánica del Instituto, y anunció la creación de una nueva dependencia estatal encargada de la educación, con el mismo nombre pero con total independencia de la Sección 22.

Este fue un primer paso que la Sección 22 pensó que no ocurriría. Ya para entonces, habían perdido interlocución con el gobierno federal, y ahora perdían el control administrativo de los trabajadores de la educación en la entidad. En noviembre se llevó a cabo la primera evaluación en Oaxaca, aún con una resistencia nutrida de los integrantes de la Coordinadora, que aún asumían con fuerza los mandatos de su dirigencia. Luego de eso, el gobierno estatal y federal, iniciaron una fuerte campaña de concientización sobre los mitos y realidades de la reforma educativa. Este ha sido un elemento importante de desmovilización, que paulatinamente ha venido mostrando sus resultados en la disminución del número de personas que asisten a las movilizaciones por mandato, dejando sólo a quienes lo hacen por convicción con la lucha de la Sección 22.

 

PERDERLO TODO

Igualmente, la 22 pensó que el gobierno federal no se atrevería a echar mano de sus herramientas judiciales para combatir a la disidencia. El fin de semana, la federación lo hizo lisa y llanamente asumiendo como un triunfo la aprehensión de los dos líderes de la Coordinadora. Nadie vio que esto significó una derrota para la capacidad del Estado mexicano de hacer valer coercitivamente sus decisiones, porque castigó a los líderes como mecanismo para redoblar la implementación de la reforma. Pero también —y sobre todo— es una derrota para el movimiento magisterial, que lo tuvo y lo perdió todo por su radicalismo, y por su incapacidad de mantener y controlar la relación con sus adversarios políticos.

Aprehensión de líderes magisteriales: algunas coordenadas esenciales

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+ Detenciones con fines políticos; “cazados” por sus cuentas con el fisco


La detención de los dos principales líderes de la Sección 22 del SNTE marcará un punto sin retorno en la relación del Estado mexicano con el sector radical de los trabajadores de la educación. De nuevo, el gobierno mexicano echó mano de sus poderosas herramientas fiscales para resolver un asunto político. Y al margen del radicalismo y las necedades propias de la 22, ello debiera también abrir un debate importante sobre el uso abierto de herramientas legales con fines políticos, en esta época en la que el mismo gobierno lucha por hacerle creer a la ciudadanía que se vive en un Estado de Derecho.

En efecto, todo eso hace necesario un análisis más profundo que el de la sola satanización de uno u otro bloque. Pues ante los hechos, es de un simplismo extraordinario acudir a la idea de que el gobierno está reprimiendo a un movimiento democrático a través del uso del terrorismo judicial, como también lo sería argumentar que inopinadamente el gobierno hace lo correcto en contra de un gremio voraz y antidemocrático, que no acepta la reforma educativa. En el fondo, se supone que en una democracia deberían poder convivir todas las ideas y expresiones políticas. Pero la realidad revela la existencia de gremios caníbales, frente a un gobierno brutalmente antidemocrático en sus formas y en sus fines.

Lo primero que debemos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

En contraparte, en un segundo momento, tampoco debemos dejar de ver que la radicalidad de la Sección 22 los llevó a un proceso autodestructivo. Antes de los comicios federales del año pasado, el magisterio oaxaqueño gozaba de interlocución al más alto nivel con el gobierno de la República. Obtuvieron innumerables prebendas que, sin embargo, desaprovecharon por asumir una anodina postura radical basada en el “todo o nada”. Ya habían conseguido, por ejemplo, que Gobernación les concediera la suspensión definitiva de la implementación de la reforma educativa en Oaxaca; tenían comunicación directa con las más altas esferas federales y habían conseguido todas las garantías respecto a la preservación de los salarios y prestaciones de todos los maestros de Oaxaca. Pero al final, el no poder controlar su radicalismo los llevó a un proceso de autodestrucción, en el que su efecto más acabado se aprecia justamente en el descabezamiento de su movimiento y la implementación, con la fuerza, de la reforma educativa.

LA VETA FISCAL

Otro elemento que ya era señalado en nuestra entrega anterior, y que tiene mucho de relevante, es cómo la forma en la que fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora fue exactamente la misma que como detuvieron a Elba Esther Gordillo. Esto fue, a través del uso de las cada vez más sofisticadas herramientas legales, con las que el fisco federal no sólo atemoriza a los adversarios del régimen federal, sino a prácticamente todos los contribuyentes. Si los dirigentes magisteriales hubieran sido menos ingenuos, y menos confiados de que su posición sindical los inmunizaba frente a los alcances de la ley, se equivocaron.

¿La razón? Que hoy por hoy, las sucesivas reformas fiscales han endurecido sobremanera la fiscalización de todos los recursos que ingresan al peculio de cualquier persona física o moral. Por ejemplo, establecieron un mecanismo denominado “discrepancia fiscal” con el que la autoridad puede hacer, en cualquier momento, una compulsa entre los ingresos y los gastos de cualquier persona, y de ahí determinar la existencia de violaciones a las normas fiscales, y delitos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

Es claro que a los líderes de la Sección 22 los pudo alcanzar la justicia por la vía fiscal, gracias a que siempre fueron ellos los titulares de las cuentas bancarias a donde ingresaban cantidades millonarias de dinero por las que no pagaban impuestos, y sobre las que no declaraban su procedencia.

Finalmente, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

¿Y LOS DEMÁS?

¿Qué dependencias del Gobierno del Estado, tienen una relación similar con esas mismas empresas, que les transferían recursos a la Sección 22 a cambio de la firma de convenios? ¿Esa historia no debería ser preámbulo de otras investigaciones que ahora posiblemente salgan a la luz, dado el inusitado interés de Hacienda por esas personas físicas y morales que accedían —y quizá hasta fomentaban— el pago de moches a la dirigencia magisterial en Oaxaca, y que podrían estar haciendo lo mismo con otros entes públicos municipales y estatales?

Líderes de la Sección 22 caen por el manejo irregular de sus recursos

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Núñez-y-Villalobos

+ Financiaban su movimiento gracias a sobreprecios con sus agremiados


La detención de los dos principales dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene una causa eminentemente política, pero resulta también con sustento en la torpeza —y los delitos cometidos— en el manejo de sus fuentes de financiamiento. No sólo se trata de ver bajo qué cargos fueron detenidos, sino cómo nacieron esas responsabilidades.

En efecto, la mañana del sábado fue detenido el secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricárdez. Se informó que fue aprehendido en la región del Istmo de Tehuantepec luego de salir de una reunión de trabajo. La gremial activó algunas acciones de protesta en la capital oaxaqueña y algunas zonas del Istmo; y la madrugada de ayer se informó que también Rubén Núñez Ginez había sido detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal. Primero se especuló sobre los delitos que se les imputaban y que, en apariencia, eran por quebrantos cometidos en manifestaciones y en el proceso de transición del viejo al nuevo IEEPO.

Más tarde se supo que, en realidad, los dirigentes de la Coordinadora habían caído por la presunta comisión de los mismos delitos por los que hace tres años fue puesta en prisión su adversaria principal dentro del magisterio, la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. En ambos casos, la principal acusación que les formuló el gobierno fue por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero el caso de los dos dirigentes de la CNTE, la situación parece todavía más compleja: ellos recibían en cuentas bancarias, recursos que les proveían diversas empresas dedicadas a hacer negocios con los propios maestros. Lo que recibía la Sección 22 era una especie de “moche” o de cobro de derecho de piso por permitirle a esas empresas operar entre el gremio magisterial y mantener contratos firmados con la autoridad educativa para venderles bienes a los profesores y llevar a cabo el cobro de los mismos a través de descuentos vía nóminas.

De acuerdo con un análisis interno del gobierno estatal, se pudo establecer que luego de una detallada investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de  Inteligencia Financiera, permitió detectar que desde 2012 hasta mediados de 2015, es decir, el período en que Rubén Núñez Ginez ha sido Secretario General de la Sección 22, al amparo de diversos convenios suscritos indebidamente por dicha Sección sindical con las empresas ETESA, S.A de C.V., VASA HOLDING, S.A. de C.V. y Administradora de Negocios Monte Albán, S.A de C.V., entre otras, así como de personas físicas como el señor Octavio Arturo Quintano Cassani, éstas entregaban, de manera directa o indirecta, una comisión del 3.5% quincenal calculada sobre la cobranza de la quincena respectiva, a la propia sección sindical por las ventas y/o servicios que hacían a sus agremiados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos vía la nómina que se manejaba cuando la sección aún controlaba el IEPPO.

DINERO SUCIO

Actualmente las autoridades fiscales del país tienen la capacidad de detectar cuando cualquier persona recibe recursos económicos a través del sistema bancario, es decir, cuando recibe depósitos, cheques o transferencias a sus cuentas de banco e incluso a sus tarjetas de crédito. Cuando recibe cantidades de dinero importantes, a esa persona le es abierta una investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para revisar la procedencia de los mismos y, de entrada, para proceder al cobro de los impuestos, pero también para establecer su responsabilidad en la comisión de delitos como defraudación fiscal, o lavado de dinero. Ahí cayeron los líderes de la 22.

Así pues, en  tan  solo una  de  esas  cuentas del  sindicato, la  número 65503473683  en  Banco  Santander  cuya  denominación  es  “Sección  22 Oaxaca Empresas” y  su  titular el Rubén Núñez, entre otros,  se recibieron 187 depósitos de varias empresas por 31 millones 967 mil pesos, los cuales fueron retirados mediante 116 operaciones por un monto de 31 millones 672 mil pesos; esta cantidad, a su vez, fue dispersada hacia otras cuentas de la propia Sección XXII y finalmente distribuidos mediante pagos de cheques en efectivo o transferencias.

Dice el documento que hemos mencionado antes, que en otra cuenta contratada bajo la denominación “Sección 22 Oaxaca CAPP” en el mismo banco y terminación 942, y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Claudio Felipe Mendoza García, se recibieron 52 operaciones de depósito por 45 millones 290 mil pesos, y se realizaron, con el mismo mecanismo, 3 mil 841 operaciones de retiro por una cantidad equivalente. En una tercera cuenta también en Santander, a nombre de “Sección 22 Oaxaca Finanzas” y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Aciel Sibaja, con número 65500169635, se observaron 70 operaciones de depósito por 8 millones 143 mil pesos, y 659 operaciones de retiros por 8 millones 223 mil pesos.

LUCRO CON SUS AGREMIADOS

Generalmente esas empresas que proveen servicios a los trabajadores del Estado, venden sus productos o servicios a sobrecostos estratosféricos. Por ejemplo, una de esas empresas vende automóviles a crédito “accesible” a los maestros, con la garantía de su estabilidad laboral. Así, un coche que cuesta 150 mil pesos en el mercado, esas empresas lo terminan vendiendo, en “pagos chiquitos”, hasta en 500 mil. Todo, claro, con cargo a los maestros y previa comisión a la dirigencia magisterial. Bonita “lealtad” de la 22 con su gremio.

Independientes: aquí deben entender por qué sí pueden funcionar

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+ El Bronco y Kumamoto, analizaron y entendieron bien su contexto


Fue una ocurrencia que algún candidato independiente en Oaxaca invitara al diputado jalisciense, Pedro Kumamoto, a hacer campaña proselitista, como si esa fuera una garantía de incrementar el número de simpatizantes, o de votos. Es claro que los candidatos independientes en Oaxaca no sólo no entendieron la dinámica propia de sus aspiraciones sin partido, sino que tampoco entienden por qué Kumamoto, o El Bronco, sí fueron “fenómenos” electorales en sus entidades, y ellos no. Mientras sigan así, las candidaturas independientes en Oaxaca seguirán fracasando.

En efecto, es necesario buscar la explicación del fracaso de este primer ejercicio de candidaturas independientes en Oaxaca, porque lo que necesita ocurrir es la corrección de los errores, y no el desencanto. Apuntábamos en nuestra entrega anterior lo dramático que fue el fracaso de casi todas las candidaturas independientes que compitieron en el actual proceso electoral que ocurre en Oaxaca, y el hecho aislado de que uno solo de todos los candidatos ganara, y —en el caso de Santa Lucía del Camino— otro se acercara al triunfo, con la contradicción de que su candidatura finalmente terminó beneficiando al PRI. Esa explicación debe partir del entendimiento sobre las similitudes y diferencias entre los independientes de Oaxaca, y las “figuras” nacionales como Kumamoto o Jaime Rodríguez Calderón.

Pues resulta que, cada uno en su contexto, tanto Pedro Kumamoto como El Bronco supieron leer y entender cuál era exactamente el escenario al que se enfrentaban, y se allegaron de los medios para conseguir el éxito de sus candidaturas. En el caso del jalisciense, Kumamoto aprovechó muy bien que Zapopan —el distrito electoral que representa en el Congreso de Jalisco— es una demarcación que tiene a un sector de población permanentemente conectado e interactuando en redes sociales; que, además, es un distrito poblado por gente de clase media que tiene cierto grado de preparación académica, y con base en eso supo conectar muy bien con ese tipo de público porque sabía a quiénes se estaba dirigiendo. Eso explica que para toda su campaña haya gastado menos de 300 mil pesos, y que su proselitismo haya sido eminentemente a través de las redes sociales y los medios digitales.

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón también estudió perfectamente al público al que se dirigía, y la base de su éxito como candidato independiente descansó en que encontró el discurso exacto, el respaldo económico, y la forma de interactuar con el electorado de Nuevo León para explotar sus aspiraciones políticas. Es claro que el Bronco no ha sido un ejemplo como servidor público —ahora está demostrando sus insuficiencias y debilidades—, pero que sí lo fue como candidato que, como si fuera un proveedor de servicios con muchos recursos a su alcance, supo ofrecerle a sus clientes (el electorado) exactamente lo que querían escuchar, y así se hizo de una gubernatura —que, valga decirlo, se le está haciendo agua entre las manos.

INDEPENDIENTES, SORDOS

¿Cuál es la diferencia entre esos candidatos independientes, y los nuestros? Una, fundamental, es que aquéllos supieron exactamente qué venderle al electorado, mientras que los nuestros no supieron ni siquiera en dónde se encontraban parados. Para ejemplos, basta acudir a cualquiera de ellos.

De entrada, no comprendieron que ser candidato independiente no significa no hacer campaña, o jugar a que se hace. Una cuestión que fue por demás recurrente en estas campañas, es que los candidatos sin partido se dedicaron a creer que un solo sello los haría viables como candidatos, o que el solo hecho de “conocer a mucha gente” los haría competitivos. No alcanzaron a aterrizar la idea de que el candidato independiente se encuentra al margen de las estructuras de un partido, pero que eso en ningún sentido significa que no debían hacer trabajo territorial y establecer ejes concretos para ganar la confianza ciudadana a través justamente de la legitimidad que brinda el no estar anclado a la estructura de un partido.

En ese mismo sentido, pareciera que en Oaxaca la mayoría de los independientes asumió que por tener esa calidad estaban exentos o “disculpados” respecto a tener un presupuesto para sus actividades. Veámoslo en esta perspectiva: los partidos políticos tienen carretadas de dinero para su proselitismo. Y si bien no se trataba de competir con ellos en fuentes de financiamiento, ello tampoco significa que se podía pensar en una campaña sin recursos. Es reprobable el recurso que se utiliza para la compra del voto o para las estructuras electorales. Sin embargo, es claro que hay costos que se deben cubrir en rubros como la publicidad, la propaganda o ciertas actividades que no pueden ser pedidas a título gratuito cuando representan una fuente de ingresos o una actividad económica para ciertas empresas.

DINERO O ESTRATEGIA

Respecto a todo esto se podría apelar a la campaña de Kumamoto en la que dice que no gastó ni 300 mil pesos. Sí, pero él aprovechó un manejo eficiente de las redes sociales, en una sociedad que está muy identificada con esos medios. Por ello, más bien optimizó sus recursos pero eso no significa que no haya invertido dinero. Si al jalisciense un despacho de expertos en marketing digital le hubiera cobrado por el servicio que él mismo emprendió, seguro hubiera tenido costos mucho más elevados. Eso había que entender, y es lo que habrá que ir corrigiendo en Oaxaca.

Independientes: el problema, que haya iniciativa sin liderazgos

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+ Sociedad civil organizada, ausente; sólo hubo “villamelones”


Dentro de las muchas lecciones y temas para analizar, que dejó la jornada electoral del 5 de junio en Oaxaca, se encuentra el primer fracaso de los candidatos independientes. Esto es doloroso no sólo porque pareciera que la propia ciudadanía rechazó y castigó a quienes, sin partido, decidieron buscar un cargo de elección popular ahora que la ley lo permite, sino sobre todo porque lo que en realidad ocurre es que la sociedad civil organizada —para quien fueron pensadas estas candidaturas— está totalmente ajena y apática a la posibilidad de participar en política aprovechando sus ventajas. En su mayoría, los que participaron fueron sólo “villamelones” de la política, que ahora tendrán que repensar sus aspiraciones y el modo de impulsarlas.

En efecto, en su edición de ayer, TIEMPO daba cuenta de que sólo uno de todos los que participaron como candidatos independientes a cargos municipales en Oaxaca, obtuvo la victoria. Según la información, éste fue Manuel Guzmán Carrasco que ganó la alcaldía de Putla Villa de Guerrero, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. De acuerdo con la información de nuestro compañero reportero Juan Carlos Medrano, Guzmán Carrasco obtuvo 3 mil 331 votos, que representan el 24.49 por ciento, seguido del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rogelio Ortiz Mejía, quien logró 2 mil 282 sufragios, es decir 16.7 por ciento de la votación.

Apunta la nota que la autoridad electoral únicamente le entregó cuatro mil pesos a Guzmán Carrasco para la realización de sus actividades proselitistas, pero que él tuvo que invertir alrededor de 200 mil pesos más para reforzar esas tareas. Al margen de la victoria particular de este personaje —conocido en su municipio como “el mosco”—, lo que salta a la vista es el sonoro fracaso de este primer ejercicio de candidaturas independientes en Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que en realidad, salvo este caso aislado, todos los candidatos independientes ni siquiera figuraron de manera importante en las votaciones. De hecho, junto con Guzmán Carrasco, otro de los independientes que logró una participación importante —aunque parece que no una victoria, fue el candidato independiente a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Luis Rey López Martínez, que sin embargo quedó en tercer lugar en la contienda, por debajo de la candidata de Morena, Carmen Arellanes Meixueiro, y del aparente ganador de la contienda, el priista Raúl Cruz González.

SÓLO ARIDEZ

¿Qué hay fuera de esos dos independientes? Sólo fracasos y, sobre todo, lecciones que aprender. En la carrera por la alcaldía de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ejemplo, hubo cinco candidatos independientes. De todos ellos, ninguno tuvo una participación competitiva. El que más votos obtuvo fue el ex alcalde Pablo Arnaud Carreño, que hace veintiún años (en 1995) marcó un hito en Oaxaca al ser el primer candidato del Partido Acción Nacional en ganar la alcaldía oaxaqueña, para luego ser candidato a Gobernador, y finalmente diputado federal por ese partido. Aún con esa amplitud de antecedentes, Arnaud sólo pudo conseguir cuatro mil 673 votos, seguido de todos los demás aspirantes, que hicieron un papel eminentemente testimonial en esta contienda.

¿Qué refleja esto último? Que al menos en este ejercicio democrático, las candidaturas independientes fueron para aficionados de la política, pero no para las personas –y los grupos— en los que esencialmente se pensó cuando se establecieron estas candidaturas. ¿De qué hablamos? De que se supone que los principales destinatarios de esas candidaturas son los integrantes de la sociedad civil organizada. Sí, esa que se supone que trabaja y hace cosas por la comunidad al margen de las responsabilidades, los recursos y los servicios públicos, pero que cuenta con sus propios capitales para incidir en el ánimo de la ciudadanía y que pretendería llegar a un cargo público al margen de la postulación y las complicaciones de la política partidista.

Es evidente que esos representantes de la sociedad civil organizada —que sí existen— nunca aparecieron. Más bien, lo que se vio fueron a algunas personas con muy buenas intenciones y ánimo de participar en política (aunque también vimos a otras, tratando de participar en política como si eso fuera un juego o una revancha contra sus adversarios personales) que en realidad más parecían “villamelones” haciéndose parte de una moda.

Pues resulta que en muchos deportes, se les conoce como “villamelones” a esas personas que son aficionados de moda o de ocasión, que sólo se interesan por ese deporte cuando es popular, o que sólo le van a un equipo cuando llega a una final, desplazando con eso a quienes son seguidores permanentes de esa actividad, lo mismo en sus altas que en sus bajas.

VILLAMELONES

Pareciera que, en realidad, en esta contienda electoral vimos a varios independientes bienintencionados, pero también vimos a varios villamelones que decidieron subirse a esta “moda” política, pero sin la intención real de acceder a un cargo como una forma de servicio, y sin la capacidad real de hacerle frente al voraz sistema de partidos, que busca justamente esas debilidades para demostrarle a la ciudadanía que las candidaturas independientes no sirven. Por eso, para demostrar lo contrario, se necesitan más liderazgos como el de Guzmán Carrasco en Putla, o el de Luis Rey López en Santa Lucía, y a más sociedad civil organizada capaz e interesada en participar, y a menos aficionados de ocasión que sólo dañan a esta incipiente figura de nuestra vida democrática.

En Oaxaca habrá tres frentes ¿sin liderazgo? para abanderar a izquierda

Prep

+ PRD, PT y Morena: enfrentados y… ¿dispuestos para seguir la debilidad?


 

Si no varían los resultados que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, el PRI tendrá 15 diputados de mayoría, el Movimiento de Regeneración Nacional, tres, y la coalición PAN-PRD, siete. Es de esperarse que, en el reparto de las 17 diputaciones de representación proporcional, quede integrado el PT, que es el único de los partidos minoritarios que habría logrado mantener su registro. ¿En las condiciones actuales, alguien podría creer que algunos de esos partidos, o todos juntos, sean capaces de abanderar a la izquierda, y a la oposición, en Oaxaca?

En efecto, esa resulta ser una pregunta actual y necesaria en Oaxaca. Vemos de entrada que el PRI no tendrá problemas en conformar una bancada de hasta 21 integrantes (los 15 que ganaron su curul en los comicios del domingo, además de hasta seis plurinominales que podrían obtener); que, por su parte, la coalición PAN-PRD integrará una bancada de hasta 12 diputados (los siete de mayoría, y hasta cinco plurinominales según su porcentaje de votación) y que el Partido del Trabajo tendría hasta dos diputados de representación proporcional.

Con estos números, queda claro que el PRI tendrá una bancada fuerte, de 21 diputados, pero incapaz de sacar por sí solo ninguna reforma, ya que al haber una integración total de 42 diputados en el Congreso local, para aprobar una reforma legal se necesitan 22 votos, y para una modificación constitucional son necesarios 28. ¿De verdad demostrarán convicción las fuerzas de izquierda para establecer una oposición madura? ¿O es que alguno(s) de ellos se preparan para asumir el papel de esquirol de su propia —y supuesta— “ideología” política?

De entrada hay dos factores que se deben considerar: primero, que ahora habrá por lo menos tres bloques de izquierda; y segundo, que el ejercer un verdadero papel de oposición no significa estar en contra de todo lo que proponga el gobierno, sino que más bien se trata de equilibrar las posiciones entre el oficialismo y la oposición. Sólo que según la experiencia de las últimas dos legislaturas (que han estado marcadas por la pluralidad de partidos), ese papel de oposición responsable ha sido prácticamente nulo, y más bien se han ido o, al extremo de ser comparsa del oficialismo, o a la postura de convertirse en una oposición inopinada que simplemente establece una postura política por conveniencia pero sin tener capacidad de argumentarla o justificarla.

Este es un asunto por demás importante de cara a la integración de la LXIII Legislatura, y de la nueva administración en el Gobierno del Estado, porque aún con su amplia bancada, el PRI no será capaz de ejercer por sí mismo ningún control sobre el procedimiento legislativo, y de hecho se verá obligado a negociar permanentemente con alguna de las cuatro bancadas con las que conviva en la Legislatura local.

Por todo eso, vale preguntarse si esas bancadas opositoras estarán también preparadas para concertar y convivir con esa rasante mayoría priista, que buscará siempre la forma —confesable o no— de allegarse de los votos y los consensos que necesite.

OPOSICIÓN MADURA

Hay un elemento adicional en este análisis: el proceso electoral, y su contexto, generaron una división entre las fuerzas de izquierda en Oaxaca, que hoy parece irreconciliable: el PRD sufrió una profunda merma con la formalización de Morena como partido político, ya que éste último se llevó más de la mitad de su militancia —comprobable en números—, y además nació siendo por demás crítico con esa izquierda orgánica como hoy concibe al PRD.

A su vez, el PT oaxaqueño seguirá teniendo presencia legislativa gracias a que Benjamín Robles Montoya provocó un cisma en la coalición PAN-PRD, y la ruptura que les costó, a todos ellos, la gubernatura del Estado. En esas condiciones, ¿existiría la forma de actuar juntos o, cuando menos, coordinados ya como bancadas del Congreso del Estado?

Esto tiene mucho de fondo, porque de la respuesta a esa interrogante partirá también la posibilidad de ejercer un verdadero equilibrio al PRI como bancada, y a la nueva administración estatal, también de filiación priista. El reto que tienen tanto el PRD, como Morena y el PT será actuar en congruencia con ciertas líneas no necesariamente para entorpecer cualquier medida que impulse el Ejecutivo, como tampoco para terminar siendo comparsa de éste; más bien, la congruencia tendría que apuntar a una oposición no confrontada entre sí, que fuera capaz de generar el margen de concertación que justamente tratará de romper el PRI para tener una Legislatura más cómoda.

LA IZQUIERDA, A PRUEBA

Al final, ¿quién de ellos tendrá la capacidad de asumir el liderazgo en general de la izquierda opositora en Oaxaca? La bancada perredista está destinada a quedar bajo el liderazgo o de Carol Antonio o de Eva Diego —por ser dos que ganaron su curul por mayoría y que cuentan con más experiencia parlamentaria, frente al reparto de tribus que fue la lista plurinominal final de ese partido—; la de Morena no refleja aún un derrotero claro sobre su posible liderazgo cameral; y la del PT, indiscutiblemente será coordinada por Jesús Romero López, que demostró ser uno de los pocos incondicionales de Robles Montoya en todo este periplo. ¿Quién de ellos tendrá la suficiente convicción y la fuerza para no caer en los extremos, y demostrar que, juntos o separados, pueden seguir siendo una opción democrática sólida para Oaxaca?