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La derrota de Benjamín purgará a los partidos morralla

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BenjamínRM

+ Todos los partidos pequeños, en riesgo por atajar 3ª vía

La decisión tomada por el Partido de la Revolución Democrática la noche del miércoles, tendrá efectos irremediables en todas las fuerzas de izquierda y también entre los llamados “partidos morralla”. El hecho de que el PRD haya fustigado al senador Benjamín Robles Montoya, puede generar o la atomización del voto hacia rutas distintas (en un escenario en el que todos pierden) o puede generar una inercia en la que todos resulten beneficiarios de los activos electorales que representa el michoacano.

En efecto, luego de que la noche del miércoles el Consejo Estatal del PRD decidiera que su candidato a la gubernatura será José Antonio Estefan Garfias, Robles Montoya dejó ver la posibilidad de dejar las filas del PRD y emprender una nueva ruta rumbo a los comicios de junio próximo. Hasta ayer no había especificado cuál, o cuáles, serán sus rutas posibles. Lo único que reiteró es que de todos modos estará en la boleta electoral del 5 de junio. Eso, lo mismo puede ser un bien planeado “plan B”, que su ruta hacia la nada. Vale la pena analizar los escenarios.

De entrada, un aspecto que debe estar bien clarificado es si el proceso electivo del PRD fue verdaderamente estatutario, o si fue una selección fáctica. ¿De qué hablamos? De que desde antes de que iniciara el proceso de selección del candidato perredista, Robles estaba reticente de participar porque sabía que una vez inscribiéndose al proceso interno perredista, quedaría automáticamente imposibilitado de participar bajo algún otro membrete partidista si finalmente pasaba lo que se consumó el miércoles.

En ese sentido, nunca quedó del todo claro cuál fue la negociación o la razón por la que de repente Robles se vio muy dispuesto a participar en dicho proceso de selección, a pesar de que uno o dos días antes había manifestado su recelo por los “dados cargados” que reiteradamente denunciaba a favor de su adversario en la carrera perredista. Sólo se anunció que Robles aceptaba participar en el proceso, y se dijo que el método sería a través de la demostración de competitividad electoral.

La Asamblea de anteayer dejó en claro que esa condición (que se supone que era regla fundamental del proceso) no se cumplió, y eso no fue óbice para que el PRD estableciera que Estefan es su candidato. ¿Qué significa eso? Que esa inexactitud entre lo prometido y lo hecho, bien puede ser la referencia de que todo pudo haber ocurrido con base en reglas fácticas entre los participantes en dicha selección, pero sin ser éste un proceso estatutario sancionado ante la autoridad electoral, y por ende sin vincular a los participantes a las reglas establecidas en las normas electorales.

Sólo de esa forma pudiera ocurrir que Robles Montoya lograra brincar libremente a otro partido luego de este periplo. Sin mucha congoja, ayer Robles anunció que buscará una ruta alterna y sólo se limitó a establecer que lo hará a través de su campaña “Unir Oaxaca”. Y como esa asociación no es un partido político, entonces vale la pena preguntarse si no buscará seguir el camino de un candidato sin partido, o si aún tiene ases bajo la manga para ser postulado por las fuerzas minoritarias, a las que también les daría un respiro.

BRINCO, ¿A DÓNDE?

Por estos mismos días, el Movimiento de Regeneración Nacional oficializó que Salomón Jara Cruz será su candidato a la gubernatura. Algo similar ocurrió en el Partido Social Demócrata: el diputado local Manuel Pérez Morales, rindió también protesta como abanderado a la gubernatura por dicha fuerza política. Los únicos partidos que faltan por definir a sus candidatos son Movimiento Ciudadano y Unidad Popular.

Todos esos partidos enfrentan un problema común: la malograda Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de octubre pasado— establecía los partidos de composición indígena (como al menos se asumen el PSD y el PUP) tenían que cumplir con el dos, y no con el tres por ciento de la votación total para mantener su registro.

Al ser invalidada dicha norma, éstos también tendrán que cumplir con el nuevo mínimo de votación del tres por ciento, para mantener su registro y prerrogativas. Y el problema es que todos los partidos minoritarios que no se sumaron a alguna coalición (como el Verde y Panal que se unieron con el PRI, o el PT que se unió al PRD y PAN) hoy están más cerca que nunca de desaparecer al tener que demostrar la obtención de 50 por ciento más de votos que respecto al último proceso electoral estatal.

En ese sentido, Robles sería un respiro para todos si decidieran ir en una candidatura común, o si de alguna forma les sirviera el capital político del michoacano para mantenerse en la lucha electoral. En esto, la ecuación sería provechosa para todos, porque Robles cumpliría su cometido de aparecer en la boleta electoral (ya sin ninguna posibilidad de ganar), y esos partidos, a cambio de abrirle la puerta, tendrían como premio una votación superior al tres por ciento para mantenerse como institutos políticos con registro.

Evidentemente, ninguno de estos escenarios es sencillo. Tendrían que optar por candidaturas comunes, hacer cambios de candidatos y ajustar todo para poder participar cobijando a Robles Montoya. Quién sabe si la decisión tomada por el PRD regrese a Robles al estado de humildad que abandonó hace tiempo cuando se creyó invencible. Pero lo cierto es que las vías para aparecer en la boleta tampoco son tan variadas, ni tan sencillas como pudiera parecer en un primer momento.

Por eso, si nada de esto ocurre, y Robles se tira a ser un candidato sin registro, entonces todos juntos estarán en riesgo: él será un candidato “de chocolate” (que en el lenguaje infantil significa “el que participa pero no cuenta”) y prácticamente todos los partidos morralla estarían en un altísimo riesgo de desaparecer ante las nuevas exigencias electorales impuestas por la reforma política nacional. Pronto lo sabremos.

PROFECÍA

Habría que desempolvar la llamada filtrada entre Ulises Ruiz y Hugo Scherer: ahí hablan de “mandar” a Robles a la candidatura de Movimiento Ciudadano. Han pasado muchas cosas desde entonces. Pero junto con el PUP, MC es uno de los que aún no ha hecho una sola definición respecto a sus candidaturas. ¿Será que aquellos tuvieron boca de profeta o son simples casualidades?

Por indefinición, el PRD pone en riesgo uno de sus últimos bastiones

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PRD

+ Perder Oaxaca significaría doble derrota; crisis actual así lo augura

 

Hasta las primeras horas de la tarde de ayer, se veía como una posibilidad lejana que pudiera ocurrir un gran acuerdo en el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática, y que por ende de éste pudiera emanar un candidato a la gubernatura único, legitimado y fortalecido. Los jaloneos, las acusaciones de fraude, y las filtraciones, le dieron el ingrediente de inestabilidad que le hacía falta al proceso interno del perredismo oaxaqueño. Quizá lo que no han dimensionado, en Oaxaca y en el Comité Nacional, es que poner en riesgo esta gubernatura significa afianzar su derrota global en los comicios estatales del presente año.

En efecto, ayer se convirtió en noticia nacional la trifulca ocurrida en el hotel donde se realizaría la sesión del Consejo Estatal del PRD en el que se definiría la candidatura de ese partido, y de la coalición PAN-PRD-PT a la gubernatura del estado. La gresca era previsible ya que desde la semana pasada el equipo de campaña del senador Benjamín Robles Montoya denunció que el Comité Estatal del PRD orquestaba un fraude a través de la alteración de la lista de consejeros electores que participarían en la sesión para definir al Candidato a Gobernador.

Por eso, ayer que se instaló el Consejo, hubo jaloneos desde el momento mismo en el que se abrieron las mesas de registro, por el diferendo que ya existía entre quienes se supone que estaban legitimados para participar, y quienes pretendían no abrir el listado para que, a partir de eso, pudieran manipular los nombres y la asistencia de quienes debían participar en la asamblea. Hasta ya muy entrada la tarde, no había certeza del momento en que pudiera llevarse a cabo la elección del candidato, e incluso si habría de ocurrir la sesión. Pasado el mediodía, el dirigente nacional, Agustín Basave, había instalado el Consejo pero decretado un receso indefinido.

En todo esto, el PRD enfrenta un problema mayúsculo que en buena medida tiene que ver con la incertidumbre que generan sus propias reglas políticas. Desde hace varias semanas, los dos precandidatos a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, establecieron sus estrategias, excluyentes, para tratar de hacerse de la candidatura. ¿Qué hicieron?

El primero optó por generar todo tipo de acercamientos con los consejeros estatales que participarían en la sesión de ayer, para tratar de afianzar su voto. Por esa razón, a Estefan Garfias se le vio en los últimos días tratando de desmenuzar la integración del Consejo Electivo para poder asegurar desde ahí su triunfo. Por su parte, Benjamín Robles Montoya estableció una estrategia basada en la consolidación de sus apoyos en las esferas nacionales del PRD. Por eso, a ambos se les vio particularmente dedicados a ciertas tareas en las últimas semanas, pero fuera de las labores proselitistas “normales” que habían desplegado en los meses anteriores para congraciarse con la militancia.

¿A qué le apuestan? Estefan, le apostará todo a tener un Consejo Estatal afín que le permita, desde ahí, contar con una mayoría desahogada que lo ubique en la candidatura; Robles Montoya parece apostarle a que en el Consejo Estatal no exista un acuerdo sólido, y entonces la decisión se traslade al Comité Ejecutivo Nacional, donde tiene un respaldo soportado por varios de los “notables” perredistas.

Al final, ambas parecen estrategias prósperas aunque sin capacidad de generar el consenso necesario para evitar las rupturas. En eso se basa el riesgo que hoy corre no sólo el perredismo oaxaqueño de allanarle la victoria a sus adversarios, sino todo el perredismo del país ante la posibilidad de perder uno de sus semilleros de votos. En el fondo, si pierden Oaxaca estarán alejando aún más cualquier posibilidad de revivir electoralmente en el 2018.

RIESGO NACIONAL

La crisis que vive el PRD no se acabó con la llegada de Agustín Basave. De hecho, su arribo lo único que hizo fue modificar el esquema de conflictos con los que debía lidiar. El hecho de haber cancelado las alianzas en Puebla y Tlaxcala, tuvo como telón de fondo el acuerdo tácito de los respectivos comités nacionales PAN y PRD, de dejar perder esas dos gubernaturas en aras de atajar los intentos de asalto del gobernador poblano Rafael Moreno Valle. En la suma y resta de gubernaturas y votos, eso los conmina a redoblar sus esfuerzos en las gubernaturas por las que aún irán juntos. Destaca en ello los casos de Veracruz y Oaxaca.

En el caso de Veracruz, sorprendentemente las cosas se las ha facilitado de forma excepcional el impresentable gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hoy se encuentra en el pináculo del repudio de su propio partido. El PRI sabe que tiene un serio riesgo de perder la gubernatura y por eso su decisión de postular a un candidato adversario interno de Duarte. Héctor Yunes Landa, sin embargo, tendrá que cargar con el peso de una candidatura que también está desacreditada por el desgaste priista en aquella entidad. Por eso, si la alianza PAN-PRD capitaliza bien el descontento de los veracruzanos sí podrá agenciarse esa victoria.

En el caso de Oaxaca, nada ha complicado más la posibilidad de mantener la gubernatura que los propios enredos de los perredistas. El punto crítico de esta situación, la da el hecho de que si las consecuencias de la decisión tomada eventualmente la noche de ayer, no es controlada con rapidez y capacidad de acuerdo, entonces se generará un cisma (de cualquiera de los dos candidatos) que lo único que provocará es la derrota estrujante para su escenario nacional.

Oaxaca fue en el pasado reciente, un semillero de votos para el PRI. Pero una vez que el PRD le arrancó la gubernatura a los tricolores, ha sido un inyector incansable de votos para las causas que han apoyado. López Obrador como candidato presidencial, lleva dos victorias arrasadoras en la entidad. Con todo, la coalición en Oaxaca no ha perdido su presencia en los espacios legislativos y hay una representación aún robusta en las cámaras federales. Todo eso, en el fondo, es consecuencia del triunfo electoral de Gabino Cué en 2010. Y si no sopesan bien su situación, este podría ser el principio del fin del reinado perredista en la entidad.

DE TRAICIÓN EN TRAICIÓN

¿Cuánto faltará para que, de nuevo, Hugo Jarquín se vaya del PRD a hacerla de esquirol en la contienda por la presidencia municipal de la capital?

Martínez Alavés cosecha en la UABJO los frutos de su soberbia

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Helmes

+ Atropelló a todos; centralizó el poder; hoy, la mayoría lo rechaza

 

La crisis política por la que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no radica en un conflicto de orden laboral y, de hecho, ni siquiera en el solo hecho de la sucesión en la rectoría. El problema, en realidad, tiene como tema de fondo la purga que diversas expresiones universitarias pretenden hacer del clan Martínez Helmes, que a fuerza pretende retener el poder que no supieron mantener con base en el liderazgo. Hoy, por eso, la Universidad enfrenta un problema que sólo se resolverá en la medida en que se resuelva esta medición de fuerzas.

En efecto, desde la semana pasada el rector Eduardo Martínez Helmes ha dado claras muestras de desesperación frente a sus adversarios. La semana pasada cesó de forma fulminante al titular de la Contraloría universitaria, Pedro Rafael Martínez Martínez. Lo hizo sin ninguna justificación y —como se apuntó en este espacio la semana pasada— más bien como una revancha por las maniobras que comenzaba a realizar el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) para abordar la carrera por la sucesión universitaria. Esa fue la primera escaramuza en una contienda que esta semana ha escrito nuevos capítulos. ¿De qué hablamos?

De que en aquel momento el rector Martínez Helmes cesó al contralor Martínez Martínez como una forma de amagar al grupo que, desde el STAUO, pretende apuntalar al secretario de Administración universitario, Silviano Cabrera Gómez, como la alternativa al clan de los Martínez en la carrera sucesoria. La respuesta no sólo del STAUO, sino de diversos grupos, fue la del cierre de la Universidad, decretado desde el lunes pasado y que no tiene para cuándo terminar. La demanda central que plantean es la restitución de los trabajadores despedidos, cuestión en la que evidentemente no cederá el Rector.

En esa lógica, ayer ocurrió un episodio de violencia que vale la pena analizar. Antes del mediodía, un grupo de porros intentó reventar el plantón que mantenían trabajadores afiliados al STAUO en la Escuela de Arquitectura de Cinco de Mayo. En las imágenes de la refriega, se pueden observar no sólo a porros a sueldo como “el Chente con lentes” o “el sonrics”, sino también al mismo secretario General del Sindicato Universitario de Maestros —reducto sindical de los Martínez Helmes—; en las imágenes, al lado de éste se encontraba Gabriel Pizarro Castillo, caudillo de la Preparatoria Uno.

¿Por qué todos esos personajes —no todos porros— participaron en los actos de violencia con los que se pretendía reventar el paro decretado por el STAUO? En el fondo, todo apunta a que el ex rector, y líder moral del clan Martínez, Abraham Martínez Alavés, está desesperado porque diversos grupos que hoy están generando oposición, antes eran parte de los que le daban fuerza. Específicamente, una parte importante del STAUO —que hoy está en paro— era uno de los que principalmente proporcionaba estabilidad al rectorado de Martínez Helmes. Hoy, lo evidente es que dejaron de comulgar con su causa, y que por ende no los van a apoyar para continuar detentando el poder.

Frente a este escenario, habría que preguntarse ¿qué pasó, y por qué el distanciamiento de los grupos con el clan Martínez? La respuesta, apuntan quienes conocen la política universitaria, de entrada se encuentra en el hecho de que hoy los Martínez Helmes pretenden retener a golpes lo que paulatinamente fueron alejando y enconando con sus actitudes soberbias.

Señalan que, por ejemplo, desde hace tiempo son bien conocidas las vociferaciones del propio Abraham Martínez Alavés, que en público y en privado reprendía a los líderes de las expresiones universitarias afines, exigiéndoles incondicionalidad a ciegas sin ofrecerles alternativas o espacios dentro de la Universidad. Los mismos hechos han dejado en claro que lejos de generar un liderazgo horizontal e incluyente, los Martínez Helmes privilegiaron al clan familiar, y a los verdaderos e incondicionalmente sometidos, en todos los espacios de relevancia dentro de la UABJO desplazando a quienes les habrían permitido mantener los equilibrios.

Sólo de esa forma se explica que, ni siquiera por la decisión del Rector, sino de Abraham Martínez Alavés, hoy el liderazgo de SUMA se encuentre en manos de Héctor López; que en la Facultad de Contaduría y Administración esté Abel Morales; que la Facultad de Derecho esté en manos de Reynel Vásquez Zarate; en Idiomas su sobrina Keila… y así, una lista interminable de personajes que lo único que tienen en común es la incondicionalidad con los Martínez Alavés.

EL TOTALITARISMO

Apuntan los propios universitarios que, ya metidos en esa dinámica, en los últimos años los Martínez Helmes —y particularmente el patriarca Abraham Martínez Alavés, que nunca tuvo pudor en demostrar su ejercicio de poder tras la silla del Rector— no tenían ningún empacho en ejercer un totalitarismo escalofriante. A los que señalaban errores y hacían críticas al interior, eran señalados como desleales. En sus palabras, sostienen, los que se atrevieron a ser críticos fueron calificados como “chuecos”.

Eso, señalan, le dio al traste a un proyecto que hace doce años decía tener como proyecto universitario, acabar con el porrismo y construir la prosperidad académica. Finalmente, todo apunta a que el clan de los Martínez Helmes sucumbió por completo ante las tentaciones del dinero, del poder y del caudillismo, como en los tiempos de Niño de Rivera, de Nahúm Carreño, de Leticia Mendoza Toro. En el fondo, todo apunta a que este rectorado terminará siendo un émulo de aquellos viejos caudillos.

DÍA CLAVE

Ayer, con toda la parafernalia priista de una operación cicatriz que está cumpliendo su cometido, Alejandro Murat fue ungido formalmente como el candidato priista a la gubernatura de Oaxaca. La gran incógnita está en el PRD, que hoy se juega su futuro en un escenario que de alguna forma parece un perder-perder. Si finalmente el PRD le apuesta a la decisión basada en las reglas que ellos mismos fijaron, perderán el apoyo del Estado en Oaxaca; si apuestan por respaldar al grupo gobernante, provocarán un cisma histórico de ese partido que, además, tendrá como destino o la nada, o la contra. En la Asamblea de este día, el PRD tiene dos escenarios: o revientan el quórum, o revientan la sesión. El fantasma, en todos los escenarios, es la violencia. Nubarrones por todos lados, sea cual sea la decisión.

Escándalo en la SFP debe marcar la pauta de la función pública

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Harrods

+ No se trata de pasar límites, sino del sentido del servicio público

 

Las revelaciones hechas la semana pasada por la Agencia Reuters, sobre cómo varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública gastaban sus viáticos en comidas, bebidas y demás extravagancias en sus viajes de trabajo al extranjero, es un botón de muestra del nivel al que se debe llevar la función pública, en el que ya no sólo se trate de no rebasar los límites, sino que dentro de ellos se actúe con sentido de responsabilidad.

En efecto, Reuters reveló que en una cena con champán, caviar y salmón ahumado en la exclusiva tienda departamental Harrods fue como Hilda García, una funcionaria anticorrupción, gastó parte de sus viáticos de 450 dólares diarios en Londres el año pasado. Otro funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Jorge Pulido, enviado a una conferencia a Kuala Lumpur, hizo una escala en Fráncfort, donde se las arregló para gastar más en taxis y comidas, que en sus seis días de estancia en un hotel de Malasia. Otro empleado más de la SFP, Alejandro Bonilla, viajó a Hawái para las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que comió tres rondas en 24 horas.

Sobre esto, Alejandro Bonilla le dijo a Reuters que su trabajo en la unidad de contratación pública de la secretaría significa que tuvo asistir a eventos tales como negociaciones del TPP, que incluyeron dos reuniones en Hawái y otra en Guam el año pasado. En tanto que Jorge Pulido, jefe de asuntos legales de la SFP, que desembolsó más de 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort de camino a una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur, dijo que las comidas y taxis en la ciudad alemana son caros y que no gastó más de 450 dólares por día durante su viaje de dos días.

Quien fue más allá —y revela el poco pudor sobre lo que debiera significar la función pública en un gobierno con más sentido de responsabilidad frente a sus gobernados, que evidentemente no lo es el federal— fue Hilda García, la funcionaria que cenó en Harrods, que entregó la mayoría de sus recibos. Una de sus otras comidas fue en Starbucks, señaló, y ella consideró que la comida en Harrods fue como una recompensa después de un duro día de trabajo que involucró complicadas reuniones con lenguaje técnico en inglés. “No tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días”, agregó.

¿Por qué esto debiera escandalizar, aunque fue aceptado por la Función Pública? Porque en su visión abrumadoramente formalista y proteccionista del actuar “legal” aunque poco ético de los funcionarios, la dependencia dijo que no se habían transgredido ninguno de los parámetros de la normatividad que rige estos procesos, debido a que ninguno de los tres funcionarios aludidos había sobrepasado el presupuesto de 450 dólares diarios que la dependencia les entrega por concepto de viáticos cuando viajan al extranjero.

En ese sentido, pareciera entonces que la lógica correcta sería la de gastar los 450 dólares discrecionalmente y no bajo el concepto de austeridad y eficiencia, que son principios básicos que rigen la función de los servidores públicos cuando tienen encomiendas oficiales. Incluso, bajo esa misma lógica parecería hasta un tonto el también empleado de la Función Pública, Jaime Cerdio, quien según la nota de Reuters fue más austero, ya que en un viaje a Washington, vivió de emparedados de 10 dólares y refrescos que compró en el local Safeway y regresó casi una tercera parte de sus viáticos, reponiendo a las arcas del Gobierno más de mil dólares.

Si esa estrecha lógica gubernamental aplicada por la Secretaría de la Función Pública fuera la correcta, entonces no habría por qué escandalizarse si un funcionario, en el desempeño de una comisión oficial en el extranjero —o donde fuere— entregara a su regreso, tickets o facturas de consumo de un prostíbulo o de un centro nocturno, porque no se sobrepasó de lo que podría gastar. En los servidores públicos no sólo se trata de que gasten legalmente los recursos que tienen a su disposición, sino que lo hagan siempre de la forma más racional posible.

CAMBIO DE VISIÓN

Es una tragedia que la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, se encuentre voluntariamente supeditada a la realización únicamente de juicios legales y no éticos o morales. En el caso de la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, o de la casa que grupo Higa le vendió de forma preferencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pudo no haber habido la comisión de delitos o de faltas administrativas. Pero sí fue evidente —y por eso tal juicio quedará asentado en los anales de la historia— es la inmoralidad que representa la ventaja para la adquisición de esos predios, a partir de las responsabilidades que desempeñaban en el momento de adquirirlas.

En ese sentido, resulta inaceptable que la lógica gubernamental apunte a que si no se cometen faltas legales entonces no hay nada que condenar. Al final, la función pública está compuesta por los aspectos legales, que son fundamentales, pero también en reglas de conducta, que si bien se encuentran en el ámbito de los convencionalismos sociales, también deben ser aplicadas y exigidas en la misma medida que los temas estrictamente legales. Por esa razón, es hasta trágico que toda conducta no encuadrada específicamente en la violación a un reglamento, sea aceptada por las propias dependencias gubernamentales, como si el desempeño de un funcionario fuera un asunto de claros y oscuros, sin matices de por medio.

¿Qué debiera esperarse entonces, en este caso? No sólo que la Función Pública sancione o repruebe —al menos moralmente— a los servidores públicos que incurrieron esa conducta, sino también que establezca no sólo parámetros jurídicos, sino también éticos, de cómo deben actuar los servidores públicos. Por algo, en el mundo existen las comisiones de “honor”… aunque en el caso de México la gran mayoría de las veces no pasan de ser adornos para cubrir un requisito sobre el que nadie está preocupado.

CUENTA REGRESIVA

En el PRD hay una verdadera tensión por la definición de su candidato. A escasas 24 horas de que venza el plazo para hacer el anuncio oficial parece que aún no hay los consensos necesarios para la unción de un candidato. ¿Les ganará el cisma?

Defender la denominación mezcal es un asunto cultural

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Mezcal Convite

+ Se deben idear estrategias de defensa legal vs NOM-199

Demasiado interesados en los asuntos coyunturales, muchos no hemos reparado en que el gobierno federal se encuentra en vías de consumar un despojo cultural no sólo a Oaxaca, sino a varias entidades del país que producen mezcal. Existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (la NOM-199-SCFI-2015) que establece que todos los destilados de agave que se produzcan fuera de los territorios comprendidos en alguna denominación de origen, tendrán prohibido utilizar la palabra “mezcal” y también quedarán impedidos de señalar en sus etiquetas que la bebida tiene como origen el agave, y que en su lugar deberán utilizar la denominación “komil”. Esto, a todas luces es un atropello que debe ser impedido.

En efecto, desde hace meses se habla en algunos círculos sociales y empresariales de ese polémico proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), y aunque originalmente hubo desinformación y “teorías” sobre la intención que tendría esa NOM sobre la regulación del mezcal o el tequila, la socialización y la revisión de dicho proyecto han dejado claras las intenciones: el gobierno mexicano quiere acotar el uso de las palabras “mezcal” y “agave”, para equipararlas con marcas registradas, y reservarlas para el uso exclusivo de quienes se encuentran dentro de una región con denominación de origen, y en regla con los procesos de certificación. Para entender todo esto, vale la pena ir por partes.

Por un lado, las denominaciones de origen son declaratorias de protección del nombre y características de un producto, en una determinada región. Está, por ejemplo, la talavera o el chile habanero, que tienen sus respectivas denominaciones en el estado de Puebla y en la península de Yucatán. En el caso de los destilados de agave, hay varias denominaciones de origen. Una de ellas es la del tequila, otra la del mezcal, y existen dos más: el sotol y la bacanora, que son bebidas que también se producen del agave pero en otras regiones del país.

En el caso del tequila, su denominación de origen comprende 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacán con 30 municipios. Solamente en esos municipios se puede cosechar y utilizar la materia prima, agave tequilana weber variedad azul, para la producción de Tequila. Y ninguna otra bebida alcohólica producida en el país, o fuera de él, puede ostentar el nombre Tequila.

En el caso del mezcal, la Denominación de Origen Mezcal (DOM) comprende regiones de nueve entidades del país; esas entidades son Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Durango. El problema es que la DOM establece la protección por regiones. En el caso de Oaxaca establece que la protección abarca particularmente las regiones de Tlacolula, Sola de Vega, Yautepec, y Miahuatlán.

De este modo, aunque la entidad tiene denominación de origen, no todas las regiones están protegidas. Así, por ejemplo, las amplias zonas mezcaleras de la mixteca oaxaqueña han tenido grandes dificultades para acceder primero al uso de la denominación de origen, y luego al proceso de certificación, que muchas veces es rechazado por cuestiones económicas pero también culturales, que debieran ser tomadas en consideración.

KOMIL Y EL DESPOJO

No sólo son los estados con denominación de origen, los que producen mezcal. De hecho, en México, existen registros de que unas 27 entidades del país han producido mezcal desde la época virreinal, que se trajo al territorio actual de México la tecnología necesaria de alambiques para la destilación del mosto del agave. Si consideramos que sólo regiones de nueve entidades del país tienen DOM y podrán seguir utilizando las palabras “mezcal” y “agave” en sus etiquetas, entonces el resultado es un enorme despojo a todas las regiones mezcaleras del país que ya no tendrán la autorización para seguir usando ambos términos, que son parte de su cultura.

En ese sentido, vale también entender algo más: el otorgamiento de una denominación de origen se basa esencialmente en que el gobierno y los productores de la región que la pretende, demuestre que el producto cuya denominación se pretende proteger, es consecuencia de su herencia cultural, que ha sido elaborado bajo ciertas condiciones por un periodo determinado de tiempo, y que su calidad o características dependen de los factores naturales, humanos y geográficos de dicha región.

Así, considerando lo anterior, lo que se desprende en el caso del mezcal, es que la denominación de origen protege a quienes lo han solicitado, pero que hay mucho más mezcal en México que el que se encuentra contemplado en la DOM. Por eso, en este caso, ni están en la DOM todos los estados mezcaleros que existen; ni los que se encuentran protegidos por la Denominación de Origen Mezcal, son todos los que deberían estar.

Frente a todo esto, hay algo irrefutable: que el mezcal es, además de una bebida alcohólica, un producto cultural de México. Y lo interesante que plantea este caso, es que una vez que se consolide la aprobación de la NOM-199 que pretende obligar a todos los productores de mezcal que se encuentran fuera de las denominaciones de origen, a utilizar la palabra “komil” en lugar de “mezcal”, lo que habrá de esperarse son las estrategias de defensa legal que se promuevan ante los tribunales del país para evitar este despojo.

Habrán varios argumentos centrales que desde ahora se prevé que serán parte de la discusión. Uno de ellos, es que muchísimas comunidades indígenas podrán argumentar, en contra  NOM-199, que la denominación “mezcal” de su producto es un elemento integrante de su identidad cultural, y que por tanto su derecho a denominarlo como ellos lo han llamado siempre, es un derecho tutelado por la Constitución y la legislación internacional en materia de derecho indígena.

Otro argumento, también con amplias posibilidades de prosperar, es el relativo a que una decisión como ésta tendría que pasar, necesariamente, por un proceso consulta, contemplado para las comunidades indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el Estado prevea aplicar medidas legislativas o administrativas (como en este caso) susceptibles de afectarles directamente.

UNIRSE, EL RETO

Lo único que podría derrotar a quienes serán despojados por este absurdo intento del Estado, es la desunión. Plantear una defensa legal sólida y unificada será el único camino para impedirlo.

El Congreso tropieza consigo mismo al no ratificar a funcionaria

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Sesión

+ Desaprobar un nombramiento los corresponsabiliza del resultado

Ayer el pleno del Congreso del Estado decidió no ratificar la propuesta enviada por el gobernador Gabino Cué de nombrar a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal. Con esta decisión, inédita en la vida institucional de la entidad, en realidad la Legislatura dio un brinco arriesgado que lejos de beneficiarla, o fortalecerla, la pone en la picota de las corresponsabilidades por el nombramiento de los funcionarios.

En efecto, sin siquiera ofrecer algún tipo de razonamiento o explicación que fundamentara el sentido de la decisión tomada, la LXII Legislatura decidió la no ratificación de Valencia Ramírez. Esto sorprendió incluso a quienes dentro del Congreso suponían que —tomando en cuenta el antecedente de Alberto Esteva Salinas, que fue ratificado como Secretario de Seguridad Pública a pesar del desacuerdo de muchos legisladores— sólo ante un caso verdaderamente extraordinario podría ocurrir la posibilidad de no ratificar una decisión del Gobernador respecto de su gabinete.

Esto ocurrió, inusitadamente, frente a una situación y una propuesta que en realidad no revestía mayor trascendencia ni para el gobierno —que está en pleno de cierre de ejercicio— y tampoco para el rubro de la política social, ya que la Sedesoh tiene programas sociales ya muy encaminados. Con eso, ahora el Congreso tendrá también que repensar la importancia de haber tomado, y quizá volver a hacerlo después, una decisión que sí tiene cierto grado de complejidad. ¿Por qué?

Básicamente porque esta podría ser una muestra de la crisis que puede generar la intervención inopinada del Legislativo en las decisiones que se encuentran en la potestad del Poder Ejecutivo. Es cierto que fue el propio gobernador Cué quien propuso el mecanismo de ratificación de todos los funcionarios del gabinete legal, como una forma de equilibrar el poder, y como una muestra de voluntad democrática.

En congruencia, por eso que ayer mismo el Gobierno del Estado anunció su decisión de no inconformarse ni de recurrir la decisión tomada por el Congreso. Lo grave en esto es que la Legislatura haya tomado una decisión de esta magnitud como una forma de berrinche o de demostración de poder al Gobernador, y con eso esté interviniendo indirectamente en el campo de la administración pública, que no es su función.

La razón es evidente: se supone que la ratificación de los integrantes del gabinete, tiene una función de “vigilancia legislativa” sobre las decisiones que toma el Gobernador. Ésta debiera ser una herramienta jurídica de uso muy cuidadoso por el solo hecho de que una no ratificación significa una intervención directa en las funciones que no le tocan al Congreso, y que tienen que ver con las tareas de gobierno.

Por eso, se supone que la ratificación es como un mecanismo extraordinario de control cuya eficacia tendría que ponerse a prueba en el caso de que el nombramiento hecho por el Ejecutivo fuera verdaderamente peligroso para el interés público o que —como en el caso de Esteva Salinas, a quien sí ratificaron los diputados— el nombramiento recayera en una persona cuya fama pública, probidad, o antecedentes personales constituyeran un riesgo para las funciones o patrimonio del Estado.

CORRESPONSABLES

La ausencia de razonamientos o explicaciones sobre la decisión tomada, pone al Congreso local en el espacio de las corresponsabilidades. Cuando el Congreso ratifica a los funcionarios propuestos por el Mandatario, no es responsable el Legislativo de sus buenos o malos resultados, ya que quien está ejerciendo en realidad la función administrativa, y está asumiendo el costo de los aciertos o errores de sus funcionarios, es el Mandatario.

Por eso, lo común es que el Congreso haga la función de ratificación casi en automático porque se asume que el costo de las decisiones está en el campo del Ejecutivo, y que en el marco de la división de poderes, un acto como ese sí constituye una intervención en el ámbito de otro poder. Esto ocurre, incluso, en el ámbito federal, respecto a los empleados superiores de Hacienda, el Procurador General de la República (hasta antes de la reforma) y los demás funcionarios que la Constitución establece que deben ser ratificados por el Senado. Éste difícilmente considera la posibilidad de no ratificar, porque sabe que al vetar a un funcionario entonces sí se crea un vínculo de corresponsabilidad.

¿Qué sigue? Dice el artículo 88 de la Constitución: “El nombramiento de los secretarios de despacho lo realizará el Gobernador del Estado y será ratificado por el Congreso en pleno o por la Diputación Permanente en un plazo improrrogable de diez días naturales; si no resolviere dentro de dicho plazo, el nombramiento quedará ratificado. En caso de que el nombramiento del que se trate fuera rechazado por el Congreso del Estado, dentro de los siguientes diez días, el Gobernador del Estado hará una nueva propuesta; en caso de ser rechazada, el Gobernador hará libre y directamente la designación del Secretario de despacho. El Gobernador del Estado tendrá en todo momento la facultad de remover y cambiar libremente a los Secretarios de despacho”.

Esto es: el Ejecutivo no podrá volver a proponer a la misma persona que ya fue rechazada. El Congreso podría volver a rechazar la propuesta y abrir con eso la puerta para que se hiciera una designación libre. Mientras cualquiera de esas cosas pasa, lo cierto es que el Congreso ya se introdujo —sin una necesidad evidente, y más bien parece que lo hizo sin considerar las implicaciones de la decisión— en un espacio en el que debió haber evitado meterse.

Al final, también sería provechoso —si la diputación local dejara la abulia que la caracteriza— repensar dicha facultad y considerar la posibilidad de eliminarla. Pues no ha servido como control al Ejecutivo (el caso Esteva Salinas lo demuestra) y tampoco ha sido un “botón de pánico” frente a nombramientos controvertidos. El desaprobar a una funcionaria que no revestía una cuestión toral para el gobierno, sólo los ubica en una posición por demás cuestionable.

HELMES, A MORENA

Tal parece que esa es la intención —que cada se parece más a un sueño “guajiro” —: que una vez que termine su rectorado, Eduardo Martínez Helmes sea ungido como diputado por Morena. ¿Pondrá como carta de presentación para buscar la postulación, los intereses de su cacicazgo familiar en la UABJO?

Eduardo Martínez Helmes enloquece por control de la UABJO

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Familia Real

+ Comienzan las acciones desesperadas; crecen grupos opositores

Es sintomático el cese fulminante del Contralor General de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. El rector, Eduardo Martínez Helmes, enfrenta no sólo las últimas semanas de su rectorado sino también la supervivencia de su grupo político que, básicamente, incluye a toda su familia nuclear y extendida. Por eso, el Rector comienza a tomar decisiones desesperadas ante la imposibilidad de seguir protegiendo sus más importantes herramientas de control político, y ante el surgimiento de varias fuerzas opositoras a su grupo.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta del cese fulminante, ocurrido el martes, de Pedro Rafael Martínez Martínez —hermano de Enrique Martínez Martínez, competidor de Martínez Helmes en la carrera por la rectoría hace cuatro años— quien ostentaba el cargo de Contralor General. El ahora cesado llegó al cargo gracias a la negociación de posiciones políticas ocurrida entre los aspirantes luego de la elección universitaria de 2012.

El problema es que como esa fue una de las posiciones que el Rector le entregó —en apariencia— al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), y ahora ante la situación actual —en la que el STAUO es punta de lanza de quienes pueden arrebatarle el poder— constituía un botón de riesgo para la estabilidad del grupo que controla la universidad, fue cesado incluso sin el mínimo respeto a su garantía de audiencia, y sin ofrecerle alguna explicación sobre la decisión tomada en la oficina de la Rectoría.

¿Qué quería preservar el Rector? En términos simples quiso asegurar la inexistencia de huecos por los que se pudiera seguir “filtrando” —aunque en esos aspectos la Universidad, con toda su pluralidad, es altamente permeable— información, cifras y datos, de las bases en las que está anclado el control que mantiene el grupo de su padre, Abraham Martínez Alavés, sobre escuelas y facultades clave en la política electoral universitaria. El STAUO ha sido enfático en el cuestionamiento a esas herramientas de control, y por esa razón el Rector quiso cortar de fondo la gangrena cesando al funcionario que —según él— podría tener el acceso completo a esa información.

El problema es que luego de tres periodos gozando del control universitario, todas las herramientas del grupo son ampliamente conocidas. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, hay un problema de porrismo, pero sobre todo de tráfico de calificaciones. ¿Cómo controlan la universidad? Lo hacen a través de agentes externos (los que antes eran conocidos como “fósiles”) que aun cuando formalmente ya no tienen matrícula como universitarios, sí fungen como “gestores” o como “coyotes” para el tráfico de calificaciones con los alumnos.

¿Qué hacen? Que desde fuera de la Universidad, tienen los “contactos” para poder asentar calificaciones fuera de toda norma o control. Esos “contactos” dentro de la Universidad, no son otros que los de la Dirección de Redes y Telecomunicaciones, que permiten que eso ocurra y hasta les facilitan las cosas, y que en muchos casos el trámite se hace a título gratuito, o con cantidades de dinero simbólicas, porque lo que también les interesa es que los jóvenes irregulares —que son cientos, quizá miles dentro de esa Facultad que es deliberadamente masiva— les deban el favor para luego cobrárselos al convertirlos en parte de las estructuras electorales del grupo del Rector.

En gran medida de todo eso se le acusa a Reynel Vásquez Zárate, director de la Facultad de Derecho que, si nada extraordinario ocurre, se convertirá en el candidato del grupo Martínez Helmes a la Rectoría. Sus antecedentes personales se encuentran en el porrismo. Pero como Director de esa Facultad, de lo que más se le acusa es de dejar pasar libremente todas las maniobras relacionadas con la venta o condicionamiento de calificaciones para favorecer a su grupo político.

TERROR A LA DISIDENCIA

Hay una razón más por la que el Rector decidió cesar de manera fulminante al Contralor General: la competencia real que tendrá el grupo de Martínez Helmes en la competencia por la sucesión no será sino con el STAUO. ¿De qué hablamos? De que dentro de la Universidad, y más allá de las apariencias, el Rector se enfrentará a un grupo que se fortalece y que buscará capitalizar la crisis de los Martínez.

Pues resulta que según las apariencias, la competencia se la daría el actual director de la Facultad de Contaduría y Administración, Abel Morales. Éste personaje ha intentado generar la idea de que podría ser la alternativa pero dentro del propio grupo de los Martínez Helmes. Ha querido presentarse como la opción “académica” que se contrapone a los cuestionamientos que pesan sobre Reynel Vásquez Zárate y sus antecedentes de porrismo. El problema es que al interior de ese grupo, Morales se ha evidenciado en diversas mezquindades que lo tienen ampliamente descartado. Y su problema es que fuera del cobijo político-electoral de los Martínez Helmes, Abel Morales y su grupo fueron incapaces de construir las estructuras de voto que son indispensables ya no para ganar, sino para ofrecerle una competencia digna al candidato del Rector.

¿Quién será la competencia real? Todo apunta a que será uno de los líderes históricos del STAUO, en la persona del actual secretario de Administración, Silviano Cabrera Gómez. Éste es quien ha venido abrevando las fracturas que ha sufrido el grupo de los Martínez Helmes, pero además ha mantenido a flote el capital que ha tenido el STAUO, que en las tres últimas elecciones de Rector ha sido el único que verdaderamente le ha ofrecido competencia a los candidatos de Abraham Martínez Alavés.

Al final esa será la forma en que se cierre la competencia: Eduardo Martínez Helmes, asesorado por su padre, enloqueciendo para tratar de no perder el poder, aunque en esas maniobras demuestra todo lo contrario: los ceses fulminantes, los golpes de timón y las acciones desesperadas, sólo demuestran su nivel de nerviosismo por el poder que están a serias posibilidades de perder, luego de casi dos décadas de reinado.

EXHIBIDOS

En uno de los edificios de Ciudad Universitaria colgaron una manta que da cuenta del control que tienen los Martínez: 13 familiares directos, e incondicionales de Abraham Martínez Alavés, ocupan cargos directivos, o plazas de tiempo completo en la UABJO. De ese tamaño es el interés de la “familia real” universitaria por mantener su cacicazgo.

La juventud en México vive tiempos de grandes riesgos

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+ Atajar el arquetipo de la “vida fácil” del narco, el reto

Un arquetipo es un “modelo original” que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o puede ser también un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Hoy, en muchísimos jóvenes mexicanos, esa pauta para imitar o ese prototipo ideal de vida, es la del narcotráfico. Al margen de los asuntos de coyuntura política, o de la frivolidad de las campañas y los procesos electorales, vale la pena reflexionar en ese, que es un problema de fondo y de largo plazo para la sociedad mexicana. En sus mensajes, el papa Francisco ha sido insistente en advertirlo. Pero basta con echar un vistazo a los arquetipos actuales de amplios sectores de la sociedad, para comprobar el nivel de peligro que corren las nuevas generaciones.

En efecto, ayer el papa Francisco pronunció el que, a nuestro juicio, es el mensaje más importante de su visita a México. Le dijo a los jóvenes mexicanos que es mentira que el narcotráfico sea la única opción de vida que tienen. Durante un encuentro en el estadio Morelos, de Morelia, el Jefe de la Iglesia católica reiteró que la juventud es la mayor riqueza del país, por lo que los llamó a no dejarse tratar como mercancía. “No me voy a cansar de decirlo, ustedes son la riqueza de México”, decía al tiempo que remarcaba que los jóvenes no son la esperanza de México, sino su riqueza.

“Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico. Es mentira que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es en la pobreza y marginación”, remarcó. Los llamó a evitar las tentaciones del narcotráfico, y dijo que la principal amenaza a la esperanza es cuando los jóvenes sienten que no le importan a nadie o que los han dejado de lado. ¿Está equivocado Francisco?

La realidad dice que no. Hoy en día, quien tiene contacto estrecho con la juventud sabe que ésta se encuentra afectada, en su sentido de porvenir, por al menos dos problemas: el primero de ellos es porque muchos de ellos tienen la idea de que el arquetipo de vida, o modelo a seguir o imitar, es el de la vida fácil, sea a través del narcotráfico o de otras prácticas que tienen como fondo la corrupción. Por eso, no es raro ver que hay mucha gente que está convencida de que ese es el mecanismo no sólo para conseguir riqueza fácil, sino para hacerlo rápido.

Junto a ese, hay un segundo problema que es igual de preocupante: hay muchos otros jóvenes, millones de personas, que ante la realidad decidieron vivir en un mundo de abstracción, en el que son incapaces de voltear a su alrededor y tomar conciencia de los muchos problemas que vivimos como sociedad. Lo hacen como una forma de evitar el agobio. Pero al tomar esa actitud también se sustraen de cualquier posibilidad de participación, en comunidad o en el ámbito personal, para enfrentar esos problemas o al menos para atajarlos.

En ese sentido, no es raro escuchar a jóvenes que, por ejemplo, de forma sincera creen que la pobreza o la marginación son un mito. Lo creen no por alguna mala intención, sino básicamente porque no tienen ninguna referencia de los problemas sociales que existen en este país debido a la falta de oportunidades y de justicia social. Es decir, que como no viven, o no están cerca de la verdadera pobreza, creen que ésta es una pose de quienes lucran con ella. A esto se aúna el hecho de que son incapaces de ver a su alrededor más allá de su primer círculo social o territorial. Por eso no conciben el hecho de que a diario hay millones de personas que amanecen en la total incertidumbre sobre qué van a desayunar, de dónde van a obtener dinero para su subsistencia básica, o cómo van a lograr que sus hijos vayan a la escuela.

MIRAR ALREDEDOR

Las campañas electorales tienen niveles galopantes de demagogia, a partir de que todo el tiempo están hablando del desarrollo, de las oportunidades y de los jóvenes. El problema es que esos discursos están llenos de huecos e imposibilidades de cumplimiento. En el fondo, parece que los políticos y sus mercadólogos ven alrededor para detectar problemas que preocupan a la sociedad, pero únicamente para explotarlos a su favor, pero no para verdaderamente resolverlos. Por eso, a pesar de la prolífica actividad electoral, México sigue siendo un país ajeno a las oportunidades para las nuevas generaciones, y plagado de gente desencantada que busca opciones donde no debería.

Pues no se trata de caer en las mojigaterías de los santiguados que ven en el crimen a satanás. Más bien, de lo que se trata es de poder ser sensibles a esos problemas justamente para desmantelar los arquetipos que llevan a muchos jóvenes a buscar el lado fácil en desdeño de la perseverancia y el trabajo, y que alimentan la idea de que la única forma de triunfar en estos tiempos está en la búsqueda de actividades como el narcotráfico, la delincuencia organizada o los trabajos “fáciles” como todos los que se hacen en detrimento de otras personas.

Por eso mismo, una forma eficaz de combatir, por un lado, la idea de que sólo así es posible salir adelante, y por el otro el desdén por la realidad para mantenerse encerrados en el submundo personal, es a través de la concientización de esas nuevas generaciones sobre el panorama que prevalece en el país, y la necesidad de hacer algo, por mínimo que sea, para contribuir a cambiarlo. No hacerlo significa contribuir silenciosamente a la reproducción de esos problemas, y a arruinarle el futuro no sólo a quienes privilegian esos arquetipos, sino también a quienes en el mediano o largo plazo serán víctimas de la reproducción inopinada de esas ideas.

Así, más allá de lo que viene y dice un hombre que mañana se irá quizá para no volver a poner un pie en México, esta debería ser una preocupación compartida con más personas. México es uno de esos países que no puede seguir disimulando que tiene múltiples y variados problemas, para maquillarse con la idea de que aquí todo es maravilloso sólo para que así nos vean afuera.

LLAMADO INDÍGENA

Parece que Francisco vino con la consigna de hablar de todo lo que no quisiéramos escuchar. La reivindicación indígena es tan profunda y necesaria, como la necesidad de terminar con la segregación y el clasismo que es tan propio de nuestra sociedad, y que hace a quienes pertenecen a alguno de los muchos pueblos y comunidades indígenas, uno de sus principales blancos de forma permanente.

Crisis en el Tribunal Electoral, lo que faltaba para enrarecer comicios

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TE

+ ¿Qué hará el Tribunal Superior con los magistrados relevados del TE?

Con la complicidad de los partidos políticos, el gobierno federal impulsó una reforma política recentralizadora que incluía tomar el control de todo el andamiaje institucional en materia electoral. La justificación de dicha decisión fue que como los poderes locales no habían sido capaces de regirse adecuadamente, y ajustarse a los parámetros democráticos, entonces la federación debía recuperar el control de la actividad electoral, como en los tiempos de la Comisión Federal Electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ahora ya no dependerían del gobierno sino del INE. El problema es que, como siempre, en la integración de los órganos electorales se volvieron a privilegiar las cuotas de partido. Y eso tiene hoy en jaque al Tribunal Estatal Electoral en su nueva conformación.

En efecto, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ha sido parámetro de la crisis política que se vive en la entidad por el desinterés en la integración adecuada de las instituciones electorales. Cuando en 2014 se consolidó la reforma política nacional (la que transformó al IFE en Instituto “Nacional Electoral”, y que decretó la reabsorción de todas las funciones electorales al nuevo ámbito nacional, que no es sino la federalización de lo “nacional”) hubo mucha inquietud sobre lo que pasaría con las instituciones que antes dependían del gobierno estatal.

El primero que fue tomado fue el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que desde antes de 2015 fue tomado por el INE y reintegrado de forma tal que se veía a todas luces la injerencia del entonces representante del PRI ante el Consejo General del INE. Era el oaxaqueño José Antonio Hernández Fraguas, que en un proceso ampliamente cuestionado, repartió la integración del Consejo General del IEEPCO-OPLE entre algunas fuerzas políticas, y colocó en la Presidencia a uno de sus incondicionales, desconsiderando el mandato constitucional que determinaba que los nuevos funcionarios electorales debían regirse por principios y no por cuotas o partidismos. Todos se brincaron ese aspecto fundamental de la nueva ley, y reintegraron a su modo el Instituto electoral local ahora bajo la tutela del INE.

En ese sentido, cuando el INE trató de intervenir en la integración del Tribunal Estatal Electoral, el Poder Judicial de Oaxaca, en combinación con el Congreso local, intervinieron argumentando que no era posible su reintegración habida cuenta de que en Oaxaca no habría proceso electoral en el año 2015. Eso frenó por varios meses la reintegración del órgano electoral, hasta el momento en que se vencía el término establecido en la legislación federal por el inicio del proceso electoral estatal ordinario de 2016 en la entidad.

En ese umbral ocurrieron varias cosas: el Congreso local legisló al vapor la reforma electoral local que armonizaba el marco jurídico estatal con la legislación federal, provocando varias acciones de inconstitucional de los partidos que se habían sentido excluidos en dicha reforma. En octubre del año pasado dichos recursos fueron resueltos determinando la Suprema Corte de Justicia que prácticamente toda la reforma política local debía rehacerse. Por eso declaró la inconstitucionalidad de varios de los decretos emitidos al respecto.

El Congreso ya no pudo hacer nada dada la imposibilidad establecida en la Constitución federal, la cual dice que no pueden realizarse reformas a la legislación electoral al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Así, para entonces el proceso electoral estaba a punto de iniciar y aunque el Congreso enmendara sus yerros, sus reformas no podrían regir estas elecciones. En ese marco, el Poder Judicial intentó frenar al Senado en su intento por intervenir al órgano jurisdiccional en materia electoral, para reintegrarlo, argumentando que como no había legislación local aplicable no podría intervenirse al tribunal de la materia.

El Senado no le dio la razón al Congreso en dicho argumento, y de todos modos decretó la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y el surgimiento del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Aunque hubo expectativa en su integración, todo terminó en lo mismo: de los tres magistrados que lo integran, cada posición le fue entregada a los tres principales partidos políticos.

Una vez ocurrido eso, todos se volvieron a olvidar de dicho órgano. Y el resultado es esta vergonzante trifulca, en la que en el centro de todo está la decisión sobre los recursos económicos de dicho tribunal, y el control político que insisten en tener los partidos de las instituciones electorales, como si ello fuera garantía de triunfo en los procesos electorales.

UN DESORDEN

Hace años, cuando el Tribunal Electoral era autónomo, su integración era una burla porque ésta la definía el Gobernador teniendo como comparsa al Congreso local. Luego, cuando en 2011 esto cambió, y el Tribunal pasó a manos del Poder Judicial del Estado, el control sólo cambió de manos: quien definió la integración fue, en un primer momento, el Presidente del Tribunal, luego las fracciones del Congreso local, y finalmente algunos alfiles del Gobernador del Estado. ¿Y ahora?

Ahora hay un descontrol evidente que se está reflejando en la inestabilidad del Tribunal Electoral. El Estado no está contento con el hecho de que deba financiar un tribunal que formalmente ya no está en sus manos; el INE tiene tantos problemas que no parece estar preocupado por el control político de una de sus pequeñas extensiones en un estado que no le merece la mayor preocupación (a pesar de los evidentes problemas que presenta, comenzando por el hecho de que no hay leyes electorales acordes con los tiempos que se viven).

Y por eso hay una pelea abierta por definir quién tiene el control de los recursos, de la titularidad y del “control” del Tribunal, en estos tiempos en los que la nueva autonomía está demostrando que las instituciones no distan mucho de esa figura de menores de edad por la que fueron relevados por la federación (para nada) en sus responsabilidades.

¿NUEVA MATERIA?

En el Tribunal Superior de Justicia se preguntan qué harán los seis magistrados que dejaron el Tribunal Electoral, y se reincorporaron al Poder Judicial local, pero sin funciones, ni sala, ni integración. En broma señalan que van a crear una nueva materia judicial para que tengan qué hacer: la materia gris, dicen.

El Bronco: Topo Chico lo estrelló contra sus expectativas

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El Bronco

+ Las bravuconadas caricaturizan con el pasmo ante la crisis

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador sin partido de Nuevo León, se exhibió de cuerpo entero ante la primera crisis de su gobierno, generada las primeras horas del jueves por el sangriento motín en el penal de Topo Chico. Ese hecho, que requería acciones concretas e inmediatas primero para recuperar el control del centro penitenciario, y después para evitar que el silencio desatara la crisis, tuvo como respuesta oficial todo lo contrario: por omisión, el gobierno permitió que ocurrieran 49 homicidios; y luego dejó un larguísimo vacío que provocó especulaciones, desesperación y una sensación de que todas las expectativas que Rodríguez generó como candidato, no eran sino una máscara tras la que se escondía un gobernante bravucón, pero inoperante y aterrado.

En efecto, entre las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves, en el penal de Topo Chico, en Monterrey, ocurrió una riña entre integrantes de dos bandas rivales. En la trifulca, que oficialmente duró dos horas, tuvo un resultado de 49 personas fallecidas. A pesar de que el gobierno de Nuevo León aseguró que la situación había quedado controlada desde las primeras horas de la madrugada, todavía a la hora del desayuno del jueves no existía información oficial.

Pasadas las nueve de la mañana, Rodríguez salió a ofrecer una conferencia de prensa en la que cometió todos los errores posibles con tal de salir del paso: utilizó el gastado argumento de que esto era producto de la herencia de corrupción del gobierno anterior; luego ofreció cifras que él defendió como oficiales aunque pocas horas después resultaron erróneas; impidió que los medios de comunicación —que reflejaban la tensa situación, y la incertidumbre que prevalecía ante la masacre— hicieran preguntas; e incluso quiso reñir con algunos representantes de los medios de comunicación que, sin respetar la indicación de no hacer preguntas, trataron de cuestionarle por la inexactitud de las cifras ofrecidas o por la escasez de información que su gobierno podía ofrecerle a la ciudadanía nueve horas después de —según— haber sido controlado el motín.

A lo largo de todo el jueves, y hasta las primeras horas del viernes, la crisis del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no era sólo de información, sino estructural: cuando al Gobernador se le terminaron las excusas para tratar de justificar la ineficiencia de su gobierno responsabilizando a la administración anterior, salió a flote el hecho de que sus funcionarios no habían sido capaces ni siquiera de ofrecer cifras exactas sobre los muertos y lesionados por la riña en el penal, tampoco tenían un diagnóstico preciso de las razones que habían generado la violencia, y mucho menos estaban en posibilidad de dar una explicación convincente sobre las medidas que estaban tomando para afrontar la situación.

Por eso, cuando habían transcurrido casi 24 horas desde el inicio del motín pudieron establecer que los muertos eran 49 y no 52; por esas mismas horas dijeron que tenían identificados a alrededor de 20 de los fallecidos; y todavía dos días después no tenían claro quiénes eran todos los involucrados en este motín, ni hasta dónde exactamente había escalado la violencia.

Al final fueron los testimonios los que revelaron que la masacre había sido cometida de una forma particularmente violenta (rostros desfigurados a golpes, extremidades multifracturadas para evitar que las víctimas escaparan, etcétera) y que en Topo Chico había un problema de ingobernabilidad interna ampliamente conocido, que sin embargo nunca fue registrado ni atendido por las autoridades estatales, que por esa omisión ya no pueden responsabilizar a la administración anterior del gobernador Rodrigo Medina.

CRISIS INSTITUCIONAL

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, generó una enorme expectativa como candidato. Su intención era romper con el discurso establecido de los partidos políticos, y sus candidatos. El signo distintivo era justamente su desapego a las formas tradicionales de la política y su mensaje distinto al que planteaban los candidatos “tradicionales”. Incluso, más allá de su persona, él representaba el fin de aquella inercia en la que sólo los partidos políticos gozaban del monopolio del acceso al poder público. ¿Cuál era el riesgo? Que no había ninguna certeza de que el candidato “broncudo” independiente pudiera ser un gobernante eficaz.

Pues resulta que en México también tenemos una larga historia de desencuentros entre quienes son muy bravucones y rupturistas en el discurso, pero en lo sustantivo no generan ninguna certidumbre de que tienen capacidad de llegar a ser gobernantes eficaces. Sobre Rodríguez Calderón pesaban muchas dudas de que más allá de su figura como candidato, verdaderamente pudiera cumplir todas las expectativas de campaña que estaba generando. Al final, tal parece que el choque con la realidad está siendo apenas proporcional a lo alto que voló en su calidad de candidato, ofreciéndole a la ciudadanía no lo que podía cumplir, sino lo que ésta quería escuchar.

Es por eso que todos sus intentos de culpar al gobierno de Rodrigo Medina por la crisis de Topo Chico fueron fallidos. Medina pudo haber dejado mucha corrupción; pero una vez asumiendo el cargo, era su responsabilidad atender lo que estaba fallando y cerciorarse de que la situación no empeorara.

No lo hizo porque en realidad al asumir el cargo no tuvo la capacidad para registrar todos los problemas que enfrentaba la administración, y por eso esta fue una crisis más bien alimentada por su ingenuidad, por su indolencia personal y la de sus funcionarios, y por su falta de claridad para saber cómo reaccionar ante una crisis al menos para evitar profundizarla con sus acciones, como finalmente ocurrió.

En el fondo esta es muestra de que así como el sistema de partidos necesita acelerar su proceso de transformación para responder a las necesidades de la ciudadanía, también las candidaturas independientes necesitan ser más reflexivas, menos populistas y, como una cuestión de responsabilidad personal y colectiva, deben estar menos sujetas a la bravuconería, al populismo y la ineptitud de personajes como Jaime Rodríguez Calderón.

LOS “BRONCOS”

La sola realidad exhibe a quienes desde la frivolidad pura pretenden engañar en el mundo de la política. ¿A quién le convendría hoy tomar la casaca de Fox, luego del trago amargo que fue el guanajuatense para el país? Algo muy similar terminará pasando con los “broncos” dentro de muy poco tiempo.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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