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Periodismo, ante el dilema ético de la entrevista a un capo

RS-Chapo

+ La aventura de Sean Penn, ejemplo nocivo para la prensa


 

Entre las muchas cosas que se dicen alrededor de la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, está el lugar común para descalificar al Estado mexicano, asegurando que “dos actores” hicieron mejor trabajo de inteligencia que la DEA y las fuerzas armadas mexicanas, al encontrar primero al Chapo que los más de nueve mil elementos dedicados exclusivamente a su búsqueda. Esa afirmación es tan inexacta como el pretendido “hit periodístico” que pretendió Sean Penn y que en realidad sólo se reduce a una aventura peliculesca, y nada más.

En efecto, desde el momento de la detención de Guzmán Loera, el gobierno mexicano dejó ver que entre los datos que poseían, se encontraba el relacionado con que el Capo criminal tenía la intención de financiar una película autobiográfica, y que para ello el Chapo se había entrevistado con actores y directores cinematográficos. Hasta hoy, la PGR ha dejado ver que esas entrevistas contribuyeron a la localización del narcotraficante, aunque ha sido evasiva en puntualizar qué tanto influyeron esos encuentros para su ubicación final y reaprehensión, el fin de semana pasado.

Dos días después de la detención, en los Estados Unidos la revista Rolling Stone publicó un adelanto de la entrevista que el actor estadounidense Sean Penn le realizó al Chapo en algún lugar de la sierra de Sinaloa. Publicó también un video de dos minutos y medio en el que de viva voz el capo criminal hace diversas afirmaciones, y puntualiza que dicho video pertenece a la actriz mexicana Kate del Castillo. Eso desató una serie de señalamientos en México relacionados no tanto con el posible valor periodístico que pudiera tener el encuentro y la entrevista que los dos actores le realizaron al capo, sino más con la forma en que ocurrió el encuentro.

En ese sentido, el señalamiento fácil llevó a muchos a preguntarse cómo habría sido más fácil que dos actores encontraran al hombre más buscado del mundo, que las fuerzas armadas y de inteligencia de un país, y la colaboración de su poderoso vecino del norte. La respuesta, sin embargo, es simple: bajo cualquier lógica, es mucho más fácil que alguien desde la clandestinidad establezca contacto con cierta persona que lleva una vida relativamente normal, a que ésta pueda encontrar el modo de hallar a alguien que vive oculto, y que además está escapando de la justicia en al menos dos países.

Ello, en sí mismo, disipa cualquier cuestionamiento (al menos los que no caen en la necedad) y más bien pone en claro dos cuestiones: primera, que Guzmán Loera tenía mucho interés en continuar alimentando lo único que le quedaba por terminar de construir: él como un mito.

Y, segundo, que para eso maniobró en todo lo relacionado con la “entrevista” que le dio a los actores: ésta se publicó dos días después de la detención del capo, y fue un escándalo por el ruido que mediáticamente generó el hecho de que esos personajes hubieran decidido correr el riesgo de entrevistarse con alguien como El Chapo Guzmán; pero si la entrevista se hubiera publicado estando aún prófugo Joaquín Guzmán, de todos modos habría sido un escándalo por la burla que esto hubiera significado por el encuentro con los dos actores “desde la clandestinidad” y —según habrían dicho los críticos al gobierno— “en las narices” del Estado mexicano. En cualquiera de los dos casos, la atención puesta sobre el escándalo fue la última pincelada en el mito que hasta ahora es el Chapo Guzmán.

No obstante, junto a todo esto queda una pregunta más por responder, y que ya entra en el campo de lo deontológico: ¿Qué valor tiene el relato del encuentro entre los actores y el Capo; y qué valor periodístico puede tener el resultado de un encuentro dominado naturalmente por las condiciones impuestas por el entrevistado?

PERIODISMO Y NARCO

En México ese dilema no es nuevo. Por esa razón, hubo sectores de la prensa —aquí y en Estados Unidos— que se sintieron ofendidos porque el mayor Capo Criminal de los últimos tiempos en el mundo, le dio la única entrevista de su vida a un actor, y no a un periodista.

Hubo otros que consideraron que el solo hecho de que el relato de Sean Penn hubiera sido publicado en una revista como Rolling Stone, era ya referencia de valor periodístico, quizá a partir de la única idea de que una publicación de esa categoría no se atrevería a publicar algo sin rigor ético o periodístico. No obstante, lo que queda en el fondo es la idea de que la discusión sobre el posible valor de un encuentro como ese no se encuentra ni en la peligrosidad de la aventura, ni en la sola anécdota, y mucho menos en la “fama” o importancia de los actores que lograron la “entrevista”.

Además, un asunto como éste pasa necesariamente por el tamiz de los periodistas que al menos en México han muerto por temas relacionados con la revelación de temas relacionados con las bandas criminales y/o por su relación con barones de la droga o de la delincuencia organizada. Por eso, lo que vale la pena distinguir en todo es si Penn y Del Castillo lograron algo con valor periodístico o si sólo es ruido por la combinación de la detención de Guzmán y la revelación de su encuentro.

Pues al parecer, en lo sustantivo, el Chapo no reveló nada que no fuera ya del dominio público: su origen humilde, su ascenso en el mundo de la droga, su fortuna económica, su capacidad operativa y su aparente postura de sólo defenderse pero de no ser alguien que busque problemas. Además, los propios autores de la entrevista aceptaron que todo lo dicho en las grabaciones fue revisad y autorizado por el Chapo, y que al encuentro personal no les permitieron grabar voz, imagen o llevar algún tipo de anotación de la charla o de la entrevista, si es que verdaderamente pudo haber un intercambio formal de preguntas-respuestas.

 

NINGUNA REVELACIÓN

Al final, la anécdota convertida en una relatoría o crónica, puede ser atractiva en el campo del entretenimiento o del morbo, pero seguir careciendo de cualquier valor periodístico. Además de que, al menos en todo lo publicado hasta ahora, no hay una sola referencia de lo que en realidad los mexicanos quisiéramos saber, y que sí le habría dado contenido sustantivo a la perspicacia de Sean Penn: quién, exactamente, protegió al Chapo todos estos años; quién y cómo le facilitaron su primera fuga de Puente Grande; qué políticos, policías, militares, etcétera, estaban en su nómina; o cómo logró erigirse en el mayor capo criminal de la historia del país sin ser, por mucho tiempo, molestado por autoridad alguna.

Reaprehensión del Chapo, una urgencia del Estado mexicano

 

Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers in Mexico City

+ EU presiona a gobierno mexicano con ejemplo de Guatemala


 

La reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa, debe verse no sólo desde la perspectiva de un hecho policiaco relevante, sino también desde la lógica de las fricciones entre México y Estados Unidos. La polémica semana pasada arrancó con un duro editorial publicado en el periódico The New York Times, en el que cuestionaba la opacidad y la resistencia del gobierno mexicano a la rendición de cuentas. La intención de Estados Unidos, quedó claro, era presionar al gobierno mexicano para el cumplimiento de ciertas exigencias relacionadas justamente con la rendición de cuentas, pero a un nivel similar al de Guatemala.

En efecto, hace exactamente una semana The New York Times dedicó su editorial a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

GUATEMALA Y EL CHAPO

Entendamos algunos antecedentes de esa Comisión Investigadora en Guatemala, porque ese es el punto de referencia de lo que la semana pasada exigió el Times al gobierno mexicano. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En el Acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco se estableció que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos comenzó formalmente al gobierno mexicano para que instaurara una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció el viernes, con la reaprehensión del capo criminal, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión.

Al final, en el contexto interno del gobierno mexicano, la integración de una comisión investigadora sería una fuerte derrota para las instituciones nacionales, que tendrían que aceptar implícitamente su incapacidad para actuar con independencia; en el plano internacional constituiría la demostración de que el Estado mexicano enfrenta un problema de corrupción tan profundo que debe venir a enfrentarlo la comunidad internacional.

CORRUPCIÓN, POR DOQUIER

Con esto, quizá, el gobierno del presidente Peña Nieto haya detenido momentáneamente esa exigencia. Pero a nadie se le debería olvidar que no habría habido reaprehensión si antes no hubiera habido fuga; y que ésta no habría ocurrido si la corrupción y la incapacidad no estuvieran tan profundamente arraigadas en las instituciones del Estado mexicano.

CCCO, en Santa Lucía. Un acierto a destiempo

Benito Juárez

+ Que el cambio dé respuesta a obras pendientes


 

Es acertada la decisión de construir el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el espacio que hoy ocupa el estado de futbol “Benito Juárez”. Lo es, porque de ese modo el gobierno estatal cumplirá con su propósito de al menos encaminar la construcción de ese complejo, lejos de los cuestionamientos que generó el intento de construirlo en el cerro del Fortín y sin la duda del conflicto de interés con funcionarios estatales. Algo, que debiera ser igualmente importante, es que esa decisión despeje las incógnitas sobre la construcción de otras obras que siguen pendientes y que nadie sabe para cuándo se concluyan.

En efecto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), tiene amplias probabilidades de que se construya en el lugar donde se ubica el estadio de futbol “Benito Juárez”, una vez que este sea derribado al concluirse el nuevo espacio a un costado del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). El Mandatario indicó que este sitio es adecuado pues no está muy lejos del Centro de la capital, además, el terreno es propiedad del gobierno, por lo cual se analizan detalles mínimos para iniciar su construcción.

Dicho anuncio pudo haber ocurrido hace por lo menos un año y hoy el CCCO estaría verdaderamente encaminado como una obra de la actual administración. Sólo que el empecinamiento oficial, y la idea de que eso entrañaba un claro conflicto de interés, dilataron en gran parte la posibilidad de que hubiera, desde el inicio, un espacio consensado y aceptado por la ciudadanía no sólo para la construcción de una obra de beneficio, sino también como una forma de rescate de un espacio abandonado, y la inutilización de una edificación peligrosa, como lo es la zona de Ciudad de las Canteras, y el estadio de futbol Benito Juárez, que aunque es utilizado permanentemente, en Oaxaca son ampliamente conocidos los riesgos que implica para sus usuarios por las fallas estructurales que presenta la construcción.

En esa lógica, lo primero que salta a la vista es la utilidad que traerá para toda la zona de Ciudad de las Canteras e Ixcotel, la decisión de construir en esa zona el CCCO. Actualmente, ese es un espacio que no sólo se encuentra en el completo abandono y en la inutilidad, sino que además toda esa zona se encuentra completamente abandonada por el propio gobierno que no ha manifestado ningún interés en atender dicho espacio, que en algún tiempo fue el más popular de la capital oaxaqueña.

Hace algunos lustros, Ciudad de las Canteras fue construido como un parque de grandes extensiones, que ofrecía diversas formas de esparcimiento en un área visualmente atractiva, y que también tenía la versatilidad para fungir como un foro abierto para las expresiones culturales de la ciudadanía. Eso duró pocos años, pues con el abandono oficial se convirtió en una zona de cierto riesgo para sus visitantes, y luego algunas zonas fueron invadidas por el ambulantaje, el pandillerismo y hasta la prostitución. Ciudad de las Canteras llegó al punto de “albergar” cadáveres que en varios momentos fueron arrojados impunemente a las lagunas que ahí existen.

El primer paso para el rescate de la zona fue la construcción de la Ciudad de los Archivos, que ocupa una parte de Ciudad de las Canteras, pero que será un espacio cerrado y delimitado. Y lo que parecía es que la construcción de esa Ciudad de los Archivos no sería suficiente para un rescate integral de la zona, cuestión que sí ocurrirá si finalmente se decide que el CCCO sea construido ahí.

Ello, por si fuera poco, traería también aparejada la necesidad de rescatar toda la zona de Ixcotel para hacerla funcional y permitir que ese complejo pueda contar con los accesos, la movilidad, los servicios y las zonas de recreación necesarias para un funcionamiento correcto, y también para hacerla más atractiva para quienes deseen utilizarla como espacio para sus encuentros de trabajo o los diversos usos que puede tener un centro de convenciones.

 

OTRAS RESPUESTAS

Dice además el Gobernador que el CCCO comenzaría su construcción a partir de la demolición del estadio de futbol Benito Juárez. Esto hará necesaria la culminación del nuevo estadio en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que ha sido un sueño largamente acariciado por la afición oaxaqueña, y una necesidad para los empresarios que han invertido durante varios años en la manutención de un equipo de segunda división (Primera “A”, dice el característico eufemismo mexicano, aunque es en realidad una segunda división), y a quienes les fue prometido un nuevo estadio como forma de traer al equipo Alebrijes a Oaxaca.

¿Cuándo se culminará el estadio? Es una pregunta que viene junto con otras: ¿Cuándo será también terminado el llamado Polideportivo que lleva varios años en construcción en los terrenos aledaños al estadio Venustiano Carranza, allá por los rumbos de la colonia América de la capital oaxaqueña? ¿Cuándo podrán finalmente ver la luz esas obras que son previas a la idea de construcción del CCCO y que hasta ahora siguen siendo promesas pendientes de cumplir? Estas son cuestiones que seriamente deben ser vistas por quienes han contribuido a que esas obras dilaten más tiempo del proyectado originalmente para su construcción, y que son finalmente la única referencia que se puede tener de una obra de tal envergadura como la construcción de un Centro de Convenciones.

Al final, sólo trae saldos positivos la decisión de construir el CCCO en la zona de Santa Lucía del Camino. Al menos de esa manera el gobierno estatal se verá obligado a revisar la cuestionada gestión del edil Galdino Huerta Escudero, y a suplirlo en el cumplimiento de demandas tan básicas de los ciudadanos de ese municipio, como la seguridad pública y las vialidades, y otras que son igual de importantes como el freno a los giros negros o a las innumerables vejaciones de que, sus elementos policiacos o de vialidad, hacen objeto a ciudadanos que caen en sus redes por la comisión de alguna infracción de menor, que ellos cobran en cantidades exorbitantes.

 

CÓMPLICES

Por cierto, ahora que el Congreso está aprobando las leyes de ingresos de los municipios, ¿habrá revisado la de Santa Lucía del Camino, que establece multas increíblemente altas casi para todos los servicios e infracciones? En el fondo, lo que se asoma son las complicidades.

En Oaxaca, la ruta por la alianza pasa por el chantaje a partidos

Pre

+ PAN-PRD van por negociaciones ¿y por colonización del priismo?


 

El proceso para elegir a los candidatos a Gobernador por los distintos partidos en Oaxaca, está íntimamente ligada con lo que ocurre en el contexto nacional. Nuestra entidad, pues, no es una ínsula. Por eso es importante entender no sólo la ruta que siguen los institutos políticos en la entidad, sino verla también de cara a lo que ocurre en otros procesos electorales estatales (12) que están corriendo en paralelo al de Oaxaca. El PAN y PRD están ensayando rutas poco ortodoxas y eso podría también contaminar los procesos internos del priismo en la entidad.

En efecto, en Oaxaca cada partido aparenta tener su propia ruta para la definición de sus candidatos. Eso es algo sólo aparente. Pues aunque en el PRI hay formalmente tres aspirantes a la candidatura (Alejandro Murat, Eviel Pérez Magaña y Alfonso Gómez Sandoval Hernández), y en el PRD la definición es una moneda al aire entre Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias, lo que verdaderamente ocurre, es que esta competencia tiene otros factores que deben ser también considerados.

Uno de ellos, del que se habla hoy con insistencia, es el del intento de algunos grupos al interior del PRI por generar la idea de que la lucha irremediable entre dos de sus aspirantes, debe abrir la ruta de un tercero. Esa idea, diseñada con perversidad e impulsada por el ex gobernador Ulises Ruiz dentro del PRI, tendría como intención abrir la puerta de la candidatura a otros personajes de poco peso electoral —en su mayoría, emergentes que hasta ahora ni siquiera aparecen en el radar real de los posibles candidatos del PRI—, para que ello le sirviera de trampolín a una victoria de cualquier otro partido en la contienda electoral —independientemente del efecto político regional que esto tendría—.

Quienes impulsan esa ruta, saben que eso les resulta conveniente porque eso impediría la posibilidad de arribo al poder de sus adversarios dentro del mismo PRI, y por esa razón insisten en barajar nombres de personajes que aún tendrían que crecer muchísimo para poder ser competitivos electoralmente. Una de las cosas que llama la atención de esa estrategia de impulsar a un tercero, es lo mucho que eso le convendría al grupo gobernante y lo poco conveniente que ello sería para el aspirante favorito del ulisimo en Oaxaca. En el fondo, esa parece una ruta que no busca el poder sino la impunidad.

Alrededor de eso lo que se ve es una negociación en la que intentarían sacrificar al propio Eviel Pérez Magaña, que ha sido impulsado durante años por el ulisismo pero que ahora sería un vehículo de negociación para las nuevas intenciones de sus impulsores. No parece haber otra razón por la que ahora, con la ayuda de otros políticos que intentan también por sus propios intereses incidir en la definición priista de su candidato a Gobernador, están tratando de descarrilar no sólo a los dos aspirantes más posicionados, sino la posibilidad de que el PRI pueda recuperar la gubernatura en 2016.

DIÓDORO Y TLAXCALA

Frente a todo eso hay que ver no sólo en el contexto el nombramiento del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano como secretario General de Gobierno en Puebla, sino también lo que ocurre en la definición política en su vecino estado de Tlaxcala.

En Puebla, como es sabido, el gobernador Rafael Moreno Valle tiene la firme intención no sólo de sembrar a su sucesor en el gobierno estatal, sino además generar una tendencia regional favorable. Por esa razón, el PAN apretó la definición de su candidato común en Tlaxcala, tratando de obligar a que el PRD se sume a su abanderada, y no a que el PAN siguiera la definición perredista como inicialmente se pensaba.

Esto último puede ser indicativo para lo que pudiera ocurrir en definiciones como la de Oaxaca. ¿Por qué? Porque todos sabían que el PAN era fuerte en Puebla y que por eso el Gobernador —no el PAN— iba a elegir al candidato a Gobernador de la coalición entre esos dos partidos. Lo que no sabían es que desde Puebla, el PAN iba también a ensayar la maniobra de apretar al PRD en la negociación por la candidatura —razón por la cual, el líder nacional perredista, Agustín Basave, hasta amagó con dejar la dirigencia— y que algo similar podría terminar ocurriendo en Veracruz. En ninguna de esas dos entidades el PAN es un factor determinante, aunque sí es lo suficientemente necesario como para que no terminen perdiendo juntos, PAN y PRD, frente al PRI.

Así, el PAN parece estarle hallando la medida a sus coaliciones con el PRD. Y aunque aquí todavía no hay una definición concreta sobre su candidato, en el fondo esa podría ser la estrategia para cerrar la candidatura a favor del abanderado que quiera el gobierno, con el apoyo de Puebla: que el PAN deje su cómoda posición de secundar al PRD en la coalición en Oaxaca, como lo habían pactado inicialmente, y obligue a que ésta se defina por un candidato en específico a partir del amague de que, o es ese candidato (el que impulse el PAN, también respaldado por el grupo gobernante), o no se formaliza la coalición electoral, y ambos partidos pierden el gobierno de Oaxaca.

Es imposible desligar la influencia que tiene el ex gobernador Carrasco en el grupo gobernante local; tampoco se puede pasar por alto el hecho de que, como aspirante a la candidatura por el PRD, Estefan es la pieza de Carrasco en la contienda interna de la coalición en la entidad, y que es quien también aglutina a la gran mayoría de los intereses del grupo gobernante; y que Puebla quiere sumar a Oaxaca para el proyecto presidencial de Moreno Valle, en el que ya está trabajando su Secretario General de Gobierno.

Como factor, Puebla ya parece estar incidiendo en las definiciones políticas de nuestra entidad. Y frente al desastre y los desencuentros —irremediables, esos sí— al interior del PRD, este podría ser el camino no sólo para remediar la trifulca, sino también para ungir al abanderado más conveniente para el sector que tenga la mayor astucia y capacidad de operación política en este proceso.

 

ROBLES, EL PERDEDOR

Si esa estrategia se consolida, el más perjudicado sería el senador Robles Montoya, que si bien tiene la venia de la dirigencia perredista, tendrá en contra a este conjunto de factores que serán de un peso relevante en la definición de la candidatura por la coalición y que, en su propio contexto, parecen estar descarrilando al perredismo en una entidad que parecían tener segura, como Tlaxcala.

UN MILLÓN EN EL OBSERVATORIO

Por Carlos R. Aguilar Jiménez.


 

          Un millón es mil veces mil y en una estimación numérica y evaluación relativa pero muy aproximada se trata de una cantidad impresionante, que considerando el promedio de visitantes diarios durante los 43 años de servicios proporcionados por el Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca, incluyendo visitas escolares, asistentes a observaciones telescópicas de eclipses, cometas, lluvias de estrellas, ocultaciones o alineaciones planetarias, contando la participación de aficionados a las ciencias del cosmos y cientos de miles de visitantes espontáneos en festivales astronómicos, aniversarios y conmemoraciones especiales, se calcula que en este año 2016 los asistentes al observatorio llegarán al millón de visitas.

Observatorio
Se premiará al visitante número 1,000,000,

           Un millón de visitantes es un número o símbolo indicador de toda ocasión o actividad especial  y específica que este próximo sábado 10 de febrero, en  ocasión del cuadragésimo tercer Aniversario del Observatorio Astronómico, será festejada con el “Fandango Astronómico del Millón” homenaje que ya prepara y organiza el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura y Espectáculos, instituciones municipales responsables del funcionamiento y tareas de las instalaciones astronómicas de Oaxaca, que desde hace más cuatro décadas, luego de haber sido inauguradas en 1973 como un regalo y muestra de buena voluntad entre pueblo y pueblo, entre la ciudad Hermana de Palo Alto California en EU y Oaxaca, se han destacado como el referente único e impar en Oaxaca para la observación y estudio de fenómenos celestes, impartiendo conferencias, talleres de ciencia, cursos de cosmografía y múltiples actividades enfocadas a la divulgación y enseñanza de la astronomía, entendida como una ciencia fundamental para comprender ¿cómo es que estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos?. Será el próximo sábado 13 de febrero con Luna creciente el día en que se reconozca al visitante un millón con cómputo numérico que iniciará con los visitantes al observatorio desde el día lunes 1 de febrero, cuando se comenzarán a entregar sobres cerrados con un número progresivo a partir del número 999400, que sucesivamente y según el promedio de visitantes diarios desde hace 43 años, llegará al total de un millón el día de la celebración, premiándose al visitante un millón con un reconocimiento oficial y regalos.  

En Oaxaca, la impunidad de los ediles va para largo

Carlos Toledo

+ Reforma anticorrupción, aquí fue una tarea a medias


No extraña que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, denuncie que las actuales autoridades municipales en Oaxaca podrían cometer un quebranto general al erario de unos cuatro mil millones de pesos. Esa, dice, es una cifra similar a la que los ediles del trienio 2011-2013 dejaron de comprobar ante el órgano de fiscalización. La razón de que no sea raro el señalamiento es que, a pesar de la supuesta “reforma anticorrupción” a nivel local, las leyes en Oaxaca continúan estimulando la protección a los servidores públicos corruptos.

En efecto, Altamirano alertó de un presunto quebranto financiero superior a los cuatro mil millones de pesos por parte de las actuales autoridades municipales que a fin de este 2016 concluyen su encargo, en caso de que los diputados de la LXII Legislatura estatal no hagan las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Auditoría. Dijo que ese quebranto se cometió en gran medida porque al entregar el cargo, las ex autoridades municipales no dejaron archivos ni realizaron ningún tipo de proceso de entrega-recepción con quienes los relevaron.

En ese sentido, el Titular de la ASE previno que este tipo de situaciones podría volverse a repetir en caso de que la LXII Legislatura estatal no lleve a cabo una serie de reformas jurídicas para impedir que las actuales autoridades municipales incumplan con la entrega de la documentación respectiva que consiste en expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales entre otros. ¿En qué tendrían que consistir esas reformas si se supone que recientemente los diputados de la LXII Legislatura local realizaron modificaciones a la Constitución para establecer el sistema anticorrupción en concordancia con las reformas federales ocurridas también en 2015?

Esas reformas tendrían que comenzar no sólo por establecer y reglamentar con precisión el deber de las autoridades municipales (entrantes y salientes) de realizar los actos de entrega-recepción respectivos, o de mantener archivos como propiedad del Ayuntamiento; este asunto debía más bien partir de la necesidad de revisar a fondo el recién instaurado sistema estatal anticorrupción para que funcione correctamente, y para que deje de seguir sirviendo como la puerta de entrada a la impunidad para los ediles corruptos. ¿De qué hablamos?

De que, por ejemplo, en la reforma publicada en mayo pasado a la Constitución federal, en la que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron modificaciones importantes a los principios que rigen la fiscalización superior. Básicamente se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente.

El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.

Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.

El pequeño gran problema de esta reforma es que cuando fue traspalada al ámbito local, el Congreso local hizo —para variar— un desastre deliberado acaso para seguir protegiendo a las autoridades municipales que siguen sin la necesidad de cumplir con sus obligaciones relacionadas con la fiscalización. Básicamente, el Congreso de Oaxaca no eliminó del orden jurídico local los principios de anualidad y posterioridad para el ejercicio de la fiscalización superior, y entre otras fallas notables, tampoco abordó la transformación que impone la reforma constitucional federal para los tribunales administrativos.

FALLAS LEGISLATIVAS

Además de que en la reforma del 30 de junio de 2015 a la Constitución local para dizque establecer el sistema anticorrupción, no se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad en la fiscalización superior, hay otros elementos que deben ser tomados en consideración. Por ejemplo, en el sistema de responsabilidades que estableció la reforma federal anticorrupción resaltan dos cuestiones: primera, la inclusión de las responsabilidades administrativas de particulares y por supuesto, las sanciones que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer, y que por ejemplo va desde la inhabilitación para la participación en procedimientos de adquisiciones, hasta la eventual promoción de responsabilidades penales. Esto sí existe en la Constitución Federal, pero inexplicablemente no fue considerada en la reforma constitucional local.

Asimismo, en la reforma constitucional federal, se hace una variación sustancial de la concepción y la naturaleza jurídica de lo que conocíamos como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y al denominarlo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e imponer a las entidades federativas la obligación de contar con un órgano similar, éste debe contar con características particulares establecidas en diversos preceptos de la Constitución. El problema es que en Oaxaca lo que se estableció fue un tribunal “contencioso administrativo y de cuentas” que hasta en la denominación es discordante con lo que dispone la norma federal, y que en el fondo también enfrenta el problema de no contar con las atribuciones que el Sistema Nacional Anticorrupción establece para esos órganos de justicia a nivel local.

ASE, CHIMUELA

Finalmente, la ASE enfrenta un problema mayor que también tiene sus implicaciones en la ley actual: la Auditoría no puede ejercer acción penal, así que debe realizar sus auditorías y entregárselas a un agente del Ministerio Público. En gran medida, depende de la atención y destreza que éste último le ponga al expediente, que éste puede o no prosperar. Y luego, además, debe convencer al Juez hasta para que libre la orden de aprehensión correspondiente. Y la ley está tan a favor de la delincuencia oficial, que la misma ASE quiere a ex autoridades corruptas aprehendidas únicamente para que los demás vean cuál puede ser su suerte. En el fondo saben que, salvo que sea un asunto político, difícilmente pisarían una prisión, y que de hacerlo sólo sería momentáneamente.

 Figura del Municipio, otra vez en entredicho por la inseguridad

Mando unico

+ La política debe dejar de hacer rehén a sociedad y Constitución


Es probable que dentro de poco tiempo se retome la discusión relacionada con el posible establecimiento del Mando Único Policial en el país. Esa fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dos meses antes. Cuando se anunció la propuesta, los legisladores decidieron que esa sería una propuesta que no discutirían al calor del momento, y por eso la dejaron prácticamente al último en la atención del llamado “decálogo” presidencial. Sólo que en ese reposo se atravesó Morelos.

En efecto, ayer dábamos cuenta de cómo en la entidad morelense hay una crisis enorme generada por las brutales demostraciones de inseguridad que existen en sus municipios por la incapacidad de las autoridades de cumplir con su misión, pero que esa crisis también tiene otras facetas más bien relacionadas con las reyertas entre funcionarios, que impactan en la seguridad pública.

Incluso apuntábamos que lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales en el país, deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales (y que de hecho, en ese contexto, podría también comenzar a hablarse de una sola Policía Nacional). Es decir, cumplirle su propuesta al Presidente, aunque ello implique pisotear el ya de por sí maltrecho federalismo que ejercemos en el país, y sobre todo seguir mermando la figura del municipio.

El daño a la figura del municipio, es evidente. Lo que está ocurriendo —y lo ocurrido recientemente en Morelos sólo lo confirma— es que a nadie parece preocuparle el franco deterioro en que se encuentra la figura del municipio libre en el país, y no necesariamente por lo que pudiera implicar respecto a sus potestades constitucionales sino a su capacidad operativa para cumplir con su propósito de proteger y servir a la ciudadanía en un tema tan sensible como el de la seguridad pública. Parece, pues, que en cualquiera de sus escenarios posibles, pierde. ¿Por qué?

Porque en sus condiciones actuales, el municipio es quien tiene la mayor carga relacionada con la seguridad, pero es también quien menos margen de acción tiene para responder a las necesidades que le impone su propio contexto. El municipio es, de hecho, el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía; es el que tiene la mayor proximidad social, y es sobre quien recaen las primeras peticiones y exigencias de seguridad cuando ocurre un hecho relevante, o cuando la ciudadanía toma conciencia de a quién puede pedirle primero (porque es el que está más cerca) que atienda un problema de inseguridad a su alrededor.

Si todo eso no es suficiente, resulta que además los municipios del país son los que tienen mayores estreches presupuestales, y por ende son quienes menos posibilidad tienen de atender las exigencias de seguridad de sus ciudadanos. El caso de Cuernavaca revela que sus supuestas potestades constitucionales en materia de seguridad están en los hechos supeditadas no sólo a lo que establecen los modelos policiales estatales o el federal, sino también a los caprichos, los chantajes y los intereses de esos ámbitos de gobierno que, dicen, son “superiores” jerárquicamente al municipio.

El otro camino que pueden tomar los municipios del país, evidentemente, es el planteado por el presidente Peña Nieto. Es decir, que los municipios sean relevados en las tareas de seguridad por las policías estatales, y que así se constituya un mando único pero no como un esquema de coordinación, sino básicamente como la absorción y la unificación de todas las policías municipales de una entidad federativa, en una sola corporación estatal que ejerza el mando policial.

¿Y SI DESAPARECE EL MUNICIPIO?

Pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que —ésta sí— esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

Lamentablemente, los hechos recientes no abonan a esa idea y más bien parecen justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás… todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

LA TRAICIÓN

Ulises Ruiz prepara la traición a su propio “tiburón”. Es el principal impulsor de la idea de que debe haber un “tercero en discordia” en la contienda interna del PRI para la definición de la candidatura a Gobernador. Una intención sin derrotero ni éxito visible, igual que las últimas batallas en las que se ha enfrascado el cuestionado ex Mandatario.

Crisis de seguridad en Morelos: ¿Hasta cuándo la indefinición?

 

Temixco

+ Es culpa de la delincuencia pero también de la ineptitud oficial


Los hechos de este fin de semana en el estado de Morelos constituyen un llamado fuerte de atención sobre la forma tan poco seria en la que se toman las tareas de seguridad pública. En un solo fin de semana, el gobierno de aquella entidad demostró su incapacidad de entender el imperativo de ofrecer condiciones mínimas de seguridad a sus ciudadanos, y ello resultó en dos hechos que deben ser analizados a fondo: el asesinato de la Alcaldesa de Temixco; y la toma de control, por parte del Ejército, de las labores de seguridad pública en la ciudad de Cuernavaca. En ambos hechos hay un grado alto de responsabilidad —por omisión— del gobierno de Graco Ramírez Garrido. Y ello debe ser un espejo para todas las entidades federativas.

En efecto, con el inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera,  al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.

Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.

Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.

Cuernavaca era un espacio importante que Graco Ramírez quería conquistar electoralmente hablando, pero que le fue arrebatado por la popularidad desbordante del ex futbolista y el manejo eficaz que hicieron sus impulsores políticos, de su popularidad para ganar abrumadoramente los comicios municipales en la capital morelense. Al haberle ganado éste la alcaldía, el gobernador Graco Ramírez impulsó diversas medidas para entorpecer su toma de posesión, la integración de su equipo de trabajo, e incluso el control de la seguridad pública por parte de Blanco. Pero el problema es que en ese afán no sólo dejó desprotegida —aún más— a la sociedad de aquella ciudad sino que además reveló su empecinamiento por llevar a otras arenas —en este caso la de la seguridad— un asunto de disputas políticas con partidos y servidores públicos.

Algo similar ocurrió en el caso de Temixco, donde también eran públicas las diferencias que había entre el gobierno estatal y la alcaldesa. Básicamente, el diferendo se centraba en las simpatías políticas al interior de las tribus perredistas y respecto a sus posturas frente a Andrés Manuel López Obrador. Así, por esas diferencias hubo también impacto negativo en la coordinación entre corporaciones policiales; y esa inestabilidad, en el fondo, fue la que permitió que terceros vieran la oportunidad de atentar en contra de la alcaldesa que apenas iba a cumplir su segundo día en dicho cargo.

EL MANDO ÚNICO

Ahora bien, uno podría preguntarse qué tiene que ver un asunto aparentemente doméstico de Morelos, con lo que puede estar ocurriendo con la seguridad pública en todo el país. Aunque no lo parezca, tiene que ver mucho: los hechos de este fin de semana en Morelos marcarán, irremediablemente, la integración de la agenda pública de la seguridad pública para todo el país en 2016, y serán también el primer gran referente de este año sobre lo que debe hacerse y las medidas legislativas que deben tomarse.

Así, resulta que el problema está en que esos hechos lo que parecen demostrar es el acierto de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, involuntaria y torpemente respaldadas por el gobernador Graco Ramírez: lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales.

Incluso, en ese contexto, tampoco sería raro que se comenzara a hablar de la conformación de una sola Policía Nacional, que absorbería todas las funciones de seguridad pública en el país, borrando de un plumazo el federalismo y las potestades y responsabilidades que la Constitución de la República le da a los gobiernos estatales y municipales actualmente. Todos sabemos que la intención del gobierno federal es recentralizar todas las funciones que pueda.

AYUDA INVOLUNTARIA

Y el problema es que los hechos de Morelos parecen revelar que, en efecto, es necesario que “papá gobierno federal” tome el control ante el desastre que resulta de las disputas por motivos políticos entre los gobiernos estatales y sus municipios, que impactan en la seguridad pública y en el bienestar de todos los ciudadanos. En el fondo esa es la percepción a la que contribuye el torpe gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido, y que finalmente puede terminar impactando en un tema tan sensible como el del federalismo —que debe mejorar, pero también subsistir— en materia de seguridad pública en el país.

Estos son los deseos de Al Margen para el año 2016

AM FelizAño

+ Cambios sencillos pero muy significativos para todos


Este año que inicia, estos son algunos deseos que ojalá se materialicen, para bien de nuestra sociedad doméstica, y de nuestro país: deseamos que la sociedad asuma el rol protagónico que juega en nuestra democracia; que el gobierno se tome en serio la urgencia de cumplir con las expectativas que generó en los tiempos electorales; deseamos que los partidos que están en vísperas de disputarse el poder en el proceso electoral que está en puerta, traten a la ciudadanía como mayores de edad y no como retrasados mentales; deseamos que haya un compromiso genuino por hacer de Oaxaca un mejor lugar para vivir; que la Sección 22 asuma su nueva realidad, pero que al mismo tiempo las autoridades educativas dejen de lado la idea de que están haciendo un excelente trabajo; es de esperarse que haya una gobernabilidad sostenida por el trabajo eficaz del gobierno, y no sólo por palabrerías que no redundan en nada; deseamos que en cada comunidad, en cada distrito, y en todo el estado, se lleve a cabo en paz todo el proceso electoral, y que el día de los comicios todo ocurra con calma; deseamos que no haya violencia en las comunidades indígenas; que éstas dejen de ser presa de políticos convenencieros y corruptos que sólo quieren servirse de ellas; queremos que en 2016 no haya un solo administrador municipal; queremos que no haya una sola arbitrariedad en los comicios que se desarrollan bajo el sistema de usos y costumbres; deseamos, asimismo, que no haya una sola manifestación de provechos indebidos por parte de quienes han también medrado con el costumbrismo para acendrar cacicazgos y cotos de poder. Deseamos ver a un Congreso del Estado pendiente y activo, capaz de resolver la parte que le corresponde de los múltiples retos que tiene Oaxaca; en 2016 queremos ver ya, por fin, una Ley Estatal de Educación; queremos también un Congreso que deje de ser cómplice de la corrupción, de la opacidad y de la discrecionalidad que lastima y corroe el ejercicio público; deseamos poder ver un Congreso en el que salgan las cuentas del ejercicio de su propio presupuesto, y en el que haya por fin diputados dispuestos a hacer su labor y no sólo a presentar legislativas como si fueran tortillas de máquina para aparentar que cumplen con su trabajo; queremos ver a diputados comprometidos con sus funciones y ya no a líderes camerales, de fracciones parlamentarias y de órganos de representación legislativa que más bien parecen integrantes de una mafia, y no representantes de la ciudadanía ante los poderes públicos; queremos ver a un gobierno estatal haciendo algo de lo mucho que le dijo a la ciudadanía que haría y no ha cumplido; queremos ver a una contraloría estatal persiguiendo de verdad ya no sólo a los corruptos del pasado, sino también a los del presente, y también quisiéramos verla —aunque no ocurrirá— previendo y cerrándole la puerta a la corrupción desde su origen; quisiéramos dejar de ver a funcionarios de alto nivel, estatales, incurriendo en aberrantes conductas tipificadas como conflicto de interés, y seguir tan orondos defendiendo sus intereses desde la arena pública, como si heredarles beneficios fuera un deber de la sociedad por sus “servicios prestados”; quisiéramos ver también un poder judicial comprometido con sus funciones, ejerciéndolas como un órgano de impartición de justicia de avanzada y no como el poder juzgador tercermundista que sigue siendo por su falta de presupuesto, de compromiso y de capacidades; quisiéramos ver a funcionarios judiciales comprometidos con su deber de cumplir con su trabajo más que con la ignominia de la burocracia; quisiéramos ver jueces locales con capacidad de negarse libremente a fungir como jueces de consigna, y no padecer ningún tipo de consecuencia; quisiéramos ver a unos magistrados estatales haciendo algo más que el triste papel que juegan de comparsa del titular del Poder Judicial en turno; aspiramos a ver que haya menos gente inocente en las cárceles, y más culpables de la comisión de delitos tras las rejas; quisiéramos también ver que las organizaciones sociales de verdad bajan a las comunidades los recursos que gestionan ante el gobierno; quisiéramos ver al gobierno auditando de verdad a esa caterva de líderes sociales corruptos que medran con los beneficios para las comunidades pero que las siguen teniendo en la más agobiante pobreza; quisiéramos no seguir viendo que la capital oaxaqueña se llena de marchas, de plantones y de manifestaciones por asuntos que son meros chantajes; quisiéramos ver también el fin de la connivencia entre quienes se oponen al desarrollo del estado y quienes ocupan esa bandera como un chantaje; en 2016 quisiéramos ver un verdadero desarrollo social y humano y no el clientelismo que promueven los funcionarios estatales encargados de esa labor para luego utilizarlo en los procesos electorales; quisiéramos ver que, por fin, hay gente comprometida en los partidos políticos; quisiéramos ver un oficialismo convencido de la actuación del gobernante y con capacidad de defenderlo de todas formas posibles; quisiéramos ver —más allá del proceso electoral, que es una verdadera verborrea sin sentido— a partidos jugando un papel inteligente y capaz como fuerzas de oposición, criticando, señalando y proponiendo alternativas para que le vaya bien a Oaxaca; y quisiéramos ver una sociedad más pujante, menos resignada, más despierta, más dispuesta a exigir los resultados que se le prometieron y por los que votó; quisiéramos ver a una sociedad menos dispuesta a seguir siendo comparsa de lo que los partidos y sus intereses quieren; quisiéramos ver al menos un poco menos de hambre y marginación en los pueblos de Oaxaca; quisiéramos ver más acciones encaminadas a atender a los niños de la calle, a la gente que trabaja en las esquinas o los semáforos porque no tiene una oportunidad digna de trabajo; quisiéramos ver a las instancias encargadas de la función social del gobierno hacer su trabajo para equilibrar las disfuncionalidades que generan a gente que no tiene ni para comer ni una forma digna de vivir o trabajar; quisiéramos ver medicamentos en los hospitales; quisiéramos ver a funcionarios más sensibles a las tareas que le corresponda atender; quisiéramos ver a los oaxaqueños más felices pero también más despiertos y más atentos a su realidad; queremos, como todos, un porvenir de felicidad, de salud, de trabajo. Queremos mucho. Sí. mucho, que quién sabe si se cumpla. Pero más queremos mandarles un fuerte abrazo en estas primeras horas de 2016.

Error, pontificar la evaluación como un medio de mejora educativa

Evaluación-Docente

+ Al margen de la política y el sindicato, hay mucho que debe mejorar


Como en los asuntos públicos el diálogo sin matices sólo nos lleva a la intolerancia y la demagogia, es necesario asumir que existen muchos temas en los que hay todavía un largo trecho por recorrer antes de que pueda hablarse de mejora o de verdadera eficacia. Eso ocurre claramente en todo lo relacionado con la aplicación de la evaluación docente, que fue uno de los grandes temas del año que está por terminar, y que debe ser vista en su dimensión más justa no como la panacea, sino como el inicio de un camino que tiene mucho por rectificar.

En efecto, en noviembre pasado se aplicó la primera evaluación a docentes oaxaqueños, y aunque fue un logro que se realizara, objetivamente hablado es menester también reconocer que se hizo en las peores condiciones imaginables. ¿Por qué? No sólo porque esa primera evaluación se aplicó en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal y porque hubo un intento serio de la Sección 22 del SNTE o de conseguir un boicot real a la aplicación del examen, o cuando menos de generar la violencia suficiente —o heridos y muertos— que nublaran el panorama que la SEP y el gobierno de Oaxaca tenían respecto al éxito de la encomienda.

El problema de fondo radica en algo que hasta ahora se ha mencionado muy poco: ¿Cómo se aplicó la evaluación? Ésta, para empezar, se aplicó en una especie de zona de sitio, generada por la misma incertidumbre que existía por la posible violencia del choque entre policías y profesores. Pero además, el sitio era poco “amigable” para la aplicación de una evaluación, básicamente por su improvisación y porque ni siquiera era el espacio adecuado para un ejercicio como éste.

La prueba se aplicó en el estacionamiento de Ciudad Administrativa, que está muy lejos de ser un sitio espacioso hasta para acomodar los vehículos oficiales y de los pocos servidores públicos que ahí laboran con autorización para utilizar uno de sus limitados cajones de estacionamiento. Esto lo dizque “resolvió” la SEP y el IEEPO habilitando módulos y enlonados como salas de evaluación, y acomodando cientos de computadoras portátiles en grandes tablones en los que si mucho había unos veinte centímetros de espacio entre máquinas. Ahí sentaron a los profesores y les aplicaron esa polémica primera evaluación docente.

¿Qué pensaría cualquiera de los maestros evaluados, si a los que hubieran sentado de esa forma fueran sus propios alumnos? Seguramente habrían dicho que eso era inaceptable comenzando por la altísima posibilidad que había de que los evaluados “se dieran copia”. Al haber tan poco espacio entre evaluados, era casi imposible que uno no viera la prueba y las respuestas de sus compañeros de junto. Además de que esa no era la condición digna ni esperable para un ejercicio que para la autoridad educativa es uno de los más importantes de los últimos tiempos.

EVALUACIÓN, A EMPELLONES

En el caso de Oaxaca, hubo quien no presentó la prueba por lealtad a su sindicato; otros más por haber padecido actos intimidatorios de sus propios compañeros; y mucho más porque no pudieron llegar o porque no pudieron completar el registro o cumplir las condiciones —por cuestiones meramente técnicas— para poder acceder al examen.

Aunque pudiéramos pensar lo contrario, ninguna de estas vicisitudes fue propia o exclusiva de Oaxaca. Resulta ser que esta fue una constante que ahora la autoridad educativa debe remediar si lo que quiere es demostrar que, en efecto, las evaluaciones son algo serio que va evolucionando. Y esto debe comenzar por hacer de la evaluación un asunto serio y no sólo parte de un discurso político.

En ese sentido, el investigador Ángel Díaz Barriga (http://educacion.nexos.com.mx/?p=85) recogió diversas inquietudes de los propios profesores –que no son de Oaxaca, y que no traen la carga “ideológica” de la Sección 22, pero que también se resisten a la evaluación— que vale la pena repasar: “Entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

“Por otra parte, a mi Facebook me llegaron más de 50 casos de docentes que plantean lo que está pasando. Un profesor claramente dijo que rechazaba ser evaluado, pero todos los demás ofrecieron argumentos dignos de ser pensados. La mayoría manifestó que hay una serie de irregularidades en el manejo de la información y en la convocatoria al examen. Expresaron que no identifican el correo electrónico al que tienen que mandar la información, hay errores en el envío de la CURP, cuando solicitan información los mandan de un lugar a otro, sin que se resuelvan sus dudas con claridad. La diferencia entre la información que les llega a su correo y la entrega de las claves para acceder a internet es notoria; hay profesores que trabajan en escuelas de contextos desfavorecidos que manifiestan no contar con internet de forma habitual, utilizan la expresión “el INEE piensa que nos podemos conectar en cualquier momento”, hay desconfianza en el manejo de sus contraseñas, pues además de ser entregadas de manera tardía, los funcionarios locales tienen acceso a esas claves, es decir, hay desconfianza hacia el sistema de evaluación establecido. Finalmente, la mayoría de profesores que cuentan sus experiencias tienen que realizar traslados de siete a ocho horas de su lugar de trabajo al lugar para la realización del examen/evaluación”.

EL VACÍO

Todos estos, abunda el investigador en dicho texto, son argumentos razonables y atendibles en un contexto real, para hacer de la evaluación algo verdaderamente serio y más allá de las resistencias por las que se ha caracterizado el sindicato magisterial en estados como el nuestro. Lo que llama la atención es que en el discurso de la Sección 22 no exista ninguno de esos argumentos, y que todo se centre en una resistencia estéril a una evaluación que ellos mismos desconocen y rechazan pero por el temor a un mal resultado, y no a la mala planeación de las prueba de evaluación educativa.