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¿Cuántos profesores normalistas presentaron evaluación en Oaxaca?

EvDocente

+ Por plaza automática, egresados de normales manchan antecedentes


Un dato que debiera rescatar el IEEPO, es cuántos de los profesores que hace algunas semanas realizaron la primera evaluación docente en la entidad, son egresados de las escuelas normales de educación, y cuántos tienen otro perfil profesional. Otro dato interesante sería saber cuántos de los que hicieron la ya conocida evaluación, son “herederos” de su plaza magisterial; cuántos la ganaron como forma de contratación automática, y cuántos la consiguieron de algún otro modo. En esa estadística hay mucho de lo que hasta ahora no se entiende hacia fuera del gremio magisterial, pero que le está provocando una fuerte corrosión en las relaciones entre los propios trabajadores de la educación.

En efecto, desde hace algunas semanas, los normalistas oaxaqueños que exigen que el Estado les asigne una plaza automática, como ocurría hasta el año pasado, han realizado diversas movilizaciones en la entidad buscando la atención del gobierno estatal y federal. Contrario a lo que ocurría en el pasado, hoy los normalistas ya no se movilizan bajo el cobijo de la Sección 22, y ésta tampoco se ha referido a la lucha de los normalistas por un espacio de trabajo.

¿Qué ocurrió ahí? Según parece, la 22 ha venido retirando el apoyo a los normalistas porque éstos dejaron de ser ya la carne de cañón que ellos podían utilizar, bajo el gancho o la coacción de que su participación en las actividades sindicales eran fundamentales para que, una vez contratados, fueran asignados en comunidades no tan lejanas a los centros urbanos, o para que rápidamente les mejoraran sus condiciones laborales, salariales o de ubicación en sus áreas de trabajo. Por eso, de un tiempo a la fecha la 22 ha relegado completamente las exigencias relacionadas con los normalistas; y a éstos hoy se les ve movilizarse solos, pero ya sin el respaldo que en otros tiempos tuvieron del sindicato magisterial.

Esto es significativo, y a la vez indicativo de otras cuestiones que también deben ser consideradas. Entre los trabajadores de la educación en activo, existen otras diferencias que paulatinamente saldrán a la luz, entre quienes —aún con el ignominioso método de la contratación automática— técnicamente se ganaron su plaza, y quienes la heredaron o la adquirieron por otros métodos. Esa diferencia irá saliendo a partir de los resultados de las evaluaciones, y del cruce de éstos con los antecedentes de los evaluados.

Pues resulta que se habla poco de eso, pero entre los trabajadores de la educación hay egresados de las normales superiores como personas con otros perfiles profesionales —y muchos más sin ningún perfil académico— que en los hechos realizan las mismas funciones. Hoy en día, entre ellos se marcan diferencias no sólo por su origen sino sobre todo por su capacidad de adaptación al trabajo docente que realizan, y por su desempeño reflejado en una evaluación tan básica como la que les realizaron hace algunas semanas.

Quien entiende lo que ocurre al interior del gremio magisterial sabe que, incluso por su origen, entre los trabajadores de la educación hay confrontaciones fuertes. En el fondo, y a pesar de todo, los egresados de las normales superiores que sí están ejerciendo labores docentes frente a grupo, son los que de mejor modo han ido asimilando las transformaciones y los requerimientos que hoy impone la nueva realidad educativa, cuestión que no ocurre con quienes accedieron a una plaza magisterial por otra vía.

Por esa razón, del resultado de esta primera evaluación, también saldrá un balance del futuro que tienen los diferentes tipos de trabajadores docentes. No habrá duda que los que mejor podrán enfrentar ese reto, son los que tienen como antecedente el normalismo en Oaxaca. ¿Entonces por qué insistir en la contratación automática como una forma de chantaje?

DEMANDAS QUE DESACREDITAN

Los normalistas oaxaqueños insisten en tener la agenda de la 22. Evidentemente, la reforma educativa les afecta porque impide que todos sean contratados independientemente de la necesidad de nuevos profesores que pudiera tener el sistema educativo estatal. La evaluación, y el concurso por las plazas, finalmente los pondrá a competir entre ellos, pero también contra los egresados de otros centros educativos, que también pueden tener un perfil de docente. ¿De verdad ven un panorama tan sombrío como para continuar insistiendo en la contratación automática, o es ésta una consigna para continuar la lucha de un sindicato que los dejó solos?

Pues en el fondo parece más una necedad que una necesidad, el continuar insistiendo en lo relacionado con la contratación automática. Quienes protestan no han calculado que el normalismo es quien podría dejar en mejor posición todo lo relacionado con la evaluación. A pesar de no contar con estadísticas precisas, puede desde ahora preverse que los que en mayor cantidad acudieron a la evaluación, son los que tienen ese origen.

Y nada impide suponer que pudieran ser los que mejor resultados obtuvieran de la evaluación. Si a pesar de eso siguen insistiendo en lo de la contratación automática, y en las consignas políticas de la Sección 22, entonces ellos mismos estarán menospreciando su potencial, y los que protestan y se manifiestan en las calles, se estarían confirmando como los incompetentes que por eso insisten en conseguir por la vía política, lo que no pueden lograr a través de un concurso.

En el fondo, es muy lamentable que a los normalistas nadie les brinde la información necesaria para que ellos mismos se revaloricen como profesionales, y dejen de insistir en su faceta de radicales provocadores de disturbios. En las condiciones actuales no pueden decir que las circunstancias los orillan a algo como eso. Es su empecinamiento por la prebenda fácil y por la consigna política lo que los hace tomar esa postura. Aunque con eso desdeñen los posibles logros que se puedan desprender del nuevo rasero que se les intenta aplicar para medir sus capacidades.

UN CONOCEDOR

Ayer designaron a Javier Jiménez Herrera como subsecretario de Gobierno, que estaba vacante luego de que su antiguo titular, Carlos Santiago Carrasco, fue ascendido a secretario de Gobierno. Hay muy pocas personas que conozcan tan bien la política interna del Estado, y que por tanto tiempo se hayan desempeñado con tanta pasión y vocación en esas tareas, como Jiménez Herrera, que estaba ya en la Segego, pero ahora ocupa de nuevo una tarea relevante. Enhorabuena.

Nace la Ciudad de México: aparece el Estado 32 del país

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+ Homologación, acto de justicia para vanguardia política


El martes, el Senado de la República concluyó los trabajos legislativos de la reforma política que le dará vida a la Ciudad de México como una verdadera entidad federativa, y que liquida la figura del Distrito Federal. Este es un hecho de gran trascendencia para nuestro país, porque quizá desde la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, no ha habido otro Constituyente con tanto potencial de trascendencia —el de ninguna entidad federativa habrá sido tan relevante— como el que se conformará para redactar la Carta Constitucional de la capital del país.

En efecto, con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó el martes los cambios enviados por la Cámara de Diputados a la minuta de la reforma política del Distrito Federal, con lo cual la capital del país se llamará de manera oficial Ciudad de México, será una entidad federativa, con autonomía de gestión, y contará con su propia Constitución.

La reforma política de la ahora oficialmente llamada Ciudad de México, llevaba 15 años atorada en el Congreso de la Unión debido a las diferencias entre las fuerzas políticas del país. Según los transitorios de la minuta, una vez que aprueben la modificación constitucional 17 entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria para elegir a los integrantes del Constituyente, que elaborará la Constitución de la nueva entidad federativa.

Pareciera que los cambios sustanciales que podría tener la capital son mínimos; aunque sólo basta con regresar veinticinco años en la memoria, para corroborar y reconocer que en pocos países del mundo la situación política de una sociedad ha podido cambiar tanto, en un periodo tan corto de tiempo, como lo ha hecho la capital mexicana. ¿De qué hablamos?

De que apenas en 1993 —hace 22 años— se estableció el primer régimen equiparable al de un estado más del país para el Distrito Federal, al establecerse en el artículo 122 constitucional (que hasta entonces no hacía mención alguna al régimen político del DF) una especie de división de poderes, en la que había un Jefe del Distrito Federal, una Asamblea de Representantes, un Tribunal Superior de Justicia; y se instituía el deber de legislar un Estatuto de Gobierno para la capital del país, pero sin la posibilidad de que los habitantes de la capital pudieran elegir siquiera a sus gobernantes.

Fue en 1996 cuando ocurrió la primera gran reforma política de la capital del país, que le quitó al Presidente la facultad de nombrar al llamado “regente” del Distrito Federal, y que estableció que esto ocurriera a través del voto de los capitalinos. Dicha reforma, también modificó la naturaleza de la Asamblea de Representantes para convertirla en Asamblea Legislativa. Pero evidentemente, fue una reforma incompleta porque a entonces nueva figura del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no se le dieron facultades plenas, sino que en algunos rubros (como el de la seguridad pública) éstas siguieron supeditadas al Ejecutivo federal.

Aunque parecen temas olvidados, ese reparto de facultades entre el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno, ya hicieron crisis, como cuando en 2004 el entonces presidente Vicente Fox Quesada destituyó a Marcelo Ebrard Casaubón como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, luego de que ocurriera el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva en Tláhuac.

Ebrard había sido nombrado por el consenso entre el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador y el presidente Fox; pero luego de aquella masacre —aderezada por el pleito entre los dos políticos por la carrera sucesoria del 2006— Fox utilizó a plenitud una facultad que hasta entonces había estado sólo señalada para el Presidente, pero que en los hechos había ejercido el Jefe de Gobierno del DF.

EL ESTADO 32

Con estos cambios, la Ciudad de México tendrá una autonomía inédita, ya que el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y los servicios de salud, además de que el endeudamiento público correrá a cargo del Congreso de la Unión.

Otro de los puntos relevantes, es que se mantiene la figura del jefe de gobierno del Distrito Federal, pero ya con facultades plenas sobre la administración pública de la Ciudad de México, incluidas las que hasta ahora habían estado en manos del Ejecutivo federal, como un resabio de la garantía de mantener el orden público que data desde el periodo inmediato posterior a la Decena Trágica (en 1913), el cual marcó en buena medida la situación política del Distrito Federal como un territorio supeditado al mando federal.

Asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convertirá en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de los Congresos estatales. El Congreso de la Unión determinó que la Asamblea Constituyente redactará la Carta Magna de la capital del país antes del 1 de enero de 2018; y que las delegaciones se transformarán en demarcaciones territoriales que serán administradas por un alcalde, que tendrá un cabildo como contrapeso.

Este es otro cambio fundamental, pues hasta ahora uno de los reclamos más válidos respecto a las jefaturas delegacionales, es que éstas tenían las mismas condiciones que un Ayuntamiento en cuanto a infraestructura, responsabilidad, y posibilidad de disponer de recursos públicos, pero en un marco evidentemente antidemocrático, respecto a la figura del Municipio. Pues mientras en éste último, se elige a planillas que integran un Cabildo plural (en el que hay representación proporcional de los partidos perdedores), en el caso de las Delegaciones del DF en éstas el que gana ejerce a plenitud el cargo sin contrapesos; y quien pierde no queda integrado ni con una representación minoritaria en el gobierno delegacional.

CAMBIO TRASCENDENTAL

Se tiene contemplado que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México arranque sus trabajos el 15 de septiembre del año próximo. Éste será el Constituyente más observado y sujeto al escrutinio de la ciudadanía en México desde que se aprobó la Constitución Federal de 1917. La capital de la República es el epicentro de las grandes decisiones nacionales, y por eso lo menos que se debe esperar es un trabajo legislativo de Estado, y no el grosero reparto de cuotas y parcelas, como ocurre actualmente en la partidocracia.

Las comparecencias ya no sirven ni para el show legislativo

 

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+ La glosa servía para informar; ahora ya es sólo un monólogo


Se le llama “glosa” al desdoblamiento y análisis del informe de gobierno por parte del Poder Legislativo. Se supone que la glosa sirve para que una vez que el Ejecutivo haya presentado el informe de labores del ejercicio anual, el encargado de cada una de las áreas del gobierno acuda ante el Poder Legislativo al “acto republicano” —derivado del  informe— de escuchar a los representantes del pueblo (los legisladores), explicarles la razón y los alcances de la labor realizada, e incluso aclarar sus inquietudes o cuestionamientos. Para eso según sirve la glosa. Pero hoy en Oaxaca no sabemos cómo debiera calificarse a las comparecencias, que ya perdieron hasta su naturaleza interpelativa y la calidad de vodevil político que tuvo hasta el año pasado.

En efecto, han acudido al Congreso diversos funcionarios, y contrario a lo que ha ocurrido en otros años, ahora ya no hubo ni glosa, ni cuestionamientos, ni show legislativo, ni nada. Básicamente, lo que hasta ahora ha ocurrido es la presencia de los titulares de las dependencias estatales, prácticamente a hacer monólogos en los que ya nadie los interpela, les cuestiona o los critica.

Quedaron lejos aquellos años en los que había un verdadero debate sobre el ejercicio público o las metas alcanzadas. Y de hecho, parece que también quedaron atrás los tiempos en los que la glosa servía para que los diputados les reventaran la burbuja de soberbia en la que vivían los colaboradores del Gobernador en turno. Más bien, hoy parecen trabados en un estado de codependencia que no beneficia a nadie. ¿De qué hablamos?

De que prácticamente todos los funcionarios que han comparecido ante el Congreso del Estado, han sido recibidos con el más sospechoso desdén por parte de los legisladores locales. Contrario a lo que ocurría en otros años, pareciera que los legisladores ya encontraron la forma de “domar” a los funcionarios de la administración estatal: quién sabe si lo hicieron a través de dádivas o del hecho de que de verdad ya no les importe lo que deben ir a informar, y que entonces por eso ya ni siquiera tengan interés en cuestionarles sus funciones. Lo que no han entendido es que, domando a los funcionarios, los legisladores se terminaron domando a sí mismos. ¿Por qué?

Porque la naturaleza del informe y de la glosa, es justamente la de la rendición de cuentas. Al informar sobre el estado que guarda la administración, se supone que el Ejecutivo le está haciendo saber al Legislativo —los “representantes del pueblo”— en qué se ocuparon tanto el poder popular como los recursos aportados por todos a través de los impuestos. Y la glosa constituye —valga la expresión— el desglose de toda la información contenida en el informe.

Por eso, cuando los legisladores han tenido voluntad de verdaderamente glosar el contenido del informe, han puesto a trabajar a sus asesores, han corroborado cifras y confrontado los dichos con los hechos. Pero al no hacer nada, y dejar que las comparecencias sean prácticamente monólogos, lo que están haciendo fácticamente es dejarle el camino libre al Ejecutivo para que prácticamente haga lo que se le antoje.

Y si bien hay áreas del gobierno en las que existe un trabajo aceptable, hay otras en las que la función es nula; pero independientemente de eso, resulta que este año a nadie se le ha cuestionado ni interpelado, y lo que finalmente está ocurriendo es que ya ni siquiera fueron los funcionarios, sino los propios legisladores, quienes lisa y llanamente le dieron el primer jalón a la cortina con la que dentro de pocos meses buscarán cerrar la administración. Quizá haya, apretadamente, algunas comparecencias en el marco de la glosa del sexto informe. Pero eso ya ocurrirá ante la siguiente Legislatura.

FORMATO INSERVIBLE

Frente a todo esto, queda claro que el problema del formato actual del informe y su glosa, no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias en el ejercicio de la administración pública. No. Porque en realidad las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos; para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana; o, como ocurrió este año, para que unos hablen y otros escuchen, pero sin ningún tipo de diálogo efectivo.

Ahí existe un problema de fondo que, deliberadamente, no ha sido atacado. Pues desde que ocurrió el establecimiento de las comparecencias de secretarios de despacho ante el pleno del Congreso del Estado, se han ido anidando un conjunto de prácticas que hoy hacen no sólo inviables las comparecencias como una forma de rendir cuentas, sino que incluso las convierten en un ejercicio nocivo porque lo que se hace año con año es refrendar las prácticas de connivencia que no debían existir en algo a lo que muchos insisten en llamar como “democracia”.

Y es que a la distancia se ha podido corroborar que la fragilidad de ese mecanismo de rendición de cuentas, y las amplias libertades que permite tanto para quienes comparecen, como para quienes examinan, permite que en realidad las comparecencias se hayan convertido ya en un auténtico “toma y daca” de negociaciones, prebendas y hasta extorsiones, en las que diputados y funcionarios se reúnen previamente para negociar no los compromisos, sino la cordialidad o dureza con la que serán tratados. Lo grave es que en esas “negociaciones” lo que se pone sobre la mesa es impunidad, recursos económicos, prebendas y “colaboraciones en conjunto”, que en realidad no son sino una forma de institucionalización de muchos de los negocios turbios que siguen existiendo en el ejercicio del poder público.

Hasta hoy, los diputados han omitido de forma deliberada revisar el formato de las comparecencias. En el inicio de la LXII Legislatura, los legisladores aparentaron estar metidos en la ingenuidad que escondía la voluntad porque las cosas no cambiaran; y hoy sólo parecen buscar el provecho de su silencio.

NO HAY CONSECUENCIAS

Ese es el problema: que no hay consecuencia ni compromiso alguno derivado de las comparecencias. Por eso todos van a prometer lo que quieren, y a cumplir lo que pueden o que se les antoja. Y los diputados siguen voluntariamente atados de manos dejando de lado la posibilidad de que este sea un ejercicio provechoso para Oaxaca.

Independientes: En Oaxaca vale más la estructura que la popularidad

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+ Que aquí independientes ganen con “gente independiente”, un sueño


 

En los últimos días, al menos tres aspirantes a una candidatura a Gobernador han deslizado la posibilidad de buscar una candidatura independiente. La mayoría de ellos lo han declarado por pose, por moda, o por chantajear al partido en el que militan. Sin embargo, la ruta de un independiente en Oaxaca pasa por algunas particularidades que deben ser claramente consideradas no sólo por los aspirantes, sino por los oaxaqueños. La posible vía de una candidatura como esas debe llamar a una reflexión profunda sobre el valor de la política, y también de la ciudadanía.

En efecto, hasta el momento el senador Benjamín Robles Montoya, la ex diputada federal del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, y el también ex legislador federal Samuel Gurrión Matías, han dejado ver la posibilidad de buscar una candidatura independiente. Esa posibilidad encierra una serie de interrogantes y cuestionamientos propios de una entidad como la nuestra, que no está de más repasar y no perder de vista para los meses siguientes. Al final, quien de verdad quiera explorar esa ruta, tendrá que pasar por estos puntos de revisión.

El primero de ellos, es que en Oaxaca no hay un electorado independiente, ni fuerte, ni identificado con causas que no sean las de los partidos. Pensemos, ¿cuánta gente hay, fuera de los centros urbanos, que de verdad esté convencida de que los partidos no valen la pena, y que entonces la dádiva, la compra del voto, o la coacción, no sean vehículos para la captación de sufragios? Esa es una pregunta dolorosa y reveladora. En Oaxaca hay muy poca ciudadanía independiente: la mayor cantidad de ciudadanos está en los espacios rurales. Y esas personas votan en función de otros factores que no son —para mal de todos— el del voto informado, el del libre albedrío, o el de la capacidad de discernir entre candidatos.

Por esa razón, en Oaxaca la preferencia de un candidato independiente no pasa por los factores de Nuevo León, con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; o de Jalisco, con el diputado local independiente de origen, Pedro Kumamoto. Las candidaturas de ambos, se centraron en el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su proselitismo electoral; y en el caso de Kumamoto, llamó la atención el bajo presupuesto con que se financió.

Según su página de internet, sólo recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

El resultado fue, en ambos casos, de victorias apabullantes; pero logradas a través de personas que no militan en un partido; que tienen un nivel socioeconómico medio o alto; que no son susceptibles de la compra de su voto —no lo venderían por una despensa o un programa social, y la mayoría de ellos definitivamente no cambiaría su voto prácticamente por nada—; y personas a las que finalmente su propia situación social les permitió ejercer su ciudadanía, primero para apoyar a una persona que utilizaba en esa misma lógica el calificativo de independiente; y segundo, para darle su voto de manera libre e informada, como se supone que debería ocurrir con todos los ciudadanos… pero que no pasa en democracias tan incipientes y desiguales como la de Oaxaca.

 

INDEPENDIENTES, ¿CÓMO?

Aquí, hay aspirantes a la gubernatura —como Benjamín Robles Montoya— a los que no les costaría ningún trabajo conseguir las firmas que fueran necesarias para conseguir una candidatura independiente. De hecho, la pregunta para él no sería si las consigue o no, sino cómo lo haría. Y la respuesta apuntaría irremediablemente al uso de la estructura electoral que ha venido armando a través de las organizaciones sociales que lo respaldan.

Sí. En el fondo parece que en Oaxaca una candidatura independiente —que se conforma básicamente con apoyo ciudadano manifestado con firmas y datos de la existencia de esas personas en el padrón electoral— pasa por las estructuras electorales y no por la verdadera concientización ciudadana. Lo que han hecho, Robles y otros candidatos, es utilizar sus estructuras clientelares tradicionales, o para ponerlas al servicio de un partido político que los postule, o en su caso para ponerse la careta de independientes y lograr, artificialmente, una candidatura de esa naturaleza.

Pues resulta que según la lógica con la que aparecieron las candidaturas independientes, éstas debieran servir para que los ciudadanos del país pudieran acceder a la candidatura a un cargo de elección popular, gracias al apoyo de la gente que no tiene partido; pero según el sesgo local, éstas van a servir para quienes pretendan poner su estructura electoral al servicio de una causa diferente a la de los partidos políticos. ¿La gente da su apoyo de forma libre e informada? No: lo hace por la dádiva. ¿Apoyaría con plena conciencia y discernimiento de lo que haría? No: lo haría presionado o coaccionado por el beneficio antes o después otorgado. ¿Ese es el “espíritu” de una candidatura independiente? No: sería una abierta y grosera impostura, contraria al sentido que se busca con esa novedosa figura política.

Así, al final parece que las candidaturas independientes en Oaxaca pasarán por las estructuras electorales —lo mismo de siempre—, y no por el convencimiento ciudadano. Si intentan hacerlo a través de las fórmulas del norte o el occidente del país, se toparán con pared: aquí la mayoría de los electores no tiene un teléfono celular; ni redes sociales; ni un nivel de escolaridad que le permita entender perfectamente la importancia de mantener su voto en la voluntad y no en la dádiva o en el engaño.

¿Qué si tienen miles de oaxaqueños? Hambre, miseria, marginación. Es decir, la combinación perfecta para que hasta los independientes utilicen a las organizaciones y sus estructuras para darle una revolcada a su ingeniería electoral de siempre.

 

INDEPENDIENTE=CHANTAJE

En esa, y sólo en esa lógica, se entiende el mensaje de Agustín Basave en Oaxaca: no habrá chantajes ni condicionamientos. Eso se lo dijo a quien reiteradamente ha hablado de la ruta independiente, dentro de la izquierda oaxaqueña. Ese es Benjamín Robles Montoya.

Martínez Neri quiso ser el Aureoles oaxaqueño… pero no podrá

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+ El PRD tiene mucho que definir, y Neri no tuvo tanto para crecer


Cuando en los últimos días de agosto, el diputado federal por Oaxaca Francisco Martínez Neri, fue súbitamente ungido como Coordinador de la bancada del PRD en la cámara baja, hubo una idea —entonces creíble— de su partido, o las circunstancias, lo habían metido en la carrera sucesoria de Oaxaca. A Neri se le vio —y él mismo así lo asumió— como una posible reedición de Silvano Aureoles, que desde esa misma posición brincó a la candidatura a Gobernador de Michoacán, y hoy es mandatario de aquella entidad. Sólo que los hechos indican que nada de esto será así, justamente porque Martínez Neri no es Silvano Aureoles.

En efecto, en su edición de ayer domingo, la columna Bajo Reserva Express, del periódico El Universal, daba cuenta de una desesperación que no debiera ser propia de un político bien plantado en su cargo. “El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, está dispuesto a prometer lo que sea necesario para que el partido le de la candidatura al gobierno de Oaxaca, nos comentan. Nos explican que aún sabiendo que los números no le alcanzan al interior del partido, ha alzado la mano debido a que asegura cuenta con el respaldo de los profesores que conforman la CNTE.

“Además don Francisco, quien fue rector de la UABJO, ha dicho a los perredistas que de obtener la candidatura irá en una alianza con todas las fuerzas de la izquierda, incluida Morena. El problema, nos dicen, es que ni Morena, ni su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, no quieren saber nada del PRD y la CNTE. Así, Martínez Neri tiene un camino complicado, no solo para lograr que el PRD le de la candidatura, sino para juntar agua y aceite”, remataba la publicación (http://eluni.mx/1P0zWQ4).

Más allá de si Martínez Neri podría ser un interlocutor válido en la posible reunificación de las izquierdas (al menos) en Oaxaca, lo que esta publicación revela es lo que ya muchos han visto en los corrillos de la política nacional: que a Martínez Neri se le cumplió la profecía de ser un coordinador parlamentario sólo de membrete, y que además él no fue capaz de acreditarse —ni siquiera entre sus correligionarios—, para poder contar con un capital propio que le abriera el margen para disputar válidamente la postulación del PRD a la candidatura a Gobernador de Oaxaca.

Sobre el arribo de Neri a la coordinación, vale recordar lo que apuntamos en este espacio el 1 de septiembre: que al oaxaqueño lo propuso Jesús Valencia (el cuestionado delegado con licencia en Iztapalapa) y lo respaldó el grupo de Miguel Mancera. Valencia, que es vicecoordinador, vio en el oaxaqueño al adecuado para ocupar temporalmente la coordinación, hasta que fuera nombrado (según él) como candidato a la alcaldía de la capital oaxaqueña en 2016, y él pudiera subir a la coordinación. Sólo que ahí se atravesaron nuevamente los perredistas al mando de Acosta Naranjo.

¿Qué pasó? Que la parte de Nueva Izquierda afín a Naranjo, apuntamos en aquel entonces, vio bien a Martínez Neri, y empujó el acuerdo con Zambrano para que éste fuera Presidente de la Mesa Directiva. Fueron a votación, y lograron que Neri obtuviera el mayor número de votos y se colocara como coordinador. Acosta Naranjo quedó estratégicamente en segundo lugar, y se ubicó como vicecoordinador, y “cuña” de Neri al interior de la bancada. Hoy saben que el encargado de manejar los recursos de la bancada, y el negociador al interior será Acosta, y el rostro público será Neri.

LAS PIFIAS DE NERI

Asimismo, queda claro que al margen de la negociación entre las tribus perredistas para definir a su coordinador, en estos 100 días que lleva Martínez Neri como Coordinador, no logró construir algo sólido a partir de la oportunidad que el perredismo le dio, y a estas alturas ya no podrá hacerlo. En lugar de generar condiciones para tratar de ubicarse como un verdadero factor de respeto y decisión al interior del PRD, Neri prefirió abrazar sus prácticas acaparadoras y egocéntricas de siempre, pero apenas le duró unos días su creencia de que verdaderamente era el mandamás entre los perredistas.

Apenas una semana después de haber asumido como coordinador, vinieron los primeros cuestionamientos por el uso de los recursos de la bancada, y por la intención del oaxaqueño de desplazar a todos los que no fueran estrictamente de su equipo, para hacer el manejo presupuestal, técnico y administrativo de la fracción perredista.

Eso le generó, desde el inicio, un enorme descrédito, que se ha venido profundizando por su incapacidad de tomar el timón en los asuntos importantes. Se dice, incluso, que Neri quiso imponer la práctica de que las reuniones con diputados federales —sus pares— las encabezaran sus asesores. Eso tampoco le fue permitido; y por eso, en las tareas de coordinación, se terminó fortaleciendo la figura de Guadalupe Acosta Naranjo, que había entrado como “guardián” pero ha fungido cada día más como el coordinador de facto.

Al final, Martínez Neri también vio que su antecesor inmediato era Silvano Aureoles y que él había construido, desde la coordinación de la diputación perredista, su candidatura al gobierno de Michoacán. Creyó, básicamente, que el cargo hacía su labor casi en automático, sin considerar que el trabajo político es determinante. Pero se ha llevado una amarga sorpresa, al corroborar, en estas semanas, que no es más que un coordinador de membrete pero ya sin capacidad de generar ningún tipo de sinergia o presión entre sus compañeros, o frente a la dirigencia nacional del PRD, que le sigue dando su lugar como coordinador y como negociador aparente, e incluso como una carta posible a la candidatura a Gobernador de Oaxaca, pero sin concederle ninguna posibilidad real de alcanzarlo.

DE RELLENO

Al final, Neri no tiene nada de lo que se necesita en el PRD para buscar sólidamente una candidatura de ese tamaño: no es un político con los avales políticos de los poderes federales; no tiene el apoyo político del régimen estatal (eso lo trae José Antonio Estefan Garfias); no es un personaje con presencia o capacidad de crecimiento electoral; y ni siquiera podría usar, en las condiciones actuales, el liderazgo entre los diputados federales perredistas para verdaderamente se considerado. Así, Martínez Neri parece más un material de relleno para legitimar la intrincada y enredada carrera perredista por la definición de su candidato, que alguien con auténticas posibilidades de convertirse en candidato.

En Oaxaca, qué bueno que haya muchos aspirantes a la gubernatura

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Gobernador

+ Se debe privilegiar el tiempo de la pluralidad y competencia política


Es una paradoja que la ciudadanía exija democracia, y que en apariencia los partidos políticos la promuevan como un elemento progresivo de la sociedad, pero que en el fondo haya quienes sigan siendo afines a prácticas tan conocidas —e indeseables— como el “dedazo”. Hoy que en Oaxaca estamos en vísperas de definiciones fundamentales en los partidos rumbo a la sucesión gubernamental, la competencia preelectoral parece marcada por cierta repulsión a una competencia abierta. ¿De verdad quisiéramos regresar al régimen de un solo hombre, un solo gobernante, un solo candidato, y un solo “heredero” del poder público?

En efecto, en los últimos diez días hemos visto cómo la competencia en los partidos se ha nutrido de aspirantes. En el PRI, en el que todos suponían que lo que ocurriría es una decisión tajante desde las entrañas del poder federal, hay por lo menos tres aspirantes que hasta ahora han manifestado su intención de participar en el proceso de selección del candidato. En el PRD hay hasta el momento un solo participante, aunque eso no significa que no vaya a haber competencia. En Acción Nacional, igualmente hay hasta el momento una sola persona que ha manifestado abiertamente su deseo de convertirse en candidata. En las demás fuerzas políticas —y dependiendo del rumbo que tome la coalición— irán apareciendo más y más posibles contendientes.

En ese escenario, hemos visto que hay un ánimo que aparenta ser repulsivo a la competencia. En el PRI, por ejemplo, ha habido intentos casi permanentes de desacreditar a los aspirantes. En esa lógica, han desfilado desde los argumentos más atendibles hasta las ideas más absurdas por las que unos creen que sus competidores no deben ser quienes ganen la competencia por la candidatura. Al final, lo cierto es que todos debieran recibir con buen modo la competencia porque finalmente ese es el signo que legitima cualquier proceso dentro de un partido político.

Además de eso, la competencia dentro del PRI es bastante nutrida. El ex director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa tiene, además de sus importantes antecedentes académicos y de experiencia en el servicio público, el factor fundamental de ser un personaje cercano al gobierno federal. Oaxaca necesita urgentemente la atención federal efectiva, y Murat Hinojosa es una garantía de la sinergia que en los últimos tres lustros ha estado rota entre la federación y nuestra entidad por las reiteradas diferencias entre los presidentes y los Gobernadores de Oaxaca.

Junto a él se encuentra el ex secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, que además de tener una amplia trayectoria política en Oaxaca, en los casi dos últimos años que fungió como servidor público, demostró eficacia en la atención de los asuntos que le competían. Fue un funcionario discreto, alejado de escándalos y que además demostró capacidad de interlocución con muchos de los grupos sociales que se convirtieron en elementos críticos de esta administración. La sola lógica política, y su presencia en el escenario actual, explica la decisión de Gómez Sandoval de participar en esta competencia.

En un tercer frente está el senador con licencia, Eviel Pérez Magaña, que si tiene un valor agregado es su presencia permanente en la política local desde el año 2010. A pesar de asegurar que es el puntero en las encuestas, acaso es quien tiene más negativos no sólo por sus sucesivas derrotas en los últimos procesos electorales en los que ha participado, sino además por su cercanía inocultable con el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz.

Es cierto que es un personaje electoralmente competitivo, pero también es quien menos puede crecer dado lo explotada y desgastada que está su imagen luego de tantos altibajos en su trayectoria política reciente. Ello hace relativa su rentabilidad. No obstante, su sola presencia en la competencia electoral fortalece la idea de que finalmente el PRI tomará una decisión importante, consensada y legitimada entre todos los factores políticos dentro de ese partido.

(NO) MUCHOS CANDIDATOS

En el PRD sólo el diputado federal con licencia José Antonio Estefan Garfias, ha manifestado su decisión de buscar la candidatura al gobierno estatal. Ello, como en el caso de Gómez Sandoval, se explica a partir de la lógica: con este proceso electoral, suma tres ocasiones en las que ha aspirado a ser abanderado de un partido político. Por ese solo hecho, no hay razón para suponer que ahora no lo intentara, añadiéndole el hecho de su vigencia política como legislador federal en funciones.

Particularmente, en el PRD hay una indefinición que deberá resolverse en las semanas próximas: el senador Benjamín Robles Montoya se asume como militante de ese partido, y en algunos momentos ha también manifestado su deseo de ser candidato del PRD a la gubernatura. No obstante, Robles intenta generar también una estructura que le permita competir como candidato independiente. Con eso, pareciera que Robles está tratando de generar una especie de chantaje, que no necesariamente pasa por una competencia interna que, para variar, tampoco ha planteado la dirigencia nacional del PRD para definir a su candidato.

Finalmente, en el PAN las cosas tienen un contexto similar. El panismo es una fuerza política minoritaria en la entidad, y se verá muy anclado a la decisión que tome el PRD si es que deciden ir en coalición. Por si solo el PAN ha sido incapaz de ganar distritos en los últimos comicios y eso enturbia su panorama. Esa situación es concomitante a su carencia de cuadros. Por eso la ex diputada federal Eufrosina Cruz parece ir sola en esa competencia, aunque también está cayendo en la tentación del chantaje con la idea de generar una candidatura independiente.

Finalmente, lo lógico y necesario es que se abran las competencias internas y se privilegien las decisiones legitimadas, y no las cupulares. Sólo en esa medida podrán los partidos políticos tener candidatos reales. Los que quieren la verticalidad deberían optar por Morena, que hoy en día es el único partido donde continúan utilizando el verticalismo de un solo líder.

NUEVO TITULAR

Ayer el Congreso local ratificó a Carlos Santiago Carrasco como nuevo Secretario General de Gobierno. La apuesta fue, al parecer, por un elemento operativo experimentado que evite las “curvas de aprendizaje” que pudieran ser innecesarias, y hasta nocivas, en un periodo como el que vive la entidad.

PVEM vs Fepade: que la escoria de unos no disculpe la de los otros

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PVvsFEPADE

 

+ El fiscal cuestionado debe irse; también deben sancionar los excesos


Hace dos semanas la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, presentó ante un juez conclusiones acusatorias sobre la comisión de delitos por parte de Arturo Escobar y Vega, durante el pasado proceso electoral federal, por su actuación como responsable de la comunicación social del Partido Verde Ecologista de México durante ese periodo. Días después, un diario de la capital del país reveló que el titular de la Fepade había sido asesor de la fracción perredista en el Senado. Es cierto que esto puso en entredicho la actuación del fiscal de delitos electorales; ¿pero ello debe terminar disculpando a Escobar y al Partido Verde de sus tropelías durante las campañas?

En efecto, a Escobar y Vega —que al darse a conocer que la Fepade había solicitado una orden de aprehensión en su contra, se separó el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación— se le imputó el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido cuando exista una prohibición legal para ello. Escobar, en aquel momento, se dijo inocente frente a tal acusación. Y ayer se dio a conocer que el juzgado federal al que la Fepade le había solicitado el obsequio de la orden de aprehensión, negó la posibilidad de librar dicho mandato judicial.

¿Qué significa esto? Que ahora mismo está ocurriendo una doble estrategia para disculpar al Verde de los excesos cometidos durante la reciente campaña electoral federal, y provocar una clarísima cortina de humo para que todas las arbitrariedades cometidas queden impunemente en el olvido. ¿De qué se compone dicha estrategia? Por un lado, de exaltar el error —evidente e imperdonable— cometido por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, de omitir el trabajo jurídico que había realizado con partidos políticos al presentar su intención de convertirse en titular de dicha fiscalía; y por el otro, del claro contraataque del Verde para victimizarse no por las acusaciones formuladas por la Fepade, sino a partir de la afrenta que ahora tienen con Nieto Casillo.

En un escenario como éste es indispensable no perder de vista los hilos conductores de los dos problemas, que son paralelos pero no similares: por un lado está la situación del Verde durante el periodo de campañas. Si hubo un partido político que quebrantó de forma vil y grosera toda la nueva legislación federal en materia electoral, éste fue el PVEM, que lo mismo utilizó información disfrazada en medios de comunicación, que contrató a personas influyentes en redes sociales (deportistas, artistas, “twitstars” y demás) para que hicieran campañas —positivas y negativas— según los intereses del verde.

Al Partido Verde se le sancionó con multas que llegaron a rebasar incluso su presupuesto anual por las claras contravenciones a la ley electoral; pero esto parecía poco importante frente a la clara intención de dicho partido de convertirse en el complemento impresentable del PRI para la composición de la LXIII Legislatura federal.

El Verde, de hecho, nunca se arredró con las multas y tampoco limitó sus estrategias de campaña, a pesar de que se le documentó el uso indebido de recursos públicos, la compra disfrazada de espacios en medios de comunicación, los llamados “cineminutos” en algunas cadenas de cines, la utilización indiscriminada de redes sociales y el uso de dádivas directas y abiertas al público para que votaran por ese partido.

Incluso, luego del proceso electoral se solicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que contemplara la posibilidad del registro por sus violaciones abiertas y sistemáticas a la ley electoral. El INE no lo consideró, permitiendo que fuera el Verde quien le hiciera la campaña sucia al PRI para mantener, juntos, la mayoría en la cámara baja en la segunda legislatura del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

LAS PIFIAS DE NIETO

El pasado 4 de diciembre, el periódico El Universal reveló que Santiago Nieto Castillo laboró por más de un año como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, información que omitió declarar dentro del currículum que por ley tenía que entregar para ser nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De inmediato, la dirigencia del Partido Verde —que ya lo había acusado de actuar por consigna, sin reconocer sus excesos— de inmediato se le abalanzó para acusarlo de conflicto de interés y, en resumen, exigir su renuncia a la titularidad de la fiscalía. Apenas cinco días después parece estar resultado que el Partido Verde y Arturo Escobar fueron “blancas palomas”, y que el verdadero malo de esta trama es el fiscal Nieto Castillo.

Básicamente, parece que la intención es la siguiente: que Santiago Nieto se quede con todo el precio del desprestigio por esta última situación, para que así el Verde pueda pasar de acusado a acusador, y pueda colocar en el banquillo de los acusados a aquellos que intentaron llevarlos ante la justicia. Evidentemente, el fiscal Nieto Castillo es responsable de no haber declarado la totalidad de sus empleos y referencias laborales anteriores, para demostrar que no tenía los vínculos que le impidieran ser el revisor de la actuación de partidos y candidatos durante el proceso electoral. Pero si esto no resultó así, y Nieto sí incurrió en conflicto de interés, nada nos debiera llevar a suponer que ello en automático disculpa al Partido Verde de sus excesos.

La intención es tal. El Verde busca ahora, apenas dos semanas después de ser acusado de incurrir en delitos electorales, en víctima de las consignas de otros partidos, para así dejar escondida —al menos para quienes tienen memoria corta— la realidad de que ellos han sido los mayores infractores de las normas electorales, y los que más se han burlado del sistema electoral sólo para hacerle el trabajo sucio al PRI, que silenciosamente abona al sostenimiento de esa impunidad.

UN MITO URBANO

Por cierto, ¿alguien sabe de la existencia del Partido Verde en Oaxaca, y su supuesta fuerza electoral? ¿Hay alguien que pueda afirmar que está en condiciones de decir que vio a ese partido en nuestro estado, o que al menos sabe de su paradero?

Oaxaca no debe ser cementerio del “efecto cucaracha”

 

 

Reten

+ Autoridades, obligadas a dejar la sorna y la confianza


Aunque las autoridades estatales han tratado de disimular la criminalidad que asola a la entidad, existen regiones del territorio oaxaqueño en las que la delincuencia organizada opera con toda normalidad. A la par de ello, esa misma confianza gubernamental ha permitido que otras regiones se hayan convertido en algo así como “el patio trasero” de las bandas criminales que operan en otras entidades del país. Debe abandonarse la confianza, porque buena parte del problema de la inseguridad tiene que ver con eso, y no con el efecto de la criminalidad en otras regiones del país.

En efecto, en los últimos años las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han achacado la criminalidad a dos cuestiones que hoy en día ya son simples lugares comunes. Por un lado, aseguran que en Oaxaca ocurren hechos relacionados con delincuencia organizada por la misma razón por la que ocurren en otras entidades: por la fuerza que tienen las organizaciones criminales y por sus amplias redes de operación; por otro lado, han asegurado que es imposible reducir la criminalidad a cero, y por eso ven con cierta normalidad la incidencia delictiva en la entidad. ¿Es eso real?

Para entenderlo hay que entender el fenómeno de la delincuencia organizada en el país. Por ejemplo, en Veracruz hay una importante actividad de la criminalidad, por la misma razón que ésta existe en otros lugares como Michoacán o Colima. En gran medida, la incidencia delictiva tiene que ver con la existencia en esos lugares de los principales puertos mercantes de entrada al país. Al ser éstos sitios por donde ingresan personas, armas y sustancias atractivas para el crimen organizado, ellos se vuelven lugares de fuerte presencia criminal, que por el mismo efecto de la guerra contra el crimen organizado hace algunos años dejaron la sola actividad del narcotráfico, para involucrarse en cuestiones como la trata de personas, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, y las demás que hoy es ampliamente conocido que realizan.

Ahora bien, si esos lugares son atractivos para la criminalidad por los puertos, hay otras regiones que son conocidas como “corredores”, y que no son sino las regiones, zonas, carreteras y hasta entidades federativas por donde se transportan todos los “productos” con los que comercia la delincuencia organizada. Por eso, los corredores que van de la región golfo al norte del país, y las que siguen rutas por el centro de la República, o las del Océano Pacífico hacia los Estados Unidos, son de las que también tienen una incidencia criminal alta.

Así, los grupos delincuenciales protegen sus rutas y sus “corredores”, así como sus respectivas zonas de la frontera norte por donde cruzan sus mercancías hacia la Unión Americana, porque esas son zonas cruciales para sus actividades. Ello permite entender con facilidad que esas regiones sean de amplia incidencia delictiva y que constantemente se encuentren en disputa entre organizaciones criminales que ya no sólo tienen a las drogas como su único negocio, sino que lo diversificaron hacia una serie de actividades en las que la violencia y la impunidad son la moneda de cambio.

 

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿por qué Oaxaca no es tan atractivo para la delincuencia organizada “nacional”? Parece que por una razón simple: que al menos para el trasiego y la comercialización a gran escala, nuestra entidad no representa ni un mercado importante, ni un lugar insalvable de paso. Esto se entiende a partir de que distintas drogas o llegan al país por rutas que no son las terrestres y que tampoco pasan por la entidad, o de que éstas se producen en laboratorios clandestinos que no necesariamente tienen un asiento importante en la entidad.

A partir de eso puede entenderse que Oaxaca nunca ha figurado dentro de las grandes estadísticas nacionales relacionadas con las actividades criminales, y que —utilizando el lenguaje policiaco, tan común en este país actualmente— tampoco sea una “plaza” en disputa por algunos grupos. Ello no quita que haya presencia de delincuencia organizada o que en la entidad no haya un problema por el trasiego o venta al pormenor de sustancias prohibidas. La diferencia radica en que, hasta ahora, la entidad no ha sido una “plaza” importante de paso como sí lo son la mayoría de las entidades del norte del país, o como ocurre con sitios en los que la venta al consumo de sustancias prohibidas representa un negocio verdaderamente importante.

Esto nos lleva a otra cuestión: ¿Por qué en Oaxaca existe presencia criminal, no únicamente en lo relacionado con las actividades relacionadas con la producción, transportación o venta de droga al menudeo? Esto ocurre, básicamente, por la permisividad que hasta han mostrado las autoridades relacionadas con este asunto, y con la falta de acciones verdaderamente coordinadas no sólo para perseguir lo relacionado con las drogas, sino para ir en contra de todas las demás actividades que tienen que ver con delincuencia organizada. Por eso, en varias regiones de la entidad ocurren secuestros, extorsiones, cobros de piso y diversas actividades ilegales que aunque no tienen que ver con las drogas sí son actividades que lastiman drásticamente a la sociedad.

Lo peor es que esa permisividad, convertida luego en impunidad, se vuelve un problema mayor para la entidad, ya que por eso Oaxaca es una especie de “patio trasero” de las actividades delictivas de otras entidades. El caso más concreto es el de Veracruz, en donde la fuerte presencia criminal arroja violencia en diversos tipos, y Oaxaca resulta ser el receptáculo libre de esa violencia.

 

DIME CON QUIÉN TE JUNTAS…

Sobre el relevo de ministros en la Corte, el periodista Darío Celis (http://bit.ly/1SN7C2M) apuntaba un dato por demás interesante: el aspirante a Ministro, Javier Laynez Potisek, siendo procurador fiscal de la Federación, encargado de perseguir la evasión fiscal, hizo la presentación del libro Epítome Fiscal 2008, de editorial Porrúa, de la autoría de uno de los principales precursores de esquemas fraudulentos de outsourcing, llamado Sergio Castro López. De acuerdo con información del SAT —dice Celis—, Castro López ha evadido a través de sus esquemas, más de 50 mil millones de pesos en impuestos y actualmente es buscado por la Interpol, ya que tiene varias órdenes de aprehensión y diversos procedimientos penales por delitos de defraudación fiscal. Este es un caso evidente de conflicto de interés que habrá de pesarle al aspirante a ministro.

¿Por qué PRI no quiere que se regulen las candidaturas comunes?

Dip PRI

+ Los diputados exigen con razón; el problema es que la falla es suya


 

Mediante un comunicado, la diputada local priista María del Carmen Ricárdez Vela, aseguró que “por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) debe regular las candidaturas comunes”. Según la Legisladora, esto rompería con los principios de certeza y legalidad que deben regir los procesos electorales, a pesar de que fue el Congreso quien generó el vacío legal que, de hecho, inutilizó las nuevas figuras electorales establecidas en la Constitución local. ¿Hay más razones, además de las legales, por las que el PRI quiere que no se utilice la figura de las candidaturas comunes?

En efecto, de acuerdo con la diputada Ricárdez Vela, su exigencia de que no se reglamenten las candidaturas comunes por la autoridad electoral ocurre en atención a los lineamientos que el OPLE-Ieepco ha estado emitiendo “a consecuencia del proceso electoral 2015-2016” (sic). Según el comunicado emitido por la fracción del tricolor en el Congreso local, la legisladora priista propone “que la Legislatura del Estado exhorte a esta institución electoral para que no regule las candidaturas comunes”.

Por lo tanto, dice la diputada Ricárdez, “el OPLE-Ieepco deberá realizar su función electoral, en los términos que establece la Constitución [federal], la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Local, el CIPPEEO y los lineamientos que al efecto tenga emitido el INE, en lo que resulte pertinente para la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones locales”.

Y sostiene que para el proceso electoral 2015-2016, el IEEPCO únicamente podrá establecer las reglas que hagan efectivo el derecho de participación de los partidos políticos, en la modalidad de coaliciones totales, parciales o flexibles, más no en la de candidaturas comunes, toda vez de que esta forma de participación no se encuentra regulada y desarrollada en ninguna de las disposiciones generales y locales aprobadas, tanto por la legislatura federal como local.

A pesar de esas consideraciones, la postura planteada por la diputada Ricárdez es insostenible. Lo es porque si bien no hay reglamentación aplicable en lo que se refiere a las candidaturas comunes, lo cierto es que esa figura ya se encuentra en la Constitución local y ella no fue declarada inconstitucional en la sentencia emitida por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas. De hecho, lo que existe es un vacío que no impedirá a los partidos políticos llevar, incluso a los tribunales, su derecho a utilizar una figura establecida en la Constitución, así como el deber de la autoridad electoral de proveer lo necesario para hacerla operante.

De hecho, el problema de fondo en este asunto no radica sólo en si el IEEPCO tiene o no facultades reglamentarias para emitir un reglamento que haga operable una figura establecida en la Constitución, sino sobre todo en el hecho de que la abrumadora decisión tomada por la Suprema Corte, de expulsar del sistema jurídico oaxaqueño todo el contenido de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, dejó un enorme hueco que ahora no puede ser solventado por la LXII Legislatura —la responsable de haber cometido errores en el procedimiento para aprobar esa norma— y sobre el cual tampoco existe claridad de si el OPLE-IEEPCO tiene facultades reglamentarias.

Pues resulta que en medio de todos los matices se encuentra el hecho de que, por un lado, ni el mismo PRI tiene claro si es el IEEPCO, o el Consejo General del INE, quien pudiera tener la facultad de reglamentar esta figura, en una circunstancia tan particular como la que enfrenta Oaxaca.

En el otro extremo está el intento del órgano electoral de cumplir con lo que marca la Constitución. Por eso, ante el vacío, lo que terminará ocurriendo es la judicialización del proceso electoral, a partir de que hay enormes lagunas legales, y de que no existe claridad sobre quién, cómo y con qué alcance la autoridad electoral (recordemos que ya es una sola, el INE, que tiene alcances nacionales). Esa incertidumbre se la debemos agradecer a la LXII Legislatura, que no deja de hablar de legalidad y de grandes hombres, pero que resulta ser la provocadora de esta incertidumbre, que es lo único seguro para este proceso electoral.

 

¿POR QUÉ FRENAR LAS CANDIDATURAS COMUNES?

Aquí dijimos (Al Margen 07.10.2015) por qué las candidaturas comunes eran una tentación para los partidos, y por qué entre las fuerzas coaligadas había tanto interés porque dicha figura se aprobara. Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

 

PÉRDIDA

Las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde fueran débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Por eso, las candidaturas comunes fueron las “letras chiquitas” de la malograda reforma electoral a favor de la coalición. Cuando esto fue declarado inconstitucional, la afectada fue la coalición. Por eso tanto interés del PRI en que esta figura no opere en estos comicios, pues ello implicaría reinstalar una ventaja para sus competidores, que ellos ya creían cancelada.

Oaxaca en contexto nacional: ¿por qué los partidos no se definen?

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+ En el contexto electoral, ¿por qué puede ser importante Oaxaca?


Entramos en el proceso electoral, y en Oaxaca muchos creemos que las definiciones nacionales se juegan aquí. ¿Qué tan cierta es aquella vieja idea de que nuestra entidad es una especie de “caja de resonancia” de lo que ocurre en el país, y que por esa razón el gobierno y los partidos políticos estarían obligados a darle la mayor importancia a las definiciones políticas en nuestra entidad? Debemos considerar la importancia real que tiene Oaxaca en el contexto nacional, para poder entender también sus procesos políticos y las definiciones electorales que están en puerta.

En efecto, la semana pasada vimos cómo ocurrieron diversas renuncias de personajes que aspiran específicamente a convertirse en candidatos a la gubernatura del estado. La separación del cargo de Alejandro Murat Hinojosa marcó el banderazo de inicio del proceso político para la sucesión, y detrás de ésta vinieron otras dos dimisiones que también deben ser entendidas en tal contexto. Por un lado, el senador Eviel Pérez Magaña, y por el otro el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, formalizaron su participación en el proceso de designación del próximo candidato a gobernador por el PRI.

Las lecturas de esos hechos, en su mayoría, han sido excluyentes. La impermeabilidad de los grupos políticos ha impedido entender el momento por el que atraviesa Oaxaca a partir de una visión de conjunto. Pareciera, pues, que el PRI oaxaqueño es en realidad cuatro o cinco partidos políticos distintos, que tienen menos afinidades entre ellos que respecto a las fuerzas políticas contrarias. Sólo a partir de eso puede entenderse que la semana pasada haya sido álgida en señalamientos y escollos entre los diversos grupos priistas, básicamente porque cada grupo habría querido que su candidato fuera el único en separarse del cargo, y por ende el “elegido” fácticamente para la candidatura.

No habría podido ocurrir eso, porque además de que el PRI es un partido plural, una decisión de tal magnitud debe tomarse en consideración al contexto político que ocurre en el país. ¿Cómo se vería el PRI ungiendo a un solo candidato desde el primer momento, al margen de la competencia, sin pataleos de los demás, sin oposiciones internas, y sin un proceso interno real o simulado? Esencialmente, esto acercaría la decisión de ese partido a las prácticas totalitarias del lopezobradorismo. Por eso puede entenderse que aún con los matices que puedan ponerse, desde la capital del país el PRI está alentando la posibilidad de una competencia interna por la candidatura a Gobernador de Oaxaca, y está atajando la posibilidad de imponer un solo liderazgo.

Hay más razones para alentar la competencia. ¿Cuánto desgaste podría llevarse un solo candidato, al que le faltan seis meses de trecho político, y en el que todos los días estaría sujeto, como un blanco perfecto, a todo tipo de tiroteos políticos y señalamientos, y descalificaciones, de todos sus adversarios? Evidentemente, esa sería una mala estrategia que, según se ve, el PRI está intentando atajar a partir del aliento a la competencia entre candidatos.

En el fondo, el PRI intenta cuidar en el contexto nacional, el relativo prestigio y la imagen democrática que con trabajo y errores ha venido construyendo. Es cierto que Oaxaca es importante, pero no como para que el partido del Presidente se juegue su desgastado bono democrático en el cumplimiento de una estrategia que no es productiva, ni es democrática, ni es “políticamente correcta” o bien aceptada entre la ciudadanía que espera todo, menos el regreso de un partido vertical y autoritario, que no ha podido darle a la ciudadanía la estabilidad, la paz y el crecimiento, como para pedirle a cambio el monopolio de la democracia representativa, como era en el pasado.

¿Y EL PAN Y PRD?

Este escenario, del PAN y PRD solos o por separado, es mucho más interesante. El PRD, por ejemplo, está lejos de poder cumplir caprichos. El PAN se encuentra en una situación también bastante compleja en su contexto nacional. Sólo que en el caso de Oaxaca saben que si no caminan juntos la derrota será común para los dos. Por esa razón, van a buscar generar el mejor consenso posible, a partir o de las encuestas, o de la postulación de un candidato con un bono democrático potencial.

¿De qué hablamos? De que difícilmente habremos de ver que el PRD nacional, o el PAN, o ambos, se replieguen al capricho de un Gobernador. Ambos partidos tienen como imperativo la urgencia de triunfos electorales, y de retener los estados en donde ya gobiernan. Tal es el caso de Oaxaca. ahí tendrá que haber una negociación mayor para establecer un candidato que puede ser competitivo, pero que además pueda ser bisagra entre todas las fuerzas políticas que intentarán integrar, primero la campaña, y después un potencial gobierno.

Esto significa un reto mayor por varias razones. En el PRD no se van a arriesgar a postular a un candidato en Oaxaca o Puebla, que no tenga al menos posibilidades de crecimiento electoral; sólo que tampoco postularán a alguien que pretenda convertirse en un pequeño mesías amparado por su supuesto crecimiento electoral, y que sólo pretenda utilizar a los partidos como comodines para acceder a la candidatura, y después olvidarse de ellos.

Este es el panorama que pone en entredicho particularmente las aspiraciones del senador Benjamín Robles Montoya. Éste, ciertamente, es quien tiene el mejor escenario electoral si únicamente se analiza el contexto estadístico, pero no el político. Pues el problema que enfrenta, y que conforme transcurre el tiempo se vuelve insalvable, es que lejos de ser un posible candidato integrador, cada vez lanza mensajes más acendrados de exclusión al interior de las fuerzas que podrían integrar la coalición.

UN TERCERO

Otro mensaje específico es la poca identidad que tiene con las fuerzas electorales por las que pretende postularse. El senador Robles no ha sido exitoso en generar las sinergias necesarias para no terminar dando la idea de que los utilizará como trampolines para después gobernar solo. Esos son factores que tempranamente juegan en su contra. Faltará ver qué tanto puede revertirlos en los pocos meses que les quedan de margen, a todos, para definir su rumbo a los comicios de junio próximo. Esos elementos mantienen también abierta la puerta para un posible “tercero en discordia”. Éste será quien logre integrar los intereses del gobierno saliente con los de los partidos. No lo descartemos.