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Sí, urge una ley de protección a periodistas… pero sin tentaciones

Ruben Espinoza

+ Esencial, revisar ley del DF y tomar lo bueno de sus planteamientos


El pasado lunes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promulgó y mandó a publicar en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la capital del país. Los diputados oaxaqueños deberían ocupar la prolongada parálisis en que se encuentra la LXII Legislatura, para revisar esa norma y tomar parámetros de lo que se podría hacer en Oaxaca, y sobre todo para eliminar, con responsabilidad, las tentaciones en que han incurrido algunas de las malogradas iniciativas de ley de protección a periodistas que se han presentado en nuestra entidad.

En efecto, al anunciar la emisión y entrada en vigor de dicha norma, Mancera dijo que con esa ley se pretende que el Distrito Federal brinde refugio, protección y atención a quienes ejercen el periodismo, y reconoció que “sabemos que no basta con tener este instrumento, ahora se requiere del trabajo en todas y cada una de las áreas que ahí se marcan”. Por el contexto en que ocurrió la emisión de dicha norma —la reciente ejecución del fotorreportero Rubén Espinosa—, el Jefe de Gobierno rechazó que esa ley se haya generado en un tiempo de oportunismo político, “sino en respuesta urgente a la necesidad de asumir corresponsabilidades para dar garantías a quienes ejercen el periodismo en la ciudad de México”.

El grado de oportunismo o responsabilidad únicamente puede medirse en función al contenido de la norma. ¿Qué dice esa ley? Básicamente, dicha norma establece un mecanismo de protección no sólo para periodistas, sino también para defensores de los derechos humanos, a través del cual el Gobierno de la capital del país compromete recursos y acciones institucionales para prevenir esos riesgos, y para salvaguardar la integridad de quienes ejercen esas actividades frente a posibles amenazas.

La norma establece que dicho mecanismo tendrá un Director General, un Consejo Consultivo, y un Consejo de Evaluación de Medidas, que específicamente es quien decide a qué solicitantes se les brinda la protección, y el tipo de medidas que se le brindarán para garantizar la salvaguarda de su integridad y derechos, en caso de que exista una amenaza fundada en su contra a partir del ejercicio de sus funciones periodísticas o de defensa de los derechos humanos.

De entrada parece que un punto que razonablemente podría ser cuestionable, es el hecho de que esa ley tase en condiciones más o menos similares al ejercicio periodístico con el de la defensa de los derechos fundamentales. Es evidente que ambas actividades tienen naturalezas distintas y quizá compartan algunos de los riesgos, aunque por orígenes y causas distintas. No obstante, dicha norma se centra en establecer el mecanismo de protección, sus reglas básicas de operación, y la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal sobre su funcionamiento.

Hasta este punto podría pensarse que dicha ley, es similar a algunas de las iniciativas presentadas en Oaxaca ante el Congreso del Estado para proteger el ejercicio periodístico. Vale la pena, sin embargo, reconocer sus diferencias.

EL “FONDO DE APOYO” A LOS PERIODISTAS

En septiembre de 2013, un grupo de reporteros oaxaqueños —“asesorados” por algunas organizaciones inusitadamente interesadas en el tema— presentó una iniciativa de ley de protección a periodistas, ante la LXI Legislatura local. En muchos de sus términos es similar, e incluso superior, a la norma recientemente emitida por el Distrito Federal, en cuanto al establecimiento de un mecanismo similar de protección a periodistas, y en la enunciación de algunos de los derechos —una cuestión jurídicamente redundante, pero encomiable— que tienen “las personas periodistas” en el ejercicio de su oficio. Aquella propuesta oaxaqueña, tiene una diferencia sensible con la ley del Distrito Federal, que la vuelve inaceptable: el “Fondo de apoyo a los periodistas”.

¿Qué es este “fondo de apoyo”, que fue incluido en la iniciativa del Grupo Prensa Oaxaca, que no existe en la ley de la capital del país, y que con el solo hecho de haberse insinuado, habría sido tomado como una burla y un agravio a la comunidad periodística en general? Según el artículo 35 de la iniciativa señalada, “El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca se conforma con aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen los gobiernos del estado y municipales, así como las empresas editoriales, el cual operará sujeto a las reglas que determine su Consejo Directivo.”

Dicho fondo tendría por objeto “implementar medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a mejorar las condiciones de vida del periodista y su familia, así como su capacitación profesional”.

Únicamente habría faltado que, en esa descripción se estableciera que el Estado tendría la obligación de entregar “apoyos” o algún tipo de “prestación social” a los trabajadores de la información, por el solo hecho de ejercer esa actividad. Esto es, como si el periodismo se equiparara socialmente a la pobreza, a la marginación o a alguna de las condiciones socioeconómicas que determinan a un sector de la población como “vulnerable”, y no “de riesgo” como sí debe ser considerada esta actividad.

Incluso, esta visión es claramente similar a los pretendidos “apoyos institucionales” que algunos gobiernos en otras entidades federativas quisieron establecer hace algunos años a favor de los comunicadores, y que evidentemente eran prebendas (“chayotes”, como se conoce en la cotidianidad de la prensa) disfrazadas de responsabilidad social, ofrecidas por los gobiernos a cambio del “apoyo” de los periodistas en la consideración a su labor reflejada en la prensa.

PROTOCOLOS, SÍ; TENTACIONES, NO

Así pues, es necesario que se establezcan protocolos y mecanismos de protección al trabajo periodístico en prácticamente todo el país. Lo que no es aceptable es que esos mecanismos sean establecidos como esquemas que disfrazan el interés de un sector político o gremial por ostentar control, recursos o poder en detrimento de la actividad periodística. La ley emitida en la capital del país puede ser un parámetro relativamente aceptable, pero sobre todo en Oaxaca debe eliminarse toda tentación no relacionada estrictamente con la protección al ejercicio periodístico.

¿Se debe esperar una reacción violenta de los radicales de la 22?

Geurrilla

+ TIEMPO, catorce años de ser referencia en la prensa oaxaqueña


En uno de los momentos más álgidos del conflicto magisterial y popular de 2006, apareció una efímera organización armada que afirmaba ser uno de los brazos de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y que se decía dispuesta a defender al magisterio y el pueblo en la represión que se avecinaba. En el contexto actual, ¿habría posibilidades de una acción violenta que el Estado debiera prever, por parte de algún sector radical del magisterio, o de alguna de las organizaciones que pululan a su alrededor?

En efecto, dicho grupo se dio a conocer como Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca, y emitió un único comunicado el lunes dos de octubre de 2006, junto con un par de acciones de hostigamiento a dos sucursales bancarias (una del banco Santander, y otra de Banamex) en la zona norte de la capital oaxaqueña. Junto con las acciones de hostigamiento dejaron dispersas hojas con un comunicado en el que hacían un posicionamiento relacionado con el conflicto magisterial y con las acciones que, se decía, estaban dispuestos a realizar.

Dicho comunicado establecía cuestiones que hoy parecieran propias de nuestro contexto actual y no del de hace nueve años: “Ante la inminente represión que se está orquestando en contra de nuestro pueblo de Oaxaca y del magisterio democrático con el doble discurso de los gobernantes traidores que por un lado te llaman a negociar y por otra te asesinan como aconteció el 14 de junio cuando la bota represiva arremetió en contra de mujeres, niños y personas de la tercera edad que se encantaban en el campamento del magisterio democráticos los asesinatos de los dos manifestantes simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), hoy nos damos a conocer como Organización revolucionaria armada del pueblo de Oaxaca (ORAPO). A nuestros compañeros que hoy luchan en diferentes trincheras y que tienen una experiencia Histórica de lucha armada revolucionaria les hacemos el llamado a la unidad y a serrar filas contra los opresores de nuestro pueblo. Consideramos que la lucha armada es legìtima (sic) cuando se sierran los causes de negociación pacífica y no se debe satanizar como una real alternativa para nuestro pueblo que hoy sufre en carne propia la explotación y la miseria ancestral.”

Luego de estos señalamientos, la llamada ORAPO señalaba: “Por medio de este nuestro primer comunicado y nuestras primeras acciones de hostigamiento al enemigo le declaramos la guerra al gobierno federal y estatal adjudicándonos las detonaciones de petardos en sucursales bancarias como una forma propagandística de darnos a conocer advirtiéndole al gobierno que estamos preparados y dispuestos a luchar con las (sic) armas en la mano para defender a nuestro pueblo y seguiremos implementando acciones de mayor envergadura a instalaciones de la oligarquía burguesa. Estamos alertas  y (sic) vigilantes y convocamos al pueblo de Oaxaca a sumarse a nuestra lucha y a buscar el contacto con los revolucionarios para derrocar al tirano.”

En aquellos momentos, no resultaban extrañas tales aseveraciones, porque el conflicto magisterial se encontraba en una fase de profunda descomposición y también de un claro “manoseo” por parte de diversas organizaciones que se habían montado en el movimiento y en la circunstancia política para tratar de conseguir intereses paralelos o diversos aprovechando el contexto de la revuelta.

Incluso, en aquella circunstancia no pareció extraña la aparición de un grupo como ese dado que el propio Ejército Popular Revolucionario había manifestado amplia simpatía por el movimiento, y en algunos momentos hasta parecía que le daba algún tipo de “coordenada” al movimiento popular sobre las acciones que debía emprender para continuar la lucha. No obstante todos esos antecedentes, siempre hubo un sector magisterial identificado con formas más duras de lucha, que también fueron los que en esa y otras circunstancias trataron de prender en el gobierno la idea de que la “seguridad” del Estado se encontraba en sus manos y por eso era necesaria la “cercanía” entre el gobierno y los sectores magisteriales más duros.

¿VENDIERON SEGURIDAD?

Hay una versión, que como tal es sólo una idea difundida de boca en boca, que apunta a que en los últimos años hubo una especie de “venta de protección” por parte del sindicato magisterial hacia el gobierno estatal. Según esa versión hubo una especie de acuerdo tácito entre ambos bloques para mantener la gobernabilidad a flote a partir de que el gobierno cediera espacios y prebendas al magisterio para mantener a raya a sus sectores radicales, y también para despresurizarlos frente a una situación en la que no habría grandes transformaciones pero tampoco grandes despojos.

Ese contexto habría cambiado el martes 21 de julio, cuando de la mano el gobierno estatal y federal decidieron extinguir la conformación magisterial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, básicamente despojando a la Sección 22 del poder e influencia que tenía en el instituto educativo y la capacidad de control que, a través de eso, ejercía sobre las bases magisteriales.

Evidentemente, el magisterio de la Sección 22 quedó resentido a todos los niveles con la decisión de la reconstitución del IEEPO, pero hasta el momento no todos los sectores se han manifestado. Los menos radicales han comenzado el proceso de acomodo frente a la nueva circunstancia. Algunos, que pudieran ser sectores intermedios, han salido a manifestarse en contra de la decisión institucional y a prometer no iniciar el próximo ciclo escolar. Pero el sector radical continúa en silencio. Esa pasividad no tendría que ser casual ni accidental. Por esa razón, uno de los escenarios que debía estar hoy sopesando el gobierno estatal es si debe esperarse esa respuesta y, en la medida de lo posible, preverlas.

CATORCE AÑOS

Hoy nuestro diario cumple sus primeros 14 años de existencia. Son años de arduo trabajo, tenacidad y talento de un sólido grupo de periodistas que, encabezado por nuestro director y amigo, Wenceslao Añorve Martínez, ha llevado a esta publicación a mantenerse como referencia obligada del periodismo oaxaqueño. Sirvan estas líneas para enviar un abrazo afectuoso a todos los que hacen posible la edición diaria de TIEMPO, y para reiterar el compromiso de responsabilidad y trabajo informativo para todos nuestros lectores, anunciantes y amigos. ¡Enhorabuena!

Contra los atavismos, SCJN declara que parejas gays pueden adoptar

parejas gays no pueden adoptar

+ Decisiones polémicas deben abonar a la civilidad y no a intolerancia


Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar inconstitucional un artículo de la ley de Sociedades de Convivencia del estado de Campeche, que establece que las personas comprendidas bajo este régimen están imposibilitadas de adoptar. Con esta decisión, la Corte estableció un criterio trascendental para que, frente a prohibiciones legales o negativas de la autoridad fundadas en argumentos similares al de la legislación aludida, parejas del mismo sexo puedan acceder a un proceso de adopción en todo el país. Ante tal decisión, es nuevamente necesario abonar a una discusión centrada y civilizada, y no decidida por prejuicios o atavismos sociales.

En efecto, desde antes de ayer se preveía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaría un artículo de la legislación de Campeche que prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo cuando éstas se encuentran unidas mediante sociedades de convivencia, además de despojarlas de sus derechos de patria potestad, guardia y custodia en caso de que se conviertan en “convivientes”, sin importar que sea el padre o la madre.

En la segunda sesión de la Corte para abordar ese tema, nueve de 10 ministros se pronunciaron por la invalidez total o parcial del artículo 19 de la Ley Regulatoria de las Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, pero la votación definitiva se pospuso hasta ayer martes, debido a que el Pleno del Máximo Tribunal solicitó ampliar el debate sobre los argumentos que deberá incluir la sentencia en su redacción final.

El ex procurador general de la República y ministro impulsado hasta ahora por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, fue el único integrante de la Suprema Corte que defendió la norma que impide la adopción a parejas del mismo sexo en la legislación de Campeche, con el argumento de que las sociedades de convivencia no representan una unión civil entre personas, sino solamente un contrato que los involucrados inscriben en el Registro Público de la Propiedad. Consideró que la discriminación contra parejas homosexuales no es parte del debate, ya que las sociedades de convivencia no es una figura exclusiva para el uso de las parejas gay.

No obstante, por encima de dichos argumentos a favor de que la ley se quede como hasta ahora está, se encuentran otros que, sin ser mencionados directamente, aluden a un atavismo que relaciona la homosexualidad con las desviaciones sexuales, y que finalmente es lo que escandaliza a muchas personas que sostienen que es inviable que una pareja de personas del mismo sexo adopte a un menor. ¿De qué hablamos?

De que básicamente se sostiene que dos personas del mismo sexo no podrían adoptar a un menor, porque esto implicaría “incitarlo” a que repita un patrón de conducta “desviado”. Es decir, que como sería criado por homosexuales, éste también lo sería. Junto a este primer argumento, existen otros todavía más atrevidos y francamente inaceptables. Esos argumentos son de los que dicen que la homosexualidad es en realidad una desviación o una perversión sexual, y que por ende el homosexual es por necesidad un pederasta, un degenerado, o un corruptor de menores.

Nada más alejado de la realidad. Quizá los prejuicios sociales y los atavismos propios de una sociedad engañosamente conservadora, fueron los que construyeron estas ideas, que no pueden sostenerse en sí mismas: una persona “degenerada”, “depravada”, o un pederasta o un corruptor, no necesitan ser homosexuales para llevar a cabo esas conductas, y de hecho la homosexualidad no es una condición para ser un abusador. Una persona que viola a un(a) menor, que lo corrompe o que lo sujeta a una condición de trata de personas con fines sexuales, puede ser tan heterosexual y tan “normal” como quienes se escandalizan de que la Corte esté tomando decisiones como la señalada.

De ahí debiera partir la verdadera discusión respecto a la adopción por parte de personas del mismo sexo, para que entonces lo que se discutiera fueran las condiciones en que debiera ocurrir la entrega de la patria potestad de un menor para su crianza y cuidado, y no atavismos que sólo demuestran atraso, y visiones erradas y discriminatorias que insisten en justificar diversos sectores de la sociedad mexicana actual.

¿POR QUÉ SÍ?

El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, advirtió que no existe ninguna justificación constitucional para que se prohíba la adopción a los integrantes de una sociedad de convivencia. Advirtió que el artículo 19 de la ley de sociedades de convivencia de Campeche es inconstitucional, ya que viola los derechos fundamentales a la no discriminación de los “convivientes”, el derecho de un grupo de personas a conformar una familia y el interés del niño a gozar de vínculos afectivos.

El Ministro dijo que si existen diferentes tipos de familias queriendo adoptar menores de edad, no debe existir impedimento para ello, ya que en la calle existen más de 100 mil que son explotados y víctimas de la drogadicción, los cuales podrían contar con una alternativa de vida en caso de que fueran sujetos a procesos de adopción.

Advirtió que la legislación de Campeche permite a las personas solteras adoptar menores de edad, destacando que incluso las parejas conformadas por un hombre y una mujer deben enfrentar una serie de requisitos muy específicos para que un niño en condiciones de ser adoptado les sea entregado por las autoridades. Y agregó que esta prohibición es un acto de discriminación.

En concordancia con lo anterior, desde nuestra perspectiva consideramos que lo que se debe discutir y establecer con todo detalle es el programa y las condiciones a las que se debe ajustar la adopción de un menor por parte de una pareja en la que las dos personas adoptantes son del mismo sexo. Dicho programa debe servir no para garantizar la “no desviación” del menor, sino para que el Estado y los adoptantes le brinden el soporte necesario para enfrentarse a una sociedad no acostumbrada a este tipo de situaciones, y para entender cabalmente su situación familiar y social específica.

¿INTERÉS SUPERIOR?

Quienes se escandalizan por la decisión tomada ayer deben pensar que el “interés superior del menor” no se tutela con dilemas morales sino con acciones concretas. Por eso es importante dejar atrás los atavismos para comenzar a entender los derechos fundamentales en una dimensión correcta y civilizada.

¿El gobierno federal está de veras comprometido con el rescate del IEEPO?

S22

+ Federación manda señales cruzadas: muchos policías, pero poca supervisión


El diálogo maquineo que hoy sostienen el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE, les ha impedido reconocer que en los matices está la clave de lo que se está haciendo bien, pero sobre todo de lo que está fallando. En su diálogo de sordos no alcanzan a ver que el riesgo para todos se encuentra en el arranque del ciclo escolar. Pues si la 22 peca de ingenua al creer que habrá boicot total al ciclo 2015-2016, el IEEPO —y quienes están detrás de él, en su supuesta “reconformación estratégica”— fallan al suponer que el ciclo escolar irremediablemente iniciará sin contratiempos.

En efecto, hoy el gobierno estatal y la dirigencia de la Sección 22 se encuentran trabados en un diálogo sin derroteros visibles. El gobierno estatal sostiene que no negociará nada con el magisterio, y que sólo está dispuesto a dialogar con el sindicato siempre que éste sea abierto y transparente; por su parte, la 22 insiste en su posición añeja de oponerse a las reformas estructurales y a la reconformación del IEEPO, únicamente como medio para esconder su verdadera intención, que es la de doblar al gobierno estatal para que negocien cuestiones que ellos mismos no han especificado. En esas posiciones irreductibles ambos bloques parecen haber perdido toda capacidad de análisis.

¿De qué hablamos? De que la principal preocupación de ambos debe ser, primero, lo relacionado al inicio y desarrollo del ciclo escolar siguiente; y segundo, el futuro del IEEPO no únicamente por su función administrativa, sino como el emblema de la afrenta entre el Estado mexicano y el magisterio por el control educativo.

En lo relativo al inicio del ciclo escolar, hoy nadie tiene certeza porque tanto maestros como autoridades educativas tienen que esperar a la siguiente semana, cuando comienzan los preparativos del inicio de clases en los centros escolares. Hasta que eso no ocurra, y no vean —gobierno y sindicato— cuántos profesores y personal administrativo verdaderamente llegan a trabajar, ni el gobierno ni la Sección 22 tendrán certeza alguna de las acciones que emprenderán luego del 24 de agosto, o para declarar un paro general, o para conjurar las amenazas, o para iniciar las sanciones y traer personal sustituto de otras entidades federativas.

Respecto al futuro del IEEPO, tanto el gobierno como la Sección 22 comienzan con sendos fracasos airados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el magisterio pretende obligar al gobierno a negociar los términos de la reforma al IEEPO con supuestos cercos de veinte personas —como lo hizo en su reciente anuncio, materializado con todo fracaso en las acciones de ayer— lo único que será es provocar lástima y seguir perdiendo fuerza y capacidad de negociación, frente a un gobierno estatal que se siente “fortalecido” con esas acciones.

Pero en esa misma lógica, el gobierno estatal también debe ser más cuidadoso. Nada ha lastimado más a la nueva conformación del IEEPO, que los señalamientos por inexperiencia, por reciclaje y por amiguismos que han surgido en las últimas semanas. Pareciera que nadie se encargó de vigilar que la reformación del IEEPO fuera verdaderamente un proceso cuidado e integral, que creara confianza a partir de su sola conformación y de los nombres incluidos en su nueva estructura. El problema es que, de entrada, no hubo un solo nombre, uno, que generara certidumbre sobre la capacidad de relanzar al IEEPO hacia la expectativa generada, o que fuera indicio de que verdaderos expertos se estaban haciendo cargo del nuevo Instituto educativo.

Nada en realidad. Lejos de eso, los nuevos funcionarios resultaron ser producto del reciclaje, electos a partir de criterios que nadie conoció, y sin brindar certidumbre alguna de que podían con la responsabilidad que se les encargaba. Por eso las primeras tareas del nuevo IEEPO han sido desastrosas, y han demostrado una incapacidad preocupante.

Nadie ni nada exhibió más a los nuevos funcionarios del Instituto, ni los puso en la senda de la derrota, tanto como las filtraciones de la semana previa, los cuestionamientos imposibles de refutar, y la incertidumbre sobre el inicio escolar, que para ellos ha sido el común denominador de las semanas recientes.

¿Y EL GOBIERNO FEDERAL?

Cuando se anunció la extinción del llamado “viejo IEEPO” vino a Oaxaca el Vocero de la Presidencia de la República, y los titulares de las Secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social, para respaldar la decisión anunciada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo. Cuando se anunció la refundación del Instituto, se dijo que esto se haría en un marco de coordinación entre los dos niveles de gobierno, refrendando lo que dice la Constitución, en el sentido de que la educativa es una facultad concurrente de la federación, los estados y los municipios. La pregunta, frente a todo esto, sigue siendo ¿dónde quedó el gobierno federal en este proceso que políticamente es vital para el Estado mexicano?

La pregunta no es ociosa. Pues no se trata de que la federación venga a suplir las responsabilidades que le corresponden al gobierno estatal respecto a la reforma educativa, pero sí de que si este anuncio constituía la respuesta del gobierno federal al cuestionamiento de dónde había quedado la fuerza del Estado mexicano luego de la fuga del Chapo Guzmán, lo menos que debió hacer es estar vigilando no sólo el momento del anuncio, sino toda la implementación del llamado “nuevo IEEPO”.

Y es que muchos pensamos —y no era una posibilidad descabellada— que el gobierno federal enviara personal específico para reforzar la ingeniería reconstitutiva del IEEPO. Esto, según los hechos, no ocurrió. Pues de haber sido así, entonces el gobierno estatal no habría cometido tantos errores como con los que ha venido trastabillando en su intento por echar a andar la maquinaria educativa teniendo a un sector —el radical— de la Sección 22 en contra.

CONTRADICCIONES

Pareciera, entonces, que el gobierno federal toma y deja el federalismo según sus conveniencias. Lo asaltó, al forzar la decisión de la extinción del viejo IEEPO; pero ahora inusitadamente pretende “respetarlo” —y dejar a Oaxaca a la deriva— ahora que se necesitaba más que nunca su colaboración y vigilancia para asegurar la supervivencia y el éxito del nuevo instituto educativo, y para garantizar el arranque del próximo ciclo escolar independientemente de las condiciones sociales o políticas que se presenten. Pero todos parecen extraviados. ¿Entonces?

La Sección 22 va por guerra de baja intensidad vs nuevo IEEPO

Magisterio oaxaqueño.

+ El magisterio, aún con armas para deslegitimar la nueva estructura


El gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe tener clarísimo que los riesgos de un contraataque magisterial, no están conjurados. Si bien parece que la reestructuración magisterial es a fondo, y que en ella tiene el pleno respaldo del gobierno federal, ahora es el momento de hacer valer con todo denuedo esa condición. No hacerlo, y no prepararse bien frente a un posible boicot de la Sección 22 al inicio del ciclo escolar o una guerra de baja intensidad al interior del Instituto, será tanto como cancelar los avances logrados hasta ahora en la misión de los gobiernos estatal y federal, de reformar el IEEPO y la educación en Oaxaca.

En efecto, en la historia reciente del país existen innumerables ejemplos de cómo descabezar a un poder fáctico predominante, no es una cuestión que pueda ocurrir por decreto y mucho menos en un solo acto unilateral. En otros procesos más o menos similares, en los que un grupo ha tratado de despojar del control político a otro, que ha sido hegemónico, resulta una tarea compleja en la que deben cuidarse todos los flancos que quedan abiertos. No existe certidumbre de que el llamado “nuevo IEEPO” esté entendiendo cabalmente esa circunstancia.

La semana pasada, por ejemplo, se filtró una lista con nombres de funcionarios y los salarios que presuntamente percibirían por sus labores en el nuevo IEEPO. Dicha lista era en realidad una imagen tomada a un monitor de computadora, en el que se apreciaba una lista de nombres y montos hecha en un programa casero de hojas de cálculo. Quienes conocen de recursos humanos y manejos de nómina en el gobierno estatal, saben que los tabuladores de salarios y las incidencias económicas de un trabajo, se gestionan en bases de datos y programas de computadora mucho más complejos que el conocido como Excel, que está presente en prácticamente cualquier computadora de uso cotidiano.

El problema es que frente a la filtración de esa presunta lista de salarios de algunos de los principales funcionarios del nuevo IEEPO, no hubo una respuesta clara por parte de la administración del nuevo Instituto. Más bien, dejaron correr la versión —que en redes sociales se dio por buena desde el primer momento, ante el vacío de información y que encontró campo fértil en la polarización actual— seguramente bajo el entendido de que no iban a desvirtuar información endeble en sí misma, como las imágenes de la supuesta lista de salarios.

Aquí la pregunta sería no si el IEEPO tenía que desvirtuar la lista, sino de dónde salió. Pues bien pudo ser producto de algún ocioso que se puso a recopilar nombres e imaginar salarios, pero también pudo haber sido extraída de alguna computadora del Instituto. Si en éste último supuesto, el funcionario que elaboró la lista aludida, lo hizo en un programa común como Excel, justamente para no darle ningún tipo de formalidad y poder restarle fácilmente toda veracidad, entonces la falla estuvo en la fuga. Esa fuga de información debió darse, como siempre, desde dentro. Y entonces lo que el IEEPO tendría que verificar —más allá de que acepte o no, si los datos ahí contenidos son correctos— en dónde estuvo la falla y, sobre todo, prepararse para la guerra de baja intensidad que viene, y que sin duda habrá de darla la Sección 22 del SNTE en su intento por defenderse.

¿QUIÉN Y CÓMO SE SELECCIONÓ

AL PERSONAL DEL NUEVO IEEPO?

En nuestra entrega del miércoles 5 de agosto pasado, dábamos cuenta de algunas inconsistencias cometidas por el oficial Mayor del Nuevo IEEPO, José Ramón Ramírez Peña, al fundamentar el cambio de adscripción de cientos de personas que laboraban en las oficinas centrales del Instituto, y de la incertidumbre que privaba entre los propios empleados sobre cuáles habían sido los criterios de adscripción utilizados para decidir quién continuaba laborando en las oficinas centrales —y teniendo contacto con información, documentación y procesos esenciales para el funcionamiento del Instituto, como esa lista en la que vienen nombres y referencias de personas de reciente ingreso al Instituto— y a quiénes moverían a otros centros de trabajo.

Según la versión de los empleados, apuntamos en aquel entonces, no hay claridad en cuáles fueron las razones por las cuales se decidió qué empleados se iban a otras áreas, y quiénes se quedaban en las oficinas centrales del Instituto. Esta falta de claridad, también atribuible a la Oficialía Mayor, pero compartida con los titulares de las áreas que fueron recientemente nombrados, ha generado dudas que hasta ahora no han sido despejadas.

¿Qué criterio utilizaron?, preguntábamos, al tiempo de abundar en al menos dos versiones:  Hay quien dice, apuntamos, que uno de los mecanismos fue ver quién de todos los trabajadores se atrevía a entrar desde el primer día a las instalaciones centrales del IEEPO, mientras la Sección 22 llamaba desesperadamente a no hacerlo. Otra versión, dice que la selección y la segregación se está haciendo casi azarosamente. Una más —la que siempre existe y que atiende a la sempiterna teoría conspirativa— apunta a que los trabajadores que están siendo avalados para continuar realizando funciones dentro de las oficinas centrales, son los que ya tienen algún tipo de contubernio con los nuevos directivos.

Hoy, frente a la filtración de supuestas listas de personal y salarios filtradas, el nuevo IEEPO y Moisés Robles Cruz deben pensar con toda claridad qué están haciendo. Ya no es necesario que acepten o no la veracidad de la lista. Da lo mismo. Más bien, al interior, deben revisar qué están haciendo con exactitud, qué medidas están tomando para blindar el funcionamiento del Instituto frente a las condiciones actuales o inminentes, y qué fallas han cometido.

¿A CIEGAS?

Si con esa lista —quizá obtenida por una fuga de información; quizá obtenida por una mala selección del personal que continuará laborando en el instituto, y que seguirá teniendo contacto con información sensible— les clavaron una primer banderilla, ahora pensemos qué pasaría si esa información incorrectamente manejada sirve para que la 22 prevea los movimientos que planea el Instituto de cara al arranque del ciclo escolar, y le sirve para tomar ventaja. La Sección 22 no se dejará ganar tan fácil. Y si el nuevo IEEPO le presta ayuda con titubeos y fallas, entonces no sólo estarán en riesgo las acciones cercanas, sino toda la legitimidad que envuelve a la toma de estas importantes decisiones para Oaxaca, y para el país.

AHORA NAGASAKI

Carlos R. Aguilar Jiménez.

Primero fue un seis de agosto en ser atacada la ciudad japonesa de Hiroshima por los EU con una bomba nuclear, y por no rendirse y acatar los términos incondicionales para terminar con la guerra, en seguida, un día 9 del mismo mes fue bombardeada la ciudad de Nagasaki con otra bomba termonuclear, detonación que por fin puso fin a la Segunda Guerra Mundial, ocasión histórica que debiera ser de júbilo y celebración porque solo así termino la guerra más espantosa, mortífera y destructora que haya habido en este planeta, en la que incluso participó México con el escuadrón de aviación 201, hostilidades que comenzaron los nazis con Adolfo Hitler y Japón con Hirohito.
Nagasaki
Aliados los nipones con los nazis, con Mussolini en Italia y otros asociados, durante la II Guerra Mundial, su intención era subyugar al mundo, ampliar sus territorios, esclavizar y someter al resto de la humanidad “inferior” a sus intenciones, llegando incluso los japoneses a atacar sorpresiva y sin previa declaración de guerra a los EU en Pearl Harbor , destruyendo casi totalmente su flota del Pacífico, agresión artera que sirvió para que se estableciera el grupo de naciones de los “Aliados” para defenderse de los ataques nazis y japoneses; rindiéndose finalmente los alemanes luego de la caída de Berlín y el suicidio de Hitler, no así los nipones, quienes necios y fanáticos, como kamikazes, en su afán inútil de ganar la guerra, permanecían en movilización bélica principalmente contra los EU, muriendo a diario miles de japoneses, aliados y estadounidenses, hasta que el presidente Harry S. Truman, decidió poner fin a la Guerra y al mismo tiempo evitar la muerte de cientos de miles de estadounidenses con el uso de la segunda bomba termonuclear. Si no la utiliza la Guerra sigue y Japón no se rinde muriendo todos los días miles de jóvenes de EU, Inglaterra y hasta de México, pero la bomba de Nagasaki terminó con la Guerra. Hoy algunos dicen que fue un abuso contra Japón, dejando de lado la infamia y vileza nipona, que aprovechando las circunstancias de la II Guerra Mundial, igual que los nazis, trataban de conquistar el mundo asesinando millones de personas, no solo extranjeros a los que ni había declarado la guerra, sino también a sus conciudadanos combatiendo en una guerra que ya habían perdido desde la capitulación alemana y a la que solo se le pudo poner fin con la bomba de Nagasaki

Oaxaca sin bloqueos: ahora que se recupere el sentido de autoridad

Federales en Oaxaca

+ Que en la lucha organizada ya no venza la minoría sobre la mayoría


Era elocuente la portada de TIEMPO del miércoles: gracias a la presencia de las fuerzas federales, la capital oaxaqueña —y la ciudadanía— ya cumplió dos meses sin padecer ningún tipo de bloqueo a calles u oficinas gubernamentales. Ello es prueba fehaciente de varias cuestiones que ahora deben repasar fríamente los gobiernos estatal y federal, si de lo que se trata es de que ambos contribuyan a devolverle a la Verde Antequera la paz y el sentido de la autoridad que merece.

En efecto, en la nota principal del pasado miércoles, TIEMPO señalaba que gracias a la presencia de las fuerzas federales, en coordinación con las corporaciones policiacas estatal y municipal de la capital, en Oaxaca desde hace sesenta días ya no se registran bloqueos de calles ni acciones de protesta que violenten derechos de terceros. Incluso, las otrora multitudinarias mar- chas de la S22 lucen con poca asistencia. “Empresarios y ciudadanos piden que uniformados permanezcan en la entidad”, remarcaba la nota de primera plana.

¿Qué significa esa inusitada actitud de prudencia que han mostrado las organizaciones sociales en estos dos meses? Hay varias cuestiones importantes que señalar. La primera de ellas, es que la reciente paz social de la entidad está enmarcada no en los actos represivos e intimidatorios que muchas organizaciones han querido denunciar por la presencia de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, sino en el hecho de que las organizaciones sociales estaban acostumbradas a hacer y deshacer a placer con la paz social y la tranquilidad y los derechos de la ciudadanía.

Una segunda lección apunta a que, como parece, las organizaciones sociales no comen lumbre. Muchas de ellas estaban acostumbradas a hacer lo que les venía en gana, siempre retando a la autoridad a que procediera en su contra, para responder con doble virulencia. Si esa actitud envalentonada estuviera verdaderamente respaldada por un sentido social de fondo cualquiera de ellas habría respondido de la misma forma que como amagaban al gobierno de Oaxaca, ante la presencia de las fuerzas federales. No lo han hecho, porque saben que su capacidad de movilización y respaldo social era por demás relativo, y que cualquier intento hoy en día sería apagado de inmediato por las fuerzas federales.

Una tercera lección, que es por demás importante, radica en que ahora tanto el gobierno estatal como el federal deben considerar la importancia de devolver el sentido de autoridad a Oaxaca, pero que éste sólo puede ocurrir cuando haya un verdadero respaldo y colaboración institucional entre los dos ámbitos de gobierno. Siempre que nos preguntamos por qué las organizaciones hacían lo que querían, volteábamos a ver a las fuerzas estatales, y su evidente incapacidad para contener los rasgos de la efervescencia social que derivan en la comisión de delitos.

Ni siquiera se reparaba en el hecho de que esa incapacidad —numérica, de equipos, de preparación y organización de las fuerzas policiacas estatales, para contener las protestas sociales desbordadas— era sólo la mitad del problema. La otra mitad estaba en el hecho de que en Oaxaca no había ningún tipo de presencia, ni siquiera testimonial, de las fuerzas federales.

Muchos recibieron con agrado la noticia de que la Gendarmería Nacional buscaba un espacio dónde asentar un cuartel permanente para sus elementos que quedarían estacionados en Oaxaca. No vieron que implícitamente ese era el reconocimiento de que hasta antes del siete de junio no había ningún tipo de presencia de fuerza pública federal, y que por eso ante la inferioridad de las fuerzas estatales, la gobernabilidad y la paz social estaban en manos de un puñado de organizaciones que marchaban, bloqueaban y perturbaban cada que se les daba la gana, sin enfrentar ningún tipo de consecuencia.

LOS MÁS, PERO LOS MENOS

Nos acostumbramos a que el gobierno asumiera, por largos años, que los grupos organizados eran la mayoría, y que a la ciudadanía la obligara –nos obligara– a padecer los efectos de esa lucha que, aunque organizada, es en realidad minoritaria. En Oaxaca tenemos una larga y funesta tradición en ese sentido, a partir de grupos como la Sección 22 del SNTE que por su capacidad de organización y disciplina puede poner en jaque al gobierno, a pesar de tener una representación que apenas rebasa al dos por ciento de la población.

Hoy que parece que esta dinámica se rompió, vale la pena no perderlo de vista. Por ejemplo, durante los años de lucha que lleva la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, el gobierno ha asumido como una determinación velar por la atención a las demandas e intereses del magisterio, por ser un grupo numeroso y organizado. La contracara de esa determinación está en los ciudadanos, que aún siendo mayoría, ha estdo dispersa y se decanta en la sola indignación sin poder dar paso a las siguientes etapas de la reprobación a una autoridad que privilegia las minorías, por encima de la mayoría.

Primero, hace años, lo hacían como una forma contundente de lucha. Si lo recordamos, hace quince o veinte años tomar cruces viales como el llamado crucero de la Volkswagen, en la capital oaxaqueña, era sinónimo de un verdadero atrevimiento y de una afrenta a la autoridad. Era así porque pocos lo habían hecho antes, y porque también la autoridad se aprestaba a atender de inmediato, bajo la amenaza de acciones recíprocas por parte de la fuerza pública, las demandas de los inconformes.

Sin embargo, con la reiteración de esas formas de lucha se fueron relajando los efectos. Por un lado, los grupos se dieron cuenta que tomar una acción tan “contundente” como esa era cada vez menos efectiva; y por otro lado, la autoridad comenzó a dejar de tener miedo a la reacción de la ciudadanía –que vio que a pesar de los abusos no tomaba partido o represalia política o electoral de la situación– y entonces comenzó a dejar pasar ese tipo de protestas sin dar mayor respuesta.

¿Se habrá ya roto esa dinámica? No lo creemos. No podrá haber policías siempre. Por eso debe haber un rescate urgente del sentido de orden y autoridad en Oaxaca.

EL IEEPO LEGÍTIMO

El pasado 23 de julio apuntamos en este espacio: “López Obrador quiere en Oaxaca un ‘IEEPO legítimo’ de la mano de la Sección 22… al servicio de Morena. ¡Vaya oportunismo!”.  Aunque hubo quien no lo creyó, ayer la Asamblea del magisterio determinó ¡abrir su IEEPO legítimo! Lo siguiente será oficializar el pacto con Morena y Andrés Manuel. ¿Alguien lo duda aún?

Congreso del Estado, actor irrelevante en la recomposición educativa

Congreso

+ Por inoperante, perdió la oportunidad de aportar al nuevo escenario


Es paradójico que siendo el Congreso del Estado el supuesto depositario de la representación popular en la entidad, hoy se encuentre totalmente al margen de cualquier cuestión relacionada con la refundación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Siendo la educación uno de los temas torales del Estado oaxaqueño y mexicano, la Legislatura del Estado debiera ser un factor relevante no sólo en la confección de la reglamentación sino también como puente político entre los actores e instituciones involucrados. No sólo no lo es, sino que hoy ya nadie considera ni extraña su participación incluso en lo que respecta a la Ley Estatal de Educación.

En efecto, desde el 21 de julio en que el gobernador Gabino Cué Monteagudo anunció la refundación del IEEPO, la Legislatura local no ha tenido una sola participación en todo este conjunto de hechos. El Congreso del Estado no sólo no ha sido un actor relevante —a nivel institucional, político, partidista e incluso en el ámbito personal de algunos legisladores— sino que incluso no ha sido capaz de sesionar en estas tres semanas.

No ha sesionado ni ha tenido actividad alguna, bajo el pretexto de que no se han construido las condiciones políticas para que desarrolle su labor. Y en esa tesitura, el Congreso no ha sido capaz de establecer una sola posición política frente a las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado; ante la presencia de las fuerzas federales en Oaxaca, o de cara a las amenazas y chantajes de la Sección 22 del SNTE.

En ese sentido, si el Congreso no ha sido capaz de establecer una posición política al respecto, mucho menos ha tenido la claridad para comunicarle a la ciudadanía oaxaqueña —o a los demás poderes del Estado, en Oaxaca y en el ámbito federal— cuáles son las condiciones en que se encuentra el proceso de construcción y dictaminación de la Ley Estatal de Educación, que como debiera suponerse, tendría que ser fundamental para complementar las bases jurídicas bajo las cuales ocurrió la extinción del antiguo IEEPO bajo la dominancia magisterial, y la fundación de un nuevo Instituto ya ajeno a la influencia del sindicato magisterial en sus decisiones, autonomía y funcionamiento.

Pues a pesar de que el IEEPO es un organismo que funciona por decreto del Ejecutivo, y que hoy se encuentra sostenido en la vía legal por las nuevas normas federales, y en la vía política por el respaldo —traducido en buena medida en la presencia de la fuerza pública— del gobierno federal a Oaxaca, lo lógico y decoroso tendría que ser que ahora el Congreso del Estado complementara las bases jurídicas y políticas en el ámbito estatal para consolidar el funcionamiento y los alcances del nuevo Instituto, y para acotar la influencia del sindicato magisterial en las labores docentes.

Esto tendría que ser un asunto no únicamente de creación de normas eficaces, sino de acompañamiento e incluso de apariencia de que el Congreso del Estado, en una demostración básica de institucionalidad, respalda al Titular del Poder Ejecutivo en la decisión de rescatar la rectoría educativa de las manos del sindicato magisterial.

El problema es que el Congreso no ha tenido capacidad para ver algo de eso. Más bien, con su inacción, su ingobernabilidad y su incapacidad para generar acuerdos, pareciera que demuestra lejanía con el Gobernador del Estado y desautorización a las acciones emprendidas respecto al IEEPO. No se trata de creer que el Congreso está en contra del Gobernador. Pero con su silencio y sus incapacidades parece que no tiene interés en demostrar institucionalidad y mucho menos en tener disposición —o capacidad, que es aún más importante— para respaldar las decisiones que buscan recuperar la educación de las manos de la Sección 22.

CONGRESO: ESCÁNDALOS E IRRELEVANCIA

Lejos de cualquier colaboración, el Congreso del Estado ha sido noticia en estas semanas respecto al IEEPO, por los integrantes de la Legislatura que aparecen en la nómina magisterial cobrando salarios como profesores en activo. Fueron al menos tres los legisladores exhibidos; pero, de nuevo, no hubo una sola posición ni de parte de los propios diputados, o de las fracciones parlamentarias, e incluso de la Legislatura como institución del Estado. Es decir, que lo único que le ha dado el Congreso a Oaxaca en todos estos meses es silencio.

Lo más trágico —para ellos— es que a estas alturas ya nadie extraña la participación del Poder Legislativo en alguno de los procesos políticos que ocurren en Oaxaca. No participaron ni fueron útiles en la confección del entramado legal que debiera estar acompañando al IEEPO: hoy ya no se necesita. No fueron acompañantes del Gobernador en la más relevante acción de gobierno durante toda su administración: querer participar hoy sería innecesario y hasta entorpecedor, en un contexto en el que cuando se les necesitó no estuvieron, y hoy no se les necesita.

Tampoco fueron interlocutores con la Sección 22: ese espacio se los ganó —a medias— Andrés Manuel López Obrador al ocupar la oportunidad para proponer su alianza electoral; y aunque inicialmente lo rechazaron, hoy los maestros están intentando utilizar a Morena y el lopezobradorismo como un posible puente de interlocución con los dos ámbitos de gobierno. Y frente a eso, una vez más la Legislatura ya no es necesaria.

CONSULTA EXITOSA

Una noticia que se decantó en la vorágine del IEEPO, pero que es por demás relevante, es la de la consolidación del proceso de consulta para la instalación de un complejo eólico más en el Istmo de Tehuantepec. Esto ocurre luego de sonoros fracasos, como el de Mareña. Pues resulta que para conseguir que la comunidad juchiteca diera finalmente su consentimiento para la realización del proyecto de energía eólica en su municipio, el secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, se metió a fondo para lograr la aceptación del desarrollo eólico, una vez que las autoridades municipales y las diferentes expresiones de la COCEI recibieron información clara y suficiente al respecto, incluyendo además a organizaciones que se oponen sistemáticamente a la inversión extranjera, que fueron escuchados en el proceso de la consulta. Este es el resultado de que el gobierno se esmere en llevar a cabo las tareas de concertación política que le corresponden, y ahora lo que sigue es que se cumplan los compromisos contraídos. Ojalá que historias como ésta se repliquen en este revuelto escenario oaxaqueño.

Indispensable, que reconformación del IEEPO sea conforme a la ley

Ieepo

+ Ahora no enfrentarán problema político, sino frente a cada trabajador


Hasta con cierto aire de triunfalismo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha informado que 774 trabajadores de las oficinas centrales del instituto, han “cedido” al firmar su orden de readscripción a centros educativos. En esa misma tesitura, el IEEPO sostiene que serán entre 300 y 500 trabajadores “los que se quedarán en el edificio central”. Los números pudieran ser alentadores. Pero lo que también tendría que informarse es cómo se está realizando ese proceso de reubicación del personal de apoyo del instituto educativo.

En efecto, en una entrevista publicada en medios locales, el vocero del IEEPO, Jorge Oropeza, señalaba que en el instituto existen mil 600 trabajadores de base y de confianza, “a quienes están investigando individualmente con el objetivo de detectar a aquellos que ostentan una plaza de maestros o tienen dualidad de claves”. Al referir que sólo una persona —de las 774 que ya “cedieron”— se ha negado a firmar su orden de adscripción, informó que mil 100 trabajadores serán reubicados a otras unidades administrativas, y que todos estos empleados que serán readscritos, sólo tienen plazas administrativas.

Esa, que es la versión oficial, necesariamente debe ser confrontada ya no con la versión de la Sección 22, sino con la de los propios trabajadores. Pues al margen de cualquier cuestión política o del estado que guarda la relación entre el Instituto y la dirigencia magisterial, a muchos de los empleados lo que finalmente les preocupa es su propia situación laboral y salarial, así como el funcionamiento de los propios servicios educativos. Esta es una arista que el Director del IEEPO debe ver y atender con claridad, si su objetivo apunta a tener una relación constructiva ya no con el Sindicato, sino con los trabajadores, y si su intención es la de verdaderamente sanear el funcionamiento del Instituto.

Y es que resulta que en un primer momento, al IEEPO debiera preocuparle la incertidumbre que ha generado la forma en cómo la Oficialía Mayor, a cargo del doctor José Ramón Ramírez Peña, ha venido realizando el proceso de notificación de la readscripción de trabajadores que pertenecen al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Pues según se desprende del oficio que personalmente se le ha entregado a cada trabajador reubicado, pareciera que lo que está haciendo la Oficialía Mayor del IEEPO es desconocer el nombramiento respectivo, cuando en realidad lo que intenta hacer es notificarle al empleado su nuevo centro de trabajo. Es un error de forma trascendente, que innecesariamente está generando miedo y desconcierto entre los trabajadores.

Dice ese documento —del cual obra una copia en poder de esta columna, y que fue entregado masivamente a los trabajadores como acto de notificación de su nueva ubicación de trabajo—, que con fundamento en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se emite el Reglamento Interno del IEEPO, “se deja sin efecto todo nombramiento otorgado, designado o reconocido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento”. Innecesaria y equivocadamente, dicho documento alude a ese artículo tercero transitorio para informarle a los trabajadores que, con la autorización del Director General, y al ser éstos personal de apoyo, se les asigna un nuevo centro de trabajo.

Pareciera que con esa fundamentación, la Oficialía Mayor del IEEPO intenta no dejar espacio a la duda de que su actuación es correcta. Sin embargo, si en el mismo documento se reconoce la relación laboral, y el estatus de “personal de apoyo” de los trabajadores a los que se les está reubicando en centros educativos, ¿para qué entonces aludir un artículo transitorio, de un reglamento en el que el personal de apoyo ni siquiera es mencionado, únicamente para notificarles su cambio de adscripción?

Lo único que dicho documento ha generado es una incertidumbre innecesaria, que puede derivar en el inicio de acciones legales por parte de los trabajadores que gracias a la poco afortunada redacción del documento hoy creen que, o se les está desconociendo su plaza, salario, prestaciones o antigüedad, o que se les está modificando su relación laboral en aparente contrasentido a la promesa pública del Director General del IEEPO de que, salvo los empleados con responsabilidades de dirección o coordinación, a nadie se le perturbaría en su estabilidad laboral, salario o prestaciones.

¿QUÉ CRITERIO DE ADSCRIPCIÓN SE UTILIZÓ?

Esta es otra de las dudas razonables, que al margen de cualquier cuestión sindical o política, hoy tienen los trabajadores que antes estaban en las oficinas centrales y que ahora están siendo reubicados. Según la versión de los empleados, no hay claridad en cuáles fueron las razones por las cuales se decidió qué empleados se iban a otras áreas, y quiénes se quedaban en las oficinas centrales del Instituto. Esta falta de claridad, también atribuible a la Oficialía Mayor, pero compartida con los titulares de las áreas que fueron recientemente nombrados, ha generado dudas que hasta ahora no han sido despejadas.

¿Qué criterio utilizaron? Hay quien dice que uno de los mecanismos fue ver quién de todos los trabajadores se atrevía a entrar desde el primer día a las instalaciones centrales del IEEPO, mientras la Sección 22 llamaba desesperadamente a no hacerlo. Otra versión, dice que la selección y la segregación se está haciendo casi azarosamente. Una más —la que siempre existe y que atiende a la sempiterna teoría conspirativa— apunta a que los trabajadores que están siendo avalados para continuar realizando funciones dentro de las oficinas centrales, son los que ya tienen algún tipo de contubernio con los nuevos directivos.

LÍOS INNECESARIOS

Por el bien del Instituto, todo eso debiera quedar claro. Los nuevos funcionarios deben comenzar a entender que si ya vencieron a la Sección 22 —y ni eso, porque a la relación gobierno-sindicato le quedan aún muchos capítulos por escribirse—, ahora a lo que se van a enfrentar es a cada trabajador, por la vía legal y no por la movilización, defendiendo su estabilidad y sus ingresos. Si ya de por sí ese va a ser un dolor de cabeza para el nuevo Instituto, lo será mucho más si a sus problemas actuales e inminentes le suman los provocados por la opacidad y la ineptitud de algunos de sus recién nombrados funcionarios.

¿La Sección 22 está calculando de veras no iniciar el ciclo escolar?

Paro Docente

+ Sus acciones no reflejan organización; se quedaron sin interlocución


Hoy se cumplen dos semanas de que el gobernador Gabino Cué anunció la disolución del IEEPO bajo la hegemonía magisterial, y el establecimiento de un nuevo instituto educativo regido por funcionarios no afines, ni designados, por la Sección 22 del SNTE. En estos catorce días, hemos visto posicionamientos y amenazas del magisterio. Pero lo que no hemos visto es una estrategia capaz no sólo de cerrarle la puerta a un posible boicot al inicio del ciclo escolar 2015-2016, sino también de comenzar a distender las posiciones de los profesores. Quizá sea momento de que los gobiernos estatal y federal reactiven su conocida estrategia del bueno y el malo.

En efecto, ayer los profesores de la Sección 22 del SNTE marcharon por las calles de la capital oaxaqueña, pero rechazaron acudir a la mesa de diálogo propuesta por el Gobierno del Estado. La dirigencia magisterial dijo —como pretexto— que el gobierno estatal no le había notificado oportunamente de la agenda, la ubicación y los participantes en el diálogo; pero sobre todo estableció que —al igual que como lo afirmó el Gobernador desde el fin de semana— ellos no van a negociar bajo presión. “La Sección 22 nunca llegará de rodillas a una mesa, ni a un diálogo condicionado”, remarcó el secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez.

Frente a esta decisión del magisterio, el gobierno de Oaxaca demostró ayer lunes que ellos estaban dispuestos a la realización de un diálogo público. Incluso, una comisión integrada por el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, el director general del IEEPO, Moisés Robles Cruz, y el vocero del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Muñoz Navarro, reiteraron su disposición y apertura al diálogo con el gremio magisterial, y aseguraron que con la Sección 22 el diálogo será permanente por la importancia que reviste la educación en la entidad.

Más tarde, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, vino a Oaxaca a anunciar importantes apoyos e inversiones a favor de la educación, con lo que se refrendó que estas medidas a favor del rescate de la rectoría de la educación se están tomando en acuerdo por los gobiernos estatal y federal, que desde el anuncio de la refundación del IEEPO han dado reiteradas muestras de que están actuando coordinadamente.

En este panorama, pareciera que finalmente la Sección 22 está vencida, o cuando menos desfondada y en un proceso de desgaste sobre el cual sólo sería cuestión de tiempo para terminar de diluirse. Si ese es el cálculo hecho por ambos niveles de gobierno, entonces la apuesta más fuerte de su estrategia tendría que enfocarse fundamentalmente en garantizar que inicie el siguiente ciclo escolar. Sin embargo, apostar a eso es por demás incierto.

Pues no se duda que se esté trabajando en el objetivo de garantizar el arranque del ciclo escolar, y que se puedan tomar todas las medidas que previamente esbozó el Director del IEEPO, tales como el reemplazo de maestros, los descuentos y los despidos. No obstante todo esto, es fundamental que los actores e instituciones involucrados no dejen de ver este asunto como una cuestión de Estado, y entonces abran los canales necesarios para no asfixiar al magisterio, y paulatinamente abrirle las vías de despresurización necesarias para evitar que finalmente la presión y el agobio termine reventando una relación que, a pesar de las fricciones de las últimas dos semanas, ha sido respetuosa e institucional entre el sindicato magisterial y los dos ámbitos de gobierno involucradas.

EL BUENO Y EL MALO

Para nadie es un secreto que durante meses, los gobiernos estatal y federal establecieron una ruta coordinada frente a la Sección 22, en la que al interior del gobierno federal había un bueno y un malo en sus negociaciones con el magisterio; y que, entre los ámbitos de gobierno, también había uno que fungía como el golpeador, y el otro como conciliador en las rondas de negociación con la representación oaxaqueña de la CNTE.

Esa relación —en cualquier análisis sensato— tendría que haber cambiado, y no desaparecido, luego del 21 de julio cuando el gobernador Cué Monteagudo anunció la refundación del IEEPO. Hasta entonces, dentro del gobierno federal el diálogo conciliador lo había tenido la Sección 22 con la Secretaría de Gobernación, y la relación tirante con la Secretaría de Educación Pública; y en esa misma relación, el trato tirante había sido siempre con el gobierno federal, y el trato conciliador lo había recibido del gobierno de Oaxaca.

En esa lógica, es necesario considerar que el gobierno federal le cerró la ventanilla de la negociación al magisterio oaxaqueño luego de su intento de boicot al proceso electoral del 7 de junio. Desde entonces, Gobernación le dijo a la Sección 22 que no negociarían hasta que los profesores demostraran estar en clases —lo que auguraba un reinicio de negociaciones hasta después del 24 de agosto, cuando arranca el próximo ciclo escolar—; y, aparentemente, ante el anuncio federal, la 22 se había refugiado en su relación con el gobierno de Gabino Cué para que éste sirviera como interlocutor con el gobierno federal. Sólo que esa relación se acabó hace dos semanas, cuando también el Gobernador le puso fin a su relación de sometimiento frente al magisterio.

Así, técnicamente la Sección 22 tiene cerrados todos los canales de interlocución con los gobiernos estatal y federal. Era previsible que los profesores no acudieran a dialogar con el gobierno estatal, porque la expulsión de la estructura magisterial en el instituto educativo es de tal calado, que ahora el “malo” es el gobierno estatal.

¿Qué queda? Que ahora la federación demuestre su capacidad de interlocución y establecimiento de puentes, y sea quien dialogue —que no negociar— con la dirigencia magisterial para comenzar el largo proceso de distensión, y paulatinamente aseguren o la reincorporación a las aulas de los sectores magisteriales más radicales; o cuando menos que no se conviertan en un factor de inestabilidad para la educación y la gobernabilidad en Oaxaca. No abrir a tiempo una válvula de escape, generaría una explosión que no es ni deseable ni necesaria para la gobernabilidad de Oaxaca.

MIL VERSIONES

Rubén Núñez Ginez debe estarse preparando para la retirada. Sólo así puede explicarse que el fin de semana hayan circulado al menos tres versiones distintas sobre el presunto malestar físico que sufrió.