+ Ebriedad sigue siendo una excluyente y no agravante en comisión de delitos

Oaxaca entera se consternó cuando la semana pasada, en un fatal choque automovilístico, un vehículo de lujo impactó a una unidad de transporte concesionado, provocando la muerte de uno de los pasajeros, y lesiones graves a otra. Los jóvenes que iban en el taxi impactado eran estudiantes de medicina de la UABJO, mientras que los responsables de impacto eran jóvenes que se encontraban en evidente estado de ebriedad. Ante los hechos, familiares, amigos y compañeros de las víctimas han convocado a marchas y manifestaciones para exigir justicia. Lo que deberían hacer es exigirle a los diputados de la LXII Legislatura para que retiren del Código Penal la atenuante en la comisión de delitos culposos relacionada con la situación de embriaguez.

En efecto, para entender el contexto de este asunto, vale la pena recordar otro similar que fue mucho más grave, y que terminó en una pena que para nada es concordante con el daño provocado. La noche del 22 de mayo de 2003 cayó abatido a balazos, dentro de su camioneta, un joven empleado de la Secretaría General de Gobierno que respondía al nombre de Francisco Iván Ortega Bravo. Aquel asesinato, cometido a sangre fría, fue consecuencia de una riña de tránsito, y el responsable habría huido a bordo de una motocicleta —mismo vehículo desde donde habría cometido el crimen— con rumbo desconocido.

Luego, casi de inmediato, se supo que el agresor respondía al nombre de Jaime Ruiz Bartolo, que ostentaba placa, arma de cargo y registros oficiales como agente de la entonces Policía Ministerial del Estado, que era uno de los tantos elementos de esa corporación que se encontraba asignado a la guardia personal de servidores públicos, personajes cercanos y compromisos políticos del entonces régimen de gobierno; y que particularmente era uno de los agentes de la guardia personal del propietario del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi.

Luego se dejaron saber algunos datos que parecían ser asimismo reveladores. Las investigaciones del reportero Misael Sánchez Sarmiento, publicadas en este diario entre 2003 y 2005, constataron que la motocicleta en la que se cometió el homicidio de Ortega Bravo, una V16 modelo 2001, marca Yamaha YBR, color gris, con placas de circulación N996D, era propiedad de Editorial Taller, SA de CV, entonces empresa editora del diario Noticias; que Ruiz Bartolo originalmente pertenecía al Estado de Fuerza asignado al procurador Sergio H. Santibáñez, y que había sido ingresado a las filas de la PME por exigencia de Gómez Nucamendi.

Luego, en la prensa local se dijo que después de ocurridos los hechos, el agente ministerial asignado a la guardia del editor Gómez fue ayudado a resguardarse en un rancho ubicado precisamente en Chiapas, entidad federativa de donde es originario el hoy Diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano, y que de ahí se le proveyó lo necesario para que se fugara con rumbo a los Estados Unidos.

Ruiz Bartolo fue aprehendido el 10 de noviembre de 2005 por la Policía local del estado norteamericano de California, en la ciudad de Los Ángeles. De ahí, fue entregado a la delegación de la PGR en Baja California Norte, que a su vez lo entregaron a autoridades estatales.

De los hechos, se abrió el expediente penal 175/2003 y Ruiz Bartolo ingresó a prisión como probable responsable del delito de homicidio calificado. Y el Juez Quinto de lo Penal lo sentenció a 35 años de prisión. Sólo luego de algún tiempo los favoritismos políticos y judiciales, llevaron al Poder Judicial del Estado a reclasificar el delito de homicidio calificado a simple, y con ello darle la oportunidad al Matón de Murguía, de alcanzar su libertad en menos de cuatro años. ¿Cuál fue la ruta jurídica?

ATENUANTE OMINOSA

A ese respecto, dice el segundo párrafo del artículo 58 del Código Penal del Estado que “se aplicará de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo de la sanción del correspondiente tipo doloso, en caso de homicidio (…) y el sujeto activo se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga”. El precepto es elocuente: aquí, la posibilidad de cometer un asesinato después de ingerir unas cervezas, es suficiente para reducir la pena establecida para un delito doloso, como el homicidio calificado, en dos terceras partes cuando se trata de un solo homicidio; y a la mitad, cuando los muertos resultan ser dos o más personas.

Así, de acuerdo con lo antes dicho, el delito por el que se condenó en primera instancia a Ruiz Bartolo, fue el de homicidio calificado. Luego, su defensa legal logró que en la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se reconsiderara el hecho de que el homicida iba bajo los influjos del alcohol.

Y esa razón fue suficiente para que la pena corporal le fuera reducida de 35, a sólo 15 años de prisión. Sin embargo, más allá de los privilegios que le brindó el supuesto estado etílico en que Ruiz Bartolo mató a Ortega Bravo, es evidente que cometió un homicidio calificado. Esto porque para la norma penal, ese delito se configura cuando se comete el asesinato con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Cualquiera de esas agravantes.

Y cuando menos, el Matón de Murguía asesinó al individuo con ventaja. Esto es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 301 del Código Penal, porque el delincuente era superior en fuerza física, al ofendido, y éste no se hallaba armado; y porque el infractor era superior por las armas que empleó, y por su mayor destreza en el manejo de ellas al ser un agente ministerial.

Sin embargo, en la sola razón del estado de ebriedad en que cometió el crimen, a Ruiz Bartolo se le reclasificó el delito de homicidio calificado a simple. La pena se le redujo a más de la mitad. Y por los beneficios que contemplan las normas de ejecución de penas, éste habría quedado en libertad en sólo cuatro años.

EXIGIR REFORMAS

Toda esta historia tiene una similitud: en ambos casos la atenuante presente es el estado de ebriedad en que se cometió un homicidio. Ambos tienen la característica de ser culposos, a pesar de que la embriaguez no es un estado en el que se caiga involuntaria o incontroladamente. ¿Qué debieran exigir? Que los diputados hagan cambios a la ley para que, en otros casos, este estado de impunidad no prevalezca frente a actos provocados por irresponsabilidad y negligencia.

+ Golpes vs el Bronco, son claros intentos por mantener su monopolio

Para Mónica, que es la luz en mi vida.

A regañadientes, por mera pose, y sobre todo por una presión internacional, los partidos decidieron abrir finalmente el monopolio del acceso al poder público, a las llamadas candidaturas independientes. Lo hicieron sin ganas de consolidarlo. Y por eso hoy que existe ya un candidato sin partido, que es contendiente real por la gubernatura de un estado, la partidocracia en pleno lucha para frenarlo, exhibiendo ante la ciudadanía presuntos actos de corrupción que no resultan ser sino los mismos que cometen los candidatos de los partidos políticos. Este sin sentido tiene explicación no en un ánimo democrático, sino en la desesperación común por no perder la llave exclusiva del acceso al poder público.

En efecto, Jaime Rodríguez Calderón alias “El Bronco”, es un fenómeno como candidato independiente al gobierno de Nuevo León. Desde los primeros días de campaña demostró tener una conexión particular con la ciudadanía, y en las encuestas es un candidato que no ha dejado de crecer, a grado tal de que hoy le disputa la posibilidad de la victoria a los candidatos del PAN y PRI, que son dos de los más fuertes en la lucha sucesoria, aunque no los únicos.

El Bronco fue un fenómeno en sí mismo. Viniendo del PRI logró posicionarse hasta el punto de ser un contendiente serio. Entró a la lucha por la gubernatura de Nuevo León a través de la figura de candidato independiente. Y aunque no parece tener el suficiente peso para ganar la gubernatura sí ha sido un factor de división del voto, que tiene preocupados a todos los partidos políticos, que necesitan esa franja de votantes que él tiene, para ganar.

El problema de la partidocracia es doble no sólo porque les salió un contendiente fuera de su oligarquía, sino porque éste les ha venido arrebatando los votos que ellos necesitan, y que podrían emigrar definitivamente de las preferencias hacia un partido en específico. Quizá sólo por eso podría entenderse que hoy en día haya un ánimo consensado entre todas las fuerzas políticas por impedir que Jaime Rodríguez Calderón continúe creciendo como candidato.

Y es que curiosamente, El Bronco no tenía la estatura para que los medios de comunicación de la capital del país le dedicaran amplios espacios, hasta hace muy pocos días. Sorpresivamente, la semana pasada todos los noticieros estelares de Televisa revelaron —como si fuera sólo un asunto de interés público, y no un tema inducido por una fuerza política para desgastar a otra— información relacionada con el hecho de que Rodríguez Calderón había adquirido parcelas para él, su esposa e hijas, durante el tiempo que fungía como funcionario del gobierno de Nuevo León, y que no las incluyó en declaración patrimonial que presentó como candidato.

Ante esa revelación, Rodríguez señaló al PRI como el responsable no sólo de filtrar los datos, sino de “gestionar” que esa información fuera difundida en medios de comunicación de la Ciudad de México como si ese asunto fuera de interés general. Y resulta que hoy en día, el candidato del PRD a la gubernatura de Nuevo León, Humberto González Sesna, denunció ante medios de comunicación que “El Bronco” utiliza un avión privado para trasladarse hacia otros municipios con el fin de continuar su campaña rumbo a la gubernatura de Nuevo León.

Según informaba el martes la edición electrónica del periódico Excélsior —otro medio de la capital del país que también parece tener mucho interés en un tema local— Jaime Rodríguez fue captado en el Aeropuerto Mariano Escobedo abordando una aeronave LearJet matrícula XA-JKM cuyo costo por viaje privado asciende a los 4 mil dólares por hora. Incluso dice que la nota que luego de darse a conocer este hecho, surgieron molestias por parte de ciudadanos a través de las redes sociales pues “El Bronco” se promueve bajo el lema “hay que servir a la gente, no servirnos de la gente”.

PARTIDOCRACIA ESCANDALIZADA

De acuerdo con la información, Jaime Rodríguez Calderón ha declarado varias veces haber rechazado el dinero que por ley le otorga la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para financiar su campaña y ha realizado colectas con sus seguidores a través de una plataforma online de donaciones e incluso durante actos en vivo se le ha captado recibiendo apoyos en efectivo por parte de ciudadanos que acuden a sus eventos de campaña.

Dice incluso que anteriormente El Bronco ya había sido cuestionado sobre la procedencia de sus recursos de campaña e incluso la CEE ordenó al candidato independiente transparentar sus recursos, mismos que aún no han sido aclarados por el ex priísta.

De ese conjunto de aseveraciones salen varias cuestiones que vale la pena subrayar. Primero, ¿cómo mantener a flote la idea del interés periodístico cuando hay un clarísimo afán de ventilar un tema local como asunto nacional, en medios informativos que tienen alcance en todo el país? ¿Cómo se justificaría incluso tal nivel de escandalización por los supuestos excesos que comete un candidato independiente —tener bienes no declarados, o utilizar una aeronave— cuando ese tipo de cuestiones son verdaderamente cosa cotidiana en todos, o la gran mayoría de los políticos con partido, y que incluso de ahí nace buena parte de su mala fama como políticos?

Además de ello, ¿por qué habría que escandalizarse de que un candidato reciba donaciones o apoyos públicamente, cuando todo el mundo se queja de que la democracia mexicana es muy cara justamente porque la idea que se tiene es que todo el proselitismo electoral lo pague el Estado con recursos públicos, dizque para evitar que se inmiscuyan intereses posiblemente oscuros en las campañas electorales?

La cuestión de fondo es que PAN, PRD y PRI están haciendo todo por bajar al único candidato independiente importante que existe en México. No parece haber otro afán ni algún tipo de motivación o convicción ideológica, política, compromiso con la democracia e incluso congruencia con la verdad o alguna cuestión por el estilo.

AVENIDA FUERZA AÉREA

No coincidimos con la subcultura de la colocación de topes en las vialidades. Incluso la rechazamos. Porque cada tope, o cada boya, revela nuestra incapacidad para conducirnos, y conducir, civilizadamente en la vía pública. Pero algo deben hacer las autoridades municipales en la recién renombrada Avenida Fuerza Aérea Mexicana, en la colonia Reforma, para frenar esa altísima recurrencia de accidentes de tránsito. El último fue de consecuencias fatales. Y lamentablemente no fue el primero.