Uno de los cambios más trascendentes anunciados por el Gobernador Alejandro Murat ayer lunes, fue el de la titularidad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El director saliente, Germán Cervantes Ayala, entregó finalmente la responsabilidad al oaxaqueño Francisco Ángel Villarreal, que ahora tendrá el enorme reto de constatar que el gobierno estatal es capaz de conducir nuevamente la política educativa y la compleja relación con la Sección 22 del SNTE, en un marco de institucionalidad y cumplimiento de la reforma educativa en todos sus aspectos.

En efecto, en un acto realizado la mañana de ayer en el Centro Cultura y de Convenciones, el Gobernador Murat Hinojosa anunció nuevos cambios en el gabinete, por lo que nombró a Juan Pablo Guzmán Cobián como nuevo Secretario de Economía; Ana Vásquez Colmenares como Secretaría de la Mujer Oaxaqueña; y Francisco Ángel Villarreal como Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Así también a Francisco Ángel Maldonado Martínez, como titular del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) y como encargados en la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Ignacio Antonio Toscano Jarquín; en la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF Oaxaca-, Christian Holm, y como encargada del INJEO, Alma Ruth Bohórquez Rodríguez.

De entre todos estos movimientos, uno que reviste particular importancia es el de la titularidad del IEEPO, por el amplio y complejo proceso que esta institución ha seguido, desde que le fue expropiada a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE en julio de 2015. Si se entiende bien la magnitud de lo que ocurrió entonces, la refundación del IEEPO vino acompañada de una clara actitud de desconfianza por parte del gobierno federal en contra de la administración de Gabino Cué.

Si bien éste había colaborado en el “rescate” del instituto educativo —al ser quien firmó el decreto de extinción del antiguo IEEPO, y la conformación de una nueva institución del mismo nombre—, para todos era evidente que la actitud del entonces Gobernador era potencialmente sumisa y sujeta a las presiones magisteriales.

Por esa misma razón, desde que se creó el llamado “Nuevo IEEPO”, el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública mantuvo una vigilancia estricta de los movimientos y decisiones al interior del instituto educativo, y luego de un periodo relativamente corto de existencia del llamado “Nuevo IEEPO”, pactó con el Gobernador Cué la renuncia de Moisés Robles Cruz, y el nombramiento de Germán Cervantes Ayala —un funcionario de carrera en la SEP— como una especie de “director de transición” que garantizara la continuación de la implementación de la reforma educativa, independientemente del cambio de administración en la entidad.

El problema, según lo diagnosticaba la SEP, no era de nombres o de talantes políticos, sino eminentemente técnicos y de intereses. El gobierno federal acababa de asumir el control de la nómina educativa a través del FONE, y mantenía una fuerte disputa con el sindicato magisterial oaxaqueño por la aplicación de las evaluaciones. Por eso, la SEP no podía permitirse que en el marco del cambio de administración, el IEEPO quedara sujeto al vaivén de alguna flaqueza política o de alguna coyuntura a través de la cual los intereses de la Sección 22 pudieran filtrarse.

Por eso, con Cervantes Ayala al frente del IEEPO buscaron mantener a flote los temas y los espacios más relevantes a pesar de que en varios momentos parecía que la 22 podía retomar espacios que antes le habían sido ya arrebatados.

MANTENER LOS EQUILIBRIOS

Con el cambio de administración, sin embargo, sí hubo algunos cambios menores en el instituto educativo. Las cuestiones administrativas ordinarias del Instituto quedaron en manos de un nuevo grupo, que intentó ganar espacios e influencia en las decisiones educativas. En no pocos momentos, se apreció que algunos movimientos magisteriales eran impulsados desde algunas áreas del Instituto, que pretendían debilitar las posiciones de Cervantes Ayala como Director General del IEEPO, tales como las áreas administrativas o, particularmente, la Coordinación de Educación Preescolar, a la que había llegado —también impulsada desde la SEP— Gabriela Santoscoy, quien es pareja sentimental de Cervantes.

Esos escarceos tenían —como se dice coloquialmente— “el sello de la casa”; pero esa misma era la razón por la que finalmente el Director General no podía ceder ante un grupo interno que pretendía establecer algunas alianzas coyunturales con la 22, para tratar de hacer caer a Cervantes Ayala de la Dirección General y —según ellos— terminar de tomar el control del instituto educativo.

Nada de eso ocurrió. Y por eso, de entrada, es un signo alentador el nombramiento de Francisco Ángel Villarreal como nuevo titular del IEEPO, ya que éste de entrada es un personaje no identificado con ninguno de los grupos que pugnaban por hacerse del control del IEEPO, y que sí llegaron a generar algunos conflictos que impactaron en la gobernabilidad, por los recelos mutuos respecto a las posiciones políticas dentro del instituto.

En esa lógica, otro aspecto que debe ser valorado en una dimensión más amplia, es la confianza que debió tener la Secretaría de Educación Pública en el Gobierno de Oaxaca —y en Ángel Villarreal— para establecer este nuevo proceso de transición en el IEEPO pues, de nuevo, no se trata sólo de personajes o talantes políticos, sino sobre todo del inicio de un proceso de “devolución” —que seguramente será gradual— de las responsabilidades políticas y administrativas relacionadas con el control de la educación pública en la entidad, que en 2015 le quitó a Oaxaca al hacer una especie de consideración, de que sus gobiernos habían actuado irresponsablemente en la conducción de la política educativa y la relación con la Sección 22 del SNTE.

Ahora, los nuevos funcionarios deberán ser cuidadosos en el manejo de la educación y la gobernabilidad. El IEEPO, por su naturaleza y circunstancia, tiene esa doble misión, que ahora deberá llevarse a los hechos.

VAN POR LA CIUDAD

Tanto el ex secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, como la ex titular del DIF Estatal, Mariana Nassar Piñeyro, anunciaron su intención de buscar la candidatura del PRI al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. El primero fue irrelevante en su función, mientras que la segunda demostró ser una de las más activas en sus responsabilidades, y de las más apreciadas por el gobernador Alejandro Murat, y por la señora Ivette Morán, quien incluso en redes sociales le dedicó un cálido mensaje de gratitud y reconocimiento, que —evidentemente— es una pauta fundamental para saber hacia dónde apuntará la candidatura priista en Oaxaca de Juárez.

Es reconocimiento de lo impráctico que resultaba el proceso de cobro, y el gravamen mismo sobre la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, debería ser apenas el primer paso de una serie de medidas para reactivar y fondear la insuficiente recaudación de impuestos estatales. Si de verdad existe la intención de incrementar la captación de impuestos locales, dicho reconocimiento, además, debe reflejarse en todas las demás áreas relacionadas con el cobro de contribuciones, que además de ser poco competitivas, resultan ser muy poco amigables con el contribuyente oaxaqueño.

En efecto, la impracticidad del cobro del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, en Oaxaca podía verse desde distintos ángulos. Desde la perspectiva estrictamente económica, resultaba que por un lado el impuesto era demasiado oneroso con relación a su costo en otras entidades federativas; y por el otro, el gobierno de Oaxaca nunca logró aterrizar una argumentación convincente respecto de cuál era el propósito o la finalidad de que el contribuyente oaxaqueño pagara dicho impuesto en la entidad, y no en otra en donde era menor o en la que definitivamente no se cobrara. Junto a ello, siempre estuvo la excesiva burocracia, y la intrincada y decimonónica tramitología que se procuraba para que, quien quisiera pagar cinco o diez veces más por unas placas de circulación que en otra entidad, lo hiciera en Oaxaca. Por todo eso, vale la pena ir por partes.

Como antecedente en el primero de los rubros, vale señalar desde hace varios lustros el impuesto a la tenencia de vehículo era uno de los que quedaba sujetos a la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Esto era que, a pesar de ser un gravamen federal, los encargados del cobro y la utilización de dichos recursos eran las propias entidades federativas.

En términos simples, los recursos que captaban por ese concepto eran tomados “a cuenta” de los recursos que la federación estaba obligada a transferirle a las entidades federativas. El problema es que, en 2012, dicho impuesto desapareció como un gravamen federal, pero quedó abierta la posibilidad de que los estados de la República lo continuaran aplicando ahora como un impuesto del orden estatal.

Así, hubo varias entidades de la República que lo eliminaron, y otras desde el principio ofrecieron estímulos fiscales a los contribuyentes para que consintieran el cobro pero a una tasa cero, o de algunos pesos, para que con ello se mantuviera la vigencia del gravamen y se dejara abierta la puerta a la desaparición del estímulo, sin el riesgo de que los contribuyentes alegaran en su contra, por haber sido actos consentidos durante el periodo de la vigencia de los beneficios fiscales.

La postura del gobierno de Oaxaca, sin embargo, fue poco asequible frente a la situación. Bajo el alegato de que era un impuesto que no podía desaparecer debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de Ulises Ruiz, que bursatilizó ingresos futuros (según para realizar obras de beneficio social, cuestión que nunca fue transparentada) garantizándolos justamente con los derechos vehiculares y con el cobro de la tenencia, entre otros.

Era evidente que el impuesto no podía desaparecer. Pero al restablecer el cobro de la tenencia estatal, y mantenerlo en las mismas tasas de la antigua tenencia federal, sólo provocaron una fuga enorme de contribuyentes oaxaqueños que, a partir de diversos derechos fundamentales que sobreponen la libertad de tránsito y el reconocimiento de los actos jurídicos entre entidades federativas al cobro de un impuesto, decidieron emplacar sus vehículos en otros estados en los que la tenencia había sido flexibilizada o eliminada.

ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA

Todavía en los últimos días de 2017, realizar el trámite de registro, emplacamiento y pago de tenencia y derechos vehiculares en Oaxaca, era una auténtica tortura. Dicho proceso había sido el mismo que se seguía desde años atrás, el cual además de ser un servicio lento y plagado de burocracia, era además complejo y poco accesible para el ciudadano, que en el mejor de los casos debía perder todo un día para realizar el trámite, o bien podía hacerlo en varios momentos para permitirle los tiempos de espera a un sistema de cobro anticuado, complicado y repelente a los contribuyentes.

Para empezar, el contribuyente debía llevar todos los documentos relacionados con la propiedad del vehículo de motor, y buscar una subdelegación fiscal, o una oficina de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en la que estuviera disponible el servicio en el momento necesario (para realizar este trámite, el autor de este espacio tuvo que visitar cuando menos tres oficinas distintas, sin éxito); una vez superado este obstáculo, debía pasar a una primera revisión de la documentación, en la que prácticamente a todos los contribuyentes les informaban de un requisito adicional, cartas poder o demás, en medio de una oficina (incluso en las oficinas centrales de Sevitra) en la que no son visibles al público los documentos requeridos para cada trámite, ni los señalamientos sobre dónde inicia y cuál es el flujo en cada uno de ellos; y mucho menos los tipos de servicios que ahí se prestan.

Una vez superada la revisión, captura y digitalización de documentos, se emitía una orden de pago llena de problemas: o se pagaba en la ventanilla bancaria ubicada dentro de las oficinas de Sevitra, teniendo que esperar cuando menos un día para que “el sistema refleje el pago”. Otra opción era acudir a una sucursal bancaria que se encuentra por lo menos a un kilómetro de distancia e invertir todo el tiempo para la realización de las comunes largas filas para el pago en ventanilla, considerando que sólo una institución bancaria (Banorte y, a veces, HSBC) garantizaba el reflejo del pago a los pocos minutos, para poder continuar el trámite el mismo día.

Y había una tercera opción: el pago, en la misma oficina de Sevitra, a través de una terminal para tarjetas bancarias. Ilusamente, se creyó que este sería el método más rápido. Pero no: de todos modos, habiendo pagado ahí mismo, había que esperar al menos tres o cuatro horas para el reflejo del pago en el llamado sistema SIOX. A pesar de las promesas, éste contribuyente debió esperar dos días al reflejo del pago, debido a una “caída del sistema” que prolongó por mucho tiempo más la posibilidad de concluir dicho trámite.

Con esta burocracia, ¿cómo no emplacar en otro estado a través de un gestor, con un costo inicial similar o menor al cobrado en Oaxaca, y con la garantía de que los pagos posteriores no rebasarían los 600 pesos anuales?

CERTIDUMBRE

Con las medidas anunciadas, se supone que esa tortura burocrática debe terminar. Eso era indispensable para lograr que más automovilistas regresen a las placas estatales. Y lo que sigue es hacer amigables los servicios tributarios estatales a los contribuyentes. ¿A poco no entienden que en el SAT tratan al usuario lo mejor posible cuando acude a realizar trámites, para que después con esa misma diligencia hagan lo necesario para determinarle y cobrarle sus impuestos? Ahí está la clave.