En este 2017 se conmemoró el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna, vigente hasta la actualidad —aunque plagada de modificaciones— fue resultado justamente de la lucha revolucionaria que inició el 20 de noviembre de 1910. A cien años de distancia, y sólo a manera de reflexión —porque queda claro que la partidocracia mexicana mantiene aún secuestrada a la voluntad popular, en el anhelo de mejores condiciones sociales— deberíamos preguntarnos cuáles fueron las causas más de fondo que le dieron sustento y contenido a la Revolución, y por ende a la Constitución de 1917 que este año cumplió su primer centenario.

En efecto, el poeta y ensayista Octavio Paz afirmaba en El Laberinto de la Soledad, que la única causa verdaderamente social de la Revolución Mexicana, era el agrarismo de Emiliano Zapata. Él exigía la devolución de la tierra a sus dueños originales, que históricamente habían sido despojados. Esta fue una de las causas que sostuvo social, política e ideológicamente a la Revolución, y fue uno de los puntos que dotó de mayor contenido social a la entonces vanguardista Constitución que aprobó el Constituyente de Querétaro en 1917.

¿A qué se refería concretamente Octavio Paz? Vale la pena repasar lo que apuntó en El Laberinto de la Soledad, en la parte en la que hace un extraordinario y lúcido recuento histórico de los hechos y circunstancias que determinaron nuestra realidad nacional. Ahí, en el Capítulo VI “De la independencia a la Revolución”, Paz sostiene argumentos que deben ser releídos hoy en día para entender el fondo de dicho movimiento revolucionario, las causas sociales que le dieron origen, y el evidente extravío que como país vivimos actualmente.

“Distingue a nuestro movimiento —dice Octavio Paz, sobre la Revolución— la carencia de un sistema ideológico previo y el hambre de tierras. Los campesinos mexicanos hacen la Revolución no solamente para obtener mejores condiciones de vida, sino para recuperar las tierras que en el transcurso de la Colonia y del siglo xix les habían arrebatado encomenderos y latifundistas.

“El ‘calpulli’ era la forma básica de la propiedad territorial antes de la Conquista. Consistía este sistema ‘en dividir las poblaciones en varios barrios o calpulli, cada uno de ellos con una extensión determinada de tierras, que no pertenecían individualmente a ninguno de los habitantes, sino que estaban concedidas a una familia o tribu… en el concepto de que el que abandonaba el calpulli o dejaba de cultivar las tierras que se le asignaban, perdía el derecho de participar en la propiedad comunal’. Las Leyes de Indias protegieron esta institución y son numerosas las disposiciones destinadas a defender la propiedad comunal indígena contra abusos y usurpaciones de toda índole. Los preceptos admirables de las Leyes de Indias no fueron siempre respetados y la situación de los campesinos era ya desesperada a fines del siglo XVIII. La actitud de Morelos, uno de los pocos dirigentes mexicanos que tuvo conciencia del problema, revela hasta qué punto el malestar del campo influye en la guerra de la Independencia. La Reforma comete el error fatal de disolver la propiedad comunal indígena, a pesar de que hubo quienes se opusieron, como Ponciano Arriaga. Más tarde, a través de diversas Leyes de Colonización y de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, el régimen de Díaz acaba con los restos de la propiedad campesina y “destruye los caracteres que hasta entonces había tenido el régimen de propiedad de México”.

CAUSAS SOCIALES

“Casi todos los programas y manifiestos de los grupos revolucionarios —continúa señalando Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad— contienen alusiones a la cuestión agraria. Pero solamente la Revolución del Sur y su jefe, Emiliano Zapata, plantean con claridad, decisión y simplicidad el problema. No es un azar que Zapata, figura que posee la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares, haya servido de modelo una y otra vez, a los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzada figura, que murió como había vivido: abrazado a la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Su programa contenía pocas ideas, estrictamente las necesarias para hacer saltar las formas económicas y políticas que nos oprimían. Los artículos sexto y séptimo del Plan de Ayala, que prevén la restitución y el reparto de las tierras, implican una transformación de nuestro régimen de propiedad agraria y abren la puerta al México contemporáneo. En suma, el programa de Zapata consistía en la liquidación del feudalismo y en la institución de una legislación que se ajustara a la realidad mexicana.

Luego, Octavio Paz continúa explicando que la originalidad del Plan de Ayala consiste en un posible regreso a una “edad de oro” en la que se supone que todo era ideal y que esa es la base de toda Revolución, pero no como una simple creación de la razón, ni una hipótesis. El movimiento agrario mexicano, dice, exige la restitución de las tierras a través de un requisito legal: los títulos correspondientes. Y si prevé el reparto de tierras lo hace para extender los beneficios de una situación tradicional a todos los campesinos y pueblos que no poseen títulos. El movimiento zapatista tiende a rectificar la Historia de México y el sentido mismo de la Nación, que ya no será el proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, sino como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la Revolución mexicana consiste en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras instituciones. Al hacer del calpulli el elemento básico de nuestra organización económica y social, el zapatismo no sólo rescataba la parte válida de la tradición colonial, sino que afirmaba que toda construcción política de veras fecunda debería partir de la porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación: el pasado indígena.

JUSTICIA SOCIAL

Que esta era una parte fundamental de la verdadera justicia social que buscaba la Revolución, y que no tenía que ver con las luchas palaciegas por el poder, en las que luego se enfrascaron los herederos de la Revolución, que luego crearon el partido que era necesario para la consolidación del régimen de partido hegemónico que prevaleció casi setenta años. Ha habido dos alternancias de partidos en el poder, y si bien la Constitución ya cumplió su primer centenario, hoy lo que parece que queda claro es que sus verdaderas causas sociales, como la de la tierra, quedó sepultada por completo.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que será trascendental, si ahora los gobiernos en México asumen la importancia de regular la publicidad gubernamental. El avance procurado por el Alto Tribunal, es fundamental porque vuelve a colocar en la discusión nacional la urgencia de darle forma legal a uno de los muchos pendientes importantes que prevalecen en nuestra vida democrática. Pero esencialmente debe ser considerado en su dimensión, porque sin voluntad —y sin el empuje social, que ahora será fundamental— bien podría nada cambiar.

En efecto, ayer la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a organizaciones civiles para que el Congreso emita la Ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, con el fin de que establezca los lineamientos para que las instituciones públicas transparenten sus gastos en comunicación social.

Por cuatro votos contra uno, los ministros que integran la primera sala aprobaron el proyecto presentado por Arturo Saldívar Lelo de la Rea que establece que la “ley ampara y protege a Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014”.

La sentencia señala que el Congreso de la Unión debe cumplir “con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018”.

En su sentencia, los ministros establecieron que la omisión legislativa viola la libertad de expresión, de prensa e información, pues esos derechos requieren de medios libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones. Precisaron que para ello es necesario que los medios cuenten con ingresos económicos suficientes. Para la Corte, la falta de regulación por parte del Congreso propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que consideró como una restricción indirecta de la libertad de expresión.

Este caso llegó a la Corte luego de que un juez de distrito negara el amparo al considerar que se trataba de un asunto de materia electoral, además de que concederse beneficiaría a todos los ciudadanos, no sólo a Artículo 19, como promotor del amparo. Zaldívar argumentó que a través del amparo se pueden proteger derechos fundamentales colectivos o “de naturaleza difusa”, como los de educación, vivienda y salud, que involucran a personas ajenas en un juicio.

Igual indicó que ante un mandato constitucional, como lo fue la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014, el Congreso “no es libre para decidir no legislar”, sino que puede ser obligado por el Poder Judicial para que cumpla con su tarea. Como plazo, los ministros sentenciaron que la regulación debe hacerse antes de que termine el segundo periodo ordinario de la actual LXIII Legislatura; es decir, antes del 30 de abril próximo.

Todo esto suena extraordinario. Pero, ¿es real que ahora sí todo va enfilado a la regulación efectiva de la publicidad gubernamental?

LARGO CAMINO

Esencialmente, la regulación de la publicidad oficial cierra dos espacios a la discrecionalidad, que son oprobiosos para nuestro aún incipiente sistema democrático. El primero de ellos, es la eliminación del llamado “no te pago para que me pegues”; y el segundo, es el que permite un marco de discrecionalidad en la disposición y ejercicio de recursos públicos, cuando el empuje social y democrático está encaminado justamente a que todo gasto se encuentre no sólo contemplado en la ley, sino regulado por reglas generales y previsibles que impidan un uso discrecional, inequitativo o contrario a los principios fundamentales que rigen —o que deben regir— al sector público, y en sus relaciones con los particulares.

Sin embargo, aún con todo eso, los retos que quedan son enormes: por un lado, deben construirse las iniciativas de ley al respecto, que cumplan no sólo con el sentido y las finalidades de la sentencia que ayer emitió la Primera Sala del Alto Tribunal, sino que también cuenten con el respaldo de todos los actores e instituciones involucrados en una discusión tan amplia y tan de fondo como esa.

Los medios de comunicación, particularmente, son empresas privadas que también cumplen con una función social informativa, y a partir de eso tendría que iniciarse una discusión amplia y de fondo, en la que existan reglas que además de regular y transparentar el ejercicio del gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno, cumplan con el imperativo fundamental de que exista una mayor y más robusta pluralidad informativa, y de que ese gasto publicitario cumpla también con la finalidad de garantizar la existencia de todas las formas de expresión, incluidas las que les son más incómodas a los gobiernos, porque éstas también reflejan el sentir de los sectores que integran la sociedad, aún siendo abiertamente contrarias a los intereses gubernamentales.

El problema es que el camino no será fácil, y una de las primeras resistencias que habrán de presentarse serán las que emerjan del propio Estado. Si hasta ahora no ha existido una regulación de la publicidad gubernamental en ningún espacio público del país, es justamente porque existe un reconocimiento implícito de que ello constituye un tema al que el propio gobierno no quiere entrarle; pero también porque todos reconocen que la confección de una ley de esa materia implica un grado de complejidad enorme, y que por eso todos lo han preferido evadir antes de cualquier posibilidad de pagar costos políticos, y de cerrarse la oportunidad de continuar ejerciendo el abominable “no te pago para que me pegues” que se sigue aplicando hoy en día a los medios informativos en muchos lugares del país.

EMPUJE SOCIAL

Al final, no será sino la exigencia social la que empuje estos cambios, igual que como ha sido en otros temas muy importantes para la vida nacional. Sin interés de la sociedad, la omisión legislativa estará destinada a encontrar su límite en la división de poderes. Y entonces esta importante sentencia no quedará más que en una desventurada anécdota.