+ Tasas de migración han caído; ¿Cuántos mexicanos regresarían a nuestro país?

Desde la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal ha manifestado que la tasa de expulsión de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos había caído drásticamente. Desde entonces se decía que al cruzar el número de personas que se iban contra los que regresaban, el resultado era una tasa muy cercana al cero por ciento. Esa es una constante. Y sin embargo, primero como candidato y ahora como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado la idea de que la migración mexicana es constante y caudalosa… hasta ahora, que ante el tambaleo del muro fronterizo como una de sus principales promesas de campaña, está comenzando a reconocer una realidad distinta.

En efecto, ayer el presidente Donald Trump anunció que su administración tomará “muy pronto” una decisión final sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México. Trump destacó sin embargo que aún antes del inicio de la construcción del muro en la frontera sur, Estados Unidos ha empezado a registrar un “increíble” descenso del 68 por ciento en la inmigración indocumentada al país. “Nadie ha visto números así, es un récord, de hecho la gente ya no está intentando entrar porque sabe que no puede”, dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network.

En esta lógica, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció la semana pasada que el número de personas detenidas tratando de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México “experimentó un “fuerte descenso” de alrededor del 71 por ciento este año. Las autoridades detuvieron en marzo pasado casi 17 mil personas en la frontera suroeste, en el quinto mes consecutivo de disminución de aprehensiones.

Trump expresó que no obstante las cifras, continúa el plan de construir el muro. “Hay gente que dice: ‘Trump no va a construir el muro’. Por supuesto, cien por ciento seguro que vamos a construir el muro. De hecho tuvimos cientos de interesados, tuvimos muchos diseños, he visto 10 de los mejores, pero quiero ver más. Estamos analizando los diseños y vamos a tomar una decisión muy pronto”, añadió.

Esta comienza a ser una posible ruta de escape respecto a una de las ideas de campaña más disparatadas de Donald Trump: en todos los tonos, y desde todos los frentes –desde México, los Estados Unidos y el mundo entero—, se le ha dicho que la construcción de un muro en su frontera sur es no sólo innecesaria y costosa, sino además xenófoba y contraproducente para la economía.

No obstante, por mantener su palabra, Trump continuó en la narrativa de que el muro era necesario para detener la inmigración, y que en ello la migración mexicana era la más perjudicial para su economía y para los empleos en los Estados Unidos. Al haber una franja de población estadounidense que históricamente ha abrevado esas ideas, Trump ganó adeptos con el problema que ahora no consigue los recursos para la construcción del muro y tampoco tiene los consensos políticos suficientes para lograr que éste sea bien visto ya no por los electores sino por los poderes federales, que le han comenzado a bloquear sus principales iniciativas.

Por esa razón, Trump parece estar virando el discurso hacia la idea de que la construcción del muro no es indispensable porque de todos modos la migración mexicana –y en general– ha descendido drásticamente.

¿Pero, en realidad es así?

MIGRACIONES

El flujo de migrantes hacia los Estados Unidos es constante y mucho de éste atraviesa por México. No obstante, sería reduccionista afirmar que todo lo que pasa por ahí es tránsito de mexicanos y que en ello no hay otros orígenes y otras finalidades relacionadas particularmente con llegar a los Estados Unidos. ¿De verdad la migración mexicana sigue siendo tan determinante para la economía y las fronteras de aquella nación?

Una respuesta interesante la ofrecía recientemente la Escuela de Políticas de Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego (UCSD), quien en 2016 afirmaba categóricamente en un estudio que el flujo migratorio de México a Estados Unidos se ha terminado y que ahora el movimiento global de migrantes se observa de África a los países europeos.

De acuerdo con dicho estudio, el desplazamiento de trabajadores mexicanos inició en la década de los años sesenta, después de la generación de los baby boomers o explosión demográfica, que al concluir creó unos 20 años después una escasez de residentes en edad productiva. Mientras la tasa de natalidad bajaba notablemente en Estados Unidos, ascendía en México, y en la década de los años ochenta hubo generaciones de trabajadores jóvenes mexicanos que buscaban y conseguían trabajo en Estados Unidos.

Pero ahora, de acuerdo con ese estudio, la tasa de natalidad en México se estabiliza y alcanza niveles similares a la de Estados Unidos, lo que ha formado un ajuste en la oferta de trabajo estadunidense y la de trabajadores mexicanos. El estudio parece confirmar otros anteriores que informaron sobre una migración nula desde México. La patrulla fronteriza realiza la menor detención de migrantes en la frontera con México en más de medio siglo, de acuerdo con cifras de la propia patrulla.

La tendencia actual en la frontera con Estados Unidos, es que gradualmente a la intención de cruzar la frontera como indocumentados ha sustituido un incremento en peticiones de asilo político de individuos y familias que huyen de la violencia. El análisis de la UCSD es una nueva perspectiva ante la reciente retórica antiinmigrantes de la campaña del presidente, Donald Trump.

La barda que planea construir el mandatario electo resultaría más bien innecesaria para un flujo migratorio que llaga a cero y tiende a permanecer en esos niveles. El estudio universitario se refiere tanto a los mexicanos que intentaban cruzar la frontera como a centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades que buscaban pasar desde México como indocumentados a los estados fronterizos estadunidenses.

Esto concuerda con lo que ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto que también asegura que hoy en día la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es muy cercana al cero por ciento, a partir de diversas medidas administrativas y legislativas que ha emprendido el gobierno federal para lograr esa meta. Sostuvo que México adoptó una perspectiva regional corresponsable y humana, cuenta con una red de unidades médicas que en 22 meses brindó más de 36,000 consultas médicas gratuitas. Emprendió el programa Frontera Sur que ha entregado 110,000 tarjetas de Visitante Regional y 15,000 tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo e impulsó el desarrollo regional junto con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Peña Nieto insistió en que el combate a las drogas es otro desafío mundial, en el que la corresponsabilidad y la prevención son la mejor vía para resolverlo, por lo que se debe impulsar el desarrollo, la inclusión y el fortalecimiento del tejido social

DESTINO INCIERTO

El retorno de los migrantes a México es un problema de muchas dimensiones, que parte del hecho mismo de que las comunidades no están preparadas para reabsorber cabalmente a esas personas que, además, ya tienen un modo de vida, un lenguaje, trabajos y formas de convivencia distintos. Más bien, es el miedo y el racismo el que ha hecho descender la tasa de migración y eso, junto con la política de persecución que tiene el gobierno de EU desde hace años, es lo que ha provocado este fenómeno de retorno. No es la bonanza mexicana ni las acciones de gobierno. Ello es una fantasía.

+ Deben dejar indolencia y autoengaño sobre posibilidades reales de negociación

Uno de los mayores retos políticos que tiene el gobierno de Oaxaca en el mediano y largo plazo, radica en la recomposición de su relación con la Sección 22 del SNTE, y en el establecimiento de linderos visibles y confiables respecto a los temas sobre los que puede negociar con el magisterio. Hoy nada de eso existe, y lo que aparenta ser una relación institucional rápidamente degeneró en un chantaje. Por eso, la posibilidad de sacar algo provechoso de este caos resulta un reto mayor, y un éxito histórico, si lograra conseguirlo el Gobierno del Estado.

En efecto, el miércoles nuevamente la Sección 22 y los normalistas exhibieron su capacidad de movilización, y de presión, aislando por más de doce horas a la capital oaxaqueña y arrancándole —porque no fue un logro político, ni una concesión graciosa del gobierno, sino un eficaz acto de chantaje— al titular del Ejecutivo una nueva reunión de trabajo, programada para este día. Antes, la Asamblea Estatal de la 22 había resuelto exigir la destitución de Alejandro Avilés y Germán Cervantes Ayala, titulares de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, respectivamente. Todo esto, visto globalmente, constituye un enorme problema.

¿Por qué? Porque el mensaje de los normalistas y de los integrantes de la Sección 22 hoy en día es concreto: ellos no quieren negociar con nadie más que no sea el Gobernador del Estado, y por esa razón no sólo están desestimando las capacidades —si es que las tuvieran— del Director del IEEPO y del Secretario General de Gobierno, sino que están exigiendo su destitución inmediata como una especie de condicionamiento al diálogo.

Así, si la 22 no reconoce la interlocución de las dos dependencias estatales con incidencia en su pliego petitorio (que es siempre una dualidad entre lo político y lo educativo) y al mismo tiempo exige la renuncia de sus titulares, entonces se hace lógico que en estas circunstancias no acepten dialogar más que con el Gobernador del Estado, a quien le están arrancando las reuniones de trabajo con base en movilizaciones, actos abiertos de chantaje, amenazas de violencia y, como el miércoles, con bloqueos a los principales puntos viales de la capital.

En esa sola circunstancia, hay ya varios problemas muy graves de operación política: el haber accedido de inicio el gobierno de Oaxaca a que el diálogo con la Sección 22 fuera directamente con el Titular del Ejecutivo, era desde el inicio una apuesta muy arriesgada porque ese sería el punto de referencia para cualquier negociación, y porque ello desactivaba de inicio cualquier manejo político alterno: en el ámbito estatal, no existe mayor autoridad política y administrativa que el Gobernador del Estado. Por eso, si de entrada se establece que el rasero del diálogo es directamente con el Mandatario, ya no existe otro margen para emprender acciones políticas alternas porque por encima de su autoridad administrativa y política, ya no hay nada ni nadie en el ámbito estatal.

De hecho, si ese resulta ya ser un problema mayor, es todavía más grave el hecho de que en ese diálogo no están establecidos los linderos. El Gobernador inició ofreciéndoles la regularización de tres mil 700 plazas, y hoy el magisterio le exige no sólo que dicho proceso continúe sin que los trabajadores eventualmente regularizados pasen por los procesos de evaluación que establece el Servicio Profesional Docente —que es un tema federal—, sino que ahora también exigen que el gobierno estatal asuma la responsabilidad por la contratación de los egresados de las escuelas normales.

FACULTADES CONCRETAS

El problema de fondo que enfrenta cualquier posibilidad de cumplimiento de dichas demandas, es que hoy en día el Gobierno de Oaxaca —entendido éste como los tres poderes del Estado— carece de las facultades para cumplir cualquiera de esas demandas. Explorar si quiera tal posibilidad implicaría, o el acuerdo con la autoridad federal para conseguirlo —a pesar del cuestionamiento nacional que implicaría seguir dando pasos regresivos en la implementación de la reforma educativa—; o la reinstauración de la vieja y perniciosa negociación particular del magisterio con el gobierno de Oaxaca, al margen de los dictados de la autoridad federal.

En cualquiera de los casos, el resultado es negativo. Es muy complicado que la autoridad federal quiera dar —al menos en este y el año próximo— pasos en reversa en la implementación de la reforma educativa. De hecho, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha tomado como una causa casi personal la de descalificar las posiciones de Andrés Manuel López Obrador respecto al futuro de la reforma educativa si éste último llegara a ser presidente. Sería una incongruencia enorme que por un lado Nuño reprobara a AMLO por afirmar que modificaría el esquema administrativo del magisterio nacional; pero que por el otro premiara a la Coordinadora o a la Sección 22 en sus actos de chantaje para conseguir prebendas, plazas o mayores recursos.

Ahora bien, el restablecimiento de la doble negociación, sólo agravaría los problemas sociales, económicos y políticos de Oaxaca. Quedó claro que darles todo durante 33 años —aún a costa de colapsar, como lo vemos hoy, las finanzas estatales y el futuro de los oaxaqueños— no sólo no calmó a la Sección 22, sino que siempre la alentó a seguir adelante. Por eso los profesores de Oaxaca son de los más privilegiados en el país en cuanto a salario, pero al mismo tiempo son los más combativos y los que más siguen exigiendo al Estado.

En esa lógica, revivir la doble negociación implicaría que el gobierno de Oaxaca impulsara una política de perdonarles y justificarles —como había sido siempre— todos los excesos al magisterio, a cambio de lapsos verdaderamente momentáneos y efímeros de paz social, como a quien se le da respiración artificial con un tanque de oxígeno. Además, si se reviviera la doble negociación, entonces las finanzas estatales tendrían que asumir el compromiso de seguir costeando las plazas extraordinarias, los beneficios económicos extraordinarios, y todo lo demás que les terminaría dando a cambio de no romper el delicado esquema de la paz social a cambio de recursos.

A estas alturas, sabemos que esa fue una razón del desorbitado crecimiento de la deuda pública estatal en los últimos años; sabemos que esa fue la causa de la rebeldía magisterial; y que además es una solución contraproducente incluso desde el corto plazo. De ahí parte la insistencia —que parece que sólo llega a oídos sordos— de que el gobierno de Oaxaca establezca con claridad cuáles son los temas en los que puede negociar, cuáles los límites de su capacidad de negociación y acuerdo con el magisterio, y cuáles los temas en los que no puede incidir ni siquiera ante la amenaza de que la Sección 22 incendie Oaxaca.

EXPECTATIVAS INALCANZABLES

Todo ello debería darse en un marco de diálogos públicos, para que la ciudadanía pudiera saber concretamente qué se pide, qué se negocia, cómo se dialoga, y hasta dónde se puede llegar. Sólo que hoy el primer reto radica en establecer más interlocutores válidos y respaldados que puedan romper este acelerado círculo vicioso de lastimar a los oaxaqueños cada que la dirigencia de la Sección 22 quiera una nueva reunión con el Gobernador.

+ Veracruz, Chihuahua, Nuevo León… en todas, el resultado es desalentador

El federalismo mexicano vive una resaca terrible con la inoperancia y corrupción actual de los gobiernos estatales. Si en el pasado la mayor queja institucional parecía provenir del gobierno federal y de las arbitrariedades propias del régimen presidencialista —entendido éste como un sistema presidencial exacerbado, propio de las incipientes democracias latinoamericanas—, hoy buena parte de los mayores problemas institucionales tienen su origen en la contradictoria figura de los gobernadores. Éstos, a pesar de la enorme evolución institucional que le apremia al país, siguen extremadamente sometidos en algunas atribuciones y, paradójicamente, excesivamente libres en otras. Si se busca la confianza del ciudadano en el Estado, esa es una de las figuras que debería modificarse con urgencia.

En efecto, hoy abundan las historias relacionadas con la corrupción de varios gobernadores. En el caso de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y varias más, se acusa a los ex gobernadores de haber dejado deudas estratosféricas, además de graves problemas en rubros como la seguridad. Y en otras entidades —como Oaxaca o Puebla— que hoy tienen menos atención de la opinión pública nacional, tampoco distan demasiado de esos mismos problemas que tienen una derivación de fondo en la corrupción.

En realidad, hoy que están en juego cuatro gubernaturas, y que ello no será sino la antesala de un proceso electoral mayor, ese resulta ser uno de los problemas de fondo para la generalidad de los partidos y para la credibilidad y legitimidad en general de la importancia de la renovación del poder público. Es evidente que este asunto superó por mucho la esfera de los problemas ordinarios, y que se ha incrustado como uno de los más graves en la vida pública del país. La corrupción, como problema genérico del Estado, se particulariza en temas como la impunidad, pero también se bifurca en la inoperancia de las instituciones y en las excesivas libertades que tienen hoy algunos servidores públicos. Y ello se refleja con toda claridad en los gobernadores.

Pues, por un lado, seguimos siendo testigos de que hoy son algunos gobernadores los que mejor ejemplifican los problemas de corrupción en el país. En este momento son César y Javier Duarte en Chihuahua y Veracruz, respectivamente. Previo a ellos fue Roberto Borge en Quintana Roo. Pero hace un poco más de tiempo fue Guillermo Padrés en Sonora; Fausto Vallejo en Michoacán; y antes fue Humberto Moreira en Coahuila. Es decir, que este es un problema sistemático, en el que gobernadores de todas las facciones, grupos, partidos y antecedentes, comparten el mismo problema de haberse excedido en sus funciones y haber incurrido en todo tipo de irregularidades, particularmente con las que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos, y las tentaciones del peculado.

Y como si eso no fuera suficiente, resulta que esos mismos gobernadores han entregado gestiones verdaderamente desastrosas en cuanto a resultados. Hoy el país está incendiado por la criminalidad, por la violencia y por la impunidad. Y el rasgo distintivo –para variar— son los gobernadores completamente incapaces de controlar las situaciones de riesgo en sus respectivas entidades. Todos por igual, claman por ayuda federal ante la evidente incapacidad de controlar un problema que en gran medida ellos contribuyeron a crear.

Lo hicieron cuando permitieron que la delincuencia le ganara terreno al orden público; cuando distrajeron recursos prioritarios para el mejoramiento de las policías, para otros fines; cuando asumieron que la seguridad no era un tema estatal sino federal; y cuando, por indolencia o por candidez, dejaron de atender ese y muchos otros problemas que hoy, por su dimensión, tienen también rebasado al gobierno federal.

PODER DE CLAROSCUROS

¿Y no son esos mismos gobernadores a quienes se acusa, por ejemplo, de haber sobre endeudado a sus entidades federativas? Son ellos mismos, porque en esos controles y libertades que hoy tienen los Ejecutivos estatales —una de las figuras que particularmente no ha sufrido modificaciones sustanciales en el esquema constitucional federal, a pesar de la alternancia de partidos en el poder y de los cientos de reformas que en los últimos 17 años se han hecho a la Constitución— les siguen permitiendo ejercicios discrecionales del gasto y, además, controles muy anticuados de los contrapesos democráticos.

¿Cómo se puede explicar, entonces, que la gran mayoría de los gobernadores, independientemente de la filiación política de la que emanaron, enfrenten problemas similares de acusaciones sobre endeudamientos irresponsables? En ese rubro, ninguno de los partidos sale bien librado, porque más bien ese ha sido un efecto nocivo de la praxis política que, además de reflejar irresponsabilidad en el ejercicio del presupuesto, revela también la inexistencia de contrapesos reales o, en su caso, de una relación de connivencia entre los gobiernos y las fuerzas opositoras.

Los hechos así lo demuestran: todos los gobernadores, para contratar deuda y comprometer sus ingresos fiscales futuros, necesitan el aval de su respectivo Congreso. Y todos los gobiernos endeudados tienen fuerzas opositoras que prácticamente en todos los casos terminan respaldando al gobernador en sus intenciones, ya sea porque entablan negociaciones para compartir los beneficios, o porque simplemente existe un problema de sometimiento permanente de la oposición al oficialismo. Y, en cualquiera de los casos, todo esto ocurre gracias a que no existen los equilibrios efectivos en el ejercicio del poder.

En todo eso, la propia federación ha sido corresponsable. Pues a pesar de la transformación institucional que ha sufrido el país, y de las modificaciones al esquema de poder del Presidente, resulta que los gobiernos estatales siguen siendo muy dependientes del paternalismo federal, que en gran medida se ha promovido —valga la redundancia— desde la propia federación.

Por décadas —antes y después de la alternancia de partidos en la presidencial, en el año 2000— el gobierno federal ha buscado restarle facultades sustantivas a los gobiernos estatales, menguándoles sus capacidades recaudatorias, ejecutivas, administrativas, de seguridad y de desarrollo. Por eso, el gran poder lo ha seguido teniendo la federación —cosa que no cambió ni con las reformas estructurales recientes— y los gobernadores están reducidos a la cómoda posición de jefes políticos de sus entidades federativas, aunque con márgenes muy limitados de acción para enfrentar con bases los problemas de los territorios que gobiernan.

Por eso no es ocioso el señalamiento sobre la urgencia —hipotética— de que evolucione la figura de los gobiernos estatales. Lejos de menguarles aún más el poder, se le deben dar las responsabilidades que hasta ahora se le han regateado, y se le deben poner los controles que hasta ahora han evitado. Conforme pasa el tiempo y los problemas nacionales, queda cada vez más claro que los gobiernos estatales están rebasados.

DESARROLLO REAL

No se ha querido entender que no se trata de seguirlos supliendo, o de quitarles aún más facultades, sino todo lo contrario: como a un adolescente que está en desarrollo, a los gobiernos locales se les debe dar responsabilidades y obligarlos a que las asuman. Sólo de ese modo se podría ir menguando la figura parasitaria que hoy tienen en general los gobiernos estatales respecto a la federación, y se impulsaría el replanteamiento de la figura sustancialmente.

+ Si hubo sobreendeudamiento de GCM, que lo procesen; pero ¿y si no fue así?

El gobierno de Oaxaca no debería tomar tan a la ligera la enorme incertidumbre que está generando la llamada reactivación económica, que sigue durmiendo el aparente sueño de los justos. La persistencia del enorme vacío de información confiable sobre el origen y las posibilidades de cumplimiento de los adeudos y subejercicios presupuestales, alimenta la idea de las irresponsabilidades institucionales. Y la recién entrada administración estatal debe asumir que o clarifica consistentemente por qué la economía gubernamental está detenida; o de lo contrario, ni siquiera en el mediano o largo plazo podrá cumplir con su promesa de generar derrama económica para la entidad, por encima de las empresas foráneas.

En efecto, la semana pasada el gobierno estatal anunció que a partir de este mes iniciará el pago de adeudos a diversos sectores de la Iniciativa Privada a los que la administración anterior dejó con adeudos. Esto ocurre en un panorama en el que el propio gobierno dijo que del monto original que la administración gabinista les dejó como pendiente de pago —un monto que oscilaba en los dos mil 500 millones de pesos—, a la ventanilla única de recepción de documentos que acreditaran adeudos del sexenio anterior, que instaló la Secretaría de Administración en diciembre para hacer una compulsa real de la situación, sólo hubo reclamos —con soporte documental—, por un monto de alrededor de mil millones de pesos.

Esto dio un panorama más real de los adeudos, aunque en realidad lo que sigue siendo un verdadero problema para el gobierno ha sido explicar los adeudos a la luz de alguno de los supuestos siguientes: a) que el gobierno de Gabino Cué hubiera dejado pagos pendientes que carecían de la cobertura presupuestal para ser liquidados; b) que teniendo cobertura presupuestal, las partidas que se afectarían para esos pagos hubieran sufrido algún recorte o cancelación; c) que dichos pagos no tuvieran la debida gestión de los recursos a través de algún fondo extraordinario, fuere de los ámbitos local o federal; d) que dichas obligaciones hubieran sido contraídas legalmente —es decir, con pagos presupuestados, cobertura y justificación de la necesidad de la contratación—, y que el retraso en los pagos fuera sólo un problema de retrasos en la ministración de los recursos para enfrentar las responsabilidades.

Pues resulta que hasta el momento, el gobierno estatal sigue sin explicar con cabalidad cuál es el origen tanto del retraso en la cobertura de los pagos pendientes a toda la gama de empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno, como de las posibles irregularidades heredadas por funcionarios de la administración anterior con relación a dichos adeudos.

En no pocos casos, se sabe que la administración actual ha intentado realizar nuevas negociaciones a partir de esos adeudos, lo cual lejos de aliviar el problema genera más suspicacias a partir de una razón: si se supone que esos fueron adeudos legalmente planeados y presupuestados, lo único que tendrían que hacer es pagarlos; y si no cumplieron con esos requisitos –es decir, que sean gastos fuera de presupuesto o que no cumplen con los requisitos que establece la ley para realizar el pago correspondiente— entonces no sólo no debería negociarlos, sino que tampoco debería pagarlos; y, más bien, debería iniciar procedimientos administrativos y penales en contra del o los funcionarios que violaron un principio constitucional elemental respecto al gasto público, consistente en haber ordenado pagos que no estaban contemplados en el presupuesto o en alguna ley aplicable.

SÓLO EL SILENCIO

¿Por qué no es buena noticia que en muchos casos haya voces que señalen que el gobierno está “renegociando” los adeudos de la administración anterior? En primer término, porque eso alimenta la incertidumbre sobre el tipo de adeudos que dejaron, y el tipo de tratamiento que les está dando el gobierno actual.

En el fondo, no se trata de si los débitos fueron de Gabino Cué o si de son de la camada actual de funcionarios: en realidad, lo grave es que los adeudos —si son comprobables— son un compromiso institucional del gobierno de Oaxaca, lo cual rebasa por mucho los nombres y los sexenios, y se convierte en un asunto de la legitimidad que tendrá el gobierno de cara a quienes lo proveen en sus necesidades y que, en muchísimos casos, lo hacen a crédito y con el solo empeño de la palabra institucional. Si se trata mal la deuda, entonces estarán cerrando —como lo hemos apuntado antes— diversas puertas de apalancamiento al sector público para tiempos futuros en los que, como ahora, todos los problemas tengan su origen en el retraso de las ministraciones federales.

Hay algo más: llevar y traer con tanta ligereza el problema de los adeudos y el manejo del presupuesto estatal, sin ofrecerle a la ciudadanía una explicación puntual y exacta de cualquier problema presupuestal que tuviera el gobierno —porque además, los oaxaqueños merecemos esa explicación—, en alguna medida hace nugatoria la certeza jurídica que se supone que ofrece ese documento que cada año aprueba el Congreso del Estado, denominado Presupuesto de Egresos del Estado.

¿De qué sirve que exista tal documento, si de todos modos una buena parte del manejo presupuestal quedó, o sigue quedando, en la completa discrecionalidad, y en las consideraciones y renegociaciones que pudieran estar haciendo funcionarios a nombre del gobierno, como si el presupuesto se tratara de la bolsa o la riqueza de alguien en específico?

También por esa razón, no es una buena noticia que, por un lado, todo este gran problema presupuestal que enfrenta la entidad exista sin una explicación puntual de la Secretaría de Finanzas; y que, en el otro extremo, estén intentando desacreditar la legitimidad y el valor que se supone que debe tener el Presupuesto de Egresos, como base fundamental del ejercicio del gasto gubernamental, y como garante de la certeza con la que se van a ejercer los recursos.

Al final, si en realidad el problema sigue siendo que el gobierno de Gabino Cué gastó de más; si el problema fue que contrajeron más obligaciones de las que sus presupuestos podían soportar; si se comprometieron a futuro sin contar con las bases legales y presupuestales para cumplir con las responsabilidades institucionales del Estado; y si lo hicieron para heredarle un problema de economías a la administración actual, entonces el gobierno estatal debe dejar de titubear, y de renegociar, e irse con todo el peso de la ley en contra de los ex funcionarios ineptos o corruptos que provocaron este desastre económico.

En el fondo, tanta secrecía, tanta discrecionalidad, y tanto ánimo por mantener a Oaxaca en un prolongado ayuno económico, y de explicaciones sobre las razones creíbles y consistentes que lo provocaron, sólo alimenta la idea de que o están encubriendo a los funcionarios de la administración anterior; o que están queriendo reabrir capítulos presupuestales cerrados para obtener un beneficio; o que definitivamente no tienen la capacidad para enfrentar un problema socialmente tan complejo como éste.

MALA REPUTACIÓN

Al final, no se trata sólo del dinero que se debe, sino de los sectores que están a punto del colapso por la inmovilidad económica, de las miles de familias que dependen de esa economía privada, que están sufriendo sobremanera por este prolongado problema económico que enfrenta Oaxaca; y de la imagen inconsistente que se sigue construyendo el Estado como una persona (moral) que con la mano en la cintura puede desconocer sus compromisos institucionales. Esto último, es lo más terrible de todo.