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Videgaray en SRE, reconocimiento de desvalorización de política exterior mexicana

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+ EPN se desentiende de que la política exterior es mucho más que la relación con EU

Ayer el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el nombramiento de Luis Videgaray Caso como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con ello demostró que el gobierno mexicano perdió ya la dignidad ante el inminente arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, y que los principios de la política exterior mexicana —establecidos en la Constitución— pasarán a ser un instrumento decorativo ante la premura del Presidente mexicano por capitalizar el “buen tino” de Videgaray como visionario de la victoria de Trump cuando nadie lo creía posible. Quién sabe si sea un acierto para Peña, pero es una derrota más para México.

En efecto, al mediodía de ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció su decisión de nombrar a Videgaray como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. En un mensaje transmitido por el canal de youtube de la Presidencia, Peña Nieto dijo que Videgaray deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo relativos a la política exterior mexicana.

Lo instruyó a cumplir con la agenda de derechos humanos dentro y fuera del país, así como la relevancia de México a través de sus vínculos con los demás países del concierto internacional, particularmente en materia económica. Respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, el Presidente instruyó al nuevo Canciller a acelerar el contacto con la administración de Donald Trump, a fin de fortalecer los vínculos en materia de seguridad, comercio, migración e inversión.

Como marco de referencia, todos recordamos que Luis Videgaray se separó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre del año pasado, luego de las presiones que se generaron sobre el gobierno mexicano ante la administración estadounidense del presidente Barack Obama, a raíz de la visita a México del entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump; hoy, presidente electo de los Estados Unidos. En aquel momento, el gobierno estadounidense le recriminó al mexicano el haberle dado a Trump la calidad de Jefe de Estado cuando en realidad no era sino un político en campaña.

Además, en el gobierno estadounidense cayó muy mal el acercamiento discrecional que tuvo el gobierno de Peña Nieto como el Candidato Presidencial Republicano, cuando el propio gobierno federal estadounidense le había sugerido a su par, el gobierno mexicano, que le diera prioridad a la relación con la candidata oficialista (del Partido Demócrata) Hillary Clinton. Concretamente, el gobierno estadounidense se sintió burlado con las negociaciones secretas entre el gobierno de Peña Nieto y la campaña de Trump, y por eso después de la visita desde el gobierno estadounidense presionaron para que alguien pagara en México por el desaguisado.

El que pagó el costo de la visita fue justamente Videgaray, quien no tenía empacho en reconocer que según su perspectiva era esencial la relación con Trump como una cuestión de pragmatismo y estrategia política. Nunca consideró que la visita, en el momento en que ocurrió, había rebajado al gobierno mexicano, lo había involucrado en la campaña presidencial de otro país, y lo había sometido al escarnio de un hombre sin escrúpulos como el candidato Trump.

Hoy, en una circunstancia totalmente distinta a la de septiembre, Trump es presidente electo de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano decidió que su único tema de política exterior es la nueva relación con el vecino del norte, por lo que restableció a Videgaray en el gabinete pero ahora como encargado de la cancillería.

VISIÓN REDUCCIONISTA

Es cierto que Estados Unidos es el principal socio comercial de México; que su principal proveedor y su principal comprador de bienes, servicios y manufacturas; es también cierto que la economía mexicana está íntimamente anclada a la estadounidense, y que en esta perspectiva los destinos de ambos están sellados en una relación que, para mal de México, tiene características de desigualdad en detrimento de nuestra economía.

Todo eso es cierto, como también lo es que la política exterior de un país va mucho más allá de la relación con una sola nación; y que resulta muy cuestionable que las decisiones de política exterior de un ente soberano se tomen en función de la relación con un solo país en detrimento del concierto internacional. Es, de hecho, como demostrarle al mundo entero que a México sólo le importa ya no Estados Unidos, sino Donald Trump, y que para ello está poniéndole un interlocutor de Estado sólo para que se dedique a él.

En este sentido, la Constitución mexicana establece como principios de la política exterior mexicana (artículo 89, fracción X) la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

¿Y ESOS PRINCIPIOS?

El gobierno de Peña Nieto demostró que esos principios generales son relativos cuando su objetivo es tratarle de demostrarle a México, y al mundo, que la decisión de invitar a Donald Trump en agosto del año pasado, luego de las amenazas y los insultos proferidos a diversas minorías estadounidenses —entre ellas la mexicana—, fue un acierto y no el error que todos vimos y consideramos. Esa es su lógica. Aunque para justificarla esté cometiendo un nuevo error al rebajar la política exterior mexicana al coqueteo estéril con un personaje sin escrúpulos.

Administradores: debe haber prácticas más transparentes para esa figura

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+ Problema vigente, por la discrecionalidad de su nombramiento y funciones

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, al menos en 19 municipios de la entidad se deberá nombrar un administrador municipal ante los problemas políticos y post electorales, o porque en algunas demarcaciones no se pudo realizar la elección constitucional o comunitaria correspondiente. En ese marco, no es alivio ni el número de los ayuntamientos en conflicto, ni tampoco que ahora la facultad de nombramiento de los administradores esté en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esto sigue siendo un problema porque se sigue procurando y sosteniendo la discrecionalidad en el nombramiento, y la indeterminación en las funciones y límites de esa figura legaloide de la estructura jurídica oaxaqueña.

En efecto, con el inicio del año ocurrió también el inicio de las funciones de las nuevas autoridades municipales en la entidad. En ese marco, la Secretaría General de Gobierno dijo que en 19 municipios de la entidad se nombrará administradores municipales. Alejandro Avilés, titular de la Segego, señaló que quienes funjan como administradores tendrán la encomienda de resolver la problemática en cada uno de esos municipios lo más pronto posible para que se puedan realizar las asambleas que mandatará el IEEPO y puedan elegir a sus autoridades; y dijo, según un comunicado emitido por la dependencia, que “próximamente se darán a conocer los nombres de las personas que ostentarán este cargo”.

En este marco, es necesario de entrada evitar la consideración de que el problema de los administradores está resuelto, porque ahora la facultad constitucional de designación se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, y no del Congreso del Estado como en los años anteriores.

En realidad, el problema y la inquietud de esas 19 comunidades —así como de otras que eventualmente podrían sumarse a esa lista inicial de municipios en conflicto, y en la indefinición de sus autoridades constitucionales— radica no específicamente en el hecho del nombramiento de los administradores sino, por un lado, en la pésima fama de esa figura política; y, por el otro, porque al modificar las facultades relacionadas con la designación de los mismos, no se avanzó nada en la estabilización de la figura a través de reglas claras y equilibradas para su nombramiento y funciones ahora por parte del Ejecutivo.

Pues resulta que cuando esta facultad estuvo en el ámbito del Congreso local, hubo dos cuestionamientos de base que nunca fueron abordados por los legisladores: el primero, tenía que ver con el hecho de que el Congreso del Estado nunca estableció parámetros claros sobre qué requisitos debía cubrir aquel que quisiera ser nombrado como administrador municipal. En ese sentido, todo quedaba sujeto a los acuerdos e intereses de la Junta de Coordinación Política, que era quien discrecionalmente establecía la lista de los posibles administradores de los ayuntamientos en conflicto sin aclararle a las comunidades involucradas, ni a los diputados, y mucho menos a la ciudadanía, cuáles eran las consideraciones para esos nombramientos.

El segundo problema era todavía mayor: al inicio de la LXII Legislatura, el Pleno decidió, de forma inconstitucional, emitir un decreto por medio del cual facultaba a la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo el nombramiento de los administradores. Esa delegación de facultades fue siempre inconstitucional —aunque ningún legislador la impugnó— porque la Constitución local establecía expresamente que debía ser el Pleno, y no la Junta, quien llevara a cabo las designaciones.

AHORA, LA MISMA

DISCRECIONALIDAD

Hoy la Constitución establece que es el Ejecutivo quien debe designar a los administradores municipales; la Ley Orgánica Municipal establece algunos criterios sobre su designación; y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo faculta a la Secretaría General de Gobierno para tramitar el nombramiento de los encargados de la Administración Municipal que designe el Gobernador del Estado (artículo 34, fracción XL).

El problema es que, a pesar de todo eso, sigue siendo un asunto en el que influye de manera determinante alguien que no entregó buenas cuentas en esa materia (Avilés, en su pasado como diputado local y principal decisor en la Junta de Coordinación Política); y que, estructuralmente, sigue siendo una cuestión inundada por la discrecionalidad y la aparente buena voluntad política del Ejecutivo que, a la luz de las circunstancias, resultan criterios insuficientes para generar certidumbre respecto a la confiabilidad y eficacia de quienes sean nombrados como administradores y, sobre todo, que éstos cumplan verdaderamente con la misión de encauzar los conflictos políticos en el corto plazo, y no ser —como hasta ahora— instigadores de la crisis para mantenerse en el cargo por todo un periodo constitucional, tal y como ha ocurrido en los últimos años con quienes han tenido esa responsabilidad.

INTERROGANTES

En el fondo, las interrogantes y los cuestionamientos sobre los administradores siguen siendo los mismos, a partir de que quienes fungieron en el trienio 2014-2016 ni avinieron arreglos entre las partes en los conflictos de las comunidades, ni tampoco fueron ejemplo de trabajo, cercanía, transparencia y pertenencia con la comunidad. No es alivio para nadie que ahora se diga que los administradores serán de la misma extracción política o partidista de la última autoridad electa; el problema no es que los nombre el Ejecutivo sino que lo haga en el marco de discrecionalidad, que no ha cambiado a pesar del vaivén de la atribución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal.

Colonizar a oposición en Oaxaca: ¿Por razones prácticas o por ego político?

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+ Controlan silenciosamente las dirigencias; ¿cuál es el objetivo de intentarlo?

Igual que en todo el país, en Oaxaca hay mal humor social y los partidos políticos, junto con el gobierno, tienen responsabilidad protagónica en ello. Dentro de sus movimientos, hoy lo que se observa en la entidad es el intento clarísimo del nuevo grupo gobernante por tomar el control de las principales fuerzas opositoras para generarle gobernabilidad y certidumbre al régimen. Una de las cuestiones que, en medio de todo eso, continúa siendo una interrogante es para qué quieren el control de la oposición, y cuál es el objetivo para el que serviría una oposición orgánica.

En efecto, Oaxaca vive momentos particularmente complejos, en los que ya nadie habla de las reformas para la pose democrática, sino en los que, más bien, todos buscan abonarle al sentido de eficiencia a sus tareas esenciales. El gobierno de Alejandro Murat, por ejemplo, no ha establecido líneas referentes a un nuevo entramado constitucional tendiente a la democracia participativa o representativa, derechos fundamentales o reconocimiento de minorías. En su practicidad, sabe que lo que los oaxaqueños están —estamos— esperando, son acciones concretas que demuestren que el Estado oaxaqueño existe, que hay también un gobierno capaz de cumplir con sus fines, y que esos fines están enfocados al cumplimiento de las funciones públicas del gobierno, y al bienestar de las personas.

Lo mismo ocurre con los diputados: las principales fuerzas en la LXIII Legislatura han rayado en la procacidad de ni siquiera haber establecido una ruta crítica de trabajo, o líneas generales de su quehacer legislativo para los dos años de la Legislatura. Ello puede ser leído en el sentido de que serán fracciones parlamentarias dispuestas a reaccionar a las necesidades del gobierno según vayan surgiendo —es decir, pragmatismo puro—; pero también de que no tienen una agenda concreta, porque asumen que Oaxaca en la actualidad no necesita tanto reformas aspiracionales, sino demostraciones concretas de trabajo conjunto para dinamizar las tareas y acciones públicas.

Y, de hecho, la única fracción parlamentaria que sí estableció una agenda inicial de trabajo fue la del PT, y ésta tiene —en concordancia con las necesidades visibles de la entidad— como contenido justamente un paquete de iniciativas de reforma que no pasan esencialmente por el tema democrático, sino por la búsqueda de modificaciones que faciliten algunos procesos de la vida cotidiana de las personas en la entidad.

Así, en esa combinación de necesidades, surge una pregunta que se irá respondiendo conforme transcurra el presente año: ¿Cuál será el papel de la LXIII Legislatura de cara no sólo al nuevo gobierno, sino a las necesidades visibles de Oaxaca? Pues, de hecho, vemos que a la generalidad de las personas hoy no les preocupa tanto el acceso a la vida democrática, como el colapso económico generalizado de la entidad; la parálisis en que Gabino Cué dejó sumida a la administración estatal; la falta de obra y resultados específicos; y la imposibilidad actual del gobierno para cumplir con sus fines.

Por eso, sin menoscabo del tema democrático, tal parece que hoy entre los oaxaqueños pululan también preocupaciones más básicas que, hasta ahora, no queda del todo claro cómo serán atendidas desde la esfera de la administración pública, y mucho menos cómo serán respaldadas desde la Legislatura del Estado.

INTERROGANTES

Por eso es vigente la interrogante de para qué busca el nuevo régimen la colonización de las fuerzas opositoras. En un sentido básico, se entiende que lo busca de inicio por el establecimiento de una nueva relación de poder, basada en el hecho de que el partido que gobierna toma también cierto control entre sus opositores para generar una convivencia relativamente armónica.

También se entiende que esa intención tiene como base generar condiciones de certidumbre y de gobernabilidad, a partir de que hay cierta injerencia —civilizada o no— en la vida interna de todos los partidos. Ese fue un aspecto que el gobierno de Gabino Cué nunca cuidó, y por eso sus más voraces verdugos fueron justamente los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder. No obstante, junto a eso subsiste la pregunta de para qué quieren esa injerencia, si hoy lo que espera la ciudadanía ya no son demostraciones socarronas de fuerza, o de pericia maniobrera por parte del PRI con sus opositores, sino resultados concretos en las tareas de gobierno.

Por esa razón, habrá que ir observando si esos silenciosos asaltos que se orquestaron ya desde el PRI hacia el PAN, PRD y Morena, tienen como intención generarse un escenario favorable para la búsqueda de reformas que hagan más eficiente la función del gobierno y para que, como lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, juntos le permitan a Alejandro Murat tener la administración, la estructura gubernamental, las atribuciones, y el escenario político que Oaxaca necesita.

EFICIENCIA, NO SOBERBIA

Finalmente, es claro que mientras más transcurre el tiempo más importante se hace la eficacia en las tareas de gobierno para los fines electorales. Les guste o no a los ingenieros electorales del PRI, que creen que todo se gana o se pierde manipulando a clientelas, hoy lo que todos ellos deben buscar —para mantener el poder— es que el Gobernador pueda cumplir con sus fines, y el gobierno pueda mantener el mínimo de credibilidad y legitimidad necesarios frente a la ciudadanía. Son temas muy concretos. Y su reto será demostrar que para lograr eso, y no por arrogancia, están intentando colonizar a las fuerzas de oposición en Oaxaca.

Alza en gasolinas: la culpa es del prolongado rezago económico mexicano

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+ Bajísimo poder adquisitivo se combina el mercado y la debilidad industrial

El gasolinazo no se hizo presente en la resaca por el inicio del nuevo año, sino que más bien fue el esbozo de los malos augurios colectivos desde finales del año que se fue. Todos, por igual, repudiamos al combustible como al peor de nuestros males, y junto con ello, al gobierno que nuevamente nos castiga con un alza de precios injusta, traicionera y egoísta, que además provocará una cascada de incrementos en productos y servicios, que será sólo proporcional a la disminución de la calidad de vida de la generalidad de las personas. ¿Este malestar es culpa del combustible, del gobierno, del Presidente, o de quién?

En efecto, ayer se consumó el incremento más elevado al precio de los combustibles en mucho tiempo, y muchos seguimos preguntándonos qué pasa con esto. En realidad, resulta relevante asumir que la culpa no es de la gasolina o el diesel en sí mismos, y que tampoco es sólo responsabilidad de Peña Nieto o de alguien en específico.

Esto, más bien, es el resultado de décadas de abandono al sector energético; de la debilidad fiscal del gobierno, que también desde hace décadas ha pospuesto la necesidad de afianzar las finanzas públicas; y del estado de devastación en que se encuentra la clase trabajadora mexicana, lo cual se refleja en el pobrísimo nivel adquisitivo de los salarios en nuestro país. Vale la pena repasar el punto para comprender un poco mejor el contexto en el que ocurre este incremento al costo de los combustibles, y sus razones e impactos en la economía de la mayoría de las personas.

En esto, lo primero que debemos asumir es que esto no es culpa de la gasolina, pero sí de quienes no priorizaron o permitieron el desarrollo de la industria energética nacional. Hoy revive aquel viejo binomio —que podría parecer un argumento retórico, pero que tiene una dosis amplia de realidad— relativo a la tragedia mexicana que significa exportar petróleo crudo para después importarlo transformado en combustibles.

Hoy, cuando este incremento al precio final está determinado por el alza en los precios internacionales de la gasolina y el diesel, quizá nos venga a la mente ese escenario en el que México hubiera podido procesar su propio combustible para convertirlo sin necesidad de comprarlo al exterior. Eso no ocurre. Y por eso revivir la discusión sobre las refinerías, y sobre la reforma energética —pero no la actual, sino la que debió ocurrir hace décadas en México para hacer sostenible la industria petroquímica del Estado— es algo que, aunque ya resulta irremediable, sí es factor para entender por qué todos hoy estamos padeciendo los estragos de una industria que fue prodigiosamente rentable en otros tiempos, pero que se dejó caer por diversos apetitos políticos.

¿Cuáles? Apetitos de quienes, desde el Estado, no previeron la necesidad de nunca dejar de invertir en la creación de infraestructura, como en quienes se opusieron a ese crecimiento a partir de dogmas casi decimonónicos, como el de la propiedad del Estado sobre los energéticos, bajo los cuales —no defendiéndolos, sino utilizándolos— impidieron el desarrollo de Pemex como cualquier otra empresa que debe reinvertir cierta parte de sus ingresos para seguir siendo viable y productiva en el mediano y largo plazo.

DRAMA PETROLERO

Otra de las verdades que apenas si se distinguen es que, fiscalmente, la renta petrolera se acabó, y por eso es casi imposible que el Estado mexicano toque los ingresos que percibe por los impuestos que aplica a los combustibles. ¿Qué significa que la renta petrolera ya no exista? Básicamente, que Pemex hoy es una carga y no una fuente de ingresos para el Estado. Es decir, vender petróleo dejó de ser negocio. Hoy, una parte de esos ingresos que se perdieron por la venta petrolera, están recuperándose con la venta de combustible al usuario final —que somos nosotros los ciudadanos.

A eso hay que agregarle otro factor: las finanzas nacionales son tan débiles que es imposible pensar en cualquier tipo de recorte a los ingresos. Antes, con el precio controlado del litro de gasolina, si ésta subía o bajaba significaba un impacto al intermediario, que era el Estado. Esto se volvió insostenible, y por eso el gobierno liberó el precio para que sea fijado por el mercado, dejando a salvo sus ingresos. Por eso fue tan significativo el incremento y por eso, con todo y el monumental costo político que eso significa, las finanzas nacionales ni pueden soportar la posibilidad de seguir subvencionando las gasolinas, y mucho menos pueden considerar la posibilidad de que éstas bajen de precio a partir de que el Estado sacrifique los impuestos que cobra por ellas.

SALARIOS Y GASOLINA

En todo esto, hay un último factor: el precio del combustible en México sigue siendo competitivo respecto al resto del mundo. Lo que no reconoce el gobierno es que lo que sí resulta una traición y un sacrificio enorme para el mexicano promedio, es la ridiculez del monto del salario mínimo. No importa cuánto cuesta el litro de combustible, sino cuánto hay que trabajar para ganar el dinero necesario para comprarlo, y proporcionalmente cuánto del ingreso total de una persona significa el costeo del combustible. Ahí es cuando todo se atora, y cuando queda claro que el problema no es nada más de la gasolina, ni de Peña Nieto, sino del modelo de irrealidades bajo las cuales se ha venido construyendo este país, que no deja de apretarse el cinturón de los sacrificios, a la par que desdeña el futuro hasta que llegan momentos como éstos.

Estados Unidos desconfía sobremanera de las autoridades mexicanas

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+ Contra la corrupción, impulsan figuras alternativas para controlarla

Para nadie es un secreto que la corrupción es, por mucho, uno de los principales problemas del Estado mexicano. Llega a tal nivel, que a gran escala las autoridades hoy son cuestionadas por los problemas de ilegitimidad que enfrentan. No sólo tiene que ver con las dádivas o con los actos indebidos, sino también con cuestiones como la persecución a la delincuencia organizada y todo el entramado institucional que se supone que soporta la actuación del Estado. En ese marco se inscribe la implementación del sistema Nacional Anticorrupción, pero también diversos intentos —y amagos— de la comunidad internacional para tratar de presionar al gobierno mexicano para que tome medidas más eficaces o, en otra vertiente, para tomarla ellos mismos a través del mecanismo implementado en Guatemala, por el que enjuiciaron al presidente Otto Pérez Molina.

En efecto, uno de los ejemplos de la presión internacional en contra de México por un acto que en el fondo entrañaba posibles actos de corrupción, fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en 2015. Una vez que se supo que el capo criminal se había sustraído del centro penitenciario, de inmediato se habló de su capacidad operativa para lograr evadir el penal más vigilado del país, pero también de la posibilidad de que en su fuga hubiera servidores públicos involucrados tanto como posibles partícipes activos, como otros que hubieran colaborado con omisiones en el desempeño de sus funciones. Esto activó las alertas de Estados Unidos relacionadas con la corrupción, que ya tenían antecedentes por temas como Ayotzinapa o la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto.

De hecho, exactamente una semana antes de la reaprehensión del Chapo Guzmán, el icónico diario estadounidense The New York Times dedicó su editorial (4 de enero de 2016) a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

TERQUEDAD

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

Esa Comisión Investigadora es la que después determinó responsabilidades en contra del propio presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que se vio obligado a dejar el poder antes de culminar su mandato, y luego fue procesado y recluido por las acusaciones de corrupción instaurada en su contra.

PRESIÓN INTERNACIONAL

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos intentó formalmente presionar al gobierno mexicano para que aceptara la instauración de una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció con la reaprehensión del Chapo, ocurrida también en enero, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión. O, como se habla también ahora, del establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción con jurisdicción en México, como ya también se comienza a mencionar.

Sistema Anticorrupción sería insuficiente; ¿necesaria, Corte Internacional?

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+ El SNA aún no funciona y ya hay dudas sobre su implementación y eficacia

Una de las expectativas más importantes para el año que comienza, es que por fin pueda ponerse en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue establecido en la Constitución federal a mediados de 2016 y que representa el cambio funcional más importante de las últimas décadas en lo que se refiere al control del desempeño de los servidores públicos, en un tema tan delicado como el cumplimiento legal y honesto de sus funciones. Aunque hay expectativas, también hay voces que señalan que esto sería insuficiente. Y para ejemplificar sus dudas sobre el SNA, presuponen la necesidad de implementar medidas como una Corte Internacional Anticorrupción.

En efecto, el combate a la corrupción es hoy por hoy uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana. Esto es consecuencia, por un lado, de la puja que existe entre diversos sectores sociales por el establecimiento de mecanismos que verdaderamente puedan incidir en la identificación, persecución y castigo de las personas que se exceden en sus atribuciones o que incurren en actos indebidos a partir de sus funciones como servidores públicos. Por el otro, este tema ha sido empujado por las clarísimas muestras de corrupción y conflicto de interés en que han incurrido servidores públicos al más alto nivel. La llamada ‘casa blanca’ del presidente Enrique Peña Nieto es muestra palmaria de lo anterior.

En ese sentido, el SNA es el resultado de esa puja ciudadana por el establecimiento de un sistema de combate a los actos de corrupción. Así, lo que comúnmente se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción implicó la creación o modificación de: (1) la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, (2) la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de cuentas, (3) la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, (4) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (5) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (6) el Código Penal Federal y (7) la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; además, obviamente, de las correspondientes reformas constitucionales que dieran certidumbre sobre todo ese mecanismo.

Así, en palabras de la investigadora Viridiana Ríos, la de 2016 podría ser la última ‘navidad feliz’ de los corruptos, porque en 2017 se tendría que haber ya puesto en marcha este mecanismo, que tiene su basamento en la participación de la ciudadanía en su implementación y funcionamiento.

“Lo que hace único al SNA, aprobado en 2016, no es sólo que surgió del clamor ciudadano (ya de por sí una gran innovación), sino que también será encabezado por un grupo ciudadano. El SNA está integrado por un grupo ciudadano (conocido como el Comité de Participación Ciudadana) y por seis instituciones públicas que ya se dedican a luchar contra la corrupción desde antes, pero que fueron reformadas para darles mejores y mayores facultades. Las instituciones son el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el INAI y el Consejo de la Judicatura. El Comité de Participación Ciudadana constituye la posibilidad por parte de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción, ya que tendrá facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA” (Excélsior 25.12.2016).

¿NO ES SUFICIENTE?

Una de las cuestiones que más inquietan, es la resistencia del propio Estado a entrar en una discusión seria sobre las necesidades de certeza en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; de la forma en que éste mecanismo ‘baje’ a las respectivas legislaciones de las entidades federativas; y, sobre todo, que cuando se implemente resulte ser un mecanismo eficaz y no termine siendo una simulación o un mecanismo ‘domado’ por la partidocracia, como han terminado otros intentos importantísimos tales como la conformación de los órganos constitucionales autónomos, los tribunales de justicia y otros, en los que se supone que la probidad es el punto de referencia para su conformación, pero lo ha terminado siendo los intereses y necesidades de los propios partidos políticos, que más que autonomía han buscado protegerse justamente de acciones, mecanismos e instituciones que normen y vigilen su actuación.

En ese sentido, las medidas que importa el SNA pueden no ser cómodas para los partidos y para el propio gobierno, y de ahí surge la duda de si ese Sistema puede terminar siendo un intento que sucumba ante el poder de los partidos, y sus afanes porque en realidad e siga evadiendo de fondo la ley para mantener los privilegios y los espacios de poder que implican actos de corrupción.

DUDAS

Es por eso que, como abundaremos en la entrega siguiente, también han surgido voces que señalan, por ejemplo, la necesidad de implementar esfuerzos de mayor envergadura, tales como tribunales internacionales que se dediquen a combatir la corrupción al margen de las pasiones e intereses que eternamente tienen los partidos porque esto no ocurra. Un caso puede ser el guatemalteco, que incluso provocó la caída del presidente Otto Pérez Molina; pero otros, más avanzados incluso, refieren la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. De ese tamaño es la desconfianza que despierta no el SNA, sino el poder corruptor de la clase política mexicana.

México ante la Corte Penal Internacional, ¿para qué?

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+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Uno de los temas que dentro de algún tiempo volverá a dar de qué hablar, es la responsabilidad que habrá de enfrentar el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional. Esta es una historia que tiene aún muchas aristas pendientes y que pasan por la lucha anticrimen que ha dejado decenas de miles de muertos en méxico, sobre los cuales algún día tendrá que responder el Estado mexicano, independientemente de quién sea el Presidente, e incluso de las resistencias que pudieran presentar como en su tiempo lo hizo el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  

En efecto, fue a finales de 2011 cuando, en ese marco, el presidente Calderón cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.

La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.

Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.

La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.

Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.

El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA

Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.

La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.

Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.

SABER DE VERDAD

Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?

PRI está colonizando al PAN, tiene cautivo a Morena e irá por el PRD

almargenoaxaca
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PRIT

+ Pretenden anular a fuerzas opositoras a través de dirigencias a modo

La disputa actual por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional no es sino un episodio más del intento del nuevo régimen, a través del priismo, por hacerse del control de ese partido. Esa intención luego se extenderá al Partido de la Revolución Democrática como, ya de alguna forma, ocurre con el Movimiento de Regeneración Nacional. Las fuerzas de oposición en Oaxaca enfrentan maniobras quirúrgicas del régimen para tratar de generar gobernabilidad a través de una oposición orgánica.

En efecto, hoy la disputa por la dirigencia estatal del PAN se libra entre quienes han tenido el control en los últimos años, y un personaje pro priista como Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Básicamente, Juan Mendoza Reyes, hasta ahora coordinador de la bancada panista en la LXIII Legislatura local, ha intentado sucederle el cargo de dirigencia a Antonia Natividad Díaz Jiménez que fue, a su vez, la coordinadora de bancada en la Legislatura anterior gracias al nombramiento que le dio Mendoza.

Ellos saben desde hace meses, que desde el PRI hay montada toda una estrategia para despojarlos no sólo de los espacios legislativos que han ostentado (la Junta de Coordinación Política en el último año de la Legislatura anterior, y la coordinación de la bancada en la actual) sino ahora también de la dirigencia estatal del partido. Evidentemente, es claro que a pesar de la escasa militancia y votación panista en Oaxaca, en sí el cargo de dirigencia reviste cierta importancia política como símbolo de una fuerza partidista; pero, sobre todo, la verdadera importancia está en la capacidad de incidencia que tiene la dirigencia estatal en la vida del partido y su representación en los órganos legislativos.

Estas maniobras no son nuevas. De hecho, cuando en septiembre un grupo de diputados encabezado por Gerardo García Henestroza desconoció a Natividad Díaz como coordinadora de su bancada, y además la despojó de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, en este espacio (Al Margen 21.09.2016) apuntamos:

¿Qué pasó ahora, que sin más tumbaron a Natividad Díaz no sólo de la coordinación de su bancada, sino de la Junta de Coordinación Política? Que, como era de esperarse, desde la bancada priista decidieron mandarle un obús no a la diputada Díaz Jiménez, sino a la poca legitimidad que aún le queda al panismo como representación parlamentaria en la Legislatura siguiente.

Evidentemente, dijimos en aquel momento, era de poca trascendencia pelear la coordinación de la bancada panista y la presidencia de la Jucopo, a escasos dos meses de que termine la Legislatura. Sin embargo, la intención de fondo fue generarle, desde el PRI, elementos de debilidad al PAN, que es el único grupo de varios diputados que no tendrá bancada en la LXIII Legislatura. Esa conjura en contra del panismo, fue orquestada desde el priismo con la complicidad de la bancada del PRD para mantener el oligopolio de las fracciones parlamentarias entre ellos, y para atajar lo que le queda de liderazgo a Mendoza Reyes, que siempre se lo debió al grupo gobernante que hoy está también en la agonía.

Y, como si fuera destino manifiesto, en aquella entrega anticipamos: Acaso, es la fracción priista la que, a través de su coordinador, Alejandro Avilés, ha logrado dividir a las fuerzas opositoras para que éstas no sean un obstáculo para los próximos dos años. Lo sorprendente en todo esto es que, a pesar de los enfrentamientos y las divisiones, en los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y los que no tienen partido, hay un solo consenso: colaborar con el nuevo gobierno para demostrar disposición, y luego esperar que, después del 1 de diciembre, alguien se acuerde de ellos —oficialistas y opositores— y les permita no caer en el peor error de todo político, que es vivir fuera del presupuesto.

OPOSICIÓN DE MENTIRITAS

A estas alturas, podemos ver que esa estrategia rinde frutos: el PRI impulsó también a Irineo Molina como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura por su cercanía con el grupo de Armando Contreras, que es a su vez un aliado orgánico del priismo en Morena, y a quien se señala que ha sido financiado por Alejandro Avilés desde que fue coordinador parlamentario del PRI en la Legislatura anterior. Eso, señalan quienes conocen la vida interna de Morena, es también lo que ha provocado las reacciones tan encendidas del grupo de Salomón Jara, que es el contrapeso al interior de ese partido que no necesariamente responde a los intereses priistas.

Y algo similar está por ocurrir al interior del PRD, ante el intento natural de José Antonio Estefan Garfias por hacerse de la dirigencia de ese partido, como una especie de heredero luego de la derrota electoral por la gubernatura. Aunque Estefan se ha manifestado a favor de trabajar en coordinación con el gobierno de Alejandro Murat, habrá que ver si el PRI —como ya lo tenía previsto— monta algún tipo de maniobra para operar, desde dentro del PRD, la imposibilidad para que Estefan se haga formalmente de la dirigencia y busque ser desde ahí un contrapeso al poder.

LUCHA POR EL PODER

En esa lógica, es tan natural la lucha por el poder como el hecho mismo de que, en ese terreno, todo se vale. No sorprende que se busque una oposición afín con la que se pueda dialogar, aprovechando sus propias debilidades. Aunque eso, en realidad, sea en demérito de la pluralidad política por la que, les guste o no a todos los partidos, votaron los oaxaqueños para la integración del Congreso local.

En Oaxaca la corrupción se repudia pero con el silencio se convalida

almargenoaxaca
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galhue

+ Igual que antes, ahora se irán munícipes pillos en absoluta impunidad

Algo se está haciendo mal en Oaxaca, que la imagen de los presidentes municipales sorprendidos en todo tipo de pillerías que se van en medio del enojo social y la impunidad total, está en vísperas de repetirse. Hace tres años, y hace seis, y hace nueve, y así, nos indignamos con autoridades municipales que dejaron sus cargos a hurtadillas, en medio del caos administrativo y la ausencia total de procesos de entrega-recepción, sin que se les pudiera castigar por sus latrocinios. Digamos lo que digamos, y al margen de lo que puedan argumentar los tres poderes del Estado, queda claro que nos enfilamos a repetir esa delirante historia.

En efecto, a escasos días de terminar el periodo 2014-2016 para las autoridades municipales electas constitucionalmente en Oaxaca, ya tenemos algunos ejemplos concretos de esa impunidad, de ese caos y de esa imposibilidad —legal y política, por las complicidades existentes— de cambiar el curso de las cosas. En la picota está el caso de Santa Lucía del Camino, que en las manos de Galdino Huerta pasó de ser una zona de tolerancia para los giros negros, y para las actividades que no se permiten en la capital oaxaqueña, a ser una verdadera zona de extorsión para todos los habitantes, a través de diversos mecanismos implementados por su repudiado gobierno.

Por si algo faltara, Huerta salió prácticamente huyendo de la administración municipal, y fueron los propios elementos de la Policía Municipal quienes evidenciaron el últimos eslabón de la cadena de corrupción y excesos cometidos durante su trienio. ¿De qué hablamos? De que en Santa Lucía no hubo obras ni servicios, y mucho menos beneficios sociales para los habitantes, pero sí actos indecibles de extorsión, molestia y despojo a sus habitantes.

Durante los tres años de su gestión, Huerta se dedicó a exprimir recursos a los habitantes por concepto de derechos y permisos; a extorsionar a las empresas por medio de multas, clausuras y actos de molestia ejecutados incluso con violencia; y a exigir dinero hasta a las escuelas primarias para permitirles su funcionamiento. Asimismo, creó una Policía Vial que nunca sirvió para agilizar el tránsito y auxiliar al ciudadano, sino que únicamente tuvo como finalidad esquilmar borrachines, y molestar a los automovilistas que en mala hora pasaban por la zona, aplicándoles multas de tránsito ilegales hasta por las faltas más ridículas. Todo eso, mientras Galdino Huerta y su claque, silenciosamente toleraban y estimulaban el crecimiento de los giros negros, que ya eran boyantes, y que terminaron de florecer durante su administración.

Esos mismos elementos de la Policía Municipal, que fueron utilizados para extorsionar comercios y lastimar a la ciudadanía, fueron los que el fin de semana denunciaron la situación en la que los personeros de Galdino Huerta dejaron la administración municipal: revelaron que las oficinas municipales fueron saqueadas; que no hay archivos ni documentación que soporte la gestión de los últimos tres años, y que básicamente ya no queda nadie en la administración que dé la cara en estos últimos días de gobierno. El munícipe que asumirá el 1 de enero, Raúl Cruz González, denunció una serie de irregularidades así como la negación lisa y llana, por parte de la administración saliente, a ejecutar cualquier acto del proceso de entrega-recepción.

En estas condiciones, queda claro que ya se cometieron faltas administrativas y delitos, al no haber entrega-recepción; al no dejar archivos la administración saliente; al no responder por sus propios trabajadores; y al dejar en total incertidumbre los asuntos públicos —documentación, cuentas bancarias, bienes y activos— que recibirá la siguiente administración.

HISTORIA REPETIDA

Hace tres años hablábamos de historias similares: San Pedro Mixtepec, la Villa de Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, también Santa Lucía del Camino y diversos municipios que eran una interrogante. ¿Qué pasó de entonces a la fecha? Que aún con todo eso, personajes como Eduardo Rojas Zavaleta hoy figuran como flamantes funcionarios de la nueva administración; y que otros como Omar Blas y Pedro Cabañas de Santa Lucía del Camino, o Adán López, y todos los demás que fueron sonoramente denunciados por sus excesos, y por la posibilidad de haber incurrido en actos de corrupción, quedaron en la más abrumadora impunidad.

¿Por qué pasó eso? Primero porque, en diversos casos —incluyendo el de Huerta en la actualidad— fueron beneficiarios de la protección política de personajes como el ahora también integrante del gabinete estatal, en la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez. Éste protegió a varios de los munícipes del periodo 2011-2013, y también ha sido padrino y mecenas político de personajes impresentables como Galdino Huerta Escudero, que gracias a esa protección logró ser munícipe, y ahora goza de impunidad para —quizá— no ser molestado por los devastadores resultados de su gestión.

IMPUNIDAD, INSTITUCIONALIZADA

El otro elemento que no se debe perder de vista, fue la resistencia a la mejora a las leyes que rigen estos temas. Por ejemplo, ¿por qué hubo tanta resistencia a tipificar claramente como delito grave la sustracción de archivos y documentos públicos? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado se negó sistemáticamente a reconocer esas conductas como delitos? ¿Y por qué, además, se estancó la integración y consignación de averiguaciones previas por delitos presuntamente cometidos por autoridades municipales? Eso es un alimento muy nutritivo para la impunidad que, mientras no cambie, seguirá estimulando autoridades corruptas, e impunes, como todas las que ya conocemos.

Cuándo habrá señales en Oaxaca del Sistema Estatal Anticorrupción

almargenoaxaca
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sna

+ El tema deberá salir a flote en la agenda del primer semestre de 2017

Uno de los temas que cobrará relevancia en Oaxaca, conforme avance el primer tercio de 2017, es el relacionado a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Según el decreto por el que se estableció la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades federativas cuentan con un año para consolidar el proceso de implementación de ese mecanismo en los ámbitos estatales. Ese periodo de “vacatio legis” se vence en mayo de 2017, y para entonces eso debe estar ya implementado en Oaxaca… aunque hasta ahora no hay señales al respecto.

En efecto, al tomar posesión de su cargo como Gobernador del Estado, Alejandro Murat anunció el 1 de diciembre que en un periodo de 90 días, él y todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado harían pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocida genéricamente como la “tres de tres”. Esto, dijo, sería una demostración inicial de voluntad por la transparencia, por la rendición de cuentas, y por la honestidad. También dijo que no metería las manos por ningún funcionario; que en su administración no habría ni “chuckys” ni “Cocos” ni Vicegobernadores, y que quien infringiera la ley desde el servicio público, sería castigado ejemplarmente.

Así, quedó claro en qué sentido corre la convicción del Gobernador por la transparencia y por el combate a la corrupción. Sin embargo, en ese marco es necesario asumir que, en la circunstancia actual, el combate a la corrupción ya no es un asunto sólo de voluntades sino de todo un andamiaje legal, e institucional, que la sociedad mexicana ha demandado con vehemencia. Por esa razón, incluso no resulta suficiente exigir a todos los servidores públicos la presentación de la declaración tres de tres en un sentido potestativo, sino avanzar cuanto antes en la implementación del sistema estatal anticorrupción.

Pues, en ese mismo sentido, si los partidos de oposición pretenden también establecer parámetros de cumplimiento respecto a la honestidad y la confiabilidad de los servidores públicos del gobierno de Alejandro Murat, deberían también asumirse no sólo como vigilantes, sino como auténticos impulsores de medidas de combate a la corrupción. El problema es que, hasta ahora, ninguna de las fuerzas opositoras en la LXIII Legislatura ha reparado en la urgencia de iniciar el proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y en lo corto que resultará el tiempo —de enero a mayo de 2017— para confeccionar y discutir el contenido de ese sistema, que se supone que será el contrapeso y el vigilante de la gestión pública para los años siguientes.

En esa lógica, el nuevo sistema anticorrupción pasa no sólo por la creación de nuevos órganos sino también por el posible replanteamiento de algunos que ya existen. El propio Congreso del Estado tendrá que asumir responsabilidades que hasta ahora había eludido, y también tendrá que pasar por el posible replanteamiento de los órganos autónomos, de procuración de justicia, y los tribunales administrativos, que hoy no cumplen con los parámetros para operar dentro del nuevo esquema que establece la Constitución de la República para el combate a la corrupción.

SISTEMA ESTATAL

A estas alturas, es insuficiente lo relativo a la declaración tres de tres para todos los servidores públicos de la nueva administración, por una razón concreta: la declaración tres de tres que se solicitó en el último proceso electoral a los candidatos a cargos de elección popular, fue presentada ante un organismo privado denominado Instituto Mexicano para la Competitividad.

Fue, básicamente, un ejercicio de demostración de voluntad, pero también potestativo porque el IMCO es un organismo privado que convocó, a través de su fuerza moral y de su promoción de la rendición de cuentas con mayor calidad, pero sin ninguna consecuencia —más que la condena pública, que a muchos políticos les importa un comino— para quien no quisiera hacerlo.

En esa lógica, a nivel federal ya fue legislada la obligatoriedad de la presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés para todos los servidores públicos de la federación, con dos salvedades: apenas va a hacerse operable, cuando ya funcione el Sistema Nacional Anticorrupción; y esa declaración tres de tres institucionalizada sigue teniendo el problema de que, por voluntad del declarante, puede ser reservada y convertirse por ende en un documento inaccesible para los gobernados, con lo que sigue preservando un margen de secrecía que desalienta la máxima publicidad que debiera tener un proceso como ese.

Por esa razón deben redoblarse los esfuerzos ya no sólo para que se implemente el sistema estatal anticorrupción, sino para que se haga con un sentido de avanzada. De nada servirá que se haga en los parámetros mínimos de la ley, porque entonces Oaxaca de nuevo quedará como una de las entidades federativas que cumple por obligación, pero no porque tenga una convicción con el cumplimiento. El gobierno de Alejandro Murat debe impulsar una reforma de vanguardia, si es que de verdad quiere demostrar una voluntad institucional de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el combate a la corrupción.

¿Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS?

Discusión aparte será el destino de los órganos autónomos. Debe haber planteamientos muy serios y razonados. El nuevo régimen enfrentará el dilema de mantener, o desaparecer los órganos actuales, con el costo y el mensaje contra la estabilidad constitucional de los integrantes de esos órganos. El tema es complejo y merece ser analizado por cuerda separada.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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