Las acusaciones judiciales por peculado que pesan en contra de los ex secretarios del gobierno estatal, Gerardo Cajiga Estrada, Germán Tenorio Vasconcelos y Enrique Arnaud Viñas, tienen como fondo la intención del gobierno de no dejar en la impunidad los posibles hechos ilícitos cometidos desde la función pública, pero también deberían tener la perspectiva de recuperar cualquier monto que ellos, o cualquier otro ex servidor público, se hubiera llevado indebidamente de las arcas oaxaqueñas. Con eso se propiciaría un avance —y un revalorado acto de justicia— respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la persecución judicial de ex funcionarios en Oaxaca.
En efecto, la semana pasada fueron aprehendidos los dos ex titulares de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Gabino Cué, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas. Fueron capturados en operaciones simultáneas y días después les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, luego de haber sido vinculados a proceso acusados del delito de peculado. Por ese mismo delito, le fue ejecutada una nueva orden de aprehensión al ex titular de los Servicios de Salud en Oaxaca —preso desde el mes de mayo pasado— Germán Tenorio Vasconcelos. Los tres se encuentran recluidos desde este fin de semana en la Penitenciaría de Santa María Ixcotel, y se ha rumorado que podrían ocurrir más aprehensiones derivadas de esta misma acusación.
Toda detención de esta naturaleza tiene dos objetivos: en la capa superior se encuentra el hecho de perseguir los posibles hechos ilícitos cometidos desde la función pública; pero en una capa más profunda se encuentra el mensaje político de ir contra algunos de los personajes centrales de un grupo político contrario a los intereses del régimen actual. Eso ha ocurrido siempre en México, aunque en realidad, un problema importante radica en que ese tipo de justicia no necesariamente termina traduciéndose en un acto de resarcimiento —moral, económico— para la ciudadanía respecto a los montos o bienes que fueron el objeto del quebranto.
En esa lógica tradicional de la justicia, todo el aparato gubernamental se esfuerza por enviar los mensajes políticos de dureza y de confrontación. Pero lo que queda claro es que, a estas alturas, además de eso, debería también esforzarse por recuperar lo que fue sustraído para que de esa forma la justicia fuera más allá de los mensajes entre grupos políticos, y se acercara más a lo que la ciudadanía de verdad espera, que es no sólo el castigo a la corrupción sino también —y sobre todo— la recuperación de lo sustraído para que esos recursos o bienes lleguen a quienes originalmente eran los destinatarios.
En esa lógica, queda claro que las experiencias más recientes sobre la justicia aplicada entre grupos políticos en la entidad, no han sido las más dignas de presumir. ¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, cuando la administración de Gabino Cué decidió ir en contra del antiguo régimen —una historia muy similar a la actual, pero en su propio contexto— lo hizo en contra de uno de los personajes icónicos del ulisismo: Bulmaro Rito Salinas, a quien detuvo en 2013 e igualmente lo recluyó en el Penal de Santa María Ixcotel acusado de diversos delitos relacionados con su gestión como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo durante la administración del gobernador Ulises Ruiz.
¿Qué ocurrió? Que, como era de esperarse, hubo voces que inicialmente recibieron con beneplácito el encarcelamiento de este icono central de las historias sobre el enriquecimiento y los excesos cometidos al amparo del poder durante el gobierno de Ruiz. Todo se desdibujó cuando propios y extraños se dieron cuenta que la robustez de los procedimientos penales a los que estaba sometido sirvió únicamente para meterlo en prisión un tiempo, pero no para hacerlo pagar verdaderamente —a través de una sentencia condenatoria y una pena privativa de libertad— por los delitos cometidos y tampoco para que devolviera lo que también propios y extraños decían que había sustraído de las arcas estatales durante sus años como funcionario.
Así, esa historia no pasó del correctivo —una temporada en la sombra— y la anécdota, pero estuvo lejos de ser un verdadero acto de justicia porque finalmente hoy Rito se encuentra libre y, quizá, disfrutando los dividendos —cualesquiera que éstos sean— de su paso por la administración estatal.
DEVOLVER LO SUSTRAÍDO
Por eso es importante que hoy se tenga la voluntad de ir al fondo, y ese fondo hoy debería incluir, como un tema de la mayor relevancia, la recuperación de los bienes sustraídos. Hoy, tanto Cajiga como Arnaud y Tenorio son acusados de peculado, que para efectos del Código Penal se entiende como el hecho de que un funcionario encargado de un servicio público, distraiga de su objeto, para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o cualquiera otra perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado o a algún particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa.
Así, se entiende que los delitos por los que se les acusa deberían tener como fondo el haber distraído dinero o bienes públicos para un uso privado. Por ello, el siguiente delito que se les tendría que configurar es el de enriquecimiento ilegítimo. Éste último delito, dicta el Código Penal lo comete el servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, aumente su patrimonio, sin que pueda justificar la procedencia lícita del mismo, respecto de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
Hoy en día, tanto la Constitución federal como la local, establecen la posibilidad de que esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita, puedan ser decomisados a favor del Estado. Del mismo modo, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio contempla la posibilidad de que los acusados de esos delitos puedan intentar una especie de negociación para terminar anticipadamente el procedimiento a través de la entrega voluntaria de los bienes o recursos que pudieran haber sido parte del hecho ilícito, y de ese modo disminuir la pena a la que pudiera hacerse acreedor. Esa ha sido la vía por la cual el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha logrado reintegrar bienes que fueron adquiridos a través de las redes de corrupción gubernamental y que se encontraban en manos de ex funcionarios y prestanombres.
DISYUNTIVA
Al final, queda claro que ese sería uno de los puntos más trascendentes. Sin embargo, hoy el gobierno estatal se encuentra en la disyuntiva de aplicar la justicia según los parámetros políticos tradicionales antes señalados —con el sobrecosto de que, quizá, al final los ex funcionarios pasen un tiempo en prisión y finalmente recuperen su libertad en las mismas condiciones de Rito—, o de intentar que esto trascienda a los grupos políticos y se inscriba en un resarcimiento de fondo a favor de las personas.
