+ No lograron frenar a la S-22, pero ésta sí demostró su organización

Si México enfrenta un problema multidimensional de impunidad, el caso Nochixtlán bien podría ser un ejemplo de ello. Ha pasado un año desde el enfrentamiento entre maestros de la Sección 22 e integrantes de organizaciones sociales, en contra de elementos de las policías Estatal y Federal, en el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan por aquella población, y lo único que prevalece son interrogantes, manipulación e impunidad. Es cierto que ése bien puede ser, para el Estado, uno de los más graves ejemplos de uso desproporcionado de la fuerza en los últimos años; pero también debe verse que la impunidad que prevalece, tiene también como pivote la voluntad de las organizaciones sociales que tomaron el control del asunto, porque nada de esto se resuelva.

En efecto, el enfrentamiento del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, no puede hoy entenderse sin el contexto de la pugna que entonces ocurría entre la Sección 22 del SNTE, en su calidad de cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los gobiernos estatal y federal que entonces caminaban coordinadamente en los intentos de desmembramiento de la dirigencia magisterial oaxaqueña.

Desde inicios de 2016, el gobierno federal inició procedimientos judiciales en contra de varios dirigentes, y al llegar las manifestaciones del mes de mayo la situación era ya compleja para la Sección 22, que contaba ya a varios de los integrantes de su Comité Ejecutivo en prisión, y que vivía el enorme riesgo de que también fueran aprehendidos sus dos dirigentes principales. Eran momentos cruciales en los que, o el gobierno lograba su objetivo de desmembrar a la Sección 22, o ésta lograba imponerse para hacer revirar al gobierno en ese, que había sido su intento más agresivo de que se tuviera memoria.

Pues resulta que si hacemos un recuento cronológico de cómo se desenvolvió la crisis que derivó en los hechos del 19 de junio, tendríamos que partir del 15 de mayo, como fecha del inicio de las movilizaciones que llegaron a su clímax en Nochixtlán. En aquella ocasión, la Sección 22 del SNTE decretó un paro indefinido de labores que, estratégicamente, desde su inicio radicó siempre en un bien esquematizado calendario de pequeños actos de hostigamiento. Un día cerraron el Palacio de Gobierno; al día siguiente cerraban carreteras; un día después iban a bloquear centros comerciales; y otros, iban a plantarse afuera de las oficinas de las delegaciones del gobierno federal en la capital de Oaxaca. Así, nunca hicieron dos veces seguidas la misma movilización.

En aquel momento, las exigencias eran más bien abstractas: pedían diálogo con el gobierno federal para “revisar” la reforma educativa; pedían diálogo con el gobierno de Oaxaca para definir “la situación del IEEPO”. Eran cuestiones tan imprecisas, que en sí mismas atajaban cualquier posibilidad de interlocución y les permitían continuar con su calendario de actividades, esencialmente porque el gobierno no tenía puntos concretos en dónde fijar la Litis de la negociación con el magisterio, y entonces como no había exigencias concretas, tampoco había una materia exacta de lo que se iba, o se podía, negociar.  

¿A dónde querían llegar? Para responder esta pregunta, hay que considerar varias cuestiones: primera, que en junio —el día cinco— había jornada electoral; segundo, que lo que se renovaba era la gubernatura del Estado; tercero, que se cumplía el primer decenio —el 14 de junio— del desalojo que desató la crisis popular de 2006; cuarto, que desde un año antes había una renuncia total del Estado federal, y del gobierno oaxaqueño, a dialogar con ellos. Por todo eso, en esta ocasión la Sección 22 buscaría tener una presencia fuerte en sus ya conocidas protestas anuales.

Esos eran los puntos de su agenda. Y ya siendo razones suficientes para agotar su calendario de acciones de protesta, el gobierno les “regaló” la causa del encarcelamiento de sus dos líderes más visibles (Rubén Núñez, y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización de la Sección 22), cuestiones que ocurrieron entre el 12 y el 13 de junio pasado. A Villalobos lo detuvieron en Salina Cruz, y unas horas después aprehendieron a Núñez a bordo de un taxi, en la Ciudad de México.

UNA CRISIS ANUNCIADA

Esto los hizo virar de los pequeños actos de hostigamiento a las acciones multitudinarias. El gobierno federal quizá supuso que con sus dos líderes en prisión, había golpeado a la Coordinadora en su línea de flotación: craso error suponer que la CNTE —un movimiento de casi cuarenta años de existencia, siempre en resistencia al Estado— fuera tan ingenua como para entregarle realmente el liderazgo a esos dos dirigentes visibles. Por eso, con una capacidad sorprendente, la Sección 22 se reagrupó y en menos de 24 horas emprendió acciones de protesta, ya no en la capital oaxaqueña, sino en el escarpado interior del Estado.

Ahí quedó claro que el magisterio sí había aprendido de sus errores: sus anteriores protestas —todavía las del año pasado, cuando intentó boicotear las elecciones federales y fue disuadida rápidamente por elementos federales que arribaron previo a la jornada electoral para restablecer el orden— las centró en la capital y fue derrotada incluso sin violencia. Por eso ahora dispersaron sus acciones en al menos cuatro de las ocho regiones del Estado.

Con eficiencia y disciplina, instalaron bloqueos en la región del Istmo: en Zanatepec —en los límites con Chiapas—; Ciudad Ixtepec, Juchitán y Salina Cruz; en la mixteca, instalaron un bloqueo total en el cruce de la carretera federal y la súper carretera (ambas comunican a Oaxaca con la Ciudad de México); también instalaron bloqueos en la Costa y en la Sierra Sur de Oaxaca.

¿Qué buscaban? Primero, encapsular a la capital de Oaxaca frente al posible arribo terrestre de fuerzas federales, como ocurrió el año pasado; y segundo, presionar al gobierno federal a través del bloqueo a instalaciones estratégicas (la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, que se encuentra en Salina Cruz, es la más grande del país) para orillar al Estado o a la fuerza, o al diálogo.

El resultado fue funesto para todos: ocho muertos, casi 200 heridos, y un profundo encono derivado lo mismo de la manipulación magisterial que de la brutalidad policiaca, luego documentada ampliamente por quienes no quisieron quedarse con la versión oficial que decía que todos los elementos policiacos que participaron iban desarmados.

Frente a esto, no ha habido justicia porque en realidad la sola voluntad manifestada por el gobierno estatal y federal no fue suficiente para esclarecer los hechos y castigar todos los delitos cometidos en la refriega; pero también porque a lo largo de este año, las organizaciones y los grupos de defensa de derechos humanos que se involucraron, además del magisterio, han hecho todo para bloquear los temas más sustantivos como la reparación integral a las víctimas del enfrentamiento, o la realización de investigaciones integrales para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió aquel domingo funesto.

IMPUNIDAD

Por eso, lejos de abonar al deslinde efectivo de responsabilidades, la participación de instancias como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en actividades que tienen más propagandismo que intención de abonar a la verdad sobre Nochixtlán en el contexto del primer aniversario del enfrentamiento, sólo alimenta los enredos y el clima de enrarecimiento y división que ha impedido conocer exactamente qué fue lo que pasó en Nochixtlán, quiénes —desde el gobierno y desde las organizaciones— tuvieron alguna responsabilidad (y paguen por ello). Lejos de eso, Arturo Peimbert ha sido el mayor promotor del encono y la subsistencia del conflicto, y es —junto con el Estado— el principal responsable de que, un año después, no haya justicia para las víctimas.

+ Mercado negro de proveedores, ‘secreto’ que esconde diversas formas de corrupción

A raíz de la aprehensión del ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, y de las órdenes de captura que han sido libradas en contra de ex servidores públicos y de particulares por la comisión de delitos relacionados con la contratación y ejecución de obra pública por el gobierno estatal, sería sano que el Gobierno del Estado iniciara una revisión a fondo de su propio padrón de proveedores y contratistas y, sin autoengaños, comenzara a limpiarse de empresas fantasma. El caso de Salud es apenas un botón de muestra de algo mayor, que debe ser investigado.

En efecto, la semana pasada hubo información en el sentido de que seis particulares habían sido detenidos, en el marco de las investigaciones relacionadas con los delitos que presuntamente cometió Tenorio y otros ex funcionarios, en la contratación y (no) construcción de baños ecológicos en varios municipios de la entidad. Se supo luego que esas personas no eran parte de los servidores públicos perseguidos, sino los apoderados y representantes legales de las empresas constructoras que habrían participado en el fraude por el que se procesa judicialmente a las personas antes mencionadas.

Sólo que en estos días han aparecido voces que señalan algo que —a la luz de la corrupción que existe alrededor de muchas empresas que proveen bienes y servicios al Gobierno del Estado mediante subcontrataciones no controladas— parece lógico: que al menos uno de los seis particulares que fueron detenidos la semana pasada, en realidad es una persona que ni se dedica a la construcción, ni cuenta con los recursos para haber montado una constructora, ni tampoco tiene antecedentes de ser empresario. Más bien, según sus familiares, es el trabajador asalariado de una empresa privada, sobre quien aseguran que fue suplantada su identidad.

Esta posibilidad es latente, aunque no es la única. Según versiones de los familiares y abogados, a esta persona la habrían involucrado sin su consentimiento en la constitución de una empresa constructora, a partir del expediente personal al que terceros tuvieron acceso, por ser aquel empleado de alguno de ellos. Según la versión, lo habrían incluido en la sociedad gracias a sus documentos, y habrían falsificado sus firmas y presencia ante fedatario para manifestar su voluntad de ser parte de la nueva persona moral, con la que después supuestamente fueron a quebrantar al erario con la contratación de obra pública que no se ejecutó pero por la que sí cobraron.

Evidentemente, de continuar con ese argumento, los involucrados tendrían que demostrar ante la justicia la supuesta suplantación de sus respectivas identidades así como la falsificación de sus firmas, y otros elementos para establecer que en realidad ellos no tuvieron nunca la voluntad ni de ser parte de esas empresas, ni mucho menos de ser parte de los quebrantos por los que se les acusa. Con ello tendrían que poner incluso en entredicho los registros de instituciones federales como el Servicio de Administración Tributaria ante los cuales se registran los apoderados y administradores de las empresas, para poder ser quienes realizan trámites fiscales en nombre y representación de las mismas.

No obstante, ellos y el propio gobierno más bien tendrían que comenzar a reconocer consistentemente la existencia de todo un mercado negro perfectamente organizado en el que las empresas —básicamente, los documentos que prueban legalmente su existencia— son “rentadas” para que terceros hagan negocios con el gobierno. Esa es una práctica común, concomitante a otros negocios cuestionados como por ejemplo la venta de facturación simulada, que en gran medida explica en mucho este tipo de maquinaciones por las que varios enfrentan hoy a la justicia.

NEGOCIO OSCURO

Todos aquellos que simulan operaciones a través de empresas, necesariamente deben tener cómplices. El problema es que en ese tipo de negocios, hay cómplices que están conscientes de lo que están haciendo, y personas a las que sorprenden en su buena fe para involucrarnos en negocios ilícitos incluso sin que ellos, por ignorancia o candidez, lo sospechen. ¿De qué hablamos?

De que a un trabajador asalariado que apenas si gana un monto superior del salario mínimo, le debe parecer un negocio muy redituable ganar una cantidad importante de dinero por unas firmas y la realización de algunos trámites. Eso es lo que pasa con muchas personas a las que engañosamente involucran en la constitución de empresas de diversos giros, que luego son utilizadas con fines indebidos.

Si a esa persona que —por poner un ejemplo— gana mil pesos a la semana, y lo invitan a ese negocio ofreciéndole 10 o 20 mil pesos por ayudar con sus firmas y presencia a constituir una empresa sobre la que no tiene ningún control ni sabe cuáles son sus actividades, ingresos y comportamiento fiscal, evidentemente debe ser esa una oferta atractivísima y una posibilidad tentadora para hacerse de un monto que ganaría luego de meses de trabajo y que, obviamente, no lo vería junto como para poder comprar algo.

A través de esas prácticas existen miles de empresas constituidas, que luego son utilizadas para diversos negocios que no tienen que ver con sus giros comerciales o empresariales, sino que más bien son utilizadas para un lucro indebido. En el caso de los esquemas de facturación, a esas empresas se les van cargando créditos fiscales hasta niveles importantes y luego son tratadas de desaparecer mediante mecanismos como el concurso mercantil, la quiebra o la suspensión de operaciones. Para cuando eso ocurre, ya tienen a una nueva empresa a la cual pueden seguir cargándole los residuos fiscales de sus negocios de facturación.

En el caso de las constructoras hay otro negocio. Muchas de las personas que se dedican a la facturación, también constituyen esas empresas para rentar los documentos constitutivos. Ante el contratante —en este caso, el gobierno— presentan todos los documentos que son necesarios para la contratación de una obra. Éstos son facilitados a cambio del pago de un tercero que será “beneficiario” de una obra, o a cambio de que a través de sus mismos esquemas se realice todo el proceso de facturación, comprobación y manejo de los recursos provenientes de la obra.

Así es como se contratan muchas obras en el Gobierno del Estado, pero también así se proveen de muchísimos servicios en muchas dependencias estatales. ¿Saben eso los funcionarios involucrados? Obviamente, sí. ¿Hacen algo para evitarlo o combatirlo? Evidentemente, no, porque en muchos casos ellos mismos son beneficiarios de diezmos, moches o porcentajes justamente por evitar darse cuenta que aunque son legales, los documentos constitutivos y de comprobación de esas empresas no son en realidad de las personas a las que se les está asignando la compra del bien o servicio que requiere el gobierno.

DEJAR EL AUTOENGAÑO

Por eso, todo pasaría por dejar de hacerse tontos solos, todos, y comenzar a reconocer este problema que quizá ya sea endémico. Hay mucha gente que compite con sus empresas para ser proveedores del gobierno. Pero también hay vivales que contribuyen a situaciones como éstas aprovechándose de la buena fe de algunas personas, y de la forma en que el gobierno se ha hecho el desentendido frente a estas prácticas. No basta con ver a Tenorio en la cárcel. En realidad tendría que haber decisiones más de fondo para acabar con esta forma tan común de corrupción hoy en día.

+ Herramientas jurídicas: base para entender por qué sí se puede combatir

Si existe ya un consenso sobre la urgencia de impulsar un combate efectivo y certero a la corrupción en nuestro país, lo siguiente que tendría que existir son los caminos para conseguirlo. El Estado mexicano, en ese afán constante de responsabilizar a la ley por lo que no hacen sus funcionarios, ha optado por las modificaciones legales como base para un mejor combate a la corrupción. Sin embargo, al margen de los caminos preventivos, lo cierto es que las herramientas jurídicas para ello ya existen. Sólo falta aplicarlas en los términos que la propia ley dice, en contra de todo el que incurra en esas situaciones.

En efecto, por un lado habría que entender que la desenfrenada carrera de los cambios legales como mecanismo para aparentar el cumplimiento de la ley, no es exclusivo del sistema anticorrupción. Más bien, esa ha sido la vía permanente de la clase política cuando no encuentra un camino más adecuado para justificar su inacción frente a ciertos hechos. Por eso, la vía de modificar la ley frente a los cuestionamientos de la gente, se ha reflejado en el conjunto de cambios que pudiendo no existir en la Constitución, sí podrían haberse realizado de haber habido la suficiente voluntad para hacerlo. Ejemplos, a estas alturas, sobran.

Hay muchos, pero uno de ellos es el de las sucesivas reformas electorales, que han tenido como objeto aparente limpiar los procesos electorales de la corrupción, de la manipulación y de la injerencia del poder y el dinero público en la voluntad política de las personas expresadas en sus votos. ¿Qué ha ocurrido? Que en realidad, la competencia democrática entre partidos y candidatos sigue viviendo bajo un asedio enorme, y que la ciudadanía sigue siendo objeto de todas las bajezas conocidas y por conocer cuando se trata de manipular o la voluntad ciudadana, o el resultado de una elección.

Por eso vemos que a pesar de todo sigue habiendo dádivas, manipulación, compra y coacción de voto y utilización de dinero de procedencia pública o desconocida para tratar de influir en los procesos electorales. Pareciera, pues, que los cambios legales no sólo no han frenado la vorágine de dispendios y violaciones a la ley, sino que las han fomentado y acentuado a grado tal que hoy el propio Estado ya no sabe qué hacer para frenar a los partidos y candidatos en medio del enorme descrédito que tienen las instituciones, como árbitros de los procesos electorales, que no logran detener las violaciones a la ley.

En el caso del combate a la corrupción, la historia no es muy distinta, y más bien parece la repetición de muchas conductas y situaciones que se norman en la Constitución con la intención aparente de “lo ponemos en la ley máxima, para que ahora sí se cumpla”, cuando en realidad lo que tendría que haber es simplemente voluntad y capacidad para aplicar las normas y los procedimientos que ya existen.

Pues resulta que aún cuando el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción establece toda una nueva estructura institucional y legal para combatir la corrupción, la medida de fondo tendría que radicar básicamente en aplicar las leyes ya existentes cuando hubiere un caso concreto de un funcionario corrupto. Específicamente, las leyes penales ya norman muchas conductas que deberían ser comúnmente perseguidas y castigadas. La pregunta, en realidad, tendría que versar en por qué a tan pocas personas en el país se les aplican dichas sanciones por sus conductas.

LOS DELITOS

Sí existen las herramientas y aquí están. Por un lado, el Código Penal Federal señala, sobre el enriquecimiento ilícito, lo siguiente: “Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Artículo 224)”.

Por otro lado, dice que comete el delito de peculado (artículo 223) todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa (fracción I). El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona (Fracción II).

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades (Fracción III), y cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó (Fracción IV).

Y por si esto no fuera suficiente, hay más: el delito consistente en realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que según el artículo 400 del Código Penal Federal, se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

APLICAR LA LEY

¿Qué necesitamos? En el fondo, más allá de esperar a ver si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona, y si los encargados de implementarlo están verdaderamente comprometidos con la honestidad, lo que urge es que en México se hagan valer las leyes que ya son vigentes. Hemos visto que sí hay eficacia, cuando hay voluntad. Por ende, lo que se debe reproducir con todo vigor es la voluntad, muy por encima de la delirante carrera por los cambios legales que lamentablemente en muchos casos han servido para enmascarar la demagogia.