+ Gobierno, en el límite de la construcción de una relación civilizada

En la timidez propia de una relación política que pende de alfileres, tanto el gobierno de Oaxaca como la Sección 22 del SNTE han evitado poner en claro cuáles son los límites de la mesa de negociación que ayer formalizaron el gobernador Alejandro Murat y la dirigencia magisterial en la entidad. Al no tener claros los límites, sólo puede pensarse que la 22 va por todo: desde las demandas políticas hasta la conquista de fondos para la continuación de sus lucrativas actividades económicas. Y con eso, quién sabe si el futuro tenga buenas noticias para Oaxaca.

En efecto, ayer un grupo de funcionarios encabezados por el Gobernador del Estado tuvieron el primer encuentro formal con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, en el inicio de las negociaciones que —se supone— deben llegar al día 15 con avances determinantes para evitar el paro indefinido de labores. Desde el mismo 1 de mayo se hizo público el contenido del pliego petitorio de la Sección 22, pero hasta el momento no se ha informado cuál es la tónica de la negociación, y cuál será el límite previo que establezca el gobierno estatal para el desahogo de la mesa de trabajo.

Pues sería importante saber cuáles son esos límites de fondo, más allá de la retórica y los lugares comunes ya conocidos desde ambos frentes. Esos argumentos que, del lado oficial, piden al magisterio ponderar los derechos de las personas y, en particular, el derecho de los niños a una educación de calidad; y que, del lado magisterial, se resumen a las eternas “respuestas mínimas e insuficientes” que reiteradamente dicen que les ofrece el gobierno, y de las “acciones contundentes” para presionar al gobierno al cumplimiento —nunca alcanzado— de la totalidad de las demandas contenidas en su pliego petitorio.

¿Cuáles son esos límites de fondo? Para el gobierno estatal, el límite tendría que estar bien delineado y ser el punto de referencia de la negociación: éste no puede negociar la abrogación de ninguna ley porque no es ni el Congreso del Estado ni el Congreso federal, como para abrogar la reforma educativa; tampoco puede negociar la derogación de la Ley Estatal de Educación porque ésta es la homologación lisa y llana de la legislación estatal con la federal, y derogarla sería como darse un disparo en el pie para la propia Sección 22, pues se quedarían sin instrumentos para seguir accediendo a los recursos con los que siguen teniendo cierto margen de acción el gobierno y ellos mismos.

En esa lógica, el Gobierno del Estado tampoco puede hacer algo por los “presos políticos”, entre los cuales se encuentran algunos de los secuestradores de los hijos de una conocida familia de la capital oaxaqueña; y ya tampoco puede hacer prácticamente nada por los regularizados a los que el gobierno federal accedió a incluir en la nómina magisterial en diciembre pasado pero que, por eso mismo, son ahora una potestad federal frente a la que el gobierno estatal sólo puede fungir como una especie de gestor pero ya sin mayor capacidad de negociación.

¿Qué sí pueden darles? Algunos recursos en aspectos extra docentes. Es decir, cumplir algunas de sus demandas económicas que no están específicamente ligadas al salario y prestaciones de los trabajadores de la educación, pero que sí son del interés de la dirigencia sindical que pretende no perder los esquemas financieros que silenciosamente han caracterizado su fuerza en los últimos años.

Incluso, en alguna medida, el gobierno estatal podría también fungir como interlocutor para la distensión del control que el gobierno federal le aplicó a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional desde los tiempos de Rubén Núñez Ginez para evitar que continuaran cobrando en la nómina magisterial a pesar de estar comisionados a labores sindicales.

S22: A LLEVARSE LO QUE PUEDAN

En el pliego petitorio 2017 de la Sección 22 no vienen establecidas las demandas salariales de los años anteriores, aunque ello no significa que la reactivación de la doble negociación no traiga aparejado un costo económico —quizá importante— para las arcas estatales, y que incluso ello no termine siendo la moneda de cambio para evitar el paro indefinido de labores y las acciones de hostigamiento que la Sección 22 comenzó a aplicar desde el día de ayer a la ciudadanía oaxaqueña. De nuevo, el problema es que como no sabemos cuáles son los límites en las mesas de trabajo —sino que sólo los inferimos, como en este ejercicio periodístico—, entonces no sabemos qué sí se podría negociar, y qué no.

Pues aunque no pide más salario o prestaciones, la Sección 22 sí es concreta en sus exigencias económicas, que ahora aparecen enmascaradas y un poco mimetizadas en las demandas políticas que son las iniciales. ¿Qué pide la 22, que sí podría darle el gobierno estatal? Exige, por ejemplo, recursos para la implementación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

El gobierno bien puede cumplirle esta demanda accediendo a la implementación potestativa del PTEO en las escuelas o en las zonas donde pudiera haber acuerdo con los padres, y como una especie de mecanismo alternativo a lo que dicta la ley. Ello sería un acuerdo similar como al que llegaron con los normalistas que se quedaron sin plaza: no los contrataron como maestros pero sí les dieron una “beca” para seguirlos preparando —es un decir— como “promotores de lectura” que, en el fondo, no es sino una contratación disfrazada que, en los hechos, no ha servido mucho para mantenerlos apaciguados durante los últimos meses.

Otras dos demandas que bien podría cumplirle el gobierno a la Sección 22 son las señalados en los puntos 14 y 16 del pliego petitorio entregado el lunes pasado al gobierno estatal. ¿Qué dicen? La primera de ellas dice, textualmente, “se exige al gobierno federal recursos económicos que permitan la apertura y operatividad de una caja de ahorros para los trabajadores de la educación”; la segunda de ellas exige “la construcción, mantenimiento, remodelación de espacios dignos para el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación”.

Tales demandas sí son susceptibles de ser cumplidas por el gobierno estatal, aunque ello signifique más compromisos económicos y más sangría para las arcas oaxaqueñas. Pueden ser cumplidas porque no guardan ninguna relación con el salario, prestaciones y estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, que son temas en los que institucional y legalmente el gobierno de Oaxaca ya no tiene ningún tipo de injerencia, y porque sería también una forma del gobierno federal para permitirle al local cierto margen para negociar.

Y porque, además, son vías alternas que en un momento dado podrían contribuir a la distención de la negociación anual, aunque ello signifique el pago del correspondiente costo político para la administración estatal, que nuevamente estaría absorbiendo compromisos por demandas caprichosas de un gremio, que exigiría la construcción de espacios y beneficios para ellos, a costillas del dinero público y los contribuyentes.

RADICALES VS MODERADOS

Al final, la lucha de radicales contra moderados al interior de la Sección 22 será constante en estas semanas por venir. Ayer mismo, diversas voces intentaron responsabilizar a varios grupos políticos por el origen de los incendios ocurridos por la mañana en varias escuelas de la capital oaxaqueña. Podría ser, aunque en realidad casi todos los grupos influyentes al interior de la Sección 22 tienen relación con los grupos que gobiernan y que han gobernado la entidad en las últimas décadas. Por eso, además habría que ver y entender la lucha natural entre radicales y moderados al interior del sindicato, frente a un tema toral como la definición de la relación política entre el gobierno y la Sección 22 para los próximos años.

+ Rencillas al interior del gabinete impiden plantear escenarios rumbo a 2018

Ayer se dejó correr la versión de que el defenestrado ex secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, podría adherirse al partido Movimiento de Regeneración Nacional para buscar alguna candidatura en los comicios federales del año próximo. Aunque no existía hasta anoche ninguna confirmación o desmentido directo sobre la versión, lo que sí se debe reconocer es que Avilés ha intentado tener ascendencia al interior de Morena. Lo ha logrado, quizá, parcialmente. Pero en sus condiciones actuales, es casi imposible que eso le sea suficiente para buscar alguna candidatura incluso de concejal en algún ayuntamiento en la elección del año próximo.

En efecto, ayer el periodista Alfredo Martínez de Aguilar dio a conocer una versión según la cual un integrante de Morena le había revelado que Avilés Álvarez se incorporaría a las filas de ese partido para buscar una diputación federal en 2018 bajo esas siglas. Sin ofrecer más detalles, señalaba que Avilés podría no ser el único priista resentido en desfilar a las filas de Morena, aunque tampoco ofreció detalles sobre el posible cambio de partido de algunos políticos hoy identificados bajo las siglas del PRI.

En el fondo, no existe ninguna certeza sobre la versión ofrecida por Martínez de Aguilar, pero lo que sí existen son datos concretos al interior de Morena que revelan cómo Avilés sí intentó incidir en ese partido, a partir de maniobras públicas y conocidas que revelan también el talante corruptor por el que es ampliamente identificado en la entidad oaxaqueña.

Para entender lo anterior, habría que partir de un análisis simple de la composición de Morena en Oaxaca. Pues contrario a lo que pudiera pensarse, en Oaxaca éste no es un partido monolítico ni completamente vertical como su composición nacional. En aquel ámbito, hay un líder supremo e incuestionable llamado Andrés Manuel López Obrador.

Pero en Oaxaca existen por lo menos tres grupos influyentes que han intentado convivir bajo las siglas de un mismo partido, aunque en realidad lo han hecho con más problemas que beneficios, y que tienen ante sí el reto de la campaña presidencial del año próximo —en la que saben que López Obrador será el ganador indiscutible en la entidad—, pero sin tener ninguna certeza de cómo se repartirán entre ellos las candidaturas al Senado, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales y a las presidencias municipales que, juntas, estarán en juego en los comicios de junio del año próximo.

Esos tres grupos son fácilmente identificables por sus respectivos liderazgos más visibles. Uno es el del ex senador Salomón Jara Cruz. Otro es el del dirigente social Flavio Sosa Villavicencio. Y existe un tercer grupo, con menos influencia que los dos anteriores, pero con un poder regional importante en el Istmo de Tehuantepec, que es comandado por los hermanos Serrano Toledo. Básicamente, Morena está compuesto de esos tres grupos. Y para entender los intentos de Avilés por influir en alguno de ellos, habría que entender sus respectivas vertientes e intereses que con dificultades han intentado convivir al interior de las mismas siglas partidistas.

TRES MORENAS

Por un lado está la facción de Salomón Jara, que se aprecia como una de las dos más importantes, y que basa su poder en la línea directa que tienen con Andrés Manuel López Obrador. Jara fue uno de los fundadores del partido en la entidad, y ha sido también uno de sus más intensos promotores, además de haber sido el candidato a la gubernatura en los comicios del año pasado. Salomón Jara presume —y demuestra— tener acceso directo al Presidente Nacional de su partido, y es quien también deja una importante capacidad de decisión en algunos de los temas más relevantes de ese partido.

El otro grupo es el de Flavio Sosa. Éste es concomitante al grupo de Salomón Jara, aunque ostenta sus propios liderazgos, que inician justamente con la presidenta del partido en la entidad, Nancy Ortiz Cabrera, que es una de las activistas sociales y políticas que durante mucho tiempo trabajó más con Flavio Sosa que con Jara Cruz, y que representa también el liderazgo que tiene éste último entre los sectores del Partido de la Revolución Democrática que se desprendieron hace tiempo para sumarse a los trabajos de Morena.

La tercera vertiente de Morena en Oaxaca descansa en el liderazgo de los hermanos Serrano Toledo en la región del Istmo de Tehuantepec. Ellos intentaron ser el primer Caballo de Troya para la candidatura a gobernador de José Antonio Estefan Garfias por el PRD. En 2015, Félix Serrano Toledo intentó por todas las vías posibles convertirse en abanderado del PRD a la diputación federal por el distrito electoral federal 05 con sede en Tehuantepec. Ese partido le cerró todas las puertas —incluyendo la ruptura del acuerdo por el que habían definido que sería candidato quien resultara el mejor posicionado en una encuesta mandada a hacer por la propia dirigencia nacional de aquel partido— al asumir que tenía el compromiso político —¿y económico?— de ungir a Estefan Garfias como candidato a la diputación federal para que, ganándola, tuviera una plataforma electoral para poder convertirse en candidato a la gubernatura.

Sólo con esas maniobras, Estefan Garfias se convirtió en candidato, y ganó la diputación federal de manera apretada frente a un candidato desconocido de nombra Pastor Girón Alonso, lanzado por los Serrano Toledo, a través del Partido Encuentro Social. Ello demostró el amplio control político que los hermanos Serrano ejercen en la región, pero también dejó ver el amplio respaldo financiero que “alguien” les estaba ofreciendo.

Ese “alguien” fue Alejandro Avilés, y no la dirigencia del PRI que, desde entonces y hasta ahora, ha sido un mero adorno. Éste era compañero de Legislatura de Félix Serrano. Avilés manejó discrecionalmente el mayor presupuesto de la historia del Congreso del Estado. Y en aquel momento compartían el objetivo común de aguarle las aspiraciones políticas a Estefan porque ello significaba cancelarlo como candidato a la gubernatura por el PRD.

Casi lo logran. Y mientras, Avilés se la pasó financiando a otros pequeños grupos de Morena como el de Armando Contreras Castillo para que realizara recorridos y estableciera representaciones en las comunidades. En su lógica, Avilés sembraba con eso pequeñas semillas de respaldo y apertura política en el partido que a la larga, pensaba, sería el más importante adversario del PRI para los comicios siguientes.

¿HAY FUTURO?

Al final, los vericuetos de la vida pusieron a Avilés no sólo fuera del gobierno sino quizá, también, del poder al interior del PRI. Ello permite elucubrar sobre la posibilidad de que pudiera emigrar a Morena. Aunque, en los hechos, Avilés nunca ha sido un político competitivo —la última elección en la que participó como candidato, por ejemplo, la perdió— y es, de hecho, una de las figuras políticas más rechazadas, y de peor fama, en el escenario estatal. En esas condiciones, quién sabe si tendría posibilidad de volver a presentarse como candidato a algún cargo de elección popular; y quién sabe si sus apuestas a futuro, con el grupo menos influyente de Morena, le pueda de verdad alcanzar para algo en la ruleta electoral del año próximo. Al margen de las fantasías, esto parece casi imposible.

+ Importante, reflexionar acerca de temas relevantes para la vida pública de la entidad

Estamos acostumbrados a ponderar a la Constitución federal sobre las leyes locales. Es una práctica entendible aunque, quizá, muy poco justificable en un sistema federal que, por lo menos en México, en muchos sentidos funciona al revés de cómo debería. En esa lógica, muchos olvidamos que tenemos una Constitución local, y que ésta tiene su origen en el mes de abril de 1922, cinco años después de emitida la Constitución federal que aún nos rige. Si no conocemos eso, mucho menos sabemos la gama de derechos y disposiciones que contiene; y qué decir sobre la importancia, la historia y los antecedentes institucionales que derivan de ese documento. Por eso, cada mes de abril resulta esencial regresar a nuestra Constitución local.

En efecto, México ha tenido un federalismo poco ortodoxo, en el que ha prevalecido la idea simple de que las leyes federales se encuentran en general por encima de las normas locales, y por eso hemos dejado de estudiar y comprender nuestras leyes estatales, comenzando por la Constitución. Esa tendencia tiene ciertas explicaciones, que parten del hecho mismo de que el propio sistema federal mexicano no funciona como debería en el marco de equilibrios y reparto de atribuciones, y más bien es un sistema en el que lo federal somete a lo estatal, y ahí termina casi todo.

Ejemplos tenemos varios, no sólo en el ámbito estrictamente jurídico, sino sobre todo en el político. En el jurídico, por ejemplo, resalta el hecho de que el juicio de amparo ha sido el estandarte protector más importante de los derechos y los límites de la actuación de las autoridades frente a los particulares.

No es culpa del amparo, pero el hecho de que su marco protector sea tan amplio y tan versátil, ha provocado que en general los sistemas de justicia locales sólo se ocupen de los asuntos del fuero común, y que los intentos por generar tribunales locales dedicados a la protección de los derechos de las personas hayan tenido un paso más bien deslucido, como en el caso de Oaxaca, que la justicia constitucional local ha sido muy poco recurrida y la gran mayoría de los promoventes prefieren acudir directamente a la justicia constitucional federal a partir de un asunto de economía procesal, de confiabilidad y hasta de resignación por el hecho de que finalmente la justicia constitucional estatal quedará supeditada a la federal, como ocurre en muchísimos casos.

En el ámbito político la cuestión es también particular: en el pasado si la división de poderes era ficticia, también lo era la autonomía entre ámbitos de gobierno. El Presidente tenía facultades metaconstitucionales para quitar y poner gobernadores, y decidir muchísimas cosas sobre los ámbitos locales, y éstos no tenían la fuerza para defender sus ámbitos de competencia.

Esto cambió de forma importante en los últimos años (hoy el Presidente ya no tiene la fuerza para quitar a un gobernador, como todavía ocurrió a finales de la década de los noventas, y en los años previos con abundantes ejemplos), aunque ahora uno de los grandes retos de las constituciones locales radica justamente en lograr el establecimiento de los parámetros necesarios de actuación para sujetar a sus gobernadores, a sus congresos, a sus órganos autónomos, y en general a todo el sector público, a nuevas reglas y límites de conducta que impidan que sigan floreciendo ejemplos escandalosos como los de los 16 gobernadores que hoy enfrentan diversos problemas con la justicia por desvíos, faltantes, peculado, y hasta delincuencia organizada y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como es el caso del veracruzano ahora preso en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa.

ENCUENTRO CONSTITUCIONAL

Para efectos de reflexionar y entender mejor nuestra Constitución oaxaqueña, los días 24 y 25 de abril se realizará un importante encuentro de constitucionalistas oaxaqueños, denominado: “Seminario Oaxaca 2017 en Derecho Constitucional. Homenaje a las Constituciones mexicana de 1917 y oaxaqueña de 1922. Trayectoria y retos.” Este esfuerzo es encabezado por el doctor Raúl Ávila Ortiz y la Red de Juristas Pro Oaxaca, a la que están integrados los más importantes académicos —oaxaqueños y no oaxaqueños— relacionados con temas de derecho constitucional y materias afines, que están preocupados por entender y aportar ideas a nuestro constitucionalismo local.

De acuerdo con sus organizadores, el Seminario comprenderá una ceremonia de inauguración, conferencia magistral de inicio, una mesa de homenaje a las constituciones, cinco mesas redondas temáticas, una conferencia magistral de cierre y una ceremonia de clausura. Las conferencias magistrales tendrán una duración aproximada de 40 minutos y habrá espacio para preguntas y respuestas.

Las ponencias en las mesas redondas serán de alrededor de 15 minutos por expositor, a quienes se les ha pedido que intenten plantear su tópico en términos problemáticos dentro de la temática de la mesa, y usen una técnica argumentativa para justificar su posible propuesta de solución. Así, por ejemplo, explicar que derecho especifico estima ineficaz, por qué razones o causas, y cómo dotarlo de eficacia.

El programa de trabajo es excepcional. El lunes 24 se inaugurará el encuentro a las 9 horas en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Oaxaca. Luego habrá una conferencia magistral denominada “Constitución y federalismo”, dictada por el doctor José María Serna de la Garza (IIJ/UNAM e IIDC). Luego habrá una mesa denominada “Homenaje a las constituciones oaxaqueñas”, y por la tarde de ese mismo día (a partir de las 16.30 horas), habrá otra mesa con la temática “derechos humanos y su eficacia”. Finalmente, el primer día de actividades cerrará con el tema “Derechos políticos, elecciones, partidos,  calidad y retos de la democracia”, en la que participarán diversos ponentes de amplio conocimiento en temas de derecho electoral, democracia, derecho indígena, y otros.

El segundo día de trabajo se desahogará, a partir de las 9 horas, una mesa denominada “Derechos económicos, sociales y culturales, pueblos y comunidades indígenas”. A las 11 horas continúa la actividad con la mesa “Federalismo y municipalismo”, en la que se abordarán muchos de los retos que hoy tienen figuras como los gobiernos estatales y el municipio libre, que básicamente se han mantenido intactas a pesar de los enormes cambios institucionales que ha sufrido el país en las últimas décadas y que, por ese solo hecho, son hoy un tema de interés que debe reflexionarse con seriedad y sensibilidad de cara a los cambios que urgen en esos rubros en todo el país.

Por la tarde de ese segundo día de trabajo, se realizará una última mesa de trabajo denominada: “Transparencia, fiscalización y anticorrupción”, para finalmente clausurar las actividades con una conferencia magistral, a las 18.30 horas, denominada: Trayectoria y retos de la Constitución Mexicana de 1917 y las constituciones locales”, que dictará el doctor César Astudillo (IIDC-IIJ/UNAM).

APORTARLE A OAXACA

Al final, encuentros como ese no tienen otro objetivo de aportar ideas para la permanente construcción institucional y constitucional de Oaxaca. Ideas, reflexiones y propuestas que bien podrían ser tomadas por quienes representan a las instituciones del Estado, que permanentemente hablan de cambios, reformas y compromisos, aunque en realidad hacen poco para consolidarlos. Ojalá hubiera más ejercicios de esa naturaleza y magnitud en Oaxaca.