+ Desde Cárdenas no se había exaltado la unidad entre mexicanos

El sentimiento de unidad nacional debe salir del lugar común, y apartarse de los argumentos retóricos, para generar una auténtica vertiente positiva para nuestro país. Acaso el último momento en que eso quedó de manifiesto, fue cuando en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la expropiación de la industria petrolera, y el pueblo mexicano le mostró su respaldo incondicional para el pago a las petroleras norteamericanas e inglesas a las que les fueron requisadas sus instalaciones, equipos y concesiones. Hoy, lo que estamos a punto de ver no es una hazaña sino una cuestión de necesidad para la que debemos estar inteligentemente preparados.

En efecto, Donald Trump tiene una semana en la presidencia de los Estados Unidos, y está haciendo temblar no sólo a México, sino al mundo. Trump ha sido un fenómeno porque pareciera estar dispuesto a formalizar la anarquía y los sentimientos segregacionistas que hacía mucho tiempo no veíamos en el mundo. Según él, está dejando de ser políticamente correcto para ser eficaz en los propósitos que persigue. Pero queda claro que esa idea de la corrección política contra la eficacia tiene de fondo un profundo sentimiento de xenofobia, de aislacionismo y de discriminación hacia todos los que él considera como un peligro para una nación superior, como concibe a los Estados Unidos.

En el caso de México, Trump se fue directo contra la relación económica entre ambos países, pero a partir de una política de insultar y sobajar para que, desde esa posición de fuerza, luego busque una negociación más benéfica para nuestro país. Esa sola actitud generó entre los mexicanos un sentimiento de unidad en torno a la figura del Presidente, que ahora debe servir para apuntalar la política exterior mexicana pero no para repetir los odios y las estratagemas impulsados por el presidente norteamericano. ¿De qué hablamos?

De que Trump está queriendo implementar políticas de aislamiento para los Estados Unidos. Es decir, está queriendo cerrar las fronteras para obligar a sus ciudadanos a consumir lo hecho en aquel país, y no lo importado desde México y otros países. Para justificar su decisión de cerrar sus fronteras y aislar a Estados Unidos está incitando a odiar a los mexicanos a través de mentiras como que nuestro país se ha burlado de ellos, que se ha aprovechado de los tratados comerciales, y que nos hemos robado los empleos que podrían existir en los Estados Unidos. Así, a través del odio y la segregación por un motivo de origen nacional, Trump incita a odiar a México como una forma de justificar sus acciones.

Él puede tener sus políticas, y es decisión de los estadounidenses decidir si lo secundan o no. Sin embargo, algo que nosotros difícilmente podríamos justificar en el mediano plazo, es repetir esa actitud. Es decir, ponernos a odiar a todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, simplemente como una respuesta a lo que su presidente impulsa desde el otro lado de la frontera. Esa, que podría ser la actitud fácil, simplemente nos rebajaría al nivel impulsado por Trump y terminaría justificando los odios que él propala, estableciendo que él odia porque nosotros también los odiamos.

UNIDAD NACIONAL

Por esa razón es importante entender que la unidad nacional no se construye odiando al diferente, sino incluso incluyéndolo. El camino fácil de la unidad nacional dice que no debemos consumir, por ejemplo, lo hecho en Estados Unidos. Sin embargo, esa sola actitud nos llevaría a contribuir con la misma desgracia económica que está impulsando Trump porque la integración de las economías es tan profunda, que miles de empresas estadounidenses tienen inversiones mexicanas, y viceversa, y miles de empresas de origen norteamericano, en México son operadas por empresas nacionales y generan empleo y productividad para miles de paisanos en ambos lados de la frontera.

En ese sentido, es claro que un mal entendimiento del “consume lo local” puede llevarnos muy fácilmente a replicar las políticas aislacionistas que impulsa el Presidente de los Estados Unidos, y convertirnos accidentalmente en repetidores de sus mecanismos de justificación de la segregación y la discriminación. Consumir lo local significa que nosotros mismos podamos potenciar nuestra economía, y darle movilidad a los mercados y productos que pudieran entrar en una etapa de sufrimiento por las dificultades impuestas en la frontera, pero no que nos pongamos a repudiar todo lo de fuera simplemente por su origen, porque esa sería una práctica chovinista, maniquea y de segregación, tan aberrante como las que impulsa Trump.

Finalmente debemos entender con inteligencia el complejo momento que vive Oaxaca, México y el mundo. Estamos al filo de un proceso histórico sin precedentes, y lo mejor que podemos hacer es asumir la idea de la unidad nacional con las bases y las formas correctas para no caer al nivel de quienes impulsan políticas de odio en contra nuestra.

RELACIÓN EMOCIONAL

La única victoria que México le ha arrebatado a Estados Unidos en una disputa fue justamente en los tiempos de la explotación petrolera. Evidentemente, Peña Nieto no es Cárdenas. Pero lo que sí podría hoy tener el Presidente —como lo tuvo en su tiempo el general Cárdenas— es la claridad para saber hasta qué punto se puede negociar para priorizar lo económico, y hasta dónde hay un punto de sostener la dignidad.

+ Para hacerlo, es necesario, mas no indispensable, el sistema anticorrupción  

Para saber quién protege a ex ediles acusados de innumerables actos de corrupción, como Galdino Huerta Escudero en Santa Lucía del Camino, o Héctor Santiago en Santa Cruz Xoxocotlán, no sólo habría que señalar a sus padrinos y protectores políticos, sino que también –y por sorprendente que parezca— habría que mencionar a todo el aparato institucional que, por acción u omisión, los protege. Al final, más que de la implementación de un sistema, el combate a la corrupción es un asunto de voluntad al que nadie le ha querido entrar, y ello es la base de esta tragedia social en Oaxaca.

En efecto, en los corrillos de la grilla local es ampliamente sabido que el hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, fue el protector y solapador de autoridades municipales corruptas como la de Santa Lucía del Camino. De hecho, en el caso de Huerta Escudero, fue Alejandro Avilés quien en su calidad de coordinador de la bancada priista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el primero año de la LXIII Legislatura fue quien construyó el acuerdo político con el PSD para que Huerta asumiera la alcaldía de ese municipio.

Rápido quedó claro que dicho acuerdo incluía la protección institucional a todos los niveles para tanto para Huerta como para su ex contrincante, José García, a cambio de favores sobre los que siempre se habló pero que —obviamente— nunca se hicieron públicos tanto para Avilés como el PSD, que le había permitido el paso. A tanto llegó el acuerdo y la protección que Huerta no fue el único que terminó siendo acusado de pillerías en Santa Lucía, sino que prácticamente en la misma proporción terminó cuestionado García, a quien se le acusó de promover una cuadrilla de mototaxis, protección a giros negros, desvíos de recursos, y diversas actividades presuntamente ilícitas, realizadas lo mismo gracias al amparo de la autoridad municipal que ostentaba, que al acuerdo de no agresión con Huerta, y a la protección que se les brindó desde la Legislatura del Estado.

Algo muy similar pasó en Santa Cruz Xoxocotlán. A Santiago se le formularon todo tipo de acusaciones de desvío de recursos que nunca fueron indagadas, y que llegaron al grado de que no Santiago no realizó entrega-recepción, . La razón institucional, durante el gobierno de Gabino Cué, radicó en que su misma administración construyó un espacio de “equilibrios” —de ignominia— en los que el régimen le permitiría impunidad a ciertas autoridades emanadas del PRI, a cambio de que ellos no cuestionaran de fondo las irregularidades que se estaban cometiendo desde el Gobierno del Estado, y en algunos municipios cercanos al anterior régimen.

¿Y DESPUÉS?

El problema, claramente, es ahora, cuando ni Huerta ni Santiago —ni muchos otros, que fueron menos conocidos pero que enfrentan conductas y cuestionamientos similares o peores a los de esos dos estandartes de autoridades cuestionadas por corruptas— son ya autoridades municipales. El problema no es sólo que hayan robado, o que no hayan realizado entrega-recepción, o que —como se dice coloquialmente— hayan dejado a sus ayuntamientos “en banquitos”.

El problema de fondo es que nadie los está persiguiendo, y que las instancias que podrían estar haciendo algo se encuentran aparentemente distraídas en otras labores y grillas, y no están haciendo lo necesario para demostrarle a la ciudadanía que el sistema de justicia funciona, y que el Estado no premia los actos de corrupción con impunidad.

¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha tenido serias resistencias para procesar las averiguaciones previas relacionadas con autoridades y ex autoridades municipales, independientemente de la comisión de delitos por los que se les acusan. Están, por ejemplo, los expedientes que la Auditoría Superior les ha consignado y que ellos siguen sin poder resolver sobre la procedencia de la acción penal correspondiente.

Algo muy similar ocurre con la Contraloría estatal, que en los seis años del gobierno de Gabino Cué no fue clara respecto a las acciones que pudiera emprender contra quienes ejercieran incorrectamente los recursos, y hasta el momento tampoco existen coordenadas concretas de esa dependencia en la nueva administración estatal. Al final, lo que parece es que con todos esos excesos juntos, y la inacción de las autoridades que deberían estar indagando y persiguiendo esos hechos y señalamientos, la percepción que queda es de que nadie está haciendo nada y que, por ende, los actos de corrupción se pueden seguir multiplicando y la ciudadanía debe confiar aún menos en sus autoridades.

En el fondo, lo que debiera ser de entendimiento común es que nadie, ni en el Poder Ejecutivo, ni en la Fiscalía, ni en la Auditoría Superior, ni en el Congreso local, ni en cualquier otra instancia relacionada con la fiscalización y la revisión de la actividad de las autoridades, es indispensable la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, para que actúen.

Pueden hacerlo, aún con limitaciones, con las herramientas jurídicas actuales siempre que haya voluntad. Eso es lo que deben demostrar. Pero, curiosamente, es a lo que más se han resistido a pesar de los incansables llamados de la ciudadanía para que se castigue a todos los que abusaron de las responsabilidades que se les confirió en las urnas.

QUE SE AUDITEN

Lejos de entrar en rejuegos políticos que en buena medida tienen como objeto encubrir su prolongada opacidad, el Congreso local debería hacer lo que cualquier empresa cuando le va a rendir cuentas al SAT: auditarse por un tercero, y hacer públicos los resultados. Eso sí demostraría que el buen juez por su casa empieza. Pero no. No lo harán. ¿Apuestan?