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México va por el cambio de paradigma respecto a las drogas

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EPN

+ Viraje presidencial, derivado del ajuste en los Estados Unidos

A veces nuestra realidad doméstica no nos permite ver en toda su magnitud la trascendencia de algunos virajes en ciertas políticas gubernamentales. Esto es, seguramente, lo que nos pasa frente a un hecho tan trascendental como el cambio de paradigma propuesto esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto respecto del combate, prevención y regulación de las drogas. Como titular del Poder Ejecutivo federal, y de cara a la comunidad internacional, el Presidente debió reconocer que su personal visión prohibicionista sobre las drogas está agotada, y que ahora se debe transitar a una política de prevención y control.

En efecto, cuando en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un polémico asunto, en el que cuatro personas lograron que se declararan inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que prohibían el cultivo y la utilización de la mariguana con fines médicos, y que por eso la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) les extendiera sus respectivos permisos para llevar a cabo el cultivo y la utilización del enervante, en este espacio apuntábamos que no era exagerado decir dicha sentencia sobre la mariguana eventualmente podría generar un efecto importante que podría abrir finalmente el debate sobre el paradigma prohibicionista de las drogas, que afecta a sangre y fuego a todo el planeta.

Esto fue justamente lo que ocurrió esta semana, cuando el presidente Peña Nieto acudió a la  Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés) y ahí reconoció la necesidad de cambiar el paradigma respecto a la actuación de los Estados frente a las drogas. En ese sentido, Peña Nieto llamó a la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación de las drogas.

Peña Nieto —que públicamente se había manifestado en contra de cualquier tipo de legalización, apenas en noviembre del año pasado cuando la Suprema Corte resolvió un primer asunto sobre el cultivo y consumo legal de la mariguana— ahora advirtió que la llamada “guerra contra las drogas” que inició en los 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de estupefacientes en el mundo.

En ese sentido, propuso a la comunidad internacional diez acciones que pasan por el reconocimiento de la corresponsabilidad en la atención al problema, pues “ningún país puede, por si solo, hace frente a este flagelo”. Advirtió que ante limitaciones del régimen prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así, dijo, podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo.

“Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad y no a las sustancias y procesos judiciales en el centro de nuestros esfuerzos”. Peña Nieto dijo que además es necesario reformar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional para cerrar el paso a sus operaciones financieras y delitos conexos y avanzar en el desmantelamiento de grupos delincuenciales.

CAMBIO OBLIGADO

¿Por qué si el presidente Peña Nieto se había manifestado públicamente en contra de cualquier forma de legalización, ahora cambió su propia postura política —y nada menos que la del gobierno federal, al girar instrucciones a varias dependencias para comenzar a trabajar en aspectos de regulación de ciertas drogas hoy ilegales—, hoy manifiesta una posición distinta? La respuesta tiene que ver mucho con el cambio de paradigma a nivel internacional, y particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica.

En la Unión Americana, en noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo, ante lo cual México y tres países de Centroamérica pidieran a la Organización de Estados Americanos analizar el impacto que tendrá en la región. El 1 de enero de 2014 comenzó la venta legal de marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado, convirtiéndose así en el primer mercado público de marihuana de Estados Unidos.

Frente a esto, un informe de la OEA dice que uno de los posibles impactos de la legalización de la marihuana en Colorado y Washington es un aumento de la violencia entre cárteles en México. Las pérdidas por la legalización se distribuirían de forma diferente entre los cárteles mexicanos, el más afectado sería el Cártel de Sinaloa y el menos afectado el Cártel de los Zetas. Lo que abre la posibilidad de los cárteles menos afectados ataquen a los más golpeados con el fin de recuperar mercado y control de territorios en ambos lados de la frontera. De ser el caso, el aumento de la violencia se daría en el corto y mediano plazo, pero tendería a disminuir en el largo, junto con su poder de fuego y la capacidad de los cárteles para corromper autoridades.

BENEFICIO, A MEDIANO PLAZO

Sin embargo, apunta dicho informe, esta situación puede ser benéfica para México si se hacen los cambios necesarios en la política de drogas. La legalización de la marihuana para fines recreativos en México, aumentaría el daño financiero de los cárteles, ante esto los cárteles no podrían reaccionar “mudando” su mercado minorista de EE.UU. a México, como algunas voces antilegalización, dicen. Mientras, México ya dio un trascendental primer paso.

Santa Lucía: cuando el perro es bravo, hasta a los de casa muerde

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PVial

+ Policía Vial: los obligan a agraviar a la gente, y los agreden a ellos

Aunque abominable, la denuncia hecha por dos elementos femeninos de la Policía Vial del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, sólo confirma lo que la sabiduría popular retrata con la frase de que “cuando el perro es bravo, hasta a los de la casa muerde”. Esto porque si hay en Oaxaca un ejemplo de una corporación policiaca creada expresamente para molestar a la ciudadanía, y no para cumplir con una función relacionada con la seguridad pública, ese bien puede ser el de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, a la que no le preocupa otra cosa, ni realiza otra función, que la de imponer sanciones a diestra y siniestra para generar un lucro económico a costa de sus propios habitantes.

En efecto, esta semana se dio a conocer que dos mujeres policías de tránsito acusaron que servidores públicos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, las obligaron a desnudarse y las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo luego de que retuvieron brevemente al regidor de Hacienda durante un operativo de alcoholimetría.

Según consta en expediente de queja DDHPO/943/(01)OAX/2016, abierto ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, una de las agentes narró que el pasado 16 de abril, en el marco de un operativo de alcoholimetría, le marcó el alto a un automóvil, y al acercarse a él percibió aliento alcohólico del conductor. Al pedirle sus documentos, el sujeto se identificó de manera agresiva como chofer del regidor de Hacienda del propio ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. El conductor incluso le ofreció dinero, dijo la agente, quien rechazó el ofrecimiento.

Las policías permitieron que el conductor y el pasajero pasaran el filtro sin mostrar sus documentos pues dijeron que sus jefes les han dado la instrucción de que cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, sólo les “hagan recomendaciones”.

Ambas agentes agregaron que después de esos hechos el regidor y su chofer fueron a la sede policiaca de Santa Lucía para quejarse de ellas, argumentando que les habían quitado dinero, por lo cual el director de Seguridad Pública instruyó que fueran detenidas y revisadas. Las mujeres “señalaron que policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban”, informó la DDHPO.

Agregó que las policías dijeron que luego las llevaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento, donde les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

AYUNTAMIENTO ABUSIVO

Frente a esto, se informó que el organismo les otorgó medidas cautelares a las quejosas, en las que además solicitó al encargado de la presidencia municipal de esa localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca, Carlos Girón Navarrete, que pida a los servidores públicos involucrados (regidor de Hacienda, director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad) que emitan un informe detallado en un plazo de cinco días sobre los hechos en los que se presume violaciones a la seguridad jurídica y la legalidad.

En el fondo, este hecho no parece ser sino la confirmación de lo que a estas alturas es bien sabido de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino: que es una corporación ideada y conformada sobre la base del abuso y el provecho indebido de la figura de autoridad. Pues es claro que lo que hicieron con esas dos elementos, es lo mismo que hacen con la ciudadanía que irremediablemente cae en sus manos: agraviarla hasta por la menor provocación, con el único objeto de quitarle recursos y demostrarle autoridad, pero sin la menor posibilidad de demostrar legitimidad en las acciones que toma.

En ese sentido, es bien sabido que la Policía Vial de Santa Lucía nunca presta algún tipo de ayuda en el control del tráfico o los problemas viales de su municipio. Todo el tiempo, todo, se hace a la tarea de cazar automovilistas y motociclistas para tratar de sorprenderlos hasta en el más mínimo error de conducción, para imponerles fuertes sanciones económicas.

Ayer mismo el periodista Humberto Cruz abundaba en esta situación —reiteradamente denunciada en este espacio— al publicar en su cuenta de Twitter (@betillocruz) varias imágenes en las que se apreciaba cómo, mientras había un fuerte congestionamiento en la Carretera del Rosario, los dos agentes municipales de Santa Lucía ubicados en ese lugar preferían levantar una infracción a un automovilista por una intrascendente infracción al reglamento vial de esa localidad —que nadie conoce y sobre el cual incluso hay duda sobre su validez legal.

ELEMENTOS, OBLIGADOS

Son reiteradas, además, las denuncias de los propios elementos de esa corporación, de que son obligados a entregar cierto número diario de infracciones levantadas a automovilistas. El alcoholímetro, además, ha sido para ellos un enorme negocio, en el que el conductor y la seguridad son lo que menos importan, mientras tengan dinero para pagar sus elevadísimas multas. ¿Culpa de quién? De la voraz autoridad municipal, no de los elementos, que con una aberrante doble moral, al mismo tiempo promueve los giros negros y produce estas medidas para sangrar el bolsillo de sus habitantes.

Si en Oaxaca pierden, ¿en qué se van a convertir las izquierdas?

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Partidos

+ Alguno de los abanderados tendría que convertirse en su pastor

 

La división entre las fuerzas de izquierda en Oaxaca es tan profunda, que no sería raro que esos desencuentros terminaran llevándolos a todos a la derrota. En la amplia posibilidad de ese escenario, vale la pena preguntarse cuál sería el destino político de esa cauda de votos y representantes populares, divididos en tres posibles liderazgos que tienen las mismas posibilidades de sobrevivir, pero también de continuar confrontados. En el fondo, si las fuerzas de izquierda no logran dotarse de contenido y orden en sus planteamientos, terminarían abriéndole la puerta a que Oaxaca vuelva a ser un semillero de votos priistas.

En efecto, conforme transcurre el periodo de campañas se puede ver con más claridad cómo la división al interior del grupo gobernante generó un efecto que nadie sabe si alguno de los dos candidatos logrará remontar. Sea como sea, la designación de José Antonio Estefan Garfias como candidato de la coalición PAN-PRD, y la fractura que generó el senador Benjamín Robles Montoya al llevarse su propio capital político y al Partido del Trabajo de la campaña perredista, puede terminar en una división que suma a ambos en la derrota.

En un tercer frente se encuentra Salomón Jara Cruz, que está tratando de capitalizar el trabajo político de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca. La nuestra, es quizá la entidad federativa en la que el ex candidato presidencial ha invertido más recursos y tiempo, y esa es la explicación del repunte de Jara Cruz en los últimos sondeos de opinión serios realizados en la entidad. No obstante, el problema que enfrenta es el mismo que el PRD de Estefan y el PT de Robles Montoya: que entre ellos no existen vasos comunicantes ni capacidad de acuerdos. Lejos de eso, parece que el común denominador entre esas tres fuerzas de izquierda es la lejanía y hasta la confrontación.

¿Por qué es importante considerar este elemento? Porque, independientemente de cómo termine la elección de Gobernador —en la que uno de los abanderados gana todo, y los demás candidatos se regresan a casa con su derrota a cuestas—, es evidente que todos tendrán cierta representación el Congreso local. A estas alturas, es impensable suponer que en la LXIII Legislatura habrá un bipartidismo o dos grandes bloques de fuerzas políticas coaligadas, como —medio— ha ocurrido en la LXII Legislatura, que está a unos meses de culminar sus trabajos.

Lo natural y previsible, es que la integración de la siguiente Legislatura tendrá la característica de una profunda atomización en las fuerzas de izquierda, y eso provocará que —al margen del resultado— la bancada del Revolucionario Institucional pueda tener una mayoría, pero insuficiente para poder ejercer algún tipo de control sobre las decisiones y aprobación de leyes.

Todo eso resulta importante, justamente porque mucha de la fuerza o debilidad que puedan tener esas pequeñas fuerzas de izquierda (la coalición PAN-PRD, por ejemplo, no volverá a tener 19 diputados, como en la actualidad, sino que ese número será mermado por el PT y Morena), dependerá de la capacidad que tengan de establecer un proyecto conjunto de temas, y de generar algunas sinergias a partir de sus afinidades para actuar en bloque. No hacerlo, hará débiles a todas las pequeñas bancadas, y ello fortalecerá al Revolucionario Institucional que aún teniendo menos diputados que en la actualidad, buscaría la forma de seguir actuando como bloque.

LXIII LEGISLATURA

En la Legislatura siguiente, es previsible que tanto el PT como Morena logren conformar sus propias bancadas (es decir, que tengan más de dos diputados cada uno, provenientes de la ruptura de la alianza PAN-PRD, pero también de la eventual desaparición de algunos de los partidos minoritarios), que el PRI pueda compensar sus pérdidas con la anexión de lo que logre el Verde y Nueva Alianza; y que la Coalición CREO siga funcionando como mancuerna, pero con menos legisladores.

Generar este escenario es importante porque de ahí derivará mucha de la gobernabilidad que tenga el siguiente gobierno durante sus primeros tres años de gestión. ¿Qué va a pasar si las fuerzas de izquierda no logran ni visos de unidad o coincidencias en temas concretos? Simple: aún con una bancada débil (suponiendo que haya gobierno del PRI) éste terminará fortalecido por la división de sus adversarios.

Por esa razón, también entre los abanderados de la izquierda deben comenzar a preguntarse quién de ellos podría quedarse con los residuos de su trabajo electoral actual; si entre ellos podrán generar un solo liderazgo que los aglutine; o si estarán dispuestos a ser —algunos, o todos— arietes del gobierno para completarles las votaciones importantes y para generar división entre sus supuestos correligionarios de izquierda.

En el fondo, deben preguntarse quién heredará los resultados de los comicios legislativos y municipales del 5 de junio próximos. Ahí sí, mucho dependerá de la capacidad política de los liderazgos actuales de la izquierda en Oaxaca.

EL ENEMIGO, EN CASA

A pesar de la supuesta “operación cicatriz” —y de la innegable entrega de más posiciones de las que merecían, tanto en candidaturas como en los espacios de gobierno—, los operadores de medios del evielismo, siguen alentando la misma campaña negra de hace seis meses, en contra del abanderado priista a la gubernatura, en la prensa de la capital del país. ¿Qué nadie lo registra? ¿No lo saben enfrentar? ¿O no lo quieren ver?

Mujer torturada por Ejército y PF; reedición del caso Cassez

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Florence

 

+ Será liberada no como impunidad, sino como un escarmiento

Hay indignación en algunos sectores de la sociedad mexicana, por la posibilidad de que la mujer que aparece en un video siendo torturada por elementos del Ejército y la Policía Federal, sea liberada. Este caso, que podría llegar a ser tan paradigmático como el de la francesa Florence Cassez, debe ser entendido en la lógica de los precedentes que el propio Estado debe establecer frente a la violación a los derechos fundamentales. Pensar en que el hecho de ser responsable de delitos la hace merecedora de castigos y tortura, es tanto como suponer que debemos regresar a los tiempos de la venganza privada.

En efecto, Elvira Santibáñez Margarito, la joven de 22 años que aparece en un video cuando es torturada por dos elementos del Ejército y una policía federal, podría obtener su libertad si su defensa demuestra violaciones a sus garantías. La mujer, detenida el 4 de febrero de 2015 en Río de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, está presa en el penal federal 16 del estado de Morelos por el delito de portación de arma de fuego.

En este caso no sólo podría argumentarse tortura y que toda evidencia en su contra es inválida, también pueden existir violaciones al debido proceso, porque la entregaron a la Procuraduría General de la República un día después de las imágenes captadas en video. De acuerdo con el expediente AP/PGR/SEIDO/UEITA/017/2015, Elvira Santibáñez fue detenida junto con otros dos sujetos con tres armas AK47 y un rifle de asalto AR15, además de una pistola y diversas municiones, por lo que fue remitida a la PGR el 5 de febrero de 2015, es decir, un día después de que fue asegurada y se grabó el video en el que la interrogan de forma ilegal.

En ese sentido, es claro que tras conocerse la filmación, en la que asfixian a la joven con una bolsa de plástico en la cabeza, y le apuntan al rostro con un arma como método de “interrogación”, lo ocurrido puede permitirle recurrir las evidencias en su contra. ¿Por qué razón? Porque, en estricto sentido, lo primero que podría alegar su defensa –y no sería raro que esto ocurriera, incluso en alguna forma de litigio estratégico— es que las acusaciones y el eventual reconocimiento de responsabilidad de la inculpada, contenida en el expediente respectivo, fue obtenido de manera ilegal.

Frente a ello, se estaría en la situación de lo que los abogados conocen como “el fruto del árbol envenenado”. Es decir, de pruebas aparentemente legales, pero obtenidas por un procedimiento prohibido por la Constitución, porque atenta contra los derechos fundamentales de la persona de quien se obtienen. En ese caso, la ilegalidad de la forma afecta a la legalidad del fondo. Y por esa sola razón, una acusación basada en pruebas y reconocimientos de responsabilidad que fueron obtenidos de forma indebida, automáticamente pasan también a ser ilegales.

Así, si ese sería el primer paso para buscar la liberación de esta persona, lo que también podría ocurrir es que los propios tribunales de la federación establezcan este caso como el paradigma de lo que no debe ocurrir, y entonces dejen en libertad a la inculpada por violación a sus derechos humanos, pero sobre todo como un escarmiento y como una forma de demostrarle a las autoridades encargadas de la seguridad, lo que puede ocurrir cuando abusan al hacer su trabajo.

EL CASO CASSEZ

Este caso podría guardar similitudes con el de la francesa Florence Cassez. Como bien debe recordarse, a Cassez se le acusó de pertenecer a una banda de secuestradores. Al ser detenida, fue retenida por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación por más de doce horas, con el objeto de ser presentada en un montaje preparado por la PGR para la empresa televisa, en el que se daba la apariencia de que estaba ocurriendo el rescate de una víctima de secuestro por parte de Cassez y sus cómplices, frente a las cámaras de la televisión.

Ese hecho, el montaje, fue lo que finalmente la Corte tomó como fundamento para dejarla en libertad. Cassez había sido sentenciada a más de 50 años de prisión, hasta que su caso llegó a la Corte. Ahí, la revisión constitucional pasó no sólo por la acreditación de su responsabilidad, sino también por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso.

Y, de cara a esto último, se estableció que el ánimo de todos los juzgadores había sido influido no por las pruebas, sino por la apariencia de culpabilidad que se generó cuando la AFI la presentó ante la opinión pública nacional como responsable, a través del montaje del rescate que había orquestado, y en el cual había justificado el hecho de haberla tenido retenida por más de 12 horas, cuando la Constitución establece que una persona detenida debe ser puesta de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente.

Esos fueron los elementos que la Corte valoró para dejarla en libertad, por las violaciones al debido proceso, ya que nunca entró al estudio de si se había o no acreditado su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro y delincuencia organizada.

IMPUNIDAD Y RESPONSABILIDAD

En el fondo, el caso Cassez fue tan doloroso para todos, que lo que se esperaría es que esa fuera una demostración brutal de lo que puede ocurrir —liberar a alguien que posiblemente sí era responsable de la comisión de un delito— cuando la autoridad, tratando de hacer su trabajo, se vale de medios ilegales para conseguirlo. Este de la mujer torturada es un caso muy similar, y no nos sorprendamos si, en sus proporciones, culmina de una forma parecida al de Florence Cassez.

Fraguas debe ahora sí hacer un gobierno de compromisos

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Fraguas

+ Oaxaca no debe seguir padeciendo por ser epicentro político

La noche del sábado se oficializó la candidatura de José Antonio Hernández Fraguas a la alcaldía de la capital, por el PRI. Va a buscar concretar la hazaña de convertirse por segunda ocasión en Presidente Municipal electo por el voto popular, en un contexto que coyunturalmente parece favorable. En este panorama, Hernández Fraguas debe asumir ahora sí con seriedad el compromiso político que adquirió y debe procurarle a la capital el cambio de inercia que le urge, para dejar de seguir pagando el costo de ser el epicentro político de la entidad.

En efecto, Hernández Fraguas dio la sorpresa al convertirse en candidato a la alcaldía citadina, fuera de la competencia interna en la que varios personajes buscaban hacerse con la candidatura. Su postulación, quedó entendido, respondía a un acuerdo político tomado en el CEN del PRI, pero también como parte de la atípica “operación cicatriz” que se está llevando a cabo entre el priismo oaxaqueño para poder ganar la gubernatura.

En ese sentido, es evidente que más allá del chantaje y de la incongruencia de personal de Hernández Fraguas, al primero fustigar al candidato a la gubernatura del PRI, para después arreglarse con él (y apartarse silenciosamente de sus argumentos iniciales), a la capital oaxaqueña y sus habitantes, les vendría muy bien que refrendara algunos compromisos políticos, primero para asumir un compromiso integral de gobierno no sujeto a los vaivenes políticos; y segundo, para darle a Oaxaca la garantía de gobernabilidad estable que merece y que le han negado sus gobernantes en las últimas décadas.

¿De qué hablamos? Que los tiempos políticos ya no dan para una segunda alcaldía de Oaxaca para Hernández Fraguas, en las mismas condiciones en que ocurrió su primer mandato. De entrada, por salud de nuestro escuálido sistema democrático, nadie debería volver a darse los lujos que Fraguas se dio al ser, dentro del periodo 2007-2010, al mismo tiempo suplente del entonces senador Adolfo Toledo, presidente Municipal de la capital oaxaqueña, y diputado local de representación proporcional, al haberse separado anticipadamente de su gestión municipal para asumir una diputación que, además, no le trajo ningún beneficio a la ciudad que dejó de gobernar sin concluir el mandato para el que había sido electo.

Antecedentes como esos reflejan poca seriedad del sistema democrático. Y por esa razón, Hernández Fraguas ahora debería comenzar por establecer integralmente el compromiso de dedicarse, de tiempo completo, a fungir como alcalde citadino al margen de cualquier otra tentación, ambición u ofrecimiento político, por la circunstancia de que, además, de ganar las elecciones, él sería el primer Alcalde de la capital que tendría como incentivo político la posibilidad de buscar la reelección una vez que concluya el periodo de dos años (2017-2018) para el que habría sido electo en esta ocasión.

COMPROMISO CON OAXACA

Incluso, al margen de la situación particular de Hernández Fraguas, lo que es apremiante para la capital, es que cada una de sus autoridades asuma el compromiso de no terminar envuelto en la vorágine político-electoral que recurrentemente lleva a la capital a quedarse materialmente sin gobierno.

En ese sentido, no ha sido raro el hecho de que la capital, como epicentro político del Estado, sea un elemento involuntariamente necesario para las definiciones políticas. Hasta el gobierno de Luis Ugartechea, la capital llevaba más de veinte años de presidencias municipales intermitentes, y de autoridades municipales decididas o arrastradas por los tiempos políticos a nuevas responsabilidades. El caso de Ugartechea, además, es paradigmático porque si bien él fue el primero en muchos años en no dejar su cargo municipal en los tiempos electorales, lo cierto es que eso ocurrió gracias a la circunstancia de que, durante su gestión, el propio Ugartechea se había encargado de hacerse la imagen de un apestado en la política estatal, e incluso hasta dentro del partido (el PAN) que lo impulsó a la alcaldía.

Frente a eso, es claro que Oaxaca necesita un gobierno municipal estable, que le ofrezca a la ciudadanía garantías de certeza y continuidad en la atención de las necesidades de la población. Esto último, puede parecer un lugar común, hasta que se confronta con la intermitencia de las gestiones, y de la trágica situación de la capital de ser permanentemente un espacio de presiones y tentaciones que ha terminado alcanzando a todos los que han estado frente a ellas.

En el fondo, el compromiso no debe ser tan rebuscado: se deben ofrecer gobiernos estables a partir de gobernantes confiables en la palabra que empeñan. La ciudadanía, a partir de ahora, tendrá la posibilidad de evaluar la gestión del alcalde que pretenda reelegirse. Ese incentivo debe impactar en que ciudades como Oaxaca de Juárez tengan gobiernos más equilibrados y sí, con tentaciones políticas, pero no para las intermitencias, sino para las continuidades, cuando éstas sean favorables para la capital y para la ciudadanía.

TRANSPARENCIA

En Oaxaca es urgente la transparencia en los partidos: sí, esa transparencia que se cree imposible, pero que debe existir, para que los institutos políticos expliquen a la ciudadanía el sentido de sus decisiones y postulaciones. ¿A poco no sería bueno saber cómo y qué se negoció —en todos los partidos— para otorgar candidaturas a alcaldías, a personajes que, por decir lo menos, son impresentables?

Diputados deben abandonar posiciones necias sobre la ley educativa

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Legislatura

+ Si hubo violaciones de procedimiento deben impulsar acciones legales

Dolidos porque pasaron por encima de sus “posiciones ideológicas”, varios diputados de la LXII Legislatura han acusado inconstitucionalidad de la recién aprobada Ley Estatal de Educación, pero nada han dicho sobre qué acciones constitucionales tomarían para combatir esas presuntas irregularidades. No distinguen, o no quieren hacerlo, entre las posibles inconstitucionalidades y sus desacuerdos personales, o las poses que intentan tomar frente a sus clientelas.

En efecto, ayer ya en la resaca del albazo, diputados como Jesús López Rodríguez o Rafael Arellanes Caballero, de los grupos parlamentarios del PRD y PT, respectivamente, descalificaron la ley educativa argumentando que ésta era inconstitucional. Sólo que los argumentos no les alcanzaron para explicar las razones de esa idea sobre la inconstitucionalidad y, sobre todo, para poder establecer una distinción clara entre lo que puede y no ser inconstitucional, y lo que se encuentra en el ámbito de sus desacuerdos personales o de sus posiciones políticas.

Por un lado, López Rodríguez, acusó que hubo faltas al procedimiento legislativo, y señaló que “diputados del PRI, PAN, MC, PUP y un independiente, aprobaron en penumbras la ley educativa”. Para López, la nueva ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca. Y acusó también que la totalidad de las y los diputados del PRD no fueron convocados a la sesión del pasado sábado, por lo que “responsabilizó” a los diputados que se prestaron a traicionar al pueblo de Oaxaca.

Evidentemente, la postura de López tiene varios aspectos francamente contradictorios. Por un lado, no explica en qué consisten esas inconsistencias que hacen inconstitucional dicha reforma. De hecho, prefirió afirmar que la ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca, como si esa consideración subjetiva fuera suficiente para ubicar a una norma en el campo de la inconstitucionalidad.

Con ello —e incluso aceptando que los legisladores de su bancada no fueron convocados— no prueba inconstitucionalidad alguna, pues la “traición al pueblo” no es una violación constitucional, y tampoco podría probar que el Congreso sesionó sin el quórum necesario. La única ruta que le quedaría es la de apelar, ante los tribunales de la Federación y no ante los medios de comunicación, que hubo violaciones al procedimiento legislativo. El problema es que sobre ese aspecto sustantivo, el diputado López Rodríguez no ofreció luz alguna como para suponer que considera la posibilidad y los argumentos para presentar una Acción de Inconstitucionalidad.

¿ACTUARÁN?

Junto a López Rodríguez están las consideraciones del diputado petista Arellanes. Éste fue más específico en sus comentarios, pero no por ello más certero. Arellanes calificó dicho acto legislativo como “ilegal” y como “arreglada la sesión” en la que se aprobó la Ley Estatal de Educación, “porque además se coartó la libertad de expresión de los legisladores locales”.

Afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) nunca dio cuenta con la notificación de la resolución de la controversia constitucional dictada por la Corte en torno a la reforma educativa. Acusó también que la Mesa Directiva nunca señaló fecha y hora para la celebración de una sesión extraordinaria “en la cual se ponga a consideración la resolución de la Corte”, y tampoco convocó a sesión extraordinaria para legislar y emitir la regulación estatal en materia educativa y en la cual se les permita a cada uno de los Diputados presentes fijar su postura respecto al tema, ya sea a favor o en contra.

¿Atina en algo? Parece que no. Veamos: en nuestra entrega de ayer apuntábamos que uno de los escenarios posibles, es que los diputados que sesionaron la noche del sábado hubieran solicitado que a una iniciativa recién presentada se le diera el tratamiento de “obvia resolución”, que según el artículo 55 de la Constitución local permite que una iniciativa se vote sin la necesidad de discusión, y sin la existencia de un dictamen. En el caso opuesto, bien pudo haberse aprobado el dictamen correspondiente vía fast track con la anuencia de los diputados presentes. En tal virtud, no habrían violaciones a la libertad de expresión de nadie.

Además, frente a una resolución de la Corte, ni la Mesa Directiva ni la Jucopo tenían que dar cuenta de nada a nadie. Los mandatos judiciales son vinculatorios en sí mismos, y causan efectos en automático. Por eso, es una patraña suponer que alguno de esos órganos legislativo le tenía que “comunicar” a sus integrantes el mandato y los efectos de la resolución emitida por la Corte.

Quizá Arellanes medio atina en algo: habla de las irregularidades en la convocatoria a la sesión del sábado pasado. En ello se encuentra una veta importante que podría ser explotada en una Acción de Inconstitucionalidad. El problema es que, de nuevo, el Legislador falla al afirmar que es una “sesión extraordinaria”. No puede serlo porque ésta ocurrió dentro del periodo ordinario de sesiones, por lo que la convocatoria a dicha sesión no requiere de los mismos requisitos que cuando se convoca a una sesión extraordinaria, que recibe ese nombre justamente porque ocurre fuera del periodo de sesiones.

PALABRERÍA

Los diputados inconformes deben dejar de lloriquear y, si tienen convicciones, deben ir a la Suprema Corte. A nadie le sirven sus lamentos y derrotas, si éstos no vienen acompañados de acciones que demuestren sus supuestas convicciones. Para mal de todos, nada asegura que lo hagan.

Nada cambiará luego de la emisión de la ley educativa estatal

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Gabino-EPN

+ Federación y Oaxaca buscaban efecto político de la aprobación

Montados en las poses y en la ignorancia, muchos piensan que con la aprobación de la Ley Estatal de Educación, algo relevante va a ocurrir con la educación pública en Oaxaca. Nada de eso ocurrirá. Y será así porque el interés que tenía el gobierno de Oaxaca y el federal, porque finalmente se consolidara el proceso de armonización entre normas educativas estatales y federales, es mucho más político que práctico u operativo. Basta con entender cuál era la necesidad real esa norma estatal, en el nuevo contexto jurídico de la educación pública nacional. Antes de la armonización, la ruta ya estaba trazada. Y por eso nada relevante ocurrirá con la armonización, aparte de haber sido el golpe de muerte a la Sección 22.

En efecto, luego de la aprobación de la Ley Estatal de Educación –cuyo texto, hasta ayer por la tarde no había sido promulgado por el Ejecutivo, ni publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado— algunos grupos políticos han hablado de traición al pueblo de Oaxaca, de los riesgos que supuestamente corren los trabajadores de la educación con esta nueva legislación, e incluso de patrañas como la de la posible privatización de la educación pública en la entidad. Claramente, todas son posiciones y suposiciones alarmistas que no sólo no tienen ningún sustento, sino que deliberadamente dejan de reconocer la realidad sobre la administración de la educación pública en Oaxaca y en todo el país. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, la emisión de la nueva Ley Estatal de Educación en la entidad era necesaria por la urgencia tanto del gobierno estatal, como del federal, de demostrar que —cada uno en su circunstancia— eran capaces de construir el contexto y las condiciones para que ocurriera dicha aprobación. En el caso de Oaxaca, había un riesgo —sólo aparente— de que tanto el Ejecutivo como la Legislatura del Estado incurrieran en desacato al fallo emitido por la Corte en septiembre pasado, y enfrentaran consecuencias legales por no emitir en tiempo y forma la legislación educativa. En el plano político, había la preocupación de emitir la norma para que Oaxaca no siguiera pareciendo un Estado incapaz de sobreponerse a un grupo de presión, como la Sección 22 del SNTE.

En el caso del gobierno federal, había ese mismo interés pero con imperativos distintos. Al gobierno federal le interesaba mucho lograr que se emitiera la Ley de Educación en Oaxaca porque ello significaría la consolidación política de la derrota del radicalizado sindicato magisterial oaxaqueño, que ha sido cabeza de playa de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la implementación de la reforma educativa. El gobierno federal, realmente, buscaba generar un efecto desmoralizador hacia el magisterio al demostrarle que ni con todas las presiones posibles sería capaz de frenar la posibilidad de consolidar la reforma.

LA EDUCACIÓN NO CAMBIA

Todos esos efectos son eminentemente políticos. Pues resulta que ni en los planos programático, ni operativo, la Ley Estatal de Educación resulta relevante para la cotidianidad educativa en la entidad. Es decir, lo que dice la norma estatal no incide en lo que ocurre todos los días en las aulas y tampoco establece nuevos parámetros educativos o administrativos para la educación, que pudieran causarle un perjuicio a los trabajadores de la educación.

Acaso, lo más relevante que se podría establecer en esa legislación son algunos deberes relacionados con la multiculturalidad o la necesidad de adecuar algunos programas o planes a las necesidades y realidad de las comunidades del Estado. Pero fuera de eso, no habría nada que pudiera ser jurídicamente relevante como para modificar el panorama educativo en Oaxaca. ¿Por qué no?

Porque lo que verdaderamente les preocupa a los trabajadores de la educación son dos temas: su estabilidad laboral, y la progresividad de sus salarios. Ambas, son dos cuestiones que quedaron perfectamente establecidas con la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la norma que hoy en día establece y delinea las relaciones laborales y administrativas entre el gobierno federal como patrón, y los trabajadores de la educación, en su calidad de empleados.

En el caso de la estabilidad laboral, ésta quedó sujeta básicamente al cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la evaluación y la entrega de evidencias de su labor. Y lo relacionado con su salario también quedó perfectamente establecido y condicionado a los mismos aspectos que rigen sus relaciones laborales. Por eso, aún sin haber Ley Estatal de Educación, todos los profesores del país quedaron sujetos a un nuevo régimen administrativo, y también por eso han alegado hasta el cansancio que ésta no fue una reforma educativa, sino laboral de los trabajadores de la educación.

LOS LUGARES COMUNES

En el fondo, lo que queda es un cúmulo enorme de lugares comunes, poses y argumentos basados en la ignorancia —a veces cándida, y otras veces deliberada—, que lo que buscan es mantener viva una discusión que en realidad tiene mucho de anodina. No habrá un “nuevo amanecer” para Oaxaca, ni mucho menos, porque lo más relevante de la emisión de la ley educativa es el efecto político de corto y mediano plazo que ésta causará. Fuera de eso no hay mucho. Quizá vaya siendo tiempo de ver este asunto en una nueva dimensión.

En el Congreso viven las peores paradojas de la política oaxaqueña

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+ Por torpezas y omisiones, subsiste posibilidad de otro “palo” de SC

Si el Congreso local está lleno de contradicciones y paradojas, todas quedaron de manifiesto con la atropellada aprobación de la ley educativa estatal. Resulta que para aprobar dicho instrumento legal, los aliados del gobierno fueron los no convocados; sus supuestos adversarios fueron los más diligentes y, entre ellos, resulta que unos terminaron pareciéndose a sus enemigos por defender los postulados a los que aquellos fustigaron. En este enredo vale la pena analizar las contradicciones que hoy tienen en el total descrédito a los partidos y sus bancadas.

En efecto, la noche del sábado se aprobó la reforma educativa en una sesión legislativa relámpago, a la que asistieron sólo 28 de los 42 diputados de la LXII Legislatura, y en la que hubo un trámite legislativo que no sólo deja dudas sobre su constitucionalidad, sino que además abre las mismas puertas que, hace pocos meses, llevaron a la declaración de inconstitucionalidad a la reforma político electoral, aprobada en condiciones muy parecidas a la ley educativa. ¿De qué hablamos?

De que un aspecto toral en el que claramente falló el Congreso al llevar a cabo esta reforma es en el relacionado con la verdadera función deliberativa del pleno del Poder Legislativo. Pues igual que como ocurrió en la aprobación fast track de la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —cuyo decreto fue declarado inconstitucional en octubre del año pasado por la Suprema Corte—, en este caso tampoco hubo actividad deliberativa corroborable por parte de los diputados.

Si verdaderamente hay impugnaciones, y la Corte decide entrar a la revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la ley educativa, fácilmente podrá advertir que no habría habido deliberación, entendiendo ésta como la actividad en la que los diputados públicamente analizan, debaten, discuten y clarifican los puntos contenidos en la iniciativa. La ausencia de esa actividad deliberativa fue una de las razones de fondo por las que el 5 de octubre del año pasado la Corte invalidó el Decreto 1290; esa es la razón por la que todo esto se convierte en una referencia clara sobre las inconsistencias en esta nueva actividad legislativa que podrían llevar a una nueva declaratoria de inconstitucionalidad por las fallas en el procedimiento legislativo.

En ese sentido, el Congreso del Estado debe ser muy firme en la forma en cómo debe concebir la actividad del Oficial Mayor. Es lamentable que durante toda la presente Legislatura, quienes han ocupado el cargo de Oficial Mayor —primero Juan Enrique Lira Vásquez, y ahora Igmar Francisco Medina Matus que, además enfrenta la vicisitud (que no impedimento legal) de no ser abogado— han actuado como meros subordinados de las decisiones y caprichos de las fracciones parlamentarias, pero se olvidaron que la función fundamental del Oficial Mayor consiste justamente en velar porque se cumpla en todo momento con la legalidad y con los postulados básicos de la Constitución.

En buena medida, la invalidación por parte de la Corte de la reforma político electoral ocurrió porque no se siguieron escrupulosamente las reglas constitucionales para la emisión de una norma, siendo esa una responsabilidad directa del Oficial Mayor, que con toda su estructura administrativa tiene la función, al margen de sus débitos partidistas, de velar porque se respete y se cumpla con la Constitución, cosa que evidentemente no ha ocurrido en estas situaciones y que ya fue demostrado —para vergüenza de Oaxaca— en la invalidación no sólo del Decreto que contenía las leyes reglamentarias de la reforma político electoral, sino de varias otras normas que no han logrado superar la revisión constitucional de la Suprema Corte.

CONTRADICCIONES

Junto a las fallas legales hay contradicciones políticas que también vale la pena resaltar. ¿No es actualmente el PRD el partido del Gobernador? ¿No es, además, el PRD la fuerza política a través de la cual el grupo gobernante lanzó a quien pretende que sea su sucesor en la titularidad del Ejecutivo estatal? ¿No es el PRI su principal adversario? ¿Y no la defensa de los intereses gremiales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una bandera de Morena —no del PRD— y que eso motivó hasta un acuerdo entre el magisterio y Andrés Manuel López Obrador?

Nos preguntamos todo eso porque la aprobación de la reforma educativa sacó a flote muchas contradicciones de las que nadie en los partidos quiere hablar. Por ejemplo, resulta que el PRI fue el partido más colaborativo en la aprobación de una iniciativa —la que presentó el Gobernador en agosto de 2014— que durante 20 meses se dedicó a descalificar y bloquear. Junto a eso, resulta que el PRD terminó siendo el partido “aliado” de la Sección 22, cuando se supone que quienes estaban decididos a defender los intereses magisteriales están en otros partidos. De ser así, ¿entonces diputados como Jesús López Rodríguez deben seguir en el PRD, o son militantes de facto de Morena?

INCONGRUENCIAS

¿Cómo explicarle a las personas que el partido del Gobernador fustigó la iniciativa de ley educativa del Gobernador, pero que al mismo tiempo está impulsando a quien pretende ser el sucesor del Mandatario? ¿Cómo explicar, además, que unos sí colaboraron y otros no, con un postulado que no es de nadie? Por revoltijos como estos es que la ciudadanía sabe que los partidos y los políticos, hoy, tienen intereses y no convicciones.

Diputados deben abandonar posiciones necias sobre la ley educativa

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Congreso

+ Si hubo violaciones de procedimiento deben impulsar acciones legales

Dolidos porque pasaron por encima de sus “posiciones ideológicas”, varios diputados de la LXII Legislatura han acusado inconstitucionalidad de la recién aprobada Ley Estatal de Educación, pero nada han dicho sobre qué acciones constitucionales tomarían para combatir esas presuntas irregularidades. No distinguen, o no quieren hacerlo, entre las posibles inconstitucionalidades y sus desacuerdos personales, o las poses que intentan tomar frente a sus clientelas.

En efecto, ayer ya en la resaca del albazo, diputados como Jesús López Rodríguez o Rafael Arellanes Caballero, de los grupos parlamentarios del PRD y PT, respectivamente, descalificaron la ley educativa argumentando que ésta era inconstitucional. Sólo que los argumentos no les alcanzaron para explicar las razones de esa idea sobre la inconstitucionalidad y, sobre todo, para poder establecer una distinción clara entre lo que puede y no ser inconstitucional, y lo que se encuentra en el ámbito de sus desacuerdos personales o de sus posiciones políticas.

Por un lado, López Rodríguez, acusó que hubo faltas al procedimiento legislativo, y señaló que “diputados del PRI, PAN, MC, PUP y un independiente, aprobaron en penumbras la ley educativa”. Para López, la nueva ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca. Y acusó también que la totalidad de las y los diputados del PRD no fueron convocados a la sesión del pasado sábado, por lo que “responsabilizó” a los diputados que se prestaron a traicionar al pueblo de Oaxaca.

Evidentemente, la postura de López tiene varios aspectos francamente contradictorios. Por un lado, no explica en qué consisten esas inconsistencias que hacen inconstitucional dicha reforma. De hecho, prefirió afirmar que la ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca, como si esa consideración subjetiva fuera suficiente para ubicar a una norma en el campo de la inconstitucionalidad.

Con ello —e incluso aceptando que los legisladores de su bancada no fueron convocados— no prueba inconstitucionalidad alguna, pues la “traición al pueblo” no es una violación constitucional, y tampoco podría probar que el Congreso sesionó sin el quórum necesario. La única ruta que le quedaría es la de apelar, ante los tribunales de la Federación y no ante los medios de comunicación, que hubo violaciones al procedimiento legislativo. El problema es que sobre ese aspecto sustantivo, el diputado López Rodríguez no ofreció luz alguna como para suponer que considera la posibilidad y los argumentos para presentar una Acción de Inconstitucionalidad.

¿ACTUARÁN?

Junto a López Rodríguez están las consideraciones del diputado petista Arellanes. Éste fue más específico en sus comentarios, pero no por ello más certero. Arellanes calificó dicho acto legislativo como “ilegal” y como “arreglada la sesión” en la que se aprobó la Ley Estatal de Educación, “porque además se coartó la libertad de expresión de los legisladores locales”.

Afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) nunca dio cuenta con la notificación de la resolución de la controversia constitucional dictada por la Corte en torno a la reforma educativa. Acusó también que la Mesa Directiva nunca señaló fecha y hora para la celebración de una sesión extraordinaria “en la cual se ponga a consideración la resolución de la Corte”, y tampoco convocó a sesión extraordinaria para legislar y emitir la regulación estatal en materia educativa y en la cual se les permita a cada uno de los Diputados presentes fijar su postura respecto al tema, ya sea a favor o en contra.

¿Atina en algo? Parece que no. Veamos: en nuestra entrega de ayer apuntábamos que uno de los escenarios posibles, es que los diputados que sesionaron la noche del sábado hubieran solicitado que a una iniciativa recién presentada se le diera el tratamiento de “obvia resolución”, que según el artículo 55 de la Constitución local permite que una iniciativa se vote sin la necesidad de discusión, y sin la existencia de un dictamen. En el caso opuesto, bien pudo haberse aprobado el dictamen correspondiente vía fast track con la anuencia de los diputados presentes. En tal virtud, no habrían violaciones a la libertad de expresión de nadie.

Además, frente a una resolución de la Corte, ni la Mesa Directiva ni la Jucopo tenían que dar cuenta de nada a nadie. Los mandatos judiciales son vinculatorios en sí mismos, y causan efectos en automático. Por eso, es una patraña suponer que alguno de esos órganos legislativo le tenía que “comunicar” a sus integrantes el mandato y los efectos de la resolución emitida por la Corte.

Quizá Arellanes medio atina en algo: habla de las irregularidades en la convocatoria a la sesión del sábado pasado. En ello se encuentra una veta importante que podría ser explotada en una Acción de Inconstitucionalidad. El problema es que, de nuevo, el Legislador falla al afirmar que es una “sesión extraordinaria”. No puede serlo porque ésta ocurrió dentro del periodo ordinario de sesiones, por lo que la convocatoria a dicha sesión no requiere de los mismos requisitos que cuando se convoca a una sesión extraordinaria, que recibe ese nombre justamente porque ocurre fuera del periodo de sesiones.

PALABRERÍA

Los diputados inconformes deben dejar de lloriquear y, si tienen convicciones, deben ir a la Suprema Corte. A nadie le sirven sus lamentos y derrotas, si éstos no vienen acompañados de acciones que demuestren sus supuestas convicciones. Para mal de todos, nada asegura que lo hagan.

Congreso no tenía necesidad de aprobar así la ley educativa

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+ Trabajo legislativo a hurtadillas; ¿podrían ir ante la Corte?

El Congreso del Estado no tenía necesidad de aprobar la Ley Estatal de Educación en la forma en que lo hizo. Ello los pone más en la situación de pensar en que hicieron cosas buenas que parecen malas, que en la posibilidad de que hayan cumplido con el mandato constitucional que habían pospuesto al menos 20 meses. No había razón para realizar una sesión subrepticia; tampoco de no convocar a casi la mitad de los legisladores. No había necesidad de pasar un proyecto sin discusión. Y mucho menos de evidenciar que a los diputados no les importa no cumplir con su función deliberativa. Aún en la aprobación, este es el peor escenario posible.

En efecto, la noche del sábado se supo que los diputados llevaron a cabo una sesión dentro del periodo ordinario, con el único punto en el orden del día de discutir la iniciativa de Ley Estatal de Educación. Cumplieron con esa tarea en unos cuántos minutos, porque los legisladores tenían la urgencia de no caer en el desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tenían que aprobar una ley educativa antes de que terminara este periodo de sesiones, que concluye el 15 de abril. Con eso, asestaron un madruguete a la Sección 22, que no estaba preparada para resistir en dicho momento.

El problema, frente a todo eso, está en la forma. Pues resulta que a los pocos minutos de consumada esa tarea, el diputado Jesús López Rodríguez —nada menos que presidente de la Comisión Permanente de Educación de la LXII Legislatura— denunció que los diputados de su bancada no habían sido convocados a dicha sesión. Él mismo, como presidente de una de las comisiones unidas de las que se supone que salió el dictamen, particularmente dijo no haber sido convocado a la sesión. ¿Qué hizo el Congreso entonces?

Eso es, básicamente, un secreto. Hasta la tarde de ayer no se había dado a conocer el contenido de la ley que fue aprobada. Tampoco se supieron detalles de cuál pudo haber sido el mecanismo mediante el cual aprobaron dicha norma. Es posible prever que pudieron haber sido dos posibles rutas, a saber: primera, que las Comisiones Unidas encargadas de elaborar un dictamen, lo hubiesen presentado al Pleno para su aprobación, y que éste haya dispensado toda discusión para pasar de inmediato a la aprobación del dictamen en lo general y lo particular.

La segunda posibilidad —forma legal que quizá hayan utilizado— radicaría en que un diputado habría presentado una iniciativa nueva al Pleno de la Legislatura; que el Pleno, al dar cuenta de la iniciativa, hubiera recibido de algún diputado la petición de que a dicha iniciativa se le diera el tratamiento de “obvia resolución”, que según el artículo 55 de la Constitución local, tiene como efecto que a una iniciativa se le reduzcan o dispensen los trámites de admisión y discusión —efectos de la “urgencia notoria—, pero también que se le pueda dispensar la elaboración del dictamen de comisión correspondiente.

Lo único que se supo es que fue una sesión a la que acudieron 28 diputados, y que 26 de ellos votaron a favor de la iniciativa. Se entiende también que dejaron fuera a los legisladores que, como López Rodríguez, habrían tratado de reventar la sesión, o anticipando a los profesores de lo que iban a hacer, o generando disturbios al interior del recinto legislativo para tratar de que no se llevara a cabo la sesión y/o la discusión de la iniciativa.

OPOSICIÓN REAL

Pronto se sabrá si los diputados que no fueron convocados a esa sesión, según por ser aliados de la Sección 22, tienen de verdad convicciones sobre la inconstitucionalidad de la norma que fue aprobada el pasado sábado. La ruta jurídica que aún tienen abierta es una Acción de Inconstitucionalidad, en la que podrían alegar no sólo las posibles violaciones de fondo a la Constitución de la República, sino también alegar los vicios de forma.

Para ello necesitarían agruparse en una minoría de cuando menos 14 diputados, que corresponderían al 33% de la integración de la Legislatura local. En ello podrían alegar, por ejemplo, la falta de convocatoria, la ausencia de discusión, las irregularidades en el procedimiento legislativo y en el cumplimiento a lo que establecen la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, y todo el cúmulo de irregularidades que normalmente cometen los legisladores y de los cuales ya tiene antecedentes el Alto Tribunal, porque fue por esos mismos errores que el 5 de octubre del año pasado le invalidó el Decreto número 1290, que contenía la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

En ese sentido, no es probable que los diputados vayan a una acción de inconstitucionalidad, porque ha quedado claro que las convicciones de muchos legisladores locales es algo sobre lo que precisamente no puede confiarse. Es muy posible que se hayan inconformado más por una posición políticamente correcta frente al magisterio de la Sección 22, que por estar verdaderamente convencidos de que no tenía por qué pasar la ley educativa.

DESAFÍO

Finalmente, muchos de los diputados no comen lumbre y saben que en una cuestión tan delicada como esa no sería fácil enfrentarse a una ley armonizada con la Constitución federal. Lo que sí subsistirá, y será ampliamente impugnable —si hay voluntad política— son los posibles vicios de forma. La Legislatura, en el fondo, de nuevo falló en demostrarle a la ciudadanía que puede hacer su trabajo sin la ventaja de la sorpresa, o de la posibilidad de legislar a hurtadillas, como innecesariamente lo hicieron el pasado sábado.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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